Registro Oficial No.513- Miércoles 11 de agosto de 2021

Miércoles, 11 de agosto de 2021

Administración del Señor Guillermo Lasso Mendoza

 

 

 Presidente Constitucional de la República del Ecuador    

    

 Miércoles  11  de agosto de 2021 (R. O.513, 11–agosto -2021) 

 

SUMARIO:

Págs.

 

FUNCIÓN EJECUTIVA

 

ACUERDOS:

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Y GANADERÍA:

053..... Asegúrese la sostenibilidad del sector lechero a través del fortalecimiento de los sistemas de control, acceso a mercado y el fomento e incentivo del consumo de leche y sus derivados en el mercado local e internacional

059..... Deléguense funciones al Director/ a Distrital de Santa Elena o a quien haga sus veces

 

RESOLUCIONES:

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Y GANADERÍA:

050..... Deléguense funciones a las y los titulares de las Direcciones Distritales

 

FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA

Y CONTROL SOCIAL

 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS,

VALORES Y SEGUROS:

SCVS-INMV-DNFCDN-2021-0011 Refórmese la Resolución No. SCVS-INMV- DNFCDN-2018-0039 de 16 de noviembre de 2018

 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA

POPULAR Y SOLIDARIA - SEPS:

SEPS-IGT-IGS-INSESF-INR-INGINT-INSEPS- IGJ-2021-0368 Expídese la Norma de control para la apertura, traslado y cierre de oficinas de las cooperativas de ahorro y crédito, asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, cajas centrales y corporación nacional de finanzas populares y solidarias

 

 

 

 

 

o III - Nº 513 - 50 páginas

Quito, miércoles 11 de agosto de 2021Miércoles 11 de agosto de 2021 Regisro Oficial Nº 513

Págs.

SEPS-IGT-IGJ-INFMR-DNILO-2021- 0371 Declárese disuelta y liquidada a la Cooperativa de Servicios de Empacado Armando Sueños “COOPSEMPARM”, domiciliada en el cantón Cayambe, provincia de Pichincha

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

ORDENANZA MUNICIPAL:

-......... Cantón Centinela del Cóndor: Que expide la segunda reforma a la Ordenanza que regula y reglamenta la aprobación de planos, permisos de construcción, ornato y líneas de fábrica, contribución comunitaria para áreas verdes y comunales en fraccionamientos y urbanizaciones; la protección de márgenes de ríos, embalses, quebradas y lagunas en el área urbana y rural

gistro Oficial Nº 513 Miércoles 11 de agosto de 2021

Acuerdo Ministerial No. 053

El Ministro de Agricultura y Ganadería

Considerando:

Que,     el artículo 66 Constitución de la República del Ecuador, establece: "Se reconoce y garantizará a las personas: (...) 2. El derecho a una inda digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. (...). 15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental; 16. El derecho a la libertad de contratación. 17. El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley";

Que,     el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que son atribuciones de las ministras y ministros de Estado: 'Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión ";

Que,     el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidos en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución";

Que,     el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: "La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación ";

Que,     el artículo 275 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio- culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kaway.";

Que,     el numeral 2 del articulo 284 de la Constitución de la República del Ecuador, establece como responsabilidad del Estado, incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional;

Que,     el artículo 319 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: 'El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el contexto internacional";

Que,     el artículo 335 de la Constitución del Ecuador, establece: 'El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas; y sancionará la

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explotación, usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos. El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal."

Que,     el articulo 3 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, establece como objeto: "(...) regular el proceso productivo en las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir. Esta normativa busca también generar y consolidar las regulaciones que potencien, impulsen e incentiven la producción de mayor valor agregado, que establezcan las condiciones para incrementar productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva, facilitando la aplicación de instrumentos de desarrollo productivo, que permitan generar empleo de calidad y un desarrollo equilibrado, equitativo, eco-eficiente y sostenible con el cuidado de la naturaleza”;

Que,     el artículo 5 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, determina: "Rol del Estado.- El Estado fomentará el desarrollo productivo y la transformación de la matriz productiva, mediante la determinación de políticas y la definición e implementación de instrumentos e incentivos, que permitan dejar atrás el patrón de especialización dependiente de productos primarios de bajo valor agregado. (...)";

Que,     el numeral 2 del artículo 308 del Código Orgánico Integral Penal, señala: "Agiotaje.- Será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años: (...) 2. La persona que no pague el precio oficial mínimo de sustentación o indexación establecido por el Estado para el banano, maíz, arroz, ^e cruda o cualquier otro producto agrícola o pecuario, con fines de comercialización en el mercado nacional o extranjero.";

Que,     el artículo 22 de la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, establece: "Abastecimiento Interno.- El Estado a través de los organismos técnicos especializados, en consulta con los productores y consumidores determinará anualmente las necesidades de alimentos básicos y estratégicos para el consumo interno que el país está en condiciones de producir y que no requieren de importaciones.";

Que,     el artículo 23 de la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, señala: "Comercialización externa.- Los Ministerios a cargo de las políticas agropecuarias y de comercio exterior establecerán los mecanismos y condiciones que cumplirán las importaciones, exportaciones y donaciones de alimentos, las cuales rio atentarán contra la soberanía alimentaria.";

Que,     mediante el Acuerdo Ministerial Nro. 394 del 04 de septiembre del 2013, publicado en el Registro Oficial Nro. 100 de 14 de octubre de 2013, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, acordó Regular y controlar el precio del litro de leche cruda pagada, en finca y/o centro de acopio, al productor y promover la calidad e inocuidad de la leche cruda;

Que,     en el Acuerdo Ministerial No. 394, se establece que en el caso de presentaciones distintas a los 1.000 ml, de leche UHT en funda, el Precio de Venta al Público (PVP) de la leche UHT en funda con una presentación distinta a los 1.000 ml, deberá ser directamente proporcional, considerando su menor presentación, al Precio de Venta al Público (PVP) de la leche UHT en funda de 1.000 mi.

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El precio pagado al productor en finca y/o centro de acopio por la industria o agente comprador se mantendrá equivalente al 52.4 % del precio de venta al público (PVP) vigente del litro de leche UHT en funda de 1.000 mi. a nivel nacional, más componentes, más calidad higiénica, más calidad sanitaria; y, más buenas prácticas pecuarias;

Que,    mediante Acuerdo Ministerial No. 028 de 27 de febrero de 2020, se reformó el artículo 6 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el cual establece lo siguiente: "Misión.- Somos la institución rectora y ejecutora de las políticas públicas agropecuarias, promovemos la productividad, competitividad y sanidad del sector, con responsabilidad ambiental a través del desarrollo de las capacidades técnicas organizativas y comerciales a los productores agropecuarios a nivel nacional con énfasis en los pequeños, medianos y los de agricultura familiar campesina, contribuyendo a la soberanía alimentaria. "; y,

Que,     mediante memorando No. MAG-SPP-2021-0764-M de 04 de mayo de 2021, el Subsecretario de Producción Pecuaria, señaló: "En la actualidad se evidencia en la dinámica del sector lechero una sobreoferta en la producción de leche cruda, sin capacidad de absorción por la industria nacional como consecuencia de una contracción en la demanda. Por lo tanto, es menester buscar alternativas para la diversificación de mercados con miras a la exportación de productos y derivados lácteos, por esta razón, nace la necesidad de elaborar un nuevo Acuerdo Ministerial donde se contemple un precio diferenciado para la producción de leche destinada a: programas sociales establecidos por el Gobierno Nacional, mercado internacional, industria intermedia, y productos lácteos de carácter social, con valor nutricional y de acceso popular; además un reajuste en el porcentaje de aplicación del precio diferenciado con el fin de potenciar el sector e incentivar el consumo de leche."; así como también remitió el informe de justificación técnica, en el cual recomendó: "Se recomienda a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Justado, bajo su mejor criterio considere la expedición de un Acuerdo Ministerial, mediante el cual se permita la aplicación de precio diferenciado; beneficiando así a más de 270.000 productores ganaderos y, por lo tanto, se efectúe la derogatoria del Acuerdo Ministerial No. 108 de 25 de mayo de 2016.";

En ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias antes singularizadas y con sustento en las consideraciones expuestas

Acuerda:

 

ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR LECHERO A TRAVÉS DEL

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL, ACCESO A MERCADO Y EL

FOMENTO E INCENTIVO DEL CONSUMO DE LECHE Y SUS DERIVADOS EN EL

MERCADO LOCAL E INTERNACIONAL

 

CAPÍTULO I

Del Fortalecimiento de los Mecanismos de Control

Articulo 1.- La Autoridad Agraria Nacional coordinará acciones con la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario - AGROCALIDAD, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador - SENAE, Ministerio de Defensa, Servicio de Rentas Internas - SRI, para mantener y fortalecer el control de contrabando en las zonas fronterizas, a través de procesos eficientes para la aplicación de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, a fin de salvaguardar el estatus sanitario del hato del país y la producción primaria nacional.

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Artículo 2.- La Autoridad Agraria Nacional coordinará acciones con la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario AGROCALIDAD y la Agencia de Regulación, Control, Vigilancia y Aseguramiento de la Calidad Sanitaria y Medicina Prepagada - ARCSAMED; para verificar, monitorear y controlar: los procesos de recepción, materias primas v subproductos que ingresen a las empresas lácteas para su transformación y/o elaboración de productos elaborados. Este proceso podrá realizarse sin previo aviso y de oficio a todas las empresas lácteas a nivel nacional. Para esto, designará de forma permanente o temporal personal técnico calificado para dicho efecto; en el caso de encontrar incumplimientos respecto de la normativa vigente actuarán de conformidad a sus competencias.

 

CAPÍTULO II

Del precio, acceso al mercado y aprovechamiento de subproductos de la producción primaria

Artículo 3.- La Autoridad Agraria Nacional, ratifica lo establecido en el Acuerdo Ministerial Nro. 394 de 04 de septiembre de 2013, publicado en el Registro Oficial Nro. 100 de 14 de octubre de 2013, el mismo que establece que toda persona natural o jurídica que adquiera leche cruda está obligada a pagar en finca y/o centro de acopio a los productores de leche cruda el 52.4% (cincuenta y dos punto cuatro por ciento) del precio de venta al público vigente (PVP) del litro de leche UHT en funda (1.000 mi) a nivel nacional más componentes, más calidad higiénica, más calidad sanitaria; y, más buenas prácticas pecuarias; cuya aplicación será verificada por la Subsecretaría de Producción Pecuaria, según lo establece el artículo 11 del Acuerdo Ministerial Nro- 394.

Artículo 4.- Para fomentar e incentivar el consumo de leche y sus derivados en el mercado local e internacional, se establece el mecanismo de precio diferenciado pagado al productor por litro de leche cruda en finca y/o centro de acopio, mediante el cual los productores de leche cruda y las empresas, podrán acogerse a un precio diferenciado, siempre y cuando exista un acuerdo voluntario de aceptación de precio diferenciado entre el productor y la empresa, debidamente suscrito entre las partes.

Las empresas podrán acogerse al precio diferenciado en un 10% del total del volumen del acopio diario.

El 90% restante del volumen de acopio diario deberá ser pagado al productor según lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial Nro. 394 de 04 de septiembre de 2013, o al Instrumento vigente para este efecto. Dicho Acuerdo establece que el precio pagado al productor por litro de leche cruda en finca y/o centro de acopio contempla precio mínimo de sustentación más calidad de componentes, más calidad higiénica, más calidad sanitaria; y, más buenas prácticas pecuarias.

Artículo 5.- Para establecer un volumen máximo de aplicación del porcentaje por cada solicitante para la compra de leche cruda a precio diferenciado, la Subsecretaría de Producción Pecuaria tomará como base de cálculo las planillas, facturas, órdenes de compra o cualquier otro documento transaccional que compruebe el acopio diario del producto.

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Articulo 6.- El precio diferenciado, aplicable para el porcentaje de aplicación de la demanda de producción industrial diaria, en la adquisición de leche cruda será publicado por la Autoridad Agraria Nacional, a través de la Subsecretaría de Producción Pecuaria, de manera trimestral, en la página web institucional, en la sección temas importantes con el nombre: "Aplicación del Precio Diferenciado de Leche" y comunicado a las empresas lácteas participantes del mecanismo de precio diferenciado pagado al productor por litro de leche cruda para la sostenibilidad del sector lácteo; esta es igual al precio promedio pagado al productor por litro de leche de los principales países productores a nivel de la región (Argentina, Chile, Uruguay y Colombia).

Artículo 7.- La Autoridad Agraria Nacional, a través de la Subsecretaría de Producción Pecuaria, podrá solicitar a las empresas acogidas al mecanismo de precio diferenciado los registros de los comprobantes de todas las transacciones realizadas entre los productores y las empresas cuando la Autoridad lo requiera y considere pertinente con el objetivo de controlar y verificar su cumplimiento, para lo cual, estas tendrán un término máximo de 48 horas para su entrega de manera física v digital desde su notificación.

 

CAPÍTULO III

Del fomento e incentivo del consumo de leche y sus derivados en el mercado local e

internacional

Artículo 8.- I-a aplicación del porcentaje del precio diferenciado, establecido en el artículo 4 del presente Acuerdo Ministerial, estará segmentado de conforme al mercado de destino del producto comprado a precio diferenciado. Pudiéndose colocar de manera exclusiva en las siguientes estrategias:

1. Incentivo del Consumo Local.- Para incrementar la demanda de productos lácteos dentro del territorio nacional, a través de:

a. Programas sociales establecidos por el Gobierno Nacional;

b. Productos lácteos de carácter social, con valor nutricional y de acceso popular, previamente autorizados por el Pinte Rector de la Política Industrial y la Subsecretaría de Producción Pecuaria.

