Tratados Internacionales de Derechos Humanos: Diferenciación con otros tratados

Jueves, 23 de enero de 2014

Tratados Internacionales de Derechos Humanos:

Diferenciación  con otros tratados

Autor: Dr. José García Falconí

Introducción

Soy profesor de Práctica Constitucional en la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador, y la pregunta que me han hecho los compañeros estudiantes, es ¿cuáles son las diferencias entre tratados internacionales de derechos y los otros tratados internacionales?, pues recordemos, que los dos son fuentes de derecho en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y, para entender esta importante pregunta hay que realizar algunas acotaciones de orden legal.

Debo señalar, que existen Estados que conceden a las normas internacionales la más alta jerarquía, o sea que pueden modificar las normas constitucionales. En nuestro ordenamiento jurídico el Art. 424 inciso segundo de Constitución de la República, dice: ?La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público?.

Otros Estados equiparan las normas internacionales con las disposiciones de la Constitución; y un tercer grupo de Estados como el ecuatoriano a pesar de lo manifestado en líneas anteriores, da a entender la supremacía de la Constitución sobre cualquier tratado internacional, así, dispone el inciso primero del Art. 424: ?La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica?. Lo cual se entendería que se trata de una antinomia, por lo que es necesario saber interpretar la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, ya que parecería que existe conflicto entre la norma internacional y la Constitución de la República; he aquí la importancia de la interpretación constitucional.

¿Qué es un Tratado?

El Art. 2.1.a de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, establece: ?Se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular?.

Los Tratados de Derechos Humanos

El Manual del Aplicación de Normas Internacionales de Derechos Humanos en el Ámbito Jurídico Ecuatoriano, publicado en el año 2002, señala: ?El conjunto de instrumentos y codificaciones sobre derechos humanos de carácter internacional es muy amplio y complejo. Como instrumentos de protección de los derechos humanos consta en los tratados, convenciones, pactos, declaraciones, normas mínimas, etc. Estableciéndose categorías de instrumentos de acuerdo al alcance geográfico (universal, internacional o regional), a nivel de obligatoriedad en la cobertura en términos de derecho, a su carácter global o específico?.

Categorías de instrumentos sobre Derechos HumanosS

El mismo Manual, señala que se definen tres categorías de instrumentos de derechos humanos, que son:

a)      Aquellos que corresponden a las declaraciones más generales;

b)      Los tratados de orden general; y,

c)      Las declaraciones y tratados referentes a derechos específicos y/o regionales.

Aclara que los instrumentos de referencia a nivel universal y regional para las Américas son: La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos Humanos, suscritas en 1948. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y, la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969.

Obligatoriedad de las declaraciones

Dicho Manual señala, que las Declaraciones generalmente no son de carácter obligatorio, en tanto que los Tratados, Pactos y Convenciones si lo son. Sin embargo, en la medida en que los Tratados Obligatorios hacen aplicables las declaraciones, éstas últimas se han vuelto en la práctica obligatoria.

Interpretación de los Tratados.- Reglas.

El derecho internacional da reglas para la interpretación de tratados y, dichas normas están contenidas en el Art. 31 de la Convención de Viena, que establece lo siguiente: ?Regla general de interpretación.- a) Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos de tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin;

b) Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos:

a) Todo acuerdo que se refiere al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado;

b) Todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado.

c) Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta:

i. Todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones;

ii. Toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado;

iii. Toda norma pertinente del derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes.

d) Se darán a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes?.

El Manual citado, manifiesta: ?La formulación de la norma del Art. 31 acentúa la idea de que los diversos elementos que la configuran forman un sistema de interpretación, sin que haya entre ellos ninguna jerarquía; toda norma convencional debe interpretarse teniendo en cuenta simultáneamente la buena fe, el sentido corriente de los términos en el contexto del tratado y el objeto y fin del mismo?.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Art. 29, señala normas de interpretación: ?Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: permitir a alguno de los Estados partes, grupo o persona suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella.

Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los estados partes o de acuerdo con otra Convención en que sea parte uno de dichos Estados.

Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa del gobierno y,

Excluir o limitar el efecto que puedan producir La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.

El Manual consultado, manifiesta: ?Los tratados de derechos humanos, a diferencia de otros tratados internacionales, confieren derechos a los individuos frente al Estado, el que, a su vez, tiene obligaciones para con ella?.

Y así la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva se pronunció.

Dentro de nuestro ordenamiento jurídico es fundamental tener en cuenta el Art. 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que establece: ?Métodos y reglas de interpretación constitucional.- Las normas constitucionales se interpretarán en el sentido que más se ajuste a la Constitución en su integralidad, en caso de duda, se interpretará en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos reconocidos en la Constitución y que mejor respete la voluntad del constituyente.

