Administración del Señor Guillermo Lasso Mendoza

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Martes 26 de mayo de 2021 (R. O.459, 26–mayo l -2021

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDOS:

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA:

00011-2021 Concédese personería jurídica y apruébese el Estatuto de la Fundación Vista Sana, domiciliada en la ciudad de Quito provincia del Pichincha

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Y OBRAS PÚBLICAS:

024-2021 Deléguese al Subsecretario Zonal 4 para que ejecute el proceso de «Adquisición de Puentes Metálicos CB 200 Tipo Bailey Doble Simple Reforzado de Distintas Longitudes, para las Diferentes Vías de la Provincia de Manabí

EXTRACTOS:

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO:

• De pronunciamientos del mes de abril de 2021

RESOLUCIONES:

UNIDAD DEL REGISTRO SOCIAL:

URS-DEJ-2021-0005-R Expídese el Código de Ética

FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA

Y CONTROL SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA

POPULAR Y SOLIDARIA – SEPS:

SEPS-IGT-IGJ-INFMR-DNILO-2021-0110 Declárese disuelta y liquidada a la Asociación de Producción Pesquera Artesanal y Afines 15 de Julio, domiciliada en el cantón Duran, provincia del Guayas……………………

Año II – N° 459-48 páginas

Quito, miércoles 26 de mayo de 2021

Miércoles 26 de mayo de 2021 Registro Oficial N° 459

Págs.

GOBIERNOS AUTÓNOMOS

DESCENTRALIZADOS

ORDENANZAS MUNICIPALES:

-……… Cantón Ambato: Específica de nomenclatura vial para el pasaje Oregón, ubicado en el barrio Los Laureles de la parroquia Huachi Grande……. 39

– Cantón Salcedo: Que expide la primera Ordenanza reformatoria a la Ordenanza que regula la administración y funcionamiento del Terminal Terrestre de Transporte Público de Pasajeros………………………………………… 43

Registro Oficial N° 459 Miércoles 26 de mayo de 2021

000 11 -2021

EL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA

CONSIDERANDO:

QUE, el Estado reconoce y garantiza a las personas, el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse de forma libre y voluntaria, así como las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos, conforme lo prescrito en los artículos 66 y 96 de la Constitución de la República del Ecuador;

QUE, el Estado garantiza el derecho a la libre asociación, así como sus formas de expresión; generando mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las organizaciones existentes, además promoverá y desarrollará políticas, programas y proyectos que se realicen con el apoyo de las organizaciones sociales, y prestarán apoyo y capacitación técnica, facilitando su reconocimiento y legalización, conforme lo previsto en los artículos 31, 32 y 33 de la Ley Orgánica de participación Ciudadana.

QUE, no son personas jurídicas las fundaciones o corporaciones que no se hayan establecido en virtud de una ley, o que no hayan sido aprobadas por el Presidente de la República por lo que los estatutos de las corporaciones y fundaciones deberán ser sometidos a la aprobación del Presidente de la República si no tuvieren nada contrario al orden público, a las leyes o a las buenas costumbres, conforme lo prescrito en el artículo 565 y 567 de la Codificación del Código Civil;

QUE, la máxima autoridad administrativa ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia, pudiendo delegar el ejercicio de sus competencias a otros órganos de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes, conforme lo previsto en los artículos 47 y 69 del Código Orgánico Administrativo COA;

QUE, el Presidente de la República, con Decreto Ejecutivo No. 339, publicado en el Registro Oficial No. 77 de 30 de noviembre de 1998, delegó a cada Ministro de Estado la facultad para que de acuerdo al ámbito de su competencia, apruebe y reforme los estatutos de las organizaciones pertinentes y les otorgue personalidad jurídica;

QUE, con Decreto Ejecutivo No. 193 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 109 de 27 de octubre de 2017 se expidió el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, cuyo artículo 4 establece los tipos de organizaciones que se puede constituir: a saber fundaciones, corporaciones, u otras formas de organización social nacionales o extranjeras;

QUE, a través de Decreto Ejecutivo 1286 expedido el 08 de abril de 2021, el Presidente Constitucional de la República designó al doctor Camilo Aurelio Salinas Ochoa como Ministro de Salud Pública;

QUE, el artículo 9 del Reglamento referido señala que son Corporaciones las entidades de naturaleza asociativa, conformadas por un número mínimo de cinco miembros, expresada mediante acto constitutivo, colectivo y voluntario, que tiene como finalidad la promoción y búsqueda de bien común de sus miembros, el bien público en general o de una colectividad en particular; pudiendo ser de primer, segundo o tercer grado; además, en el artículo 12 del mismo Reglamento se establecen los requisitos y procedimiento para la concesión de la personalidad jurídica y aprobación del estatuto de la organización;

QUE, conforme consta en el Acta Constitutiva de 20 de septiembre de 2020, los miembros de la FUNDACIÓN VISTA SANA en constitución, se reunieron con la finalidad de constituir la referida organización, así como para la aprobación del estatuto, cuyo ámbito de acción es: «(…) el promover la planificación, coordinación (…)»;

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Miércoles 26 de mayo de 2021 Registro Oficial N° 459

QUE, de conformidad con el «Informe de cumplimiento de requisitos de las organizaciones sociales y ciudadanas» No. DNAL-GCL-06-2021 de 16 de marzo de 2021, la Dirección Nacional de Asesoría Legal realizó la revisión y análisis del expediente que contiene el acta constitutiva, el proyecto de estatuto; y la declaración juramentada mediante la cual se acredita el patrimonio de la Fundación determinando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales; y,

EN EJERCICIO DE US ATRIBUCIONES PREVISTAS EN EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 154 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Y EL ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO ORGÁNICO

ADMINISTRATIVO

EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES PREVISTAS EN EL NUMERAL 1 DEL

ARTÍCULO 154 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Y EL

ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO

ACUERDA:

Art. 1.- Conceder personalidad jurídica y aprobar el estatuto de la FUNDACIÓN VISTA SANA, con domicilio en la ciudad de Quito provincia del Pichincha, por haber cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales.

Art. 2.- Registrar en calidad de miembros fundadores que suscribieron el acta constitutiva de la organización:

APELLIDOS Y NOMBRES

NÚMERO DE CÉDULA

Atoche Moreno Deicy Carmita

0702834953

Mitte Solorzano Miller Daniel

1312800954

Art. 3.- Disponer que la FUNDACIÓN VISTA SANA, registre la directiva definitiva elegida para el período correspondiente de conformidad con el estatuto aprobado en el plazo de TREINTA DÍAS posteriores a la fecha de entrega recepción de este Acuerdo Ministerial.

Art. 4.- Registrar de forma provisional la Directiva Electa en Asamblea General Constitutiva de 21 de septiembre de 2020, conforme las siguientes dignidades:

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Registro Oficial N° 459 Miércoles 26 de mayo de 2021

DIGNIDADES

APELLIDOS Y NOMBRES

NÚMERO DE CÉDULA

PRESIDENTA PROVISIONAL

Atoche Moreno Deicy Carmita

0702834953

SECRETARIO PROVISIONAL

Mitte Solórzano Miller Daniel

1312800954

Art. 5.- Hágase conocer al Representante Legal del presente Acuerdo Ministerial.

Art. 6.- De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial encárguese la Dirección Nacional de Consultoría Legal de la Coordinación General de Asesoría Jurídica.

Disposición Final Única.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a, » , ».„. „„

Dictó y firmo el Acuerdo Ministerial, que antecede el señor Dr. Camilo Salinas Ochoa, Ministro de Salud Pública, el 04 de mayo de 2021.

Lo certifico.-

Miércoles 26 de mayo de 2021 Registro Oficial N° 459

ACUERDO MINISTERIAL Nro. 024 – 2021

MARCELO LOOR SOJOS

MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que a los Ministros y Ministras de Estado, les corresponde «ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión».

Que, los artículos 226 y 227 de la Constitución de la República del Ecuador establecen respectivamente que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución», y que: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación».

Que, el artículo 288 de la Carta Magna dispone lo siguiente: «Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas.»;

Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, determinan los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la adquisición de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría;

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Que, el numeral 9a del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, define el acto de delegación como: «Es la traslación de determinadas facultades y atribuciones de un órgano superior a otro inferior, a través de la máxima autoridad, en el ejercicio de su competencia y por un tiempo, determinado. Son delegables todas las atribuciones previstas en esta Ley para la máxima autoridad de las entidades y organismos que son parte del sistema nacional de contratación pública. La resolución que la máxima autoridad emita para el efecto podrá instrumentarse en decretos, acuerdos, resoluciones, oficios o memorandos y determinará el contenido y alcance de la delegación, sin perjuicio de su publicación el Registro Oficial, de ser el caso (…) En el ámbito de responsabilidades derivadas de las actuaciones producto de las delegaciones o poderes emitidos, se estará al régimen aplicable de la materia».

Que, el artículo 7 del Código Orgánico Administrativo, al referirse al principio de desconcentración, establece que: «La función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de funciones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre los órganos de una misma administración pública, para descongestionar y acercar las administraciones a las personas».

Que, el artículo 47 del Código ibídem establece que: «La máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley».

Que, los artículos 69 y 70 del mismo Código establecen respectivamente que: «Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en: 1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes. 2. Otros órganos o entidades de otras administraciones. 3. Esta delegación exige coordinación previa de los órganos o entidades afectados, su instrumentación y el cumplimiento de las demás exigencias del ordenamiento jurídico en caso de que existan. 4. Los titulares de otros órganos dependientes para la firma de sus actos administrativos. 5. Sujetos de derecho privado, conforme con la ley de la materia. 6. La delegación de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia»; y, que la delegación contendrá: «1. La especificación del delegado. 2. La especificación del órgano delegante y la atribución para delegar

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dicha competencia. 3. Las competencias que son objeto de delegación o los actos que el delegado debe ejercer para el cumplimiento de las mismas. 4. El plazo o condición, cuando sean necesarios. 5. El acto del que conste la delegación expresará además lugar, fecha y número. 6. Las decisiones que pueden adoptarse por delegación».

Que, así mismo, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva establece que: «Los ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales. Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delegado».

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1254 de 8 de marzo de 2021, el Licenciado Lenin Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República, designó como máxima autoridad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas al Dr. Jorge Marcelo Loor Sojos.

Que, mediante memorando Nro. SUBZ4-2021-1334-ME, de 28 de abril de 2021, el Ing. Iván Fernando Ganchozo Villavicencio, Subsecretario Zonal 4, Encargado, solicitó al Dr. Jorge Marcelo Loor Sojos, Ministro de Transporte y Obras Públicas, se efectúe la delegación para llevar a cabo el proceso de «ADQUISICIÓN DE PUENTES METÁLICOS CB 200 TIPO BAILEY DOBLE SIMPLE REFORZADO DE DISTINTAS LONGITUDES, PARA LAS DIFERENTES VÍAS DE LA PROVINCIA DE MANABÍ», por un presupuesto referencial de Diez Millones 00/100 Dólares Americanos (USD 10.000.000,00),INCLUIDO IVA; y con un plazo de ejecución de (150) ciento cincuenta días calendario.

Que, con sumilla inserta en el recorrido del memorando Nro. Nro. SUBZ4-2021- 1334-ME, dentro del Sistema de Gestión Documental Quipux, el Dr. Jorge Marcelo Loor, Ministro de Transporte y Obras Públicas dispone la Abg. María Sol Sevilla, Coordinadora General de Asesoría Jurídica (S) del MTOP revisar y efectuar las acciones que competen.