  1. Mercado Internacional.- Para promover la exportación de productos lácteos.
  2. Industria Intermedia.- Dirigido a empresas cuyo producto final no es lácteo, donde la leche cruda y/o sus derivados son utilizados como materia prima y sean adquiridos en la industria láctea nacional. Estos podrán ser adquiridos tanto para sustituir ingredientes no lácteos en su formulación o para la sustitución de importaciones de ingredientes lácteos.

Aclárese que: no se permite que la empresa que adquiere leche cruda bajo la figura prevista en este numeral, la utilice en la elaboración de productos cuyo destino es el consumidor final.

Artículo 9.- Las empresas, centros de acopio privados auto denominados enfriadoras, proveedoras de leche cruda hacia otras empresas, están obligadas a registrarse en el Registro Nacional Agropecuario, mediante la página https://servicios.mag.gob.ec/RNA/, en la sección

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Persona Jurídica "Creación de Usuario", para poder aplicar al mecanismo de precio diferenciado, cumpliendo los mismos requisitos aun cuando ésta sólo actué como comprador de leche cruda; de no ser así, deberá pagar el 100% (cien por ciento) de la leche de conformidad a lo establecido en el Acuerdo Nro. 394 de 04 de septiembre de 2013.

Artículo 10.- Las empresas procesadoras de leche y sus derivados, sean éstas, personas naturales o jurídicas que deseen aplicar al mecanismo de precio diferenciado por primera vez, deberán registrarse obligatoriamente en el Registro Nacional Agropecuario, mediante la página https://serv-icios.mag.gob.ec/RNA/. en la sección Persona Jurídica "Creación de Usuario"; y de manera física o digital al correo electrónico producció[email protected], deberán presentar:

  1. Solicitud de "Autorización para Mecanismo de Precio Diferenciado", en el formato pre establecido y que se encuentra disponible en la página web institucional de la Autoridad Agraria Nacional, en la sección temas importantes con el nombre: "Aplicación del Precio Diferenciado de Leche".
  2. Nómina de sus proveedores de leche cruda, misma que debe ser actualizada de manera trimestral.
  3. Acuerdos voluntarios de aceptación de precio diferenciado entre el productor y la empresa en el formato preestablecido y que se encuentra en la página web institucional de la Autoridad Agraria Nacional, en la sección temas importantes con el nombre: "Aplicación del Precio Diferenciado de Leche", firmados y conforme a la nómina presentada; y cada vez que un nuevo productor se acoja al mecanismo de precio diferenciado.
  4. En el caso de aplicar a programas sociales del Gobierno Nacional:

a. Ficha técnica (en formato pdf) de los productos colocados en el programa deberán contener las equivalencias en leche cruda y los coeficientes de transformación; esta información podrá ser verificada por la Subsecretaría de Producción Pecuaria.

b. Copia del contrato o convenio firmado con el Gobierno Nacional.

5. En el caso de aplicar al mercado internacional:

a. Nota de pedido o contrato emitido por el comprador en el exterior (importador) con 30 días calendario previos al embarque.

b. Conocimiento o contrato de embarque Bill of lading (Bill of Lading), en un plazo máximo de 7 (siete) días luego de la exportación.

c. Ficha técnica del producto con las equivalencias en leche cruda y los coeficientes de transformación.

6. En el caso de aplicar a industria intermedia:

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a. Copia del contrato de compra o documento que garantice la transacción donde establezca el producto y cantidad a adquirir,

b. Ficha técnica del producto final con las equivalencias en leche cruda y/o producto lácteo utilizado y los coeficientes de transformación.

Adicionalmente deberán cumplir con:

  1. Mantener al día el reporte mensual de la información requerida al amparo del Acuerdo Ministerial No. 394 de 04 de septiembre de 2013.
  2. Enviar de manera mensual, dentro de los primeros diez (10) días de cada mes, a la Subsecretaría de Producción Pecuaria la Matriz de Pago a Precio Diferenciado, de manera digital en el formato establecido por la institución y disponible en la página web institucional, en la sección temas importantes con el nombre: "Aplicación Precio Diferenciado de Leche".
  3. En el caso de productos lácteos de carácter social y acceso popular:

a. Cumplir con todos los requisitos establecidos en el Instructivo de aplicación de productos lácteos de carácter social, nutricional y acceso popular.

10. Una vez otorgada la autorización, mantener al día los registros de los comprobantes de todas las transacciones realizadas bajo el presente mecanismo entre los productores y las empresas, así como un cuadro resumen de estas transacciones

Articulo 11.- El porcentaje del volumen de acopio diario, podrá incrementarse al 15% y posteriormente al 20% máximo, exclusivamente para fines de exportación, tanto para industria láctea como industria intermedia, siempre y cuando se cumpla con las condiciones establecidas a continuación:

  1. Estar registrado en el Registro Nacional Agropecuario para la aplicación de precio diferenciado.
  2. Mantener siempre el porcentaje del 10% de la totalidad del volumen de leche acopiada durante al menos un año previo a su incremento v mantener el mismo período de tiempo para la siguiente solicitud de incremento (15% y hasta el 20%).
  3. Mantener al día el reporte mensual de la información requerida según Acuerdo Ministerial No. 394 de 04 de septiembre de 2013.
  4. Mantener al día reporte mensual de Pago a Precio Diferenciado en el formato establecido por la Institución.
  5. Mantener al día los registros de los comprobantes de todas las transacciones realizadas bajo el presente mecanismo entre los productores y las empresas, así como un cuadro resumen de estas transacciones.

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Adicionalmente, deberán presentar de manera física en la Subsecretaría de Producción Pecuaria, o remitir de manera digital al correo electrónico: producció[email protected], los siguientes requisitos:

  1. Solicitud de Ampliación de Porcentaje del Mecanismo de Precio Diferenciado, en el formato preestablecido y que se encuentra en la página web institucional de la Autoridad Agraria Nacional, en la sección temas importantes con el nombre: "Aplicación Precio Diferenciado de Leche".
  2. Acuerdos voluntarios de aceptación de precio diferenciado entre el productor y la empresa en el formato preestablecido y que se encuentra en la página web institucional de la Autoridad Agraria Nacional, en la sección temas importantes con el nombre: "Aplicación Precio Diferenciado de Leche", firmados y conforme a la nómina presentada con el nuevo porcentaje aprobado; y cada vez que un nuevo productor se acoja al mecanismo de precio diferenciado

El porcentaje restante del volumen de acopio diario deberá ser pagado al productor según lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial Nro. 394 de 04 de septiembre de 2013, o al Instrumento vigente para este efecto. Dicho Acuerdo establece que el precio pagado al productor por litro de leche cruda en finca y/o centro de acopio contempla precio mínimo de sustentación más calidad de componentes, más calidad higiénica, más calidad sanitaria; y, más buenas prácticas pecuarias.

La Subsecretaría de Producción Pecuaria aplicará un procedimiento de control para asegurar que la leche cruda adquirida a un precio diferenciado no supere el volumen máximo establecido bajo este instrumento y que se utilice únicamente en las estrategias establecidas en el artículo 8 del presente Acuerdo Ministerial. Para ello de manera trimestral se realizará el respectivo análisis técnico comparativo de lo adquirido y lo comercializado bajo el presente mecanismo.

Artículo 12.- La Subsecretaría de Producción Pecuaria revisará que la leche adquirida por la empresa destinada a programas de Incentivo del Consumo Local, mercado internacional e industria intermedia, sea colocada en su totalidad. En caso de encontrarse inconsistencias entre el volumen adquirido y el volumen colocado bajo el mecanismo de precio diferenciado, la empresa involucrada deberá restituir a sus productores el equivalente al valor no colocado en el mercado externo dentro de los 15 (quince) días posteriores a la notificación efectuada por la Subsecretaría de Producción Pecuaria.

Artículo 13.- En caso de que exista incumplimiento por parte de las empresas procesadoras de leche y sus derivados, sean éstas, personas naturales o jurídicas, en el presente Acuerdo, ésta será suspendida durante 12 meses por una única vez, para la aplicación y participación del mecanismo de precio diferenciado en todas sus formas. En caso de reincidir en el incumplimiento será excluida de manera definitiva. Por otra parte, deberá restituir íntegramente el perjuicio causado a sus productores dentro de los 15 (quince) días posteriores a su notificación. El incumplimiento de esta disposición resultará en acciones legales acorde a las normas vigentes, conforme a lo dispuesto en el artículo 308 del Código Orgánico Integral Penal; para lo cual, la Subsecretaría de Producción Pecuaria, efectuará las acciones necesarias ante las autoridades correspondientes.

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Disposición General

La ejecución de lo dispuesto en el presente Acuerdo, estará a cargo de la Subsecretaría de Producción Pecuaria.

Disposición Transitoria

El Instructivo de aplicación de productos lácteos de carácter social, nutricional y acceso popular, y el Instructivo de control de los mecanismos de precio diferenciado, se expedirán en el término de 60 (sesenta) días, contados a partir de la suscripción del presente Acuerdo; los instructivos serán elaborados de manera conjunta por la Autoridad Agraria Nacional v el ente Rector de la Política Industrial.

Disposición Derogatoria

Deróguese el Acuerdo Ministerial No. 108 del 25 mayo de 2016; así como cualquier otra disposición de igual o menor jerarquía que sean contrarias a las disposiciones del presente Acuerdo.

Disposición Final

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia desde la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y Publíquese.-

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 10 MAY 2021,

 

 

 

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Acuerdo Ministerial No. D 59

 

EL Ministro de Agricultura y Ganadería

 

Considerando:

Que,    el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador señala que son atribuciones de las ministras y ministros de Estado: "A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión";

Que,    el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución ";

Que,    el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, transparencia y evaluación'';

Que,    el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: "Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos ";

Que,    el artículo 7 del Código Orgánico Administrativo señala: "Principio de desconcentración. Ea función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de funciones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre los órganos de una misma administración pública, para descongestionar y acercar las administraciones a las personas".

Que,     el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo, respecto a la delegación de competencias, señala lo siguiente: "Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en: 1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes";

Que,     el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo, con relación a los efectos de la delegación, señala: "1. Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante. 2. La responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según corresponda";

Que,     el artículo 157 Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público,

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define: “Comodato entre entidades públicas.- Cuando exista la necesidad de contar con especies, bienes muebles o inmuebles, podrán celebrar un contrato de comodato o préstamo de uso, entre dos entidades u organismos del sector público, sujetándose a las normas especiales propias de esta clase de contrato; dicho comodato se efectuará por un período determinado de tiempo y una vez cumplido este período la entidad comodataria devolverá el bien dado en comodato a la titular.

Por lo tanto, la entidad comodante seguirá llevando los registros contables del bien en comodato, de acuerdo con lo dispuesto por el ente rector de las finanzas públicas";

Que,     el numeral 1.1, ítem 1, artículo 12 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, aprobado del Acuerdo Ministerial No.093 de 09 de julio de 2018, y su posterior reforma, establece las atribuciones y responsabilidades del Ministro/a, entre otras, las siguientes: "h) Delegar competencias y atribuciones a los y las Viceministros/as, Subsecretarios/as, Coordinadores/as Generales, Directores las Nacionales y Directores/as Distritales de la Institución, así como a las autoridades de las entidades adscritas; (...) k Expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (...)";

Que,     el ítem 4.1., del mencionado Estatuto, determina como atribuciones de los Directores Distritales, entre otras las siguientes: "b) Gestionar y administrar la suscripción y ejecución de convenios institucionales e interinstitucionales para el desarrollo del sector agropecuario, en el ámbito de su competencia"; (...)"q) Gestionar la disponibilidad, buen uso y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles, servicios administrativos institucionales y la gestión documental mediante la definición de políticas y aprobación para la adquisición y mantenimiento de los mismo”;

Que,     mediante Decreto Ejecutivo No. 487 de 21 de agosto de 2018, expedido por el Presidente Constitucional de la República, licenciado Lenín Moreno, se nombró a Xavier Lazo Guerrero, como Ministro de Agricultura y Ganadería;

Que,  mediante Acuerdo Ministerial Nro. 166 de 06 de diciembre de 2018, se delegó íla

la o el Titular del Viceministerio de Desarrollo Rural, o a quien haga sus veces realice el monitoreo, seguimiento, evaluación y control de las actividades desarrolladas por las Direcciones Distritales del Ministerio de Agricultura y Ganadería";

En ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias antes singularizadas y con sustento en las consideraciones expuestas.

ACUERDA:

ARTÍCULO 1.- DELEGACIÓN.- Delegar al Director/a Distrital de Santa Elena, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, o a quien haga sus veces, para que en nombre y representación del Titular de esta Cartera de Estado, proceda a suscribir el contrato de comodato o préstamo de uso con el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santa Elena.

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De la misma manera, suscriba los documentos requeridos, para el perfeccionamiento del presente comodato o préstamo de uso; y, comparezca en representación de esta Cartera de Estado ante cualquier instancia pública o privada para la consecución de este fin,

Artículo 2.- EJECUCIÓN y SUPERVISIÓN.- De la ejecución del presente instrumento encárguese al Director Distrital de Santa Elena y de la supervisión al Viceministerio de Desarrollo Rural, de esta Cartera de Estado, quienes se encargarán de verificar que se cumpla con todos los requisitos establecidos en el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público.

