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La institucionalidad de la administración de justicia y del activismo judicial de nuestros juzgadores, atraviesa tiempos de retos y desafíos; atraviesa un momento de desestabilización proveniente del exacerbado intervencionismo político e intromisión de poderes ajenos al de la función judicial.

La acción de protección se configura como un mecanismo de tutela constitucional cuya finalidad es proteger derechos constitucionales frente a actos u omisiones que generen su vulneración, en consecuencia, su procedencia exige la existencia de una afectación real y directa a un derecho constitucional

Una de las estrategias político-criminales para combatir las estructuras criminales ha sido implementar medidas de control de sus economías con la finalidad de boicotear el funcionamiento de estas empresas delictivas.

Autor: Juan Manuel Gómez Rodríguez La integración de la inteligencia artificial (IA) en la Administración pública ha dejado de ser una proyección futurista para convertirse...

El derecho administrativo sancionador ecuatoriano ha experimentado transformaciones profundas a lo largo de su evolución normativa e institucional.

Autor: Josué Navarrete, Diario La Hora Esmeraldas La inteligencia artificial (IA) es la revolución tecnológica más importante de las últimas dos décadas. En una industria...

Autor: Jaime Lenin Hurtado Angulo Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) en Ecuador, el tratamiento de...

La consolidación de una cultura de paz no depende únicamente de la promulgación de leyes, sino de la adopción efectiva de herramientas que sitúen el diálogo y la autonomía de la voluntad en el centro de la práctica jurídica actual.

El artículo 35 de la Constitución ecuatoriana cataloga expresamente a las personas adultas mayores como un grupo de atención prioritaria, imponiendo al Estado el deber de adoptar medidas de acción afirmativa que equiparen sus condiciones de vulnerabilidad.

Una empresa no puede actuar físicamente por sí sola. Detrás de cada contrato, transferencia, reunión o decisión existen socios, administradores, representantes, trabajadores o terceros que intervienen en su nombre.

En la dinámica del Estado constitucional de derechos y justicia, la administración pública tiene el deber primario de responder a las peticiones ciudadanas de manera oportuna, transparente y debidamente fundamentada.

Los remates judiciales en Ecuador se realizan a través del Sistema en Línea del Consejo de la Judicatura, donde los interesados pueden consultar bienes y participar registrándose como postores.