Los remates judiciales en Ecuador se realizan a través del Sistema en Línea del Consejo de la Judicatura, donde los interesados pueden consultar bienes y participar registrándose como postores.
Este tema es de vital relevancia para fortalecer la confianza pública en el sistema judicial, ya que permite distinguir entre la legítima discrepancia jurídica y aquellas actuaciones que ameritan una sanción disciplinaria, pues.
El presente artículo analiza la falta de determinación de un tipo penal para las conductas que vulneran directamente la integridad sexual mediante el uso de inteligencia artificial (IA), específicamente a través de los denominados deepfakes.
Este artículo revisa la evolución del sufragio femenino en Ecuador y América Latina, destacando el aporte de Matilde Hidalgo de Procel y el impacto jurídico de su reconocimiento en la ampliación de derechos políticos de las mujeres.
La asignatura Derecho de los Tratados Internacionales muestran a una generación consciente de que los tratados internacionales son la arquitectura invisible que sostiene el comercio, la protección de derechos humanos, la regulación ambiental y la cooperación entre Estados.
El delito de difusión de la información está establecido en la sección sexta, de los delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar, prevista y sancionada en el art. 180 del Código Orgánico Integral Penal
El art. 228 de la Constitución de la República establece la configuración de carrera administrativa sustentada en el mérito de los servidores públicos demostrable a partir de sus conocimientos, competencias y experiencia (aspectos objetivos) y de su idoneidad ética y calidad personal (aspectos subjetivos).
La idea del populismo descansa fundamentalmente sobre los problemas más graves de un pueblo o sociedad a los que se alienta con soluciones rápidas y sencillas que provocan satisfacción inmediata en una gran masa de votantes.
El ordenamiento ecuatoriano no contiene disposición alguna que habilite la producción de actos administrativos automatizados con IA. El COA únicamente prevé actos emanados de personas físicas en soporte digital, por lo que cualquier implementación de IA en la actividad decisoria de la administración requeriría, como paso previo ineludible, una reforma legal expresa.
Mientras varios países latinoamericanos han reformado sus códigos civiles para adaptar los contratos a nuevas corrientes sociales, Uruguay mantiene intactas sus normas del siglo XIX.
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