ARTÍCULO 3.- RESPONSABILIDAD.- La o el delegado, en virtud del presente Acuerdo, informará trimestralmente de manera detallada y documentada, al Titular de esta Cartera de Estado, sobre las acciones realizadas al amparo de la delegación, y será responsable jurídicamente de sus actos u omisiones en el ejercicio de la misma.

Disposición Final

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a  22 MAYO 2021

 

Registro Oficial Nº 513 Miércoles 11 de agosto de 2021

 

Resolución No. 50

El Ministro de Agricultura y Ganadería

Considerando:

Que,    el artículo 18 de la Constitución de la República, dispone: "Todas ¿as personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. ';

Que,    el articulo 154 de la Constitución de la República del Ecuador señala que son atribuciones de las ministras y ministros de listado: "/. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión ";

Que,    el artículo 226, señala: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento";

Que,    el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "l^i administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, transparencia y evaluación ";

Que,   el artículo 7 del Código Orgánico Administrativo, señala: "Principie de desconcentración. La función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de funciones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre los órganos de una misma administración pública, para descongestionar y acercar las administraciones a las personas";

Que,    el articulo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece: "Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a observar todas las instituciones del Estado que conforman el sector público en los términos del articulo 118 de la Constitución Política de la República y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, difundirán a través de un portal de información o página web, así como de los medios necesarios a

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Miércoles 11 de agosto de 2021 Registro Oficial Nº 513

disposición del público, implementados en la misma institución, la siguiente información mínima actualizada (...) ";

Que,    el artículo 12 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señala: 'Todas las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público o privado y demás entes señalados en el artículo I de la presente Ley, a través de su titulara representante legal, presentarán a la Defensoría del Pueblo, hasta el último día laborable del mes de marzo de cada año, un informe anual sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, que contendrá: a) información del período anterior sobre el cumplimiento de las obligaciones que le asigna esta Ley; b) Detalle de las solicitudes de acceso a la informarían y el trámite dado a cada una de ellas; y, c) Informe semestral actualizado sobre el listado índice de información reservada. ";

Que,    mediante Decreto Ejecutivo No. 2471, publicado en el Registro Oficial No. 507 del 19 de enero del 2005, se expidió el Reglamento a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

Que,    el artículo 13 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone: 'Los titulares de las instituciones públicas y privadas, delegarán mediante resolución, a sus representantes provinciales o regionales, la atención de las solicitudes de información, afín de garantizar la prestación oportuna y descentralizada de este servicio público";

Que,    mediante Acuerdo Ministerial No.114 de 06 de mayo de 2015 se crea el Comité de Transparencia de esta Cartera de Estado;

Que,    II ítem 3.1.3. del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, señala como atribución y responsabilidad de la Dirección de Comunicación Social: "a) Diseñar estrategias comunicacionales y de relaciones públicas en el corto, mediano y largo plazo para informar, posicionar y difundir las decisiones, directrices, acciones y actividades institucionales a nivel nacional e internacional; (...) 1) Cumplir las demás atribuciones que le asignare la autoridad competente mediante el acto administrativo correspondiente, las leyes y los reglamentos, en el ámbito de su competencia";

Que,   el artículo 7 de la Resolución de la Defensoría del Pueblo No. 046-DPE-CGAJ-2019 de 12 de abril de 2019, dispone: 'La solicitud de acceso a la información que sea ingresada físicamente a conocimiento de los sujetos obligados que poseen información pública, se receptará por sus unidades de gestión documental y archivo a nivel nacional o quien haga sus veces y será regularizada y registrada por el sistema de gestión documental y archivo existente o a través del proceso implementado en cada unidad para tal efecto. (...) La solicitud de acceso a la información pública que sea receptada por medios digitales por la unidad que atiende y administra el link para la interacción ciudadana de "contacto" o "contáctenos", correo electrónico o sus similares destinado por el sujeto obligado para el

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Registro Oficial Nº 513 Miércoles 11 de agosto de 2021

efecto, deberá ser registrada j se le asignará un código para su debido seguimiento y además se emitirá una respuesta inmediata y automática de recepción";

Que,    mediante Decreto Ejecutivo No. 487 de 21 de agosto de 2018 expedido por el Presidente Constitucional de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, se nombró a Xavier Lazo Guerrero como Ministro de Agricultura y Ganadería;

En ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias antes singularizadas y con sustento en las consideraciones expuestas:

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Delegar a las y los titulares de las Direcciones Distritales del Ministerio de Agricultura y Ganadería a nivel nacional, la recepción y atención de solicitudes de acceso a la información pública.

La o el delegado deberá ejercer su delegación en observancia a la normativa legal vigente y las disposiciones emitidas por la Defensoría del Pueblo en tal materia, motivo por el cual, deberán designar a las unidades responsables para la atención de las solicitudes de acceso a la información pública.

ARTÍCULO 2.- La o el titular de la Dirección de Comunicación deberá atender y coordinar la respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública en Planta Central del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

ARTÍCULO 3.- La o el delegado, en virtud de la presente Resolución, será jurídicamente responsable de sus actos u omisiones en el ejercicio de su delegación, e informará al titular de esta Cartera de Estado sobre las acciones que realicen al amparo de la presente Resolución.

Disposición final

La presente Resolución Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación del Registro Oficial.

 

Miércoles 11 de agosto de 2021 Registro Oficial Nº 513

 

Resolución No. SCVS-INMV-DNFCIDN-2021-0011

 

AB. VSCTOR ANCHUNDIA PLACES

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 213, dispone: "Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades específicas de las superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley.";

Que, el artículo 132 numeral 6 de la Constitución de la República otorga a los organismos públicos de control y regulación la facultad de expedir normas de carácter general en las materias propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales;

Que, el artículo 76 de la Constitución de la República señala que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las garantías básicas indicadas en dicha norma constitucional;

Que, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 433 de la Ley de Compañías, el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros está facultado para expedir los reglamentos y resoluciones que considere necesarios para el buen gobierno, vigilancia y control de las compañías sometidas a su supervisión;

Que, el artículo 431 de la Ley de Compañías incluye dentro del ámbito de la vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a las bolsas de valores y demás entes, en los términos de la Ley de Mercado de Valores;

Que, el artículo 10 de la Ley de Mercado de Valores incorporada en el Libro 2 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece que además de las funciones señaladas en la Ley de Compañías, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros ejercerá las funciones de vigilancia, auditoría, intervención y control del mercado de valores con el propósito de que las actividades de este mercado se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general;

Que, en el inciso final del artículo 10 de la Ley de Mercado de Valores se establece que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros podrá expedir los actos administrativos de control en las materias propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales ni las regulaciones que expida la Junta de Política y Regulación . Monetaria y Financiera;

Que, la Disposición General Décima Cuarta de la Ley de Mercado de Valores contenida en el Libro 2 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece como norma supletoria a la Ley de Compañías;

Que, la Disposición General Décima Segunda del Código Orgánico Monetario y Financiero Libro 1 dispone: "La competencia para sancionarlas infracciones de las entidades del mercado de valores y seguros, sus administradores, funcionarios o empleados, auditores interno y externo, firmas calificadoras de riesgo, peritos valuadores y otros que efectúen servicios de apoyo a la supervisión, corresponde a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.";

Que, el Código Orgánico Administrativo publicado en el Segundo Registro Oficial Suplemento No. 31 de 7 de julio de 2017, entró en vigencia luego de transcurridos doce meses contados a partir de su publicación en el Registro Oficial, conforme lo ordena su Disposición Final;

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Registro Oficial Nº 513 Miércoles 11 de agosto de 2021

Que, el Código Orgánico Administrativo COA, regula el ejercicio de la función administrativa de los organismos que conforman el sector público y, en el Libro Tercero, Título I, determina las normas aplicables para el procedimiento administrativo sancionador;

Que, el Art. 175 del Código Orgánico Administrativo establece que "Todo procedimiento administrativo podrá ser precedido de una actuación previa, a petición de la persona interesada o de oficio, con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.";

Que, el Art. 250 del Código Orgánico Administrativo indica que "El procedimiento sancionador se inicia de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia. La iniciación de los procedimientos sancionadores se formaliza con un acto administrativo expedido por el órgano instructor.";

Que, mediante Resolución No. SCVS-INMV-DNFCDN-2018-0039 de 16 de noviembre de 2018, publicada en el Registro Oficial No. 387 de 13 de diciembre de 2018, la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros expidió "LA NORMA PARA LA APLICACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVIAS Y EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS EN EL ÁMBITO DEL MERCADO DE VALORES.";

Que, mediante Resolución No. SCVS.ADM.2020-026 el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, publicada en el tercer suplemento del Registro Oficial No. 350 de 15 de diciembre de 2020, expide las Reformas al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, emitido mediante Resolución Nro. ADM-13-003 de 07 de marzo de 2013; reformas, entre otras, que suprimieron la estructura básica de la Dirección Regional de Mercado de Valores, producto de lo cual quedaron tácitamente reformados los artículos 2, 3, 14,15 entre otros de la Resolución SCVS- INMV-DNFCDN-2018-0039 de 16 de noviembre de 2018;

Que mediante Memorando No. SCVS-INPAI-DNAI-2021-0060-M de 11 de marzo de 2021 la Intendencia Nacional de Procuraduría y Asesoría Institucional respecto a las actuaciones previas y el procedimiento administrativo sancionador, señaló entre otros: "(...) estimamos necesario reformar la Norma para la aplicación de las actuaciones previas y el procedimiento administrativo sancionador por parte de la Superintendencia (...) con la finalidad de diferenciar las acciones de control propias de la Superintendencia (...) en las actuaciones previas, ajustar los tiempos respecto a la caducidad del procedimiento administrativo sancionador; y, fundamentarla entrega completa de los informes técnicos en todas sus etapas.";

Que, mediante Memorando No. SCVS.INMV.DNFCDN.2021.175-M de 12 de abril de 2021, la Intendencia Nacional de Mercado de Valores presentó a consideración un proyecto de reformas a la "Norma para la aplicación de las actuaciones previas y el procedimiento administrativo sancionador por parís de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en el ámbito del mercado de valores", que recoge los pronunciamientos emitidos por la Intendencia Nacional de Procuraduría y Asesoría Institucional contenidos en los Memorandos Nos. SCVS.INPAI.2021.178 de 8 de febrero de 2021 y SCVS.INPAI.DNAI.2021.0060 de 11 de marzo de 2021, con el fin de clarificar el procedimiento administrativo sancionador al amparo de lo dispuesto en el Codicio Orgánico Administrativo COA;

Que, mediante memorando No. SCVS.INPA1.2021.0288.M de 28 de mayo de 2021, la Intendencia Nacional de Procuraduría y Asesoría institucional, al amparo de lo dispuesto en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, expidió pronunciamiento respecto a la reforma propuesta;

Que, es necesario expedir reformas al procedimiento administrativo sancionador que observará la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros dentro de las atribuciones que le confiere la Ley de Mercado de Valores, a fin de adecuar los órganos competentes en el procedimiento a la estructura orgánica actual de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, clarificar y precisar las fases del procedimiento administrativo sancionador, su inicio,

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la caducidad, y otros, al amparo de los principios constitucionales y las normas contenidas en el Código Orgánico Administrativo;

En ejercicio de las funciones dispuestas en el artículo 433 de la Ley de Compañías y del último inciso del artículo 10 de la Ley de Mercado de Valores contenida en el Libro 2 del Código Orgánico Monetario y Financiero;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- REENUMERAR Y REFORMAR LA NORMA PARA LA APLICACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVIAS Y EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS EN EL ÁMBITO DEL MERCADO DE VALORES, contenida en la Resolución No. SCVS-INMV-DNFCDN-2018-0039 de 16 de noviembre de 2018 en los siguientes artículos:

1. En el capítulo I DISPOSICIONES GENERALES:

1.1. Sustitúyase el Art. 2 por el siguiente:

"Art. 2.- De los órganos competentes de las actuaciones previas.- Los órganos competentes para disponerla investigación, averiguación, auditoría o inspección, como una actuación previa al procedimiento sancionador son: la Dirección Nacional de Control, la Dirección Nacional de Autorización y Registro, la Dirección Nacional de Negocios Fiduciarios de la Intendencia Nacional de Mercado de Valores; y, la Dirección Regional de Mercado de Valores, a través de los delegados da la máxima autoridad de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Las actuaciones previas serán realizadas por el personal de la correspondiente unidad administrativa de las señaladas en el párrafo precedente."

1.2. Sustitúyase el artículo 3 por el siguiente:

"Art. 3.- De la función instructora.- La función instructora del procedimiento administrativo sancionador la ejercerá el titular de la Dirección Nacional de Fiscalización, Consultas y Desarrollo Normativo de la Intendencia Nacional de Mercado de Valores, o quien hagas sus veces; y, el delegado de la máxima autoridad de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en la Dirección Regional de Mercado de Valores, en el ámbito de sus competencias."

1.3. Sustitúyase el artículo 4 por el siguiente:

"Art. 4.- De la función sancionadora: El ejercicio de la función sancionadora corresponde al Intendente Nacional de Mercado de Valores y al Director Regional de Mercado de Valores, o quien haga sus veces, en el ámbito de sus respectivas competencias."

1.4. Incorpórese a continuación del artículo 8 el siguiente artículo inumerado:

"Art. ....- Abstención de conductas abusivas del derecho.- Las personas ejercerán sus derechos evitando conductas abusivas.

