El Principio de Oralidad en el COGEP

Martes, 01 de marzo de 2016

El Principio de Oralidad en el COGEP

Autor: Dr. José García Falconí

Es una de las bases fundamentales del COGEP; y como lo manifiesto en la obra que estoy preparando que la oralidad implica inmediación y contradicción, lo que dota al proceso de celeridad, pero para hacer realidad esta oralidad, como corresponde, es menester que el Consejo de la Judicatura dote al sistema de todos los medios materiales y humanos necesarios, reconociendo que el Dr. Gustavo Jalkh, Presidente de dicho Consejo ha manifestado que se están realizando todos los esfuerzos para buscar una justicia oportuna y eficaz que es la aspiración de las ecuatorianas y ecuatorianos, y que entrará en vigencia el COGEP el día 23 de mayo de 2016.

 

RESEÑA HISTÓRICA DEL PROCEDIMIENTO MONITORIO

El profesor Tomás Valiente, en su estudio histórico-jurídico del procedimiento monitorio, señala al respecto: ?El proceso ordinario en la baja edad media en Italia, era lleno de tramitación, costoso y con una dosis muy grande de formalismos inútiles. Pero como era un proceso común, su aplicación quedaba condicionada al hecho de que las distintas ciudades no lo derogasen en sus respectivos estatutos. Y esta fue una de las puertas por donde se introdujeron las primeras correcciones a aquel juicio tan complicado y difícil?.

De tal manera, como dice Eduardo Gutiérrez: ?Por lo que respecta al proceso monitorio, aparece ante la realidad práctica de la existencia de derechos de crédito no incorporados a títulos ejecutivos, pero sí de naturaleza incontestable. Estos derechos por muy ciertos que fuesen no encajaban en el juicio ejecutivo y debían engendrar un proceso ordinario. Para salvar este gravísimo escollo nació en la doctrina italiana medieval el procedimiento monitorio (?)?. Agrega, que el proceso monitorio podía fundarse en un documento que no tuviera fuerza ejecutiva, y a veces en la simple afirmación del acreedor sin presentar prueba documental alguna; termina manifestando que en cualquier caso una práctica saludable como la del proceso monitorio, existente en España a mediados del siglo XX y que se encontraba regulada por las legislaciones europeas más progresivas; y esto justamente lo que el Asambleísta Nacional recogió al contemplar el procedimiento monitorio como uno de los procedimientos ejecutivos, con características especiales reguladas en los Arts. 356 al 361 del COGEP, cuyo texto consta en líneas anteriores.

ANÁLISIS DEL PROCESO MONITORIO

Este procedimiento monitorio, es un procedimiento declarativo especial, que opera sobre la base de permitir que el caso sea resuelto de manera rápida y eficaz, sin que haya necesidad de una tramitación judicial extensa.

La hipótesis para que proceda este procedimiento monitorio, es que tratándose de cualquier acción que persiga el pago de una suma de dinero determinada, líquida, exigible y de plazo vencido, cuyo monto no exceda de cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general y que además estuvieren fundadas en antecedentes escritos suficientes que permitan por sí mismo determinar al juzgador la existencia de la obligación a la que debe condenar al demandado y siempre cuando se cumpla cualquiera de las cinco formas que establece el Art. 356 del COGEP, da lugar al procedimiento monitorio.

Uno de los ante proyectos del COGEP establecía al respecto que este procedimiento no era aplicable a demandas en contra de personas jurídicas, ni de personas naturales, cuya actividad comercial esté relacionada con la gestión y/o cobro de la acción intentada; tampoco procede respecto de los cesionarios, tampoco respecto del contrato o fuente de la obligación de que se trate, como de la acción misma; y que tratándose de materia laboral la propuesta es que solo los trabajadores podían demandar de acuerdo a este procedimiento; lo cual lo recoge el No. 5 del 356, señalando algunos requisitos.

Igualmente el COGEP en el Art. 357 inciso segundo, establece que si la cantidad demandada no excede los tres salarios básicos unificados del trabajador en general no se requerirá del patrocinio de un abogado.

El Código Orgánico General de Proceso colombiano, en cambio señala que se establece un proceso monitorio para los asuntos de mínima cuantía, con el objeto de conseguir un título ejecutivo. En dicho cuerpo de leyes se consagra un proceso verbal sumario para los asuntos de mínima cuantía, esto es para la protección de los derechos de los consumidores y para algunos otros asuntos de trascendental relevancia, como son los de filiación y alimentos.

