Proyecto de Código Orgánico General de Procesos

Martes, 11 de noviembre de 2014

Proyecto de Código Orgánico General de Procesos

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Autor: Dr. José García Falconí

 

INTRODUCCIÓN

Debo señalar primeramente, que como dice la doctrina, redactar un nuevo Código de Procesos, (que debería ser de Procedimiento o Procesal), significa examinar a fondo lo que se pretende reemplazar, esto es analizar con absoluta objetividad  los aciertos y los errores del actual Código de Procedimiento Civil; aclarando que el Proyecto que se está socializando, sin duda alguna va a contribuir decididamente a la marcha de los juicios, cuya lentitud es una de las deficiencias procesales de mayor frecuencia y de mayor crítica por parte de la opinión pública, tanto más que actualmente se debe llevar a cabo todo proceso de acuerdo a los principios de oralidad, contradicción, inmediación y dispositivo, conforme lo dispone el Art. 168 No. 6 de la Constitución de la República.

Dentro del programa de Restructuración de la Función Judicial y su eje estratégico de modelo de gestión, cuyos objetivos principales son: garantizar el acceso a servicios judiciales oportunos, eficientes, eficaces y de calidad del sistema judicial, el Consejo de la Judicatura de Transición y el actual, han considerado como una acción fundamental, la implementación de una reforma procesal integral en materias no penales y constitucionales, basada en los principios constitucionales del debido proceso.

El distinguido jurista riobambeño Dr. Mauro Andino Reinoso, Presidente de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, ha enviado una atenta comunicación a la señora Dra. Yolanda Yupangui Carrillo, Decana de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador, poniendo a consideración el texto del primer debate del Proyecto de Código Orgánico General de Proceso, a fin de que el Alma Mater a través de dicha Facultad, realice las observaciones sobre el mencionado proyecto, elaborado por el Consejo de la Judicatura, con observaciones del Consejo de la Niñez y Adolescencia, de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, de la Procuraduría General del Estado, y opiniones personales del señor Dr. Ernesto Guarderas. Además de las presentadas por los señores Asambleístas doctores Ramiro Aguilar Torres, Gilberto Guamangate, Marisol Peñafiel, Paulo Valverde a través de la Asambleísta Ab. Mariangel Muñoz Vicuña, Ing. Magaly Orellana, Ab. Miguel Ángel Moreta, Dr. Luis Fernando Torres, Ab. Verónica Arias Fernández y Marcela Aguiñaga.

También se menciona al Presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Dr. José Alomía Rodríguez, varios juristas y profesores de algunas facultades de jurisprudencia del país,   

El Proyecto en mención, conforme voy a señalar en líneas posteriores, contempla los principios de: uniformidad, simplificación y oralidad en los procesos no penales y constitucionales, conforme lo disponen los Arts. 75; 76 No. 7 letras a) b), c), d), f), h), j), k), l), m); 86 No. 2, letras a) c) y d); 168 Nos. 4, 5, y 6; 169; 172, 174; y varias disposiciones del Código Orgánico de la Función Judicial, entre ellas los Arts. 7 al 31; 129; 130; 131; 132.

La Asamblea Nacional en su exposición de motivos manifiesta que base de este proyecto es la legislación uruguaya, colombiana y peruana, recalcando que en Uruguay hace algunas décadas se aplicó este Código con mucho éxito en su vida práctica.

 FINALIDAD DEL PROYECTO DE CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS

La Exposición de Motivos del Proyecto en mención, comienza con un antecedente histórico del actual Código de Procedimiento Civil.

Al respecto me permito señalar lo siguiente:

Soy profesor auxiliar titular a tiempo parcial de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador por cerca de veinte años, especialmente en la cátedra de derecho procesal civil, por lo que en clases a los compañeros estudiantes reiteradamente he manifestado, que nuestro Código de Procedimiento Civil, es excesivamente ritualista, por lo que no es manejable positivamente para los operadores de justicia, y peor aún para los usuarios, o sea no constituye una herramienta adecuada, por lo que ha menester un nuevo Código de Procedimiento Civil, que cumpla con las disposiciones constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos vigentes en el país.

Hay que recalcar que nuestro Código de Procedimiento Civil se inspiró en los Códigos de Enjuiciamiento Civil Peruano y Español de 1855; además este Código de Procedimiento Civil ecuatoriano sigue el modelo de 1938 con pocas reformas, que a su vez es copia del Código de Procedimiento Civil de 1878, redactado por la Corte Suprema de Justicia, que se basó en el Código de Procedimiento Civil redactado por la Constituyente de 1869 y publicada en el año de 1879; por lo que se hace imprescindible y urgente que la Asamblea Nacional dicte un nuevo Código de Procedimiento Civil, en este caso el Código Orgánico General de procesos acorde a los principios de la nueva Constitución de la República y tratados internacionales de derechos humanos; debiendo señalar que el actual Código de Procedimiento Civil codificado, se encuentra publicado en el Suplemento de Registro Oficial No. 58 del 12 de julio de 2005, el mismo que ha sufrido un sinnúmero de reformas, especialmente a raíz de la vigencia del Código Orgánico de la Función Judicial en el año 2009. Recordando que el Código de Procedimiento Civil es norma supletoria del Código Orgánico Integral Penal, por así disponerlo la Primera Disposición General de dicho cuerpo de leyes; he aquí la importancia del Código Orgánico General de Procesos que se está discutiendo en segundo debate y que en su momento será ley supletoria en materia penal.

