Sociedades Civiles. Personalidad jurídica y Representación Legal

Martes, 08 de diciembre de 2015

Sociedades Civiles

 

Personalidad jurídica y Representación Legal

 

 

Autor: Dr. Roberto Salgado Valdez

 

 

Cabe, previamente aclarar que los términos ?personalidad jurídica? y ?personería jurídica? no deben confundirse: Personalidad jurídica es el atributo de personas naturales o jurídicas, al ser consideradas como sujetos de derecho autónomos e independientes, mientras que la personería jurídica consiste en la capacidad de obrar de esas personas, dentro del derecho.

 

El artículo 1957, inciso segundo, del Código Civil establece que la Sociedad Civil es una persona jurídica, distinta de los socios individualmente considerados.  Esta definición tiene real trascendencia ya que, al suscribirse el contrato de Sociedad nace jurídicamente una persona jurídica, que es total y absolutamente distinta hasta en lo patrimonial con la personalidad y patrimonio de cada uno de los socios.

 

¿Cuál es la naturaleza de la persona jurídica? 

 

El doctor Francisco J. Salgado nos dice:

 

?Se define a la persona jurídica como un ente ficticio, es decir que propiamente no existe.  Tal vez se quiso decir ?Ideal?.  Porque las personas jurídicas existen, actúan jurídicamente, e, incluso disponen de su patrimonio?  (Dr. Francisco J. Salgado, Curso de Derecho Civil, 1982, página 11).  (Las negrillas son nuestras).

 

?En la persona natural encontramos un elemento, el de su existencia real.  Podemos constatar que existe.  Entratándose de las personas jurídicas, si bien pueden estar conformadas por un conjunto de personas físicas, su existencia es jurídica pero no real, ideal pero no física?  (Dr. Francisco J. Salgado, ob. Citada, 1982, página 11).  (Las negrillas son nuestras).

 

Por su parte el doctor Miguel Macías Hurtado nos dice:

 

?Mucho se ha discutido, y  -aunque con menor intensidad-  todavía se controvierte sobre la naturaleza de las personas jurídicas.

 

Según un primer grupo de doctrinas solamente el hombre es persona; las jurídicas son creación del Derecho, creadas con el fin de lograr objetos que trascienden las posibilidades del individuo (teoría de la ficción).

 

Para un segundo grupo, las personas jurídicas son una realidad que el Derecho reconoce, casi se pueden ver y palpar, por lo demás, la asociación es un fenómeno natural, pues el hombre aislado no existe sino como abstracción (teoría de la realidad).

 

En una zona intermedia se hallan los autores para los cuales la persona jurídica es un patrimonio consagrado a ciertos fines y reconocido como autónomo (teoría del patrimonio de afectación).

 

Finalmente, un cuarto grupo de tratadistas, reaccionando contra las exageraciones de los propugnadores de la teoría de la realidad, que llegan a creer que las personas morales son análogas a las físicas  -sostienen que las personas jurídicas son una realidad, no una ficción; pero una realidad de nuestro mundo jurídico, no de nuestra vida sensible.  Las personas jurídicas no se ven ni se tocan; sin embargo, son institutos jurídicos reales, como lo son reales la herencia o el contrato.  Por eso, se las considera modernamente como aparatos técnicos de unificación de las relaciones que en otro caso serían múltiples, como múltiples son las personas individuales que integran la sociedad. Luego, cuando el legislador concede personalidad jurídica únicamente dota a ciertas agrupaciones humanas de recursos técnicos que faciliten la actividad de estas asociaciones en la vida de relación.  Participo de este criterio.

 

El   Código   Civil    ecuatoriano  indiscutiblemente   acoge   en   su   artículo   583    -actualmente el artículo 564-  la teoría de la Ficción?  (Curso de Derecho Mercantil. Tomo I. Parte General. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito, 1984, página 180).

 

Esta concepción ideal que establece la Ley nos hace necesariamente acudir al artículo 564 del mismo Código Civil cuando define a la persona jurídica:

 

?Se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente?.

 

El Código Civil, en su artículo 40 reconoce que las personas son naturales o jurídicas y luego establece que ?De la personalidad jurídica? y de las reglas especiales relativas a ella se trata en el Título final del Libro I.

 

El artículo 564 constante en el referido Libro I, en su inciso segundo, establece que ?las personas jurídicas son de dos especies: Corporaciones y Fundaciones de beneficencia pública?.

