Registro Oficial No.169- Miércoles 25 de marzo del 2020

Miércoles, 25 de marzo de 2020


Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés             
 Presidente Constitucional de la República del Ecuador                                                                    
Miércoles 25 de marzo de 2020 (R. O.169, 25–de marzo -2020)

Año I - Nº 169

Quito, miércoles 25 de marzo de 2020

Servicio gratuito

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

    ACUERDOS:        
    MINISTERIO DE INCLUSIÓN    
    ECONÓMICA Y SOCIAL:    
015    Deróguese el Acuerdo Ministerial Nº 122, de    
    01 de agosto de 2019, publicado en el Registro    
    Oficial Edición Especial Nº 39, de 22 de agosto de    
    2019 ...........................................................................        2
    MINISTERIO DE TRANSPORTE    
    Y OBRAS PÚBLICAS:    
008-2020  Deléguense  funciones  y    atribuciones  al    
    Subsecretario Zonal 1.............................................        5
    REGULACIONES:    
    CORPORACIÓN FINANCIERA    
    NACIONAL BANCA PÚBLICA - CFN:    
DIR-010-2020 Apruébese la incorporación del producto    
    “Capital de Trabajo para Concesionarias de    
    Automóviles en la Adquisición y Venta de Taxis”    
    en el portafolio de productos institucionales .......    7
DIR-014-2020 Modifíquese la Normativa CFN ..................    10
DIR-015-2020 Modifíquese la Normativa CFN ..................    12
    RESOLUCIONES:    
    MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO    
    EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA:    
    SUBSECRETARÍA DE CALIDAD:    
MPCEIP-SC-2020-0078-R  Deróguese    en  su  totalidad    
    la  segunda  revisión  de  la  Norma  Técnica    
    Ecuatoriana  NTE  INEN  489:2013  (Cemento    
    hidráulico.  Determinación  de  la  finura  por    
    tamizado seco) .........................................................        13
    MINISTERIO DE TRANSPORTE    
    Y OBRAS PÚBLICAS:    
    SUBSECRETARÍA ZONAL 7:    
110-2020 Concédese personería jurídica a la Asociación    
    de Conservación Vial “Las Cascadas”, ubicada    
    en el cantón y provincia de Loja ...........................    15
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Págs.

111-2020  Concédese  personería  jurídica  a  la

Asociación de Conservación Vial “INKA

ÑAN”, ubicado en el cantón y provincia

de Loja    17

DIRECCIÓN GENERAL

DE AVIACIÓN CIVIL:

DGAC-YA-2020-0009-R  Apruébese el Acuerdo

de Código Compartido, celebrado entre

LATAM AIRLINES ECUADOR S.A y

DELTA AIR LINES INC    19

INSTITUTO DE FOMENTO

AL TALENTO HUMANO:

IFTH-IFTH-2020-0014-R  Adjudíquese  a  la

Empresa    AMERICAN    Seguridad

Privada AMERIPRIV CIA. LTDA., el

proceso para la contratación del servicio

de seguridad y vigilancia para el IFTH a

nivel nacional    23

SERVICIO DE GESTIÓN

INMOBILIARIA DEL SECTOR

PÚBLICO - INMOBILIAR:

INMOBILIAR-DGSGI-2020-0006  Expídese  la

nueva  Codificación  del  Reglamento

interno  para  el  depósito,  custodia,

resguardo,  administración,  y  control

de los bienes incautados recibidos por

INMOBILIAR    26

FUNCIÓN JUDICIAL

Y JUSTICIA INDÍGENA

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO:

17-FGE-2020 Refórmese la Resolución Nº 045-

FGE-2019, de 01 de octubre de 2019    46


No. 015

Iván Xavier Granda Molina

MINISTRO DE INCLUSIÓN

ECONÓMICA Y SOCIAL

Considerando :

Que, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Estado ecuatoriano con Decreto Ejecutivo No. 1330, de 15 de marzo de 1990, publicado en el Registro Oficial No. 400, de 21 de marzo de 1990, en su artículo 3, establece que: “1. En todas las medidas

concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño; 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas; 3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada”;

Que, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 19, determina que: “1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico omental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo; 2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial”;

Que, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, publicada en el Registro Oficial No. 329, de 5 de mayo del 2008, en su artículo 12, numeral 4, establece eligual reconocimiento como persona ante la ley, y señala que “los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos, por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas”;

Que, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por el Estado ecuatoriano, con Decreto Ejecutivo No. 659, de 28 de enero de 2019, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 426, de 12 de febrero del 2019, tiene como
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objeto promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad;y en su artículo 4, determina que “los Estados Parte se comprometen a salvaguardar los derechoshumanos y libertades fundamentales de la persona mayor enunciados en la presente Convención, sin discriminación de ningún tipo, y a tal fin:a) Adoptarán medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a la presente Convención, tales como aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, infantilización, tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados, entre otras, y todas aquellas que constituyan malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la seguridad e integridad de la persona mayor”;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 35, señala que “las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 44, determina que “el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos, se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad”;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 45, establece que “las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar”;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 46, señala que “el Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos.4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones”;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 66, establece que“se reconoce y garantizará a las personas: 19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. 25. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características”;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 341, determina que “el Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad.La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad social”;

Que, el Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 8, señala que “es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes”;


Que, el Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 11, determina que “el interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento.Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías.Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural.El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa
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y    sin escuchar previamente la opinión del niño, niña
o    adolescente involucrado, que esté en condiciones de
expresarla”;

Que, el Código de la Niñez y la Adolescencia, en su artículo 50, señala que “los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes”;

Que, el Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 51, determina que “los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete:a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los progenitores y responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio de este derecho; y,b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias”;

Que, el Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 52, establece las prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen, entre las que se encuentran: 3. La publicación o exhibición de noticias, reportajes, crónicas, historias de vida o cualquiera otra expresión periodística con imagen o nombres propios de niños, niñas o adolescentes que han sido víctimas de maltrato o abuso; 4. La publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o referencias escritas que permitan la identificación o individualización de un niño, niña o adolescente que ha sido víctima de maltrato, abuso sexual o infracción penal, y cualquier otra referencia al entorno en el que se desarrollan; y,5. La publicación del nombre, así como de la imagen de los menores acusados o sentenciados por delitos o faltas.Aún en los casos permitidos por la ley, no se podrá utilizar públicamente la imagen de un adolescente mayor de quince años, sin su autorización expresa; ni la de un niño, niña o adolescente menor de dicha edad, sin la autorización de su representante legal, quien sólo la dará si no lesiona los derechos de su representado”;

Que, el Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 55, determina que, “además de los derechos y garantías generales que la ley contempla a favor de los niños, niñas y adolescentes, aquellos que tengan alguna discapacidad o necesidad especial gozarán de los derechos que sean necesarios para el desarrollo integral de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades y para el disfrute de una vida plena, digna y dotada de la mayor autonomía posible, de modo que puedan participar activamente en la sociedad, de acuerdo a su condición.Tendrán también el derecho a ser informados sobre las causas, consecuencias y pronóstico de su discapacidad y sobre los derechos que les asisten.El Estado asegurará el ejercicio de estos derechos mediante su acceso efectivo a la educación y a la capacitación que requieren; y la prestación de servicios de estimulación temprana, rehabilitación, preparación para la actividad laboral, esparcimiento y otras necesarias, que serán gratuitos para los niños, niñas y adolescentes cuyos progenitores o responsables de su cuidado no estén en condiciones de pagarlos”;

Que, el Código Orgánico Administrativo, en su artículo 130, señala que “lasmáximas autoridades administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo únicamente para regular los asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea esta competencia para la máxima autoridad legislativa de una administración pública”;

Que, la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, en su artículo 35, establece que “las personas adultas mayores, tienen derecho a dar su consentimiento previo, libre e informado, sobre cualquier decisión que esté relacionada o pueda afectar sus intereses o derechos”;

Que, la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, en su artículo 4, determina que“las instituciones del sector público y privado y las personas naturales que actualmente o en el futuro administren bases o registros de datos públicos, son responsables de la integridad, protección y control de los registros y bases de datos a su cargo. Dichas instituciones responderán por la veracidad, autenticidad, custodia y debida conservación de los registros. La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es exclusiva de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información”;

Que, la Ley Orgánica de Comunicación, en su artículo 32, señala que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la expresión de sus ideas, pensamientos, sentimientos y acciones desde sus propias formas y espacios en su lengua natal, sin discriminación, ni estigmatización alguna. Los contenidos que difundan los medios de comunicación social y las demás entidades públicas y privadas, privilegiarán la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, especialmente contra la revictimización en casos de violencia sexual, física, psicológica, intrafamiliar, accidentes y otros. La revictimización, así como la difusión de contenidos que vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se tratarán de acuerdo con lo establecido en las leyes referentes a la materia”;

Que, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en su artículo 99, determina que “los actos normativos podrán ser derogados o reformados por el órgano competente para hacerlo cuando así se lo considere conveniente”;

Que, mediante Mediante Decreto Ejecutivo No. 901, de 18 de octubre de 2019, se designó como Ministro de Inclusión Económica y Social, al doctor Iván Xavier Granda Molina;


Que, mediante Informe Técnico de Viabilidad, las Subsecretarías de Desarrollo Infantil Integral, de Discapacidades y de Atención Intergeneracional del Viceministerio de Inclusión Social, recomiendan la derogación del Acuerdo Ministerial No. 122, de 1 de agosto del 2019, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 39, de 22 de agosto del 2019; y,
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Que, con memorando Nro. MIES-VIS-2020-0100-M, de 30 de enero de 2020, la Viceministra de Inclusión Social, remite el “Informe Técnico de Viabilidad para la Derogatoria del Acuerdo Ministerial No. 122, de 1 de agosto de 2019, mediante el cual se expide el Procedimiento para el Registro de Asistencia Diaria por Reconocimiento Facial en Unidades de Atención en los Servicios Sociales del MIES” y solicita la elaboración del presente instrumento legal;

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador,130 del Código Orgánico Administrativo, 17 y 99 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

Acuerda:

Artículo 1.- Derógase el Acuerdo Ministerial No. 122, de 01 de agosto de 2019, publicado en el Registro Oficial Edición Especial No. 39, de 22 de agosto de 2019, con el que se aprobó y expidió el “Procedimiento para el Registro de Asistencia Diaria por Reconocimiento Facial en Unidades de Atención en los Servicios Sociales del MIES” y sus anexos que forman parte integrante del mismo.


Artículo 2.- De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial, encárguese al Viceministerio de Inclusión Social.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

La Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación, una vez que el presente Acuerdo Ministerial haya sido publicado en el Registro Oficial, inmediatamente deberáeliminar todos los registros fotográficos vinculados al Procedimiento para el Registro de Asistencia Diaria por Reconocimiento Facial en Unidades de Atención en los Servicios Sociales del MIES, que se encuentren en los archivos institucionales.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitanode Quito, a los 20 de febrero de 2020.

f.) Iván Xavier Granda Molina, Ministro de Inclusión Económica y Social.

MIES.- Ministerio de Inclusión Económica y Social.-

Secretaría General.- Es fiel copia del original.- LO CERTIFICO.- f.) Ilegible.- 27 de febrero de 2020.

RAZÓN: Abg. Javier Rolando Velecela Chica, en mi calidad de Director de la Secretaría General del MIES, conforme se

desprende de la Acción de Personal Nro. GMTRH-0002, que rige a partir del 01 de enero de 2020; de conformidad a la atribución establecida en la letra g), del número 3.1.8., del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del MIES, expedido mediante Acuerdo Ministerial Nro. 000080, el 14 de abril de 2015, publicado en Registro Oficial, Edición Especial Nro. 329, el 19 de junio de 2015; CERTIFICO lo siguiente: siento como tal que, las tres (03) fojas que anteceden son fiel copia del original, las cuales hacen referencia al ACUERDO MINISTERIAL NRO. 015, DE 20 DE FEBRERO DE 2020, las mismas que se encuentran en la Dirección de Secretaría General de esta Cartera de Estado.- Lo Certifico.- DM., Quito, a 27 de febrero de 2020.

f.) bg. Javier Rolando Velecela Chica, Director de Secretaría General, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social, D. Durán. 27-02-2020.


No. 008-2020

Mgs. Gabriel Martínez Castro

MINISTRO DE TRANSPORTE

Y OBRAS PÚBLICAS

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 1 del Artículo 154, faculta a las Ministras y Ministros de Estado, para ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requieran su gestión;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 227, señala: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.”;

Que, el numeral 9a del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece: “Delegación.- Es la traslación de determinadas facultades y atribuciones de un órgano superior a otro inferior, a través de la máxima autoridad, en el ejercicio de su competencia y por un tiempo determinado. Son delegables todas las facultades y atribuciones previstas en esta Ley para la máxima autoridad de las entidades y organismos que son parte del sistema nacional de contratación pública. La resolución que la máxima autoridad emita para el efecto podrá instrumentarse en decretos, acuerdos, resoluciones, oficios o memorandos y determinará el contenido y alcance de la delegación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, de ser el caso.
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Las máximas autoridades de las personas jurídicas de derecho privado que actúen como entidades contratantes, otorgarán poderes o emitirán delegaciones, según corresponda, conforme a la normativa de derecho privado que les sea aplicable. En el ámbito de responsabilidades derivadas de las actuaciones, producto de las delegaciones o poderes emitidos, se estará al régimen aplicable a la materia.”;

Que, el artículo 7 del Código Orgánico Administrativo al referirse al principio de desconcentración, establece: “La función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de funciones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre los órganos de una misma administración pública, para descongestionar y acercar las administraciones a las personas”.

Que, el artículo 47 del Código ibídem, establece que “La máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley”. Para el caso del Ministerio de Transporte y Obras Públicas su máxima autoridad y por tanto representante legal es el Ministro.


Que, el artículo 69 del Código ibídem, establece: “Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en: 1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes. 2. Otros órganos o entidades de otras administraciones. 3. Esta delegación exige coordinación previa de los órganos o entidades afectados, su instrumentación y el cumplimiento de las demás exigencias del ordenamiento jurídico en caso de que existan. 4. Los titulares de otros órganos dependientes para la firma de sus actos administrativos. 5. Sujetos de derecho privado, conforme con la ley de la materia. 6. La delegación de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia”.

Que, el Código Orgánico Administrativo en su artículo 70, define el contenido de la delegación: “La delegación contendrá: 1. La especificación del delegado. 2. La especificación del órgano delegante y la atribución para delegar dicha competencia.

3. Las competencias que son objeto de delegación o los actos que el delegado debe ejercer para el cumplimiento de las mismas. 4. El plazo o condición, cuando sean necesarios. 5. El acto del que conste la delegación expresará además lugar, fecha y número. 6. Las decisiones que pueden adoptarse por delegación.”

Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la función Ejecutiva, establece que: “Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales”;

Que, el inciso segundo del artículo 17, ibídem, establece: “Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delegado”;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 860, de 21 de agosto de 2019, el Presidente Constitucional de la República, licenciado Lenín Moreno, me designó como máxima autoridad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas; y,


En ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; en concordancia con lo dispuesto a los artículos 69 y siguientes del Código Orgánico Administrativo y, 17 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva:

Acuerda:

Artículo 1.- DELEGAR al Subsecretario Zonal 1 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el trámite, fundamentación y aprobación, en legal y debida forma, del acto administrativo para la suscripción del proyecto de “RECONSTRUCCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED VIAL ESTATAL E20 TRAMO ESMERALDAS – QUININDÉ DE LA PROVINCIAL DE ESMERALDAS”.

Artículo 2.- El funcionario delegado, a estos efectos queda facultado para que a nombre y representación del suscrito realicen lo siguiente:

a)    Autorizar los trámites correspondientes para la fase preparatoria del procedimiento de contratación. 

b)    Autorizar el inicio de la fase precontractual del procedimiento de contratación. 

c)    Aprobar los pliegos del proceso precontractual. 

d)    Suscribir las resoluciones de inicio, de adjudicación, de cancelación o declaratoria de desierto del procedimiento, ordenar la reapertura, o archivo del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y demás normas aplicables. 

e)    Designar los miembros de la Comisión Técnica encargada de llevar adelante todas las etapas de los procedimientos precontractuales necesarios; 

f)    Designar los miembros que suscribirán el acta entrega del contrato de conformidad con lo dispuesto en el 
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artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 123 y siguientes del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y demás normativa legal aplicable.

g)    Designar administrador del contrato. 

h)    Suscribir los contratos modificatorios y complementarios que el caso requiera de conformidad con lo establecido a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento de aplicación. 

i)    Resolver motivadamente la terminación unilateral de los contratos y la terminación por mutuo acuerdo, precio informe del administrador del Contrato y de la unidad Judicial de la Subsecretaria Zonal y Viceministerio de Infraestructura del Transporte.

j)    Autorizar prórrogas y suspensiones de plazo o de actividades del contrato solicitados por el contratista de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento de aplicación y demás normativa legal aplicable vigente. 

k)    Conozca y resuelva los reclamos y recursos administrativos que se presentaren dentro del proceso de ejecucion del contrato y todas los demas establecidas en la mormativa vigente. 

l)    En general realizar toda actividad o acto necesario para cumplir con la normativa legal aplicable vigente en materia de contratación pública y disposiciones emitidas por la Máxima Autoridad para el cumplimiento del presente acuerdo. 

Artículo 3.- Esta delegación es específica, por lo tanto no requiere de otras autorizaciones para tomar las decisiones que se orienten a la ejecución de este contrato, y se mantendrá hasta el cierre final del mismo.

Artículo 4.- El Subsecretario Zonal 1 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, serán responsables administrativa, civil y penalmente ante los Organismos de Control y el Ministro de Transporte y Obras Públicas, por los actos realizados en ejercicio de esta delegación.

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a 03 de marzo de 2020.

Cúmplase y Notifíquese.-

f.) Mgs. Gabriel Martínez Castro, Ministro de Transporte y Obras Públicas.

No. DIR-010-2020

EL DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL BANCA PÚBLICA

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución establece el principio de legalidad, mismo que señala: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley.”.

Que, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo 868, publicado en el Registro Oficial N° 676 de fecha 25 de enero del 2016, con el que se reorganiza a la Corporación Financiera Nacional B.P., señala que dicha institución es: “una entidad financiera pública, dedicada al financiamiento del sector productivo de bienes y servicios, así como proyectos de desarrollo en el ámbito nacional e internacional. Buscará estimular la inversión productiva e impulsar el crecimiento económico sostenible, a través de apoyo financiero o no financiero a los sectores productivos, de bienes y servicios; así como de proyectos que contribuyan a la mejora de la competitividad nacional.”

Que, en el numeral 12 del artículo 375 del Código Orgánico Monetario y Financiero, señala que es competencia del Directorio: “Aprobar los reglamentos internos”.

Que, la Subgerencia General de Calidad y Desarrollo, mediante memorando Nro. CFN-B.P.-SGCD-2020-0019-M de 07 de febrero de 2020 señala:

“La CFN B.P. siendo una institución financiera pública dedicada al financiamiento del sector productivo, de bienes y servicios, así como proyectos de desarrollo en el ámbito nacional e internacional, que busca estimular la inversión productiva e impulsar el crecimiento económico sostenible, a través del apoyo financiero o no financiero a los sectores productivos, de bienes y servicios; así como de proyectos que contribuyan a la mejora de la competitividad nacional; buscando mejorar y resaltar la gestión empresarial como fuente de competitividad a mediano y largo plazo, así mismo de acuerdo a nuestra misión que establece que “Impulsamos el desarrollo del país financiando los sueños de los ecuatorianos”, se propone la creación de un nuevo producto financiero llamado Capital de Trabajo para Concesionarias de Automóviles.