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Que, mediante memorando MTOP-DAJ-2021-0203-ME, de 29 de abril de 2021, el Abg. Nilo Gabriel Cárdenas, Director de Asesoría Jurídica, encargado, remite a la Abg. María Sol Sevilla Villagómez, Coordinadora General de Asesoría Jurídica, subrogante, el informe de procedencia para la suscripción del Acuerdo Ministerial mediante el cual se delega al Subsecretario Zonal 4 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que ejecute el proceso de «ADQUISICIÓN DE PUENTES METÁLICOS CB 200 TIPO BAILEY DOBLE SIMPLE REFORZADO DE DISTINTAS LONGITUDES, PARA LAS DIFERENTES VÍAS DE LA PROVINCIA DE MANABÍ»

Que, mediante memorando MTOP-CGJ-2021-156-ME, de 29 de abril de 2021, la Abg. María Sol Sevilla Villagómez, Coordinadora General de Asesoría Jurídica, subrogante, acoge el informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, y recomienda al Ministro de Transporte y Obras Públicas la suscripción del Acuerdo Ministerial mediante el cual se delega al Subsecretario Zonal 4 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que ejecute el proceso de «ADQUISICIÓN DE PUENTES METÁLICOS CB 200 TIPO BAILEY DOBLE SIMPLE REFORZADO DE DISTINTAS LONGITUDES, PARA LAS DIFERENTES VÍAS DE LA PROVINCIA DE MANABÍ»

Que, es necesario optimizar la gestión administrativa; con el objetivo de atender el desarrollo óptimo, eficiente y eficaz del proceso de contratación pública, para la «Adquisición de Puentes Metálicos CB 200 Tipo Bailey Doble Simple Reforzado de Distintas Longitudes», que se encuentra planificado en la Subsecretaría Zonal 4, ya que con esta adquisición se fortalecerá la conexión de los diferentes cantones y parroquias rurales de la Provincia de Manabí.

En ejercicio de las atribuciones que concede el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 69 y siguientes del Código Orgánico Administrativo, así como el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,

ACUERDA:

Artículo 1.- DELEGAR al Subsecretario Zonal 4 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para que, con apego a la normativa vigente, en especial a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y Resoluciones del SERCOP, ejecute el proceso de «ADQUISICIÓN DE PUENTES METÁLICOS CB 200 TIPO BAILEY DOBLE SIMPLE REFORZADO DE DISTINTAS

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LONGITUDES, PARA LAS DIFERENTES VÍAS DE LA PROVINCIA DE MANABI» por un presupuesto referencial de Diez Millones 00/100 Dólares Americanos (USD 10.000.000,00), INCLUIDO IVA; y, con un plazo de ejecución de (150) ciento cincuenta días calendario.

Artículo 2.- El funcionario delegado, a estos efectos queda facultado para:

1. Autorizar los trámites correspondientes para la fase preparatoria del procedimiento de contratación;
2. Autorizar el inicio de la fase precontractual del procedimiento de contratación;
3. Aprobar los pliegos del procedimiento precontractual;
4. Suscribir las resoluciones de inicio, adjudicación, de cancelación o declaratoria del desierto del procedimiento, y en caso de que corresponda, ordenar la reapertura o archivo del proceso;
5. Designar a los miembros de la Comisión Técnica, de conformidad a lo establecido en el artículo 18 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;
6. Suscribir el contrato con el proveedor que fuere seleccionado y adjudicado dentro del proceso de contratación;
7. Designar los miembros que suscribirán el acta de entrega recepción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 123,124 y 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y demás normativa legal aplicable vigente;
8. Designar administrador del contrato;
9. Suscribir los contratos modificatorios que, de ser el caso se requiera, de conformidad con lo establecido en Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento de Aplicación;
10. Resolver motivadamente la terminación anticipada de los contratos sea en forma unilateral o por mutuo acuerdo, según corresponda, previo informe del administrador del contrato y de la Unidad Jurídica de la Subsecretaría Zonal, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y demás normativa legal aplicable vigente;
11. Autorizar prorrogas y suspensiones de plazo o de actividades del contrato solicitados por el contratista de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y demás normativa legal aplicable vigente;

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I) Conocer y resolver los reclamos y recursos administrativos presentados dentro de los procedimientos que se realicen como efecto de la presente delegación; y,

m) En general, realizar toda actividad o acto necesario para cumplir con la normativa legal aplicable vigente en materia de contratación pública y disposiciones emitidas por la máxima autoridad para el cumplimiento del presente Acuerdo.

Artículo 3.- Esta delegación es específica, y por tanto no se requerirá de otras autorizaciones para tomar decisiones que se encuentren orientadas a su total y correcta ejecución, la que se mantendrá vigente hasta el cierre final del contrato.

Artículo 4.- El funcionario delegado será responsable administrativa, civil y penalmente ante los Organismos de Control y ante el Ministro de Transporte y Obras Públicas por los actos realizados en ejercicio de esta delegación.

DISPOSICIÓN FINAL- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia desde su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Marcelo Loor Sojos.

MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

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Dado en la ciudad de Quito, D.M., a los 11 días del mes de mayo del año 2021. COMUNÍQUESE y PUBLÍQUESE.-

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PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA INSTITUCIONAL

EXTRACTO DE PRONUNCIAMIENTOS

ABRIL 2021

ATRIBUCIÓN DE COACTIVA

OF. PGE. N°: 13707 de 28-04-2021

CONSULTANTE: SECRETARÍA TÉCNICA DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO (SETEGISP)

CONSULTA:

«¿Es procedente que la atribución de coactiva sea aplicada por este Organismo Público y cuál es el procedimiento que debería implementar esta Secretaría Técnica para ejercer la facultad de la ejecución Coactiva establecida en el Decreto Ejecutivo 503, tomando en consideración lo determinado en el Código Orgánico Administrativo y la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado?».

PRONUNCIAMIENTO:

En atención a los términos de su consulta se concluye que, de conformidad con el artículo 261 del Código Orgánico Administrativo, las entidades públicas requieren habilitación de norma con rango de ley para el ejercicio de la potestad coactiva, que no existe en el caso de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público. En consecuencia, para la recaudación de créditos, esa secretaría deberá coordinar con la Contraloría General del Estado el ejercicio de la coactiva, de conformidad con lo previsto en los artículos 31 numeral 32 y 57 inciso final de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, siempre que no se trate de aquellos provenientes de contratos sujetos a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que se rigen por los mecanismos de solución de controversias establecidos por esa ley.

El presente pronunciamiento deberá ser entendido en su integridad y se limita a la inteligencia y aplicación general de normas jurídicas, siendo de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante su aplicación a los casos institucionales específicos.

ACCESO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS A LA COMUNICACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OF. PGE. N°: 13649 de 22-04-2021

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CONSULTANTE: CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES (CONADIS)

CONSULTA:

«Mediante el presente solicito a su Autoridad, se sirva disponer a quien corresponda, se emita criterio jurídico respecto de cuál es la Dependencia competente para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación; toda vez que, la Superintendencia de la Información y Comunicación fue suprimida mediante la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación, expedida mediante Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 432 de 20 de febrero del 2019».

PRONUNCIAMIENTO:

En atención a los términos de su consulta se concluye que, de conformidad con los artículos 37, 45, 46 y 49 de la Ley Orgánica de Comunicación, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, es el encargado del sistema de comunicación social para garantizar el acceso y ejercicio de los derechos a la comunicación de las personas con discapacidad y consecuentemente es la entidad competente para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación, una vez que la Superintendencia de la Información y Comunicación fue suprimida.

El presente pronunciamiento deberá ser entendido en su integridad y se limita a la inteligencia y aplicación general de normas jurídicas, siendo de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante su aplicación a los casos institucionales específicos.

GRADUADOS EN EL EXTRANJERO: PRÁCTICAS PREPROFESIONALES OF. PGE. N°: 13619 de 20-04-2021 CONSULTANTE: CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSULTA:

«¿De conformidad con lo establecido en los reformados artículos 324 y 332 del Código Orgánico de la Función Judicial, es factible determinar si la homologación continúa siendo un requisito para la emisión de las credenciales profesionales para aquellos abogados graduados en el extranjero que así lo requieran al Consejo de la Judicatura, o en su defecto, únicamente bastará con el registro respectivo en la Secretaría de

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Miércoles 26 de mayo de 2021 Registro Oficial N° 459

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación para que los mismos puedan acceder a las correspondientes prácticas pre profesionales y posteriormente a la obtención de la aludida credencial?»

PRONUNCIAMIENTO:

Por lo expuesto, en atención a los términos de su consulta se concluye que, de conformidad con los artículos 126 de la Ley Orgánica de Educación Superior, 57 de su Reglamento, 8, 13 y 15 del Reglamento sobre Títulos y Grados Académicos obtenidos en instituciones extranjeras, y de acuerdo con el artículo 324 del Código Orgánico de la Función Judicial, para que un abogado graduado en el exterior pueda acceder a las prácticas preprofesionales que le habiliten a ejercer el patrocinio mediante la entrega de la credencial profesional y el registro en el Foro de Abogados, el Consejo de la Judicatura deberá requerir la presentación del registro del título por parte de la SENESCYT, ya sea por reconocimiento, homologación o revalidación, según el caso.

El presente pronunciamiento deberá ser entendido en su integridad y se limita a la inteligencia y aplicación general de normas jurídicas, siendo de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante su aplicación a los casos institucionales específicos.

INTEGRACIÓN DEL COMITÉ, FUNCIONES Y RECTORÍA DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO

OF. PGE. N°: 13617 de 20-04-2021

CONSULTANTE: SECRETARÍA TÉCNICA DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO (SETEGISP)

CONSULTA:

«¿Se mantiene vigente el Comité de Inmobiliar, sus funciones y la rectoría de (sic) Sistema Nacional de Gestión Inmobiliaria del Sector Público para los bienes del sector público; considerando la emisión del Decreto Ejecutivo Nro. 1107, de 31 de julio de 2020, en razón del proceso de transformación y reorganización que atraviesa la Institución y que nos adscribe directamente con la Presidencia de la República?».

PRONUNCIAMIENTO:

Por lo expuesto, en atención a los términos de su consulta se concluye que, sin perjuicio de la transformación de la Unidad de Gestión Inmobiliaria del Sector Público en la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, dispuesta por el Decreto Ejecutivo No. 798, la integración del Comité, sus funciones y la rectoría del Sistema

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Registro Oficial N° 459 Miércoles 26 de mayo de 2021

Nacional de Gestión Inmobiliaria del Sector Público para los bienes del sector público están reguladas por los artículos 3 y 4 del Decreto Ejecutivo No. 503.

El presente pronunciamiento deberá ser entendido en su integridad y se limita a la inteligencia y aplicación general de normas jurídicas, siendo de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante su aplicación a los casos institucionales específicos.