En el trabajo que estoy preparando analizo de manera detallada este tema.


 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO MONITORIO

Conforme lo señalo en el trabajo que saldrá a circulación las próximas semanas, este procedimiento tiene los siguientes principios o características:

a)      Su finalidad de actuación de pretensión genérica, consiste en la petición de cantidades de dinero, pues lo que se pretende cobrar es una deuda determinada, líquida, exigible y de plazo vencido, cuyo monto no exceda de cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general, esto es actualmente de USD. 18.300.00, que no conste en título ejecutivo, siempre y cuando se pruebe dicha deuda con algunas de las cinco maneras que establece el Art. 356 del COGEP;

b)      La fundamentación de este procedimiento como he señalado en líneas anteriores se basa en una deuda determinada de dinero con las características antes señaladas y, en principio, sin un deber de contraprestación por parte del acreedor;

c)      Este procedimiento es especial por razones jurídico  procesales, esto es por su estructura procedimental, que es nueva en nuestro ordenamiento jurídico;

d)      El procedimiento monitorio de lo anotado, puede surgir teóricamente como señala el maestro Eduardo Gutiérrez en base a un título escrito (proceso monitorio documental), o en base a la simple afirmación del acreedor-actor (proceso monitorio puro), lo cual lo ratifica el tratadista Calamandrei en su obra El Procedimiento Monitorio;

e)      En el procedimiento monitorio, la orden de pago que emite el juzgador, examinando el documento o la simple declaración del actor, es condicional, o sea ejecutiva, salvo oposición fundada del deudor;

f)        En el procedimiento monitorio tiene lugar prácticamente como he señalado en líneas anteriores, una inversión del contradictorio; pues los hechos constitutivos de la pretensión del actor pueden quedar fijados por la no oposición o la simple ausencia del demandado. Este como señala Eduardo Gutiérrez, tiene la carga de oponerse si no quiere que dichos hechos constitutivos queden admitidos, con autoridad de cosa juzgada, como lo dispone el inciso tercero del Art. 358 del COGEP;

g)      Siendo de esencia del mandato de pago nacido del procedimiento monitorio, su carácter condicional sujeto a la posible oposición, los casos de ausencia justificada del demandado, de desconocimiento de su domicilio, o de residencia en el extranjero, el ordenamiento jurídico ecuatoriano, no lo establece en forma debida; y estas circunstancias en mi criterio deben ser aclaradas por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, dando cumplimiento a disposiciones constitucionales y legales;

h)      El auto interlocutorio de pago emitido por el juzgador, no gana fuerza ejecutiva por la simple declaración unilateral del acreedor, sino por la falta de oposición del demandado, lo que supone darle a la rebeldía del deudor un carácter represivo, aunque hay que reconocer que la falta de oposición no supone que no haya contradicción de intereses o falta de litis, sino, por el contrario, un derecho que aparece como pleno del actor, que necesita tutela, y que en base a su evidencia no es formalmente resistido; de tal manera que ésta presumible evidencia se convierte en definitiva por la falta de oposición, y por ello la orden condicional de pago deviene en ejecutiva, razón por la cual el procedimiento monitorio se encuentra dentro de los procedimientos ejecutivos que trata el título II del libro IV del COGEP; y,

i)        La brevedad del procedimiento monitorio, caracterizado casi por la ausencia de trámites en los casos de falta de oposición, ha motivado que la doctrina clásica lo clasifique entre los procedimientos sumarios determinados; pero en nuestro ordenamiento jurídico como he manifestado en líneas anteriores se trata de un procedimiento ejecutivo nuevo en nuestro ordenamiento jurídico.

¿QUÉ SON ACTOS INTERLOCUTORIOS?

Como se manifiesta en el Art. 358 del COGEP el juzgador debe dictar un auto interlocutorio cuando declara admisible la demanda, concediendo el término de quince días para el pago y disponiendo que se cite al deudor.

Los autos interlocutorios se refieren a asuntos controvertidos que no sean materia de la sentencia, pero que pueden afectar derechos de las partes o decidir sobre los presupuestos procesales.

Como dice la doctrina, declaran la nulidad procesal, inadmiten una demanda; resuelven sobre la procedencia de las excepciones previas; niegan la práctica de una prueba al calificarla de impertinente o inconducente; admiten o niegan la intervención de terceros en el proceso.

