DEFENSORIA DEL PUEBLO

Entrevista a Dilva Stipp, del Comité Pro-refugiados

Uno de los sectores sociales más importantes dentro del Plan Operativo de Derechos Humanos es l a referente a la situación de los migrantes, refugiados y desplazados. Dilva Stipp, del Comité Pro-Refugiados, es la coordinadora del plan en está comisión, la cual agrupa a quince instituciones que trabajan en defensa de los derechos de estos grupos vulnerables.
Descendiente de inmigrantes alemanes y brasileña de nacimiento, realizó sus estudios en Sociología en la Universidad de San Marcos(Sao Paulo). A sus 39 años está por finalizar su maestría de Sociología Política en la FLACSO, en Quito. Colabora con la Iglesia Ecuatoriana desde hace 8 años, organizando el trabajo en las diócesis del país, centralizando su trabajo en dos áreas: la migración y los refugiados . El defensor dialogó con Stipp. Extractos:

¿Cuál es el concepto de refugiado, migrante, desplazado y apátrida, y su diferenciación?

El refugiado

Es una persona que sale de su país no porque elige salir, hay una serie de elementos que forzan u obligan a la persona a abandonar su lugar de origen. Un refugiado huye del país por una persecución, sea por razones étnicas, religiosas o políticas.

El migrante

El migrante debemos clasificarlo en tres categorías. El migrante propiamente dicho, que en el caso de Ecuador puede ser del campo al pueblo, de un pueblo a la ciudad y del campo directamente a la ciudad, siendo la más fuerte la migración indígena, principalmente en Guayaquil y Quito. Un fenómeno nuevo es el incremento de la población de las ciudades intermedias, una migración directa a los grandes pueblos, como el caso de Santo Domingo o Ambato.

Los emigrantes

Son aquellas personas que vienen de otros países hacia el nuestro, siendo la más significativa la emigración colombiana, asentada en su mayor porcentaje en las zonas fronterizas.

El inmigrante

Finalmente tenemos al inmigrante, que es el ecuatoriano que sale del país. Las estadísticas del año pasado hablan de 380 mil inmigrantes, principalmente a Estados Unidos, que es un promedio muy preocupante si tomamos en cuenta que actualmente existe un nuevo foco de atracción para los inmigrantes ecuatorianos como España.

El desplazado

La figura desplazado es muy parecida a la del refugiado, lo que le diferencia es que el desplazado no cruza la frontera, quedándose en su propio país. Podría ser un refugiado potencial, es decir que haya una circunstancia que no permite que ni siquiera internamente tenga que cruzar la frontera.

El apátrida

El apátrida es una persona que no tiene una patria. Por ejemplo, en el caso de la ex Unión Soviética, el papá nació en un lugar y el hijo en otro, y ninguno de los dos estados lo reconocen, convirtiendo a la persona en apátrida. Actualmente existen instrumentos legales que reconocen que una persona en esa situación tiene derecho a un estado, que puede ser temporal, hasta que se resuelva su problema de nacionalidad.

¿Cómo está coordinado el trabajo?

Iniciamos el trabajo de la comisión con cinco representantes de la sociedad civil, elaborando una primera propuesta, la cual fue compartida con el gobierno que la aceptó, debido a que les preocupó enormemente. Finalmente, se conformó la comisión mixta con representación del Estado.

¿Cómo puede la Defensoría del Pueblo fortalecer sus funciones, tanto interna como externamente, para que se respeten los derechos de estos sectores vulnerables?

Creo que hay varios frentes. Uno tiene que ver con la presión para que se elaboren instrumentos legales de protección a este grupo de personas; en segundo lugar, que se apliquen estos documentos; y tercero , generar un marco de protección institucional, que facilite el proceso de fortalecimiento de las instituciones que trabajan en este campo.
La DDP tiene que trabajar arduamente para construir el marco jurídico que necesitamos y después que las instituciones velen para el cumplimiento y aplicación de estos instrumentos.

¿Qué mecanismos se deben implementar?

La capacitación es uno de los grandes ejes de nuestro plan, en donde tenemos dos frentes: la capacitación a la sociedad civil para que conozca los derechos de estas personas y sean promotores de los mismos; y la capacitación a autoridades y organismos gubernamentales que trabajan en esta área. La divulgación y concientización deben realizarse a través de todos los medios que tengamos en nuestras manos. Sabemos la vulnerabilidad de estos grupos. Si no generamos esta conciencia de solidaridad, pueden estallar conflictos que infelizmente vemos en varios países del mundo. Lugares para iniciar el trabajo de capacitación pueden ser escuelas, colegios y universidades, para que el niño crezca sabiendo que existen personas diferentes en circunstancias distintas y merecen respeto y ayuda. Tanto el tema migrante como el tema refugio deben ser incluidos en los pénsum escolares para generar una conciencia.

¿Existe algún diagnóstico de ecuatorianos migrantes que hayan sufrido violaciones a sus derechos.?

En el tema migración la bibliografía existente en Ecuador es muy escasa y desactualizada. Se han realizado pequeños estudios, como por ejemplo, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana realizó un análisis de la situación migratoria de Loja a España. Hay pequeños estudios pero sin un análisis profundo que nos permita sentir cual es la situación real del migrante, y desde esa base, poder dibujar políticas de acción y atender más urgentes.
Es necesario que la temática se transforme en una preocupación general del Estado, donde se analicen y propagan políticas en este campo. En la preparación del nuevo censo nacional, que posiblemente se hará el próximo año, se debería incluir preguntas que nos permitan conocer la realidad del desplazamiento humano en el Ecuador, sea este interno o externo. Ese puede ser el punto de partida para iniciar estudios migratorios más serios y profundos en el país.
La Conferencia Episcopal Ecuatoriana se encuentra empeñada en difundir sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familias, aprobada el 18 de diciembre de 1990, por la Asamblea General de la Naciones Unidas. Para que entre en vigencia, veinte naciones deben ratificar este acuerdo internacional de derechos humanos. Apenas 10 estados han expresado su deseo de ratificar y poder estar jurídicamente vinculados.
La campaña, liderada por la Iglesia Católica, organizaciones de DD.HH. y sociedad civil, considera necesario que el Congreso Nacional ratifique esta Convención, que contribuiría al respecto de las normas mínimas de trato de los trabajadores migratorios y sus familiares, de los ecuatorianos residentes en el exterior.