TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN

Lunes, 18 de abril de 2016

TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN

 

 

Autor: Dr. José García Falconí

 

 

El Art. 258, establece el trámite del recurso de apelación, que en resumen se lo hace de la siguiente manera:

 

1. El otorgamiento del recurso corresponde al mismo juzgador que dictó la resolución de la cual se recurre, razón por la cual la apelación debe interponerse ante el mismo juzgador en el término de diez días debidamente fundamentado (cinco días en caso de niñez y adolescencia; y si no está debidamente fundamentado se lo rechaza.

 

2. Con la fundamentación propuesta por el recurrente, se notifica a la contraparte para que conteste en el término de diez días, obviamente si es materia de niñez y adolescencia debe contestarlo en el término de cinco días.

 

3. Tanto en la fundamentación como en la contestación, las partes anunciarán las pruebas que se practicará en la audiencia de segunda instancia, pero este es requisito exclusivamente si se trata de acreditar hechos nuevos.

 

4. debo aclarar que podrá solicitarse en la correspondiente fundamentación o contestación la práctica de prueba que, versando sobre los mismos hechos, solo haya sido posible obtenerla con posterioridad a la sentencia.

 

5. Hay que tener muy en cuenta, que el inciso final del Art. 258, establece: ?La apelación y la adhesión no fundamentada serán rechazadas de plano, teniéndose por no deducido el recursos?; hay que recordar que sí una de las partes apela, la otra podrá adherirse a la apelación en forma motivada, conforme lo dispone el Art. 263?; sobre la fundamentación del recurso de apelación, que es el tema importante y crucial, trato en líneas posteriores

 

6. Interpuesta la apelación el juzgador a quo la admitirá si es procedente y expresará el efecto con que la concede, sino manifiesta se entiende que el efecto es suspensivo.

 

7. Si el recurso no es admitido, la parte apelante podrá interponer el recurso de hecho en el término de tres días siguientes al de la notificación de la providencia denegatoria ante el mismo juzgador que la dictó; recordando que el recurso de hecho está regulado en los Arts. 278 a 283, cuyo análisis jurídico lo hago en la obra antes mencionada, y en próximo artículo que será publicado en esta misma Revista Judicial de diario La Hora.

 

 

DESISTIMIENTO DEL RECURSO

 

El COGEP en los Arts. 238 y 239 trata sobre el desistimiento del recurso o de la instancia y la validez del desistimiento, al manifestar en resumen que se puede desistir de un recurso desde que se interpuso aquel, pero para su validez tiene que cumplirse los cuatro requisitos que establece el Art. 239.

El maestro Devis Echandía, manifiesta en resumen  lo siguiente:

 

a) Los derechos procesales pueden ser renunciados, después de adquiridos. Así un término para que se objete un dictamen o se formulen peticiones o recursos, puede renunciarse por la parte interesada una vez que se otorga.

 

b) Se desiste de un recurso que se ha interpuesto, se renuncia un término en señal de que no se desea usar de él,  y así se renuncia al derecho.

 

c) Aclara, que la renuncia puede hacerse antes de usar del derecho, pero dentro del proceso; el desistimiento después, cuando es admisible. Pero en algunos casos una vez usado el derecho no puede desistirse de lo actuado en ese particular.

 

d) Establece que la renuncia a los términos procesales que se den en beneficio de una parte o de todas puede hacerse por aquella o éstas, pero después de que el término ha sido otorgado o se ha iniciado por ministerio de la ley.

 

Debo manifestar que el Art. 286 del anteproyecto del COGEP, manifestaba lo siguiente: ?Renuncia del derecho a recurrir.- No cabe la renuncia al derecho de recurrir antes de que se haya iniciado un proceso.

 

Durante el proceso puede renunciarse en forma expresa al derecho a recurrir, independientemente de la aceptación de la otra parte.

En ningún caso se consultarán las providencias judiciales al órgano jerárquicamente superior.

 

 

LA CONSULTA EN EL COGEP

 

El COGEP en el Art. 256 inciso segundo, dice: ?Las sentencias adversas al sector público se elevarán en consulta a la respectiva Corte Provincial aunque las partes no recurran, salvo las sentencias emitidas por los jueces de lo contencioso y tributario. En la consulta se procederá como en la apelación?; o sea no es el recurso porque no es a solicitud de parte, pero así el Estado mantiene su poder, lo cual podría estar quebrantando el principio de igualdad señalado en el Art. 11.2 de la Constitución de la República.

 

El maestro Hernando Devis Echandía, señala en su obra Teoría General del Proceso: ?Tiene lugar la consulta de la sentencia cuando el legislador dispone que sea necesaria y oficiosamente revisada por el superior, sin lo lo cual no se ejecutoría. No se trata de un recurso, puesto que nadie lo interpone y no rige, para la competencia del superior y el alcance de la decisión que adopte, el principio de la reformatio in pejus, que opera en la apelación?.

