TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA NIÑEZ

Lunes, 08 de agosto de 2016

LEYES ORGANICAS

 

TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA NIÑEZ

 

Autor: Dr. Wilman Gabriel Terán Carrillo, Msc.[1]

 

Los Derechos Humanos son un conjunto de valores morales, que en un momento histórico, por efecto y fuerza de los consensos sociales, se legislan y juridifican. Al juridificarse, se convierten en una suerte de dínamo de prerrogativas, interactivas dentro de los contenidos de la Constitución y la Ley. Una vez proclamados, tienen un efecto perdurante e inderogable, son transformables, evolutivos y revolucionantes, con efecto progresivo y no regresivo; éstos derechos son autónomos, pero influyentes en todos los textos legales de actualidad, por estar dirigidos a los seres humanos en sus relaciones. De allí que corresponden a cada individualidad humana, por el solo hecho de existir.

 

El ser humano posee sus derechos desde el momento mismo de su existencia; en otras palabras desde su concepción. Acorde al Art. 45 de la Constitución de la República, en concordancia con el Art. 61 del Código Civil, la ley protege la vida del que está por nacer.

 

Según el Art. 62 del Código Civil, se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento, no menos de ciento ochenta días y no más de trescientos días, contados hacia atrás desde la media noche en que principie el día del nacimiento. Son derechos, que no solo se ligan al de la vida, llevan intrínseco el derecho a la salud, alimentación, nutrición, dignidad, igualdad, libertad, etc.; sino también al de la propiedad como el derecho de sucesión del que es y va a nacer.

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Resolución No. 23/81, del caso 2141, (Estados Unidos), se expresó que la vida es el primer derecho de toda persona humana. Es el derecho fundamental y condición para la existencia de todos los demás. Si no se reconoce la existencia humana no hay sujeto para predicar de los otros derechos. Es un derecho anterior a los demás derechos y existe por el hecho de ser sin que requiera el reconocimiento del Estado para que se posea. No pertenece al Estado indicar que no se reconoce en un caso y se reconoce en otro, ya que ello conllevaría discriminación. La vida se debe reconocer al niño que está por nacer, al nacido, al joven, al anciano, al demente, al minusválido y en general a todo ser humano.

 

Con esto, toda la fenomenología del ejercicio y ejecución de los derechos tienen una dinámica de efecto y movimiento desde que ha sido concebido el ser humano, sin distinción, por principio de igualdad, conforme el Art. 11 ordinal 1 de la Carta Magna; por ello, los derechos humanos para cada persona, no empiezan en una etapa determinada ni terminan en otra.

 

En este orden de ideas, sobre las personas, la ley hace diferenciaciones por motivos de edad. Así el Código Civil en el Art. 21, establece que: Infante o niño es el que aún no ha cumplido 7 años de edad; impúber el varón que aún no cumple los 14 años y la mujer que aún no cumple los 12 años; mayor el que ha cumplido 18 años y menor simplemente el que no ha cumplido los 18 años.

 

Conforme al Art. 4 del Código de la niñez y Adolescencia, niño es la persona que no ha cumplido 12 años de edad y adolescente el que a partir de esa edad aún no cumple los 18 años, siendo protegido desde el momento de su concepción conforme lo estatuye el Art. 2 de dicho Código.

 

Mientras la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, en el Art. 1, establece que considera bajo las expresiones ?joven?, ?jóvenes? y ?juventud? a todas las personas, (?) comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad. Esa población es sujeto y titular de los derechos que esta Convención reconoce, sin perjuicio de los que igualmente les beneficie a los menores de edad por aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

 

Por esas diferencias y distancias de la ley, entre el Código Civil y el Código de la Niñez, es necesario integrar al ser humano que aún no ha cumplido su edad adulta. La Convención Sobre Derechos del Niño, en el Art. 1, establece que se entiende por niño a todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC-17/02, ?Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño?, Resolución de 28 de agosto de 2002, párrafo 40, señaló que no entrará a considerar las implicaciones de las diversas expresiones con que se  designa a los integrantes de la población menor de 18 años. Para más adelante en el párrafo 42 expresar que tomando en cuenta la normativa internacional y el criterio sustentado por la Corte en otros casos, se entiende por ?niño? a toda persona que no ha cumplido 18 años de edad.

 

En este matiz de denominaciones, la Constitución de la República en el Art. 417, establece que en materia de ?Derechos Humanos?, se aplican los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución.

 

Al considerarse niño a toda individualidad humana, que aún no ha cumplido los 18 años de edad, sobre cualquier clasificación que le da diversas denominaciones, se tiene lo dispuesto en el Art. 11 numeral 5 de la Constitución, al postula que en materia de Derechos Humanos, se estará a la interpretación que más favorezca a su efectiva vigencia; el Art. 426 inciso final de la Carta Magna, dispone que los derechos consagrados en ella e instrumentos internacionales de Derechos Humanos, serán de inmediato cumplimiento y aplicación, sin poderse alegar falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías, para desechar la acción interpuesta, ni para negar el reconocimiento de tales derechos; por tanto el niño o niña, aquel que aún no cumple los 18 años de edad, goza de la efectividad de los derechos; los cuales su práctica y ejercicio, es progresivo acorde a la edad y grado de madurez del niño, como lo postula el Código de la Niñez, en el Art. 13.

