El avance de la ciencia y la tecnología ha generado nuevas actividades complejas que traen consigo riesgos para los bienes jurídicos, los cuales, por su utilidad social, se han convertido en riesgos permitidos. Para prevenir el incremento desmesurado de estos riesgos, se exige que quienes desempeñan estas profesiones adquieran un alto conocimiento teórico en instituciones especializadas.
El avance de la inteligencia artificial (IA) está transformando la forma en que las organizaciones gestionan, identifican y controlan sus riesgos.
Durante décadas, el derecho penal se sostuvo sobre un principio clásico: societas delinquere non potest, es decir, que las personas jurídicas no pueden delinquir, por tanto, no pueden ser penalmente responsables.
Un paciente va a ser sometido a un procedimiento médico. Recibe información sobre la intervención y sus riesgos, suscribe el consentimiento informado y el procedimiento se realiza.
Autora: Nathaly Salazar Brito Paradigma constitucional El antecedente más preciso de la justicia especializada en el Ecuador, data de la creación de las Salas de...
La institucionalidad de la administración de justicia y del activismo judicial de nuestros juzgadores, atraviesa tiempos de retos y desafíos; atraviesa un momento de desestabilización proveniente del exacerbado intervencionismo político e intromisión de poderes ajenos al de la función judicial.
Una de las estrategias político-criminales para combatir las estructuras criminales ha sido implementar medidas de control de sus economías con la finalidad de boicotear el funcionamiento de estas empresas delictivas.
Una empresa no puede actuar físicamente por sí sola. Detrás de cada contrato, transferencia, reunión o decisión existen socios, administradores, representantes, trabajadores o terceros que intervienen en su nombre.
La nota desarrolla el análisis jurídico del enriquecimiento ilícito, explorando sus formas de operación y los desafíos probatorios que enfrenta el sistema judicial para sancionarlo
El presente artículo analiza la falta de determinación de un tipo penal para las conductas que vulneran directamente la integridad sexual mediante el uso de inteligencia artificial (IA), específicamente a través de los denominados deepfakes.
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