De acuerdo a lo estipulado en el Estatuto Orgánico por Procesos, correspondiente a las atribuciones y responsabilidades de esta Gerencia, que indica en el literal g: “Solicitar la evaluación de viabilidad financiera, legal, de riesgos y socio ambiental, de ser el caso, de los productos o servicios financieros y no financieros diseñados o rediseñados”, se solicitó los pronunciamientos correspondientes dentro del ámbito de acción, según memorando Nro. CFN-
8 – Miércoles 25 de marzo de 2020    Registro Oficial Nº 169
 

B.P.-GDPS-2020-0011-M de 24 de enero del 2020, y alcances mediante memorando Nro. CFN-B.P.-GDPS-2020-0012-M de 27 de enero del 2020, memorando Nro. CFN-B.P.-GDPS-2020-0021-M del 5 de febrero de 2020 y memorando Nro. CFN-B.P.-GDPS-2020-0025-M del 6 de febrero de 2020.

Se recibieron los pronunciamientos de las respectivas áreas con sus recomendaciones las mismas que han sido recogidas en el informe final de diseño del producto CAPITAL DE TRABAJO PARA CONCESIONARIAS DE AUTOMÓVILES.”

Que, la Subgerencia General de Calidad y Desarrollo, mediante memorando Nro. CFN-B.P.-SGCD-2020-0023-M de 10 de febrero de 2020, realiza un alcance al memorando Nro. Nro. CFN-B.P.-SGCD-2020-0019-M de 07 de febrero de 2020, señalando:

“Como alcance al memorando CFN-B.P.-SGCD-2020-0019-M de fecha 7 de febrero de 2020, se indica lo siguiente:

Que como parte de las atribuciones y responsabilidades de la Subgerencia General de Calidad y Desarrollo, se encuentra el “Dirigir el diseño o rediseño, en coordinación con las áreas competentes, de los productos y servicios financieros, así como de programas o productos especiales, que considere todos los requerimientos de mercado, técnicos, financieros, legales, operativos, documentales y tecnológicos necesarios.

Con base en los antecedentes expuestos, la Subgerencia General de Calidad y Desarrollo solicita la inclusión como punto a tratar en el correspondiente orden del día del Directorio de la Institución, la
 

aprobación del producto “CAPITAL DE TRABAJO PARA CONCESIONARIAS DE AUTOMÓVILES” en el portafolio de productos institucionales, de acuerdo a los ajustes normativos del memorando mencionado inicialmente.

Finalmente, se adjunta la Resolución CFN-B.P-SRJU-2020-0174-M del 7 de febrero del 2020.”

Que, el economista Pablo Patiño Rodríguez, Gerente General, dispone dentro de la agenda de Directorio, se envíe para conocimiento y aprobación del Directorio, el producto financiero CAPITAL DE TRABAJO PARA LAS CONCESIONARIAS DE AUTOMOVILES, en atención a los memorandos Nro. CFN-B.P.-SGCD-2020-0019-M de 07 de febrero de 2020 y su alcance Nro. CFN-B.P.-SGCD-2020-0023-M de 10 de febrero de 2020.

Debidamente motivado, en ejercicio de sus atribuciones,

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- Aprobar la incorporación del producto

“CAPITAL DE TRABAJO PARA CONCESIONARIAS DE AUTOMÓVILES EN LA ADQUISICIÓN Y VENTA DE TAXIS” en el portafolio de productos institucionales.

ARTÍCULO 2.- En la normativa CFN, Libro I: Normativa sobre Operaciones, Título I: Operaciones Activas y Contingentes, Subtítulo II: Manual de Productos Financieros, numeral 4: Condiciones Generales de los productos de Primer Piso, subnumeral 4. Especiales - Apoyo a Políticas Públicas, Incorporar un nuevo subnumeral 4.14. “Capital de Trabajo para Concesionarias de Automóviles en la Adquisición y Venta de Taxis”, de acuerdo al siguiente texto:
 

    CONDICIONES GENERALES
    
SUJETO DE CRÉDITO    Persona jurídica que tenga por actividad la venta al por menor de automóviles
    nuevos de combustible fósil y/o vehículos livianos eléctricos para servicio de taxi,
    con ventas anuales superiores a USD 100.000.
    
BENEFICIARIO FINAL    Personas naturales o jurídicas que brinden servicio de taxis siempre y cuando
    cuenten con los permisos y cupos emitidos por el órgano competente en materia.
    
PORCENTAJE DE    Hasta el 70% incluido IVA si se trata de compra local, sin IVA si se trata de
FINANCIAMIENTO    importación de vehículos, en cuyo caso sólo se financiará valor FOB.
    
MONTO MÁXIMO DE    Hasta USD 2.000.000
FINANCIAMIENTO PARA EL    
VENDEDOR (SUJETO DE CRÉDITO)    
    
MONTO MÁXIMO DE    •   Para vehículos de combustión fósil hasta USD 20.000
FINANCIAMIENTO PARA EL    •   Para vehículos livianos eléctricos hasta USD 40.000
COMPRADOR (BENEFICIARIO    
FINAL)    
    
PLAZO    Hasta 5 años
    
GRACIA    30 días
    
DESTINO    Capital de Trabajo
    
 
Registro Oficial Nº 169    Miércoles 25 de marzo de 2020 – 9
    
    
RUBROS A FINANCIAR    Se permitirá financiar la adquisición de vehículos livianos eléctricos o de
    combustible fósil únicamente para taxis.
    Todo rubro financiado debe justificarse a través de medios de comprobación
    de inversiones sean éstos facturas, contratos u otros, así como documentos que
    respalden los trámites de desaduanización, seguros, fletes, etc. los mismos que
    deberán ser revisados para asegurar que los recursos hayan sido utilizados en
    actividades financiables. Se permitirán inversiones realizadas hasta con 6 meses
    previos al desembolso y hasta 6 meses después del desembolso.
    
AMORTIZACIÓN    Mensual y trimestral
    
MONTO TOTAL DE EXPOSICIÓN    USD 10 millones anuales
    
TASA    Tasa de acuerdo al subsegmento de crédito, publicada mensualmente por la CFN
    B.P. y definida por el Comité ALCO.
    
CONDICIONES ADICIONALES    Los Sujetos de Crédito deberán fijar tasas máximas a los compradores, de acuerdo
    al siguiente detalle:
    •   Hasta el 12% para vehículos livianos eléctricos
    •   Hasta el 14% para vehículos de combustión fósil
    

ARTÍCULO 3.- En la Normativa CFN, en el Libro I: Normativa sobre Operaciones, en el Título I: Operaciones Activas y Contingentes, Subtítulo I: Política de Operaciones Activas y Contingentes, numeral 4 “Políticas Generales”, subnumeral 4.6 Productos, Productos de primer piso, 4. “Especiales - Apoyo a Políticas Públicas”:

Incorporar un nuevo numeral:

4.14. “Capital de Trabajo para Concesionarias de Automóviles en la Adquisición y Venta de Taxis”

ARTÍCULO 4.- En la Normativa CFN, Libro Preliminar, Título II Líneas de Negocio CFN, Subtítulo II Portafolio de Productos y Servicios Institucionales, Capítulo III: Portafolio de Productos y Servicios de la CFN B.P., Numeral 1 Crédito de Primer Piso (Fomento del sector productivo), Subnumeral 1.4. Especiales - Apoyo a Políticas Públicas.

Incorporar lo siguiente:

1.4.17. “Capital de Trabajo para Concesionarias de Automóviles en la Adquisición y Venta de Taxis”

ARTÍCULO 5.- En la Normativa CFN, en el Libro I: Normativa sobre Operaciones, en el Título I: Operaciones Activas y Contingentes, Subtítulo I: Política de Operaciones Activas y Contingentes, numeral 4 “Políticas Generales”, subnumeral 4.2. Actividades financiables:

Donde dice:

Los proyectos clasificados en el sector CIIU de Comercio que no sean para exportación podrán acceder exclusivamente a financiamiento para el destino Activos Fijos. Para el producto Factoring Electrónico se permitirá el financiamiento de capital de trabajo para actividades relacionadas con CIIU de comercio para la adquisición de bienes de producción nacional agrícola.

Incorporar al final del párrafo:

Para el producto Capital de Trabajo para Concesionarias de Automóviles en la Adquisición y Venta de Taxis si se permite el financiamiento de capital de trabajo.

ARTÍCULO 6.- Encargar a la Gerencia de Riesgos en un plazo de 30 días, la inclusión en la Metodología de Riesgo de Crédito lo referente a las garantías del producto “Capital de Trabajo para Concesionarias de Automóviles en la Adquisición y Venta de Taxis” para aprobación del Comité de Administración Integral de Riesgo, que consta en el numeral 3.1. 6 Garantías.

ARTÍCULO 7.- Encargar a la Gerencia de Gestión Estratégica que el monto de exposición de este producto sea monitoreado y que sea evaluado por la Subgerencia General de Negocios.

ARTÍCULO 8.- Encargar a la Gerencia de Operaciones Financieras, la creación y parametrización en el sistema del producto de crédito de primer piso de “Capital de Trabajo para Concesionarias de Automóviles en la Adquisición y Venta de Taxis”, y la revisión de las diferentes rutas, etapas y estaciones de cada funcionario de crédito, autorizador e instrumentador que va a intervenir en la instrumentación del crédito a nivel nacional.

ARTÍCULO 9.- Determinar la tasa de interés del producto Capital de Trabajo para Concesionarias de Automóviles en la Adquisición y Venta de Taxis, acorde al siguiente detalle, y disponer que se publique, a través del Comité ALCO, dicha tasa. Posteriormente, y conforme a sus atribuciones, el Comité ALCO podrá revisar la tasa de interés que se aplique al producto de acuerdo a la prima de riesgos u otros componentes que se calculen para el producto específico.

Capital de Trabajo Vehículos eléctricos: 7.50% reajustable para el siguiente subsegmento:
10 – Miércoles 25 de marzo de 2020    Registro Oficial Nº 169

Crédito Comercial Ordinario

Capital de Trabajo Vehículos de combustión fósil: 8.95% reajustable para el siguiente subsegmento:

Crédito Comercial Ordinario

ARTÍCULO 10.- Encargar a la Gerencia de Calidad hasta un plazo máximo de 30 días hábiles posterior a la aprobación del presente producto, los ajustes necesarios al manual de procedimientos para Análisis y aprobación del crédito de primer piso.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- La presente regulación entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Segunda.- Notifíquese a la Subgerencia General de Calidad y Desarrollo y a la Gerencia de Calidad para la actualización y publicación en la normativa institucional.

DADA, en la ciudad de Guayaquil, el 17 de febrero de 2020.- LO CERTIFICO.

f.) Econ. Juan Carlos Jácome Ruiz, Presidente.

f.) Mgtr. Rosana Anchundia Cajas, Secretaria General.

CORPORACIÓN  FINANCIERA  NACIONAL  B.P.-

CERTIFICO: Que es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que reposa en los Archivos de la Institución, compuesta de 5 Fojas.- Quito, 03 de marzo de 2020.- Nombre:....- f.) Secretaria General.

No. DIR-014-2020

EL DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL BANCA PÚBLICA

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución establece el principio de legalidad, mismo que señala: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley.”.

Que, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo 868, publicado en el Registro Oficial N° 676 de fecha 25 de enero del 2016, con el que se reorganiza a la Corporación Financiera Nacional B.P., señala que dicha institución es: “una entidad financiera pública, dedicada al financiamiento del sector productivo de bienes y servicios, así como proyectos

de desarrollo en el ámbito nacional e internacional. Buscará estimular la inversión productiva e impulsar el crecimiento económico sostenible, a través de apoyo financiero o no financiero a los sectores productivos, de bienes y servicios; así como de proyectos que contribuyan a la mejora de la competitividad nacional.”

Que, en el numeral 12 del artículo 375 del Código Orgánico Monetario y Financiero, señala que es competencia del Directorio: “Aprobar los reglamentos internos”.

Que, la Subgerencia General de Calidad y Desarrollo, mediante memorando Nro. CFN-B.P.-SGCD-2020-0033-M de 14 de febrero de 2020, señala:

“…La CFN B.P. siendo una institución financiera pública dedicada al financiamiento del sector productivo, de bienes y servicios, así como proyectos de desarrollo en el ámbito nacional e internacional, que busca estimular la inversión productiva e impulsar el crecimiento económico sostenible, a través del apoyo financiero o no financiero a los sectores productivos, de bienes y servicios; así como de proyectos que contribuyan a la mejora de la competitividad nacional; buscando mejorar y resaltar la gestión empresarial como fuente de competitividad a mediano y largo plazo, así mismo de acuerdo a nuestra misión que establece que “Impulsamos el desarrollo del país financiando los sueños de los ecuatorianos”, se propone el rediseño del producto financiero denominado Apoyo Productivo y Financiero para activo fijo - activo fijo combinado con capital de trabajo.

Esta propuesta de rediseño tiene la finalidad de incentivar al sector empresarial, y permitir el financiamiento de todo tipo de actividad económica sin perjuicio de su nivel de impacto de acuerdo a la metodología que la CFN B.P. ha establecido para dicho efecto, para aquellos sujetos de crédito que registren niveles de ventas anuales hasta USD 5´000.000,00.

Adicionalmente se propone permitir que los clientes CFN puedan solicitar líneas adicionales de capital de trabajo y se plantea incrementar el monto máximo de financiamiento para brindar mejores condiciones a nuestros clientes y potenciales clientes.

De acuerdo a lo estipulado en el Estatuto Orgánico por Procesos, correspondiente a las atribuciones y responsabilidades de la Gerencia de Desarrollo de Productos y Servicios, que indica en el literal g: “Solicitar la evaluación de viabilidad financiera, legal, de riesgos y socio ambiental, de ser el caso, de los productos o servicios financieros y no financieros diseñados o rediseñados”, se solicitaron los pronunciamientos correspondientes dentro del ámbito de acción, según memorando Nro. CFN-B.P.-GDPS-2020-0018-M del 05 de febrero de 2020, y posteriormente se envió como alcance al Memorando CFN-BP.-GDPS-2020-0018-M mediante memorando Nro. CFN-B.P.-GDPS-2020-0024-M del 06 de febrero
Registro Oficial Nº 169    Miércoles 25 de marzo de 2020 – 11
 

de 2020.

Se recibieron los pronunciamientos de las respectivas áreas con sus recomendaciones las mismas que han sido recogidas en el informe final de Propuesta de Rediseño al Producto: Apoyo Productivo y Financiero para Activo Fijo - Activo Fijo combinado con Capital de Trabajo.

Con base en los antecedentes expuestos, y de acuerdo a lo estipulado en el Estatuto Orgánico por Procesos, correspondiente a las atribuciones y responsabilidades de la Subgerencia General de Calidad y desarrollo, que menciona en el literal g: “Dirigir el diseño o rediseño, en coordinación con las áreas competentes, de los productos y servicios financieros, así como de programas o productos especiales, que considere todos los requerimientos de mercado, técnicos, financieros, legales, operativos, documentales y tecnológicos necesarios”, por lo cual la Subgerencia General de Calidad y desarrollo recomienda al Directorio de la Institución incluir en agenda para su aprobación el rediseño del Producto Financiero Apoyo Productivo y Financiero para Activo Fijo - Activo Fijo combinado con Capital de Trabajo…”

Por:

    •    Para            subsegmentos    
BENEFICIARIOS        Microcrédito,        PYMES   y    
        Empresarial:    financiamiento    
        de    todas  las        actividades    
        financiables.                
    •    Para            subsegmento    
        Corporativo:    financiamiento    
        de    actividades    económicas    
        de  alto  impacto  según  a    
        Metodología        de    Cálculo    
        del Nivel de impacto de las    
        Actividades Financiables.    
                            

ARTÍCULO 2.- En la normativa CFN; Libro I: Normativa sobre Operaciones; Subtítulo II: Manual de Productos Financieros; Capítulo 4: Condiciones Generales de los Productos de primer piso; Numeral 3,1: Apoyo productivo y financiero para activo fijo - activo fijo combinado con capital de trabajo, “Porcentaje de Financiamiento”, Sustituir:

Vigente:
 

Que, el economista Pablo Patiño Rodríguez, Gerente General, dispone dentro de la agenda de Directorio, se envíe para conocimiento y aprobación del Directorio, la Reforma Normativa por rediseño del producto Apoyo Productivo y Financiero para activo fijo- Activo Fijo combinado con Capital de Trabajo, en atención al memorando Nro CFN-B.P.-SGCD-2020-0033-M de 14 de febrero de 2020.

Debidamente motivado, en ejercicio de sus atribuciones,

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- En la normativa CFN; Libro I: Normativa sobre Operaciones; Subtítulo II: Manual de Productos Financieros; Capítulo 4: Condiciones Generales de los


PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO


•   Para    clientes    nuevos:
El    monto   del    nuevo
financiamiento    deberá
ser de al menos el 30% del monto total de las operaciones refinanciadas y podrá alcanzar el 100% de la inversión necesaria para la ampliación a efectuarse.

•    Para clientes CFN: podrán aplicar refinanciamiento sin necesidad de crédito nuevo. 

Productos de primer piso; Numeral 3,1: Apoyo productivo y financiero para activo fijo - activo fijo combinado con capital de trabajo, “Beneficiarios”; Sustituir:

Por:
igente:

    •    Para    subsegmentos
        Microcrédito    y    PYMES:
BENEFICIARIOS        financiamiento    de    todas las
        actividades financiables.
    •    Para    subsegmentos
        Empresarial y    Corporativo:
        financiamiento        de
        actividades    económicas
        de  alto  impacto  según  la
        Metodología    de    Cálculo
        del Nivel de impacto de las
        Actividades Financiables.
                

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO

•   Para    clientes    nuevos:
El    monto    del    nuevo
financiamiento    deberá    ser
de al menos    el    30%    del
monto total de los pasivos a ser financiados y podrá alcanzar el 100% de la inversión necesaria para la ampliación a efectuarse.

•    Para clientes CFN: podrán aplicar al financiamiento de pasivos, sin necesidad de crédito nuevo. Así mismo podrán solicitar líneas adicionales de capital de trabajo. 
12 – Miércoles 25 de marzo de 2020    Registro Oficial Nº 169
 

ARTÍCULO 3.- En la normativa CFN; Libro I: Normativa sobre Operaciones; Subtítulo II: Manual de Productos Financieros; Capítulo 4: Condiciones Generales de los Productos de primer piso; Numeral 3,1: Apoyo productivo y financiero para activo fijo - activo fijo combinado con capital de trabajo, “Monto Máximo de Financiamiento”; Sustituir:

Vigente:

MONTO    USD 4.000.000,00 por sujeto
MAXIMO DE    de crédito o miembro de
FINANCIAMIENTO    grupo económico.
    
Por:    
    
MONTO    USD 10.000.000,00 por
MAXIMO DE    sujeto de crédito o miembro
FINANCIAMIENTO    de grupo económico.
    

