Autor: Martín Litwak (@MartinLitwak)^[1]

Introducción

Primer Acto: Estados Unidos decide emitir a lo loco como parte de su plan para contener los efectos económicos de la pandemia.

Segundo Acto: El recientemente electo presidente Joe Biden y su secretaria del Tesoro Janet Yellen, manifiestan a diestra y a siniestra –y sin que se les caiga la cara de vergüenza– que Estados Unidos va a poder financiar dicha emisión a través del aumento de impuestos a las empresas “si el resto del mundo acepta subir dichos impuestos”.

Tercer Acto: Los ministros de finanzas del G-7 aprueban en Londres promover la reforma del sistema impositivo mundial de manera que “las compañías correctas paguen impuestos justos en los lugares en donde deberían pagarlos”.

¿Cómo se llama la obra?

“Crónica de una Cartelización Fiscal anunciada”.

Algunos conceptos preliminares sobre fiscalidad internacional

Más allá del humor, que cada vez es más difícil de mantener cuando debemos abordar temas de fiscalidad internacional, esta iniciativa del G-7, que en esencia apunta a introducir un impuesto mínimo global del 15% para compañías multinacionales en cada país en el cual operan, adolece de muchísimas fallas.

En ese contexto, el propósito principal de esta primera columna que voy a dedicar al tema es explicar qué está proponiendo el G-7, por qué es malo para los pagadores de impuestos del mundo y qué creo que va a suceder a continuación.

Antes de ello, sin embargo, un par de reflexiones de tipo general:

• Los impuestos no son más que un componente de los precios de los bienes y servicios que adquirimos y consumimos a diario. Dado que sabemos desde hace 4.000 años que ni los precios mínimos, ni los precios máximos ni los precios sugeridos funcionan, forzoso es concluir que lo mismo pasa con relación a los impuestos.
• Establecer un impuesto mínimo mundial a las ganancias de las corporaciones es – además de algo que no va a funcionar – un ataque directo a la soberanía de cientos de Estados y jurisdicciones, y la aceptación implícita de que el sistema de alta tributación no funciona y que, por ende, hay que imponerlo por la fuerza. En otras palabras, crear una suerte de hándicap en favor de los infiernos tributarios implica una aceptación tácita de que la batalla entre paraísos fiscales e infiernos tributarios, cuando se jugaba sin una intervención tan escandalosa de terceros, estaba siendo ganada por los primeros.
• La competencia fiscal, en todo momento y lugar, favorece a los pagadores de impuestos. La cartelización, a los Estados voraces. No sorprende por tanto el grado de excitación de Yellen al anunciar que su país – luego de haber promovido por décadas la competencia fiscal tanto a nivel global como doméstico – apoyaba ahora la creación de un tributo mínimo global a las sociedades para poner fin a «30 años de carrera a la baja en las tasas de impuestos corporativos«. La pregunta es, ¿a quién perjudicó esta baja y a quién benefició? Recordemos que también fueron 30 años de aumento de la inversión y del empleo, y reducción de la pobreza y la miseria, además de 30 años de inventos increíbles como Internet, entre otros.
• Los Estados pueden determinar quién debe ingresar el impuesto a sus agencias recaudadoras, pero no quien termina pagándolos; y es claro que todas las empresas afectadas por este nuevo gravamen o mínimo van a terminar trasladando ese mayor costo a sus precios. Así las cosas, quienes van a pagar este impuesto no van a ser las empresas sino los consumidores.
• Los carteles son siempre malos, sea el de la OPEP, el de la OCDE, el de Sinaloa o el de Jalisco. No, no creo estar yendo muy lejos con esta comparación.
• Si les hizo un poco de ruido la frase anterior, deténganse un minuto a pensar en la lógica que se esconde detrás de esta propuesta: como los países que integran el G-7 (y lo mismo aplica a los que integran el G-20 y a los que manejan la OCDE) son gestionados de manera ineficiente, están profundamente endeudados y por ende, necesitan recaudar mucho dinero, los Estados que tienen un tamaño razonable y son administrados de manera eficiente deben ser forzados a recaudar más de lo que precisan.
• Impedir que los países puedan competir a nivel impositivo sin dudas será un obstáculo para la capacidad de los países pobres para atraer inversiones.

La mayor parte de quienes promueven este impuesto mínimo global señalan que es una manera de homogeneizar el sistema tributario internacional, evitando que las corporaciones cambien sus operaciones de un país a otro en busca de mayores ventajas.

