Durante décadas, el derecho penal se sostuvo sobre un principio clásico: societas delinquere non potest, es decir, que las personas jurídicas no pueden delinquir, por tanto, no pueden ser penalmente responsables.
La llegada de empresas extranjeras a Ecuador representa una oportunidad para generar empleo, transferir conocimiento y dinamizar la economía. Sin embargo, toda decisión de inversión debe estar acompañada de una comprensión rigurosa del marco laboral ecuatoriano.
La potestad tributaria permite a la Administración determinar y recaudar obligaciones fiscales, pero su ejercicio no desplaza los derechos de quienes reciben una liquidación, una resolución o cualquier otro acto con efectos económicos.
: El estudio aborda la validez de pactar cláusulas penales acumulativas a la indemnización de daños y perjuicios, examinando las restricciones dogmáticas que históricamente se han aplicado en el país.
Una de las estrategias político-criminales para combatir las estructuras criminales ha sido implementar medidas de control de sus economías con la finalidad de boicotear el funcionamiento de estas empresas delictivas.
Una empresa no puede actuar físicamente por sí sola. Detrás de cada contrato, transferencia, reunión o decisión existen socios, administradores, representantes, trabajadores o terceros que intervienen en su nombre.
Los remates judiciales en Ecuador se realizan a través del Sistema en Línea del Consejo de la Judicatura, donde los interesados pueden consultar bienes y participar registrándose como postores.
En el Ecuador actualmente enfrentamos una grave crisis de seguridad. Las organizaciones delictivas cada día son más grandes y violentas
El procedimiento coactivo es una de las manifestaciones de la autotutela ejecutiva de la Administración Pública. Esta prerrogativa les permite a las entidades estatales tomar decisiones, emitir normas, crear títulos de crédito y hacerlos efectivos de manera directa.
El Estado constitucional es la formulación más acabada del Estado de Derecho, en la que el sometimiento del poder público al derecho comprende a todas sus funciones las cuales encuentran su límite en la Constitución pues ella constituye una norma jurídica.
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