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Encargar a la Gerencia de Desarrollo de Productos y Servicios coordinar la implementación del presente rediseño de producto con las áreas involucradas y la difusión de las condiciones del producto a las áreas competentes, debiendo observar principalmente para el presente producto las modificaciones en los módulos informáticos que así lo demanden.

SEGUNDA.- La presente regulación entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

TERCERA.- Notifíquese a Secretaría General para el envío al Registro Oficial y a la Gerencia de Calidad para la actualización en el repositorio de la normativa institucional.


DADA, en la ciudad de Guayaquil, el 17 de febrero de 2020.- LO CERTIFICO.

f.) Econ. Juan Carlos Jácome Ruiz, Presidente.

f.) Mgtr. Rosana Anchundia Cajas, Secretaria General.

CORPORACIÓN  FINANCIERA  NACIONAL  B.P.-

CERTIFICO: Que es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que reposa en los Archivos de la Institución, compuesta de 3 Fojas.- Quito, 28 de febrero de 2020.- Nombre:....- f.) Secretaria General.

No. DIR-015-2020

EL DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL BANCA PÚBLICA

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución establece el principio de legalidad, mismo que señala: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley.”.

Que, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo 868, publicado en el Registro Oficial N° 676 de fecha 25 de enero del 2016, con el que se reorganiza a la Corporación Financiera Nacional B.P., señala que dicha institución es: “una entidad financiera pública, dedicada al financiamiento del sector productivo de bienes y servicios, así como proyectos de desarrollo en el ámbito nacional e internacional. Buscará estimular la inversión productiva e impulsar el crecimiento económico sostenible, a través de apoyo financiero o no financiero a los sectores productivos, de bienes y servicios; así como de proyectos que contribuyan a la mejora de la competitividad nacional.”

Que, en el numeral 12 del artículo 375 del Código Orgánico Monetario y Financiero, señala que es competencia del Directorio: “Aprobar los reglamentos internos”.

Que, la Subgerencia General de Calidad y Desarrollo, mediante memorando Nro. CFN-B.P.-SGCD-2020-0034-M de 14 de febrero de 2020 señala:

“Con la finalidad de que se incluya en el orden del día para conocimiento y aprobación del Directorio Institucional, adjunto al presente memorando Nro. CFN-B.P.-SGCD-2020-0029-M de fecha 13 de febrero de 2020, que contiene propuesta de Reforma a la Normativa CFN, referente al Monto Máximo de Financiamiento que consta dentro de la Política de Operaciones Activas y Contingentes de la CFN B.P.

La propuesta cuenta con el respectivo informe de conformidad favorable emitido por la Gerencia de Calidad y por la Subgerencia de Asesoría Legal.

Mediante Memorando Nro. CFN-B.P.-GEGE-2020-0096-M, de fecha 13 de febrero de 2020 emitido por el Gerente de Gestión Estratégica, mencionando en su parte pertinente lo siguiente:

“En contestación a lo resuelto por el Comité de Activos y Pasivos (ALCO) el día 12 de febrero de 2020, donde se solicitó a esta Gerencia lo siguiente (citado textualmente):

“(...) Elaborar un informe sobre la viabilidad de incrementar los montos máximos de financiamiento

egistro Oficial Nº 169    Miércoles 25 de marzo de 2020 – 13
 

por sujeto de crédito y grupo económico, y presentar dicha propuesta al Directorio (...), sírvase encontrar adjunto en la presente el informe solicitado.”

Adjunto al documento CFN-B.P.-GEGE-2020-0096-M se encuentra el Informe para el Incremento de límite de Aprobaciones de Crédito, el cual contiene la siguiente propuesta:

“3. Propuesta

Con base en los argumentos expuestos en el presente documento se propone que los límites para aprobación de crédito establecidos mediante regulación DIR-021-2019 del 25 de marzo de 2019 sean derogados y vuelvan a aquellos vigentes antes de dicha regulación, es decir USD 25 millones por sujeto de crédito y 50 para grupos económicos.

La aplicación de este cambio también estaría enfocada a la atención de solicitudes de montos mayores de créditos, con el objetivo de no limitar la gestión institucional, ni restringir el logro de las metas planteadas, el cual para aprobaciones bordea los USD 753 mdd y para desembolsos USD 872,7 mdd sin PFB ambos rubros, adicionalmente es importante indicar que en estas metas se encuentra imputado USD 150 mdd de segundo piso, lo que implica que el nivel de cobertura a través de los productos ofrecidos está totalmente cubierta para cada subsegmento por atender por parte de la CFN B.P.”

Que, el economista Pablo Patiño Rodríguez, Gerente General, dispone dentro de la agenda de Directorio, se envíe para conocimiento y aprobación del Directorio, la Reforma Normativa de la Política de Operaciones Activas y Contingentes de la CFN B.P: Monto máximo de Financiamiento, en atención al memorando N°CFN-B.P.-SGCD-2020-0034-M de 14 de febrero de 2020.

Debidamente motivado, en ejercicio de sus atribuciones,

    Resuelve:        
ARTÍCULO    1.-  En  la    Normativa    de    CFN,  Libro
I  Operaciones,  Título  I:  Operaciones    Activas  y
Contingentes,    Subtítulo.    I:  Política    de    Operaciones
Activas y Contingentes, numeral 4 Políticas Generales, subnumeral 4.14 Monto Máximo de Financiamiento,

Reemplazar:

Donde Dice:

“De acuerdo a los límites de exposición establecidos por CFN. Para el mecanismo de primer piso hasta USD 15 millones por sujeto de crédito y USD 30 millones por grupo económico, con excepción a los participantes del sector inmobiliario o construcción, cuyos montos máximos de financiamiento serán de USD 25 millones por sujeto de crédito y USD 50 millones por grupo económico.”

Debe Decir:

“De acuerdo a los límites de exposición establecidos por CFN. Para el mecanismo de primer piso hasta USD 25 millones por sujeto de crédito y hasta USD 50 millones por grupo económico.”

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- La presente regulación entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Segunda.- Notifíquese a la Gerencia de Calidad para la actualización en la normativa institucional y a Secretaría General para el envío al Registro Oficial.

DADA, en la ciudad de Guayaquil, el 17 de febrero de 2020.- LO CERTIFICO.

f.) Econ. Juan Carlos Jácome Ruiz, Presidente.

f.) Mgtr. Rosana Anchundia Cajas, Secretaria General.

CORPORACIÓN  FINANCIERA  NACIONAL  B.P.-

CERTIFICO: Que es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que reposa en los Archivos de la Institución, compuesta de 3 Fojas.- Quito, 28 de febrero de 2020.- Nombre:....- f.) Secretaria General.


No. MPCEIP-SC-2020-0078-R

Quito, 17 de febrero de 2020

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD

Considerando:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características”;

Que, la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad establece: el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, tiene como objetivo establecer el marco jurídico destinado a: “i) Regular los principios, políticas y entidades relacionados con las actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad, que facilite el cumplimiento de los compromisos internacionales en esta materia; ii)
14 – Miércoles 25 de marzo de 2020    Registro Oficial Nº 169

Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad ecuatoriana”;

Que, el Artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 338, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 263 del 9 de Junio de 2014 establece: “Sustitúyanse las denominaciones del Instituto Ecuatoriano de Normalización por Servicio Ecuatoriano de Normalización. (…)”;

Que, de conformidad con el Artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, dispone que las normas técnicas ecuatorianas, códigos, guías de práctica, manuales y otros documentos técnicos de autoría del INEN deben estar al alcance de todos los ciudadanos sin excepción, a fin de que se divulgue su contenido sin costo;

Que, mediante Resolución No. 13012 del 07 de febrero de 2013, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 904 del 04 de marzo de 2013, se oficializó con el carácter de VOLUNTARIA la Segunda revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 489:2013 CEMENTO

HIDRÁULICO. DETERMINACIÓN DE LA FINURA POR TAMIZADO SECO;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 559 del 14 de noviembre de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 387 del 13 de diciembre de 2018, en su artículo 1 se decreta “Fusiónese por absorción al Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones las siguientes instituciones: el Ministerio de Industrias y Productividad, el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras, y el Ministerio de Acuacultura y Pesca”; y en su artículo 2 dispone “Una vez concluido el proceso de fusión por absorción, modifíquese la denominación del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones a Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca”;

Que, en la normativa Ibídem en su artículo 3 dispone “Una vez concluido el proceso de fusión por absorción, todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones, y delegaciones constantes en leyes, decretos, reglamentos, y demás normativa vigente, que le correspondían al Ministerio de Industrias y Productividad, al Instituto de Promoción de Exportaciones, e Inversiones Extranjeras, y el Ministerio de Acuacultura y Pesca, serán asumidas por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca”;

Que, el Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN, ha desarrollado un proceso de revisión sistemática de documentos normativos, cuya vigencia sea superior a 5 años desde su publicación en el registro oficial;
 

Que, para la ejecución de lo manifestado en el inciso anterior, se establecieron cinco fases de desarrollo: análisis de información socioeconómica de acuerdo a la metodología de ISO, análisis del estado de la técnica (bibliografía y referencia normativa), análisis del ente de control identificado, valoración técnica, y consulta pública a todas las partes interesadas;

Que, mediante Informe Técnico General No. INEN-DNO-105 de 12 de septiembre de 2019, elaborado por el Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN, se emite criterio técnico y se recomienda gestionar el retiro de la Segunda revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana

NTE INEN 489:2013 CEMENTO HIDRÁULICO. DETERMINACIÓN DE LA FINURA POR TAMIZADO SECO;

Que, mediante oficio No. INEN-INEN-2018-1543-OF de 03 de diciembre de 2019, el Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN, solicita a la Subsecretaría de Calidad el retiro de la Segunda revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 489:2013 CEMENTO

HIDRÁULICO. DETERMINACIÓN DE LA FINURA POR TAMIZADO SECO;

Que, mediante Informe Técnico realizado por la Dirección de Gestión Estratégica de la Calidad de la Subsecretaría de Calidad, contenido en la Matriz de Revisión No. ELI-0033 de fecha 14 de enero de 2020, se procedió a la aprobación técnica, y se recomendó continuar con el proceso de eliminación de la Segunda revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 489:2013

CEMENTO HIDRÁULICO. DETERMINACIÓN DE LA FINURA POR TAMIZADO SECO;

Que, de conformidad con el último inciso del Articulo 8 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el Ministerio de Industrias y Productividad es la institución rectora del Sistema Ecuatoriano de la Calidad; de igual manera con el literal f) del Artículo 17 de la Ley Ibídem que establece:

“En relación con el INEN, corresponde al Ministerio de Industrias y Productividad; aprobar las propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, en el ámbito de su competencia (…)”, en consecuencia es competente para aprobar la derogación y retiro de la Segunda revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 489:2013

CEMENTO HIDRÁULICO. DETERMINACIÓN DE LA FINURA POR TAMIZADO SECO, mediante su publicación en el Registro Oficial, a fin de que exista un justo equilibrio de intereses entre proveedores y consumidores;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 11446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 599 del 19 de diciembre de 2011, la Ministra de Industrias y Productividad delega a la Subsecretaria de la Calidad la facultad de aprobar y oficializar las propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad propuestos por el INEN, en el ámbito de su competencia, de conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su reglamento general; y,
Registro Oficial Nº 169    Miércoles 25 de marzo de 2020 – 15
 

En ejercicio de las facultades que le concede la Ley,

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- Derogar en su totalidad la Segunda revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN
489:2013 (Cemento hidráulico. Determinación de la

finura por tamizado seco), contenida en la Resolución No. 13012 del 07 de febrero de 2013, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 904 del 04 de marzo de 2013.


ARTÍCULO 2.- Disponer al Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, que de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, retire de su catalogo de normas técnicas, la Segunda revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 489:2013

CEMENTO HIDRÁULICO. DETERMINACIÓN DE LA FINURA POR TAMIZADO SECO, disponible en la página web de esa institución, www.normalizacion.gob. ec.


ARTÍCULO 3.- La presente Resolución entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial. 17 de febrero de 2020.

Documento firmado electrónicamente

Ing. Hugo Manuel Quintana Jedermann, Subsecretario de Calidad.

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA.- CERTIFICA.-ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN SECRETARÍA GENERAL.- FECHA: 19 DE FEBRERO DE 2020.- FIRMA: Ilegible.

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Y OBRAS PÚBLICAS

No. 110-2020

SUBSECRETARIO ZONAL 7

Considerando:

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 860, de fecha 21 de agosto de 2019, el Licenciado Lenin Moreno Garcés, Presidente de la República del Ecuador, designa al Eco. José Gabriel Martínez Castro, como Ministro de Transporte y Obras Públicas;

Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución del Ecuador, determina que además de las atribuciones de las Ministras y Ministros de Estado, están las de ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Que, el numeral 13 y 17 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador consagra”… El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria”,

Que, el Título XXX, Libro I del Código Civil vigente, faculta la concesión de personería jurídica a corporaciones y fundaciones, como organizaciones de derecho privado, con finalidad social y sin fines de lucro;

Que, en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana se propicia, fomenta y garantiza el ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y ciudadanos, comunidades y pueblos indígenas, montubios y afroecuatorianos y demás formas de Asociación lícita, con el propósito de fortalecer el poder ciudadano y sentar las bases para el funcionamiento de la democracia participativa, así como las iniciativas de rendición de cuentas y control social;

Que, el artículo 54 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva establece que la titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentrados en otros jerárquicamente dependientes de aquellos;

Que, el artículo 1 del Reglamento Para El Otorgamiento De Personalidad Jurídica A Las Organizaciones Sociales, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193, de fecha 23 de octubre de 2017 y publicado en el Registro Oficial suplemento 109 de fecha 27 de octubre de 2017, manifiesta que el objeto del presente Reglamento es regular, simplificar y racionalizar los requisitos para el otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones sociales ciudadanas que voluntariamente lo soliciten, por parte de las instituciones competentes del Estado;

Que, el Capítulo II, Art. 12 y 13 del Reglamento Para El Otorgamiento De Personalidad Jurídica A Las Organizaciones Sociales, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193, de fecha 23 de octubre de 2017 y publicado en el Registro Oficial suplemento 109 de fecha 27 de octubre de 2017, establece los requisitos y procedimientos para la aprobación de los Estatutos y otorgamiento de la Personalidad Jurídica.

Que, el Art. 7 del Reglamento Para El Otorgamiento De Personalidad Jurídica A Las Organizaciones Sociales, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193, de fecha 23 de octubre de 2017 y publicado en el Registro Oficial suplemento 109 de fecha 27 de octubre de 2017 con respecto a los deberes de las instituciones competentes para otorgar personalidad jurídica a las organizaciones sociales sin fines de lucro que voluntariamente lo requieran, las instituciones competentes del Estado, de acuerdo a sus competencias específicas, observarán que los actos
16 – Miércoles 25 de marzo de 2020    Registro Oficial Nº 169

relacionados con la constitución, aprobación, reforma y codificación de estatutos, disolución, liquidación, registro y demás actos que tengan relación con la vida jurídica de las organizaciones sociales, se ajusten a las disposiciones constitucionales, legales y al presente Reglamento…,

Que, El Art. 4 del Acuerdo Ministerial Nro. 007-2016, de fecha 17 de febrero de 2016, autoriza a las Subsecretarias de Transporte Terrestre…., a administrar los expedientes y expedir los actos administrativos de personalidad jurídica, registros de directivas, disolución y liquidación entre otros….

Que, El Art. 6 del Acuerdo Ministerial Nro. 007-2016, de fecha 17 de febrero de 2016, Los Subsecretarios Zonales conforme lo establece el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del MTOP, tiene como atribuciones y responsabilidades entre otras, aprobar la conformación y otorgar personalidad jurídica a las Organizaciones y Asociaciones de Conservación Vial,……

Que, El numeral 3.5, Procesos Desconcentrados.- 3.5.1 Subsecretaría Zonal.- 3.5.1.1. Proceso Gobernante, numeral 9, del Acuerdo Ministerial Nro. 0059 de fecha 17 de julio de 2015, (Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas), está la de aprobar la conformación y otorgar personería jurídica de las organizaciones y asociaciones de conservación vial, con plena observancia de las normas legales y reglamentarias vigentes (microempresas) de los diferentes modos de transporte.

Que, mediante Acta Constitutiva de fecha 25 de enero de 2020, se constituye la ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL “LAS CASCADAS”, ubicada en el barrio Suro, parroquia Yangana, cantón Loja, provincia de Loja, Km. 25 de la Vía principal Vilcabamba-Yangana, junto a la Escuela Ricardo Sotomayor (domicilio del señor Pepe Ramiro Iñiguez Cabrera), teléfono 0980957637 – [email protected]

Que, mediante Actas de Asambleas Extraordinarias de fecha 01 y 08 de febrero de 2020, respectivamente, se realiza el primero y segundo debate, análisis, estudio y aprobación de los Estatutos.

Que, mediante oficio S/N de fecha 10 de febrero de 2020, e ingresado a esta Subsecretaría con registro Nro. MTOP-SUBZ7-2020-0083-EXT., el señor Luis Alfonso Armijos Delgado, en calidad de Secretario Ejecutivo Provisional de la ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL “LAS CASCADAS”, adjunta la documentación respectiva; y, solicita la aprobación de los Estatutos y la concesión de Personalidad Jurídica para la ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL “LAS CASCADAS”, con observancia de las normas previstas para la aprobación de estatutos, reformas y condiciones; liquidación, disolución y registro de socios y directivas de las organizaciones previstas en el Reglamento Para El Otorgamiento De Personalidad Jurídica A Las Organizaciones Sociales, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193, de fecha 23 de octubre de 2017 y publicado en el Registro Oficial suplemento 109 de fecha 27 de octubre de 2017,

en concordancia con el Título III del Acuerdo Ministerial Nro. 007-2016, de fecha 17 de febrero de 2016 del Ministerio de transporte y Obras Públicas, Código Civil y demás Leyes.

Que, mediante Memorando Nro. MTOP-AJSUB7-2020-0057-M, de fecha 14 de febrero de 2020, suscrito por el Dr. Diego Cárdenas Chiriboga, Coordinador Jurídico Zonal, emite informe favorable para la aprobación de los estatutos y concesión de personalidad jurídica, a la ASOCIACIÓN DE CONSERVACION VIAL “LAS CASCADAS”.


En uso de las facultades que le confiere el Acuerdo Ministerial Nro. 0059 de fecha 17 de julio de 2015, (Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas) en su numeral 3.5, Procesos Desconcentrados.- 3.5.1 Subsecretaría Zonal.- 3.5.1.1. Proceso Gobernante, numeral 9, en concordancia con el Art. 6 del Acuerdo Ministerial Nro. 007-2016, de fecha 17 de febrero de 2016. (Instructivo para normar los trámites de las Organizaciones Sociales bajo la competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas).

Resuelve:

Art. 1.- Conceder la personalidad jurídica propia de derecho privado a la ASOCIACIÓN DE CONSERVACION VIAL “LAS CASCADAS”, ubicada en el barrio Suro, parroquia Yangana, cantón Loja, provincia de Loja, Km. 25 de la Vía principal Vilcabamba-Yangana, junto a la Escuela Ricardo Sotomayor (domicilio del señor Pepe Ramiro Iñiguez Cabrera), teléfono 0980957637 – [email protected]

Art. 2.- Aprobar sin modificar el texto del Estatuto de la ASOCIACIÓN DE CONSERVACION VIAL “LAS CASCADAS” a que se refiere el artículo precedente.