DISOLUCIÓN VOLUNTARIA Y ANTICIPADA DE UNA SOCIEDAD

MERCANTIL

OF. PGE. N°: 13581 de 15-04-2021

CONSULTANTE: EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR (CELEC EP)

CONSULTA:

«¿Con la promulgación de la Ley de Modernización a La Ley de Compañías, el 10 de diciembre de 2020 en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No.- 347, específicamente respecto del procedimiento para la disolución voluntaria y anticipada de una compañía -artículos 370 y siguientes-, se deroga parcialmente de forma tácita, al tenor de lo dispuesto por los artículos 37 y 38 del Código Civil, lo prescrito por el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en lo que tiene que ver con la obligación de informar a la autoridad a la que compete aprobar la disolución sobre la existencia de contratos que aquellas tengan pendientes con las Entidades Contratante previstas en la referida Ley Orgánica?».

PRONUNCIAMIENTO:

Por lo expuesto, en atención a los términos de su consulta se concluye que, el artículo 370 de la Ley de Compañías regula la disolución voluntaria y anticipada acordada por los socios o accionistas de una sociedad mercantil, en junta general. Mientras que el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece la obligación de los representantes legales de las personas jurídicas contratistas, sean de derecho privado o público, de informar a la autoridad a la que corresponda aprobar su disolución sobre la existencia de contratos, que aquellas tienen pendientes contratos sujetos al ámbito de esa ley. En consecuencia, no existe derogatoria tácita del artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en virtud de que su previsión sobre la terminación de los contratos sujetos a su ámbito es materia diferente a la prevista en los artículos 370 y siguientes de la Ley de Compañías.

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Miércoles 26 de mayo de 2021 Registro Oficial N° 459

El presente pronunciamiento deberá ser entendido en su integridad y se limita a la inteligencia y aplicación general de normas jurídicas, siendo de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante su aplicación a los casos institucionales específicos.

EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS

OF. PGE. N°: 13541 de 13-04-2021

CONSULTANTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MONTECRISTI

CONSULTA:

«¿Es procedente o no la impresión de las Especies Valoradas en una imprenta diferente al IGM, puesto que como se comprueba con la documentación que se acompaña, resulta imposible cumplir con lo dispuesto en la norma por parte del IGM y no se puede paralizar el cobro de servicios públicos?».

PRONUNCIAMIENTO:

En atención a los términos de su consulta se concluye que, de conformidad con el artículo 169 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en concordancia con la Disposición Transitoria Octava del Código Orgánico Administrativo, le corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Montecristi regular la emisión de especies valoradas para la gestión de las tasas de su competencia, a través de la expedición de una ordenanza que permita su instrumentación custodia, administración y baja.

El presente pronunciamiento se limita a la inteligencia y aplicación general de normas jurídicas, siendo de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante, su aplicación a los casos institucionales específicos.

INTEGRACIÓN DE TERNA PARA LA DESIGNACIÓN DEL JEFE DEL

CUERPO DE BOMBEROS

OF. PGE. N°: 13527 del2-04-2021

CONSULTANTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN JARAMIJÓ

CONSULTA:

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Registro Oficial N° 459 Miércoles 26 de mayo de 2021

«Si la Comisión de Calificación, al presentar la terna de los tres bomberos con mayor antigüedad, y de conformidad al Art. 28 de la Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza de Autonomía y Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos del Cantón Jaramijó para la Gestión de los Servicios de Prevención, Protección, Socorro y Extinción de Incendios del cantón Jaramijó, le corresponde al Alcalde designar al Jefe del Cuerpo de Bomberos; y, dentro de la terna se encuentra un miembro en línea directa con el Alcalde, (CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD.- PRIMO, con 32 años de servicio y antigüedad), esta Autoridad incurre en la figura de nepotismo establecido en el Art. 6 de la Ley Orgánica de Servicio Público y Art. 6 del Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público».

PRONUNCIAMIENTO:

Según lo previsto en los artículos 140 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y 274 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, los cuerpos de bomberos son entidades autónomas, adscritas a los gobiernos municipales pero distintas de ellos. De acuerdo con el artículo 248 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, la designación del jefe del cuerpo de bomberos se realiza por el alcalde del respectivo cantón, de una terna de candidatos compuesta por los servidores de mayor jerarquía y antigüedad de dicha entidad autónoma, previo informe de cumplimiento de requisitos emitido por la Comisión de Calificaciones y Ascensos.

Por lo expuesto, en atención a los términos de su consulta se concluye que, la terna para la designación del jefe del cuerpo de bomberos se puede integrar por un pariente del alcalde del mismo cantón, siempre que se tratare de un servidor de carrera cuyo ingreso fuere anterior a la posesión de dicho dignatario, pues en tal evento no se configura la prohibición de nepotismo establecida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Servicio Público, sino que opera la excepción prevista en la misma norma.

El presente pronunciamiento debe ser entendido en su integridad y se limita a la inteligencia y aplicación general de normas jurídicas, siendo de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante, su aplicación a casos institucionales específicos.

ATRIBUCIONES DE LOS ABOGADOS MILITARES EN EL PATROCINIO DE CAUSAS JUDICIALES Y CONSTITUCIONALES

OF. PGE. N°: 13525 de 12-04-2021

CONSULTANTE: MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL (MIDENA)

CONSULTA:

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Miércoles 26 de mayo de 2021 Registro Oficial N° 459

«¿Pueden los abogados militares que tienen grado, cargo y función, ejercer el patrocinio institucional en defensa del personal militar en servicio activo, que como resultado del cumplimiento de su deber y función, sean sometidos a procesos penales en presuntos delitos hasta que culmine el proceso penal con sentencia absolutoria o condenatoria; así como en los procesos constitucionales y administrativos?».

PRONUNCIAMIENTO:

Por lo expuesto, en atención a los términos de su consulta se concluye que mientras no exista norma especial que regule el patrocinio de los miembros activos de las Fuerzas Armadas, la Disposición General Vigésima de la Ley Orgánica del Servicio Público les es aplicable subsidiariamente.

En consecuencia, según la Disposición General Vigésima de la Ley Orgánica del Servicio Público los abogados militares pueden patrocinar en las causas judiciales y constitucionales, e intervenir en las investigaciones previas y los procesos penales, en defensa de los miembros activos de las Fuerzas Armadas, conforme a las limitaciones expresamente establecidas en la citada norma, esto es siempre que ajuicio de la máxima autoridad institucional y bajo su exclusiva responsabilidad se determine que se trata de un asunto de interés institucional, conforme se ha pronunciado este organismo en los oficios Nos. 06198 de 19 de febrero de 2009 y 04233 de 13 de octubre de 2011. Según la misma norma, la defensa institucional no procede cuando la acción haya sido iniciada por la propia institución o por delito flagrante y debe cesar cuando se dicte prisión preventiva o auto de llamamiento ajuicio en contra del servidor.

El presente pronunciamiento deberá ser entendido en su integridad y se limita a la inteligencia y aplicación general de normas jurídicas, siendo de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante su aplicación a los casos institucionales específicos.

APORTES PATRONALES ESTATALES

OF. PGE. N°: 13370 de 1-04-2021

CONSULTANTE: GERENTE GENERAL DEL BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (BIESS)

CONSULTA:

«¿cuál es el órgano competente para la aprobación de la estrategia general, los planes operativos, el presupuesto institucional, así como la política general de inversiones de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados Administrados por el BIESS?».

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Registro Oficial N° 459 Miércoles 26 de mayo de 2021

PRONUNCIAMIENTO:

En atención a los términos de su consulta se concluye que, en tanto los artículos 220 de la LSS; 2 de la LBIESS; 1 y 129 de la Codificación de Resoluciones de la JPRMF, otorguen al BIESS la administración de los FCPC que en su origen o bajo cualquier modalidad hayan recibido aportes patronales estatales, en tal calidad le compete a esa entidad financiera pública la aprobación de la estrategia general, los planes operativos, el presupuesto institucional, así como la política general de inversión de dichos fondos, cuya elaboración corresponde a cada uno de éstos, en concordancia con lo previsto en el artículo 134 y la Disposición General Primera de la Codificación de Resoluciones de la JPRMF. Sin perjuicio de lo expuesto, es competencia de la SB controlar que las actividades económicas y los servicios que brinden los FCPC, atiendan al interés general y se sujeten a las normas legales vigentes.

El presente pronunciamiento deberá ser entendido en su integridad y se limita a la inteligencia y aplicación general de normas jurídicas, siendo de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante su aplicación a los casos institucionales específicos.

LIBRE EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO POR PARTE DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN JUDICIAL

OF. PGE. N°: 13382 de 1-04-2021

CONSULTANTE: CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSULTA:

«¿El principio de dedicación exclusiva establecido en el artículo 16 del Código Orgánico de la Función Judicial, es aplicable a todos los servidores que conforman la Función Judicial independientemente de su profesión?».

PRONUNCIAMIENTO:

En atención a los términos de su consulta se concluye que, de conformidad con el primer inciso del artículo 16 del COFJ, el principio de dedicación exclusiva impide el libre ejercicio de la profesión de abogado por parte de los servidores de la Función Judicial, sin que se advierta que dicha prohibición se extienda al ejercicio autónomo de otras profesiones, siempre que aquello no interrumpa el cumplimiento de la totalidad de la jornada de trabajo asignada y no constituya desempeño de otro cargo público o privado, con la salvedad referida a la docencia universitaria.

El presente pronunciamiento deberá ser entendido en su integridad y se limita a la inteligencia y aplicación general de normas jurídicas, siendo de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante su aplicación a los casos institucionales específicos.

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Miércoles 26 de mayo de 2021 Registro Oficial N° 459

RAZÓN: Conforme a lo preceptuado en el artículo 6 del Reglamento de Concesión de Copias Certificadas y Certificaciones de Documentos por parte de la Procuraduría General del Estado, siento por tal, que las NUEVE (9) páginas son iguales a los documentos que reposan en el archivo de la Secretaría General, correspondientes al Extracto de Pronunciamientos del mes de abril de 2021 de la Procuraduría General del Estado. Previo al proceso de digitalización se constató y verificó con los documentos digitales originales, en el estado que fue transferido y al cual me remito en caso necesario- LO CERTIFICO. D.M, de Quito, a 10 de mayo de 2021.

Dr. Ángel Herrera Molina

SECRETARIO GENERAL, SUBROGANTE

OBSERVACIONES:

1. Este documento está firmado electrónicamente, en consecuencia, tiene igual validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que una firma manuscrita, conforme lo dispone el artículo 14 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.
2. El documento que antecede, tiene la validez y eficacia de un documento físico original, en armonía a lo prescrito en los artículos 202 del Código Orgánico General de Procesos; 147 del Código Orgánico de la Función Judicial; 2,51 y 52 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.
3. Esta información, se fundamenta en los principios de confidencialidad y de reserva, previstos en el artículo 5 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, y su incumplimiento será sancionado conforme a lo dispuesto en la ley.
4. La Secretaría General de la Procuraduría General del Estado, no se responsabiliza por la veracidad y estado de los documentos presentados para la concesión de copias certificadas y certificaciones por parte de las unidades que los custodian y que pueden conducir a error o equivocación. Así como tampoco su difusión, uso doloso o fraudulento que se pueda hacer de los documentos certificados.

