Declaraciones patrimoniales juradas: ¿Armas políticas o control a la corrupción?
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Resumen.- Las declaraciones patrimoniales juradas permiten contrastar la evolución económica de quienes ejercen función pública y pueden aportar a la prevención y detección de enriquecimiento ilícito. Su utilidad depende de que el examen parta de criterios verificables, interprete los datos en su contexto y respete las garantías de defensa, privacidad y presunción de inocencia. Este artículo examina los límites de una diferencia patrimonial como señal de riesgo, las condiciones para seleccionar casos sin arbitrariedad, el papel de las herramientas automatizadas, la reserva de la verificación y la necesidad de medir resultados con indicadores comparables. La tesis es sencilla: la declaración habilita preguntas y el examen debe responderlas con evidencia; ninguno de esos pasos permite anticipar una conclusión de responsabilidad.
Introducción
La declaración patrimonial jurada es una herramienta constitucional de transparencia. El artículo 231 de la Constitución exige a las servidoras y servidores públicos declarar sus activos y pasivos al iniciar y finalizar la gestión, con la periodicidad prevista en la ley. La Contraloría General del Estado puede confrontar y examinar esa información. El propósito es legítimo: identificar variaciones que requieran explicación y proteger los recursos públicos.
La pregunta del título plantea una tensión que no debe resolverse con consignas. Un examen patrimonial puede contribuir a la lucha contra la corrupción; también puede causar daños injustificados si se activa selectivamente sin razones comprobables o si una alerta se presenta ante la opinión pública como prueba de una infracción. La legitimidad depende del método, de la calidad de la evidencia y de las garantías que acompañan cada etapa.
La diferencia patrimonial es una señal que requiere contexto
La Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas dispone que la Contraloría confronte las declaraciones y, ante diferencias evidentes que hagan presumir un incremento no explicado por ingresos legalmente percibidos, comunique el resultado a la persona examinada para que explique el origen de los recursos y presente respaldo. La ley prevé, como regla, un plazo de hasta cuarenta y cinco días; puede ampliarse por otros cuarenta y cinco cuando los bienes estén en el exterior y se solicite la extensión.
La comparación contable es un punto de partida, no una conclusión. Para determinar qué significa una variación hay que reconstruir su cronología y considerar ingresos previos, créditos, herencias, donaciones, ventas y compras de activos, deudas, cambios de valoración, actividad económica, régimen patrimonial familiar y movimientos entre cuentas propias. También importa distinguir el valor declarado de los flujos de dinero: un activo puede cambiar de precio sin que exista un ingreso nuevo y una transferencia puede reflejar un préstamo temporal, una devolución o una operación de terceros que necesita ser documentada.
El examen gana rigor cuando cada diferencia se formula de manera concreta: qué rubro cambió, entre qué fechas, qué información sustenta la comparación y qué explicación se solicita. Una cifra aislada, una coincidencia de nombres o una operación inusual no demuestran por sí mismas el origen ilícito de un patrimonio. La hipótesis debe ser contrastada con información completa y con la versión de la persona examinada.
La selección debe poder explicarse
La normativa permite que el control se realice por hechos o denuncias y también conforme al plan anual de control. La existencia de varias vías de inicio hace necesaria una práctica institucional consistente: registrar qué criterio se aplicó, qué información estaba disponible cuando se tomó la decisión y por qué el caso requería revisión. Ese registro permite diferenciar una priorización técnica de una selección motivada por presión externa o por trato desigual. [2] La Contraloría expidió en 2025 un reglamento específico para la ejecución de estos exámenes, que debe leerse junto con la ley y las garantías constitucionales.
No es necesario publicar datos patrimoniales individuales ni revelar operaciones reservadas para rendir cuentas. Sí es posible explicar la metodología general, los criterios de riesgo, el universo considerado, la cantidad de exámenes iniciados y concluidos, sus tiempos, los archivos, las derivaciones y las rectificaciones. La publicación de datos agregados puede mostrar si casos comparables reciben un tratamiento semejante y si la institución utiliza sus recursos de manera razonable.
Cuando un examen coincide con una controversia mediática, la institución debe poder demostrar que existía una razón técnica documentada para iniciarlo. La exposición pública de una persona no constituye, por sí sola, un criterio de riesgo. La trazabilidad de la selección protege tanto a quien es examinado como a la credibilidad del órgano de control.
Garantías durante el examen
La ley distingue entre la declaración y el procedimiento de control: dispone que la información de la declaración sea pública, mientras que la confrontación y el examen tienen carácter reservado, con las excepciones legales previstas. Además, reconoce a los abogados patrocinadores el acceso a la documentación y a los resultados del examen. Esta distinción protege la rendición de cuentas sin convertir una verificación en una sanción reputacional anticipada.
La reserva no elimina el derecho de defensa. La persona examinada debe conocer las diferencias que se le atribuyen, las fuentes utilizadas y el periodo considerado; contar con tiempo y medios para explicar los movimientos y aportar documentos; y recibir una valoración motivada de sus descargos. La Constitución exige que toda persona sea tratada como inocente mientras no exista una resolución firme o sentencia ejecutoriada que declare su responsabilidad.
La información financiera y familiar exige especial cuidado. Que la ley autorice el examen de ciertos datos, incluso de personas vinculadas cuando concurran los presupuestos legales, no vuelve irrelevantes la finalidad, la pertinencia y la seguridad de su tratamiento. Cada dato requerido debe guardar relación con el objeto del examen y circular por los canales institucionales habilitados.