No sé que pensarán ustedes, pero a mí me parece un argumento excesivamente débil ante todos los problemas que se señalaron más arriba en esta sección.

De hecho, parece más honesta la argumentación de los Estados Unidos, que básicamente pasa por aceptar abiertamente que, sin un mínimo global, el país no podría financiar su proyecto de infraestructura de 2 billones de dólares a través de un aumento de impuestos de 28%, como es la intención de su presidente y su equipo económico.

¿En qué consiste la propuesta del g-7? y qué se puede esperar a futuro?

Pasemos, ahora sí, al análisis de la propuesta en cuestión, que seguramente sea norma en el corto plazo pese a la lógica oposición de países como Irlanda y otros. De hecho, no me sorprendería que hubiera nuevos anuncios luego de la reunión de los ministros de finanzas de los países que integran el G-20 en Venecia el mes próximo.

La idea de este «mínimo global» es – como se dijo – detener la competencia entre los países por ofrecer impuestos cada vez más bajos a las grandes corporaciones (y, por carácter transitivo, a sus clientes). Si bien no se trata de algo novedoso en absoluto, sino de algo que por el contrario estaba en la agenda de la OCDE desde hace casi una década, el fuerte respaldo de la Casa Blanca ha sido sin dudas un punto de inflexión.

Lo que establece en concreto esta iniciativa es que las empresas multinacionales que alcancen cierta facturación (aún no queda claro que empresas terminarían calificando como tales) deberán pagar impuestos allí donde vendan sus productos, independientemente de dónde tengan sus oficinas centrales y/o sus operaciones.

En pocas palabras, esta propuesta es un ataque frontal contra jurisdicciones que establecen bajos impuestos a las ganancias corporativas y que por ende han sido utilizadas por décadas por las empresas más grandes del mundo para establecer allí sus headquarters. En concreto, la ya mencionada Irlanda, cuya tasa actual de impuesto a las ganancias corporativas es de 12,5%. Pero Irlanda no es el único país del mundo con tasas menores al 15% propuesto. De hecho, Hungría tiene actualmente una tasa del 9% y Bulgaria del 10%. Más aún, tampoco es claro que la tasa mínima termine quedando en 15%, toda vez que la propuesta de Biden era que se utilizara el 21% como referencia, algo que le daría más espalda para aumentar impuestos en Estados Unidos. De ser así, otros países europeos como Holanda, Lituania y Letonia, todos ellos hoy en día con tasas del 15%, pasarían a estar entre los perjudicados.

La otra gran incógnita pasa por ver qué hará China.

En mi opinión, si bien siempre es difícil lograr este tipo de acuerdos a nivel global, el giro de 180^º que dio Estados Unidos puede llegar a ser decisivo para que el mismo sé dé en algún momento de 2022.

Pero más allá de mi opinión acerca de que en algún momento se va a lograr instrumentar este acuerdo programático, recordemos que el diablo siempre está en los detalles.

En tal sentido, quedan por el momento las siguientes dudas, todas ellas más que relevantes:

• ¿Qué compañías van a terminar afectadas por este mínimo global?
• ¿Qué pasará con los demás incentivos para atraer a las empresas que suelen usar los gobiernos del mundo, más allá de la baja de impuestos? Nos referimos, claro está, a exenciones, subsidios, créditos o cualquier mecanismo que al final de cuentas favorezca a las empresas que terminan afectadas por este impuesto mínimo.
• Finalmente, ¿en serio piensan los burócratas del G-7 que a los abogados tributaristas de las grandes empresas no se les va a ocurrir la forma de estructurar las actividades de estas de manera de minimizar el impacto de las normas que vayan a aprobar? Toda norma tiene loopholes y esta no va a ser de ninguna manera la excepción.

He leído muchas columnas estos últimos días vaticinando, tal cual lo vienen haciendo desde 1998, el fin de los paraísos fiscales.

La realidad es que, mientras haya en el mundo inseguridad jurídica y una voracidad fiscal sin precedentes; y por otro lado continúen los ataques contra la privacidad y los derechos de propiedad de las personas, habrá paraísos fiscales para rato. ¡Y la suerte que tenemos de que los mismos sigan existiendo!

Los paraísos fiscales no desaparecieron con la eliminación de las acciones el portador, con la prohibición de tener regímenes impositivos diferenciados para residentes y extranjeros, con la obligación de firmar acuerdos bilaterales que posibiliten el intercambio de información entre países, con Panama Papers, con FATCA, con CRS, con BEPS ni con las leyes de Substancia Económica; y menos van a desaparecer como consecuencia de esta desafortunada iniciativa.