 

Se tendrán en cuenta los siguientes métodos y reglas de interpretación jurídica constitucional y ordinaria para resolver las causas que se sometan a su conocimiento, sin perjuicio de que en un caso se utilicen uno o varios de ellos:

 

1. Reglas de solución de antinomias.- Cuando existan contradicciones entre normas jurídicas, se aplicará la competente, la jerárquicamente superior, la especial, o la posterior.

 

2. Principio de proporcionalidad.- Cuando existan contradicciones entre principios o normas, y no sea posible resolverlas a través de las reglas de solución de antinomias, se aplicará el principio de proporcionalidad. Para tal efecto, se verificará que la medida en cuestión proteja un fin constitucionalmente válido, que sea idónea, necesaria para garantizarlo, y que exista un debido equilibrio entre la protección y la restricción constitucional.

 

3. Ponderación.- Se deberá establecer una relación de preferencia entre los principios y normas, condicionada a las circunstancias del caso concreto, para determinar la decisión adecuada. Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o de afectación de un derecho o principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro.

 

4. Interpretación evolutiva o dinámica.- Las normas se entenderán a partir de las cambiantes situaciones que ellas regulan, con el objeto de no hacerlas inoperantes o ineficientes o de tornarlas contrarias a otras reglas o principios constitucionales.

 

5. Interpretación sistemática.- Las normas jurídicas deberán ser interpretadas a partir del contexto general del texto normativo, para lograr entre todas las disposiciones la debida coexistencia, correspondencia y armonía.

 

6. Interpretación teleológica.- Las normas jurídicas se entenderán a partir de los fines que persigue el texto normativo.

 

7. Interpretación literal.- Cuando el sentido de la norma es claro, se atenderá su tenor literal, sin perjuicio de que, para lograr un resultado justo en el caso, se puedan utilizar otros métodos de interpretación.

 

8. Otros métodos de interpretación.- La interpretación de las normas jurídicas, cuando fuere necesario, se realizará atendiendo los principios generales del derecho y la equidad, así como los principios de unidad, concordancia práctica, eficacia integradora, fuerza normativa y adaptación.

Ambas clases de tratados forman parte del ordenamiento jurídico del país como lo señalan los artículos 424, 425 de la Constitución de la República y 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, pero como dice la doctrina: ?Los tratados de derechos humanos son claramente distintos de los tratados de tipo clásico, que establecen o reglamentan derechos subjetivos o concesiones o ventajas recíprocas para las partes contratantes. La naturaleza especial de los tratados internacionales de derechos humanos tienen incidencia, como no podría dejar de ser en su proceso de interpretación. Tales tratados efectivamente  no son interpretados a la luz de concesiones recíprocas, como en los tratados clásicos, pero si en la búsqueda de la realización del propósito último de la protección de los derechos fundamentales del ser humano pro homine?.

Agrega: ?Los tratados de derechos humanos se dirigen al tratamiento dispensado por los Estados en el ámbito de su ordenamiento jurídico interno, a todos los seres humanos sujetos a su jurisdicción, se revisten de un sentido internacional autónomo estableciendo patrones comunes de comportamiento para todos los estados partes (?)?.

Principio Pro Homine

La doctrina señala lo siguiente:

a) El reconocimiento y aplicación de normas internacionales que más le favorezcan a la persona;

b) La aplicación irrestricta de normas internas que beneficien a la persona; y,

c) La no aplicación de normas internas e internacionales que limiten o restrinjan los derechos de las personas.

Sobre este tema trato ampliamente en mi obra NUEVAS PERSPECTIVAS DEL DERECHO CONSTITUCIONAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ECUATORIANO, en dos tomos.

 

Principales Tratados Internacionales de DD.HH ratificados por el Estado ecuatoriano

El Manual de Aplicación de Normas Internacionales de Derechos Humanos en el ámbito jurídico ecuatoriano, señala los siguientes:

 

1.      Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicado en el Registro Oficial No. 101 de 24 de enero de 1969;

2.      Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, publicado en el Registro Oficial 101 de 24 de enero de 1969;

3.      Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, publicada en el Registro Oficial No. 140, de 14 de octubre de 1966;

4.      Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicado en el Registro Oficial No. 101 de 24 de enero de 1969;

5.      La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, publicada en el Registro Oficial No. 132 del 2 de diciembre de 1981;

6.      La Convención Americana de Derechos Humanos ?Pacto de San José? publicada en el Registro Oficial No. 801 del 6 de agosto de 1984;

7.      La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, publicada en el Registro Oficial No. 924 de 28 de mayo de 1988;

8.      La Convención sobre los Derechos del Niño, publicada en el Registro Oficial No. 31 de 22 de septiembre de 1992;

9.      El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos y culturales ?Protocolo de San Salvador?, publicada en el Registro Oficial No. 175 de 23 de abril de 1993;

10.  La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer ?Convención de Belem Do Para?, publicada en el Registro Oficial No. 728 de 30 de junio de 1995;

11.  La Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, publicada en el Registro Oficial No. 360 de 13 de enero de 2000.