 

Los niños, acorde al Art. 35 de la Constitución, pertenecen a un grupo de atención prioritaria, lo cual implica que en el ámbito público y privado recibirán atención preferente y prestándoles especial atención. Siendo concordante cuando la Corte Constitucional, expresa en Sentencia N0. 022-14-SEP-CC, de 29 de enero de 2014, que por el principio de interés superior de las niñas, niños y adolescentes, dicho grupo de atención prioritaria tiene el status de sujetos de protección constitucional reforzada, condición que se hace manifiesta entre otros efectos en el carácter superior y prevaleciente de sus derechos e intereses, cuya satisfacción debe constituir el objetivo primario de toda actuación que les competa.

 

Diferente instrumentación internacional, establece la necesidad de un tratamiento diferente a los niños, entre ellos:

 

·      Empezando con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su Art. 25 consagra: ?La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales??

·      La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en el Art. VII, establece: ?Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayudas especiales?

·      Dentro del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, tiene el Art. 10 numeral 3 dice: ?Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia a favor de todos los niños y adolescentes??

·      El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con el Art. 24 numeral 1 establece: ?Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna? a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.?

·      En la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, dentro del Art. 19 consagra que ?Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren??

·      Además en el preámbulo de la Declaración de los Derechos del Niño, se considera al niño por su falta de madurez física y mental que necesita de protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal antes y después de su nacimiento.

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-17/02, ?Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño?, Resolución de 28 de agosto de 2002, en los párrafos 54 y 60, señala que es importante destacar  que los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos ? menores y adultos ? y tienen  además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia,  la sociedad y el Estado. Para asegurar, en la mayor medida posible, la prevalencia del  interés superior del niño, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que requiere ?cuidados especiales?, y el Art. 19 de la Convención Americana, señala que debe recibir ?medidas especiales de protección?. En ambos casos, la necesidad de adoptar esas medidas o cuidados proviene de la situación específica en la que se encuentran los niños, tomando en cuenta su debilidad, inmadurez o inexperiencia.

 

Esto implica un consenso universal, respecto del principio de protección y cuidados especiales. Esta especialidad, es lo que lleva instaurar o estructurar legislación específica y especializada, para dar la atención preferente acorde a la edad y desarrollo del niño frente a fenomenologías que requieren la intervención de la administración de justicia. Con sindéresis, el Art. 11 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece que la potestad jurisdiccional, es ejercida por juezas y jueces en forma especializada; con esto se configura el principio de especialidad, estatuido en el Art. 5.5 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y Art. 40 numeral 3 de la Convención Internacional de Derechos del Niño, el cual alude a que los Estados deben crear leyes, procedimientos y órganos especializados para los niños, según las diferentes áreas de la competencia.

 

A consecuencia de esto, los niños, de manera integral, por ser su derecho humano, tienen un tratamiento en normativa específica, ejercida por jueces especializados, para aplicar la legislación de manera apropiada, oportuna y adecuada, expresando una idea de adhesión.

 

El propender la justicia especializada, tiene por finalidad trascender en lo jurídico y en lo social, para disminuir y cooperar con la erradicación de la desprotección, discriminación, del maltrato y descuido en todas sus manifestaciones contra niños, niñas y adolescentes.

 

Esta idea de lo especial y de una justicia especializada, no quiere decir que los niños no participan de la idea general de los derechos humanos, ya que tienen unos derechos en particular excluidos de los demás; por ende esa necesidad de carácter especializado, es para un objetivo específico, ya que los niños no tienen exclusión de ningún derecho, sino que gozando de todos los derechos, tienen otros acordes a sus condiciones de edad y desarrollo; criterio definido en el Art. 45 de la Constitución, que en lo pertinente estatuye que ?Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad??

 

Esta especialización, no sólo es en lo referente para juezas y jueces que imparten justicia, ya que a tono del Art. 81 de la Constitución, la ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos entre otros de los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes que, por sus particularidades, requieren una mayor protección. Para ello, se nombran fiscales y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de estas causas, de acuerdo con la ley.

 

Motivo por el cual, para asegurar, como ha dicho la Corte Constitucional, en la mayor medida posible, la prevalencia de este principio de especialidad, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, proclama que la ?infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales?, en razón de su evidente estado de debilidad e  experiencia.

 

Afirmación consolidada con el Art. 175 de la Constitución, al imponer que las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de protección integral. La administración de justicia especializada dividirá la competencia en protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes infractores.

 

Como lo dicta el inciso tercero del Art. 186 de la Constitución, en cada cantón existirá al menos una jueza o juez especializado en familia, niñez y adolescencia y una jueza o juez especializado en adolescentes infractores, de acuerdo con las necesidades poblacionales. Materializando así la responsabilidad de Estado, verificada en el Art. 363 numeral 5 de la norma suprema invocada.