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Registro Oficial N° 459 Miércoles 26 de mayo de 2021

Resolución Nro. URS-DEJ-2021-0005-R

Quito, D.M., 29 de abril de 2021

UNIDAD DEL REGISTRO SOCIAL

Espc. María Antonieta Naranjo Borja

DIRECTORA EJECUTIVA ENCARGADA

CONSIDERANDO:

Que, en los numerales 8, 11, 12 y 17, del artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador, respectivamente, se establecen como deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos: «Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, y denunciar y combatir los actos de corrupción», «Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley», «Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética», «Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera honesta y transparente «;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;

Que, el artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público (…)»;

Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones, y serán responsable administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos (…)»;

Que, el artículo 21 del Código Orgánico Administrativo establece: «Principio de ética y probidad. Los servidores públicos, así como las personas que se relacionan con las administraciones públicas, actuarán con rectitud, lealtad y honestidad. En las administraciones públicas se promoverá la misión de servicio, probidad, honradez, integridad, imparcialidad, buena fe, confianza mutua, solidaridad, transparencia, dedicación al trabajo, en el marco de los más altos estándares profesionales; el respeto a las personas, la diligencia y la primacía del interés general, sobre el particular»;

Que, el artículo 67 del Código Orgánico Administrativo señala: «El ejercicio de las competencias asignadas a los órganos o entidades administrativas incluye, no solo lo expresamente definido en la ley, sino todo aquello que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones (…)»;

Que, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo, dispone que: «Las máximas autoridades administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo únicamente para regular los

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Miércoles 26 de mayo de 2021 Registro Oficial N° 459

asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea esta competencia para la máxima autoridad legislativa de una administración pública (…)»;

Que, el artículo 77, literal e), numeral 1 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, dispone entre las atribuciones y responsabilidades de la máxima autoridad de cada organismo del sector público, el establecimiento de políticas, métodos y procedimientos de control interno para salvaguardar sus recursos a través de la expedición de reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de sus instituciones;

Que, la Ley Orgánica del Servicio Público, según lo previsto en su artículo 1, se sustenta en los principios de: calidad, calidez, competitividad, continuidad, descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad que promuevan la interculturalidad, igualdad y la no discriminación;

Que, el artículo 2 de la Ley Orgánica del Servicio Público, señala «El servicio público y la carrera administrativa tienen por objetivo propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación»;

Que, los literales b), f) y h) del artículo 22 de la Ley Orgánica del Servicio Público, indica: «Son deberes de las y los servidores públicos: «(…) b) Cumplir personalmente con las obligaciones de supuesto, con solicitud, eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, con la diligencia que emplean generalmente en la administración de sus propias actividades; (…)f) Cumplir en forma permanente, en el ejercicio de sus funciones, con atención debida al público y asistirlo con la información oportuna y pertinente, garantizando el derecho de la población a servicios públicos de óptima calidad; (…) h) Ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe. Sus actos deberán ajustarse a los objetivos propios de la institución en la que se desempeñe y administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas de su gestión (…)»;

Que, los literales a), d) y e) del artículo 45, del Código del Trabajo, determinan: «Son obligaciones del trabajador: a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos; (…) d) Observar buena conducta durante el trabajo;(…) e) Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 712, de 11 de abril de 2019, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 480 de 2 de mayo de 2019, el señor Presidente Constitucional de la República, creó la Unidad del Registro Social, como un organismo de derecho público, adscrito a la entidad rectora de la administración pública, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera, con sede en la ciudad de Quito, con facultades de coordinación, gestión, seguimiento y evaluación, como la encargada de la administración y el mantenimiento de los sistemas que permiten la gestión del Registro Social y de la administración, el mantenimiento, la actualización y difusión de su base de datos;

Que, el artículo 6 del Decreto Ejecutivo Nro. 712, señala: «La Unidad del Comité Interinstitucional del Registro Social estará representada legal, judicial y extrajudicialmente por un director, quien será de libre nombramiento y remoción, designado por el Comité de una terna presentada por quien lo preside»;

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Que, en las Normas de Control Interno números 200-01 y 407-08, constantes en las Normas de Control para las Entidades, Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de Recursos Públicos, contenidos en el Acuerdo No. 039-CG, emitido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 87 de 14 de diciembre de 2009, se establece: «200-01 Integridad y valores éticos: La integridad y los valores éticos son elementos esenciales del ambiente de control, la administración y el monitoreo de los otros componentes del control interno. La máxima autoridad y los directivos establecerán los principios y valores éticos como parte de la cultura organizacional para que perduren frente a los cambios de las personas de libre remoción; estos valores rigen la conducta de su personal, orientando su integridad y compromiso hacia la organización.»; y, «407-08 Actuación y honestidad de las servidoras y servidores: La máxima autoridad, los directivos y demás personal de la entidad, cumplirán y harán cumplir las disposiciones legales que rijan las actividades institucionales, observando los códigos de ética, normas y procedimientos relacionados con su profesión y puesto de trabajo»;

Que, mediante Resolución Nro. SNTG-RA-D-002-2013, 07 de mayo de 2013, publicado en el Segundo Suplemento del Registro oficial No. 960 de 23 de mayo de 2013, la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, expidió el Código de Ética para el Buen Vivir de la Función Ejecutiva, normativa de cumplimiento obligatorio para las y los servidores y trabajadores públicos que presenten servicios o ejerzan cargo, función o dignidad dentro de la Función Ejecutiva;

Que, mediante Resolución Nro. CIRS-SEE-001-2020 de 03 de julio de 2020, el Comité Interinstitucional de la Unidad del Registro Social Resolvió en su artículo 4 «ENCARGAR a la especialista María Antonieta Naranjo Borja, la Dirección Ejecutiva para que ejerza las funciones y atribuciones otorgadas a la máxima autoridad de la Unidad del Registro Social, a partir del 03 de julio de 2020 hasta que este Comité Interinstitucional realice la designación correspondiente de dicha autoridad»;

Que, mediante Resolución Nro. 002-URS-DEJ-2020, de 11 de agosto de 2020, se expidió la «Reforma Integral al Estatuto Ogánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Unidad del Registro Social», en el cual se determina la misión, visión, principios, valores y objetivos institucionales;

Que, mediante Resolución Nro. URS-DEJ-2021-0003-R, de 02 de marzo de 2021, se expidió el «Reglamento Interno de Administración del Talento Humano de la Unidad del Registro Social», en el cual se sustentan los principios de calidad, calidez, competitividad, continuidad, eficacia, eficiencia, equidad, efectividad, jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, responsabilidad social, solidaridad, transparencia, trabajo en equipo, unicidad y universalidad que promuevan la interculturalidad, igualdad y la no discriminación de las y los servidores y trabajadores de la Unidad del Registro Social;

Que, mediante Informe Justificativo para la aprobación del Proyecto de Código de Ética de la Unidad del Registro Social Nro. URS-GTH-13-IFT-0402 de 22 de abril de 2021, elaborado por Gustavo Bolaños, Experto de Talento Humano, revisado y aprobado por Gabriela Maldonado, Directora de Talento Humano de la Unidad del Registro Social, concluyen: «La Dirección de Talento Humano concluye que es de suma importancia la aprobación del Proyecto de Código de Ética de la Unidad del Registro Social, por ser una herramienta que contribuirá a regular los procesos internos y el relacionamiento adecuado entre la institución y las y los servidores públicos.» Recomiendan: «Se recomienda a la Coordinación General Administrativa Financiera la revisión, validación y posterior envío a la Dirección Ejecutiva, con la finalidad de dar continuidad al proceso de aprobación del Proyecto de Código de Ética de la Unidad del Registro Social.»;

Que, mediante memorando Nro. URS-CGAF-2021-0059-M de 23 de abril de 2021, la Coordinadora General Administrativa Financiera solicita a la Directora Ejecutiva, Encargada de la Unidad del Registro

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Social, «autorización para la emisión de la Resolución de aprobación del Código de Ética de la Unidad del Registro Social, proyecto que ha desarrollado la Dirección de Talento Humano.»;

Que, con memorando Nro. URS-DEJ-2021-0048-M de 28 de abril de 2021, la Directora Ejecutiva, Encargada de la Unidad del Registro Social, solicita a la Directora de Asesoría Jurídica lo siguiente:»(…) conforme lo determinado en los literales d) y f) del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Unidad del Registro Social que establece como atribuciones y responsabilidades de la Dirección de Asesoría Jurídica, «d) Asesorar, revisar y elaborar la normativa legal que regula la gestión de la institución y su actualización;» «f) Elaborar proyectos de reglamentos, resoluciones, contratos, convenios y otros instrumentos jurídicos institucionales, a fin de ponerlos en consideración de la autoridad competente, exceptuando los contratos relacionados con Talento Humano»; remito en adjunto la documentación antes señalada a fin de que se proceda con la revisión legal y elaboración de la resolución respectiva (…)»;

Que, para fomentar la calidad, la calidez, la responsabilidad, la solidaridad y el compromiso entre las y los servidores y trabajadores de la Unidad del Registro Social, es necesario expedir un Código de Ética, que determine los principios y los valores que rigen el servicio público para el efectivo desarrollo profesional y personal de sus servidores, promoviendo el desarrollo institucional; y,

En ejercicio de las atribuciones y facultades legales, que le confiere el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo, el literal e) numeral 1 del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, el artículo 6 del Decreto Ejecutivo Nro. 712, el numeral 1.1.1.2 los literales s) y v) del «Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Unidad del Registro Social»; y la Resolución emitida por el Comité Interinstitucional del Registro Social, de 03 de julio de 2020.

RESUELVE:

Expedir el CÓDIGO DE ÉTICA DE LA UNIDAD DEL REGISTRO SOCIAL

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Artículo 1.- Objeto.- Establecer y promover normas, responsabilidades, principios, valores y compromisos éticos en relación a comportamientos y prácticas de las/los servidoras y servidores públicos y trabajadores/as que en cualquier forma o a cualquier título presten sus servicios o ejerzan un cargo en la Unidad del Registro Social, para alcanzar los objetivos institucionales y contribuir al buen uso de los recursos públicos.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.- Las disposiciones del presente Código de Ética, son de carácter general y rigen de manera obligatoria para todas/os las y los servidores públicos y trabajadores/as de la Unidad del Registro Social.

CAPÍTULO II

PRINCIPIOS, VALORES, DEBERES Y PROHIBICIONES

Artículo 3.- El presente Código de Ética está enmarcado en la misión y visión, en los principios y valores; y, en los objetivos institucionales determinados en el Estatuto Orgánico de Gestión

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Organizacional por Procesos de la Unidad del Registro Social; así también, en el compromiso institucional de incorporar la perspectiva de género para garantizar la igualdad de oportunidades.

Artículo 4.- Principios y valores éticos generales.- Los/as servidores/as y trabajadores/as de la Unidad del Registro Social, desempeñarán sus competencias, funciones, atribuciones y actividades sobre la base de los siguientes principios y valores generales:

1. Calidez.- Formas de expresión y comportamiento de amabilidad, cordialidad, solidaridad y cortesía en la atención y el servicio hacia los demás, respetando sus diferencias y aceptando su diversidad.
2. Colaboración.- Actitud de cooperación entre las y los servidores y las y los trabajadores de la Unidad del Registro Social, que permite juntar esfuerzos, conocimientos y experiencias para alcanzar los objetivos comunes.
3. Efectividad.- Lograr resultados con calidad a partir del cumplimiento eficiente y eficaz de los objetivos y metas propuestas en su ámbito laboral.
4. Equidad.- El personal deberá atender en igualdad de condiciones a los usuarios internos y externos, en todos los servicios que ofrece la institución, desterrando toda práctica de políticas de exclusión e inequidad, así como todo tipo de discriminación.
5. Integridad.- Proceder y actuar con coherencia entre lo que se piensa, se siente, se dice y se hace, cultivando la honestidad y el respeto a la verdad.
6. Lealtad.- Confianza y defensa de los valores, principios y objetivos de la Unidad del Registro Social, garantizando los derechos individuales y colectivos.
7. Respeto.- Reconocimiento y consideración a cada persona como ser único, con intereses y necesidades particulares.
8. Responsabilidad.- Cumplimiento de las tareas encomendadas de manera oportuna en el tiempo establecido, con empeño y afán, mediante la toma de decisiones de manera consciente, garantizando el bien común y sujetas a los procesos de la Unidad del Registro Social.
9. Transparencia.- Acción que permite que las y los servidores y trabajadores de la Unidad del Registro Social, se comporten de forma clara, precisa y veraz, a fin de que la ciudadanía ejerza sus derechos y obligaciones, principalmente la contraloría social.