 

Aclara, que en Colombia, en lo civil, la sentencia de primera instancia adversas a la nación, los departamentos, comisarias, intendencias y municipios, las que decreten la interdicción o declaren bienes vacantes o mostrencos o pertenencias y las que fueran adversas a quien estuvo representado por curador ad litem, deben ser consultadas con el superior si no son apeladas; dichas consultas se sustancian y deciden por el superior como las apelaciones.

 

Termina señalando: ?Si la sentencia fue parcialmente desfavorable a la entidad pública y apela de ella el particular, pero no el representante de aquella, el superior puede revisarla en lo favorable al segundo (que será la condena parcial contra la primera) en virtud de las facultades que le otorga la consulta forzosa que en esa parte procede, y llegada la conclusión más favorable a la entidad o persona en cuyo beneficio se consagra la consulta?.

 

De conformidad con lo que dispone el Art. 256 inciso segundo, las sentencias adversas al sector público se elevarán en consulta a la respectiva Corte Provincial, aunque las partes no recurran; de tal manera, que los sujetos procesales no recurren de la sentencia, o si la ley no concede la apelación, se impone al juzgador a quo la obligación de remitir la causa al superior para un nuevo examen y decisión; pero hay que aclarar, que el COGEP en el Art. 251, no establece la consulta como recurso, por lo cual no habrá de considerarle un recurso por cuanto procede de iure conforme señala Clariá Olmedo, no a petición de parte para que sea considerado como recurso.

 

 

 

ANTECEDENTES DE LA CONSULTA

 

La consulta fue introducida antiguamente para los delitos en que se negaba la apelación y en los casos de duda, el proceso debía remitirse al rey, pues se consideraba que no solo hay un interés privado en la administración de la justicia penal, pues la sociedad está igualmente interesada en que no se castigue injustamente.

 

En nuestro ordenamiento jurídico, los Arts. 122 y 123, de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, contemplaban la consulta obligatoria en los delitos tipificados y sancionados en dicha norma legal.

 

 

CRÍTICAS A LA CONSULTA EN MATERIA CIVIL

 

Los tratadistas consultados  para el trabajo que estoy publicando, están divididos en sus opiniones, por ejemplo César Yánez manifiesta: ?Que es una sana previsión de la ley, para poder revisar oficiosamente por la alzada las decisiones de primera instancia cuando no mediare recurso en una materia tan delicada?.

 

En otras legislaciones se dan recursos en el interés de la ley con preocupación objetiva, y es así que el COGEP, contempla ésta en el Art. 256 inciso segundo, lo cual repito podría quebrantar el principio de igualdad que establece el Art. 11.2 de la Constitución, y más aún ello implica que el Asambleísta Nacional no confía  en los juzgadores de primer nivel, cuando conozcan acciones que afecten al sector público.

 

TRÁMITE DE LA CONSULTA

 

Debe seguirse el trámite señalado para la apelación, esto es conforme disponen  los Arts. 259 y 260 del COGEP; o sea, se resuelve en audiencia.

 

Sobre el recurso de casación, la trataré en otros artículos que se van a publicar en la Revista Judicial del diario La Hora, aunque la casación penal ya la estudié con detalle y con ejemplos prácticos en mi obra ANÁLISIS JURIDICO-TEÓRICO PRACTICO DEL COIP, TOMO III.

 

 

EL RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA CIVIL

 

Debo señalar que el Dr. Santiago Andrade Ubidia, como catedrático de Derecho Procesal Civil en la PUCE, tuvo lo oportunidad de sugerir y de dirigir a la señorita hoy juez de la Corte Provincial de Pichincha, Dra. Gabriela Mier, para que haga su tesis doctoral sobre el recurso de revisión en materia civil, que tengo entendido es la única tesis en esta materia publicada en el país.

 

El COGEP, no contempla el recurso vertical y extraordinario de revisión, no obstante que el proyecto de dicho cuerpo de leyes de 2012 preparado por el Consejo de la Judicatura, si lo hacía, conforme lo analizo en la obra que estoy preparando sobre esta materia.  Este recurso se lo reconoce en la legislación civil colombiana, con base a nueve causales; pero la doctrina está divida sobre la procedencia de este recurso en materia civil, pues el fraude procesal como dice Clariá Olmedo, hoy en el estado actual del derecho es excepcionalísimo; y el derecho encuentra medios prácticos para prevenirlo o sancionarlo de inmediato, sin necesidad de poner en capilla a la cosa juzgada y recalca que la mejor demostración del aserto está en que aquellas legislaciones que no autorizan la revisión del proceso civil, por medio del recurso, no se ha hecho sentir la omisión y nunca se ha alzado una sola voz reclamando por ella; o sea que el recurso de revisión en materia civil ha quedado como un recuerdo; sin embargo que otros estudiosos en esta materia señalan el valor justicia, finalidad de este recurso, debe prevalecer sobre el de seguridad jurídica que contiene como nota dominante la cosa juzgada, pues la protección que el Estado le concede a su propia verdad procesal, debe ceder ante el más alto interés de la justicia material, en este caso extraño al proceso mismo, porque aquel se desvió de su fin específico y último; lo cual amerita un análisis de los profesores de la Facultad de Jurisprudencia de las Universidades del país, en esta materia, para señalar la procedencia o no del recurso de revisión en materia civil .

