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Mediación: única alternativa

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En un sistema judicial asfixiado por más de 729 vacantes de jueces y dependencias completamente colapsadas, la vía ordinaria ha dejado de ser una alternativa realista en términos de tiempo para los ciudadanos. Con procesos de cobro de deudas o inquilinato que pueden superar fácilmente el año de tramitación debido al cuello de botella en las citaciones, los métodos alternativos de solución de conflictos —y en particular la **mediación**— se consolidan no como un mero trámite decorativo, sino como una herramienta imperativa para garantizar una justicia accesible y eficiente.

La mediación vs. el litigio:  brecha de tiempos y costos

Mientras que una demanda civil o mercantil en la justicia ordinaria puede prolongarse indefinidamente por la lentitud procesal y la saturación de los despachos, un proceso de mediación bien encauzado —con la documentación habilitante a la mano— puede resolverse en un lapso de una a tres horas.

Además, los expertos recalcan que un acta de mediación debidamente redactada goza por ley del efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada. Esto significa que el fondo del asunto no vuelve a discutirse; si se incumple lo pactado, el juez de ejecución activa directamente mecanismos expeditos para hacer valer lo acordado en un plazo de apenas cinco días.

El costo de la gratuidad: Aunque el sistema judicial ordinario es nominalmente gratuito, los costos ocultos en tiempo, desgaste emocional, copias y honorarios de abogados superan con creces las tarifas administrativas y sumamente accesibles que operan en los centros de mediación. Inclusive, el Consejo de la Judicatura ofrece de manera gratuita servicios de mediación en materias sensibles como tenencia, régimen de visitas y pensiones alimenticias.

Materias susceptibles y el fantasma de la contraloría en el sector público

Lo que se puede mediar

Por regla general, todo conflicto que verse sobre materias transigibles —es decir, cuantificables económicamente o relativas a obligaciones de hacer o no hacer— es perfectamente mediable. Esto abarca:

Familia (el 80% de la carga nacional): Tenencia, visitas, alimentos y acuerdos patrimoniales.

Laboral: Reclamos del trabajador hacia el empleador.

Civil y Mercantil: Deudas, incumplimientos contractuales y daños por reparar.

Tránsito y Penal (Conciliación): El perjuicio económico derivado de delitos sancionados con hasta 5 años de privación de libertad (con exclusiones estrictas como delitos con resultado de muerte o lesiones graves con discapacidad permanente).

El freno institucional en el Estado

A pesar de que los contratos públicos de sectores estratégicos (petróleo, minería, energía) contemplan cláusulas de solución de controversias en el centro de mediación de la Procuraduría General del Estado, en la práctica el sector público evita mediar. El motivo central es el temor del funcionario a ser glosado por la Contraloría General del Estado que busca delitos en todo ya que ha desvirtuado sus objetivos y los funcionarios son acosados no para revisar e investigar sino que parten del supuesto que todos los funcionarios públicos cometen irregularidades y delitos, tanto que ni siquiera se aplican los propios procesos de revisión que contemplan las leyes  Ante la inestabilidad institucional y el riesgo de recibir sanciones administrativas o glosas económicas personales por aceptar pagos o multas mal impuestas, los funcionarios prefieren derivar los conflictos al Tribunal Contencioso Administrativo, dilatando los procesos por años y sin responsabilidad. Cuando es establecen glosas o responsabilidades penales deben poder sostenerse y probarse en los juicios respectivos y establecer la negligencia oficial con responsabilidades civiles y penales  por sencillamente acusar.

“Mediación Prejudicial Obligatoria”

Durante el foro se analizó la proliferación desordenada de centros de mediación —llegando a registrarse más de 281 centros a nivel nacional hasta 2023, concentrados mayoritariamente en Quito y Guayaquil—, lo que en su momento motivó al Consejo de la Judicatura a clausurar decenas de oficinas clandestinas o improvisadas que operaban sin la infraestructura física ni la confidencialidad acústica adecuada.

Asimismo, se puso sobre la mesa el  proyecto de ley reformatoria presentado en julio de 2026 por el asambleísta Diego Salazar Barriga, el cual propone instituir la mediación prejudicial obligatoria en materias civil, mercantil, laboral individual y contratación pública como requisito previo para demandar.

Frente a esta iniciativa, los especialistas manifestaron reservas técnicas importantes:

  1. Pérdida de la voluntariedad: Obligar a las partes a asistir a un trámite que por esencia es voluntario desnaturaliza la figura y la convierte en una mera “traba burocrática” o paso previo obligatorio para llegar al juez.
  2. Riesgo de dilación: Convocatorias sucesivas mal utilizadas pueden retrasar la protección cautelar de derechos patrimoniales urgentes.
  3. El verdadero norte: Los panelistas concluyeron que, más que crear obligaciones artificiales por ley, el Estado debe dotar a los mediadores y centros autorizados de herramientas efectivas y de una cultura jurídica basada genuinamente en el diálogo y la cultura de paz.

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Mientras que una demanda civil o mercantil en la justicia ordinaria puede prolongarse indefinidamente por la lentitud procesal y la saturación de los despachos, un proceso de mediación bien encauzado —con la documentación habilitante a la mano— puede resolverse en un lapso de una a tres horas.

A medida que la inteligencia artificial toma un rol protagónico en la actualidad, y de sobremanera en el ámbito laboral, se desencadena un cambio significativo en la naturaleza misma de nuestras tareas diarias

La relación entre los contratistas y el Estado ecuatoriano históricamente ha estado signada por una asimetría de poder que, en múltiples ocasiones, deriva en arbitrariedades administrativas.

Los contratos inteligentes, o Smart contracts, son programas informáticos que ejecutan y hacen cumplir automáticamente los términos de un acuerdo una vez que se cumplen ciertas condiciones predefinidas.

Los hechos que tiene utilidad en el Derecho Disciplinario Judicial no son los meramente fácticos o empíricos (hechos de la naturaleza), sino única y exclusivamente aquellos hechos típicos que están previstos en las normas jurídicas que establecen las faltas y las sanciones administrativas que son objeto de la imputación disciplinaria.

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