Art. 3.- Disponer que la ASOCIACIÓN DE CONSERVACION VIAL “LAS CASCADAS”, una vez adquirida la personalidad jurídica, elegirán su directiva definitiva, la misma que tendrá una duración de DOS AÑOS; y, la remitirá mediante oficio a conocimiento del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (Subsecretaria Zonal 7), dentro del plazo de treinta (30) días para el registro pertinente, adjuntando la documentación establecida en el Art. 16 del Reglamento Para El Otorgamiento De Personalidad Jurídica A Las Organizaciones Sociales, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193, de fecha 23 de octubre de 2017 y publicado en el Registro Oficial suplemento 109 de fecha 27 de octubre de 2017, en concordancia con el Art. 14 del Acuerdo Ministerial Nro. 007-2016 de fecha 17 de febrero de 2016 (Instructivo para Normar los Trámites de las Organizaciones Sociales que están bajo la competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas), igual procedimiento se observará para posteriores registros de Directivas.

Art. 4.- Disponer al funcionario encargado del custodio y archivo de las Organizaciones de Conservación Vial de la Subsecretaria Zonal 7, registrar en el expediente y mantenerlo debidamente actualizado.
Registro Oficial Nº 169    Miércoles 25 de marzo de 2020 – 17

Art. 5.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Hágase conocer por escrito a los interesados, y se proceda a su publicación en el Registro Oficial a través del funcionario encargado de las organizaciones de conservación vial de la Subsecretaria Zonal 7.-COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.

Dado en la ciudad de Loja, a los 14 días del mes de febrero de 2020.

f.) Ing. Fredy Oswaldo Altamirano Arias, Subsecretaria Zonal 7.

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Y OBRAS PÚBLICAS

No. 111-2020

SUBSECRETARIO ZONAL 7

Considerando:

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 860, de fecha 21 de agosto de 2019, el Licenciado Lenin Moreno Garcés, Presidente de la República del Ecuador, designa al Eco. José Gabriel Martínez Castro, como Ministro de Transporte y Obras Públicas;

Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución del Ecuador, determina que además de las atribuciones de las Ministras y Ministros de Estado, están las de ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Que, el numeral 13 y 17 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador consagra”… El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria”,

Que, el Título XXX, Libro I del Código Civil vigente, faculta la concesión de personería jurídica a corporaciones y fundaciones, como organizaciones de derecho privado, con finalidad social y sin fines de lucro;

Que, en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana se propicia, fomenta y garantiza el ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y ciudadanos, comunidades y pueblos indígenas, montubios y afroecuatorianos y demás formas de Asociación lícita, con el propósito de fortalecer el poder ciudadano y sentar las bases para el funcionamiento de la democracia participativa, así como las iniciativas de rendición de cuentas y control social;

Que, el artículo 54 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva establece que la titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentrados en otros jerárquicamente dependientes de aquellos;

Que, el artículo 1 del Reglamento Para El Otorgamiento De Personalidad Jurídica A Las Organizaciones Sociales, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193, de fecha 23 de octubre de 2017 y publicado en el Registro Oficial suplemento 109 de fecha 27 de octubre de 2017, manifiesta que el objeto del presente Reglamento es regular, simplificar y racionalizar los requisitos para el otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones sociales ciudadanas que voluntariamente lo soliciten, por parte de las instituciones competentes del Estado;

Que, el Capítulo II, Art. 12 y 13 del Reglamento Para El Otorgamiento De Personalidad Jurídica A Las Organizaciones Sociales, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193, de fecha 23 de octubre de 2017 y publicado en el Registro Oficial suplemento 109 de fecha 27 de octubre de 2017, establece los requisitos y procedimientos para la aprobación de los Estatutos y otorgamiento de la Personalidad Jurídica.

Que, el Art. 7 del Reglamento Para El Otorgamiento De Personalidad Jurídica A Las Organizaciones Sociales, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193, de fecha 23 de octubre de 2017 y publicado en el Registro Oficial suplemento 109 de fecha 27 de octubre de 2017 con respecto a los deberes de las instituciones competentes para otorgar personalidad jurídica a las organizaciones sociales sin fines de lucro que voluntariamente lo requieran, las instituciones competentes del Estado, de acuerdo a sus competencias específicas, observarán que los actos relacionados con la constitución, aprobación, reforma y codificación de estatutos, disolución, liquidación, registro y demás actos que tengan relación con la vida jurídica de las organizaciones sociales, se ajusten a las disposiciones constitucionales, legales y al presente Reglamento…,

Que, El Art. 4 del Acuerdo Ministerial Nro. 007-2016, de fecha 17 de febrero de 2016, autoriza a las Subsecretarias de Transporte Terrestre…., a administrar los expedientes y expedir los actos administrativos de personalidad jurídica, registros de directivas, disolución y liquidación entre otros….

Que, El Art. 6 del Acuerdo Ministerial Nro. 007-2016, de fecha 17 de febrero de 2016, Los Subsecretarios Zonales conforme lo establece el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del MTOP, tiene como atribuciones y responsabilidades entre otras, aprobar la conformación y otorgar personalidad jurídica a las Organizaciones y Asociaciones de Conservación Vial,……

Que, El numeral 3.5, Procesos Desconcentrados.- 3.5.1 Subsecretaría Zonal.- 3.5.1.1. Proceso Gobernante,
18 – Miércoles 25 de marzo de 2020    Registro Oficial Nº 169

numeral 9, del Acuerdo Ministerial Nro. 0059 de fecha 17 de julio de 2015, (Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas), está la de aprobar la conformación y otorgar personería jurídica de las organizaciones y asociaciones de conservación vial, con plena observancia de las normas legales y reglamentarias vigentes (microempresas) de los diferentes modos de transporte.

Que, mediante Acta Constitutiva de fecha 01 de febrero de 2020, se constituye la ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL “INKA ÑAN”, ubicado en el barrio Cocal, parroquia Carigan, cantón Loja, provincia de Loja, junto al parque central de Carigan (domicilio de la señora María Cisne Andrade Morocho), teléfono 0867580350 – [email protected]

Que, mediante Actas de Asambleas Extraordinarias de fecha 01 y 08 de febrero de 2020, respectivamente, se realiza el primero y segundo debate, análisis, estudio y aprobación de los Estatutos.

Que, mediante oficio S/N de fecha 15 de febrero de 2020, e ingresado a esta Subsecretaría con registro Nro. MTOP-SUBZ7-2020-0084-EXT., la señora Martha Cecilia Macas Morocho, en calidad de Secretaria Ejecutiva Provisional de la ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL “INKA ÑAN”, adjunta la documentación respectiva; y, solicita la aprobación de los Estatutos y la concesión de Personalidad Jurídica para la ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL “INKA ÑAN”, con observancia de las normas previstas para la aprobación de estatutos, reformas y condiciones; liquidación, disolución y registro de socios y directivas de las organizaciones previstas en el Reglamento Para El Otorgamiento De Personalidad Jurídica A Las Organizaciones Sociales, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193, de fecha 23 de octubre de 2017 y publicado en el Registro Oficial suplemento 109 de fecha 27 de octubre de 2017, en concordancia con el Título III del Acuerdo Ministerial Nro. 007-2016, de fecha 17 de febrero de 2016 del Ministerio de transporte y Obras Públicas, Código Civil y demás Leyes.

Que, mediante Memorando Nro. MTOP-AJSUB7-2020-0060-M, de fecha 17 de febrero de 2020, suscrito por el Dr. Diego Cárdenas Chiriboga, Coordinador Jurídico Zonal, emite informe favorable para la aprobación de los estatutos y concesión de personalidad jurídica, a la ASOCIACIÓN DE CONSERVACION VIAL “INKA ÑAN”.


En uso de las facultades que le confiere el Acuerdo Ministerial Nro. 0059 de fecha 17 de julio de 2015, (Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas) en su numeral 3.5, Procesos Desconcentrados.- 3.5.1 Subsecretaría Zonal.- 3.5.1.1. Proceso Gobernante, numeral 9, en concordancia con el

Art. 6 del Acuerdo Ministerial Nro. 007-2016, de fecha 17 de febrero de 2016. (Instructivo para normar los trámites de las Organizaciones Sociales bajo la competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas).

Resuelve:

Art. 1.- Conceder la personalidad jurídica propia de derecho privado a la ASOCIACIÓN DE CONSERVACION VIAL “INKA ÑAN”, ubicado en el barrio Cocal, parroquia Carigan, cantón Loja, provincia de Loja, junto al parque central de Carigan (domicilio de la señora María Cisne Andrade Morocho), teléfono 0867580350 – [email protected] gmail.com.

Art. 2.- Aprobar sin modificar el texto del Estatuto de la ASOCIACIÓN DE CONSERVACION VIAL “INKA ÑAN” a que se refiere el artículo precedente.

Art. 3.- Disponer que la ASOCIACIÓN DE CONSERVACION VIAL “INKA ÑAN”, una vez adquirida la personalidad jurídica, elegirán su directiva definitiva, la misma que tendrá una duración de DOS AÑOS; y, la remitirá mediante oficio a conocimiento del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (Subsecretaria Zonal 7), dentro del plazo de treinta (30) días para el registro pertinente, adjuntando la documentación establecida en el Art. 16 del Reglamento Para El Otorgamiento De Personalidad Jurídica A Las Organizaciones Sociales, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193, de fecha 23 de octubre de 2017 y publicado en el Registro Oficial suplemento 109 de fecha 27 de octubre de 2017, en concordancia con el Art. 14 del Acuerdo Ministerial Nro. 007-2016 de fecha 17 de febrero de 2016 (Instructivo para Normar los Trámites de las Organizaciones Sociales que están bajo la competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas), igual procedimiento se observará para posteriores registros de Directivas.

Art. 4.- Disponer al funcionario encargado del custodio y archivo de las Organizaciones de Conservación Vial de la Subsecretaria Zonal 7, registrar en el expediente y mantenerlo debidamente actualizado.

Art. 5.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Hágase conocer por escrito a los interesados, y se proceda a su publicación en el Registro Oficial a través del funcionario encargado de las organizaciones de conservación vial de la Subsecretaria Zonal 7.-COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.

Dado en la ciudad de Loja, a los 18 de febrero de 2020.

f.) Ing. Fredy Oswaldo Altamirano Arias, Subsecretaria Zonal 7.
Registro Oficial Nº 169    Miércoles 25 de marzo de 2020 – 19

Nro. DGAC-YA-2020-0009-R

Quito, D.M., 18 de febrero de 2020

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 226, dispone que las Instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley;

Que, con Oficio S/N de 11 de diciembre de 2019, ingresado en el Sistema de Gestión Documental QUIPUX de la entidad con número de registro DGAC-AB-2019-11456-E de la misma fecha, la apoderada especial de LATAM AIRLINES ECUADOR S.A., en el párrafo “III. Solicitud” indica que “Por lo anteriormente expuesto, considerando que el Código Compartido, hoy en día, es el mecanismo de cooperación empresarial más recurrido por las líneas aéreas para la operación y comercialización de los servicios de transporte aéreo internacional; mecanismo que está asociado con el ejercicio de los derechos de tráfico y que este tipo de acuerdos favorece a la industria y economía de las líneas aéreas para permitir un mejor acceso y presencia en el mercado, atentamente solicito prestar la correspondiente aprobación”;

Que, mediante Decreto Nro. 156/2013 de 20 de noviembre del 2013, se dispuso la reorganización del Consejo Nacional de Aviación Civil y se transfirieron dos de sus competencias a la Dirección General de Aviación Civil, siendo una de ellas, la de “conocer y aprobar los convenios o contratos de cooperación comercial que incluyan: Código Compartido, Arreglos de Espacios Bloqueados, Arriendos en Wet Lease e Interlíneas”, por tanto, en virtud de este instrumento legal, el Director General de Aviación Civil es competente para conocer y resolver este tipo de solicitudes;

Que, el literal d) del Art. 4 de la Codificación de la Ley de Aviación Civil, establece como una atribución del Consejo Nacional de Aviación Civil el “Conocer y aprobar los convenios o contratos de cooperación comercial que incluyan: Código Compartido, Arreglos de Espacios Bloqueados, Arriendos en Wet Lease e interlíneas.

(…)

En casos de Código Compartido y Arreglos de Espacios Bloqueados, el transportador aéreo que operara el tramo sujeto a este convenio deberá ser calificado y certificado por su autoridad aeronáutica…”;

Que, el Art. 130 del Código Aeronáutico codificado establece que: “El beneficiario de una concesión o permiso de operación que pretenda concertar acuerdos con otras empresas que signifiquen arreglos o explotación en común, consolidación o fusión de sus servicios,

actividades o negocios, y que tengan relación con la concesión o permiso de operación otorgado, deberán someterlos, debidamente fundamentados, a la aprobación previa de la autoridad aeronáutica competente”;

Que, el Reglamento de Permisos de Operación para la Prestación de los Servicios de Transporte Aéreo Comercial regula lo relativo a los convenios de cooperación comercial en el Título VI, Arts. 60, 61, 62, 63, 64 de la siguiente manera:

“Art. 60.- Convenio de Cooperación Comercial.- El beneficiario de un permiso de operación que pretenda concertar acuerdos con otras aerolíneas que signifiquen: explotación en común; consolidación o fusión de sus servicios, actividades o negocios; códigos compartidos; y, otros que tengan relación con el permiso de operación otorgado, deberán someterlos debidamente fundamentados, a la aprobación previa de la Dirección General de Aviación Civil.

Los documentos otorgados en territorio extranjero se presentarán en idioma castellano legalizado por un agente diplomático o consular del Ecuador acreditado en ese territorio de conformidad a los tratados internacionales suscritos por el Ecuador, salvo que ambos países sean suscriptores de la Convención de La Haya sobre la Apostilla, en este caso deberá dicho documento tener la correspondiente apostilla. Se admitirán como válidas las traducciones de documentos en idioma extranjero efectuados extrajudicialmente, siempre que la firma del interpreté se encuentra autenticada por un Notario Público (…).

Art.61- Del contrato de Código Compartido.- Este contrato constituye un arreglo comercial mediante el cual una aerolínea (la Parte Operadora) permite a otra aerolínea (la Parte Comercializadora) colocar su código en un vuelo operado por la primera, de manera que ambos puedan ofrecer y comercializar al público el inventario de sillas de dicho vuelo. En la compartición de códigos, una aerolínea (la Comercializadora) publicita y vende los servicios de la aerolínea Operadora como si fueran propios.

Para su autorización, la Dirección General de Aviación Civil tendrá en consideración:

a)    En el Acuerdo de Código Compartido se establezca que la calidad de operador la tendrá la parte que efectivamente realice los vuelos, la cual debe ser calificada y certificada por su gobierno. 

b)    El socio operador será el que cuente con los derechos de tráfico en la ruta o tramo de ruta en que se comparte códigos. Los derechos de ruta se conferirán en el respectivo permiso de operación, que será obligatorio obtener de forma previa, para que la aerolínea pueda operar una determinada ruta 

El socio comercializador, tendrá los derechos de ruta en función del documento de Designación otorgado por la autoridad competente del país de bandera de la aerolínea
20 – Miércoles 25 de marzo de 2020    Registro Oficial Nº 169
 

comercializadora, ante la Autoridad Aeronáutica Ecuatoriana, dentro de las rutas convenida en los respectivos instrumentos bilaterales.

c)    Las condiciones bajo las cuales se operará en códigos compartidos constarán en los respectivos acuerdos bilaterales que celebre el Ecuador con otros Estados. 

d)    El usuario estará debidamente informado de cuál es el socio operador y comercializador del servicio. 

Disposición debidamente establecida en el Acuerdo de Código Compartido.

En todo aquello no previsto en este artículo, se estará a lo establecido en las resoluciones emitidas para el efecto por la Dirección General de Aviación Civil;

Art. 62.- De la comercialización. - Se permitirá la comercialización por parte de una aerolínea extranjera de puntos en el territorio de la otra parte, tramos de ruta doméstica que necesariamente serán operados por la aerolínea nacional del país en el que se realiza el vuelo en la ruta doméstica; en consecuencia, la comercialización de estos tramos de ruta doméstica, para la aerolínea extranjera, será bajo terceras y cuartas libertades del aire.


La realización de este servicio para la aerolínea extranjera, no implicará el descuento de sus frecuencias autorizadas para el transporte internacional.

Esta comercialización se aplicará para conexiones inmediatas como continuación del vuelo internacional más allá del punto designado en el cuadro de rutas acordado, con sujeción a las disposiciones constantes en el presente Reglamento;

Art. 63.- Responsabilidad de las partes.- En esta clase de acuerdos las Partes serán indivisible y solidariamente responsables frente a los pasajeros, equipaje y carga transportados, sin perjuicio de las obligaciones que se establezcan en el respectivo contrato;

Art. 64 .- Del Código Designador Único.- Para facilitar la comercialización de los servicios de transporte aéreo, la Dirección General de Aviación Civil autorizará la utilización del Código Designador Único, para lo cual las aerolíneas presentarán la solicitud debidamente fundamentada”.

Que, el Consejo Nacional de Aviación Civil mediante Resolución N° 077/2009, de 04 de noviembre 2009, aceptó como modalidad en los Acuerdos de Cooperación a celebrarse entre las líneas aéreas que tuvieren interés en el denominado Código Compartido Complementario, mismo que permite la comercialización por parte de una aerolínea extranjera de puntos en el territorio de la otra Parte, tramos de ruta doméstica que necesaria y únicamente deben ser operados por la aerolínea nacional del país en el que se realiza el vuelo en la ruta doméstica, en consecuencia

la comercialización de estos tramos de ruta doméstica, para la aerolínea extranjera será bajo terceras y cuartas libertades del aire;

Que, las relaciones aerocomerciales entre el Ecuador y los Estados Unidos de América se rigen por el Acuerdo de Transporte Aéreo Ecuador - Estados Unidos y Protocolo Modificatorio a los Anexos: Para las relaciones bilaterales en materia de transporte aéreo entre el Ecuador y los Estados Unidos de América se aplica a más de las disposiciones del Convenio suscrito el 26 de septiembre de 1986, lo acordado en el Protocolo de Modificación de los Anexos al Acuerdo de Transporte Aéreo, suscrito el 21 de julio de 2010, y con vigencia desde el 24 de enero de 2011, el cual en su nuevo Anexo III, titulado “Arreglos cooperativos de comercialización, prevé:

“Al efectuar u ofrecer los servicios autorizados en las rutas acordadas, cualquier línea aérea designada de una Parte podrá concertar arreglos cooperativos de comercialización, por ejemplo arreglos de chárter parcial, compartición de códigos o arriendo, con:

1.    Una línea aérea o más de cualquiera de las Partes; 

2.    Una línea aérea o más de un tercer país, y 

3.    Un transportista de superficie de cualquier país; 

Siempre y cuando todos los participantes en esos arreglos a) tengan la debida autorización, y b) reúnen los requisitos que se aplican a dichos arreglos. Las partes solo contarán las frecuencias de la línea aérea que efectúe vuelos y participe en un arreglo cooperativo de comercialización, sin considerar si en el arreglo participan las líneas aéreas del mismo país o de otro país o países”;

Que, la compañía DELTA AIRLINES INC., es actualmente poseedora de un Permiso de Operación para la prestación del servicio de transporte aéreo, público, internacional, regular de pasajeros, carga y correo en forma combinada, renovado por el Consejo Nacional de Aviación Civil con Acuerdo No. 014/2018 de 22 de mayo de 2018, con duración de 3 años, contados a partir del 3 de junio de 2018; tiene autorizado operar las rutas, frecuencias y derechos siguientes:

•    “ ATLANTA - QUITO y/o GUAYAQUIL y viceversa, siete (7) frecuencias semanales, con derechos de tercera y cuarta libertades del aire.”; 

Que, la compañía LATAM AIRLINES ECUADOR S.A., posee un Permiso de Operación para la prestación del servicio de transporte aéreo, público, internacional, regular, de pasajeros, carga y correo, en forma combinada otorgado por el Consejo Nacional de Aviación Civil con Acuerdo 038/2019 expedido el 31 de octubre 2019, estará vigente por 5 años, contados a partir del 8 de noviembre de 2019; las rutas, frecuencias y derechos que la aerolínea opera, son las siguientes:
 
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•    “ Quito y/o Guayaquil - Nueva York y viceversa, hasta nueve (9) frecuencias semanales; 

•    Quito y/o Guayaquil - Madrid y viceversa, hasta cuatro (4) frecuencias semanales, pudiendo servir, además a los puntos: Barcelona, Bilbao, Málaga, Alicante, Palma de Mallorca, Valencia y Pamplona en España, así como desde y hacia España; Paris Lyon, Toulouse, Marsella, Génova, Frankfurt, Múnich, Dusseldorf; Berlín; Milán; Roma, Venecia; Londres, Ámsterdam, Zúrich y Bruselas, con plenos derechos y/o a través de acuerdos de códigos compartidos como operador efectivo o como comercializador de vuelos; 

•    Quito y/o Guayaquil - Lima o Santiago de Chile - Buenos Aires y viceversa; hasta siete (7) frecuencias semanales; con derechos de tercera, cuarta y quinta libertades del aire. 

