Política y principios sanos

Martes, 20 de diciembre de 2005


POLíTICAS, PRINCIPIOS Y PROTECCIÓN

El Estado y la familia

 

Por: Dr. Juan Larrea Holguín
Actualidad Jurídica
Corporación de Estudios y Publicaciones

YA QUE EL FIN DEL ESTADO consiste en procurar el bien común, no puede desentenderse de la familia, que forma la estructura más íntima de la sociedad y constituye su célula fundamental. El bien común no afecta solamente a los individuos aislados, sino que se realiza principalmente a través de las varias organizaciones sociales, y la primera de ellas, por su antigüedad, su importancia y su necesidad vital, es, sin duda alguna, la familia.

El Estado debe asumir las diversas realidades sociológicas, las razas, culturas, idiomas, principios éticos profesados por las personas, religiones, organizaciones, etc., y no le corresponde crear estas realidades, o distorsionarlas, sino aceptarlas como son, con sus características naturales y respetarlas con sus correspondientes derechos.

Le corresponde al Estado, vigilar, fomentar, suplir y estimular a las organizaciones menores, para que, sin desvirtuarse, cumplan sus propias finalidades, encontrando en el Estado, en sus organismos y autoridades, una ayuda, nunca tropiezos y dificultades para su progreso y perfeccionamiento.
Sería absurdo, por tanto, que el Estado mirara a la familia con indiferencia, como si no fuera su elemento constitutivo esencial; sería indigno que actuara frente a la familia como una superestructura tiránica, impositiva, que tratara de desvirtuar las características de la familia; sería intolerable que el Estado arrebatara a la familia sus propios derechos, suplantara a ella en el cumplimiento de sus finalidades o pusiera trabas para alcanzarlas.

Estas diversas actitudes ilícitas, por desgracia, no han sido infrecuentes en nuestro medio; a veces, mediante leyes contrarias al Derecho Natural se ha atacado la estabilidad de la familia. su recta conformación, sus derechos, como el de educar a los hijos, otras veces, medidas administrativas o la negligente actuación de algunos funcionarios, han afectado a la familia.

Política y principios sanos

Los principios recogidos en la Constitución suelen ser muy sanos, pero su aplicación en la legislación secundaria a veces es totalmente contradictoria. Por ejemplo, hay un abismo entre la "protección a la familia", y las progresivas facilidades legales para disolver el vínculo matrimonial.

¿Cómo se puede hablar de protección a la familia si se debilita mas y más el matrimonio sobre el que se constituye legalmente la familia?

Una política sana tendría que asumir con valentía las obligaciones del Estado frente a la familia, para protegerla, estimularla y ayudarla en el cumplimiento de sus finalidades de transmisora de la vida, de creadora de comunidades, de educadora de niños y jóvenes y de elemento de estabilidad social.

Siguiendo esa orientación, las leyes y las autoridades tendrían que facilitar la celebración del matrimonio y no poner los innumerables obstáculos que actualmente han creado nuestras defectuosas leyes.

Inspirándose en esos sanos principios, el Estado tendría que eliminar, en la medida de lo posible, lo que atenta contra la estabilidad de la familia y procurar, mas bien, los medios para robustecer su solidez y permanencia. Medios económicos, culturales, políticos, jurídicos, los tiene y en abundancia, pero muchas veces ni se los conoce ni se empeña nadie en utilizarlos.

Estímulos, desgravaciones de impuestos, préstamos, facilidades para adquirir vivienda adecuada, para constituir patrimonio familiar, represión de la pornografía, de la apología del delito, del divorcio, del infanticidio, el aborto, el tráfico de drogas anticonceptivas y estupefacientes... estos y muchos más son medios al alcance de las autoridades, pero muchas veces falta la decisión de emplearlos, o se piensa torcidamente respecto de ellos.

La educación de los hijos comienza en la familia, y en cualquier edad de la vida requiere de la colaboración de la familia y nunca se podrá razonablemente prescindir de ella. Luego, el Estado debe proporcionar a cada hogar las facilidades para que pueda cumplir adecuadamente esa función insustituible y que tanta importancia tiene para el progreso de toda la sociedad y para alcanzar el pleno desarrollo integral de cada individuo. Aquí se cometen también muchas injusticias y discriminaciones, favoreciendo a unos y negando subsidios y derechos a otros.
La política respecto a la familia debe beneficiar a todas ellas, sin excepción, cualquiera que sea su forma de constitución, su situación regular o irregular; todas merecen protección, amparo y estímulo; pero no todas de la misma manera, porque esto sería profunda mente inmoral, desalentador del bien y favorecedor del desorden, del abuso, del vicio. Una equiparación absoluta de cualquier unión irregular con el matrimonio, no es justa ni con el mismo matrimonio, ni con la familia, ni con la sociedad toda; no puede traer sino malas consecuencias.

Esta breve enumeración de problemas -ciertamente muy arduos y complejos-, puede hacer reflexionar sobre lo mucho que se debe cambiar en nuestra legislación, en nuestras costumbres y en las actuaciones de algunas autoridades. Los partidos políticos deberían analizar estos problemas con serenidad y proponer soluciones concretas, y los ciudadanos deberían escoger, con conciencia bien formada, las mejores soluciones.

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