10. Solidaridad.- Acto de interesarse y responder a las necesidades de los demás.

Artículo 5.- Deberes de los servidores públicos en general.- Son deberes de las servidoras y los servidores públicos y trabajadores de la Unidad del Registro Social, los determinados en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Servicio Público y el artículo 76 del Reglamento Interno de Administración del Talento Humano de la Unidad del Registro Social.

Artículo 6.- Deberes de las y los servidores de Nivel Jerárquico Superior y Responsables de Unidad.- Las y los servidores públicos que ejerzan funciones de nivel jerárquico superior, de coordinación o supervisión y que tienen personal a su cargo a más de los deberes señalados en el artículo 5 del presente Código de Ética, tendrán los siguientes deberes:

1. Responder por el rendimiento y disciplina del personal bajo su cargo y supervisión;
2. Fomentar un liderazgo democrático, respetuoso, justo y equitativo con sus colaboradoras/es;
3. No tomar ningún tipo de ventaja por la naturaleza de su cargo;
4. No solicitar a terceras personas, prestaciones indebidas de ningún tipo en beneficio propio o de terceros;
5. Cumplir con el trabajo de modo honesto, eficiente, eficaz y efectivo, constituyéndose en una obligación, el desvincularse de cualquier conflicto de intereses;
6. No permitir y/o ser parte del cometimiento de actos de corrupción en ninguna de sus formas;
7. Poner a disposición de los administrados toda la información generada en el cumplimiento efectivo

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de su trabajo, socializar proyectos y documentar los resultados que sean de interés público, bajo el amparo de lo dispuesto por la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública-LOTAIP;

8. Cumplir sus obligaciones con apego a los procesos sociales de rendición de cuentas institucionales establecidos;
9. Poner todo su empeño y afán en las tareas asignadas, para bien propio, de su equipo de trabajo, de la institución, y del país en general;

10. Ser positivas/os y proposi ti vas/os a favor de la institución y sus principios, dando primacía a los intereses y valores de ésta, antes que a los propios;
11. Reconocer las virtudes de las/los compañeras/os de trabajo, evitando a toda costa emitir comentarios nocivos sobre ellos en las conversaciones y/o reuniones de trabajo, esforzándose por crear un clima laboral óptimo, donde prime el respeto y la cordialidad;
12. Influir positivamente en las/los compañeras/os de trabajo, motivando a su equipo de trabajo a laborar con entusiasmo, ahinco y optimismo en el logro de metas y objetivos institucionales, y;
13. Tomar decisiones, gestionar, convocar, promover, incentivar y evaluar el trabajo realizado en beneficio de la institución.

Artículo 7.- Prohibiciones.- Está prohibido a todas/os las servidoras y los servidores públicos de la Unidad del Registro Social, incluyendo los servidores de nivel jerárquico de coordinación o supervisión y que tienen personal a su cargo, incurrir en las causales determinadas en los artículos 24 de la Ley Orgánica del Servicio Público y 78 del Reglamento Interno de Administración del Talento Humano de la Unidad del Registro Social.

CAPITULO ni DE LOS COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES

Artículo 8.- Compromisos a nivel institucional: Serán compromisos a nivel institucional de la Unidad del Registro Social los siguientes:

1. Difundir el contenido y la forma de aplicación del presente Código de Ética;
2. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales de la presente normativa;
3. Promover y demandar espacios de desarrollo laboral y profesional mediante la capacitación, la actualización y la especialización de conocimientos;
4. Generar espacios de capacitación e inducción permanentes en la aplicación de la Constitución de la República, las leyes y sus reglamentos, códigos, estatutos orgánicos, reglamentos internos, misión, visión, metas, objetivos institucionales y mecanismos de transparencia y lucha contra la corrupción, procurando el bien colectivo y aplicables al servicio público;
5. Fomentar mecanismos de comunicación interna para propiciar un ambiente de trabajo óptimo, con el objetivo de generar relaciones interpersonales en las que primen el profesionalismo, el respeto, la solidaridad, la confianza, la efectividad y la transparencia;
6. Reconocer y valorar el esfuerzo y el mérito de las/os funcionarias/os, servidoras/es y trabajadoras/es en el cumplimiento del presente Código de Ética y el fortalecimiento del trabajo en equipo, generando en la entidad una convivencia armónica en los espacios laborales;
7. Asegurar la entrega de información pública oportuna, completa, veraz, confiable y comprensible para los/as usuarios/as;
8. Respetar la confidencialidad, la reserva o el sigilo de información que, conforme a la normativa vigente, tengan un grado especial de sensibilidad, respetando el Acuerdo de Confidencialidad suscrito al momento del ingreso a la Unidad del Registro Social;

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9. Ser responsables con el ambiente y fomentar las buenas prácticas ambientales, cumpliendo con los programas que para el efecto diseñe o implemente el Ministerio del Ambiente y Agua o quién haga sus veces; y, 10. Realizar propuestas para la actualización y mejoramiento permanente del Código de Ética de la Institución.

Artículo 9.- Responsabilidades de los servidores públicos en general.- Todo/a, servidor/a y trabajador/a de la Unidad del Registro Social, cumplirá las siguientes responsabilidades y compromisos del presente Código de Ética:

1. Suscribir una carta de compromiso en la que asume la responsabilidad de cumplir el contenido y las formas de aplicación del Código de Ética;
2. Conocer, respetar y aplicar la Constitución de la República, las leyes y sus reglamentos, códigos, estatutos orgánicos, reglamentos internos, misión, visión, metas, objetivos institucionales y mecanismos de transparencia y lucha contra la corrupción, procurando el bien colectivo y aplicables al servicio público;
3. Respetar el tiempo de las/los demás siendo responsable con las tareas y obligaciones dentro de los plazos acordados;
4. Prestar un servicio ágil de acuerdo a los principios de efectividad y calidez;
5. Conocer los procedimientos y contar con la información adecuada para atender con responsabilidad al usuario o la usuaria interno o externo, entregándole información completa, veraz, objetiva y oportuna;
6. Cumplir con efectividad las responsabilidades asumidas por cada servidor/a y trabajador/a en los plazos establecidos, en las diligencias y los servicios que se prestan a la ciudadanía;
7. Manejar la información pública a la que se tiene acceso de forma responsable y honesta;
8. Tener especial cuidado con el uso y el manejo de claves, códigos y elementos de seguridad empleados para acceder a las redes de información electrónica y otros sistemas de información social, económica, demográfica o de otra índole de competencia institucional;
9. Usar de forma responsable, adecuada y óptima los recursos y bienes de la Unidad del Registro Social, exclusivamente para los propósitos que han sido destinados; y,

10. Trabajar en equipo valorando el aporte de todos y todas.

Artículo 10.- Responsabilidades del Nivel Jerárquico Superior y Responsables de Unidad.- El personal que ejerce funciones en nivel de jerárquico superior, de coordinación o supervisión y que tienen personal a su cargo, además de los parámetros establecidos anteriormente deberán cumplir con los parámetros específicos indicados a continuación:

1. Fortalecer y fomentar la participación, a través de espacios de expresión, opinión y decisión, tanto del personal de la Unidad del Registro Social, como de la ciudadanía en general;
2. Liderar y promocionar las conductas plasmadas en el Código de Ética generando un ambiente cordial y productivo;
3. Incentivar, motivar y reconocer las acciones positivas;
4. Impulsar la investigación y desarrollo de todas las personas que laboran en la Institución; y,
5. Promover la formación y capacitación permanente del personal.

Artículo 11.- Relación con otras instituciones.- La Unidad del Registro Social, mantendrá relaciones cordiales y de coordinación con otras instituciones públicas o privadas nacionales e internacionales, sin comprometer su competencia, autonomía, responsabilidades, funciones y recursos, por ello las relaciones son basadas en la confianza, el beneficio mutuo, la coordinación, la corresponsabilidad, la articulación y la eficiencia.

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CAPÍTULO IV

DE LA RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, DE LAS

DENUNCIAS Y PLANES DE ACCIÓN

Artículo 12.- De la responsabilidad de la Dirección de Talento Humano.- La Dirección de Talento Humano, será la responsable de vigilar y garantizar la aplicación y el cumplimiento del presente Código de Ética; en caso de denuncias a las servidoras o servidores públicos se observarán los principios de protección y reserva del/la denunciante, así como el debido proceso y la presunción de inocencia hacia el/la denunciado/a.

Artículo 13.- De los procedimientos.- La Dirección de Talento Humano de la Unidad del Registro Social, establecerá, revisará y generará los procedimientos internos para:

1. Implementar el Código de Ética institucional;
2. Realizar y socializar un plan de trabajo que incentive los comportamientos éticos deseables y que ejemplifique los conflictos éticos más comunes y que contenga sugerencias para generar incentivos y/o soluciones;
3. Reconocer e incentivar comportamientos éticos positivos;
4. Conocer, ejecutar y dar seguimiento a los casos de incumplimiento del Código de Ética institucional y que ameritan régimen disciplinario, para lo cual realizarán las acciones que correspondan en el ámbito de su competencia;
5. Proponer recomendaciones y resoluciones de los casos receptados, y;
6. Llevar a cabo los demás procedimientos que consideren necesarios para la correcta aplicación del Código de Ética institucional.

Artículo 14.- Contenido de las denuncias.- Las denuncias por presuntas violaciones a este Código de Ética deberán contener, al menos, la identificación clara y verificable del denunciante y un lugar para notificación, nombres de la o el servidor o trabajador denunciado y hechos que motivan la denuncia.

Artículo 15.- Procedimiento de denuncias.- Cuando un usuario o servidor, servidora, trabajador o trabajadora, de la Unidad del Registro Social, conozca de acciones u omisiones que contraviniere lo dispuesto en el presente Código de Ética y/o en la normativa vigente, podrá presentar su denuncia escrita a la máxima autoridad institucional o a la Dirección de Talento Humano, la cual se encargará de la respectiva investigación y acciones de régimen disciplinario que correspondan de ser necesario.

Artículo 16.- Planes de Acción.- La Dirección de Talento Humano será la encargada de proponer acciones paralelas que procuren una modificación en el comportamiento y convivencia institucional, a través de planes de trabajo, campañas y talleres en conjunto con la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica como responsable de la Gestión de Cambio y Cultura Organizacional, con el fin de mejorar la cultura organizacional e incentivar que las y los servidores de la Unidad del Registro Social, desarrollen y promuevan un accionar ético y moral en todo su actuar dentro y fuera de la institución.

