Por: Pedro Galindo
Asesor del Centro de Estudios de Justicia de las Américas CEJA en temas de información y editor de Sistemas Judiciales.
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E L SIGUIENTE TRABAJO presenta un conjunto de evaluaciones y percepciones sobre algunos aspectos del funcionamiento de la justicia incluidos en informes y estudios de organismos internacionales, agencias calificadoras de riesgo e instituciones privadas. Se trata, en su mayoría, de indicadores subjetivos.

Es decir, de ponderaciones estadísticas o econométricas derivadas de los resultados de encuestas a expertos, abogados, consultores, economistas, inversionistas, o muestras nacionales de ciudadanos que documentan la percepción sobre esos temas. La validez y el grado de error de dichos estudios son informados sucintamente en cada caso. Lo mismo ocurre con su grado de cobertura y su diseño metodológico. En todo caso, se ha intentado ofrecer una clara indicación de las fuentes que permita al lector corroborar o profundizar por cuenta propia las investigaciones citadas.

El capítulo se divide en dos secciones:

– Una síntesis esquemática de las investigaciones y reportes consultados.
– Una revisión, por separado, de cada uno de esos estudios y sus conclusiones específicas para los países de las Américas.

Percepción ciudadana de la justicia

Democracia y confianza en las instituciones: Latinobarómetro

De acuerdo con la encuesta Latinobarómetro, un estudio anual de opinión pública que se realiza desde 1996 (1) en 17 países de América Latina, el poder judicial figura entre las cuatro instituciones en las que menos confían los ciudadanos del continente.

Según esta encuesta, los más afectados por el descrédito por parte de la ciudadanía son el Congreso Nacional, los partidos políticos y los propios conciudadanos (2) . El poder ejecutivo y el poder judicial, sin embargo, aparecen como las instituciones de la democracia que más confianza han perdido en los últimos años.

Entre 1996 y 2002, se registró, en promedio, un descenso de la confianza ciudadana en el poder judicial en 8,1 puntos porcentuales. En 1996, el 33 por ciento de los ciudadanos de América Latina declaraba tener «mucha» y «algo» de confianza en el poder judicial de sus países. En 2002, sólo un 25 por ciento de los más de 18 mil ciudadanos encuestados mantenía esa respuesta. (3) Sin embargo, existe una amplia diferencia de esta evolución entre países.

En Paraguay, por ejemplo, los datos muestran que mientras en 1996 un 44,2 por ciento de los ciudadanos confiaba en el poder judicial, en 2002 sólo el 10,3 por ciento de los entrevistados conservaba esa opinión. (4) En Ecuador, Nicaragua, Argentina, Chile y Uruguay, también se registraron descensos significativos ­en Ecuador casi el 20 por ciento de la población que en 1996 confiaba en la institución dejó de hacerlo en 2002­. Otro tanto ocurrió en Colombia, Brasil, Perú, El Salvador y Bolivia, donde los niveles de desconfianza ciudadana en el poder judicial aumentaron entre 6 y 9 por ciento.

Sólo en cuatro países los poderes judiciales registraron un incremento en la confianza ciudadana. Costa Rica, que aparece como el país de América Latina donde los ciudadanos tienen mayor confianza en el sistema de tribunales, pasó de 36,9 por ciento en 1996 a 48,8 por ciento en 2002.

¿Cuánta confianza tiene usted en el Poder Judicial? Mucha / Algo Poca / Nada No responde Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Chile
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
Total América 8.7%
19.0%
32.5%
23.3%
48.8%
23.1%
12.3%
28.8%
22.0%
37.4%
17.3%
27.1%
25.6%
10.3%
16.5%
43.2%
30.3%
25.0% 90.3%
74.6%
63.9%
71.6%
47.3%
73.7%
84.6%
64.4%
74.7%
56.9%
81.1%
69.1%
71.3%
88.0%
78.6%
52.7%
67.1%
71.2% 1.0%
6.4%
3.6%
5.0%
3.9%
3.1%
3.1%
6.8%
3.4%
5.7%
1.6%
3.8%
3.2%
1.6%
5.0%
4.0%
2.6%
3.8%

En Honduras, hubo un aumento de 33,4 por ciento a 37,4 por ciento; en Venezuela, de 27,2 por ciento a 30,3 por ciento; y en Panamá de 23,8 por ciento a 25,6 por ciento.