Las personas se abstendrán de emplear actuaciones dilatorias en los procedimientos administrativos; de efectuar o aportar, a sabiendas, declaraciones o documentos falsos; o formular afirmaciones temerarias u otras conductas contrarias al principio de buena fe.

En los procedimientos administrativos sancionadores los presuntos responsables y sus abogados deberán observar una conducta de respeto e intervención ética, teniendo el deber de actuar con buena fe y lealtad."

1.5. Sustitúyase el Art. 14 por el siguiente artículo:

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Registro Oficial Nº 513 Miércoles 11 de agosto de 2021

"Art. 14.- informes técnicos.- Por su carácter especializado, los informes técnicos tendientes s motivar el inicio de procedimientos administrativos sancionadores, deberán contener:

  1. Una descripción detallada y fundamentada de los hechos investigados, averiguados e inspeccionados, con indicación del lugar y día en que se han practicado las diligencias, la identificación y descripción de informes previos con observaciones trasladadas al investigado, la forma cerno se ha determinado los hechos, y la norma cuyo cumplimiento se controla. Se adjuntarán los documentos de soporte y otras evidencias que se hubieren obtenido, mediante la agregación ordenada y foliada con un índice numerado de todos los documentos anexados al informe. Los hechos materia del informe estarán claramente determinados, por lo que su estructura deberá contener antecedentes, análisis, conclusiones y recomendaciones;
  2. Los datos generales del investigado;
  3. La indicación motivada del hecho o hechos constitutivos de la presunta infracción;
  4. Se hará constar dentro de las observaciones si el investigado ha incurrido en la misma conducta en ocasiones anteriores y la sanción impuesta, y de ser así, los datos de los informes técnicos emitidos sobre ese particular y las circunstancias que puedan incidir en la gradación de la sanción, conforme a los criterios para la gradación de sanciones establecidos en la Ley de Mercado de Valores;
  5. Nombre, firma y rúbrica del técnico o técnicos responsables y de la autoridad del área respectiva, y fecha de su expedición"

1.1. Elimínese el Art. 15.

2. El Capítulo II DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y LAS ACTUACIONES PREVIAS:

2.1. Sustituir el Are 16 por el siguiente:

"Art. 16.- Acciones de control.- Son aquellas funciones que ejerce la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros relacionadas con la vigilancia, auditoria, intervención y control del mercado de valores con el propósito de que las actividades de este mercado se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general, pudiendo inspeccionar en cualquier momento a las compañías y demás personas que intervengan en el mercado de valores con amplias facultades de verificación de sus operaciones, libros contables, información y cuanto documento o instrumento sea necesario examinar, sin que se le pueda oponer el sigilo bancario o bursátil.

La vigilancia y control comprende los aspectos jurídicos, societarios, económicos, financieros y contables. Para estos efectos, la Superintendencia podrá ordenar las verificaciones e inspecciones que considere pertinente.

Esta acción de control, de ninguna manera constituye el inicio de una actuación previa, por cuanto corresponde únicamente al ejercicio de la facultad conferida a este organismo de control en virtud del artículo 10 de la Ley de Mercado de Valores."

2,2.Sustituir el Art. 17 por el siguiente artículo:

"Art. 17.- Actuaciones previas.- Todo procedimiento administrativo sancionador podrá ser precedido de actuaciones previas que se iniciarán por denuncia de una persona interesada conforme al Art. 149 del Código Orgánico Administrativo o de oficio.

Las actuaciones previas se orientarán a determinar con la mayor precisión posible, los hechos y circunstancias de un caso concreto susceptible de motivar la iniciación del procedimiento administrativo sancionador, la identificación de la persona o personas que puedan resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros."

2.3. Sustituir el artículo 13 por el siguiente:

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"Art. 18.- Origen de las actuaciones previas.- Las actuaciones previas pueden originarse:

De oficio, cuando en el ejercicio de sus habituales funciones de control, es decir a través de la ejecución de acciones de control, o como producto del análisis de la información periódica u ocasional que se remite a esta Superintendencia, o cuando por cualquier medio, la Dirección Nacional de Control, la Dirección Nacional de Autorización y Registro, la Dirección Nacional de Negocios Fiduciarios de la Intendencia Nacional de Mercado de Valores; y, el delegado de la Dirección Regional de Mercado de Valores, en el ámbito de sus respectivas competencias, tuvieren conocimiento de conductas o hechos susceptibles de constituir infracción administrativa.

Por denuncia presentada a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, por cualquier persona, con las formalidades previstas en este Capitulo."

2.4 Sustituir el artículo 19 por el siguiente:

Art. 19.- Trámite.- Sin perjuicio del ejercicio de las funciones de vigilancia, auditoría, intervención y control del mercado de valores, de identificar un caso concreto respecto del cual se deben profundizar en los hechos y circunstancias, a fin de determinar la conveniencia o no de iniciar un procedimiento administrativo sancionados se podrá ordenar la realización de actuaciones previas.

El inicio de las actuaciones previas deberá ser notificado a la persona interesada mediante oficio, al que se adjuntará el informe técnico íntegro para que manifieste su criterio con relación a los hallazgos preliminares en el término de diez días posteriores a su notificación, que podrán prorrogarse hasta por cinco días término, a petición de persona interesada.

De considerar que la información o documentos que se obtengan en este tipo de actuaciones previas, puedan servir como instrumentos de prueba, la unidad administrativa que da inicio a dichas actuaciones, pondrá en consideración de la persona interesada, en copia certificada, para que manifieste su criterio en el término previsto en el inciso anterior.

El criterio de la persona interesada será evaluado por el órgano que dispone la actuación previa e incorporado íntegramente en el correspondiente informe técnico de conclusiones, en el cual, deberá recomendar el inicio o no del procedimiento administrativo sancionados El informe de conclusión de las actuaciones previas se pondrá en conocimiento de la parte interesada, para que manifieste su criterio dentro de los diez días posteriores a su notificación, que podrán prorrogarse hasta por cinco días más, a petición de parte interesada.

Estos últimos descargos serán valorados por el órgano que dispone la actuación previa, cuyo informe técnico final de conclusión de actuaciones previas, al igual que todo el expediente deberá ser remitido a la Dirección Nacional de Fiscalización, Consultas y Desarrollo Normativo o al delegado de la Dirección Regional de Mercado ce Valores, en el ámbito de sus competencias.

Mientras la persona interesada no haya fijado su domicilio de conformidad con esta disposición, la unidad administrativa competente dejará constancia en el expediente y continuaré la actuación previa.

El informe técnico de conclusión de las actuaciones previas al que se refiere el presente artículo, corresponde a un acto de simple administración emitido de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Administrativo, Capitulo II, artículos 120 y 122, con la finalidad de aportar elementos de opinión para la formación de la voluntad administrativa, por lo que por su propia naturaleza no es impugnable, de acuerdo a lo indicado en el inciso final del artículo 217 del Código Orgánico Administrativo.

2.5. Sustituir el artículo 20 por el siguiente:

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"Art. 20.- Caducidad.- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 179 del Código Orgánico Administrativo, una vez iniciadas las actuaciones previas sobre algún asunto determinado, la decisión de inicio del procedimiento administrativo sancionador se notificará a la persona interesada en el plazo de seis (6) meses contados desde el acto administrativo con el que se ordenan las actuaciones previasl, a cuyo término caduca el ejercicio de la potestad pública sancionadora,

La declaración de caducidad puede ser obtenida en vía administrativa, o mediante procedimiento sumario."

3. En la SECCIÓN i: DENUNCIA, del CAPITULO II:

3.1 Sustituir el artículo 27 por el siguiente:

"Art. 27.- Remisión del expediente de inicio de las investigaciones.- Cumplida la diligencia de reconocimiento de firma y rúbrica, el Secretario General remitirá en el término de dos días el expediente íntegro a la respectiva unidad administrativa de la intendencia Nacional de Mercado de Valores o a quienes hicieran sus veces en la Dirección Regional de Mercado de Valores, la cual dispondrá correr traslado al denunciado con copias certificadas de la denuncia, otorgándole un término no mayor a diez días para que presente sus descargos y al mismo tiempo ordenaré a un funcionario de la unidad la realización de la inspección de control a fin de verificar los hechos denunciados.

Los descargos del denunciado, los fundamentos de la denuncia y toda la información recabada en la inspección practicada, serán evaluados por la unidad administrativa competente en el informe técnico correspondiente, conforme el procedimiento establecido en el artículo 19 de esta norma."

3.2. Eliminar el Art. 28,

4. En el CAPÍTULO ilí: PROCEDIMIENTO SANCIONADOR:

4.1 Sustituir el numeral 2 del Art. 29 por el siguiente:

"(...) 2. Resolutiva.- Comprende la emisión de la resolución y su posterior notificación a la persona presuntamente responsable, con el establecimiento de responsabilidades administrativas por la comisión de una o más infracciones o la decisión de abstenerse y disponer el archivo del expediente, según el caso. Esta resolución será remitida igualmente al área administrativa que corresponda para su efectiva ejecución. (...)"

4.2 Sustituir el Art. 30 por el siguiente:

"Art. 30.- Inicio del procedimiento.- El procedimiento sancionador empieza con la notificación del acto de iniciación del procedimiento a la persona presuntamente responsable, dictado por el titular de la Dirección Nacional de Fiscalización, Consultas y Desarrollo Normativo de la Intendencia Nacional de Mercado de Valores o quien haga sus veces, o del delegado de la Dirección Regional de Mercado de Valores en el ámbito de su respectiva competencia. A este acto de iniciación se adjuntará el informe técnico final de conclusión de actuaciones previas elaborado por el órgano que dispuso el inicio de dichas actuaciones. El acto de iniciación contendrá además del número de expediente del proceso, fecha y hora de expedición, lo siguiente:

1. Designación de la autoridad competente para determinar la existencia o no de responsabilidad administrativa e imponer la sanción correspondiente, y la norma que atribuya tal competencia;

  1. Identificación de la o las personas presuntamente responsables;
  2. Hechos que se le imputan al presunto responsable;

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Miércoles 11 de agosto de 2021 Registro Oficial Nº 513

4. La o las normas incumplidas por parte del presunto responsable;

5. Las infracciones que tales hechos puedan constituir y las sanciones que se le podrían imponer;

6. Detalle de los informes y/o documentos que sirven de sustento para el inicio del procedimiento. Los informes deben notificarse en forma íntegra en copia certificada al presunto responsable;

  1. El establecimiento del término de diez días para el ejercicio de la defensa por parte del presunto responsable;
  2. Informar al presunto responsable de su derecho de contestar dentro del término fijado, anunciar y solicitar la práctica de sus pruebas y su obligación de señalar domicilio para futuras notificaciones;

9. La adopción de medidas de carácter cautelar, de ser necesarias.

Este acto administrativo de inicio se notificará con todo lo actuado al órgano peticionario, al denunciante, y ala persona inculpada.

De ser el órgano peticionario el que realizó la actuación previa, se le remitirá una copia del acto de inicio del procedimiento sancionador."

5 En el CAPITULO III, PROCEDIMIENTO SANCIONADOR:

5.1. Sustituir el art. 32 por el siguiente:

"Art. 32.- Período de prueba.- Recibidas las alegaciones o transcurrido el término señalado en el artículo anterior, el instructor evacuará la prueba que haya admitido dentro de un término que no podrá exceder de 25 días.

La práctica de las pruebas se efectuará observando lo dispuesto en el Código Orgánico Administrativo en lo que no se oponga al artículo 256 del mismo Código.

Las pruebas serán obtenidas con observancia de las garantías del debido proceso, y demás derechos constitucionales, caso contrario carecerán de eficacia probatoria.

Se practicarán de oficio o a petición del presunto responsable las pruebas necesarias para la determinación del hecho y responsabilidad.

En el procedimiento administrativo sancionador la carga de prueba corresponde a la , Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a base de los hechos determinados en las actuaciones previas efectuadas por las unidades administrativas correspondientes.

Los hechos constatados por servidores públicos y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes tienen valores probatorios independientemente de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los inculpados.

Igual valor probatorio tiene las actuaciones de los sujetos a los que la administración pública les haya encomendado tareas de colaboración en el ámbito de la inspección, auditoria, revisión o averiguación, aunque constituyen documentos públicos de conformidad con la ley.

El presunto responsable debe probar los hechos que alega, así como los eximentes de responsabilidad. Los testimonios e informes periciales se aportarán al procedimiento administrativo por escrito mediante declaración jurada agregada a un protocolo.

Únicamente dentro del período de prueba, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros convocará a una audiencia en los siguientes casos:

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1. Cuando el presunto responsable pida ser escuchado.

2. En el caso que se necesite contrainterrogar a peritos y testigos cuando se hayan emitido informes o testimonios en el procedimiento. En este caso las preguntas serán claras y pertinentes pudiendo el contrainterrogatorio y sus respuestas ser registradas mediante medios tecnológicos adecuados.

Se levantará un acta de audiencia. Los hechos probados por resoluciones judiciales firmes vinculan e la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, con respecto a los procedimientos sancionadores que tramiten.

5.2. Sustituir el artículo 33 por el siguiente:

"Art. 33.- informe de fiscalización final y dictamen.- A fin de establecer la responsabilidad del presunto infractor en el hecho materia de juzgamiento, el informe de fiscalización deberá contener:

  1. Enunciación de las disposiciones constitucionales, legales y normativas que justifiquen la competencia del órgano de mercado de valores actuante;
  2. Una relación sucinta de las piezas procesales generadas hasta el momento;
  3. Referencia a la contestación remitida por el presunto responsable:
  4. Referencia al informe técnico en su parte pertinente;
  5. El análisis de los argumentos jurídicos presentados en el escrito de contestación y en la presentación o práctica de pruebas; y.
  6. El análisis de los aspectos relevantes desde el punto de vista jurídico, sostenidos en el informe técnico.

