Autor: Juan José Jiménez Cadena.[1] La reproducción sexual del “Sujeto del Derecho” es por naturaleza: EXOGÁMICA, porque se rige a “Leyes Genéticas” que ya están...
Autora: Grisel Galiano Maritan En el sistema jurídico ecuatoriano, el reconocimiento de un hijo constituye un acto jurídico solemne y libre. Sin embargo, la legislación...
El artículo 35 de la Constitución ecuatoriana cataloga expresamente a las personas adultas mayores como un grupo de atención prioritaria, imponiendo al Estado el deber de adoptar medidas de acción afirmativa que equiparen sus condiciones de vulnerabilidad.
El presente artículo analiza la falta de determinación de un tipo penal para las conductas que vulneran directamente la integridad sexual mediante el uso de inteligencia artificial (IA), específicamente a través de los denominados deepfakes.
La violencia de género en Ecuador es un problema persistente y preocupante que requiere atención inmediata. La garantía de no repetición es un principio fundamental en la justicia, especialmente en casos de violencia de género.
En el entorno digital, esta distorsión adquiere nuevas dimensiones: imágenes manipuladas, identidades falseadas y relatos impuestos que despojan a niñas, adolescentes y mujeres de control sobre su propia representación.
La adopción es el mecanismo jurídico definitivo para restituir el derecho a una familia. Sin embargo, en el sistema ecuatoriano, la deficiencia administrativa y la falta de seguimiento post-adopción han transformado este proceso en un camino tortuoso, poniendo en riesgo el bienestar de los menores más vulnerables.
El sistema de justicia ecuatoriano enfrenta una crisis de congestión sin precedentes en las unidades de familia, niñez y adolescencia. Frente a procesos que se eternizan y vulneran el bienestar psicológico de los menores, la implementación de la mediación obligatoria, inspirada en modelos regionales exitosos, surge como la política pública definitiva para rescatar la eficiencia judicial.
El derecho a la identidad constituye uno de los pilares fundamentales del Estado constitucional de derechos y justicia, en tanto garantiza el reconocimiento jurídico de la persona en su dimensión individual y social.
El proceso de alimentos no está diseñado para llenar las cárceles, sino para asegurar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.
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