Las negociaciones comerciales modernas ya no son simples tratos de apretón de manos. La ruptura injustificada de las negociaciones y la ocultación de información clave han convertido a la etapa precontractual en un campo minado de responsabilidad civil. Comprender los límites de la buena fe es vital para blindar los tratos preliminares.
El mes de septiembre de 2025 finalizó con una profunda preocupación para los ecuatorianos al no lograrse consensos dentro del paro nacional convocado por la CONAIE. Hemos presenciado una serie de acontecimientos que han generado una crítica a la protesta social, la cual se ha visto deslegitimada por situaciones de violencia que alteran el orden público y la paz social.
El derecho de contratos contemporáneo exige flexibilidad, multiplicidad de remedios y un enfoque en la utilidad práctica del negocio. Sin embargo, el sistema ecuatoriano sigue anclado a un código decimonónico. Aunque la jurisprudencia ha dado tímidos pasos hacia la modernidad, el país enfrenta el reto de superar el rezago normativo para brindar verdadera seguridad jurídica al comercio.
El femicidio pone de manifiesto las muertes violentas de mujeres motivadas por el odio, el desprecio o el sentimiento de posesión que experimentan los hombres sobre las mujeres en una sociedad patriarcal. Siendo el femicidio la manifestación más extrema de violencia.
Durante más de un siglo, la academia y los tribunales de América Latina han padecido un complejo de inferioridad jurídica, mirando hacia Europa en busca de respuestas doctrinales. Sin embargo, un análisis profundo de nuestra historia jurídica revela una verdad incómoda para el viejo continente: nuestros códigos civiles, forjados como una primera ola romana tras la independencia, son estructuralmente más sólidos, plurales y sofisticados que sus pares europeos.
El derecho a la identidad constituye uno de los pilares fundamentales del Estado constitucional de derechos y justicia, en tanto garantiza el reconocimiento jurídico de la persona en su dimensión individual y social.
En la era digital, destruir la reputación de una persona o empresa toma apenas unos segundos. Sin embargo, frente a la despenalización de ciertas injurias, el sistema civil ecuatoriano enfrenta el colosal reto de sancionar la difamación sin asfixiar la libertad de expresión, navegando en un marco normativo que aún carece de límites precisos.
El principio de favorabilidad, dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano se constituye como una garantía básica del debido proceso, establecido así en el artículo 76 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador.
A grandes rasgos se puede afirmar que las Administraciones públicas llevan a cabo las misiones encomendadas por la Constitución a través de la expedición de reglamentos y actos administrativos.
Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal Autora: Ab. Daniela Guarderas Alarcón La disparidad de criterios judiciales sobre cuándo empieza a correr el tiempo para impugnar un...