En este informe, si el órgano instructor considera que existen elementos de convicción suficientes emitirá el dictamen que contendrá:

  1. La determinación de la infracción, con todas sus circunstancias;
  2. Nombres y apellidos del inculpado o denominación de la persona jurídica;
  3. Los elementos en los que se funda la instrucción;
  4. La disposición legal que sanciona el acto por el que se le inculpa;

5. La sanción que se pretende imponer, aplicando el principio de proporcionalidad en los términos previstos en la Ley de Mercado de Valores, Libro 2 del Código Orgánico Monetario y Financiero:

6. Las medidas cautelares adoptadas, de haberlas.

Si no existen los elementos suficientes para seguir con el trámite del procedimiento sancionados el órgano instructor podrá determinar en su dictamen la inexistencia de responsabilidad y recomendar su archivo.

El informe de fiscalización que incluye el dictamen correspondiente será elaborado dentro del término de 12 días contados a partir de la finalización del período de prueba, y lo remitiré al Intendente Nacional de Mercado de Valores o al Director Regional de Mercado de Valores, según corresponda, junto con todos los documentos, alegaciones e información que obren en el expediente para su resolución.

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Miércoles 11 de agosto de 2021 Registro Oficial Nº 513

La resolución junto con el informe final da fiscalización que contiene el dictamen deberá ser notificado a la parte interesada.

El informe final de fiscalización al que se refiere el presente artículo, corresponde a un acto de simple administración emitido de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Administrativo, capitulo II, artículos 120 y 122 con la finalidad de apodar elementos de opinión para la formación de la voluntad administrativa, por lo que por su propia naturaleza no es impugnable, de acuerdo a lo indicado en el inciso final del artículo 217 del Código Orgánico Administrativo."

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- En los procesos administrativos sancionadores que se encuentran sustanciando, a pedido de parte o de oficio, se podrá conceder copias certificadas del texto íntegro de los informes técnicos.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- Los procedimientos administrativos sancionadores que se encuentran en trámite a la fecha de vigencia de esta resolución reformatoria, continuarán sustanciándose hasta su conclusión, conforme con la normativa vigente al momento de su inicio.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.- Las actuaciones previas que se hubieren iniciado y que se encuentran en trámite a la fecha de vigencia de esta resolución reformatoria, deberán ajustarse a las normas contenidas en la presente resolución, y notificar el informe que sustenta el inicio de las actuaciones previas y el informe que sustenta la conclusión de las mismas al presunto responsable, en copias certificadas.

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE.- Dada y firmada en la intendencia Nacional de Mercado de Valores, en la oficina matriz de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en la ciudad de Santiago de Guayaquil, 16 de julio de 2021.

 

 

RAZÓN: SIENTO COMO TAL QUE LA RESOLUCIÓN NO, SCVS-INMV-DNFCDN-2021-0011 DE 16 DE JULIO DE 2021, GUARDA EXACTITUD, VERACIDAD, CONFORMIDAD Y CORRELACIÓN CON LA QUE CONSTA EN LOS ARCHIVOS DE LA ENTIDAD, TODO LO CUAL CERTIFICO.- GUAYAQUIL, 23 DE JULIO DE 2021.-

 

Registro Oficial Nº 513 Miércoles 11 de agosto de 2021

RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGS-INSESF-INR-INGINT-INSEPS-IGJ-2021-0368

CATALINA PAZOS CHIMBO

INTENDENTE GENERAL TÉCNICO

CONSIDERANDO:

Que,     el numeral 3 del artículo 62, en concordancia con el artículo 74 del Libro I del Código Orgánico Monetario y Financiero establece que es función de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria el autorizar la constitución, denominación, organización y liquidación de las entidades del sector financiero popular y solidario;

Que,     el último inciso del artículo 62 ibídem determina que, para el cumplimiento de sus funciones, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria podrá expedir las normas en las materias propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales ni las regulaciones que expidan las Juntas de Política y Regulación Financiera;

Que,     los incisos segundo, tercero y quinto del artículo 74 del Libro I del Código Orgánico Monetario y Financiero, establecen: “(…) A la Superintendencia le compete el control de las entidades del sector financiero popular y solidario acorde a lo determinado en este Código.

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en su organización, funcionamiento y funciones de control y supervisión del sector financiero popular y solidario, se regirá por las disposiciones de este Código y la Ley Orgánica, de Economía Popular y Solidaria.

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, además de las atribuciones que le otorga la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, tendrá las funciones determinadas en los artículos 71 y 62 excepto los numerales 19 y 28, y el numeral 10 se aplicará reconociendo que las entidades de la economía popular y solidaria tienen capital ilimitado. Los actos expedidos por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria gozarán de la presunción de legalidad y se sujetarán a lo preceptuado en la normativa legal vigente, respecto de su impugnación, reforma o extinción";

Que,     el artículo 200 ut supra previene: “Las entidades del sistema financiero nacional podrán establecer oficinas para la atención al público observando el criterio de territorialidad, conforme las regulaciones de la Junta. Estas oficinas, antes del inicio de operaciones, deberán obtener del organismo de control el respectivo permiso de funcionamiento, de acuerdo con el trámite que este establezca.

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Miércoles 11 de agosto de 2021 Registro Oficial Nº 513

Las entidades exhibirán en lugar público y visible, tanto en su matriz como en cada una de sus oficinas, el permiso de funcionamiento otorgado por las superintendencias”;

Que,     los literales b) y g) del artículo 151 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria establece como una de las atribuciones del Superintendente de Economía Popular y Solidaria dictar normas de control; y, delegar algunas de sus facultades, siempre en forma concreta y precisa, a los funcionarios que juzgue del caso;

Que,     mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSESF-INR-INGINT-INSEPS-IGJ- 2020-0118, de 4 de mayo de 2020, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria expidió la “Norma de Control para la Apertura, Traslado y Cierre de Oficinas de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda, Cajas Centrales y Corporación Nacional de

Finanzas Populares y Solidarias”;

Que,     es necesario que reformar la norma de control antes invocada considerando aspectos técnicos en armonía con las disposiciones vigentes;

Que,     conforme consta en el literal c) del artículo 1 de la Resolución No. SEPS-IGTIGS- IGD-IGJ-2020-003 de 28 de febrero de 2020, la Superintendente de Economía Popular y Solidaria delegó al Intendente General Técnico, dictar las normas de control; y,

Que,     mediante Acción de Personal No. 733, de 25 de junio de 2018, el Intendente General de Gestión Encargado, delegado por el Superintendente de Economía Popular y Solidaria, nombró como Intendente General Técnico, a la economista Catalina Pazos Chimbo.

En ejercicio de sus funciones, resuelve expedir la siguiente:

NORMA DE CONTROL PARA LA APERTURA, TRASLADO Y CIERRE DE

OFICINAS DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO,

ASOCIACIONES MUTUALISTAS DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA

VIVIENDA, CAJAS CENTRALES Y CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS

POPULARES Y SOLIDARIAS

CAPÍTULO I

GLOSARIO Y ÁMBITO

Artículo 1.- Para los efectos de la presente Norma entiéndase como:

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Agencias: Oficinas dependientes de una sucursal o la matriz, supeditadas a ésta, sin autonomía contable.

Cajero automático o ATM (Automated Teller Machine): Es una máquina especializada que a través de tarjetas u otros medios tecnológicos, permite a los usuarios hacer retiros, depósitos, pagos y otros servicios. No requiere la presencia del personal de la entidad financiera.

Corresponsales solidarios: Son personas naturales o jurídicas que, a través de instalaciones ubicadas en el país, distintas a las de la entidad financiera y bajo la responsabilidad de ésta, prestan servicios financieros propios de la entidad, previamente autorizados por esta Superintendencia, y se consideran como puntos de atención

Matriz: Oficina principal, constituida como domicilio legal y que debe constar en su estatuto social. Lleva su propia contabilidad y la contabilidad integral de la entidad y establecerá los procesos y controles contables de toda la red de oficinas.

Oficinas: Son la matriz, sucursales, agencias, oficinas temporales, puntos móviles, ventanillas de extensión, cajeros automáticos.

Oficinas temporales: Establecimientos que dependen orgánicamente de la matriz o de una sucursal, tienen duración definida y funcionan en ferias nacionales o internacionales, exposiciones o cualquier tipo de evento, con el objeto exclusivo de brindar información al público de los productos y servicios ofertados, conforme lo dispuesto en la presente norma. El tiempo de duración de funcionamiento de estas oficinas no será mayor a treinta (30) días.

Puntos móviles: Canal que brinda un servicio otorgado por la matriz, sucursales o agencias, dentro de un espacio territorial específico, utilizando para ello medios móviles; con capacidad y seguridad suficiente para transportar valores y actualizar datos en tiempo real.

Sucursales: Oficinas ubicadas en una circunscripción territorial distinta de la matriz u oficina principal; dependientes directamente de dicha oficina con autonomía contable.

Ventanillas de extensión de servicios: Ventanillas internas ubicadas dentro de instituciones públicas, de instituciones privadas que presten servicios al público o instalaciones de las personas jurídicas socias o clientes de las entidades financieras, para prestar los servicios previstos en esta norma.

Artículo 2.- La presente Norma aplica a las cooperativas de ahorro y crédito, a las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, a las cajas centrales y a la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, a las que en adelante se las podrá denominar “entidad” o “entidades”.

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Miércoles 11 de agosto de 2021 Registro Oficial Nº 513

CAPÍTULO II

OFICINAS

Artículo 3.- Para la prestación de productos y servicios financieros, las entidades podrán operar en el país a través de: su matriz; sucursales; agencias; ventanillas de extensión de servicios; oficinas temporales; puntos móviles; y/o, corresponsales solidarios, acorde a lo previsto en esta Norma.

Al efecto, el consejo de administración o el Directorio, según corresponda, aprobará la apertura de la oficina, previa verificación del cumplimiento de los requisitos determinados en esta Norma, lo cual deberá constar en la respectiva acta de la sesión del cuerpo colegiado.

Artículo 4.- Las entidades que cumplan con los siguientes requisitos podrán abrir oficinas.

Al efecto, la Superintendencia les notificará por los medios que considere pertinentes, informando sobre el cumplimiento de los mismos:

  1. Haber mantenido durante los últimos doce (12) meses el nivel de patrimonio técnico constituido y solvencia dentro de los límites establecidos en la normativa vigente;
  2. Haber cumplido con la constitución del porcentaje de provisiones determinados en la “Norma para la Constitución de Provisiones de Activos de Riesgo en las Cooperativas de Ahorro y Crédito y Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda”; o, en la “Norma para la Gestión de Riesgo de Crédito, Calificación de Activos de Riesgo y Constitución de Provisiones en la Corporación Nacional de

Finanzas Populares y Solidarias y Cajas Centrales”, según corresponda, emitidas por

el órgano regulador;

  1. No haber excedido los límites de crédito establecidos por el órgano regulador;
  2. No encontrarse en un programa de supervisión intensiva o correctiva;
  3. No haber estado en los últimos doce (12) meses previos a la apertura de la oficina, bajo un programa de supervisión intensiva o correctiva;
  4. Tener opinión sin salvedades, respecto al último ejercicio económico auditado por parte de la auditoría externa, cuando corresponda;
  5. No registrar incumplimientos en las estrategias asociadas a los hallazgos con calificación de riesgo crítico, determinados por las auditorías externas o por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; y,

h) Haber cumplido con el envío de información solicitada por este Organismo de Control, con corte al período inmediato anterior al de la fecha de solicitud.

La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, se encuentra exenta del cumplimiento del literal a) del artículo 4, hasta que la Junta de Política y Regulación Financiera expida la Norma correspondiente.

CAPÍTULO III

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TRASLADO DE MATRICES, SUCURSALES Y AGENCIAS

Artículo 5.- Para el traslado de matrices, sucursales y agencias dentro de un mismo cantón, las entidades no requieren autorización de la Superintendencia. Sin embargo, deberán comunicar a este Organismo de Control, por los medios que determine para el efecto, la dirección clara y precisa del lugar en donde funcionará, y la copia certificada del acta de la sesión del consejo de administración o del Directorio, según corresponda, en la que se haya resuelto el traslado de tales oficinas.

Para el traslado de matrices, sucursales y agencias fuera del cantón en las que están operando, la entidad deberá cumplir con los requisitos y condiciones establecidos en los artículos 3, 4 y 5 de esta norma.

Artículo 6.- Las entidades informarán previamente del traslado a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, a sus socios, clientes y público en general, con por lo menos treinta (30) días calendario de anticipación al inicio de operaciones, por medios verificables y de fácil acceso.

CAPÍTULO IV

APERTURA DE VENTANILLAS DE EXTENSIÓN DE SERVICIOS, DE OFICINAS TEMPORALES Y DE PUNTOS MÓVILES

Artículo 7.- Las entidades que cumplan con los requisitos contemplados en el artículo 4, podrán, bajo su responsabilidad, abrir ventanillas de extensión de servicios, oficinas temporales y puntos móviles, sin necesidad de autorización de la Superintendencia.

En el caso de entidades financieras de tipo cerrado, respecto a su vínculo común según lo definido en sus estatutos sociales, la apertura de ventanillas de extensión de servicios la podrán efectuar siempre que se encuentre dentro de establecimientos relacionados al vínculo común de sus socios.