 

El artículo 566 del referido Código excluye de las disposiciones del Título ?De las Personas Jurídicas? a las ?Sociedades Industriales? debiendo, nosotros, entender que se refiere a las Compañías Comerciales o Mercantiles, que ?sus derechos y obligaciones? son reglados, según su naturaleza, por otros Títulos de ese Código y por el Código de Comercio.  Esta disposición, en definitiva, lo que expresa es que tratándose específicamente de esas Sociedades, sus derechos y obligaciones son los que se encuentran regulados en otros Títulos del propio Código Civil y en el Código de Comercio, pero solo en esos dos aspectos y no quiere decir que no sean personas jurídicas (Tan es así que la propia Ley de Compañías, en su artículo 2º reconoce a las Compañías Mercantiles como personas jurídicas).

 

Por consiguiente si las Compañías Mercantiles (?industriales?) son personas jurídicas, con mayor razón, de acuerdo al Código Civil, lo son las Sociedades Civiles.  El artículo 1957, inciso segundo, del Código Civil así lo señala:  ?La Sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados?.  Lo ratifica el doctor Luis Tobar Ribadeneira en su obra ?Las Personas Jurídicas en el Ecuador? cuando se refiere a ellas como ?Personas jurídicas sin fines del lucro??, que se forman para negocios que la Ley no califica como actos de comercio?.   En la página 87, luego, agrega:  ?Las que tienen  finalidad de lucro o sea los que persiguen una ganancia  -en último término pecuniaria-  son las personas industriales que pueden ser civiles o comerciales según la calificación que reciban sus negocios?.

 

Sin embargo, no coincidimos totalmente con este criterio de nuestro querido profesor universitario, ya que consideramos que las Sociedades Civiles sí tienen fines de lucro, obviamente (sin que realicen actos de comercio) clarificado el tema principal, de que son personas jurídicas.  Esa  característica  -la del lucro-  no  es la que define su calidad, sino el que ejerzan o no actos de comercio, característica a la que se refiere para su exclusión el artículo 566 del Código Civil,  como lo define el artículo 1963 del mismo Código.

 

Por ello, definitivamente las Sociedades Civiles constituyen, en términos del Código Civil, corporaciones que constituyen personas jurídicas y, con respecto a ellas, el artículo 570 del mismo Código señala que ?son representadas por las personas a quienes la Ley o las ordenanzas respectivas, o a falta de una y otras, un acuerdo de la corporación, han conferido este carácter? y el artículo 1464 señala también que ?lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultado por ella o por la Ley para representarla, surte respecto del representado iguales efectos que si hubiese contratado él mismo?.

 

La Sociedad Civil constituye un ser de derecho, que tiene capacidad de goce, pero para su capacidad de ejercicio, por tratarse de una creación ideal del derecho, requiere del ejercicio de ?personalidad jurídica?, ?ser representada judicial y extrajudicialmente?, asemejándose a un incapaz relativo conforme lo determine el artículo 1463, inciso tercero, del Código Civil.

 

En consecuencia, si las Sociedades Civiles requieren, para efectos externos, necesariamente ser representadas judicial y extrajudicialmente, siendo corporaciones, deben ser representadas por las personas a quienes la ley o un acuerdo de la corporación les confiere tal carácter, de modo que, lo que estas personas ejecuten a nombre de ella, surten respecto de ella iguales efectos que si hubiese contratado ella mismo.  Por consiguiente estamos hablando de que requieren de un ?representante legal?, de aquellos previstos en el artículo 28 del mismo Código:

 

?Son representantes legales de una persona, el padre o la madre, bajo cuya patria potestad vive; su tutor o curador; y lo son de las personas jurídicas, los designados en el artículo 570?.

 

Justamente, como ya lo hemos visto el artículo 570 establece el caso de las corporaciones, como lo son las Sociedades Civiles.

 

Ha sido importante mencionar estas disposiciones legales en que se fundamenta la necesaria representación legal que deben tener las Sociedades Civiles, para sustentar, desde ya, que todas ellas requieren de un representante legal y que aquellos socios que ostentan su administración, de acuerdo al artículo 1965 del Código Civil, no pueden modernamente ser considerados mandatarios strictu sensu  -a pesar de que en muchos casos la Ley utiliza ese término-  sino representantes legales, lo que equivale a decir que entre ellos y la Sociedad, es decir, en lo interno, no existe una real relación de mandato en los términos establecidos en el propio Código Civil y que, cuando la Ley se refiere a ?mandato?, ?mandante?, ?mandatario?, lo hace refiriéndose modernamente más bien al ejercicio de una relación de representación, como órgano de la Sociedad, en la que las órdenes de administración están sustentadas en las disposiciones establecidas en el contrato social y en las disposiciones de los socios, en la forma que lo prevea dicho contrato.