•    Quito y/o Guayaquil - Lima y viceversa; hasta veintiún 

(21)    frecuencias semanales; con derechos de tráfico de tercera y cuarta libertades del aire; y, 

•    Quito y/o Guayaquil - Santiago de Chile y viceversa; hasta nueve (9) frecuencias semanales; con derechos de tercera y cuarta libertades del aire”; 

Que, la compañía LATAM AIRLINES ECUADOR S.A., posee un Permiso de Operación para la prestación del servicio de transporte aéreo, público, doméstico, regular, de pasajeros, carga y correo, en forma combinada, otorgado por el Consejo Nacional de Aviación Civil con Acuerdo 039/2018 expedido el 13 de diciembre de 2018 y estará vigente por 5 años, contados a partir del 23 de diciembre de 2018; documento que fue modificado siendo la última la contenida en el Acuerdo 03/2020 de 11 de febrero 2020 según términos descritos en estos documentos;

Que, de conformidad con el procedimiento establecido, la Dirección de Inspección y Certificación Aeronáutica con memorando DGAC-OX-2019-2814-M de 13 de diciembre del 2019 requirió a la Directora de Asesoría Legal emitir el informe relativo al Acuerdo de Código Compartido, celebrado entre LATAM AIRLINES ECUADOR S.A y

DELTA AIRLINES INC.,

Que, mediante memorando Nro. DGAC-AE-2019-1796-M de 26 de diciembre del 2019, la Dirección de Asesoría Jurídica remite el informe jurídico en el que se concluye y recomienda:

“ de acuerdo al análisis realizado y las conclusiones determinadas en el presente informe jurídico, estima que el señor Director General de Aviación Civil puede aprobar este Acuerdo de Código Compartido suscrito entre LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. y DELTA AIR LINES, INC., salvo criterio técnico, económico y comercial en contrario” y que “Al elaborarse la respectiva Resolución de aprobación, deberá incluirse lo dispuesto en el Art. 63 del Comercial, respecto a la responsabilidad solidaria que deberán asumir las 2 aerolíneas que suscriben este

Acuerdo de Código Compartido frente a los pasajeros, equipaje y carga transportados, y las demás cláusulas propias de esta clase de autorizaciones”.

Que, la Dirección de Inspección y Certificación Aeronáutica con memorando DGAC-OX-2020-0156-M de 17 de enero del 2020 requirió a la Directora de Asesoría Legal emitir un informe ampliatorio contenido en el memorando Nro. DGAC-AE-2019-1796-M;

Que, la Dirección de Inspección y Certificación Aeronáutica, a través de Transporte Aéreo, mediante memorando Nro. DGAC-OX-2020-0201-M de 23 de enero del 2020, presentó el informe en el que recomienda:

“…, salvando el criterio legal, consideramos que es pertinente aprobar el Acuerdo de Código Compartido entre LATAM - AIRLINES ECUADOR S.A y DELTA AIR LINES , INC.”. “Además se debe continuar el proceso del trámite, acorde a lo dispuesto en el Memorando N° DGAC-YA-2013-1633-M de 26 de diciembre 2013.”;

Que, la Dirección de Asesoría Jurídica con Memorando Nro. DGAC-AE-2020-0166-M de 05 de febrero del 2020, absuelve las preguntas realizadas por la Dirección de Inspección y Certificación Aeronáutica;

Que, la Dirección de Inspección y Certificación Aeronáutica, a través de Transporte Aéreo, mediante memorando Nro. DGAC-OX-2020-0359-M, de 07 de febrero del 2020, presentó al señor Director General de Aviación Civil el Informe Unificado; pronunciándose que la solicitud presentada se tramitó en forma coordinada, observando requisitos de la materia, y en virtud del análisis, conclusiones y recomendaciones expresadas por las Direcciones informantes: Inspección y Certificación Aeronáutica; y, Dirección de Asesoría Jurídica , se determina que no existe objeción para que se apruebe el Acuerdo de Código Compartido, celebrado entre LATAM AIRLINES ECUADOR S.A y DELTA AIR LINES INC;

Que, con memorando Nro. DGAC-YA-2013-1633-M, de 26 de diciembre de 2013, suscrito por el señor Director General de Aviación Civil de ese entonces, se dispuso que todos los trámites administrativos para resolver la aprobación de los convenios o contratos de Cooperación Comercial que incluya: Código Compartido, Arreglos de Espacios Bloqueados, Arriendos en Wet Lease e Interlíneas, serán de responsabilidad de la Dirección de Inspección y Certificación Aeronáutica, hasta su total finalización con la firma de la máxima autoridad de la Institución;

Que,  la  solicitud  para  la    aprobación    del    Acuerdo
de  Código  Compartido,    celebrado    entre    LATAM
AIRLINES ECUADOR S.A (XL) y DELTA AIRLINES INC. (DL); fue tramitada en forma coordinada y conforme con expresas disposiciones legales y reglamentarias;

En uso de la atribución establecida en el artículo 4, numeral 1 del Decreto Ejecutivo Nro. 156 del 20 de noviembre de 2013;
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Resuelve.

ARTÍCULO 1.- APROBAR el Acuerdo de Código Compartido, celebrado entre LATAM AIRLINES ECUADOR S.A y DELTA AIR LINES INC., suscrito el 11 de diciembre de 2019, en los siguientes términos:

a.-RUTA EN CODIGO COMPARTIDO

LATAM AIRLINES ECUADOR S.A., (XL) será la operadora efectiva y DELTA AIRLINES INC., será la socia comercializadora en la ruta:

Quito y/o Guayaquil - Nueva York y viceversa, hasta nueve (9) frecuencias semanales;

DELTA AIRLINES INC. (DL) será la operadora efectiva y LATAM AIRLINES ECUADOR S.A., actuará en calidad de socia comercializadora en la ruta:

ATLANTA - QUITO y/o GUAYAQUIL y viceversa, siete (7) frecuencias semanales, con derechos de tercera y cuarta libertades del aire.

b.- RUTAS EN “CÓDIGO COMPARTIDO COMPLEMENTARIO”

LATAM AIRLINES ECUADOR S.A., (XL) será la operadora efectiva en las rutas dentro del Ecuador que se detallan abajo, y DELTA AIRLINES INC. (DL) actuará exclusivamente como socia comercializadora.

*Guayaquil (GYE) - Quito (UIO)

*Cuenca (CUE) - Quito (UIO)

*Rutas iníciales del Código Compartido complementario constan identificadas con (*) Galápagos Baltra (GPS) - Guayaquil (GYE).

Galápagos San Cristóbal (SCY) - Guayaquil (GYE).

Galápagos Baltra (GPS) - Quito (UIO) Manta (MEC) -

Quito (UIO)

DELTA AIRLINES INC., será la operadora en las rutas dentro de los Estados Unidos entre ATL/JFK/BOS/MCO/ MIA/LAX , (mismas que están listadas en el ANEXO B: del el Acuerdo de Código Compartido), LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. (XL) actuará en calidad de socio Comercializador Rutas iniciales del Código Compartido constan identificadas con (*)

ARTÍCULO 2.- Las compañías LATAM AIRLINES ECUADOR S.A., y DELTA AIRLINES INC., continuarán explotando independientemente el resto de rutas y frecuencias que tienen autorizadas en sus respectivos permisos de operación vigentes y que no forman parte del Acuerdo de Código Compartido y Código Compartido Complementario.

ARTÍCULO 3.- Determinado el Código Compartido en las rutas internacionales autorizadas, la comercialización de los tramos de ruta doméstica del Código Compartido

Complementario se aplicará para conexiones inmediatas como continuación del vuelo internacional más allá, de conformidad con lo previsto en el artículo # 62 del Reglamento de Permisos de Operación para la prestación de los Servicios de Transporte Aéreo Comercial y

Resolución Nro. 077/2009 de 04 de noviembre de 2009.

De tal modo que la operación doméstica que se autoriza mediante esa modalidad, tiene que necesariamente estar vinculada con las rutas y número de frecuencias aprobadas para la operación internacional.

ARTÍCULO 4.- En ningún caso se entenderá que por el presente instrumento se autoriza el cabotaje a la compañía

DELTA AIRLINES INC., dentro del Ecuador.

ARTÍCULO 5- Además, por no ser compatible con lo determinado en el Reglamento de Permisos de Operación para la prestación de los Servicios de Transporte Aéreo Comercial que regula lo relativo a los convenios de cooperación comercial en el Título VI, artículo 61, literal “b) El socio operador será el que cuente con los derechos de tráfico en la ruta o tramo de ruta en que se comparte códigos. Los derechos de ruta se conferirán en el respectivo permiso de operación, que será obligatorio obtener de forma previa, para que la aerolínea pueda operar una determinada ruta” no se acepta lo establecido en la parte pertinente del Anexo B que especifica bajo el siguiente texto:

“Con respecto a cualquier Ruta de Código Compartido donde Delta es el Agente Operador, Delta podrá designar por escrito de vez en cuando aquellos vuelos que Delta y/o uno o más agentes de conexión de Delta operarán bajo el Código de Delta. Cualquier Vuelo de Código Compartido designado por Delta para ser operado por un Agente de Conexión de Delta se considerará operado de conformidad con el acuerdo de implementación de Código Compartido firmado por y entre Delta Airlines, LATAM Airlines Ecuador y el Agente de Conexión Delta Aplicable (el “Acuerdo de Agente DCI”) y en cada caso, los términos y condiciones de dicho Acuerdo de Agente de DCI regirán los derechos y obligaciones de las partes respectivas del Acuerdo de Agente de DCI con respecto a dichos Vuelos de Código Compartido, en lugar de los términos y condiciones de este Acuerdo.”

ARTÍCULO 6 - Las compañías LATAM AIRLINES ECUADOR S.A., y DELTA AIRLINES INC., al momento de presentar sus itinerarios para aprobación por parte de la Dirección General de Aviación Civil, deberán informar claramente cuál es la Compañía operadora y cuál es la comercializadora de cada vuelo que sea operado en Código Compartido y Código Compartido Complementario.

ARTÍCULO 7.- En la publicación y comercialización de los servicios materia del Acuerdo de Código Compartido, y Código Compartido Complementario Aprobados, las aerolíneas participantes, deberán hacer mención expresa al público usuario, que se trata de vuelos de Código Compartido, inclusive en los Sistemas de Reserva por Computadora, especificando quién actúa como operador efectivo en la ruta prevista, y cuál es el
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socio comercializador en los diferentes tramos de la ruta prevista, con la indicación de los puntos de transferencia, tipo de aeronave.

ARTÍCULO 8.- En la operación bajo la modalidad de Código Compartido y Código Compartido Complementario que se autoriza por el presente documento, las compañías LATAM AIRLINES ECUADOR S.A., y DELTA AIRLINES INC. , responden indivisible y solidariamente frente a los pasajeros, correo y carga transportados, sin perjuicio de las obligaciones establecidas por las aerolíneas en el respectivo Acuerdo.

ARTÍCULO 9.- Las aerolíneas LATAM AIRLINES ECUADOR S.A., y DELTA AIRLINES INC., quedan sujetas al cumplimiento de la presente Resolución; legislación aeronáutica vigente; disposiciones constantes en la Resolución Nro. 077/2009, de 04 de noviembre del 2009; y, demás normativas que dicte la autoridad aeronáutica.

ARTÍCULO 10.- Las compañías LATAM AIRLINES ECUADOR S.A., y DELTA AIRLINES INC., tienen la obligación de notificar a la autoridad aeronáutica sobre cualquier incorporación de nuevas rutas en el contrato de Código Compartido, para la aprobación respectiva.

ARTÍCULO 11.- Las aerolíneas LATAM AIRLINES ECUADOR S.A., y DELTA AIRLINES INC. encuentran obligadas a remitir a la Dirección General de Aviación Civil, los formularios estadísticos e informes que correspondan a las operaciones de código compartido en las rutas y frecuencias autorizadas, conforme prevé la Resolución DGAC Nro. 032 de 23 de enero del 2015, misma que debe ser ingresada en el Sistema Estadístico SEADAC WEB en forma completa, correcta y oportuna.

ARTÍCULO 12.- La aprobación del Acuerdo de Código Compartido y Código Compartido Complementario de las compañías LATAM AIRLINES ECUADOR S.A., y DELTA AIRLINES INC., rige mientras estas mantengan vigentes sus permisos de operación, otorgados tanto por la autoridad ecuatoriana como por la autoridad estadounidense. En caso de que caduque cualquier permiso de las señaladas anteriormente, automáticamente quedara sin efecto la aprobación al Acuerdo de Código Compartido y Código Compartido Complementario materia de esta aprobación, sin perjuicio de la facultad que tiene la autoridad aeronáutica para proceder a dejar sin efecto la aprobación dada al referido Acuerdo, de conformidad con la Ley.

ARTÍCULO    13.-    Del  cumplimiento  y    control  de
lo  dispuesto    en    la  presente  Resolución    encárguese
a Transporte Aéreo de la Dirección de Inspección y Certificación Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil.

ARTÍCULO 14.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Documento firmado electrónicamente

Plto. Anyelo Patricio Acosta Arroyo, Director General de Aviación Civil.
 

CERTIFICACIÓN

Yo: Doctor Nelson Gustavo Mora Guerrero, en mi calidad de Director de Secretaría General de la Dirección General de Aviación Civil, siendo una de mis atribuciones como responsable del proceso, el “c) Otorgar certificaciones a petición de parte o por disposición de Autoridad Competente”, como lo determina el Artículo 4.- de la Resolución No. 238/2010 de 30 de agosto del 2010, mediante la cual se Reforma el Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Dirección General de Aviación Civil, cumpliendo con lo dispuesto en la Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos, emitido por la Secretaría General de la Presidencia de la República del Ecuador con Acuerdo No. SGPR-2019-0107; y, a petición realizada con memorando No. DGAC-OX-2020-0476-M de lugar y fecha Quito, DM., 20 de febrero del 2020, suscrito por el Plto. Gonzalo Altamirano Sánchez DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONUÁTICA, de “ASUNTO:

Solicitud de certificación de la Resolución No. DGAC-YA-2020-0009-R, Acuerdo de Código Compartido, celebrado entre LATAM AIRLINE ECUADOR S.A y DELTA AIR LINES INC., suscrito el 11 de diciembre de 2019, en los siguientes términos: (...)”, que consta de ocho (08) fojas, que ha sido bajada del Sistema de Gestón Documental “QUIPUX” con firma electrónica del Plto. Anyelo Patricio Acosta Arroyo DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL, es FIEL COMPULSA DE LA COPIA, que reposa en el archivo activo del área de Transporte Aéreo, de la Dirección de Inspección y Certificación Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civill

Quito, D.M, febrero 21 del 2020.

f.) Dr. Nelson Gustavo Mora Guerrero, Director de Secretaría General.

Nro. IFTH-IFTH-2020-0014-R

INSTITUTO DE FOMENTO

AL TALENTO HUMANO

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA NO. SIE-IFTH-001-2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IFTH A NIVEL NACIONAL

Eco. Ramiro Moncayo Córdova

DIRECTOR EJECUTIVO

Considerando:

Que, el artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: “Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social”;
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Que, el numeral 1 del artículo 51 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas señala que:

“Se podrá contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos: 1. Las contrataciones de bienes y servicios no normalizados, exceptuando los de consultoría cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0,000002 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. (...)”;

Que, el artículo 325 de la Codificación de las Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública dispone:

“La  máxima    autoridad  de  la  entidad  contratante  o
su    delegado    sobre la base del expediente, adjudicará
el    contrato    mediante  resolución  motivada  que  será
notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública. La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado no podrá adjudicar el procedimiento de Menor Cuantía a una oferta que no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en los términos básicos del requerimiento o los pliegos, ni a quienes se encuentren incursos en inhabilidades para contratar.”;

Que, con fecha 05 de octubre de 2015, mediante Acuerdo Ministerial No. 6231, el Ministro del Interior, conviene: “Artículo 1.-El Ministerio del Interior emitirá el informe y autorización correspondiente como documento habilitante para el inicio y/o publicación de los procedimientos de contratación pública establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, inclusive aquellos que se realicen por Catálogo Electrónico, cuyo objeto sea a contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada. Este informe será vinculante y constituirá documento habilitante para las instituciones contempladas en la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública en esta materia; en el caso de que contrate a una compañía de seguridad privada sin los documentos descritos, tanto las instituciones públicas, como las empresas de seguridad serán responsables civil, penal y administrativamente de sus actos, los cuales serán investigados al tenor de las reglas del debido proceso por parte de los órganos de control(...)”.