Para ventanillas de extensión de servicios y de puntos móviles, la entidad deberá contratar una póliza de seguro que cubra los recursos humanos y recursos materiales.

Artículo 8.- Las ventanillas de extensión de servicios, oficinas temporales y puntos móviles podrán prestar los siguientes servicios:

 

Servicio

Ventanillas

de Extensión

Oficinas Temporales

Puntos móviles

Recibir solicitudes de crédito

X

 

X

Recibir depósitos en cuentas a la vista

X

 

X

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Realizar retiros de cuentas a la vista

X

 

X

Transferir fondos para pagos de nómina de empleados

X

 

 

Transferir fondos para pagos de proveedores

X

 

 

Recaudar pagos a nombre de terceros

X

 

 

Entregar información al público de los servicios y productos ofertados por la entidad

X

X

X

Pagar bonos o subvenciones gubernamentales

X

 

X

Consultar saldos

X

 

 

Enviar y pagar giros nacionales e internacionales

X

 

 

Recibir pagos en efectivo por concepto de operaciones de crédito

X

 

X

CAPÍTULO V

CORRESPONSALES SOLIDARIOS

Artículo 9.- Las entidades que cumplan las condiciones previstas en el artículo 4 de esta Norma podrán, bajo su responsabilidad y sin necesidad de requerir autorización de este Organismo de Control, operar a través de corresponsales solidarios.

Artículo 10.- La entidad notificará a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y al público en general, la apertura de cada corresponsal solidario, por lo menos con quince (15) días de anticipación al inicio de operaciones.

La entidad financiera mantendrá vigentes los contratos de seguros contra todo riesgo, que cubran los bienes y recursos de la entidad financiera que se encuentren en custodia de los corresponsales solidarios.

Artículo 11.- Las entidades de los segmentos 1 y 2, bajo su entera responsabilidad, podrán prestar los siguientes servicios, a través de corresponsales solidarios:

  1. Recibir depósitos o pagar retiros en efectivo;
  2. Recibir la solicitud y documentación para abrir cuentas básicas;
  3. Realizar consultas de saldos en cuenta;
  4. Realizar recargas de tarjetas prepago;
  5. Efectuar desembolsos y recibir pagos en efectivo por concepto de operaciones activas de crédito;
  6. Recaudar el pago de servicios básicos;
  7. Pagar bonos y otras subvenciones gubernamentales (costo no imputable al beneficiario);

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h) Realizar avances en efectivo de tarjetas de crédito;

i) Realizar recaudaciones a nombre de terceros; y,

j) Realizar envíos y pagos de giros y remesas, locales y del exterior.

Los servicios señalados en las letras a), e), g), h), i), y j) de este artículo, se realizarán dentro de los límites aprobados por el consejo de administración de las entidades que no pueden superar los doscientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 200.00).

Los corresponsales solidarios podrán entregar documentación e información relacionada con los servicios previstos en el presente artículo.

Las operaciones que se realicen por medio de corresponsales solidarios deberán efectuarse, única y exclusivamente, a través de terminales electrónicas conectadas con la plataforma tecnológica de las respectivas entidades.

Los corresponsales solidarios podrán entregar información promocional relacionada con los servicios previstos en el presente artículo.

Artículo 12.- Las entidades financieras deberán informar trimestralmente a la Superintendencia de Economía y Solidaria sobre los cambios de ubicación geográfica de estos puntos de atención, en los términos que se establezca para el efecto.

Artículo 13.- Las entidades y los corresponsales solidarios a través de los cuales operen, suscribirán contratos que deberán contener, como mínimo, las siguientes estipulaciones contractuales:

  1. La indicación expresa de la plena responsabilidad de las entidades frente al socio, cliente o usuario financiero, por los servicios prestados por medio del corresponsal solidario;
  2. Los derechos y obligaciones de ambas partes;
  3. La identificación de los riesgos asociados a la prestación de los servicios financieros que serán asumidos por el corresponsal solidario frente a la entidad, así como la forma en la que dicho corresponsal responderá ante la entidad, incluyendo, entre otros, los riesgos inherentes al manejo de efectivo;
  4. Las medidas que se adoptarán para mitigar o cubrir los riesgos asociados a la prestación de los servicios financieros, incluyendo aquellas relacionadas con la prevención y el control del lavado de activos. Estas medidas, deberán incluir como mínimo el establecimiento de límites para la prestación de los servicios financieros y realización de operaciones, montos máximos por transacción de acuerdo a los horarios regulares y diferidos de la entidad. Se podrán convenir, además, medidas como la obligación del corresponsal de consignar en una oficina de la entidad, el efectivo recibido, o la posibilidad de recaudar los recursos a través de transporte de valores, con una determinada periodicidad, o cuando se excedieran ciertos límites

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Miércoles 11 de agosto de 2021 Registro Oficial Nº 513

establecidos; así como la contratación de seguros por parte de la entidad; y la forma de custodia del efectivo en su poder, entre otros;

  1. La obligación del corresponsal solidario de entregar a los socios, clientes y usuarios el documento de soporte de la transacción realizada, el cual deberá ser expedido por el terminal electrónico de la entidad, situado en las instalaciones del corresponsal. Cada documento que se entregue deberá contener, por lo menos, la fecha, hora, tipo y monto de la transacción realizada, así como el nombre del corresponsal solidario y el de la entidad financiera;
  2. El cargo que realizará la entidad financiera a favor del corresponsal solidario, y la forma de pago;
  3. Los horarios de atención al público, los cuales podrán ser acordados libremente entre las partes;

h)    La asignación del respectivo corresponsal solidario a una oficina de la entidad financiera, así como la forma y procedimiento que podrá emplear el corresponsal solidario para comunicarse con dicha oficina;

 i)    La obligación del corresponsal solidario de mantener el sigilo y reserva respecto de la información de los socios, clientes y usuarios de la entidad financiera;

 j)    La obligación de la entidad de suministrar a los corresponsales solidarios los manuales operativos, que sean necesarios para la adecuada prestación de los servicios financieros;

 k)   La obligación de la entidad financiera de suministrar al corresponsal solidario la debida capacitación, que asegure una prestación adecuada de los servicios acordados;

 l)    La obligación del corresponsal solidario de mantener durante la vigencia del contrato la infraestructura física y tecnológica adecuada, como el recurso humano para la prestación eficiente y efectiva de los servicios financieros; y,

m)   La descripción técnica de los terminales electrónicos que la entidad financiera situará en las instalaciones del corresponsal solidario, así como la obligación de éste de velar por su debida conservación y custodia.

Artículo 14.- Dentro de las cláusulas contractuales se establecerá que los corresponsales solidarios tendrán las siguientes prohibiciones:

  1. Operar cuando se presente una falla de comunicación que impida que las transacciones se puedan realizar en línea con la entidad correspondiente;
  2. Ceder a un tercero el contrato total o parcialmente, sin la expresa aceptación de la entidad;
  3. Cobrar a los socios, clientes o usuarios, por su cuenta, cualquier cargo para su beneficio, relacionado con la prestación de los servicios financieros previstos en el contrato;
  4. Ofrecer o prestar cualquier tipo de garantía a favor de los socios, clientes o usuarios respecto de los servicios prestados;
  5. Conocer claves personales de socios, usuarios o clientes; y,
  6. Prestar servicios financieros por cuenta propia.

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Artículo 15.- Son obligaciones de las entidades para operar con corresponsales solidarios las siguientes:

  1. Incorporar en el manual de procesos, las políticas de selección y contratación de los corresponsales solidarios, su forma de funcionamiento, el tipo y periodicidad de la capacitación a los corresponsales, los mecanismos de prevención de lavado de activos, el horario de atención, el límite de exposición crediticia con el corresponsal solidario, las políticas de administración de riesgos de este mecanismo; y, el plan de contingencia que se utilizará para asegurar la continuidad del servicio en caso de eventos externos o fallas de sistemas, en concordancia con lo establecido en la norma de riesgo operativo;
  2. Contar con medios de divulgación apropiados para informar a los socios y usuarios acerca de la ubicación y servicios que se presten a través de los corresponsales solidarios, el monto máximo por transacción, número máximo de transacciones por socio o usuario, o tipo de transacción; así como sobre los cargos que cobran por tales servicios financieros;
  3. Asegurar que los sistemas utilizados por los corresponsales cumplan los principios de seguridad, tanto para el manejo y transmisión de la información, de tal manera que se garantice su integridad, confiabilidad, confidencialidad y disponibilidad; como para la definición de claves de acceso e identificación de los usuarios, cumplimiento de la norma de riesgo operativo, en lo que corresponda; y,
  4. Monitorear permanentemente el cumplimiento de las obligaciones de los corresponsales. Este monitoreo incluirá un control periódico de las operaciones realizadas por cada uno de los mismos, así como una verificación del cumplimiento de los procedimientos de control interno y de prevención y control de lavado de activos establecidos, relacionados con la prestación de los servicios financieros por medio de estos corresponsales.

Artículo 16.- Las entidades deberán exhibir en las instalaciones de los corresponsales solidarios, de manera permanente y en un lugar visible al público, la siguiente información:

  1. La denominación "corresponsal solidario", señalando el nombre de la entidad contratante;
  2. Los servicios financieros que el corresponsal solidario contrató con la entidad financiera;
  3. Los límites establecidos para la prestación de servicios tales como: monto por transacción, número de transacciones por persona o tipo de transacción; y,
  4. Los cargos de los servicios financieros que se ofrecen por medio del corresponsal.

CAPÍTULO VI

INSTALACIÓN, TRASLADO Y REGISTRO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS

(ATM)

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Artículo 17.- Para la instalación de cajeros automáticos (ATM), las entidades deberán contar previamente con la autorización por parte de este Organismo de Control, para la emisión y operación de tarjetas de débito, crédito, de pago o pre pago, y cumplir con los requisitos de seguridad física y electrónica establecidos en la normativa vigente.

Para el traslado de cajeros automáticos (ATM), las entidades deberán cumplir con los requisitos de seguridad física y electrónica establecidos en la normativa vigente.

Artículo 18.- Las entidades que presten servicios financieros a través de cajeros automáticos (ATM) deberán comunicar a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la instalación o traslado del cajero automático con al menos quince (15) días de anticipación al inicio de operaciones o traslado; así como indicar la provincia, cantón y parroquia, la zona o sector, la dirección clara y precisa del lugar en donde funcionarán, conforme el formulario establecido para el efecto.

CAPÍTULO VII

CIERRE

Artículo 19.- La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria podrá disponer a las entidades el cierre de sucursales, agencias, ventanillas de extensión de servicios, corresponsales solidarios, puntos móviles, el retiro del cajero automático y la revocatoria del permiso de funcionamiento, según corresponda, por cualquiera de las siguientes causas:

  1. Cuando la Superintendencia determine que las sucursales, agencias, ventanillas de extensión, corresponsales solidarios y puntos móviles pudieren comprometer la estabilidad financiera de la entidad;
  2. Por no presentar el permiso de seguridad otorgado por la cartera de Estado que corresponda, dentro del plazo previsto para el efecto, de ser el caso;
  3. Por otorgar productos y/o prestar servicios no autorizados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria;
  4. Cuando en los procesos de supervisión y control este Organismo de Control determine debilidades importantes en aspectos de seguridad y conectividad en los puntos y canales de atención; y,
  5. Por incumplimiento de lo previsto en la presente norma.

Artículo 20.- Las entidades deberán comunicar a la Superintendencia el cierre voluntario de sucursales, agencias, ventanillas de extensión de servicios y puntos móviles.

El cierre voluntario de corresponsales solidarios, en forma individual, se efectuará previa autorización del consejo de administración o del Directorio, según corresponda, y se comunicará a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en forma trimestral en el formato que establezca para el efecto.

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Registro Oficial Nº 513 Miércoles 11 de agosto de 2021

Artículo 21.- Previo al cierre voluntario de sucursales, agencias y ventanillas de extensión de servicios la entidad financiera difundirá para conocimiento del público, la ubicación de las oficinas más cercanas, y la fecha hasta la cual ofrecerá los productos y servicios.

Artículo 22.- Ejecutado el cierre, se inhabilitarán los códigos de identificación otorgados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y se revocará el permiso de funcionamiento, de ser el caso.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria pondrá a disposición de las entidades, por los medios que considere pertinentes, la información de la que se pueda constatar el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 4 de esta norma.

SEGUNDA.- A partir de la vigencia de la presente Norma, las entidades, antes del inicio de operaciones de sus oficinas, deberán obtener de la Superintendencia el respectivo permiso de funcionamiento y el código de oficina correspondiente. Para el efecto, la entidad deberá remitir a la Superintendencia copia certificada del acta de la sesión del consejo de administración o del Directorio, según sea el caso, en la cual se aprobó la apertura previa verificación del cumplimiento de los requisitos determinados en esta Norma.

Cuando la Superintendencia lo considere pertinente y según el procedimiento que establezca para el efecto, emitirá el permiso de funcionamiento correspondiente a los códigos de oficina emitidos antes de la vigencia de esta norma.

TERCERA.- La entidad en el plazo máximo de quince (15) días contados desde la fecha de emisión del certificado de seguridad otorgado por la autoridad correspondiente, lo presentará a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

CUARTA.- La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria publicará en el portal institucional los puntos de atención del Sector Financiero Popular y Solidario con base en la información reportada por las entidades.

QUINTA.- La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se reserva el derecho de solicitar la información que estime pertinente para los fines de la presente Norma.

