La llegada de empresas extranjeras a Ecuador representa una oportunidad para generar empleo, transferir conocimiento y dinamizar la economía. Sin embargo, toda decisión de inversión debe estar acompañada de una comprensión rigurosa del marco laboral ecuatoriano.
En un contexto donde la inteligencia artificial, el big data y los modelos automatizados transforman las dinámicas económicas y sociales, el ámbito legal enfrenta un desafío sin precedentes: redefinir sus paradigmas frente al avance incesante de la tecnología.
El ejercicio de la potestad coactiva constituye, uno de los ejes del derecho administrativo y procesal ecuatoriano.
En el contexto jurídico ecuatoriano, la regulación de las relaciones familiares y, en particular, de los acuerdos prenupciales, ha sido tradicionalmente restrictiva.
Autor: Abg. J. Francisco López M.[1] Antecedentes: En septiembre de 2019, un equipo de investigadores en ciberseguridad descubrió un servidor desprotegido ubicado en la ciudad...
La potestad tributaria permite a la Administración determinar y recaudar obligaciones fiscales, pero su ejercicio no desplaza los derechos de quienes reciben una liquidación, una resolución o cualquier otro acto con efectos económicos.
: El estudio aborda la validez de pactar cláusulas penales acumulativas a la indemnización de daños y perjuicios, examinando las restricciones dogmáticas que históricamente se han aplicado en el país.
Hoy, en Ecuador, el estudio jurídico que liderará la próxima década no será el que tenga el edificio más lujoso, sino aquel cuyos abogados aprendan a dictarle a las máquinas cómo hacer el trabajo pesado, liberando la mente humana para lo que realmente importa: la estrategia, la argumentación y la justicia.
El debido proceso trasciende la categoría de una simple garantía formal para consolidarse como un derecho fundamental sustancial.
La institucionalidad de la administración de justicia y del activismo judicial de nuestros juzgadores, atraviesa tiempos de retos y desafíos; atraviesa un momento de desestabilización proveniente del exacerbado intervencionismo político e intromisión de poderes ajenos al de la función judicial.