BREVE COMENTARIO AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS

El proyecto en mención, trata sobre la conformidad constitucional y legal, así como la estructura del proceso, recalcando que el mismo se fundamenta en la dinámica de acercar la ciencia del derecho a la ciudadanía para que la solución de las controversias sea confiada al Estado sin temores, con la seguridad de que se cumplirán los principios de la administración de justicia y se garantizarán los derechos de las partes.

Manifiesta que la multiplicidad de normas procesales dificultan la administración de justicia, a causa de una disposición interpretativa muchas veces contradictoria que es causa de inseguridad jurídica, en directa afectación de los intereses ciudadanos; por lo que es necesario la unificación de los procesos de manera que las juezas y jueces puedan actuar en diversas materias empleando normas similares y viabilizando la exigencia de celeridad procesal.

En resumen el Proyecto comenta la inmediación, la transparencia, la eficacia, la economía procesal, la seguridad, la igualdad ante la ley, la imparcialidad, la simplificación, la uniformidad y especialmente precautela los derechos y garantías constitucionales y procesales, cuyo análisis detallado lo hago en mi obra MODELOS DE DEMANDAS, CONTESTACIÓN A LAS DEMANDAS, DILIGENCIAS PREVIAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ECUATORIANO EN CONCORDANCIA CON EL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS.

Termina señalando la Exposición de Motivos, que este proyecto procura que exista un procedimiento con estructuras básicas que sea flexible, adaptable y racional, al establecer tres clases de procesos: el ordinario, el sumario, y el monitorio; el procedimiento ordinario con dos audiencias: la preliminar y la de juicio; mientas que los procesos sumarios y ejecutivo con una audiencia única. Además el proyecto prevé el proceso voluntario que facilita a la o el ciudadano una ágil petición y la resolución inmediata, y un proceso diferente para materia tributaria y contenciosa.

Es interesante el análisis que el Proyecto hace sobre la prueba, la obligación de acompañar a la demanda y a la contestación de la demanda, esto es, ya no existe la prueba sorpresiva, en atención al principio de buena fe y lealtad procesal, señalado en el Art. 26 del Código Orgánico de la Función Judicial; lo novedoso es que la jueza o juez en la sentencia debe tener el convencimiento para dictar la resolución correspondiente, ya no la certeza, lo cual implica un estudio serio sobre los principios de sana crítica e íntima convicción del juez, principios fundamentales para valorar la prueba al momento de dictar la resolución.

También realza los medios alternativos de solución de conflictos, tales como la conciliación, la mediación y el arbitraje.

CONCLUSIONES

En conclusión puedo señalar, que el Proyecto en mención, contempla los nuevos principios rectores en la administración de justicia, cuyo análisis lo hago en mi obra LOS NUEVOS PRINCIPIOS RECTORES EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, tales como: transparencia y publicidad de los procedimientos, la buena fe procesal, el uso racional de los recursos y una orientación a la calidad de la prestación de los servicios a los justiciables, pues se ha considerado que estos valores son relevantes en el desarrollo de los procedimientos, y que también sirven de parámetro de interpretación de las diversas normas que integran el Proyecto, considerando que en el Ecuador el sistema judicial cuenta con recursos limitados para cumplir sus funciones, por lo que su uso racional es indispensable para satisfacer razonablemente las demandas ciudadanas, de acuerdo a criterios de eficiencia y eficacia que debe tener todo servicio público y en especial el servicio de administrar justicia.

De tal modo que este Proyecto, propone el que se utilicen mayores recursos judiciales en aquellas causas más graves y complejas, y menos recursos en las más sencillas, las que inclusive no requieren de firma de abogado. Igualmente  se introduce  con mayor fuerza la tecnología para facilitar el funcionamiento del sistema de justicia, facilitando de este modo un efectivo acceso a la misma, pues ha considerado que la calidad del servicio de justicia, es un cambio que ha menester implementar para dar respuestas al proceso de cambio que vive el país.