SEXTA- Los casos de duda en la aplicación de la presente Norma serán resueltos por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Los trámites relacionados con la materia de la presente resolución, que a la fecha de su expedición se encuentran en curso en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y que han sido iniciados bajo el marco de la Norma contenida en la Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSESF-INR-INGINT-INSEPS-IGJ-2020-

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Miércoles 11 de agosto de 2021 Registro Oficial Nº 513

0118, se atenderán aplicando lo dispuesto en la presente Norma, en todo lo que sea favorable al solicitante.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Se deroga la Resolución No. SEPS-IGT-IGS- INSESF-INR-INGINT-INSEPS-IGJ-2020-0118, de 4 de mayo de 2020.

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Norma entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Publíquese en la página web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

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COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 24 de junio de 2021.

 

Registro Oficial Nº 513 Miércoles 11 de agosto de 2021

RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-INFMR-DNILO-2021-0371

 

CATALINA PAZOS CHIMBO

INTENDENTE GENERAL TÉCNICO

CONSIDERANDO:

Que,     el primer inciso del artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades específicas de las superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley (…)”;

Que,     el artículo 226 de la misma Norma Suprema establece: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

Que,     el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo determina: “Principio de eficacia. Las actuaciones administrativas se realizan en función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus competencias”;

Que,     el primer inciso del artículo 14 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria dispone: “Disolución y Liquidación.- Las organizaciones se disolverán y liquidarán por voluntad de sus integrantes, expresada con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, y por las causales establecidas en la presente Ley y en el procedimiento estipulado en su estatuto social (…)”;

Que,     el artículo 57, literal d), ibídem dispone: “Disolución.- Las cooperativas podrán disolverse, por las siguientes causas:(…) d) Decisión voluntaria de la Asamblea General, expresada con el voto secreto de las dos terceras partes de sus integrantes (…)”;

Que,     el artículo 56 del Reglamento citado dispone: “La resolución de disolución y liquidación de una cooperativa, será publicada, en el portal web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y un extracto de aquella en un periódico de amplia circulación nacional y/o del domicilio de la organización”;

Que,     el primer artículo innumerado posterior al 64, ibídem, establece: “(…) Liquidación sumaria.- En los casos en que una organización no haya realizado actividad económica o habiéndola efectuado tuviere activos menores a un Salario Básico Unificado, la Superintendencia, a petición de parte (…) podrá disolver a la organización y liquidar a la misma en un solo acto, sin que sea necesaria la realización de un proceso de liquidación, con base en las disposiciones que emita dicho Organismo de Control (…)”;

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Que,     la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida por este Organismo de Control con Resolución No. SEPS-IGT- IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020, en el artículo 2 dispone: “(…) Objeto: La presente norma tiene por objeto determinar el procedimiento de liquidación sumaria de las organizaciones sujetas al control de la Superintendencia, que no hubieren realizado actividad económica o habiéndola efectuado, tuvieren activos menores a un Salario Básico Unificado”;

Que,     el artículo 3, de esa misma norma dispone: “(…) Procedencia: La Superintendencia a petición de parte, previa resolución de la asamblea o junta general de socios, asociados o representantes, legalmente convocada para el efecto, tomada con el voto secreto, de al menos, las dos terceras partes de sus integrantes, podrá disponer la disolución y liquidación sumaria, en un solo acto, la extinción de la personalidad jurídica y la exclusión de los registros correspondientes, sin que sea necesaria la realización de un proceso de liquidación, en cualquiera de los siguientes casos: 1. Si la organización no ha realizado actividad económica y/o no tuviere activos; o 2. Si la organización habiendo efectuado actividad económica, tuviere activos inferiores a un Salario Básico Unificado”;

Que,     el artículo 4 ejusdem establece los requisitos para solicitar la liquidación sumaria voluntaria ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria;

Que,     la parte pertinente del artículo 5 de la norma ut supra establece: “(…) Procedimiento: La Superintendencia, previa verificación del cumplimiento de los requisitos señalados en la presente norma, y con base en la información proporcionada por la organización o la que disponga en sus registros, verificará si la organización se encuentra incursa en alguna de las causales establecidas en el artículo 3 de la presente resolución (…) Si la organización ha cumplido con todos los requisitos establecidos para el efecto, la Superintendencia, previo la aprobación de los informes correspondientes, podrá disponer la liquidación sumaria voluntaria de la organización, la extinción de su personalidad jurídica y, la exclusión de los registros correspondientes (…)”;

Que,     en la Disposición General Primera de la Norma antes señalada consta:“(…) En las liquidaciones sumarias voluntaria o forzosa no se designará liquidador”;

Que,     mediante Resolución No. SEPS-ROEPS-2016-903150, de 20 de diciembre de 2016, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria aprobó el estatuto social y concedió personalidad jurídica a la COOPERATIVA DE SERVICIOS DE EMPACADO ARMANDO SUEÑOS “COOPSEMPARM”, con domicilio en el cantón Cayambe, provincia de Pichincha;

Que,     del Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2021-046, de 22 de marzo de 2021, se desprende que mediante trámite No. SEPS-UIO-2021-001-008680 de 04 de febrero de 2021, la señora María Juana Conlago Tuquerrez, representante legal de la COOPERATIVA DE SERVICIOS DE EMPACADO ARMANDO SUEÑOS “COOPSEMPARM”, ha solicitado la liquidación sumaria voluntaria de la Organización, adjuntando los documentos correspondientes;

Que,     en el precitado Informe Técnico la Dirección Nacional de Intervención y liquidación de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, luego del análisis correspondiente, concluye y recomienda en lo principal: “5. CONCLUSIONES:

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(…).- 5.1. Cooperativa de Servicios de Empacado Armando Sueños “COOPSEMPARM”, con RUC No. 1792725828001, NO posee saldo en el activo.- (…) 5.3. La Asamblea General Extraordinaria de socios de la Cooperativa de Servicios de Empacado Armando Sueños “COOPSEMPARM”, celebrada el 21 de enero de 2021, previa convocatoria, los socios resolvieron (…) la disolución y liquidación sumaria voluntaria de la organización.- 5.4. Con fundamento en la normativa expuesta en el presente informe, se concluye que la Cooperativa de Servicios de Empacado Armando Sueños “COOPSEMPARM”, ha cumplido con lo establecido en el marco legal de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento General; por lo que es procedente declarar la extinción de la organización.- 6. RECOMENDACIONES: (…) 6.1. Aprobar la disolución y liquidación sumaria voluntaria por acuerdo de los socios de la Cooperativa de Servicios de Empacado Armando Sueños “COOPSEMPARM”, con RUC No. 1792725828001, en razón que la señora Conlago Tuquerrez María Juana, en su calidad de representante legal de la organización ha cumplido con los requisitos y disposiciones contemplados en los artículos 3, 4 y 5 de la NORMA DE CONTROL PARA EL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN SUMARIA DE LAS ORGANIZACIONES SUJETAS AL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, emitida mediante Resolución No. SEPS- IGT-IGS-INSOEPS-INFMRINGINT- 2020-0657 de 18 de septiembre de 2020 (…)”;

Que,     así mismo mediante Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-DNILO-2021-0651, de 22 de marzo de 2021, la Dirección Nacional de Intervención y Liquidación de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria pone en conocimiento de la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, el Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2021-046, señalando: “(…) la Cooperativa de Servicios de Empacado Armando Sueños “COOPSEMPARM”, dio cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento General de Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, y en la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; por lo cual, es procedente declarar la liquidación sumaria voluntaria de la aludida organización y la extinción de la personalidad jurídica

(…)”;

Que,     con Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-2021-0671, de 24 de marzo de 2021, la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución señala y recomienda que: “(…) la Cooperativa de Servicios de Empacado Armando Sueños “COOPSEMPARM”, con RUC No. 1792725828001, dio cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento General a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, y en la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria por lo cual, aprueba y recomienda declarar la liquidación sumaria voluntaria de la aludida organización y la extinción de la personalidad jurídica (…)”;

Que,     con Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2021-0933, de 05 de mayo de 2021, desde el punto de vista jurídico, la Intendencia General Jurídica emitió el respectivo informe;

Que,     consta a través del Sistema de Gestión Documental de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que, respecto del Memorando No. SEPS-SGD-IGJ- 2021-0933, el 06 de mayo de 2021 la Intendencia General Técnica emitió su proceder para continuar con el proceso referido;

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Que,     de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedido mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGG-IGJ-037, de 21 de octubre de 2019, el Intendente General Técnico tiene entre sus atribuciones y responsabilidades, el suscribir las resoluciones de liquidación y extinción de las organizaciones controladas; y,

Que,     conforme consta en la Acción de Personal No. 733, de 25 de junio de 2018, el Intendente General de Gestión (E), delegado del Superintendente de Economía Popular y Solidaria, nombró como Intendente General Técnico a la señora Catalina Pazos Chimbo.

En uso de las atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar disuelta y liquidada a la COOPERATIVA DE SERVICIOS DE EMPACADO ARMANDO SUEÑOS “COOPSEMPARM”, con Registro Único de Contribuyentes No. 1792725828001, domiciliada en el cantón Cayambe, provincia de Pichincha, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 57, literal d), de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria; en concordancia con el primer artículo innumerado agregado a continuación del 64 de su Reglamento General.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar a la COOPERATIVA DE SERVICIOS DE EMPACADO ARMANDO SUEÑOS “COOPSEMPARM”, con Registro Único de Contribuyentes No. 1792725828001, extinguida de pleno derecho de conformidad con lo dispuesto en el primer artículo innumerado agregado a continuación del 64 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en concordancia con los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida por este Organismo de Control con Resolución No. SEPS-IGT-IGS- INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020.

ARTÍCULO TERCERO.- Disponer a la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la cancelación del registro de la COOPERATIVA DE SERVICIOS DE EMPACADO ARMANDO SUEÑOS “COOPSEMPARM”.

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar al Ministerio encargado de la Inclusión Económica y Social con la presente Resolución, para que proceda a retirar a la COOPERATIVA DE SERVICIOS DE EMPACADO ARMANDO SUEÑOS “COOPSEMPARM” del registro correspondiente.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Notificar con la presente Resolución a el/la ex representante legal de la COOPERATIVA DE SERVICIOS DE EMPACADO ARMANDO SUEÑOS “COOPSEMPARM”, para los fines pertinentes.

SEGUNDA.- Disponer que la Intendencia Nacional Administrativa Financiera, en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación e Imagen Institucional de esta Superintendencia, publique un extracto de la presente Resolución en un periódico de amplia

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circulación nacional y/o del domicilio de la organización; y, en el portal web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

TERCERA.- Disponer a la Secretaría General de esta Superintendencia sentar la razón respectiva del presente acto administrativo en la Resolución No. SEPS-ROEPS-2016- 903150; y, publicar la presente Resolución en el Registro Oficial, así como su inscripción en los registros correspondientes.

CUARTA.- Notificar con la presente Resolución al Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Registro de la Propiedad respectivo, para los fines legales pertinentes.

QUINTA.- Disponer que la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución ponga el contenido de la presente Resolución en conocimiento de la Dirección Nacional de Procuraduría Judicial y Coactivas e Intendencia Nacional Administrativa Financiera, para que procedan en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades.

SEXTA.- La presente Resolución regirá a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación. De su cumplimiento encárguese la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución.

COMUNÍQUESE Y NOTIFÍQUESE.-

Firmado digitalmente por:

MARIA ISABEL MERIZALDE OCAÑA

Razón: CERTIFICO ES ORIGINAL-5 PAGS

Localización: DNGDA-SEPS

Fecha: 2021-07-14T16:59:28.746-05:00

 
 

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Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 25 días de mes de junio de 2021

 

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SEGUNDA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA Y REGLAMENTA LA APROBACIÓN DE PLANOS, PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, ORNATO Y LÍNEAS DE FABRICA, CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA PARA ÁREAS VERDES Y COMUNALES EN FRACCIONAMIENTOS Y URBANIZACIONES; LA PROTECCIÓN DE MÁRGENES DE RÍOS, EMBALSES, QUEBRADAS Y LAGUNAS EN EL ÁREA URBANA Y RURAL EN EL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR.

El artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador, en cuanto se refiere a la supremacía de la Constitución, textualmente señala: "El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos."

Dentro de las funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en el artículo 54, establece, en el literal a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; y en el literal c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales;

En armonía con lo dispuesto en la Constitución de la República, el articulo 55 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, literal b) estable como competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos descentralizados Municipales, el ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;

Que, en el Capítulo II “Fraccionamientos de Suelos y restructuración de Lotes”, Sección primera “Fraccionamientos urbanos y Agrícolas”, en los artículos 470,471, 472, 473, 474, 475, 476, y 479 del COOTAD, determina las formas de trámite del suelo mediante las figuras de fraccionamiento y restructuración, sean estos agrícolas o urbanos, así como limitaciones y sanciones aplicables con respecto a la división de suelo sin contar con las correspondientes autorizaciones municipales.

En el suplemento del Registro Oficial No. 711 de 14 de marzo de 2016, se promulga la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales.