Automatización y revisión humana IA
Las herramientas de análisis pueden ordenar grandes volúmenes de datos, detectar variaciones y priorizar verificaciones. Su resultado depende de la calidad de las bases, de las variables escogidas y de cómo se interpreten las alertas. Un modelo puede marcar como inusual una operación legítima si desconoce la cronología de los ingresos, las deudas, una herencia o una transferencia entre cuentas propias.
Por eso, una alerta automatizada debe conducir a una revisión humana documentada. El equipo debe comprobar la exactitud de los datos, explicar qué variables elevaron el riesgo y descartar errores de identificación o información incompleta. La persona examinada debe poder corregir datos y aportar contexto antes de que una inferencia se consolide en un hallazgo. El sistema también necesita auditorías periódicas que midan falsos positivos, diferencias de tratamiento entre grupos comparables y consistencia de sus resultados.
La tecnología puede ayudar a decidir dónde mirar primero; no puede reemplazar el examen de la evidencia, la motivación de los hallazgos ni la decisión de la autoridad competente. Si no es posible explicar por qué una alerta se generó, tampoco es posible someterla a contradicción efectiva.
Información pública y resultados institucionales
La comunicación debe respetar las etapas del procedimiento. Una alerta, un reporte de inteligencia, el inicio de un examen, un informe con indicios, una investigación fiscal y una sentencia son actos distintos. Usarlos como sinónimos confunde a la ciudadanía y puede afectar derechos. En particular, un reporte de operaciones inusuales e injustificadas (ROII) es un insumo de análisis que se remite por los canales legales; no equivale por sí mismo a denuncia, acusación o condena.
Los datos de rendición de cuentas también requieren precisión. En su informe de gestión 2025, la UAFE reportó un crecimiento del 15 % en la recepción y análisis de ROII respecto del año anterior. En ese mismo informe registró 2.366 requerimientos atendidos de la Fiscalía y describió los informes ejecutivos como respuestas a pedidos específicos, con información financiera de referencia y sin carácter pericial. En 2024, la entidad había reportado 1.869 informes ejecutivos a Fiscalía. Estas cifras miden productos diferentes y no deben sumarse ni presentarse como número de denuncias o condenas.
Para evaluar eficacia hacen falta series comparables que permitan seguir el trayecto de la información: cuántos reportes se analizaron, cuántos dieron lugar a nuevas diligencias, cuánto duraron los exámenes, cuántos concluyeron con hallazgos sustentados, cuántos se archivaron, qué recursos se recuperaron y qué errores se detectaron. Los datos deben publicarse de forma agregada para proteger investigaciones y datos personales.
También se requiere cautela con estimaciones sobre el tamaño de la economía ilícita. La Evaluación Nacional de Riesgos de lavado de activos de la UAFE, basada en información del periodo 2018–2022, calificó el riesgo de lavado como medio alto. Una estimación regional puede abrir una discusión, pero no sustituye una medición nacional transparente ni permite juzgar el desempeño de una institución por sí sola.
Un estándar de control confiable
Un sistema confiable necesita reglas de selección anteriores a cada caso, motivos de inicio documentados y análisis patrimoniales que consideren las explicaciones económicas ordinarias. Debe validar la información que utiliza, escuchar a la persona examinada, proteger los datos durante la revisión y motivar por separado cada conclusión. Si utiliza automatización, debe conservar registros auditables y someter el modelo a controles de calidad. La comunicación pública ha de distinguir las alertas de los resultados firmes y las derivaciones de una decisión judicial.
La pregunta del título admite una respuesta institucional. La declaración patrimonial es un mecanismo legítimo de control y puede volverse un instrumento de estigmatización cuando se aparta de la evidencia, la igualdad y el debido proceso. Evitar ese riesgo no debilita la fiscalización. Permite que sus resultados sean más útiles, defendibles y confiables. El control empieza con una señal, pero solo se justifica cuando la autoridad explica, comprueba y permite responder.
Referencias
[1] Constitución de la República del Ecuador, arts. 76 y 231. Asamblea Nacional, texto constitucional y reformas. https://www.asambleanacional.gob.ec/es/contenido/constitucion_de_la_republica_del_ecuador_reformada
[2] Ecuador, Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas, arts. 1, 3, 15, 16 y 18. Registro Oficial Suplemento 729, 8 de abril de 2016, con reformas posteriores. https://www.tce.gob.ec/wp-content/uploads/2022/01/Ley-Presentacion-y-Control-de-Declaraciones-Patrimoniales-Juradas.pdf
[3] Unidad de Análisis Financiero y Económico, Informe de Rendición de Cuentas 2025, pp. 6–8. https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2026/rendicion_cuentas/Informe_de_RC_publicado_en_pag_web.pdf
[4] Unidad de Análisis Financiero y Económico, Informe de Rendición de Cuentas 2024, indicador de informes ejecutivos remitidos a Fiscalía. https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2025/12/Art19/12/ANEXOS/INFORME-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2024.pdf
[5] UAFE, Evaluación Nacional de Riesgos en Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, periodo 2018–2022, resumen ejecutivo. Disponible en el sitio colaborativo de la SEPS. https://www.seps.gob.ec/sitio-colaborativo-para-prevencion-de-lavado-de-activos/
[6] EXPRESO, “Michelle Maffei: el 40 % de la economía de Ecuador proviene del dinero sucio”, 27–28 de agosto de 2026. La nota identifica la cifra como estimación no oficial, sin un estudio público específico para Ecuador.
[7] Contraloría General del Estado, Acuerdo 075-CG-2025, Reglamento para la ejecución del examen especial a las declaraciones patrimoniales juradas, Registro Oficial Suplemento 160, 10 de noviembre de 2025.
