En un contexto donde la inteligencia artificial, el big data y los modelos automatizados transforman las dinámicas económicas y sociales, el ámbito legal enfrenta un desafío sin precedentes: redefinir sus paradigmas frente al avance incesante de la tecnología.
Autor: Abg. J. Francisco López M.[1] Antecedentes: En septiembre de 2019, un equipo de investigadores en ciberseguridad descubrió un servidor desprotegido ubicado en la ciudad...
Hoy, en Ecuador, el estudio jurídico que liderará la próxima década no será el que tenga el edificio más lujoso, sino aquel cuyos abogados aprendan a dictarle a las máquinas cómo hacer el trabajo pesado, liberando la mente humana para lo que realmente importa: la estrategia, la argumentación y la justicia.
Autor: Josué Navarrete, Diario La Hora Esmeraldas La inteligencia artificial (IA) es la revolución tecnológica más importante de las últimas dos décadas. En una industria...
Autor: Jaime Lenin Hurtado Angulo Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) en Ecuador, el tratamiento de...
El presente artículo analiza la falta de determinación de un tipo penal para las conductas que vulneran directamente la integridad sexual mediante el uso de inteligencia artificial (IA), específicamente a través de los denominados deepfakes.
Este análisis examina el vínculo entre criptomonedas y blanqueo de capitales desde una perspectiva penal y de cumplimiento, abordando riesgos, estándares internacionales y desafíos regulatorios para la prevención e investigación en Ecuador.
El delito de difusión de la información está establecido en la sección sexta, de los delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar, prevista y sancionada en el art. 180 del Código Orgánico Integral Penal
En el entorno digital, esta distorsión adquiere nuevas dimensiones: imágenes manipuladas, identidades falseadas y relatos impuestos que despojan a niñas, adolescentes y mujeres de control sobre su propia representación.
El ordenamiento ecuatoriano no contiene disposición alguna que habilite la producción de actos administrativos automatizados con IA. El COA únicamente prevé actos emanados de personas físicas en soporte digital, por lo que cualquier implementación de IA en la actividad decisoria de la administración requeriría, como paso previo ineludible, una reforma legal expresa.
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