Mediante el suplemento del Registro Oficial No. 790 de 5 de julio de 2016, se promulga la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 227, de la Constitución de la República del Ecuador (en adelante "Constitución"), establece que: "La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.";

Que, los numerales 1 y 2 del artículo 264 de la Constitución manifiestan que: "Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias: (...) 1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los

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correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. (...) 2) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. (...)";

Que, el literal c) del artículo 54, en concordancia con el literal c) del artículo 84 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (en adelante "COOTAD"), señala como una función del gobierno autónomo descentralizado municipal la de establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual se debe determinar las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales;

Que, la Disposición Transitoria Décimo Cuarta de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establece "En el caso de asentamientos irregulares consolidados existentes hasta la publicación de las reformas del presente Código, el cumplimiento del requisito del porcentaje mínimo de áreas verdes, podrá disminuirse gradualmente, según su consolidación a través de los cambios a la ordenanza; en tal caso, previo a la adjudicación, los copropietarios compensarán pecuniariamente, al valor catastral, el faltante de áreas verdes. Excepcionalmente en los casos de asentamientos de hecho y consolidados declarados de interés social, en que no se ha previsto el porcentaje de áreas verdes y comunales establecidas en la ley, serán exoneradas de este porcentaje.";

Que, el artículo 57 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, en lo que se refiere al fraccionamiento, partición o subdivisión señala: "El fraccionamiento, la partición o la subdivisión son procesos mediante los cuales un predio se subdivide en varios, por iniciativa pública o privada. Se podrá llevar a cabo mediante un plan parcial y unidades de actuación urbanística. En el caso que se haga sin una unidad de actuación urbanística se aplicará lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.";

Que, el artículo 424 del COOTAD, sustituido en la Disposición Reformatoria Primera, que consta en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, en lo que respecta a las áreas verdes públicas, textualmente señala: "Área verde, comunitaria y vías.- En las subdivisiones y fraccionamientos sujetos o derivados de una autorización administrativa de urbanización, el urbanizador deberá realizar las obras de urbanización, habilitación de vías, áreas verdes y comunitarias, y dichas áreas deberán ser entregadas, por una sola vez, en forma de cesión gratuita y obligatoria al Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano como bienes de dominio y uso público. (...) Se entregará como mínimo el quince por ciento (15%) calculado del área útil urbanizable del terreno o predio a urbanizar en calidad de áreas verdes y equipamiento comunitario, de acuerdo a lo establecido por la planificación municipal, destinando exclusivamente para áreas verdes al menos el cincuenta por ciento de la superficie entregada. Se exceptúan de esta entrega, las tierras rurales que se fraccionen con fines de partición hereditaria, donación o venta; siempre y cuando no se destinen para urbanización y lotización. (...) La entrega de áreas verdes, comunitarias y de vías no excederá del treinta y cinco por ciento (35%) del área útil urbanizable del terreno o predio. (...) En el caso de predios con una superficie inferior a tres mil metros cuadrados, la municipalidad o distrito metropolitano, podrá optar entre exigir la entrega del porcentaje establecido en los incisos previos de áreas verdes y equipamiento comunitario del área útil del terreno o su compensación en dinero según el avalúo catastral del porcentaje antes indicado, de conformidad con lo establecido en la ordenanza municipal correspondiente. Con estos recursos la municipalidad deberá crear un fondo para la adquisición de áreas verdes, equipamiento comunitario y

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obras para su mejoramiento. (...) En las áreas consolidadas, los bienes de dominio y uso público destinados a áreas verdes, podrán ser cambiados de categoría exclusivamente a favor de instituciones públicas para consolidar y construir equipamientos públicos de conformidad con lo que establezca en su normativa el Gobierno Autónomo Descentralizado. La institución pública beneficiaría tendrá la obligación de compensar el equivalente al valor del bien que recibe, en base al avalúo realizado por el Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano.";

Que, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, establece: "Prioridad nacional.- Es de interés público y prioridad nacional la protección y uso del suelo rural de producción, en especial de su capa fértil que asegure su mantenimiento y la regeneración de los ciclos vitales, estructura y funciones, destinado a la producción de alimentos para garantizar el derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria. (...) El Estado regula la conservación del suelo productivo, en particular deberá tomar medidas para prevenir la degradación provocada por el uso intensivo, la contaminación, la desertificación y la erosión. (...) A fin de garantizar la soberanía alimentaria, los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos pueden declarar zonas industriales y de expansión urbana en suelos rurales que no tienen aptitudes para el desarrollo de actividades agropecuarias. ( ...) Para este efecto la Autoridad Agraria Nacional, de conformidad con la Ley y previa petición del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano competente, en el plazo de noventa días siguientes a la petición, mediante informe técnico que determine tales aptitudes, autorizará, el cambio de la clasificación de suelos rurales de uso agrario a suelos de expansión urbana o zona industrial. ( ...) Será nula de pleno derecho toda declaratoria de zonas industriales o de expansión urbana que no cumpla con lo dispuesto en el inciso anterior. En caso que la declaratoria efectuada por el Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano provoque daños en los suelos fértiles, corresponderá la inmediata remediación y ejercicio del derecho de repetición para quienes emitieron la decisión.";

Que, el artículo 113 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, establece: "Control de la expansión urbana en predios rurales.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos, en concordancia con los planes de ordenamiento territorial, expansión urbana, no pueden aprobar proyectos de urbanizaciones o ciudadelas, en tierras rurales en la zona periurbana con aptitud agraria o que tradicionalmente han estado dedicadas a actividades agrarias, sin la autorización de la Autoridad Agraria Nacional. (...) Las aprobaciones otorgadas con inobservancia de esta disposición carecen de validez y no tienen efecto jurídico, sin perjuicio de las responsabilidades de las autoridades y funcionarios que expidieron tales aprobaciones.";

Que, en materia de planeamiento y urbanismo, le compete a la administración municipal expedir las ordenanzas y normativa específica con el objeto de cumplir las funciones prescritas en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo y COOTAD, teniendo en cuenta el armónico desarrollo urbano;

Que en el Registro Oficial Edición Especial No. 125 del miércoles 1 de noviembre del 2017, se publicó la Ordenanza que Regula y Reglamenta la Aprobación de Planos, Permisos de Construcción, Ornato y Líneas de Fabrica, Contribución Comunitaria para Áreas Verdes y Comunales en Fraccionamientos y Urbanizaciones; la Protección de Márgenes de Ríos, Embalses, Quebradas y Lagunas en el Área Urbana y Rural en el Cantón Centinela del Cóndor.

Que el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Centinela del Cóndor, en sesiones ordinarias de fechas 11 y 26 de abril del 2019, aprobó la Primera Reforma a la Ordenanza que

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regula y reglamenta la aprobación de planos, permisos de construcción, ornato y líneas de fábrica, contribución comunitaria para áreas verdes y comunales en fraccionamientos y urbanizaciones; la protección de márgenes de ríos, embalses, quebradas y lagunas en el área urbana y rural en el cantón Centinela del Cóndor. Ordenanza que no ha sido publicada en el registro oficial, según información proporcionada por el Asistente de Secretaría.

Que la Disposición Transitoria Quinta de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, determina que," - Los Gobiernos Autónomos Descentralizados adecuarán sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial y las ordenanzas correspondientes en el primer año del siguiente periodo de mandato de las autoridades locales...", que, en el cumplimiento de la disposición antes invocada, se procedió actualizar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, así como a elaborar el Plan de Uso de Gestión del Suelo, documento que forma parte del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, texto que ha sido aprobado por el Concejo del GAD del cantón Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Centinela del Cóndor, mediante Ordenanza en sesiones del 4 de diciembre del 2020 y 09 de diciembre del 2020.

Que en el texto del Plan de Uso y Gestión del Suelo PUGS, EN EL NUMERAL 9.1.3, SE REFIERE: TRATAMIENTO Y REGULARIZACIÓN EN ZONA RURAL DEL CANTÓN, siendo así que en la página 250 del texto se ha establecido en 2.000 m2, como área mínima del lote rural de los suelos en las zonas; con vocación para la producción pecuaria y agrícola, sistemas agropecuarios sostenibles y producción limpia; y en zonas de amortiguamiento.

En ejercicio de sus atribuciones legales constantes en el artículo 264 numerales 1 y 2 de la Constitución de la República del Ecuador, artículos 57, literales a) y x), 87 literales a) y x) y 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

EXPIDE LA SIGUIENTE:

SEGUNDA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA Y REGLAMENTA LA APROBACIÓN DE PLANOS, PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, ORNATO Y LÍNEAS DE FABRICA, CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA PARA ÁREAS VERDES Y COMUNALES EN FRACCIONAMIENTOS Y URBANIZACIONES; LA PROTECCIÓN DE MÁRGENES DE RÍOS, EMBALSES, QUEBRADAS Y LAGUNAS EN EL ÁREA URBANA Y RURAL EN EL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR.

Artículo 1.- En el Art. 62, Sustitúyase el inciso segundo, por el siguiente:

La superficie mínima de lote resultante de fraccionamiento agrícola será de dos mil metros cuadrados

(2.000 m2).

Artículo 2.- En el Art. 73, Sustitúyase el inciso primero, por el siguiente:

Art. 73.- FRACCIONAMENTO DE TERRENOS RURALES.- Se entenderá al fraccionamiento de un predio a la subdivisión del mismo con una cabida mínima a los dos mil metros cuadrados (2.000 m2), que se encuentran fuera del perímetro urbano.

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Artículo 3.- En el Art. 75, Sustitúyase, por el siguiente:

Art. 75.- FRENTE Mínimo DE LAS SUBDIVISIONES DEL SECTOR URBANO.- Para el proceso de subdivisiones en el sector urbano, se tendrá en cuenta la siguiente escala de estimaciones:

  1. Para nuevas urbanizaciones y/o lotizaciones las subdivisiones no podrá ser menor de 12 metros de frente por 24 metros de fondo.
  2. Para fraccionamientos en zonificación existente, se realizarán acorde al Plan de Uso y Gestión del Suelo, considerando los niveles de ocupación del suelo en las categorías de sobreocupación, consolidación y complementación, con un frente mínimo de 10 metros y 15 metros de fondo.
  3. En caso de fraccionamientos o subdivisiones de carácter de interés social, se considerará un frente mínimo de 8 metros por 15 metros de fondo, para el efecto se tendrá en cuenta el certificado que emita la institución competente sobre la calificación de posible beneficiario del programa de vivienda social y en caso de instituciones públicas no se requerirá dicho certificado

Artículo 4.- En el Art. 76, Sustitúyase el inciso segundo, por el siguiente:

No se exigirá aportación para áreas verdes ni equipamiento comunal cuando el bien inmueble deba destinarse según el Plan de Ordenamiento Territorial, a usos agrícolas, ganaderos y forestales, en cuyo caso se fija una parcela minina de dos mil metros cuadrados (2000m2).

En el área rural, cuando se haya calificado como centro poblado o consolidado, únicamente para viviendas de interés social, previa aprobación de los planos base autorizado por el concejo municipal, se permitirá el fraccionamiento de lotes en las dimensiones de 8 metros de frente por 15 metros de fondo.

DISPOSICIÓN FINAL

Los demás artículos que no han sido reformados quedaran tal y conforme consta en la Ordenanza, para su consecuencia final, la presente reforma de Ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción y promulgación por parte del señor Alcalde, conforme a lo previsto en el Art. 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, referente al proyecto de segunda reforma a la Ordenanza que regula y reglamenta la aprobación de planos, permisos de construcción, ornato y líneas de fábrica, contribución comunitaria para áreas verdes y comunales en fraccionamientos y urbanizaciones; la protección de márgenes de ríos, embalses, quebradas y lagunas en el área urbana y rural en el cantón Centinela del Cóndor.

Es dada y firmada en la sala de Sesiones del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Centinela del Cóndor, a los un día del mes de Julio de dos mil veintiuno.

 

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El Secretario General CERTIFICA: Que la "SEGUNDA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA Y REGLAMENTA LA APROBACIÓN DE PLANOS, PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, ORNATO Y LÍNEAS DE FÁBRICA, CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA PARA ÁREAS VERDES Y COMUNALES EN FRACCIONAMIENTOS Y URBANIZACIONES; LA PROTECCIÓN DE MÁRGENES DE RÍOS, EMBALSES, QUEBRADAS Y LAGUNAS EN EL ÁREA URBANA Y RURAL EN EL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR", fue debatida por el Concejo del Gobierno Municipal de Centinela del Cóndor, en Sesiones Ordinarias, de fechas 28 de Enero de 2021 y 1 de Julio de 2021, de conformidad a los dispuesto en el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.- Lo Certifico.

Zumbi, 02 de Julio de 2021, a las 15h00, conforme lo dispone el Artículo 322, del Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite legal pertinente, sancionó la "SEGUNDA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA Y REGLAMENTA LA APROBACIÓN DE PLANOS, PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, ORNATO Y LÍNEAS DE FÁBRICA, CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA PARA ÁREAS VERDES Y COMUNALES EN FRACCIONAMIENTOS Y URBANIZACIONES; LA PROTECCIÓN DE MÁRGENES DE RÍOS, EMBALSES, QUEBRADAS Y LAGUNAS EN EL ÁREA URBANA Y RURAL EN EL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR", para su aplicación.

Sancionó y firmó la presente "SEGUNDA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA Y REGLAMENTA LA APROBACIÓN DE PLANOS, PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, ORNATO Y LÍNEAS DE FÁBRICA, CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA PARA ÁREAS VERDES Y COMUNALES EN FRACCIONAMIENTOS Y URBANIZACIONES; LA PROTECCIÓN DE MÁRGENES DE RÍOS, EMBALSES, QUEBRADAS Y LAGUNAS EN EL ÁREA URBANA Y RURAL EN EL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR", conforme al decreto que antecede, el Ingeniero Luis Alberto Merino González, Alcalde del Cantón Centinela del Cóndor, a los dos días del mes de Julio de 2021.- Lo Certifico.-

 

 

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