Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensas adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.
La glosa tampoco debe confundirse con la orden de reintegro. Aunque ambas figuras buscan proteger recursos públicos, la ley les asigna supuestos y procedimientos diferentes. La precisión importa porque la autoridad debe identificar la vía jurídica aplicable, los hechos que la sustentan y las garantías que corresponden en cada caso.
El ejercicio de la potestad coactiva constituye, uno de los ejes del derecho administrativo y procesal ecuatoriano.
La potestad tributaria permite a la Administración determinar y recaudar obligaciones fiscales, pero su ejercicio no desplaza los derechos de quienes reciben una liquidación, una resolución o cualquier otro acto con efectos económicos.
Autor: Juan Manuel Gómez Rodríguez La integración de la inteligencia artificial (IA) en la Administración pública ha dejado de ser una proyección futurista para convertirse...
El derecho administrativo sancionador ecuatoriano ha experimentado transformaciones profundas a lo largo de su evolución normativa e institucional.
En la dinámica del Estado constitucional de derechos y justicia, la administración pública tiene el deber primario de responder a las peticiones ciudadanas de manera oportuna, transparente y debidamente fundamentada.
La Administración, a través de las máximas autoridades administrativas de la correspondiente entidad pública ejerce la competencia normativa de carácter administrativo para regular sus asuntos internos
Para entender la coactiva, es fundamental conocer de dónde viene y quiénes participan en ella. Históricamente, en el Derecho Romano, el acreedor podía perseguir físicamente al deudor, llegando a disponer de su vida o libertad para cobrar una deuda.
Este tema es de vital relevancia para fortalecer la confianza pública en el sistema judicial, ya que permite distinguir entre la legítima discrepancia jurídica y aquellas actuaciones que ameritan una sanción disciplinaria, pues.
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