En el entorno digital, esta distorsión adquiere nuevas dimensiones: imágenes manipuladas, identidades falseadas y relatos impuestos que despojan a niñas, adolescentes y mujeres de control sobre su propia representación.
En los códigos civiles herederos de Andrés Bello, una mala interpretación histórica ha fusionado dos defensas contractuales distintas. Entender la diferencia dogmática entre purgar la mora y la excepción de contrato no cumplido es la clave para defenderse exitosamente frente a cumplimientos defectuosos o parciales.
En el Ecuador, el sistema penal enfrenta una realidad que resulta familiar para quienes ejercen en esta materia: agendas judiciales saturadas, audiencias constantes e incluso la necesidad de habilitar horarios extraordinarios para atender la carga procesal existente.
Hablar hoy de Derecho Internacional no es un ejercicio abstracto ni un lujo académico: es una condición de supervivencia jurídica para Estados como Ecuador que buscan insertarse en cadenas globales de valor, atraer inversión extranjera directa y negociar con actores tan poderosos como China en el marco del Derecho Internacional Económico.
De manera general los signos distintivos comprenden todo símbolo, color, diseño o elemento gráfico capaz de individualizar productos, servicios y actividades económicas frente a sus competidores.
El testimonio anticipado es una figura procesal que permite la obtención de declaraciones de testigos o víctimas en etapas previas al juicio oral, con el objetivo de preservar su testimonio para su posterior valoración en el proceso penal.
El ordenamiento ecuatoriano no contiene disposición alguna que habilite la producción de actos administrativos automatizados con IA. El COA únicamente prevé actos emanados de personas físicas en soporte digital, por lo que cualquier implementación de IA en la actividad decisoria de la administración requeriría, como paso previo ineludible, una reforma legal expresa.
Los Estados son como los hombres, pues son los hombres los que los forman”:
Mientras varios países latinoamericanos han reformado sus códigos civiles para adaptar los contratos a nuevas corrientes sociales, Uruguay mantiene intactas sus normas del siglo XIX.
La creciente presión por incorporar estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) ha llevado a las empresas a plagar sus contratos con códigos de ética y políticas de sostenibilidad.
