La gobernanza de la IA en la administración pública
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Autor: Juan Manuel Gómez Rodríguez
La integración de la inteligencia artificial (IA) en la Administración pública ha dejado de ser una proyección futurista para convertirse en una realidad operativa. La automatización de procesos, la gestión masiva de datos y la optimización en la prestación de servicios gubernamentales prometen revolucionar las relaciones entre el Estado y la ciudadanía. Sin embargo, este avance tecnológico trae consigo importantes retos éticos y jurídicos que exigen el establecimiento de un marco normativo e institucional sólido.
En el artículo académico “Hacia la gobernanza de la inteligencia artificial en la Administración pública”, publicado en foro: Revista de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, el investigador Juan Manuel Gómez Rodríguez examina los alcances y límites de la regulación de los sistemas de IA en el ámbito estatal.
Promesas de una gestión inteligente
El análisis destaca cómo el uso estratégico de la IA incrementa la capacidad institucional en aspectos fundamentales:
Previsión y calidad de servicios: Optimiza la planificación de recursos públicos y mejora la precisión en la atención de necesidades comunitarias.
Fortalecimiento institucional: Aporta mayor eficiencia, control interno y neutralidad política en la toma de decisiones.
Confianza ciudadana: Aumenta la fiabilidad de las instituciones cuando la automatización se ejecuta bajo parámetros de objetividad.
El “lado oscuro” de los algoritmos y la necesidad de control
A pesar de las ventajas operativas, la adopción de estas tecnologías plantea riesgos significativos relacionados con la opacidad algorítmica (el problema de la “caja negra”). La falta de claridad sobre cómo se configuran e interpretan las decisiones automatizadas genera tensión frente al principio de transparencia administrativa.
Para prevenir la vulneración de derechos fundamentales, el estudio enfatiza la urgencia de establecer una gobernanza algorítmica estructurada que contemple:
- Estructuras institucionales de coordinación: Crear órganos dedicados a la supervisión, adecuación y regulación técnica de la IA en el sector público.
- Evaluación continua y trazabilidad: Implementar mecanismos constantes de auditoría para corregir sesgos, prevenir errores y verificar el impacto de los programas.
- Participación ciudadana y colaboración: Organizar espacios de fiscalización pública que permitan a la sociedad intervenir en la valoración y adecuación de estos sistemas.
El reto jurídico no consiste en frenar la innovación, sino en garantizar que la búsqueda de la eficiencia administrativa no desplace la protección integral de los derechos de las personas.
Artículo completo
Universidad Andina Simón Bolívar
https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/foro/article/view/5848/6042
Juan Manuel Gómez Rodríguez Docente,
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Cuernavaca, México
Correo: manuelgomez@uaem.mx
