Principio constitucional de aplicación directa e inmediata

Miércoles, 05 de febrero de 2014

Principio constitucional de aplicación directa e inmediata

Autor: Dra. Jannet Coronel Barrezueta

 

Introducción

El Art. 11.3 de la Constitución de la República, manda que los derechos y garantías establecidos en la Norma Suprema y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, sean de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte, norma que concuerda con el artículo 426 de la misma Constitución y se refleja en la integralidad de su texto.

El principio de aplicación directa e inmediata de los derechos y garantías constitucionales está orientado al ejercicio de los mismos, de tal modo que rige en todo el ordenamiento jurídico y sirve como fuente en la redacción de normas de desarrollo legislativo de derechos constitucionalmente reconocidos, constituyéndose en uno de los fundamentos sobre el que descansa la validez del ordenamiento jurídico.

Las normas interactúan entre sí y están interconectadas en principios de aplicación general, instituyéndose en un sistema jurídico donde la Constitución es la norma fundamental. La expresión ordenamiento o sistema jurídico se refiere precisamente al ?conjunto unitario y coherente de normas jurídicas que rigen en un cierto momento dentro de un ámbito espacial determinado?, de manera que no es un conjunto yuxtapuesto ni caótico de preceptos o normas jurídicas, sino que partiendo de un fundamento común de validez, a su vez, le permite unidad, coherencia e integralidad.

Análisis jurisdiccional

Lo señalado obedece al interés de esta nota frente al desconcierto provocado por la sentencia No. 001-13-SNC-CC, dictada por la Corte Constitucional el 6 de febrero de 2013, dentro del trámite de la consulta de constitucionalidad planteada por los Jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 3, con sede en Cuenca, en un proceso de excepciones a la coactiva.

No vamos a referir el caso en concreto sino al contenido de la sentencia dictada por el órgano de control constitucional del país, específicamente a la parte de su ?análisis constitucional?, en el que dice: ?De manera general las juezas y jueces aplicarán las normas constitucionales de modo directo y sin necesidad de que se encuentren desarrolladas. Sin embargo, en caso de que el Juez en el conocimiento de un caso concreto considere que una norma jurídica es contraria a la Constitución, debe suspender la causa y remitir a la Corte Constitucional?, hasta aquí no hay problema, porque así lo dispone la Constitución, aunque, el Art. 428 ibídem, visto desde el contexto constitucional, en definitiva restringe el principio de aplicación directa de los derechos, en las circunstancias contenidas en la norma citada y otorga esta atribución únicamente a la Corte Constitucional; no obstante, esta reserva se limita únicamente a esta circunstancia en particular, pues de darse el caso de falta de desarrollo del derecho por norma legislativa, el principio de aplicación directa e inmediata, queda expedito.

?Duda razonable? y ?Certeza?

El asunto que inquieta es la parte en que expresamente la Corte Constitucional sostiene que, ?Bajo ningún concepto, ante la certeza de inconstitucionalidad de una disposición normativa, el Juez podría inaplicarla directamente dentro del caso concreto; pues, siempre debe necesariamente elevar la consulta a la Corte??. Esta consideración de la Corte, por una parte parecería alejarse de la ?duda razonable? y acercarse al término ?considere? que consta en el Art. 428 de la Constitución de la República; esto porque, ?considerar? puede entenderse como creer convenientemente la consulta bajo una reflexión valorativa; sin embargo, la duda razonable significa lo mismo, estimar razonablemente que la norma es contraria a la Constitución. Dudar, que es el término que utiliza la ley, es poner en tela de juicio, es no estar seguro de la constitucionalidad de la norma. ?Certeza?, por el contrario, significa seguridad, certidumbre, convencimiento de la inconstitucionalidad de la norma legal.

Seguidamente la sentencia dice: ?dado que la incorporación de la duda razonable y motivada como requisito del Art. 142 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, no ha brindado mayor certeza respecto de su alcance, es obligación de esta Corte dotar de contenido a este requisito legal??, y establece presupuestos para su admisión; es decir, hizo una interpretación del artículo 142 de la L.O.G.J.C.C., más no del Art. 428 de la Constitución, que es lo que correspondía.

Siendo consecuentes con la realidad, era improrrogable la regulación de esta herramienta de control constitucional reservada a los Jueces; pues la habían convertido en un mecanismo de evasión, que desnaturalizó su finalidad; sin embargo nos e justifica que,  a pretexto de llenar de contenido el requerimiento legal de motivar, se proscribe este mecanismo de control.

Imponer a los Jueces reglas como aquella contenida en el punto 2 de los presupuestos que establece la sentencia referida, para el ejercicio de la consulta de constitucionalidad en una norma legal, convierte a la consulta en una verdadera demanda de inconstitucionalidad; pues, al exigir certeza y no duda razonable, deja de ser consulta.

Consulta, según el Diccionario de la Lengua Española es? 6. Dictamen que los consejeros, tribunales u otros cuerpos daban por escrito al rey sobre un asunto que requería su de su real resolución?. Consultar, ?tr. Examinar, tratar un asunto con una o varias personas,? pedir parecer, dictamen o consejo??.  Significaciones que dejan ver que el uso indebido del término certeza saca de contexto la remisión en consulta de la norma legal.

Las imprecisiones en el uso del lenguaje al conceptualizar las ideas y plasmarlas por escrito, originan, como en este caso, incompatibilidades e incoherencias. Es indudable que consulta con certeza, en términos generales, no son incompatibles y, más aún, en términos jurídicos que, por su naturaleza, exige un buen uso del lenguaje. El buen escrito radica en la fórmula inglesa: putting the right Word in the right place, (poner la palabra adecuada, en el lugar adecuado).López Ruíz recomienda cinco cualidades necesarias: sencillez, claridad, concisión, precisión y originalidad. El descuido, la improvisación y la ligereza, producen imprecisiones, falta de coherencia, cacofonía, errores de sintaxis que empobrecen el idioma y al ordenamiento jurídico.

Es lógico admitir que un Juez, para elevar una consulta sobre constitucionalidad de una norma, debe explicar y justificar el porqué de su estimación y por supuesto, la relevancia que tiene la norma puesta en duda para el caso que juzga, pero exigir que el Juez asuma su conducta en la dimensión que plantea la sentencia constitucional referida, es restringir al mínimo este accionar constitucional del Juez.

Conclusión

Restringir este mecanismo de control constitucional conlleva a reducir esta atribución esencial de la Corte Constitucional que, como bien señala en la misma sentencia, ?los jueces tienen la obligación de advertir la existencia de disposiciones normativas contrarias a la Constitución?; es decir, redujo esta función de colaboración en el control a la mínima expresión, con lo que seguramente provocará la proliferación de la aplicación de normas legales e infralegales contrarias a la Constitución.

En definitiva, la sentencia e cuestión, en lugar de ?garantizar la adecuada comprensión? de la consulta por duda razonable sobre la constitucionalidad de la norma legal que ejercen los Jueces, provoca un desajuste con la norma constitucional, al exigir, por una parte, motivación a nivel de las decisiones judiciales y por otra, requerir del Juez certeza de la inconstitucionalidad de la norma legal pertinente al caso que conoce.

 

 Dra. Jannet Coronel Barrezueta

Jueza de la Corte Provincial de Pichincha

 

Artículo publicado en la R. de la Corte Nacional Nº 7

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