GLOSARIO DE TÉRMINOS:

1. Administración pública: Es la actividad racional, técnica, jurídica y permanente ejecutada por el Estado que tiene por objeto planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de los servicios públicos.

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2. Ciudadanía: Pertenencia a determinada comunidad política que otorga una serie de derechos y obligaciones que deben ser respetados.
3. Calidad: Es aquella cualidad de las cosas que son de excelente creación, buena predisposición para escucharlo y entender sus problemas o inquietudes.
4. Código: En el ámbito del derecho, un código es una agrupación de principios legales, sistemáticos, que regulan de forma unitaria cierta materia.
5. Comportamiento: Es el conjunto de actos exhibidos por el ser humano.
6. Constitución: Acto o decreto fundamental en el que están determinados los derechos de una nación, la forma de su gobierno y la organización de los poderes públicos de que éste los se compone.
7. Corrupción: Es el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados. Esto incluye no solamente ventajas financieras, sino también ventajas no financieras.
8. Deberes: Supone una obligación.
9. Etica: Parte de la filosofía que estudia el obrar humano en cuanto a las normas y fines que determinan su rectitud.

10. Principios: reglas o normas que orientan la acción de un ser humano.
11. Prohibiciones: Es el impedimento que existe de hacer, tocar, hacer o usar algo.
12. Probidad: Es la honestidad y la rectitud; una persona honrada.
13. Rectitud: Es un atributo, una forma de vivir y de ser, es señal de coherencia consigo mismo; es la firmeza del carácter y la disposición de la conciencia.
14. Servidor público.-Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que, en cualquier forma o a cualquier título, trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público.
15. Valores: Consideraciones internas y subjetivas que llevan al ser humano a defender y crecer en su dignidad personal, que dependen exclusivamente de la elección libre, por ser líneas de conducta que orientan y rigen sus acciones.
16. Vigente: El término permite nombrar a aquello que resulta actual o que tiene buen presente, es decir, que todavía cumple con sus funciones más allá del paso del tiempo.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- La Dirección de Talento Humano de la Unidad del Registro Social, será la responsable de vigilar y garantizar la aplicación y el cumplimiento del presente Código de Ética; su inobservancia, será sancionada de conformidad con la Ley Orgánica de Servicio Público, su Reglamento General y el Reglamento Interno de Administración del Talento Humano de la Unidad del Registro Social.

Segunda.- En todo lo no previsto en este instrumento, se observará lo dispuesto en la Constitución de la República, el Código de Trabajo, la Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento General, en lo que fuere aplicable.

Tercera.- El Código de Ética es un documento en permanente actualización y responderá a la normativa vigente.

Cuarta.- Encárguese a la Coordinación General Administrativa Financiera, a través de la Dirección de Talento Humano, para que se realice de manera permanente todas las acciones encaminadas a ejecutar los planes de trabajo, campañas y talleres que incentiven un cambio de la cultura organizacional y generar en las y los servidores de la Unidad del Registro Social un comportamiento ético y moral dentro y fuera de la institución.

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DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única.- La Dirección de Talento Humano emitirá el plan de trabajo determinado en el literal b del artículo 13 del presente instrumento en un plazo de sesenta (60) días constados a partir de su suscripción.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Encárguese de la socialización de la presente Resolución a la Coordinación General Administrativa Financiera, a través de la Dirección de Talento Humano de la Unidad del Registro Social.

Segunda.- Encárguese a la Unidad de Comunicación Social, la publicación del presente instrumento en la página web de la institución.

Tercera.- Encárguese a la Dirección Administrativa, el trámite de publicación del presente instrumento ante el Registro Oficial del Ecuador.

Cuarta.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción por parte de la Unidad del Registro Social; sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Documento firmado electrónicamente

Espc. Maria Antonieta Naranjo Borja DIRECTORA EJECUTIVA, ENCARGADA

Registro Oficial N° 459 Miércoles 26 de mayo de 2021

RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-INFMR-DNILO-2021-0110

NELLY DEL PILAR ARIAS ZAVALA INTENDENTE GENERAL TÉCNICO (S)

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: «Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades específicas de las superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley (…) «;

Que, el artículo 226 de la misma Norma Suprema establece: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución «;

Que, el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo determina: «Principio de eficacia. Las actuaciones administrativas se realizan en función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus competencias «;

Que, el artículo 14 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria dispone: «Disolución y Liquidación.- Las organizaciones se disolverán y liquidarán por voluntad de sus integrantes, expresada con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, y por las causales establecidas en la presente Ley y en el procedimiento estipulado en su estatuto social (…) «;

Que, el artículo 57, literal e, numeral 3, de la citada Ley Orgánica establece: «Las cooperativas podrán disolverse, por las siguientes causas: (…) e) Por resolución de la Superintendencia, en los siguientes casos: (…) 3. La inactividad económica o social por más de dos años (…) «;

Que, en el artículo 58 ibídem dice: «La Superintendencia, a petición de parte o de oficio, podrá declarar inactiva a una cooperativa que no hubiere operado durante dos años consecutivos. Se presume esta inactividad cuando la organización no hubiere remitido los balances o informes de gestión correspondientes (…) Si la inactividad persiste por más de tres meses desde la publicación, la Superintendencia podrá declararla disuelta y disponer su liquidación y cancelación del Registro Público «;

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Que, el artículo innumerado a continuación del 23 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria dispone: «A las asociaciones se aplicarán de manera supletoria las disposiciones que regulan al sector cooperativo, considerando las características y naturaleza propias del sector asociativo «;

Que, el artículo 55 del Reglamento antes indicado dispone: «Resolución de la Superintendencia.- La Superintendencia, podrá resolver, de oficio, o a petición de parte, en forma motivada, la disolución y consiguiente liquidación de una organización bajo su control, por las causales previstas en la Ley (…) «;

Que, el primer artículo innumerado posterior al 64 ibídem establece: «Liquidación sumaria.- (…) En los casos en que una organización no haya realizado actividad económica o habiéndola efectuado tuviere activos menores a un Salario Básico Unificado, la Superintendencia, a petición de parte o de oficio, podrá disolver a la organización y liquidar a la misma en un solo acto, sin que sea necesaria la realización de un proceso de liquidación, con base en las disposiciones que emita dicho Organismo de Control.- La liquidación sumaria también procederá respecto de las organizaciones que no hayan superado la causal de inactividad, dentro del plazo de tres meses contados desde la publicación de la Resolución que declare la inactividad, en cuyo caso se confirmará la presunción de que la organización no ha realizado actividad económica (…) «;

Que, el tercer artículo innumerado agregado luego el artículo 64 del Reglamento invocado dice: «Art. – Procedimiento de Inactividad.- La Superintendencia, a petición de parte o de oficio, podrá declarar inactiva a una organización bajo su control y supervisión, que no hubiere operado durante dos años consecutivos o más (…).- Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la publicación de la Resolución que declare la inactividad, las organizaciones deberán justificar documentadamente que se encuentran operando y realizando actividades económicas; esto es, que realizan actividades tendientes a cumplir con el objeto social principal, establecido en su estatuto social; y, que poseen activos registrados a nombre de la organización, de un salario básico unificado o superiores, como consecuencia de la actividad económica que realizan.- Es responsabilidad exclusiva de las organizaciones el documentar la superación de la causal de inactividad, únicamente dentro del plazo anterior. Las declaraciones de impuestos con valores en cero, que las organizaciones realicen ante la autoridad tributaria, no serán suficientes para superar la causal de inactividad.- (…) De no superarse la causal de inactividad, la Superintendencia pondrá en conocimiento de los posibles acreedores, a través de una publicación en la prensa, informando que la organización entrará a un proceso de liquidación sumaria, quienes podrán comparecer en el término de quince días contados a partir de la publicación, para que justifiquen su calidad (…) «;

Que, el artículo 153 ejusdem determina: «Control- El control es la potestad asignada a la Superintendencia, para vigilar el cumplimiento de la ley, este reglamento y las regulaciones, en el ejercicio de las actividades económicas y sociales, por

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parte de las organizaciones sujetas a la misma.- La Superintendencia, ejercerá el control en forma objetiva, profesional e independiente «;

Que, la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida con Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR- INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020, en el artículo 1 dispone: «Ámbito: La presente resolución aplica a las cooperativas y asociaciones de la Economía Popular y Solidaria, en lo sucesivo ‘organización u organizaciones’, sujetas al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en adelante ‘Superintendencia'»;

Que, el artículo 6 ibídem dispone: «Liquidación sumaria de oficio o forzosa: La Superintendencia de oficio podrá disponer la disolución y liquidación sumaria en un solo acto de una organización, la extinción de la personalidad jurídica y la exclusión de los registros correspondientes, sin que sea necesaria la realización de un proceso de liquidación, en cualquiera de los siguientes casos: (…) 3) Si la organización no hubiera superado la causal de inactividad en el plazo de tres meses, contados a partir de la publicación de la resolución que declare dicho estado; en cuyo caso se confirmará la presunción de que la organización no ha realizado actividad económica.- Para este efecto, la Superintendencia pondrá en conocimiento de los posibles acreedores a través de una publicación en la prensa, informando que la organización entrará en liquidación sumaria, quienes podrán comparecer en el término de quince días a partir de la publicación, para que justifiquen su calidad. Luego de lo cual se incorporarán en los informes respectivos y en la resolución de extinción, la información presentada producto de la publicación, precisando que los posibles acreedores puedan ejercer sus derechos ante la instancia respectiva «;

Que, el artículo 7 de la Norma invocada manifiesta: «Procedimiento: La Superintendencia, previa la aprobación de los informes correspondientes, resolverá la disolución y liquidación sumaria de oficio o forzosa de la organización, dispondrá la extinción de la personalidad jurídica y la exclusión de los registros correspondientes «;

Que, la Disposición General Primera de la Norma indicada señala: «(…) En las liquidaciones sumarias voluntaria o de oficio o forzosa, no se designará liquidador «;

Que, mediante la Resolución No. SEPS-ROEPS-2013-003679, de 23 de julio de 2013, este Organismo de Control aprobó el estatuto de la ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN PESQUERA ARTESANAL Y AFINES 15 DE JULIO;

Que, por medio de la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-DNLQSNF-DNLSNF- 2019-031, de 05 de agosto de 2019, conforme lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, este Organismo de Control resolvió declarar inactivas a novecientas cuarenta y un (941) organizaciones del sector no financiero de la economía popular y solidaria. En el artículo tercero de

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la indicada Resolución se dispuso lo siguiente: «(…) Prevenir a los directivos de las organizaciones antes mencionadas que si transcurridos tres meses desde la publicación de la presente Resolución, persisten en la inactividad, la Superintendencia podrá declararlas disueltas y disponer su liquidación y cancelación del Registro Público, de conformidad con lo que dispone el cuarto inciso del artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, por lo cual dentro del plazo anteriormente enunciado deberán presentar los descargos que consideren pertinentes (…)» (énfasis agregado);

