SISTEMA PENAL ECUATORIANO Y CLASIFICACIÓN DE LAS PENAS

Viernes, 03 de marzo de 2017

SISTEMA PENAL ECUATORIANO Y CLASIFICACIÓN DE LAS PENAS

 

 

Autores: Ab. José Sebastián Cornejo Aguiar.[1]

 

Ab. María Del Mar Gallegos.[2]

 

 

Previo a concentrarnos en este análisis es pertinente determinar que, en la antigüedad, ya que en la obra de Platón, Las Leyes, se puede encontrar la exigencia de que la pena sea proporcional a la gravedad del delito.

 

Pero es hasta la época de la Ilustración, cuando se afirma este principio, muestra de ello es la obra de César Beccaria, ?De los delitos y de las penas?, en la cual hace referencia a la pena y establece que ésta debe ser ?necesaria e infalible?.[3]

 

Esto nos sirve de base, para generar una reflexión sobre la idea del castigo, dejando de lado las ideas de venganza, ya que esta es una de las razones por la cual, aun hoy, la institución de la pena pública, sigue manteniendo arraigado la idea de una pena retributiva, ya que se sigue explicando convincentemente, que el principio de retribución dentro de las funciones de la pena, es necesario, ante un mal como es el delito, configurándose como el alma de la pena, concepto que no es aplicable, dentro de una sociedad, que ha sufrido varios procesos globalizantes, y que se ha ido fortaleciendo, en el desarrollo, de su cultura.

 

Es por ello que, cuando se habla de la teoría del delito y la pena, el estudio va dirigido en gran proporción a las categorías dogmáticas del delito y su configuración, mientras que cuando de la pena se trata el enfoque se centra en su aplicación una vez cometida una acción, típica y antijurídica, es decir, el juzgador deberá analizar si es que existen circunstancias modificatorias de la pena ya sean atenuantes o agravantes dependiendo de los hechos.

 

Sin embargo, los que practican derecho desde sus distintas esferas y la sociedad en general dan por sentado las sanciones que contemplan los tipos penales, sin tomar en cuenta que la pena debe ser analizada desde una dimensión ontológica y desde una perspectiva criminológica.

 

1.- Perspectiva Criminológica de la Pena:

 

La criminología desde su posición más crítica define al delito y por ende la pena, como un ente construido; su punto de análisis no es el individuo como tal, sino más bien los procesos de criminalización. Como lo menciona Gabriel Ignacio Anitua haciendo referencia a lo que los autores Schwendinger habían indicado en los años 70 cuando se referían a que: ?La criminología crítica tiene [?] que alejarse de las definiciones legales de delito, que son impuestas por los poderosos que normalmente realizan acciones más inconvenientes para la vida social?[4][i], y de igual manera la pena no es impuesta al azar o de manera técnica que sería lo preferible, al contrario responde a intereses de una agenda política establecida.

 

2.-  La Pena en el Código Orgánico Integral Penal:

 

La pena debe ser analizada desde varias aristas, por un lado su parte práctica y por otro su sentido simbólico, tomando como punto central el Código Orgánico Integral Penal -COIP- , que en su artículo 52 hace referencia a la finalidad de la pena determinando que: ?Los fines de la pena son la prevención general para la comisión de delitos y el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona con condena así como la reparación del derecho de la víctima. En ningún caso la pena tiene como fin el aislamiento y la neutralización de las personas como seres sociales.? 

 

En este apartado es evidente reconocer la parte práctica de la pena, primero se distingue la prevención de manera general, entendiendo que la pena es una herramienta de educación para la sociedad, y al mismo tiempo es útil debido a que a través de desarrollar de manera progresiva los derechos y capacidades, las personas se pueden rehabilitar y se podría inferir que también permiten una adecuada reinserción a la sociedad, aunque el artículo no lo menciona.

 

En efecto, estos son fines aceptados popularmente, ya que se cree que el imponer medidas de sanción, especialmente aquellas con tinte punitivo, particularmente la cárcel, son preventivas y disuasivas; además que mientras la persona es privada de su libertad se encuentra restringida de cometer ilícitos que ponen en peligro la pacífica convivencia de la sociedad.

 

No obstante, desde una visión crítica, cabe resaltar que al momento de establecer las penas no queda claro si estas se dan en base al daño causado, el nivel de violencia empleado, o el impacto social; para ejemplificar lo dicho generalmente se cree que causan más daño los delitos comunes que los actos de corrupción que posiblemente desestabilizan la seguridad de un país entero, esto ocurre bajo un contexto en donde generalmente las penas son impuestas sin bases empíricas o justificaciones técnicas, lo que desembocan en consecuencias desastrosas.

 

Dando lugar a lo que se conoce como la falta de una verdadera proporcionalidad, que hace que los fines de la pena vayan desapareciendo y quedando en letra muerta, llevando a que la justicia criminal se encuentre en crisis, ejemplo de ello el hacinamiento penitenciario, en donde no se da una correcta rehabilitación y la reinserción social no es viable, debido a que personas que recuperan su libertad tienen una insuficiencia de capacidades y conocimientos demandadas por el mercado.

 

Por el contrario, la real función propugnada en el sistema penal ecuatoriano en cuanto a las penas se ha tornado en algo mucho más simbólico. De acuerdo con Stanley Cohen[5], a través de la re-creación de pánicos morales, entendido esto como, la fuerza de generar miedos en la sociedad o el poder de definir ciertos comportamientos como amenazantes de los intereses y los valores establecidos en la sociedad, que permite a las instituciones gubernamentales generar percepciones de ciertas acciones delictivas como más graves frente a otras, protegiendo así intereses de quienes se encuentran en el poder ya sea político, social e incluso religioso en su momento.

