La impugnación permite a las partes afectadas por una resolución judicial cuestionar las decisiones del juzgador cuando consideran que se ha cometido un error en la aplicación de la ley o en los procedimientos procesales.
: El estudio aborda la validez de pactar cláusulas penales acumulativas a la indemnización de daños y perjuicios, examinando las restricciones dogmáticas que históricamente se han aplicado en el país.
El artículo 35 de la Constitución ecuatoriana cataloga expresamente a las personas adultas mayores como un grupo de atención prioritaria, imponiendo al Estado el deber de adoptar medidas de acción afirmativa que equiparen sus condiciones de vulnerabilidad.
La Constitución ecuatoriana reconoce el derecho a un hábitat seguro, a la vivienda adecuada y a la propiedad con responsabilidad social y ambiental.
Este tema es de vital relevancia para fortalecer la confianza pública en el sistema judicial, ya que permite distinguir entre la legítima discrepancia jurídica y aquellas actuaciones que ameritan una sanción disciplinaria, pues.
Con la entrada en vigencia del COGEP, el sistema de remate judicial fue modernizado mediante la incorporación de herramientas electrónicas y reglas orientadas a garantizar procesos más ágiles, transparentes y seguros.
El procedimiento coactivo es una de las manifestaciones de la autotutela ejecutiva de la Administración Pública. Esta prerrogativa les permite a las entidades estatales tomar decisiones, emitir normas, crear títulos de crédito y hacerlos efectivos de manera directa.
Autores: Peter Rosado Zambrano y Yandry M. Loor Loor. Derecho a la prueba La prueba constituye uno de los elementos más importantes dentro de cualquier proceso en el que se busca una decisión en derecho, sin embargo, dentro del proceso penal la prueba...
La nulidad de adjudicación por existir un legítimo título de dominio previo como la ha denominado la autoridad agraria nacional, se refiere a un procedimiento administrativo.
La posibilidad de selección del derecho aplicable a la fase de ejecución del contrato prevista en el artículo 252 del Código de Comercio permite introducir en el ordenamiento jurídico ecuatoriano la figura el Dépeçage voluntario establecido en el artículo 7 de El Convenio de La Haya del 22 de diciembre de 1986
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