Que, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 555 de 19 de enero de 2015, publicado en el segundo suplemento del Registro Oficial Nro.439 de 18 de febrero de 2015 dispone lo siguiente: “Créase el Instituto de Fomento al Talento Humano, como un organismo de derecho público, con personería jurídica, autonomía operativa, financiera y administrativa, con patrimonio propio, adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, desconcentrado (...)”;

Que, el artículo 3 del mismo Decreto Ejecutivo señala que: “El Instituto de Fomento al Talento Humano, estará dirigido y representado por un Director Ejecutivo que será de libre nombramiento y remoción designado por el/la Secretario/a de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación”;

Que, mediante Acuerdo No. SENESCYT-2019-079, de 16 de julio de 2019, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación nombró al Eco. Ramiro Moncayo Córdova, como Director Ejecutivo del Instituto de Fomento al Talento Humano;

Que, mediante Acción de Personal No. 316-DATH-2019, de 16 de julio de 2019, se nombró al Eco. Ramiro Moncayo Córdova, como Director Ejecutivo del Instituto de Fomento al Talento Humano;

Que, el Ministerio del Interior mediante informe técnico de factibilidad previo a la contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada para las Instituciones Públicas de la Función Ejecutiva Nro. 2020-521-EP-COSP-IGPN, 02 de enero del 2020, adjunto al oficio Nro. MDG-VDI-SOP-DRCS-2020-0075-O, de fecha 08 de enero de 2020, emitió la AUTORIZACIÓN de la contratación de los puestos de servicios de seguridad privada para el Instituto de Fomento al Talento Humano;

Que, mediante memorando No. IFTH-DADM-2020-0123-M, de fecha 30 de enero de 2020, el Director Administrativo solicita al Coordinador Técnico, designe los miembros del a comisión técnica para el proceso de Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia del IFTH a nivel nacional;

Que, mediante memorando No. IFTH-CTEC-2020-0031-M, de fecha 30 de enero de 2020, el Coordinador Técnico designa los miembros de la comisión técnica para iniciar el proceso de Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia del IFTH a nivel nacional;

Que, mediante memorando No. IFTH-DADM-2020-0166-M, de fecha 07 de febrero de 2020, el Director Administrativo, remitió al Director de Asesoría Jurídica los términos de referencia para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para el IFTH a nivel nacional, para la emisión del aval correspondiente;

Que, mediante memorando No. IFTH-DAJU-2020-0067-M, de fecha 07 de febrero de 2020, la Directora de Asesoría Jurídica, remitió al Director Administrativo, el AVAL jurídico de los términos de referencia para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para el IFTH a nivel nacional;

Que, mediante memorando No. IFTH-DAJU-2020-0068-M, de fecha 07 de febrero de 2020, en alcance al memorando No. IFTH-DAJU-2020-0067-M, de fecha 07 de febrero de 2020 la Directora de Asesoría Jurídica, remitió al Director Administrativo, el AVAL jurídico de los términos de referencia para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para el IFTH a nivel nacional;

Que, mediante certificación presupuestaria No. 45, de fecha 28 de enero de 2020, la Dirección Financiera certificó la existencia y disponibilidad de fondos para financiar la contratación del servicio de guardianía a nivel nacional para el IFTH, en el ítem presupuestario No. 530208 con la descripción de “Servicio de Seguridad y Vigilancia”;
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Que, mediante certificación presupuestaria No. 268, de 27 de junio de 2019, la Dirección Financiera certificó la existencia y disponibilidad de fondos para regularizar el IVA de la contratación del servicio de guardianía a nivel nacional para el IFTH, ítem presupuestario No. 530208 con la descripción de “Servicio de Seguridad y Vigilancia”;

Que, mediante certificación No. 03 de fecha 31 de enero de 2020, la Analista de Compras Públicas 3, certificó que la Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia del Instituto de Fomento y Talento Humano a nivel nacional”, consta en el Plan Anual de Contratación (PAC) 2020, del Instituto de Fomento al Talento Humano, en la partida presupuestaria No. 530208 conforme resolución No. IFTH-IFTH-2020-0003-R, de fecha 15 de enero de 2020;

Que, mediante memorando No. IFTH-DADM-2020-0130-M, de fecha 31 de enero de 2020, el Director Administrativo solicitó al Director Ejecutivo, la autorización para inicio del Proceso de “Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia del Instituto de Fomento y Talento Humano a nivel nacional;

Que, mediante memorando No. IFTH-DADM-2020-0168-M, de fecha 07 de febrero de 2020, el Director Administrativo realiza un alcance a la solicitud al Director Ejecutivo para la autorización para inicio del Proceso de “Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia del Instituto de Fomento y Talento Humano a nivel nacional;

Que, mediante sumilla inserta, de 07 de febrero de 2020, en el memorando No. IFTH-DADM-2020-0168-M, de fecha 07 de febrero de 2020, el Director Ejecutivo autorizó proceder conforme la normativa legal vigente;

Que, mediante memorando No. IFTH-DADM-2020-0171-M, de fecha 07 febrero de 2020, el Director Administrativo remitió el pliego elaborado conforme la normativa vigente, y solicitó disponer a la Dirección de Asesoría Jurídica, se elabore la Resolución de Inicio del Proceso de “Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia del IFTH a nivel Nacional” a través del procedimiento subasta inversa electrónica;

Que, mediante sumilla inserta, de fecha 07 de febrero de 2020, en el memorando No. IFTH-DADM-2020-0171-M, de fecha 07 de febrero de 2020, el Coordinador Técnico indicó: “Favor analizar y elaborar resolución”;

Que, mediante Resolución Nro. IFTH-IFTH-2020-0008-R, de fecha 10 de febrero de 2020, el Director Ejecutivo, procedió a emitir la resolución con el inicio del proceso de seguridad y vigilancia para el IFTH a nivel nacional;


Que, con fecha 07 de febrero de 2020, el Director Ejecutivo emite los pliegos de contratación de subasta inversa Versión SERCOP 1.1 (20 de febrero de 2014), del Instituto de Fomento al Talento Humano, con el código de proceso SIE-IFTH-001-2020, con el objeto de contratación “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL IFTH A NIVEL NACIONAL”;

Que, mediante Acta No. 1 de “Preguntas aclaraciones”, de fecha 17 de febrero de 2020, la Comisión Técnica del proceso de subasta inversa No SIE-IFTH-001-2020, una vez verificado que se han realizado once (11) preguntas a través del portal de compras públicas, procede con la contestación de las mismas;

Que, mediante memorando No. IFTH-DADM-2020-0260-M, de fecha 26 de febrero de 2020, el Director Administrativo, remitió a los miembros de la comisión técnica del proceso de contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia del IFTH a nivel nacional, las ofertas presentadas para que se proceda con la siguiente etapa precontractual;

Que, mediante Acta No. 2 de “Apertura y convalidación de errores”, de fecha 26 de febrero de 2020 la Comisión Técnica del proceso No. SIE-IFTH-001-2020 verificó la entrega de las ofertas físicas y determina los errores a ser convalidados;

Que, mediante Acta No. 3 de “Calificación de ofertas”, de fecha 02 de marzo de 2020, la Comisión Técnica del proceso No.SIE-IFTH-001-2020, concluyó: “Descalificar a los proveedores cuyas ofertas presentadas NO CUMPLEN con lo especificado en los términos de referencia y pliegos del procedimiento de Subasta Inversa para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IFTH A NIVEL NACIONAL, con código SIE-IFTH-001-2020 de acuerdo al siguiente detalle: (...)”. Así mismo determina: “Calificar favorablemente a los Oferentes cuyas ofertas presentadas han cumplido con lo especificado en los términos de referencia y pliegos del procedimiento de Subasta Inversa para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IFTH A NIVEL NACIONAL con código SIE-IFTH-001-2020, motivo por el cual se recomienda se habiliten a los proveedores para continuar con la siguiente etapa precontractual de acuerdo al siguiente detalle: PRTESEG SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIA. LTDA [y] AMERIPRIV CIA. LTDA.”;


Que, mediante informe de puja, de fecha 03 de marzo 2020, la Comisión Técnica designada en el proceso de Subasta Inversa No. SIE-IFTH-001-2020, recomendó:

“Una vez verificado el Resumen de Puja, el sistema arroja como ganador a la empresa AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.; por un monto de USD. 178,748.00 (CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO DÓLARES CON 00/100) sin incluir IVA; motivo por el cual se recomienda se adjudique al proveedor antes mencionado en el Proceso de Subasta Inversa Electrónica CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IFTH A NIVEL NACIONAL”;

Que, mediante memorando No. IFTH-DADM-2020-0284-M, de fecha 03 de marzo de 2020, el Director Administrativo, acogiendo a la recomendación realizada mediante informe de puja, de fecha 03 de marzo 2020, solicitó al Director Ejecutivo del Instituto de Fomento al Talento Humano, disponer a la Dirección de Asesoría Jurídica, la elaboración de la Resolución de Adjudicación
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del Proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-IFTH-001-2020, para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para el IFTH a nivel nacional;

Que, mediante sumilla inserta electrónica de fecha 03 de marzo de 2020, dentro del memorando No. IFTH-DADM-2020-0284-M, de fecha 03 de marzo de 2020, el Director Ejecutivo indicó: “Estimada Majo: Por favor proceder según corresponda; dentro de lo legal, pertinente y factible. Gracias..”;

EN EJERCICIO de las atribuciones legales conferidas por el artículo 32 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, artículo 48 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Resuelve:

Artículo 1.- Adjudicar a la Empresa AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA., con RUC 1791772989001, debidamente representada por la Lcda. Maritza Campuzano Escobar, en su calidad de Gerente General de la Empresa AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA., el proceso signado con el código No. SIE-IFTH-001-2020, para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para el IFTH a nivel nacional por un monto de USD. 178,748.00 (CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO DÓLARES CON 00/100) sin incluir IVA, acogiendo las recomendaciones antes expuestas por convenir a los intereses institucionales, con un plazo de ejecución desde la fecha de 06 de marzo de 2020 y tendrá un plazo de vigencia para la prestación de los servicios contratados hasta el 31 de diciembre del 2020.


Artículo 2.- Disponer a la Dirección Administrativa del Instituto de Fomento al Talento Humano la notificación a la Empresa AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA., con RUC 1791772989001, debidamente representada por la Lcda. Maritza Campuzano Escobar, en su calidad de Gerente General, con la presente Resolución y la publicación de la misma en el portal www.compraspublicas.gob.ec y de los documentos a que se hace referencia en las resoluciones No. RE-SERCOP-2016-0000072 de 31 de agosto de 2016 y No. RE-SERCOP-2016-0000074 de 23 de diciembre de 2016.


Artículo 3.- Designar al Ing. Juan Manuel Machado Tovar, en su calidad de Director Administrativo del Instituto de Fomento al Talento Humano, como administrador del contrato.

Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Asesoría Jurídica la elaboración del contrato.

NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE.-

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ramiro Moncayo C., Director Ejecutivo.

INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO

RAZÓN: La Dirección Administrativa, con fundamento en el artículo 11.3.2.1 de la resolución Nro. 0045-IFTH-DE-2016, de fecha 19 de agosto de 2016, mediante la cual se expide el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Instituto de Fomento al Talento Humano, y reconoce la atribución contenida en el literal a) de la Gestión de Certificación, Documentación y Archivo CERTIFICA: que las 3 fojas son fiel copia del Original.

Las 3 fojas que anteceden a la presente documentación forman parte de la RESOLUCIÓN Nro. IFTH-IFTH-2020-

0014-R, 03 de marzo de 2020, sobre la ADJUDICACIÓN DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. SIE-IFTH-001-2020.

Documentación que permanece en la Dirección Administrativa, del Instituto al Fomento Humano, al cual me remito de ser necesario.

Quito, 04 de marzo de 2020.

f.) Ing. Juan Manuel Machado Tovar, Director Administrativo.

No. INMOBILIAR-DGSGI-2020-0006

Dr. Nicolás José Issa Wagner

DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO-INMOBILIAR

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República manifiesta que: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.”;

Que, el artículo 128 del Código Orgánico Administrativo, respecto al acto normativo de carácter administrativo, señala que: “Es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de una competencia administrativa que produce
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efectos jurídicos generales, que no se agota con su cumplimiento y de forma directa.”;

Que, el numeral 6 del artículo 474 del Código Orgánico Integral Penal establece lo siguiente: “El juzgador deberá ordenar la destrucción de aquellas sustancias, dentro de los quince días de haber iniciado la investigación, cumpliendo las formalidades establecidas en este Código y, en cuanto a los demás bienes, estos se entregarán en depósito a la institución encargada de la administración y gestión inmobiliaria del Estado en el caso de ser incautados.”;

Que, el inciso segundo del numeral 1 del artículo 557 del Código Orgánico Integral Penal determina que: “Los bienes y valores incautados dentro de procesos penales por delitos de producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, lavado de activos, terrorismo y su financiación, serán entregados en depósito, custodia, resguardo y administración a la institución encargada de la administración y gestión inmobiliaria del Estado.”;

Que, el inciso segundo del numeral 1 del artículo 557 del Código Orgánico Integral Penal determina que: y, el numeral 3 ibídem, señala: “La administración, previo al avalúo pericial, podrá vender en subasta pública, los bienes muebles de la persona procesada antes de que se dicte sentencia definitiva. Inmediatamente después de la venta, se consignará el dinero en una cuenta habilitada por el Estado para el efecto. (...)”;

Que, el numeral 3 del artículo 557 del Código Orgánico Integral Penal determina que: “La administración, previo al avalúo pericial, podrá vender en subasta pública, los bienes muebles de la persona procesada antes de que se dicte sentencia definitiva. Inmediatamente después de la venta, se consignará el dinero en una cuenta habilitada por el Estado para el efecto.

En caso de quiebra financiera fraudulenta de persona jurídica financiera con patrimonio negativo, el dinero obtenido del remate servirá para el pago de los derechos de las acreencias de la entidad. El producto íntegro de esta venta más sus intereses se devolverá a la persona procesada en el caso de que sea ratificada su inocencia.”;

Que, el numeral 6 del artículo 557 del Código Orgánico Integral Penal determina que: “Una vez dictada la sentencia condenatoria, en caso de infracciones de lavado de activos, terrorismo y su financiación, trata de personas, tráfico de migrantes y delitos relacionados con sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, todos los bienes, fondos, activos y productos que proceden de estos, que han sido incautados, serán transferidos directamente a propiedad del Estado y podrán ser vendidos de ser necesario.”;

Que, La Disposición General Cuarta de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, señala: “Cuando exista conflicto entre la normativa emitida por la Contraloría General del Estado y la normativa interna expedida por las instituciones para

el ejercicio de sus competencias o para la gestión de sus procesos internos, prevalecerá esta última. “;

Que, la Disposición General Cuarta de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización establece lo siguiente:

“La entidad encargada de la administración y gestión inmobiliaria del Estado podrá establecer y extinguir las obligaciones civiles de comodato o arrendamiento sobre los bienes incautados en procesos penales por delitos de producción o tráfico ilícitos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, lavado de activos, terrorismo y su financiación.”;

Que, el inciso primero de la Disposición Transitoria Séptima de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, establece lo siguiente: “Los bienes que hayan sido incautados y comisados, con anterioridad a la publicación de esta Ley en el Registro Oficial, dentro de procesos penales por delitos de producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, lavado de activos, terrorismo y su financiación, serán transferidos, a la entidad encargada de la administración y gestión inmobiliaria del Estado, para su depósito, custodia, resguardo y administración, en el plazo máximo de 180 días, contado a partir de la publicación de esta Ley en el referido Registro, previo inventario y la suscripción de actas de entrega recepción. La entidad encargada de la administración y gestión inmobiliaria del Estado, asumirá los derechos y obligaciones, que respecto a los bienes, incautados y comisados mantenía el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, CONSEP.”;

Que, el inciso cuarto de la Disposición Transitoria Séptima de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización establece lo siguiente: “Los bienes incautados y comisados que no hayan sido entregados por el organismo aprehensor al Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, CONSEP, deberán ser entregados en depósito directamente a la entidad encargada de la administración y gestión inmobiliaria del Estado”;

Que, el inciso primero de la Disposición Transitoria Novena de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización establece lo siguiente: “El Ministerio de Finanzas asignará al presupuesto institucional de la entidad encargada de la administración y gestión inmobiliaria del Estado, los recursos necesarios para ejercer el depósito, custodia, resguardo y administración de los bienes incautados y comisados dentro de procesos penales por delitos de producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, lavado de activos, terrorismo y su financiación.”;
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Que, la Disposición Transitoria Décima Primera de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización establece lo siguiente: “Cuando en las sentencias condenatorias ejecutoriadas dictadas antes de la vigencia de esta Ley, se haya ordenado la incautación u otra disposición y no el comiso de los bienes que se encuentren depositados en el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas - CONSEP, aquellos bienes serán considerados como comisados y se transferirán a la institución encargada de la administración y gestión inmobiliaria del Estado, previa disposición de autoridad judicial competente.”;

Que, el artículo 99 inciso primero del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, respecto a la extinción y reforma del acto normativo, señala que: “Los actos normativos podrán ser derogados o reformados por el órgano competente para hacerlo cuando así se lo considere conveniente. Se entenderá reformado tácitamente un acto normativo en la medida en que uno expedido con posterioridad contenga disposiciones contradictorias o diferentes al anterior.”;

Que, la Disposición General Tercera del Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización establece lo siguiente: “En procesos por presuntos delitos de producción y tráfico ilícitos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, lavado de activos, terrorismo y su financiación, si el procesado propietario de los bienes incautados fuere sobreseído o ratificada su inocencia, los bienes o los recursos producto de su venta, le serán restituidos por la entidad encargada de la administración y gestión inmobiliaria del Estado, cuando así lo disponga la autoridad judicial competente. En este caso, el propietario de los bienes no estará obligado al pago de los costos de bodegaje, depósito, remuneraciones u honorarios de los custodios, depositarios, administradores o supervisores, en los que hubiere incurrido la entidad encargada de la administración y gestión inmobiliaria del Estado, por concepto de depósito, custodia, resguardo y administración de los bienes. Los gastos por concepto de tributos en los que haya incurrido el Estado, serán cobrados al propietario de los bienes.”;

Que, la Disposición General Cuarta del Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización establece lo siguiente: “Con el presupuesto asignado por el Ministerio de Finanzas para la custodia, resguardo y administración de bienes recibidos en depósito dentro de procesos penales por delitos de producción o tráfico ilícitos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, lavado de activos, terrorismo y su financiación, la entidad encargada de la administración y gestión inmobiliaria del Estado podrá realizar el pago de tributos y todos los gastos pendientes, y aquellos que se generen a partir de la orden judicial

de incautación, depósito o comiso, aun cuando aquellos bienes, sobre los cuales se dispuso la medida cautelar o el comiso, se encuentren a nombre de terceras personas.”;

Que, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo Nro. 503 de 12 de septiembre de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 335 de 26 de septiembre de 2018,
establece  que:  “El    Servicio  de  Gestión  Inmobiliaria
del  Sector  Público,    INMOBILIAR,  es  un  organismo
de derecho público, dotado de personalidad jurídica, autonomía administrativa, operativa y financiera y jurisdicción nacional, con sede principal en la ciudad de Quito. Ejercerá las facultades de rectoría, planificación, regulación, gestión, administración y control de los bienes del sector público y de los bienes que disponga el ordenamiento jurídico que incluye las potestades de disponerlos, distribuirlos, custodiarlos, usarlos, enajenarlos, así como disponer su egreso y baja, además de las competencias y responsabilidades específicas derivadas de otros instrumentos jurídicos.”;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 503 de 12 de septiembre de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 335 de 26 de septiembre de 2018, el Presidente de la República dispuso en su Artículo 3 lo siguiente: “El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, tendrá un Comité encargado de coordinar la política intersectorial de gestión de muebles e inmuebles, y estará integrado por: 1. El Secretario General de la Presidencia o su delegado, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente; 2.El Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo o su delegado permanente, y; 3. El Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda o su delegado permanente. Actuará como Secretario del Comité el/la Director/a General/a de INMOBILIAR, quien intervendrá con voz pero sin voto.”;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 503 de 12 de septiembre de 2018 el Presidente de la República, dispuso en su Artículo 4 lo siguiente: “Son funciones del Comité de INMOBILIAR las siguientes: 3. Dictar las normas, regulaciones o políticas de gestión de muebles e inmuebles que deben aplicar las entidades del sector público (…)”;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 503 de 12 de septiembre de 2018 en su Artículo 7 dispone: “El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, será responsable del resguardo, custodia, administración y conservación de bienes incautados y comisados, a partir de la entrega de dichos bienes por parte de la Policía Nacional o autoridad competente mediante suscripción del acta entrega recepción correspondiente. El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, ejecutará las medidas de resguardo, custodia, administración y conservación de los bienes para su preservación, salvo el deterioro normal que sufran por el transcurso del tiempo o debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito; hasta su venta, disposición, transferencia o devolución. El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento de su función, pudiendo solicitar, apoyo para la custodia y
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conservación de los bienes fluviales, marítimos y aéreos a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, según corresponda.”;