Establecen medidas cautelares, fijan alimentos, resuelven sobre el abandono, desistimiento o transacción; y vinculan al juez y a las partes, gozando de cosa juzgada salvo que existan los recursos pertinentes; y esto es importante tener en cuenta especialmente cuando entre en vigencia el COGEP.

 

ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO MONITORIO

El COGEP, en la estructura del procedimiento monitorio distingue las siguientes fases:

1.      La demanda en que pide al acreedor el cumplimiento de la obligación de una deuda determinada de dinero, líquida, exigible y de plazo vencido, cuyo monto no exceda de cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general, conforme lo disponen los Arts. 356 y 357 del COGEP; aclarando que la demanda debe contener los requisitos generales que establece el Art. 142 ibídem, y además especificando el origen y cantidad de la deuda. El Consejo de la Judicatura, va a presentar formularios para esta clase de reclamos, en los que siempre se debe acompañar el documento que prueba la deuda, dando cumplimiento de esta manera a lo que señala el Art. 143 del cuerpo de leyes citado;

También se aclara en el inciso segundo del 357, ?Si la cantidad demandada no excede de los tres salarios básicos unificados del trabajador en general, no se requerirá el patrocinio de un abogado?; esto es cuando la demanda tenga una cuantía de hasta USD. 1.098.00 actualmente.

2.      El examen de la demanda por el juzgador emitiendo cuando sea procedente el mandato condicional de pago dirigido al deudor, mandato que deberá cumplir con lo que señala el Art. 358 del COGEP; esto es dictará un auto interlocutorio el juzgador en el que concederá el término de quince días para el pago y mandará que se cite a la o el deudor.

La  misma disposición legal, establece que si la o el deudor no comparece dentro del término concedido, esto es quince días, o si lo hace sin manifestar oposición, el auto interlocutorio al que se refiere el inciso primero quedará en firme, tendrá el efecto de cosa juzgada y se procederá a la ejecución, comenzando por el embargo de los bienes del deudor que el acreedor señale en la forma prevista en el Art. 377 de dicho Código; o sea la conversión del mandato condicional de pago, se convierte en definitivo, si en el término de quince días para la oposición, el deudor no comparece o compareciendo no se opone.

3.      Si la parte demandada comparece y formula excepciones, esto es las señaladas como previas en el Art. 153 del COGEP, el juzgador convoca a una audiencia única con dos fases, que tienen el siguiente procedimiento:

a.       La primera fase, que es de saneamiento, fijación de los puntos en debate y conciliación;

b.      La segunda fase, que es de prueba y alegatos.

Aclara la disposición del Art. 359, que si no hay acuerdo o este es parcial, en la misma audiencia dispondrá la práctica de las pruebas anunciadas, luego de lo cual oirá los alegatos de las partes, y en la misma diligencia dictará sentencia.

De esta sentencia solo caben los recursos horizontales de ampliación y aclaración que están regulados en los Arts. 253 y 255 del COGEP, y también procede el recurso de apelación que está regulado en el Art. 256 al 265; o sea no existe recurso extraordinario de casación, regulado en los Arts. 266 al 277 de dicho cuerpo de leyes, pues se trata de un proceso de ejecución.

En resumen, presentada la demanda con los requisitos del Art. 142, comienza la segunda fase del procedimiento monitorio: el examen de la demanda y el auto interlocutorio correspondiente, además la audiencia única con las dos fases y la resolución con los recursos antes mencionados, conforme señalo en líneas anteriores.

CONCLUSIONES

Sin duda alguna el COGEP, contiene un texto moderno, pero para su efectivizacion hay necesidad de edificios utilizables para implementar los servicios de la nueva administración de justicia que contempla este cuerpo de leyes que repito entra en vigencia el 23 de mayo de 2016.

Recordemos que el fin principal del proceso, es la realización del derecho, como satisfacción de un interés público del Estado, el secundario es la justa composición de los litigios o solución de la petición del actor (cuando no hay litigio), así lo señala el maestro Hernando Devis Echandía, quien recalca que para poder cumplir esos fines, el proceso necesita entrar en contacto con la realidad del caso en concreto que en él se ventila, pues si el juzgador no conoce exactamente sus características y circunstancias, no le es posible aplicar correctamente la norma legal que lo regula y declarar así los efectos jurídicos materiales que de ella deban deducirse y que constituirán el contenido de la cosa juzgada, en estricta congruencia con la demanda y las excepciones; de tal modo, que ese indispensable contacto con la realidad de la vida solo se obtiene mediante la prueba, que es el único camino para que el juez conozca los hechos que le permita tomar una resolución legal y justa, como es la aspiración del pueblo ecuatoriano, en este nuevo ordenamiento jurídico que vive el país.