Entre los objetivos del Proyecto antes mencionado, puedo señalar en resumen lo siguiente:

1.    Establecer normas de carácter general aplicables a todos los juicios, a excepción de los de carácter penal y constitucional;

2.    Se establece el principio constitucional de oralidad (Art. 168 No. 6 CRE), considerando que es el facilitador, integrador y optimizador de los otros principios procesales, en especial de la celeridad, de la concentración, de la contradicción, y de la inmediación, lo cual conduce a no considerarla como una mera normativa de trámite, sino como una garantía de los derechos de las partes procesales; a través de la implementación de los medios idóneos que permitan la reducción de la congestión judicial, los tiempos procesales y la carga judicial; todo lo cual obviamente requiere de una adecuada organización de gestiones de ingreso, audiencias, notificaciones y archivo en los juzgados; de tal modo que la oralidad es un instrumento de publicidad que coadyuva a generar confianza ciudadana en la administración de justicia, puesto que permite la exposición de los hechos al juzgador directamente con claridad, impidiendo que se den otras interpretaciones que no sean las expuestas por las partes y este principio de oralidad se consolida en el Código Orgánico General de Procesos;

3.    Que se garantice el principio de economía procesal señalado en los Arts. 168 No. 4 y 175 de las Constitución de la República;

4.    Guardar armonía con la tendencia socializante del proceso integral, lo cual debe entenderse en el sentido de que el proceso en general, sea instrumento del bienestar y de la paz social, que señala el Art. 21 del Código Orgánico de la Función Judicial;

5.    Creación de un procesalismo científico, que acogiendo el cambio radical pronunciado por el pueblo ecuatoriano, a raíz de la aprobación de la Constitución de la República de 2008, y el Referéndum del 07 de mayo de 2011, se implemente una nueva justicia en el país; y,

6.    Inclusión de principios y trámites especiales, etc.

Todo esto tiene su razón de ser, pues como es de conocimiento general y conforme he manifestado en varias conferencias y publicaciones realizadas, el campo del proceso civil es obsoleto, ritualista y viejo, que reclama de manera urgente un reemplazo que esté de acuerdo con los principios constitucionales que señala la Carta Magna, pues bien lo decía el maestro Chiovenda: ?Hay que decidirse por una reforma integral fundamental o renunciar a la esperanza de un serio progreso?; obviamente que este cambio se lo debe hacer con prudencia, por eso mi sugerencia muy respetuosa al Asambleísta Nacional al momento de aprobar el Código Orgánico General de Procesos, es que se establezca una vacancia legis de por lo menos un año, al igual que lo hizo el mes pasado la República de Argentina con su nuevo Código de Procedimiento Civil, antes de que entre en plena vigencia, pues tampoco podremos pasar de la noche a la mañana a un nuevo Código Procesal completamente diferente al tradicional, ya que debemos considerar que el nuevo Código debe ser aplicado por juezas y jueces, abogadas y abogados con formación diversa, de tal manera que los seis meses que establece el Proyecto me parece muy corto.

Aspiro  que este Código Orgánico General de Procesos, tenga una larga vida; por estas consideraciones la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador, a través de su planta de profesores en la rama civil, va a hacer un planteamiento crítico sobre dicho proyecto.

 

RECOMENDACIONES

Para terminar esta primera entrega sobre este importante tema, toda vez que en próximos artículos que voy a publicar en esta misma Revista Judicial,  me permito señalar con el respeto que se merece la Asamblea Nacional, y muy en especial el distinguido jurista, coterráneo  y amigo Dr. Mauro Andino, Presidente de la Comisión de Justicia de la misma, que desde la técnica legislativa debe tenerse muy en cuenta el lenguaje de los artículos del Código Orgánico General de Procesos, esto es delimitar de manera correcta sus preceptos, pues recordemos que cuando un Código dice lo que quiere decir y cómo se debe decir, sin que sobren ni falten palabras, ha reducido en un 50% cuando menos los problemas de interpretación jurídica; y de este modo se da cumplimiento al principio de seguridad jurídica que establece el Art. 82 de la Constitución de la República, que señala ?El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y a la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas a las autoridades competentes?, lo que guarda relación con el Art. 25 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Igualmente felicito que se haya encabezado en cada artículo del Proyecto del Código Orgánico General de Procesos un sucinto epígrafe de su contenido, pues así se va a facilitar el manejo de dicho Código, obviamente que por razones técnicas es una tarea en la que hay que poner la máxima atención, pues el deseo de todas las ecuatorianas y ecuatorianos, es tener un Código Orgánico General de Procesos, más progresivo, que esté de acuerdo con el Estado constitucional de derechos y justicia social; y de esto está consciente la Facultad de Jurisprudencia del Alma Mater, presidida por la señora Dra. Yolanda Yupangui Carrillo, que nos ha puesto a los profesores en el área civil a estudiar y analizar el contenido del mencionado Proyecto, considerando sus innovaciones en la aplicación de la vida forense, recalcando una vez más, que es una gran aspiración del pueblo ecuatoriano en una nueva justicia en el país, lo cual impone modificar nuestra mentalidad a este proceso de cambio, y abrir los ojos teniendo en mira una nueva justicia.

En las próximas entregas, haré un estudio sobre el trámite nuevo de los procesos en este proyecto; el derecho a interponer recursos, recalcando desde ya mi sorpresa que en el mismo no se contemple el recurso de revisión que sí se lo hace en otras legislaciones de la región, esto haré hincapié en varias charlas que por invitación de la Corte Provincial de Justicia de El Oro y del Colegio de Abogados de Pichincha, se realizarán en los próximos días.

 

Dr. José García Falconí

DOCENTE, FACULTAD DE JURISPRUDENCIA,

CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES,

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Correo: josegarciafalconi@gmail.com

 

 

 

 

 

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