A la luz de estos datos, y al sumar las respuestas de aquellos ciudadanos que declaran tener poca o nada de confianza en la institución, es posible dibujar un índice de la desconfianza ciudadana hacia el poder judicial. Dicho índice revela que, en 2002, en doce de los diecisiete países contemplados en el estudio, por lo menos siete de cada diez habitantes desconfía del poder judicial. Sólo en Costa Rica, un porcentaje cercano a la mitad de la población tiene una opinión positiva del sistema judicial, seguido por Uruguay y Honduras, donde aproximadamente el 37 y 43 por ciento de sus habitantes confía en la justicia.

Uno de los temas claves del Latinobarómetro es medir el grado de satisfacción de los ciudadanos respecto del funcionamiento de la democracia en sus países, aparte el nivel de apoyo que, en promedio, los latinoamericanos mayoritariamente expresan por esa forma de gobierno. (5) La Tabla 2 muestra el posible grado de relación que pudiera existir entre satisfacción con la democracia y confianza en el poder judicial, entendido éste como una de las instituciones esenciales de ese sistema político.

Relación entre satisfacción con la democracia
y confianza en la justicia Satisfacción con
la democracia Confianza en el poder judicial Paraguay
Argentina
Colombia
Ecuador
México
Perú
Brasil
Bolivia
Chile
Guatemala
El Salvador
Venezuela
Panamá
Uruguay
Nicaragua
Honduras
Costa Rica
Total América 7%
8%
11%
16%
18%
18%
21%
24%
27%
35%
38%
40%
44%
53%
59%
62%
75%
32% 10%
9%
23%
12%
17%
17%
33%
19%
23%
22%
29%
30%
26%
43%
27%
37%
49%
25%

Confianza ciudadana y gobernabilidad: semáforo de las instituciones

Los datos del Latinobarómetro son coincidentes, en gran medida, con resultados de otras encuestas que también miden periódicamente el nivel de confianza ciudadana en las instituciones a nivel regional.

Uno de esos estudios es el Barómetro de Gobernabilidad, realizado por el Consorcio Iberoamericano de Empresas de Investigación de Mercados y Asesoramiento ­CIMA­. Se trata de un informe basado en encuestas ciudadanas sobre muestras nacionales realizado desde 1992 en quince países de América Latina, más Puerto Rico, España y Portugal.

El estudio plantea que la confianza en las instituciones es un indicador relevante de gobernabilidad toda vez que, «además de las implicaciones sobre la economía, unas instituciones confiables elevan la calidad de vida de los ciudadanos». 6 escala de tres niveles de confianza en las instituciones, a modo de semáforo intuitivo. Así, se ubican en rojo las instituciones en las que confía menos del 30 por ciento de la población; en amarillo aquellas donde la confianza ciudadana oscila entre 30 y 50 por ciento; y en verde las instituciones que gozan de una confianza superior al 50 por ciento del total de ciudadanos.

De acuerdo con esa escala, a nivel iberoamericano, en enero de 2003 se hallaban en nivel rojo los partidos políticos, los sindicatos, la justicia y el congreso.

En amarillo, las fuerzas armadas, las ONGs, la policía y los bancos. Y en situación óptima ­nivel verde­, la Iglesia, la educación, la empresa privada, la prensa y los noticieros de televisión.