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-IGT-2019-1729, de 28 de agosto de 2019, la Intendencia General Técnica pone en conocimiento de la Intendencia del Sector No Financiero, así como de las Intendencias Zonales, que: «(…) Mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF-DNLSNF-2019-031 de 5 de agosto de 2019, cuya copia acompaño, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, declaró inactivas a 941 organizaciones del sector no financiero, de conformidad a lo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.- Dentro del marco normativo antes citado, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria procedió a publicar la Resolución referida en primer término, en el diario Metro, el 22 y 23 de agosto de 2019 (…) por tal motivo, solicito que dentro del ámbito de jurisdicción y conforme las disposiciones emitidas por este Organismo de Control, se realice el control y seguimiento de la ejecución del proceso de inactividad de las 941 organizaciones del sector no financiero de la Economía Popular y Solidaria.- En consecuencia de lo anterior, agradeceré que una vez haya culminado el tiempo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, contado a partir de la mencionada publicación, se sirvan comunicar a la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte de las organizaciones a las disposiciones contenidas en la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF- DNLQSNF-DNLSNF-2019-031 de 5 de agosto de 2019 (…)»;

Que, por medio del Informe Técnico No. SEPS-IZ5-UZMRL-2020-002, de 20 de febrero de 2020, la Dirección Zonal 5 del Sector No Financiero, en atención al requerimiento previo, luego del análisis efectuado concluye y recomienda: «(…) D. CONCLUSIONES:.- Las ciento setenta y uno (171) organizaciones contenidas en el Anexo 1 (…) se encuentran incursas en el numeral 3 del literal e) del Artículo 57 de la LOEPS, concordante con el cuarto inciso del Artículo 58 de la misma Ley Orgánica, por lo que no han superado la causal de inactividad contenida en la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF- DNLSNF-2019-031 de 5 de agosto de 2019.- Del levantamiento de información contenida en los Anexos 2, 3, 4, 5 y 6, se evidencia que las organizaciones detalladas en el Anexo 1, no mantienen activos a su nombre (…).- E. RECOMENDACIONES: Se recomienda el inicio del proceso de liquidación forzosa sumaria de las ciento setenta y uno (171) organizaciones contenidas en el Anexo 1, de conformidad con el Artículo 57 de la LOEPS (…) concordante con el cuarto inciso del Artículo 58 de la citada Ley (…) En virtud, del análisis de la información y toda vez que se ha identificado que las organizaciones detalladas en el Anexo 1, no mantienen bienes a su nombre, se solicita se proceda con la

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liquidación forzosa sumaria (…)»- Entre las organizaciones de la economía popular y solidaria que constan en el Anexo 1 al que se hace referencia, se encuentra la ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN PESQUERA ARTESANAL Y AFINES 15 DE JULIO, con Registro Único de Contribuyentes No. 0992639776001;

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-IZ5-DZ5SNF-2020-0266, de 20 de febrero de 2020, la Dirección Zonal 5 del Sector No Financiero pone en conocimiento de la Intendencia Zonal 5 «(…) el Informe Técnico No. SEPS-IZ5-UZMRL-2020-002, de fecha 20 de febrero de 2020, por disolución y liquidación forzosa sumaria de las ciento setenta y uno (171) organizaciones detalladas en el Anexo 1.-‘Datos Generales’ adjunto al presente informe, en el cual se recomienda: ‘…el inicio del proceso de liquidación forzosa sumaria de las ciento setenta y uno (171) organizaciones contenidas en el Anexo 1…’; por encontrarse incursas en lo establecido en el numeral 3) del literal e) del artículo 57) de la LOEPS, concordante con el cuarto inciso del artículo 58 de la misma Ley Orgánica; en virtud que (sic) se ha identificado que las mencionadas organizaciones no mantienen activos a su nombre (…) «;

Que, a través del Memorando No. SEPS-SGD-IZ5-2020-0267, de 20 de febrero de 2020, el Intendente Zonal 5 (E) pone en conocimiento del Intendente de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución «(…) el Informe Técnico No. SEPS- IZ5-UZMRL-2020-002, de fecha 20 de febrero de 2020, por disolución y liquidación forzosa sumaria de las ciento setenta y uno (171) organizaciones detalladas en el Anexo 1.-‘Datos Generales’ adjunto al presente informe, en el que se recomienda y con lo cual concuerdo: …el inicio del proceso de liquidación forzosa sumaria de las ciento setenta y uno (171) organizaciones contenidas en el Anexo 1… ;por encontrarse incursas en lo establecido en el numeral 3) del literal e) del artículo 57) de la LOEPS, concordante con el cuarto inciso del artículo 58 de la misma Ley Orgánica; en virtud (sic) que se ha identificado que las mencionadas organizaciones no mantienen activos a su nombre (…)»;

Que, mediante Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2020-022, de 23 de marzo de 2020, la Dirección Nacional de Intervención y Liquidación de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria concluye y recomienda: «(…) 4. CONCLUSIONES:.- (…) 4.2. En los cortes de información obtenidos de los años 2016y 2017, las 171 organizaciones no remitieron al Servicio de Rentas Internas, información financiera en la Declaración de Impuesto a la Renta.- (…) 4.5. Ninguna organización mantiene bienes inmuebles catastrados a su nombre.- 4.6. Ninguna organización mantiene activos en cooperativas de ahorro y crédito del sistema financiero popular y solidario; así como tampoco tienen depósitos a la vista en entidades del sector financiero nacional- (…) 4.9. Con fundamento en la normativa expuesta en el presente informe se concluye que 171 organizaciones de la EPS, han incumplido con lo establecido en el marco legal citado de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento General; por lo que es procedente declarar la liquidación forzosa sumaria y la extinción de las organizaciones mencionadas anteriormente.-5. RECOMENDACIONES: 5.1. Declarar la liquidación forzosa sumaria de 171 organizaciones de la EPS,

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analizadas en el presente informe técnico, en razón que (sic) se encuentran incursas en el numeral 3, literal e), del artículo 57 de la Ley Orgánica de Economía Popular (…); concordante con el cuarto inciso del artículo 58 de la citada Ley (…); organizaciones entre las que se encuentra la ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN PESQUERA ARTES ANAL Y AFINES 15 DE JULIO, con Registro Único de Contribuyentes No. 0992639776001;

Que, mediante Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-DNILO-2020-0192, de 24 de marzo de 2020, el Director Nacional de Intervención y Liquidación de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria pone en conocimiento del Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, el Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2020-022, respecto de las organizaciones de la economía popular y solidaria entre las cuales consta la ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN PESQUERA ARTES ANAL Y AFINES 15 DE JULIO, y concluye que: «(…) se encuentran incursas en el numeral 3 del literal e) del artículo 57 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria; en su Reglamento General; y, en el Procedimiento para las Liquidaciones de Oficio de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, por lo cual es procedente declarar la disolución y liquidación de oficio de las mismas (…)»;

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-2020-0199, de 24 de marzo de 2020, el Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución concluye y recomienda: «(…) Esta Intendencia, sobre la base del Informe Técnico No. SEPS- INFMR-DNILO-2020-022 de 23 de marzo de 2020, emitido por la Dirección Nacional de Intervención y Liquidación de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, establece que 171 organizaciones de la EPS se encuentran incursas en el numeral 3, del literal e), del artículo 57 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria; por lo cual, aprueba y recomienda declarar la liquidación sumaria forzosa de las mencionadas organizaciones y la extinción de la personalidad jurídica (…) «;

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2020-1380, de 12 de junio de 2020, desde el punto de vista jurídico, la Intendencia General Jurídica emitió el respectivo informe;

Que, consta a través del Sistema de Gestión Documental de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que, respecto del Memorando No. SEPS-SGD-IGJ- 2020-1380, el 12 de junio de 2020 la Intendencia General Técnica emitió su proceder para continuar con el proceso referido;

Que, a través del Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-2020-2205, de 10 de diciembre de 2020, el Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución informa : «(…) que se realizó la publicación de llamamiento a posibles acreedores en Diario ‘Metro’ de circulación nacional, el 18 de noviembre de 2020 (…).- En ese sentido, ante el referido llamado debo comunicar que no se ha registrado ingreso documental u oficio alguno, ante posibles acreencias, de ninguna de las ciento setenta y uno organizaciones (171) (…)»;

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Que, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedido mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGG-IGJ-037, de 21 de octubre de 2019, el Intendente General Técnico tiene entre sus atribuciones y responsabilidades, el suscribir las resoluciones de liquidación y extinción de las organizaciones controladas; y,

Que, conforme consta en la Acción de Personal No. 0326, de 05 de marzo de 2021, la Intendente Nacional Administrativa Financiera, delegada de la Superintendente de Economía Popular y Solidaria, resolvió la subrogación de la señora Nelly Del Pilar Arias Zavala como Intendente General Técnico.

En uso de las atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar disuelta y liquidada a la ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN PESQUERA ARTESANAL Y AFINES 15 DE JULIO, con Registro Único de Contribuyentes No. 0992639776001, domiciliada en el cantón DURAN, provincia de GUAYAS, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57, literal e) numeral 3; y, 58, cuarto inciso, de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria; en concordancia con el artículo 14 ibídem y primer artículo innumerado agregado a continuación del 64 de su Reglamento General; así como de los artículos 6 y 7 de la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida con Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020, por este Organismo de Control.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar a la ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN PESQUERA ARTESANAL Y AFINES 15 DE JULIO, con Registro Único de Contribuyentes No. 0992639776001, extinguida de pleno derecho conforme al primer artículo innumerado a continuación del 64 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en concordancia con los artículos 6 y 7 de la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida con Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020, por este Organismo de Control.

ARTÍCULO TERCERO.- Disponer a la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la cancelación del registro de la ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN PESQUERA ARTESANAL Y AFINES 15 DE JULIO.

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar al Ministerio encargado de la Inclusión Económica y Social con la presente Resolución, para que proceda a retirar a la ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN PESQUERA ARTESANAL Y AFINES 15 DE JULIO del registro correspondiente.

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DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Disponer que la Intendencia Nacional Administrativa Financiera, en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación e Imagen Institucional de esta Superintendencia, publique un extracto de la presente Resolución en un periódico de amplia circulación en el cantón DURAN, provincia de GUAYAS, domicilio de la ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN PESQUERA ARTES ANAL Y AFINES 15 DE JULIO; y, en el portal web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

SEGUNDA.- Los posibles acreedores podrán ejercer sus derechos ante la instancia respectiva, sin perjuicio de la publicación por la prensa previamente realizada por esta Superintendencia, con el fin de poner en su conocimiento que la organización entraría en un proceso de liquidación sumaria; de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del artículo 6 de la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR- INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020.

TERCERA.- Disponer a la Secretaria General de esta Superintendencia sentar la razón respectiva del presente acto administrativo en la Resolución No. SEPS-ROEPS-2013- 003679; y, la publicación de esta Resolución en el Registro Oficial, así como su inscripción en los registros correspondientes.

CUARTA.- Notificar con la presente Resolución al Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Registro de la Propiedad respectivo, para los fines legales pertinentes.

QUINTA.- Disponer que la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución ponga en conocimiento de la Intendencia Nacional Administrativa Financiera y Dirección Nacional de Procuraduría Judicial y Coactivas el contenido de la presente Resolución, para que procedan en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades.

SEXTA.- La presente Resolución regirá a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación. De la ejecución y del cumplimiento de la Resolución, encárguese la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución.

COMUNÍQUESE Y NOTIFÍQUESE.-

Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de marzo de 2021.