Nota.- Estos son los principales tratados internacionales de derechos humanos, sin embargo me permito señalar, que el Código Orgánico de la Función Judicial, en su Considerando, señala que forman parte del Bloque de Constitucionalidad en nuestro ordenamiento jurídico, los siguientes: Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, la Convención sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Declaración Americana sobre los Derechos del Hombre, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos o "Pacto de San José", el Protocolo adicional a la convención americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o "Protocolo de San Salvador", la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer o "Convención de Belem Do Para", la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; las declaraciones, resoluciones, sentencias observaciones e informes de los comités, cortes comisiones de los sistemas de protección internacional de derechos humanos; y las legislaciones comparadas.

 

Conclusión

Es preciso que la Escuela Judicial refuerce la formación  de juezas y jueces en derechos humanos, teniendo como eje fundamental el principio pro homine, y aplicar las normas de la manera que más favorezca los derechos  y las libertades, esto es el desarrollo de las potencialidades del ser humano; pues no olvidemos, que el Art. 11 de la Constitución de la República en el No. 3, señala: ?El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: (?) 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte?. En igual sentido se pronuncian los Arts. 84, 424, 426 de la Constitución de la República, y los Arts. 4, 5 y 140 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Los derechos fundamentales vinculan normativamente a toda la administración pública y a sus administrados, pues el Estado constitucional de derechos y justicia social se debe componer a base del esquema del formalismo positivista y direccional hacia arriba la pirámide normativa, he aquí la importancia del Art. 84 de la Constitución de la República que dice: ?.- La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución?.

El Art. 11 No. 8 de la Constitución, dispone: ?8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio.

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.

Hay que hacer énfasis, que el profesor alemán Schmitt, afirma: ?La última palabra la pronuncia el juez al dirimir un litigio, no el legislador que crea las normas?, he aquí la importancia de la jueza o juez al momento de dictar sentencia, pues como queda manifestado, el NO. 8 del Art. 11 de la Constitución de la República, señala en su parte pertinente, el contenido de los derechos se desarrolla de manera progresiva también a través de la jurisprudencia, pues vivimos en un Estado jurisdiccional, en el cual el poder de las juezas y jueces al interpretar la Constitución se refuerza en grado máximo cuando éstos dictan sentencia, tema que lo trataré ampliamente en un próximo trabajo que voy a publicar.

No olvidemos, que una de las principales características del Estado constitucional de derechos y justicia social, es la fuerza vinculante o carácter normativo de la Constitución; además de la supremacía o superioridad jerárquica en el sistema de fuentes de la Constitución de la República, por eso la eficacia o aplicación directa de la Constitución de la República como verdadera norma suprema; y esta garantía judicial, dentro de nuestro ordenamiento jurídico corresponde a las juezas y jueces de la justicia ordinaria para que resuelvan los litigios en las diferentes materias que son de su competencia.

Actualmente existe la propuesta de la fertilización cruzada judicial o cross-juditial fetilization, es decir el uso de precedentes extranjeros por parte de las juezas y jueces, por lo cual la doctrina señala que los tribunales internacionales deben alentar y promover esta interacción  o fertilización judicial cruzada, tomando en cuenta los fallos judiciales de los demás, más aun considerando que las redes judiciales permiten eso, o sea compartir la experiencias respecto de problemas similares y, sobre todo el fortalecimiento de las propias instituciones judiciales, a través de su legitimidad internacional.

Para terminar este artículo hay que recalcar que la aplicación del sistema normativo de los derechos humanos por las juezas y jueces nacionales, constituye un aspecto medular para garantizar el respeto y la vigencia de los derechos humanos en toda circunstancia, pues sin duda alguna a partir de la vigencia de la Constitución de la República de 2008, tenemos un cambio en el país y, este cambio se produce en el derecho, en el Estado y en todo cuanto existe, de tal modo que el derecho y el Estado cambian para responder a las nuevas realidades y exigencias de las fuerzas sociales, reconociendo que la vida se inspira y se nutre con valores y principios que brotan de la experiencia de los pueblos, y en nuestro ordenamiento jurídico considera como característica fundamental al ser humano como centro del ordenamiento jurídico nacional, convirtiéndolo en el principio y fin de toda naturaleza jurídica, al disponer el Art. 11 en el No. 9, en el primer inciso: ?El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución?.

 

 

Dr. José García Falconí

Docente, Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales

Universidad Central del Ecuador

josegarciafalconi@gmail.com

 

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