Que, el Decreto Ejecutivo Nro. 503 de 12 de septiembre de 2018 en su Artículo 8 dispone: “El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, podrá suscribir contratos de comodato, depósito o convenio de uso de bienes incautados con instituciones estatales y de forma excepcional con personas jurídicas sin fines de lucro, de acuerdo al reglamento que emita el Comité de INMOBILIAR, debiendo garantizar las medidas de preservación previstas en este Decreto Ejecutivo.”;

Que, la Disposición Transitoria Primera del Decreto Ejecutivo Nro. 503 de 12 de septiembre de 2018 dispone: “En un plazo no mayor a noventa días desde la expedición de este decreto, los bienes muebles incautados o comisados, que a la fecha se encuentran en calidad de inservibles serán dados de baja y/o chatarrizados de conformidad al reglamento establecido por el Comité de INMOBILIAR, debiendo dejarse a salvo el derecho de devolución del valor correspondiente en caso de sentencia ratificatoria de inocencia, de conformidad con lo previsto en el presente Decreto Ejecutivo, en lo que fuere aplicable.”;

Que, el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, emitido por la Contraloría General del Estado mediante Acuerdo Nro. 67 de 30 de noviembre de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 388 de 14 de diciembre de 2018, señala lo siguiente: “Art. 4.- Reglamentación interna.- Corresponderá a las entidades y organismos comprendidos en el artículo del presente Reglamento, implementar su propia normativa para la recepción, registro, identificación, almacenamiento, distribución, custodia, uso, control, egreso o baja de los bienes del Estado, sin contravenir las disposiciones de este instrumento. “;


Que, mediante ACUERDO-COMITE-INMOBILIAR-2019-0002 de 22 de noviembre de 2019, el Comité del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, expidió el «Reglamento para la entrega de Bienes Incautados mediante Contratos de Comodato o Convenios de Uso por parte del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Inmobiliar, hacia las Entidades del Sector Público y de forma excepcional con personas jurídicas sin fines de lucro, y directriz para procesos de baja y/o chatarrización de Bienes Incautados inservibles», el mismo que debe ser aplicado en su integralidad;

Que, el ACUERDO-COMITE-INMOBILIAR-2019-0002 de 22 de noviembre de 2019, emitido por el Comité del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, respecto al desarrollo de normas, señala en su artículo 4 que: “El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público- INMOBILIAR, expedirá el Reglamento que regule el procedimiento y requisitos para la suscripción de Contratos de Comodato y/o Convenios

de Uso de Bienes Incautados; así como también expedirá el Reglamento para el procedimiento y requisitos de Baja y/o Chatarrización de Bienes Muebles Incautados, y las normas que se requieran para la ejecución de los procesos.

Las normas que expida el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público- INMOBILIAR, propugnará la obtención de mayor beneficio para el Estado. “;

Que, mediante Resolución Nro. 01 de 02 de junio del 2017, el Comité del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, resolvió designar al señor Nicolás José Issa Wagner para que ejerza el cargo de Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR;

Que, mediante RESOLUCION-INMOBILIAR-DGSGI-2016-0007 de 01 de abril de 2016, publicada en el Registro Oficial Nro. 745 de 14 de octubre de 2016, se expidió el Reglamento Interno para el Depósito, Custodia, Resguardo y Administración de los Bienes Incautados y Comisados recibidos por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR;

Que, mediante RESOLUCION-INMOBILIAR-DGSGI-2016-0042 de 26 de agosto de 2016, publicada en el Registro Oficial Nro. 862 de 31 de agosto de 2017, se reformó parcialmente, de oficio y por razones de oportunidad el Reglamento Interno para el Depósito, Custodia, Resguardo y Administración de los Bienes Incautados y Comisados recibidos por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, emitido el 01 de abril de 2016;

Que, mediante RESOLUCION-INMOBILIAR-DGSGI-2017-0003 de 08 de febrero de 2017, publicada en el Registro Oficial Nro. 43 de 25 de julio de 2017, se reformó parcialmente, de oficio y por razones de oportunidad el Reglamento Interno para el Depósito, Custodia, Resguardo y Administración de los Bienes Incautados y Comisados recibidos por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, emitido el 01 de abril de 2016;


Que, mediante RESOLUCIÓN-INMOBILIAR-DGSGI-2017-0016 de 04 de mayo de 2017, publicada en el Registro Oficial Nro. 48 de 01 de agosto de 2017, se reformó parcialmente y por razones de oportunidad el Reglamento Interno para el Depósito, Custodia, Resguardo y Administración de los Bienes Incautados y Comisados recibidos por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, emitido el 01 de abril de 2016;


Que, mediante RESOLUCIÓN-INMOBILIAR-DGSGI-2017-0021 de 12 de junio de 2017, publicada en el Registro Oficial Nro. 69 de 31 de agosto de 2017, se expidió la Codificación al Reglamento Interno para el Depósito, Custodia, Resguardo y Administración de los Bienes Incautados y Comisados recibidos por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR;
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Que, mediante RESOLUCIÓN-INMOBILIAR-DGSGI-2018-0037 de 06 de abril de 2018, publicada en el Registro Oficial Edición Especial Nro. 451 de 16 de mayo de 2018, se expidió la Segunda Codificación y Reforma al Reglamento Interno para el Depósito, Custodia, Resguardo y Administración de los Bienes Incautados y Comisados recibidos por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR;

Que, mediante RESOLUCIÓN-INMOBILIAR-DGSGI-2018-0167 de 09 de agosto del 2018, publicada en el Registro Oficial Nro. 383 de 06 de diciembre de 2018, se reformó parcialmente y por razones de oportunidad, la Segunda Codificación y Reforma al Reglamento Interno para el Depósito, Custodia, Resguardo y Administración de los Bienes Incautados y Comisados recibidos por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, emitido el 06 de abril de 2018;

Que, mediante RESOLUCIÓN-INMOBILIAR-DGSGI-2018-0187 de 04 de diciembre del 2018, publicada en el Registro Oficial Nro. 400 de 07 de enero de 2019, se reformó parcialmente y por razones de oportunidad, la Segunda Codificación y Reforma al Reglamento Interno para el Depósito, Custodia, Resguardo y Administración de los Bienes Incautados y Comisados recibidos por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, emitido el 06 de abril de 2018;

Que, mediante RESOLUCIÓN-INMOBILIAR-DGSGI-2019-0014 de 18 de septiembre de 2019, publicada en el Registro Oficial Nro. 68 de 25 de octubre de 2019, se reformó parcialmente y por razones de oportunidad, la Segunda Codificación y Reforma al Reglamento Interno para el Depósito, Custodia, Resguardo y Administración de los Bienes Incautados y Comisados recibidos por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, emitido el 06 de abril de 2018;

Que, es necesario actualizar, codificar y sistematizar las reformas efectuadas al Reglamento Interno para el Depósito, Custodia, Resguardo, Administración y Control de los Bienes Incautados y Comisados recibidos por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, con la finalidad de agilitar los procesos determinados en el mismo, bajo los principios de eficiencia y eficacia, así como armonizar esta norma al marco legal vigente;

En ejercicio de las facultades y atribuciones establecidas en la Constitución y Leyes vigentes de la República del Ecuador.

Resuelve:

EXPEDIR LA NUEVA CODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO PARA EL DEPÓSITO, CUSTODIA, RESGUARDO, ADMINISTRACIÓN, Y CONTROL DE LOS BIENES INCAUTADOS RECIBIDOS POR EL SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO, INMOBILIAR.
 

TÍTULO I

MARCO CONCEPTUAL

Artículo 1.- Objeto.- El presente Reglamento, regula y establece los mecanismos y procedimientos a seguir para el depósito, custodia, resguardo, administración y control de los bienes incautados, dentro de los procesos penales por delitos de producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, lavado de activos, terrorismo y su financiación, trata de personas, tráfico de migrantes, peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, enriquecimiento privado no justificado, testaferrismo; y, aquellos que le sean dispuestos por mandato normativo u orden judicial, recibidos por el Servicio de Gestión Inmobiliaria de Sector Público, INMOBILIAR.

Artículo 2.- Ámbito.- Todas las autoridades de las diferentes Unidades, así como los servidores públicos y trabajadores de las diferentes áreas administrativas y técnicas de INMOBILIAR, se sujetarán a las disposiciones del presente Reglamento.

Artículo 3.- Fines.- Regular y establecer procedimientos para el adecuado depósito, custodia, resguardo, administración y control de los bienes que constan en el artículo 1 de este Reglamento, con el objeto de garantizar la operatividad interna de las diferentes dependencias de la Institución.

Artículo 4.- Sistema de Control.- Para el registro, control y administración de los bienes detallados en el artículo 1 de este Reglamento, la Subdirección de Bienes Incautados, las Direcciones que la integran y Unidades Zonales de Bienes Incautados, utilizarán el programa informático creado para el efecto y administrado por los servidores públicos designados por el Director de Bienes Muebles en Depósito y por el Director de Bienes Inmuebles en Depósito; así como, los demás sistemas existentes en INMOBILIAR o que se creen para este efecto.

TÍTULO II

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO I

DE LA ENTREGA RECEPCIÓN

Artículo 5.- Competencia.- Corresponde a la Subdirección de Bienes Incautados, a través de la Dirección de Bienes Muebles en Depósito, Dirección de Bienes Inmuebles en Depósito y las Unidades Zonales de Bienes Incautados recibir en depósito, custodia, resguardo, administración y control, los bienes incautados por disposición judicial dictada dentro de los procesos penales por los delitos de producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, lavado de activos, terrorismo y su financiación, trata de personas, tráfico de migrantes, peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, enriquecimiento privado no justificado, testaferrismo; y, aquellos que le sean dispuestos por mandato normativo u orden judicial, mediante la suscripción del acta entrega recepción respectiva.
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Artículo 6.- Recepción.- Los bienes serán constatados físicamente y recibidos en base a un inventario, que contendrá la siguiente información:

a)    Código de identificación; 

b)    Descripción detallada del bien; 

c)    Cantidad; 

d)    Avalúos unitario y total; 

e)    Vehículos: marca, modelo, placa, número de chasis, número de motor, año, color; 

f)    Equipo electrónico: marca, modelo, serie, tipo de bien; 


g)    Maquinaria y equipos: marca, modelo, serie, tipo de bien; 

h)    Mobiliario: marca, modelo, tipo de bien, materiales; 

i)    Semovientes: identificación, situación de cada animal, singularización en donde están ubicados; 

j)    Inmuebles: clave catastral o número de predio, tipología, ubicación, área (terreno y/o construcción); 

k)    Estado de conservación; y, 

l)    Demás documentos de respaldo para la custodia, administración y control o regulación. 

Artículo 7.- Actas de Entrega y Recepción.- Para la recepción de los bienes incautados, la Dirección de Bienes Muebles en Depósito, Dirección de Bienes Inmuebles en Depósito y/o las Unidades Zonales de Bienes Incautados, procederán con la recepción mediante la suscripción del acta entrega recepción, en cuatro ejemplares, la misma que contendrá:

a)    Comparecientes; 

b)    Número de proceso penal y nombre de la Entidad Judicial que ordena la incautación y otros antecedentes relevantes; 

c)    Identificación y descripción del bien; 

d)    Avalúo del bien; 

e)    Estado del bien y observaciones relevantes. 

Se anexará al acta de entrega recepción, en originales o copias certificadas los siguientes documentos:

a)    Parte policial; 

b)    Orden judicial de autoridad competente; 

c)    Inventario de los bienes; 

d)    Identificación y descripción de los bienes; 

e)    Informe de avalúo; 

f)    Archivo fotográfico en caso de haberlos y la ubicación geográfica de los bienes; 

g)    Demás documentos de respaldo para la recepción, registro, custodia, administración y control o regulación. 

Las actas de entrega recepción deberán estar suscritas por los servidores que entregan los bienes y por aquellos que los reciben, un ejemplar de ésta deberá ser remitida para conocimiento del Juez que dispuso la medida cautelar a efecto de que sea agregada al proceso.

Sin desmedro de lo establecido en el inciso tercero del artículo 7 del Decreto Ejecutivo Nro. 503 de 12 de septiembre de 2018, cuando los bienes a transferirse sean aeronaves o embarcaciones, la recepción se efectuará en los aeropuertos, puertos marítimos o fluviales del país designados por INMOBILIAR, para lo cual se solicitará al ente aprehensor el término de treinta (30) días para el depósito del bien, hasta que se coordine con otras instituciones del Estado o entidades privadas la asignación de un espacio físico adecuado, mediante la suscripción de un Contrato de Comodato y/o Convenio de Uso de sus aeropuertos, puertos marítimos o fluviales, por parte de la Subdirección de Bienes Incautados, o por designación de ésta a los servidores responsables que correspondan de acuerdo a la Coordinación Zonal del lugar donde se encuentren tales bienes.

De darse la necesidad por parte de las instituciones del Estado, se podrá celebrar Contratos de Comodatos y/o Convenios de Uso de los Bienes Incautados, de conformidad al presente Reglamento.

CAPÍTULO II

RECEPCIÓN DE BIENES MUEBLES E

INMUEBLES INCAUTADOS

Artículo 8.- Recepción de bienes muebles.- Los bienes muebles incautados serán recibidos por el Custodio designado por la Dirección de Bienes Muebles en Depósito o la Unidad Zonal de Bienes Incautados, quien los ingresará en las instalaciones que para el efecto se determine y dejará constancia en el acta de entrega recepción prevista en el artículo 7 del presente Reglamento.

Artículo 9.- Recepción de joyas, objetos preciosos, obras de arte, y otros valores.- Las joyas, objetos preciosos, obras de arte y otros valores, serán recibidos por los Custodios designados quienes suscribirán la respectiva acta de entrega recepción descrita en el artículo 7 del presente Reglamento, y posteriormente en el término de veinticuatro horas depositarán en las bóvedas de seguridad designadas para el efecto por INMOBILIAR.

Artículo 10.- Aprehensión y depósito de dinero.- El depósito de dinero en moneda de curso legal en el Ecuador, lo realizará la Policía Nacional del Ecuador, dentro de las
 
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veinticuatro horas siguientes a la aprehensión en la cuenta especial que mantiene INMOBILIAR, en la o las entidades financieras aperturadas para el efecto; y, entregará a INMOBILIAR los comprobantes de depósito con un ejemplar del respectivo parte policial, orden judicial y oficio de la Policía Nacional del Ecuador dirigido a INMOBILIAR .

La Dirección de Bienes Inmuebles en Depósito, notificará a la Dirección Financiera, con los respectivos documentos de respaldo del depósito para que ejecute el registro de conciliación de cuentas y control, así mismo la Dirección Financiera notificará con el registro efectuado a la Dirección de Bienes Inmuebles en Depósito.

Artículo 11.- Recepción de bienes inmuebles.- Los bienes inmuebles incautados serán recibidos in situ, mediante acta de entrega recepción suscrita entre el servidor responsable de la Policía Nacional del Ecuador y el Custodio de la Dirección de Bienes Inmuebles en Depósito o Unidad Zonal de Bienes Incautados, el mismo que custodiará y administrará los bienes hasta cuando se defina su situación jurídica. El acta de entrega recepción de los bienes inmuebles contendrá lo descrito en el artículo 7 del presente Reglamento.

Artículo 12.- Armas, municiones, explosivos y accesorios.- Las armas, municiones, explosivos y/o accesorios relacionados, que sean incautados, serán entregados en custodia directamente por la Policía Nacional del Ecuador al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de cuya entrega se dejará constancia en el acta de entrega recepción, un ejemplar será remitido al Juez que conoce la causa y otro a la Dirección de Bienes Muebles en Depósito para el registro correspondiente.

CAPÍTULO III

CUSTODIA, RESGUARDO,

CONTROL, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DE BIENES INCAUTADOS

Artículo 13.- Custodia y Resguardo.- La custodia y resguardo de los bienes incautados recibidos por INMOBILIAR, se entenderá por el cuidado, mantenimiento, control, vigilancia, protección, prevención y seguridad contra daños y riesgos que estará bajo la responsabilidad del Custodio designado de la Dirección que corresponda o Unidad Zonal, bajo los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, de conformidad con lo establecido en el marco legal vigente y el presente instrumento normativo.

El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, contratará servicios de vigilancia y seguridad privada, y adoptará las medidas que sean necesarias para asegurar la custodia y resguardo de los bienes.

Artículo  14.-  Control  de  bienes.-  El  control  de

bienes incautados estará a cargo y responsabilidad de

la Subdirección de Bienes Incautados a través de la Dirección de Bienes Muebles en Depósito, Dirección de Bienes Inmuebles en Depósito o la Unidad Zonal de Bienes Incautados según corresponda, quienes efectuarán

controles mensuales, para establecer el estado de los bienes y adoptar las medidas necesarias y correctivas para su uso adecuado, conservación, custodia, y atender oportunamente las obligaciones que se deriven de la administración de dichos bienes.

Artículo 15.- Supervisión de bienes.- La Dirección de Bienes Muebles en Depósito, Dirección de Bienes Inmuebles en Depósito o Unidad Zonal de Bienes Incautados y, la Dirección Administrativa, la Dirección Financiera o Unidad Zonal Administrativa Financiera verificarán el cumplimiento de las obligaciones contractuales y tributarias, renovación de garantías, pago oportuno de gastos, servicios básicos, recaudación y depósito del producto de la comercialización, manejo financiero y demás actividades económicas relacionadas con los bienes, que son de responsabilidad de los Custodios y/o Guardalmacén.

Artículo 16.- Administración de bienes.- Los bienes incautados serán administrados por la Subdirección de Bienes Incautados, a través de la Dirección de Bienes Muebles en Depósito, Dirección de Bienes Inmuebles en Depósito y/o Unidad Zonal de Bienes Incautados que la conforman, sin perjuicio de contratar administradores temporales.

Artículo 17.- Póliza de Seguro General.- La Dirección Administrativa, incluirá los bienes incautados en la póliza de seguro general que mantiene la Institución, previa solicitud o requerimiento de la Subdirección de Bienes Incautados.

En caso de que los bienes incautados hayan sido enajenados, restituidos, cedidos en comodato y/o convenio de uso, arrendados o comisados, los mismos deberán ser excluidos de la póliza general de seguros contratada, a petición de la Dirección de Bienes Muebles en Depósito, Dirección de Bienes Inmuebles en Depósito o Unidad Zonal de Bienes Incautados.