 

?Como característica propia de las sociedades intitu personae, se establece que todos los socios tienen vocación directa para ejercer la administración y representación legal de la compañía.  Es decir la gestión social es conjunta y directa, salvo que se delegue en un tercero o en un consocio por disposición expresa de los estatutos de la sociedad? (Francisco Reyes Villamizar, Derecho Societario, Editorial Temis, Bogotá, Volumen I, página 53).

 

Por eso el principio de autonomía de la voluntad en derecho privado, en nuestro criterio posibilita además el que el representante legal de estas Sociedades pudiera ser alguien que no tiene la calidad de socio.  El artículo 1965, inciso segundo, del Código Civil así lo ratifica además cuando señala que ?Los socios administran por sí o por un mandatario elegido de común acuerdo?, lo que conlleva, a nuestro modo de ver las cosas, la posibilidad de que ese ?mandatario?  -representante legal-  pueda ser un extraño  (como también  lo acaba de afirmar Francisco Reyes Villamizar, en la anterior cita).

 

Es importante dejar establecido esta concepción jurídica, porque la misma debe aplicarse, en general, no solo en todas las Sociedades Civiles  -que es puntual materia en este momento de nuestro estudio-  sino también en las Sociedades Comerciales, de modo que, en su momento, cuando más adelante las estudiemos, se deberá tomar en consideración estos esenciales aspectos.

 

Con estas aclaraciones, no nos resta sino decir que no está por demás reiterar que el artículo 566 del mismo Código Civil establece que las Sociedades Industriales no están comprendidas en las disposiciones del Título XXX (De las Personas Jurídicas) que acabamos de revisar con respecto a las Sociedades Civiles, y que sus derechos y obligaciones son reglados, según su naturaleza, por otros títulos de ese Código y por el Código de Comercio.  Cabe aclarar que ?Sociedades Industriales?, en este particular caso, constituyen las ?Sociedades Comerciales o Mercantiles? y que la referencia a las normas de ?este Código? es al ?Código Civil? y concretamente al Título XXVI, ?De la Sociedad? y que la referencia al ?Código de Comercio? se la hizo cuando este cuerpo legal contenía las normas de aplicación para las Sociedades Mercantiles, que hoy se contienen en la Ley de Compañías, por lo que, en última instancia, tal referencia se refiere a esta última Ley.  Pero, conforme se observará, la concepción jurídica de la representación legal aplicable a la administración de estas Compañías Mercantiles es la misma prevista para las Sociedades Civiles.

 

No comparte nuestro criterio de que en las Sociedades no existen mandatarios sino representantes legales, por ejemplo, Antonio Rocha, en ?Lecturas sobre la Sociedad Colectiva?, Ediciones Lerner Ltda., Bogotá, 1968, cuando en la página 118, nos dice que:

 

 ?Hay una tendencia legal y doctrinaria en ciertos países a considerar que el Gerente es un órgano de la Sociedad y no un simple mandatario.  La diferencia entre el órgano y el mandatario es que el órgano es necesario para la vida del ser y el mandatario no y se dice: No se concibe una persona jurídica sin representante, a la cabeza de ella.  En nuestro sistema legal no cabe esa teoría, por lo menos en las Sociedades Colectivas, dado que la administración les corresponde de derecho a todos y a cada uno de los socios y que éstos se han conferido un mandato recíproco en la razón social?.

 

Cabe aclarar, de lo que hemos investigado, que la legislación mercantil colombiana aparentemente no es igual a la ecuatoriana (sin perjuicio de que su normativa civil prácticamente es la misma); por ello suponemos que Rocha opina que en su sistema legal  ?no cabe esta teoría? del órgano en la administración sino la del ?mandato recíproco en la razón social?.  En la ecuatoriana, sin duda, las normas de nuestro Código Civil efectivamente establecen también el ?mandato recíproco en la razón social? pero que se basa no en el contrato de mandato sino en el de Sociedad, pero nuevas normas incorporadas posteriormente en otras leyes  -como la de Registro e Inscripciones y las de la Ley de Compañías?-   modificaron, en nuestro criterio, de ?mandato? por el de un ?órgano?, como bien lo aclaró en nuestro país desde hace algunos años el doctor Jorge Egas Peña.  Por ello nosotros pensamos que efectivamente existe una especie de ?mandato? (pero entendido como ?representación?) por ?disposición contractual?,  para que los propios socios, uno o más de ellos, o un tercero, como órgano ejerzan la ?representación? de la persona jurídica.  Lo que sucede es que las normas del Código Civil  -e inclusive de la propia Ley de Compañías-  no se actualizaron en base a estos nuevos conceptos y continúan tratando el tema bajo la denominación de ?mandato? y ?mandatario?, conceptos ya superados por el derecho societario moderno.