 

En otras palabras, se torna difícil entender qué instituciones generan políticas públicas para tratar la delincuencia de manera genuina y cuáles otras manipulan las percepciones para poder gobernar a través del crimen[6], como un medio de legitimar y respaldar políticas que permitan, sin cuestionamiento, el ?a veces excesivo- ejercicio de su poder.

 

En donde se evidencia que la pena pasa a ser de un instrumento útil para la sociedad a un instrumento que en argot popular alimenta la sed de venganza que reclama el pueblo. Y es precisamente en base a esto, que resulta más conveniente políticamente crear normas penales punitivas que efectivas. Generalmente, las decisiones y elaboración de leyes son realizadas en base de información incorrecta y anécdotas o experiencias, olvidando que la pluralidad de experiencias no constituye investigación.

 

A manera de ejemplo, el homicidio por mala práctica médica contemplada en el artículo 146 del COIP tipifica que ?la persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años?, si se retoma las finalidades de la pena, que se encuentran en el mismo cuerpo legal, es imperioso preguntar al lector de qué se puede rehabilitar a una persona que comete un delito por culpa y no por dolo, aún peor aquellos casos en que se cometen delitos con culpa inconsciente, lo que demuestra que este tipo de penas simplemente sirven de una especie de vendetta popular que sin duda atienden la parte sensible de las personas, pero desde una óptica meramente técnica este tipo de penas carecen de sentido alguno.

 

Así mismo ocurre con el tema polémico de las drogas, a pesar de que el consumo es entendido constitucionalmente como un problema de salud pública más no como un crimen, cada vez se van generando más asimetrías entre lo que la Constitución propugna y aquellas normas que establecen las diferencias entre consumo y delito, por mencionar algunas de estas incongruencias, primero se disminuyó el umbral permisible y segundo se aumentaron las penas, por supuesto esto una vez más demuestra el papel que juegan  las penas punitivas, la sociedad se siente más segura al tener penas más altas, sin tomar en cuenta que las penas conllevan un abanico de fines como en este caso en particular se podría hablar de justicia terapéutica y justicia restaurativa, sin embargo, este tipo de medidas tienen su razón de ser y es que son políticamente atractivas, situación que los gobernantes de turno utilizan para contentar al electorado y que de cierta manera es requerido para mantener un balance en la sociedad, porque las penas punitivas encuentran un fuerte apoyo en la opinión pública que a la vez es creadora de dichas medidas, en efecto como lo sostiene Freiberg ?Las políticas técnicas y racionales de lucha contra la delincuencia no abordan algunas de las dimensiones emocionales o afectivas más profundas de la sociedad?[7]

 

Ahora bien, se dice que el equilibrio es la fórmula de la vida en general, lo que también aplica para las penas; un exceso en medidas punitivas pueden crear problemas para los derechos humanos, la prevención, la rehabilitación y el correcto funcionamiento del sistema penal, pero al contrario penas pocos severas pueden ser vistas como una pérdida de control y la comunidad puede pensar que no se está haciendo lo suficiente, generando un sentimiento de inseguridad.

 

Por consiguiente, es imperioso aprehender la idea que el cometimiento de delitos responden a diversos factores que surgen de la interrelación entre individuo y sociedad o incluso son producto de relaciones de poder que definen lo que es considerado como delito o quien es delincuente, por lo tanto se deben contemplar penas que sean más efectivas sin dejar de ser simbólicas, para ello es indispensable contar con legisladores que desarrollen leyes penales sustentados en información, -especialmente estadísticas- que sean veraces y sobretodo independientes de instituciones gubernamentales.

 

Debido a que si la funcionalidad de las penas es la rehabilitación y la prevención se debe concebir  que las penas no son las únicas vías, sino también se deben examinar aquellas estrategias alternativas a la ley que conlleven los dos niveles indispensables de efectividad y afectividad.

 

En la edición de la Revista Judicial del 06 de marzo, abordaremos le análisis jurídico sobre la ?Contextualización del Sistema Penal en torno al Principio de Proporcionalidad, y la Clasificación de las Penas y su Funcionamiento?.

 



[1] Abogado por la Universidad Internacional Sek (Quito, Ecuador). Especialista en Derecho Penal en la Universidad Andina Simón Bolívar (Quito, Ecuador), Autor de los libros Mundo, Alma y Vida; Senderos de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial; Breves Nociones de la Criminología, la Penología y la Victimología en el Contexto Criminal; y Teoría General de los Recursos y Remedios Procesales en el COGEP. scor1719@hotmail.com.

[2] Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República por la Universidad de las Américas, Master en Criminología por The University of Melbourne, profesora de la Universidad de los Hemisferios, y de la Universidad de las Américas, ha sido asesora en el Ministerios de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Jefe Departamental Escuela de la Función Judicial Consejo de la Judicatura, ha sido expositora en diversas conferencias internacionales y nacionales sobre temas de criminología y derecho penal. 

[3] Cesare Beccaria, Jacinto Dragonetti, y Guillermo Cabanellas, Tratado de los delitos y de las penas (Buenos Aires: Heliasta, 1993).

[4] Anitua, Gabriel Ignacio, ?Historias de los Pensamientos Criminológicos?, Ediciones Didot, p.458.

[5] Stanley, Cohen. Folk devils and moral panics: The creation of the mods and rockers. London, MacGibbon & Kee (1972).

[6] Simon, Jonathan. Governing Through Crime. Cary: Oxford University Press, USA, 2007. Accessed February 18, 2017. ProQuest Ebook Central.

[7] Arie, Freiberg. Affective versus Effective Justice. Punishment & Society, 3. Issue 2, pp. 265-278.



 

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