 

El tratadista Devis Echandía, señala al respecto: ?Se trata de otro recurso extraordinario y excepcional contra la sentencia que puso término al proceso. se diferencia de los otros en que procede contra sentencia ejecutoriada, razón por la cual algunos consideran, y nosotros con ellos, que se trata más bien de un proceso separado contra la sentencia dictada en el anterior; se asemeja a la casación en cuanto tiene limitaciones, pues el tribunal o la Corte que lo tramitan solo puede examinar la sentencia acusada por las causales que invoque el recurrente y este solo puede alegar las que expresamente contemplan los Códigos de Procedimiento (en Colombia no existe en lo contencioso-administrativo)?.

 

Termina manifestando, que al estudiar las excepciones de la cosa juzgada, vimos que este recurso extraordinario de revisión, es una de ellas y que tiene por finalidad proteger la buena fe, el derecho de contradicción y la cosa juzgada anterior cuando ha sido violada en el proceso y por la sentencia ejecutoriada.

 

Concluye, que en Colombia, es un recurso sui generis, que origina un nuevo proceso, con trámite propio, que se inicia con demanda independiente, se tramita sobre el mismo expediente , que es solicitado por el tribunal o la Corte, que recibe aquella en caso de admitirla por ser de su competencia y reunir los requisitos de forma y de fondo para la integración del contradictorio; en lo cual se diferencia de los casos en que la ley autoriza revisar una sentencia en firme mediante otro proceso posterior ordinario o especial igual al anterior, termina señalando dicho tratadista.

 

El tratadista colombiano Fernando Canosa Torrado en su obra Las Nulidades en el Derecho Procesal Civil, dice sobre el recurso de revisión: ?El legislador ha querido que las decisiones judiciales, una vez en firme, tengan el atributo de ser inmutables y definitivas, lo que equivale a decir, que no pueden ser modificados por ningún juez, y su cumplimiento puede exigirse coercitivamente por las partes beneficiadas con la decisión en firme que ha hecho tránsito a cosa juzgada (res iudicata).

 

La anterior explicación es lo que otorga a las personas la certeza de los derechos subjetivos respecto de los cuales el Estado, por medio del organismo judicial respectivo, emitió pronunciamiento definitivo, lo cual se conoce con el nombre de cosa juzgada, que no es de carácter absoluto, pues si la sentencia fue ganada por medios ilegítimos o con desmedro del derecho de defensa o de la propia cosa juzgada, para restablecer el imperio de la justicia se creó el recurso que nos ocupa, remedio eficaz para sustraer del escenario jurídico una sentencia inicua?; y es así que el Art. 379 del CPC colombiano contempla este recurso extraordinario que se puede presentar a base de varias causales; sin embargo el COGEP no lo contempla, y sería interesante hacer un estudio sobre el por qué el asambleísta nacional consideró que no se debía implementar el recurso de revisión en el último proyecto que se envió al Presidente de la República?.

 

 

CONCLUSIONES

 

Para terminar este artículo, debo recalcar que redactar un nuevo Código Procesal en materia civil, significa examinar a fondo lo que se pretende reemplazar, esto es analizar con absoluta objetividad los aciertos y los errores del todavía actual Código de Procedimiento Civil, y los aciertos y errores del COGEP, que sin duda alguna es un Código Procesal más progresivo, que está de acuerdo con el Estado constitucional de derechos y justicia; todo lo cual nos obliga a abrir nuestros ojos y nuestra mente a esta nueva forma de administrar justicia, a esta nueva forma de ejercer nuestra profesión de abogados, a esta nueva forma de enseñar el derecho procesal civil; este es el objetivo fundamental de publicar estos artículos, compartiendo los conocimientos y dudas que he podido analizar del COGEP a través del estudio e investigación que saldrá a publicación luego de unas semanas.

 

En próximos artículos en esta misma Revista Judicial de diario La Hora, trataré sobre los recursos de casación y de hecho en el COGEP.

 

 

Dr. José García Falconí

Docente, Facultad de Jurisprudencia,

Ciencias Políticas y Sociales

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Correo: josegarciafalconi@gmail.com

 

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