 

Este es un tema que hemos debido tratarlo con cierta profundidad, porque se trata de dos instituciones parecidas pero distintas: Representación convencional (Mandato) y Representación legal (Representación que surge de la Ley).

 

Debemos, en consecuencia, y como un asunto gravitante, societariamente, definir la situación de estas instituciones en el Ecuador, con  mira en especial al contenido del artículo 13 de la Ley de Compañías, e inclusive de normas jurídicas previstas en otras Leyes como son las incluidas al respecto en el Código del Trabajo, en la Ley de Seguridad Social y en la de Régimen Tributario Interno, en especial por la solidaridad personal de estos representantes en las obligaciones de la Compañía.

 

Lo dicho, por supuesto, no elimina en forma alguna la aplicación y existencia del contrato de mandato en las Sociedades o Compañías, conforme también, en su momento, se analizará cuando el representante legal de ellas otorga poderes.

 

Sociedad Civil constituye contrato consensual

 

 El Contrato de Sociedad Civil es, por regla general, consensual y, excepcionalmente, solemne; no requiere aprobación de ninguna autoridad, valga decir ninguna aprobación judicial, salvo el caso de que se trate de una Compañía Anónima Civil que, antes de las reformas de la Ley de Compañías de 29 de abril del 2014, necesariamente, requerían de la autorización y aprobación de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros e inscripción en el Registro Mercantil conforme se señala en la Doctrina No. 8 de la Superintendencia de Compañías.  Tan pronto el contrato se encuentra perfeccionado, ya por el simple consentimiento o ya por haberse cumplido adicionalmente con la solemnidad, la Sociedad adquiere personalidad jurídica.  ?El contrato de Sociedad es consensual.  No requiere de solemnidad alguna o requisito de forma?, nos dice el doctor Francisco J. Salgado, en su ?Curso de Derecho Civil?, 1982, pág. 28.  En la página 238 de ?Consultas Societarias?, 2005, de la Superintendencia de Compañías, por eso, dice: 

 

?Las Sociedades Civiles Colectiva y En Comandita Simple para su formación no requieren de ninguna solemnidad .... por lo que su constitución puede hacerse a través de un contrato meramente consensual, quedando librado a la voluntad de las partes el que puedan contenerlo en un documento escrito para los efectos legales ?ad probationem?.  En consecuencia, no requieren de la aprobación ni de la Superintendencia de Compañías, ni de los Jueces de lo Civil?.  

 

Por eso el segundo inciso del artículo 1957 del Código Civil establece que la Sociedad forma una persona jurídica, distinta de los socios individualmente considerados (Lo que fue ratificado y confirmado por el artículo 144 de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil de 29 de abril del 2014, que añadió la Disposición General Tercera a la Ley de Compañías: ?Las Compañías de comercio gozan de personalidad jurídica propia y, en consecuencia, un sujeto de derecho distinto de sus socios).  Por eso también, el artículo 1969 del mismo cuerpo legal establece que no expresándose plazo o condición para que tenga principio la Sociedad, se entenderá que principia en la fecha del mismo contrato.

 

Lamentablemente debemos reiterar que no es raro encontrar algunos casos en que, en nuestro país, existen Jueces de lo Civil que aprueban por sentencia estas Sociedades Civiles; en muchos casos, las aprueban, contraviniendo la Ley, ya que las ?autorizan? como ?Civiles y Comerciales?  y, lo que es más grave:  Que siendo Sociedades Civiles ordenan su inscripción en el Registro Mercantil.  Estas Sociedades, ?Civiles y Comerciales?, que no requieren de ninguna autorización judicial, aún obteniéndola, son nulas de nulidad absoluta, aún cuando hubieren sido aprobadas judicialmente.

 

Sin embargo, excepcionalmente, los socios deben acordar un contrato solemne cuando la materia del aporte de cualquiera de ellos constituya uno o más inmuebles o derechos constituidos sobre un inmueble por una parte y, por otra, tratándose de Sociedades Civiles Anónimas las mismas que, de conformidad con lo establecido en el artículo 1968 del Código Civil y artículo 143 de la Ley de Compañías, se encuentran sujetas a las mismas reglas que las Sociedades Comerciales Anónimas.  En estos dos casos excepcionales el contrato de Sociedad Civil debe celebrarse por escritura pública y, en el primero de ellos, inscribirse, para efectos de la tradición del inmueble, en el Registro de la Propiedad que corresponda al Cantón donde se encuentre ubicado el inmueble materia del aporte.

 

Artículo publicado en el ?Tratado de Derecho Empresarial y Societario? Tomo I

 

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