Registro Oficial N° 459 Miércoles 26 de mayo de 2021

EL CONCEJO MUNICIPAL DE AMBATO

CONSIDERANDO:

• Que la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 264, numeral 1, establece que es competencia de los gobiernos municipales el planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y ocupación del suelo urbano y rural;
• Que el inciso final del artículo 264 de la Carta Magna, establece que los gobiernos municipales en el ámbito de su competencia y territorio; y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas cantonales;
• Que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en el artículo 55 literal a) establece que entre las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados está el de planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural;
• Que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en el artículo 55 literal b) y c) establecen como competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal el ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón, planificar, construir y mantener la vialidad urbana;
• Que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en el artículo 57 literal a) establece que es atribución del Concejo Municipal, el ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones;
• Que el artículo 129 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establece: «Ejercicio de la competencia de vialidad.-El ejercicio de la competencia de vialidad atribuida en la Constitución a los distintos niveles de gobierno, se cumplirá de la siguiente manera: Al gobierno central le corresponde las facultades de rectoría, normativa, planificación y ejecución del sistema vial conformado por las

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troncales nacionales y su señalización. Al gobierno autónomo descentralizado regional le corresponde las facultades de planificar, construir regular, controlar y mantener el sistema vial de ámbito regional en concordancia con las políticas nacionales. Al gobierno autónomo descentralizado provincial le corresponde las facultades de planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas. Al gobierno autónomo descentralizado municipal le corresponde las facultades de planificar, construir y mantener la vialidad urbana. En el caso de las cabeceras de las parroquias rurales, la ejecución de esta competencia se coordinará con los gobiernos parroquiales rurales. Al gobierno autónomo descentralizado parroquial rural le corresponde las facultades de planificar y mantener, en coordinación con el gobierno autónomo descentralizado provincial la vialidad parroquial y vecinal, para el efecto se establecerán convenios entre ambos niveles de gobierno, donde se prevean las responsabilidades correspondientes de cada uno de ellos. Las tareas y obras de mantenimiento se ejecutarán mediante gestión directa, a través de empresas públicas, o la delegación a empresas de la economía popular y solidaria y la cogestión comunitaria.»;

• Que el artículo 11 del capítulo 5 de la «ORDENANZA QUE REGULA EL SISTEMA ALFA-NUMÉRICO DE NOMENCLATURA DE LAS VÍAS DE LA CIUDAD Y SUS OBRAS DE INTERÉS PÚBLICO», manifiesta que se podrán adoptar nuevos nombres o cambiar los aprobados en este estudio, por petición particular de la ciudadanía o por gestión de alguna instancia municipal, siendo el Concejo Municipal la instancia que lo decida, en base a los informes justificativos de los departamentos correspondientes y a las sugerencias de las respectivas comisiones, conforme el Art. 14 de esta ordenanza; difusión que deberá ser publicada a través de la prensa local;

En uso de las atribuciones contempladas en el artículo 57 literal a) que guarda concordancia con el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

Expide la:

«ORDENANZA ESPECÍFICA DE NOMENCLATURA VIAL PARA EL

PASAJE OREGÓN UBICADO EN EL BARRIO LOS LAURELES DE LA

PARROQUIA HUACHI GRANDE DEL CANTÓN AMBATO»

Art. 1.- Se asigna el nombre OREGÓN al pasaje ubicado en el barrio Los Laureles perteneciente a la parroquia Huachi Grande.

Art. 2.- Una vez aprobado el nombre OREGON, el pasaje pasará a formar parte del plan vial de la parroquia.

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Art. 3.- Se mantiene la ordenanza vigente del sector y demás normas existentes, así como usos complemetarios y permisibles de construcción estipulados en el P.O.T.- Ambato.

Art. 4.- El plano que se adjunta será publicado en la página WEB de la Municipalidad de Ambato.

Art. 5.- La presente ordenanza entrará en vigencia luego de su sanción y promulgación.

Dado en Ambato a los veinte y siete días del mes de abril de dos mil veintiuno.

CERTIFICO. Que la «»ORDENANZA ESPECÍFICA DE NOMENCLATURA VIAL PARA EL PASAJE OREGÓN UBICADO EN EL BARRIO LOS LAURELES DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE DEL CANTÓN AMBATO» fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal de Ambato, en sesiones ordinarias de los días: 13 de octubre de 2020, notificada con RC- 282-2020 en primer debate; y, del 27 de abril de 2021, notificada con RC-178-2021, en segundo y definitivo debate; habiéndose aprobado su redacción en la última de las sesiones indicadas.

Abg. Adrían Andrade López

Secretario del Concejo Municipal

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE AMBATO.-

Ambato, 04 de mayo de 2021

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, pásese el original y las copias de la «ORDENANZA ESPECÍFICA DE NOMENCLATURA VIAL PARA EL PASAJE OREGÓN UBICADO EN EL BARRIO LOS LAURELES DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE DEL CANTÓN AMBATO» al señor Alcalde para su sanción y promulgación.

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Abg. Adrián Andrade López Secretario del Concejo Municipal

ALCALDÍA DEL CANTÓN AMBATO.-

Ambato, 05 de mayo de 2021

De conformidad con lo que establece el artículo 324 reformado del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, ejecútese y publíquese.

Proveyó y firmó el decreto que antecede el señor doctor Javier Altamirano Sánchez, Alcalde de Ambato, el cinco de mayo del dos mil veintiuno.- CERTIFICO:

Abg. Adrián Andrade López Secretario del Concejo Municipal

La presente Ordenanza, fue publicada el siete de mayo del dos mil veintiuno a través del dominio web de la Municipalidad de Ambato, www.ambato.gob.ec- CERTIFICO:

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EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL

CANTÓN SALCEDO

Considerando

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley»

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que «Los Gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad interterritorialidad, integración y participación ciudadana»;

Que, el artículo 264 ibídem, establece: «Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.»

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), en su artículo 5, indica que la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución, comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno, para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes;

Que, el artículo 54 del COOTAD menciona que son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las siguientes; a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales en el marco de sus competencias constitucionales y legales; y, p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, empresariales o profesionales, que se

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desarrollen en bienes inmuebles ubicados en la circunscripción territorial cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la colectividad»;

Que, el artículo 60 ibídem, señala: «Le corresponde al alcalde o alcaldesa: e) Presentar con facultad privativa, proyectos de ordenanzas tributarias que creen, modifiquen, exoneren o supriman tributos, en el ámbito de las competencias correspondientes a su nivel de gobierno»;

Que, la Ordenanza que Regula la Administración y Funcionamiento del Terminal Terrestre de Transporte Público de Pasajeros del Cantón Salcedo, fue aprobada por el I. Concejo Municipal en sesiones ordinarias de fecha 10 y 17 de septiembre del 2020 y publicada en el Registro Oficial, Edición Especial No. 1175, de fecha 15 de octubre del 2020 y se encuentra en vigencia.

Que, con MEMORANDO No.- DSPGA-0785-2021, suscrito por la Ing. Paola Jácome, Administradora del Terminal Terrestre, solicita se realice una reforma a la Ordenanza que Regula la Administración y Funcionamiento del Terminal Terrestre Público de Pasajeros del Cantón Salcedo, por cuanto en la misma no consta el cobro del parqueo.

Que, mediante MEMORANDO No.- DSPGA-0791-2021, el Director de Servicios Públicos y Gestión Ambiental, solicita a la máxima autoridad, se realice la reforma a la Ordenanza que Regula la Administración y Funcionamiento del Terminal Terrestre Público de Pasajeros del Cantón Salcedo

Que, a través del MEMORANDO No.- SG-0337-2021, de fecha 29 de marzo del 2021, el Sr. Alcalde (Subrogante), dispone a Procuraduría Sindica, atender lo solicitado.

Que, con MEMORANDO No.- PS-0288-2021 de fecha 06 de abril del 2021, Procuraduría, remite el Proyecto: «PRIMERA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA QUE REGULA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DEL CANTÓN SALCEDO»

En uso de sus atribuciones contempladas en el artículo 264, inciso final de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el literal a) del artículo 57 y con el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización;

Expide:

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PRIMERA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA QUE REGULA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DEL CANTÓN SALCEDO

Art. 1.- Inclúyase luego del artículo 20, los siguientes:

Art. 21.- Los automotores que utilicen el área de parqueadero deberá cancelar la cantidad de $ 0.25 centavos de dólar americano por hora o fracción.

Art. 22.- En ningún caso en el área de parqueadero existirán espacios reservados permanentes de uso exclusivo.

Art. 23.- Están exentos del pago del parqueadero los siguientes vehículos:

1.- Los vehículos que porten el símbolo que identifica a personas con movilidad reducida y personas con discapacidad debidamente autorizados por el Ministerio de Salud.

2.- Los vehículos especiales de Autoridades de Estado, Bomberos, Ambulancias, Policía, Fuerzas Armadas, de propiedad municipal, en cumplimiento de sus funciones podrán ocupar eventualmente los espacios del parqueadero en forma gratuita, únicamente cuando estén atendiendo reuniones oficiales y/o casos de emergencia, lo que será verificado por la Administrador/a del Terminal Terrestre y en ningún caso esta ocupación podrá exceder de dos horas o mientras dure la reunión y/o emergencia.

DISPOSICIÓN FINAL.- La Primera Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza que Regula la Administración y Funcionamiento del Terminal Terrestre de Transporte Público de Pasajeros del Cantón Salcedo, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del I. Concejo del GAD Municipal del Cantón Salcedo, a los 22 días del mes de abril del año 2021.

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CERTIFICICACIÓN.- Certifico que La PRIMERA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA QUE REGULA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DEL CANTÓN SALCEDO, fue discutida y aprobado por el I. Concejo del GAD Municipal del Cantón Salcedo en Sesiones Ordinarias de fecha 15 y 22 de abril de 2021.

Dr. TARQUINO NARANJO TORRES SECRETARIO DEL I. CONCEJO MUNICIPAL.

SECRETARÍA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO.- A los 26 días del mes de abril del año 2021, las 10h50.- Vistos.- de conformidad a lo que dispone el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, remito La PRIMERA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA QUE REGULA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DEL CANTÓN SALCEDO, ante el señor Alcalde Subrogante, para que dentro del plazo de ocho días sancione o la observe.

Dr. TARQUINO NARANJO TORRES

SECRETARIO DEL I. CONCEJO MUNICIPAL.

ALCALDÍA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO.- En San Miguel de Salcedo, a los 26 días del mes de abril del año 2021, las 12h30, de conformidad a lo que establece el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite legal y por cuanto la presente Ordenanza está de acuerdo con la Constitución y Leyes de la República del Ecuador, esta Alcaldía Sanciona La PRIMERA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA QUE REGULA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

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DEL TERMINAL TERRESTRE DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DEL CANTÓN SALCEDO.

PROMÚLGUESE Y EJECÚTESE.

T.S. MANUEL JERES GARZÓN

ALCALDE SUBROGANTE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO.

CERTIFICACIÓN.- una vez revisado el aplicativo de Firma EC, la firma que consta en La PRIMERA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA QUE REGULA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DEL CANTÓN SALCEDO, corresponde al T.S. Manuel Jerés Garzón, Alcalde Subrogante del GAD Municipal del Cantón Salcedo y la misma está vigente.

Salcedo, 26 de abril del 2021.

Dr. TARQUINO NARANJO TORRES.

SECRETARIO DEL I. CONCEJO MUNICIPAL DE SALCEDO.

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