 

Esta legislación especializada, en armonía con el Art. 133, numeral 2 de la Constitución de la República, se confirma por medio de la emisión de leyes orgánicas que entre las necesarias para el desarrollo de los fines del Estado, se encuentran las que regulan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Estas leyes que en materia de niñez y adolescencia, por tratarse de sus derechos y garantías, tienen el carácter de orgánicas, no pueden ser modificadas ni ser prevalecidas por una ley ordinaria. Que, en el orden de competencia, siguiendo el Art. 425 de la lex magna, están después de la instrumentación internacional.

 

Al implementarse la atención prioritaria y especializada en la administración de justicia para la niñez y adolescencia corroborada con la legislación especializada, determinada y específica, se cuenta con un amplio compendio de sentencias en el ámbito judicial, que no solo materializan el significado de justicia en casos concretos; también facilitan realizar un balance a nivel del servicio público de administración de justicia especializada  que ha asumido un compromiso acorde a los estándares internacionales de derechos humanos  de la niñez y adolescencia en el marco de lo cotidiano, no solo en lo referente a la responsabilidad del niño, sino también en lo referente a la protección de sus derechos de la niñez.

 

La legislación manufacturada para las personas que no han cumplido los 18 años de edad, no constituyen leyes especiales, son una legislación orgánica, destinada como su palabra lo indica a organizar, aunque el nombre ?Código de la Niñez y Adolescencia?, no lleve la expresión ?Orgánica?, puesto que se encaminan a organizar y regular la temática para quienes aún no han llegado a la edad que legalmente se establece que el ser humano es adulto.

 

Debido al orden que se refiere, por la relevancia de la temática que regula, derechos humanos de la población que no ha alcanzado la edad adulta, el Código de la Niñez y Adolescencia es una ley orgánica.

 

En el caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, en Sentencia de 24 de febrero de 2012, en el párrafo  68, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ente otros aspectos abundó que los niños y niñas, ejercen sus derechos de manera progresiva a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía personal, por lo que en su primera infancia actúan en este sentido por conducto de sus familiares. Evidentemente, hay gran variedad en el grado de desarrollo físico e intelectual, en la experiencia y en la información que poseen. Más adelante en el párrafo 199, añade que en consecuencia, el aplicador del derecho, sea en el ámbito administrativo o en el judicial, debe tomar en consideración las condiciones específicas del menor de edad y su interés superior para acordar la participación de éste, según corresponda, en la determinación de sus derechos. En esta ponderación se ha de procurar el mayor acceso de quien es menor de edad, en la medida de lo posible, al examen de su propio caso.

 

La Corte Interamericana, ha considerado que las niñas y los niños, deben ser informados de su derecho a ser escuchados directamente o por medio de un representante, si así lo desean, como en casos en que se presenten conflictos de intereses entre la madre y el padre, donde es necesario que el Estado garantice, en lo posible, que los intereses del que no ha cumplido la mayoría de edad sea representado por alguien ajeno a dicho conflicto.

 

También como lo expresa el Art. 62 numeral 2 de la Constitución de la República, al referirse que en el goce de derechos políticos el derecho al voto, será facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho años de edad. Esto evidencia la progresividad de los derechos del niño en la medida que desarrolla un mayor grado de autonomía personal.

 

La invocación de los Derechos Humanos, aplicables a la niñez y adolescencia, específicos acorde a su edad y desarrollo, tanto a nivel nacional como en el contexto internacional, que establece que son considerados como el conjunto humano más vulnerable, respecto a las violaciones a los derechos  humanos y por lo tanto, necesitan de esa protección específica y especializada, que se logra por medio de la categorización de orgánica de la ley específica

 

El sentido y fin de una ley orgánica, no se materializa por su designación legislativa, sino por los contenidos y el destino en la materia determinada, como se activará en la vida de las fenomenologías que se plantean ante el sistema de administración de justicia, ya sea para proteger o preservar los derechos o para determinar la responsabilidad en cuestiones inherentes al sector humano que no ha alcanzado sus 18 años de edad. Por ello el Código de la Niñez y Adolescencia, por designación de normativa internacional de Derechos Humanos, se enfoca a los inmanentes derechos de los niños, en consecuencia los operadores de justicia, deben abordar los contenidos de dicho Código desde un enfoque de derechos, teniendo en cuenta que se trata de legislación orgánica.

 

Una Ley Orgánica, ajustada a los requerimientos del contexto internacional del Derecho de los Derechos Humanos, constituye el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, cuya aplicación debe de responder a los estándares de más alta calidad para la prevalencia y factibilidad de los derechos, en respuesta al interés superior y la doctrina de protección integral de la niñez; con esta mira se configura el espíritu de esta normativa que actúa en triada de administración de justicia, operadores (defensores, fiscales y jueces) y legislación específica y especializada.



[1] Doctor en Jurisprudencia, Magister en Derechos Humanos, Juez del Tribunal de Garantías Penales de Santo Domingo de los Tsáchilas.

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