Autora: Nathaly Salazar Brito Paradigma constitucional El antecedente más preciso de la justicia especializada en el Ecuador, data de la creación de las Salas de...
Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensas adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.
Autora: Grisel Galiano Maritan En el sistema jurídico ecuatoriano, el reconocimiento de un hijo constituye un acto jurídico solemne y libre. Sin embargo, la legislación...
Autor: Abg. J. Francisco López M.[1] Antecedentes: En septiembre de 2019, un equipo de investigadores en ciberseguridad descubrió un servidor desprotegido ubicado en la ciudad...
El debido proceso trasciende la categoría de una simple garantía formal para consolidarse como un derecho fundamental sustancial.
La institucionalidad de la administración de justicia y del activismo judicial de nuestros juzgadores, atraviesa tiempos de retos y desafíos; atraviesa un momento de desestabilización proveniente del exacerbado intervencionismo político e intromisión de poderes ajenos al de la función judicial.
La acción de protección se configura como un mecanismo de tutela constitucional cuya finalidad es proteger derechos constitucionales frente a actos u omisiones que generen su vulneración, en consecuencia, su procedencia exige la existencia de una afectación real y directa a un derecho constitucional
Autor: Juan Manuel Gómez Rodríguez La integración de la inteligencia artificial (IA) en la Administración pública ha dejado de ser una proyección futurista para convertirse...
El artículo 35 de la Constitución ecuatoriana cataloga expresamente a las personas adultas mayores como un grupo de atención prioritaria, imponiendo al Estado el deber de adoptar medidas de acción afirmativa que equiparen sus condiciones de vulnerabilidad.
La Administración, a través de las máximas autoridades administrativas de la correspondiente entidad pública ejerce la competencia normativa de carácter administrativo para regular sus asuntos internos
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