La Constitución ecuatoriana reconoce el derecho a un hábitat seguro, a la vivienda adecuada y a la propiedad con responsabilidad social y ambiental.
Este tema es de vital relevancia para fortalecer la confianza pública en el sistema judicial, ya que permite distinguir entre la legítima discrepancia jurídica y aquellas actuaciones que ameritan una sanción disciplinaria, pues.
Con la entrada en vigencia del COGEP, el sistema de remate judicial fue modernizado mediante la incorporación de herramientas electrónicas y reglas orientadas a garantizar procesos más ágiles, transparentes y seguros.
Autores: Peter Rosado Zambrano y Yandry M. Loor Loor. Derecho a la prueba La prueba constituye uno de los elementos más importantes dentro de cualquier proceso en el que se busca una decisión en derecho, sin embargo, dentro del proceso penal la prueba...
La nulidad de adjudicación por existir un legítimo título de dominio previo como la ha denominado la autoridad agraria nacional, se refiere a un procedimiento administrativo.
La posibilidad de selección del derecho aplicable a la fase de ejecución del contrato prevista en el artículo 252 del Código de Comercio permite introducir en el ordenamiento jurídico ecuatoriano la figura el Dépeçage voluntario establecido en el artículo 7 de El Convenio de La Haya del 22 de diciembre de 1986
El principio fundamental del derecho privado dicta que los contratos nacen para cumplirse. Sin embargo, cuando eventos extraordinarios transforman un buen negocio en una carga ruinosa, la rigidez legal puede convertirse en una condena.
Las negociaciones comerciales modernas ya no son simples tratos de apretón de manos. La ruptura injustificada de las negociaciones y la ocultación de información clave han convertido a la etapa precontractual en un campo minado de responsabilidad civil. Comprender los límites de la buena fe es vital para blindar los tratos preliminares.
Durante más de un siglo, la academia y los tribunales de América Latina han padecido un complejo de inferioridad jurídica, mirando hacia Europa en busca de respuestas doctrinales. Sin embargo, un análisis profundo de nuestra historia jurídica revela una verdad incómoda para el viejo continente: nuestros códigos civiles, forjados como una primera ola romana tras la independencia, son estructuralmente más sólidos, plurales y sofisticados que sus pares europeos.
A grandes rasgos se puede afirmar que las Administraciones públicas llevan a cabo las misiones encomendadas por la Constitución a través de la expedición de reglamentos y actos administrativos.
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