Que la trilogía estructura de la ciencia del proceso, se fundamenta en tres conceptos, que son:

1.- Jurisdicción: Como poder del Estado para resolver conflictos de trascendencia jurídica, en forma vinculante para las partes;

2.- La acción: Como derecho, facultad, poder o posibilidad jurídica de las partes para provocar la actividad del órgano jurisdiccional del Estado, con el objeto de que se resuelva sobre una pretensión litigiosa; y,

3.- Proceso: como poder del Estado para resolver conflictos de trascendencia jurídica  en forma vinculante para las partes.

Recalco que el maestro Niceto Alcalá-Zamora y Castilla señala con toda razón: ?Todo proceso arranca de un presupuesto (litigio), se desenvuelve a lo largo de un recorrido (procedimiento), y persigue alcanzar una metal, sentencia?; de tal modo que la estructura de un proceso conforme lo señalo en el trabajo que voy a publicar tiene un antecedente, un litigio, una serie de actos y hechos procesales, los cuales tienen una realización formal, espacial y temporal que constituye el procedimiento.

Conforme lo manifiesta el maestro Eduardo Gutiérrez de Cabiedes, en su obra Estudios de Derecho Procesal, puedo señalar lo siguiente:

a)      El maestro Bun Soria, en su trabajo titulado el Proceso Monitorio: ?La enorme cantidad de demandas que a diario se reparten en nuestros juzgados reclamando honorarios profesionales, facturas mercantiles, prestaciones que resultan de hechos notorios o de documentos sin fuerza ejecutiva, pero que ofrecen morales garantías de legitimidad que son casi siempre contestadas con la rebeldía, en allanamiento y que obligan a un largo e inútil papeleo, requieren que se medite la conveniencia de implantar el sistema? lo cual recoge el Art. 356 del COGEP;

b)      Eduardo Gutiérrez, manifiesta que hay dos tipos de ventajas en esta clase de procedimientos, por una parte la descongestión en los trabajos de los juzgados y, de otra la protección justa, rápida y eficaz del crédito.

La primera razón se ha de tener preferentemente en cuenta por contribuir positivamente el buen funcionamiento de la administración de justicia, pues la aglomeración de litigios ante los órganos encargados de administrar justicia no es un mal solo de nuestros días, pero resulta evidente que en la actualidad está agudizado de tal manera que amenaza con parálisis del mismo servicio. Esto lo recogen los Arts. 75 de la CRE y 23 del COFJ.

c)      Agrega que ante una situación de estas características, que hace que el trabajo jurisdiccional sea necesariamente muy mecánico y poco meditado en detrimento de la justicia del caso o al menos de una jurisprudencia que pueda ser ejemplar por su técnica y por su nivel científico-jurídico, se pueden proponer varios remedios; y uno de ellos es la implementación del procedimiento monitorio, en la que se introducen el principio de oralidad, que en nuestro ordenamiento jurídico lo establece imperativamente el Art. 168 de la CRE y lo recoge el COGEP, especialmente en el Art. 4.

d)      El maestro Calamandrei sobre este tema señala: ?Que la sola suposición de la posibilidad de un profesional que prefiera el procedimiento más expedito para el cliente, el procedimiento más lucrativo para el patrocinador, es injuria gratuita dirigida a la clase. Reconozcamos, por el contrario, con toda sinceridad que esta preferencia responde a la naturaleza humana y que la misma debe ser tomada en consideración sin falsos pudores por el legislador?; recordando que como lo dice la doctrina: ?El fin del proceso es la efectividad de los derechos sustanciales?; que lo recoge la Exposición de Motivos del COFJ.

Concluyo este artículo, manifestando que en doctrina el procedimiento monitorio se llama proceso de la estructura monitoria y según lo manifiestan los estudiosos en la materia, este procedimiento no debe durar más de treinta días como tiempo razonable dentro del nuevo ordenamiento jurídico del país, lo cual implica una nueva forma de administrar justicia y una nueva forma de ejercer nuestra profesión de abogados; hoy que el 20 de febrero celebramos nuestro día, y en el cual rindo mi homenaje de pleitesía al colega profesional.

 

Dr. José García Falconí

DOCENTE, FACULTAD DE JURISPRUDENCIA,

CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, UNIVERSIDAD

CENTRAL DEL ECUADOR

Correo: josegarciafalconi@gmail.com

 

Change password



Loading..