Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensas adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.
Autora: Grisel Galiano Maritan En el sistema jurídico ecuatoriano, el reconocimiento de un hijo constituye un acto jurídico solemne y libre. Sin embargo, la legislación...
La glosa tampoco debe confundirse con la orden de reintegro. Aunque ambas figuras buscan proteger recursos públicos, la ley les asigna supuestos y procedimientos diferentes. La precisión importa porque la autoridad debe identificar la vía jurídica aplicable, los hechos que la sustentan y las garantías que corresponden en cada caso.
La llegada de empresas extranjeras a Ecuador representa una oportunidad para generar empleo, transferir conocimiento y dinamizar la economía. Sin embargo, toda decisión de inversión debe estar acompañada de una comprensión rigurosa del marco laboral ecuatoriano.
En un contexto donde la inteligencia artificial, el big data y los modelos automatizados transforman las dinámicas económicas y sociales, el ámbito legal enfrenta un desafío sin precedentes: redefinir sus paradigmas frente al avance incesante de la tecnología.
El ejercicio de la potestad coactiva constituye, uno de los ejes del derecho administrativo y procesal ecuatoriano.
En el contexto jurídico ecuatoriano, la regulación de las relaciones familiares y, en particular, de los acuerdos prenupciales, ha sido tradicionalmente restrictiva.
Autor: Abg. J. Francisco López M.[1] Antecedentes: En septiembre de 2019, un equipo de investigadores en ciberseguridad descubrió un servidor desprotegido ubicado en la ciudad...
La potestad tributaria permite a la Administración determinar y recaudar obligaciones fiscales, pero su ejercicio no desplaza los derechos de quienes reciben una liquidación, una resolución o cualquier otro acto con efectos económicos.
: El estudio aborda la validez de pactar cláusulas penales acumulativas a la indemnización de daños y perjuicios, examinando las restricciones dogmáticas que históricamente se han aplicado en el país.
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