El informe de CIMA muestra la evolución de la confianza en las instituciones en cada país para un período de diez años. Considerando los resultados de la encuesta realizada en 2002, Argentina y Perú figuran como los países donde los ciudadanos confían menos en la justicia, ambos con 19 por ciento, seguidos por Ecuador, Brasil, Bolivia (20 por ciento), Venezuela (21 por ciento), Guatemala, Chile (22 por ciento), México (24 por ciento) y Panamá (28 por ciento). También República Dominicana figura en el nivel rojo del semáforo (25 por ciento), pero en este caso, los resultados corresponden a la encuesta realizada entre diciembre de 2002 y enero de 2003.7 Todos los demás países de América Latina contemplados en el estudio muestran porcentajes de confianza ciudadana en la justicia inferiores a la mitad de la población, es decir, en nivel amarillo. La única excepción es Puerto Rico (54 por ciento), que no es propiamente un estado independiente y su sistema judicial está integrado a los Estados Unidos de Norteamérica. En Costa Rica, Uruguay y Colombia, al menos, cuatro de cada diez ciudadanos declaran confiar en la justicia.

La justicia como servicio: evaluación ciudadana

El Barómetro de Gobernabilidad de CIMA también recoge la opinión ciudadana sobre la calidad de las instituciones en términos del servicio que ofrecen. En promedio, dos de cada diez ciudadanos de América Latina considera óptimos (es decir muy bueno y bueno) los servicios prestados por la justicia a la comunidad, mientras el 54,8 por ciento de la población evalúa la calidad de esos servicios como mala y muy mala. Poco más del 14 por ciento opina que la calidad no es ni buena ni mala.

A nivel de países, hay diferencias importantes de la percepción ciudadana sobre este tema, si bien en casi la totalidad de ellos se observa una evaluación deficiente.

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1 El estudio se inició formalmente en 1995 en ocho países y se extendió a 17 en 1996. Sin embargo, el origen del proyecto se remonta a 1988 con un estudio piloto sobre las bases socia –
les de las nuevas democracias en Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. La encuesta se realiza anualmente con muestras representativas de cada país, aplicando un cuestionario idéntico que
recoge las opiniones, actitudes, comportamientos y valores de los universos medidos. Su diseño metodológico integró las experiencias de estudios comparados similares que se habían reali –
zado en otras regiones hasta esa fecha, especialmente el Eurobarómetro De acuerdo con la Corporación Latinobarómetro, organización privada responsable del estudio y con sede en Santiago
de Chile, la encuesta representa a una población de 400 millones de habitantes. Para más detalles, véase el sitio web http://www.latinobarometro.org
2 Los resultados de esta encuesta a nivel agregado en la región pueden consultarse en Corporación Latinobarómetro, Encuesta Latinobarómetro 2002 – Informe de Prensa. Disponible en
http://www.latinobarometro.org/ano2002.htm Los datos específicos para los países citados en este capítulo son reproducidos con autorización de la fuente.
3 En 2003, la confianza en el poder judicial en América Latina volvió a decrecer, esta vez en cinco puntos porcentuales respecto de 2002. Según el más reciente informe de la encuesta
Latinobarómetro, en promedio 20 por ciento de los latinoamericanos declara tener mucha y algo de confianza en las judicaturas de sus países.
4 Si bien en el caso de Paraguay, la encuesta tiene un error muestral de alrededor del 4 por ciento y 95 por ciento de confianza, en ese país el estudio representa sólo al 30 por ciento de la
población. No sucede así en los casos de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú, donde la encuesta tiene una representatividad
del 100 por ciento de la población. En Argentina, representa al 73,8 por ciento del total de habitantes; en Brasil, al 65,7 por ciento; en Chile, al 70 por ciento; en Colombia, al 51 por cien –
to; y en Uruguay, al 80 por ciento. El Latinobarómetro es uno de los estudios de opinión más acreditados del continente.
5 A nivel agregado, mientras el 56 por ciento de los ciudadanos de América Latina declaraba en 2002 apoyar la democracia como sistema de gobierno, sólo el 27 por ciento de ellos opi –
naba sentirse satisfecho con la forma en que funcionaba ese sistema en sus países. Latinobarómetro 2002 -Informe de Prensa. Op. cit.
6 Barómetro de Gobernabilidad 2003 , Consorcio Iberoamericano de Empresas de Investigación de Mercados y Asesoramiento, CIMA, 2003.
Disponible en http://www.cimaiberoamerica.com/barometro2003.pdf