CAPÍTULO IV

DE LA ADMINISTRACIÓN DE TERCEROS Y TERCEROS DE BUENA FE EN BIENES INCAUTADOS

Artículo 18.- Contratación de servicios de administración.- Bajo pedido de la Subdirección de Bienes Incautados, siempre y cuando se justifique la necesidad y conveniencia institucional, INMOBILIAR podrá contratar servicios de administración con personas naturales o jurídicas, previo informe justificativo.

Las personas naturales o jurídicas deberán cumplir como mínimo los siguientes requisitos:

Persona natural:

a)    Ser mayor de edad, y estar en pleno ejercicio de los derechos previstos en la Constitución de la República del Ecuador, no estar incurso en las incapacidades establecidas por el Código Civil y no hallarse en estado de insolvencia declarada por autoridad judicial; 
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b)    Acreditar mediante certificación otorgada por el Ministerio del Trabajo de no encontrarse inmerso en ninguna de las inhabilidades, prohibiciones o impedimentos previstos en la Ley Orgánica del Servicio Público; 

c)    No encontrarse en mora crediticia con entidades u organismos del sector público o entidades financieras privadas; 

d)    Acreditar experiencia mínima de tres años en la actividad requerida, de acuerdo a la naturaleza de los bienes a ser administrados; 

e)    Presentar una nómina de personal calificado, con los respectivos justificativos, para la actividad requerida; 

f)    No ser funcionarios o servidores públicos de INMOBILIAR o de las instituciones que integran su Comité, ni ser cónyuges o convivientes, ni parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; 

g)    Acreditar no encontrarse suspendido en el Registro Único de Proveedores RUP; 

h)    Estar al día en el cumplimiento de obligaciones tributarias y patronales; 

i)    Contar con el Registro Único de Contribuyentes RUC; y, 

j)    Las personas naturales extranjeras, adicionalmente, deberán justificar su calidad migratoria, residencia legal en el país y la autorización para ejercer actividades económicas en el Ecuador. 

Persona jurídica:

a)    Justificar la existencia legal y el cumplimiento de obligaciones mediante el certificado conferido por la Superintendencia de Compañías, o por la entidad de supervisión que corresponda; 

b)    Presentar la escritura de constitución; 

c)    Presentar el nombramiento del Representante Legal vigente e inscrito en el Registro Mercantil respectivo; 

d)    Acreditar experiencia mínima de tres años en la actividad requerida, de acuerdo a la naturaleza de los bienes a ser administrados; 

e)    No encontrarse en mora crediticia con entidades del sector público o entidades financieras privadas; 

f)    Acreditar no encontrarse suspendido en el Registro Único de Proveedores RUP; 

g)    Estar al día en el cumplimiento de obligaciones tributarias y patronales; 

h)    Presentar una nómina de personal calificado, con los respectivos justificativos, para la actividad requerida; 

i)    Los socios, accionistas o directivos no deben ser funcionarios o servidores públicos de INMOBILIAR o de las instituciones que integran su Comité, ni ser cónyuges o convivientes, ni parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; 

j)    Contar con el Registro Único de Contribuyentes RUC; y, 

k)    Las personas jurídicas extranjeras, adicionalmente, deberán estar domiciliadas en el Ecuador, conforme lo dispone la Ley. 

Artículo 19.- Obligaciones del Administrador.- Son obligaciones del Administrador:

a)    Implementar proyectos para mantener y mejorar la administración, explotación y rentabilidad de los bienes productivos a su cargo, como parte de su gestión; 


b)    Responder por toda la gestión administrativa, operativa, financiera, y asumir las obligaciones de patrono respecto al personal que requiera para el buen manejo de los bienes administrados; 

c)    Acatar todas las obligaciones estipuladas dentro del contrato de servicios de administración; 

d)    Ser responsable de la custodia y conservación de los bienes administrados, evitando la pérdida o destrucción y minimizando su deterioro; 

e)    Presentar a la Subdirección de Bienes Incautados, o su delegado, informes mensuales que contendrán acciones, análisis, conclusiones y recomendaciones sobre los resultados de su gestión, sin perjuicio de rendir las cuentas que la Ley impone;

f)    Controlar las obligaciones, gastos y desembolsos inherentes a la administración de los bienes; 

g)    Supervisar los términos administrativos, financieros, tributarios, legales y demás que se generen durante la administración del bien o bienes a su cargo; 

h)    Extender las facturas por comercialización de productos y servicios; 

i)    Gestionar y respaldar el manejo de la cuenta bancaria definida en el contrato de servicios de administración de bienes; 

j)    Cumplir y hacer cumplir las obligaciones contraídas en caso de celebrar contratos de arrendamiento respecto de los bienes administrados; y, 

k)    Respetar y hacer respetar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas. 
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El Administrador será responsable hasta por culpa leve de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 29 del Código Civil, sin perjuicio de la responsabilidad penal de ser el caso.

Artículo 20.- Suscripción del contrato.- La máxima autoridad de INMOBILIAR, o su delegado suscribirán el contrato de servicios de administración con la persona natural o jurídica designada para el efecto.

Artículo 21.- Honorarios por la administración.- La máxima autoridad de INMOBILIAR o su delegado, basado en el informe emitido por la Subdirección de Bienes Incautados, en el cual se incluirá el estado, naturaleza, características, avalúo de los bienes, ubicación geográfica, complejidad de la operación, experiencia del Administrador y referencias del mercado laboral, establecerá los honorarios por servicios de administración, dichos honorarios serán pagados por la empresa incautada.

Artículo 22.- Garantías que debe rendir el Administrador.- Previamente a la suscripción del contrato, el Administrador suscribirá a favor de INMOBILIAR, una letra de cambio, pagaré a la orden, o póliza de fiel cumplimiento por un valor de cien salarios básicos unificados, la misma que se devolverá al Administrador si del informe o examen de auditoria interna se determina el buen manejo en la administración del bien incautado, caso contrario se lo ejecutará tan pronto INMOBILIAR haya conocido un mal manejo en la administración del bien.

Artículo 23.- Causas de terminación del contrato.- El contrato de servicios de administración puede terminar por:

a)    Cumplimiento del plazo contractual; 

b)    Mutuo acuerdo de las partes; 

c)    Rendimiento del bien productivo inferior al mínimo previsto en el contrato, debidamente comprobado, que no se deba a fuerza mayor o caso fortuito; 

d)    Deficiente gestión del administrador, debidamente comprobada; 

e)    Restitución de los bienes al propietario, ordenada por la autoridad judicial competente; 

f)    Por el comiso de los bienes, ordenada por la autoridad judicial competente; 

g)    Por falta de diligencia en la custodia, conservación y mantenimiento de los bienes, debidamente comprobados; 

h)    Indebido manejo o desviación de recursos asignados para la administración o producto de ella; 

i)    Si los bienes administrados fueren destinados a actividades ilícitas; 
 

j)    Si los bienes administrados fueren destinados a actividades diferentes a las establecidas en el contrato, sin autorización expresa de la máxima autoridad de INMOBILIAR o su delegado; 

k)    Sub contratar o ceder el contrato sin autorización expresa de la máxima autoridad de INMOBILIAR o su delegado; 

l)    Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el contrato; 

m)    Por muerte del Contratista (Administrador contratado) o por disolución de la persona jurídica contratada como Administrador; y, 

n)    En caso de que el Administrador sea persona jurídica, habrá lugar a la terminación anticipada del contrato, al verificarse la cesión de sus acciones o participaciones sin autorización expresa de la máxima autoridad de INMOBILIAR o su delegado. 

La terminación anticipada y unilateral del contrato, se adoptará mediante notificación escrita al Administrador, emitida por la máxima autoridad de INMOBILIAR o su delegado, para que en el plazo máximo de treinta días, entregue los bienes, documentos y el resultado de su gestión, dejando constancia de todo lo actuado en la respectiva acta de entrega recepción; sin perjuicio de las acciones legales que podrían ejercerse de acuerdo al daño causado.

Artículo 24.- Entrega y recepción de los bienes.- Tanto al inicio como a la finalización del contrato de servicios de administración, se realizará la entrega y recepción de los bienes, entre el Custodio de bienes de INMOBILIAR y el Administrador, quienes serán personal y pecuniariamente responsables de la información constante en el acta. El acta deberá contener lo previsto en el artículo 7 del presente Reglamento.

Artículo 25.- Administración por terceros de buena fe.-

En los casos de bienes incautados, que al momento de ser aprehendidos, se encontraren bajo la administración de terceros de buena fe, INMOBILIAR previo informe de la Subdirección de Bienes Incautados, y suscripción del acta de entrega recepción, podrá mantener dicha administración para tales bienes. El responsable de controlar el buen manejo de los bienes entregados en administración de buena fe será el Custodio designado, quien mensualmente presentará los respectivos informes en los que se detalle el estado de los bienes.

Será planteable como cuestión de derecho las irregularidades de la administración de buena fe de los bienes incautados, es decir se dará por concluida dicha administración, pudiendo efectuar las acciones legales pertinentes de ser el caso. Si la irregularidad no es de gravedad existirá la posibilidad de suscribir contratos de arrendamiento con quien estuvo de Administrador de Buena Fe.
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La administración de buena fe dará inicio desde la suscripción del acta de compromiso de administración del bien de buena fe, con las responsabilidades legales correspondientes.

CAPÍTULO V

CONTROL DE LOS BIENES PRODUCTIVOS

Artículo 26.- Del Control de los bienes productivos.-

El control de las actividades administrativas, operativas y financieras de los bienes productivos, objeto de los contratos de administración, son de responsabilidad de la Subdirección de Bienes Incautados y la Coordinación General Administrativa Financiera o Coordinaciones Zonales según sea el caso. Les corresponderá realizar supervisiones permanentes para establecer el estado de los bienes y adoptar las medidas necesarias y correctivas para su uso adecuado, conservación, custodia y/o enajenación; y, atender oportunamente las obligaciones que se deriven de la administración de los bienes.

Serán responsables de verificar el cumplimiento de obligaciones contractuales y tributarias, renovación de garantías, desembolsos, recaudación y depósito del producto de la comercialización, manejo financiero y demás actividades económicas relacionadas con los bienes.


CAPÍTULO VI

DEL ARRENDAMIENTO

DE BIENES INCAUTADOS

Artículo 27.- Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles incautados.- El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles incautados, será regulado por el instructivo expedido por la máxima autoridad de INMOBILIAR para el efecto.

Artículo 28.- Terminación anticipada del contrato.-

El contrato de arrendamiento contendrá una cláusula que determine expresamente su terminación anticipada e inmediata y la obligación del arrendatario de entregar a INMOBILIAR, los bienes arrendados en un plazo no mayor a treinta días, cuando la autoridad judicial competente ordene la restitución de los bienes a su propietario, o el comiso del bien.

Para este efecto, INMOBILIAR notificará al arrendatario con la copia del auto o resolución respectiva dictada por la autoridad judicial competente.

En el contrato también se establecerá la terminación anticipada y unilateral por parte de INMOBILIAR, en caso de incumplimiento del contrato por parte del arrendatario, y por no mantener vigente la póliza de cobertura multiriesgo.


Artículo 29.- Cumplimiento de las obligaciones del arrendatario.- Los pagos mensuales y demás obligaciones establecidas en el contrato de arrendamiento son de obligatorio cumplimiento para los arrendatarios, y serán verificados por el personal designado de la Dirección

de Bienes Muebles en Deposito o Dirección de Bienes Inmuebles en Depósito, o las Unidades Zonales de Bienes Incautados, de manera mensual.

Artículo 30.- Depósito y pólizas para el arrendamiento.-

Para la suscripción del contrato, INMOBILIAR exigirá al arrendatario la entrega de un depósito equivalente a un mes del canon establecido y, la contratación de una póliza para asegurar tanto los bienes muebles e inmuebles incautados, dicha póliza o pólizas serán de cobertura multiriesgos e incluirán la cobertura contra robos y asaltos.

De ser necesario, el arrendatario tendrá la obligación de contratar pólizas de rotura de maquinaria y equipo electrónico que cubran los bienes arrendados. La prima debe estar pagada en su totalidad a la compañía aseguradora, al momento de la firma del contrato, las pólizas se mantendrán vigentes mientras subsista el contrato de arrendamiento.

Producida la terminación del contrato y si no existieren reclamos pendientes, INMOBILIAR devolverá al arrendatario el depósito y las pólizas rendidas.

CAPÍTULO VII

DE LA VENTA Y/O ENAJENACIÓN DE BIENES

MUEBLES INCAUTADOS

Artículo 31.- Objeto.- Este capítulo tiene por objeto establecer el procedimiento para la venta y/o enajenación de los bienes muebles incautados en procesos penales por delitos de producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, lavado de activos, terrorismo y su financiación, trata de personas, tráfico de migrantes, peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, enriquecimiento privado no justificado, testaferrismo, y aquellos que le sean dispuestos por mandato normativo u orden judicial, recibidos por el Servicio de Gestión Inmobiliaria de Sector Público, INMOBILIAR, antes de que se dicte sentencia definitiva.

Sección Primera

De la venta y/o enajenación

Artículo 32.- Formas de venta, enajenación y plazo.-

Las formas de venta y enajenación de los bienes muebles materia de este Reglamento, son las siguientes:

a)    Venta por subasta pública ascendente; y, 

b)    Venta directa. 

Dichas formas de enajenación se realizarán según convenga a los intereses del Estado.

La disposición anticipada (venta y/o enajenación), podrá ser efectuada en cualquier momento del proceso, hasta antes de dictarse sentencia ejecutoriada, sin necesidad de consentimiento del titular del bien.

A partir de la fecha efectiva del depósito, custodia, resguardo, administración y control a cargo de
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INMOBILIAR, y suscrita el acta de entrega-recepción correspondiente, se podrá vender y/o enajenar los bienes muebles incautados.

Sección Segunda

De los oferentes

Artículo 33.- Intervención de oferentes.- En todas las formas de venta y/o enajenación de los bienes incautados, intervendrán únicamente personas capaces para contratar.

No podrán intervenir como oferentes ninguna persona que se encuentre vinculada o relacionada con el proceso judicial o administrativo de incautación del bien o bienes a ser subastados, ni sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Sección Tercera

Avalúos

Artículo 34.- Avalúo de bienes incautados.- En el caso de bienes incautados, el avalúo de dichos bienes los deberá realizar un perito calificado externo que posea los conocimientos y experiencia para la realización del informe pericial.

El informe pericial deberá reflejar el valor comercial susceptible de venta del respectivo bien de acuerdo con las condiciones de mercado; avalúo sobre el cual se establecerá el precio base inicial. De igual manera el perito establecerá la existencia de gravámenes de los bienes peritados.


De no ser posible la enajenación en el precio inicial fijado por el perito se podrá ajustar el mismo.

Artículo 35.- Vigencia del avalúo.- El avalúo practicado en la forma establecida en los artículos precedentes, estarán vigentes por el plazo de doce (12) meses, concluido el mismo la máxima autoridad de INMOBILIAR o su delegado, designará al servidor que efectuará el nuevo avalúo o dispondrá el inicio de un nuevo proceso de contratación de perito calificado para la actualización del avalúo.

Sección Cuarta

De la Subasta Ascendente de bienes muebles incautados

Artículo 36.- Resolución de venta.- Previo informe de la Dirección de Bienes Muebles en Depósito o Unidad Zonal de Bienes Incautados, la Subdirección de Bienes Incautados iniciará el proceso de subasta pública o venta directa mediante Resolución, en la misma se integrará la Comisión de Calificación y Adjudicación.

Artículo 37.- Integración de la Comisión de Calificación y Adjudicación.- La Comisión de Calificación y Adjudicación, para la venta de bienes muebles incautados en procesos de subasta pública ascendente y/o venta directa estará integrada por:

a)  El Director General o su delegado, quien lo presidirá;

b)    El Coordinador General Administrativo Financiero, o su delegado; 

c)    El Subdirector de Bienes Incautados o su delegado. 

Todos los miembros de la comisión tendrán voz y voto, actuará como Secretario el Coordinador General de Asesoría Jurídica o su delegado.

Artículo  38.-    Funcionamiento    de    la  Comisión
de  Calificación    y  Adjudicación.-    La    Comisión  de
Calificación y Adjudicación sesionará previa convocatoria que realice su Presidente.

Las sesiones de la Comisión se instalarán con un quórum mínimo de dos (2) de sus miembros, a las cuales no podrá faltar el Presidente o su delegado, mismas que podrán ser presenciales o virtuales.

Las decisiones de mayoría de la Comisión se adoptarán con al menos dos (2) votos. El voto del Presidente será dirimente.

Artículo 39.- Convocatoria.- La Subdirección de Bienes Incautados realizará la convocatoria a subasta pública, mediante publicación en uno de los periódicos de mayor circulación a nivel nacional y, en la página web de INMOBILIAR creada para el efecto.

La publicación de la convocatoria se hará por una sola vez cuando se trate de bienes muebles incautados cuyo avalúo individual o por lote no exceda de trescientos mil dólares de los Estados Unidos de América; y, por dos veces, cuando el avalúo individual o por lote de los bienes muebles incautados sea superior a trescientos mil dólares de los Estados Unidos de América, en cuyo caso, entre cada publicación deberá mediar dos días plazo como mínimo.

La    recepción de las    ofertas,    se    podrá efectuar    desde
el    segundo día hábil    posterior    a    la fecha de la    última
publicación de la convocatoria.

En la publicación de la convocatoria se hará constar lo siguiente:

a)    Descripción de los bienes muebles incautados; 

b)    Características de los bienes muebles incautados; 

c)    Avalúo de los bienes muebles incautados; 

d)    Lugar, fecha y hora para la constatación física de los bienes muebles incautados por parte de los interesados; 

e)    Lugar, fecha y hora para presentar las ofertas; 

f)    Lugar, fecha y hora en la que se va efectuar la Subasta; y, 

g)    Otros detalles que se consideren relevantes de los mismos. 
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Artículo 40.- Formulario para la calificación de oferentes.- Para calificarse como oferentes en la subasta de bienes incautados, los interesados deberán llenar la información requerida en el formulario establecido para el efecto; los interesados deberán descargar dicho formulario de la página web del Servicio de Gestión inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, y/o la creada para el efecto.


Artículo 41.- Requisitos para participar en la subasta de bienes muebles incautados.- Los interesados en participar en la subasta de bienes muebles incautados, deberán en el día y hora señalados en la convocatoria, presentar al Secretario de la Comisión de Calificación y Adjudicación o su delegado, quien contará con la cooperación del Director Financiero o su delegado, los siguientes requisitos:


a)    Formulario de calificación de oferentes debidamente suscrito con toda la información requerida, sin tachones ni enmendaduras; 

b)    Cheque certificado, de gerencia o de emergencia por un valor correspondiente al diez (10) por ciento del 

valor de la oferta que no será menor al avalúo del bien mueble o grupo de muebles (lote) incautados a ser subastados a nombre del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, como valor de garantía de seriedad de la oferta;

c)    Comprobante original de depósito correspondiente al diez (10) por ciento de un Salario Básico Unificado, como valor de postulación. 

No se admitirán ofertas presentadas fuera de la fecha y hora señaladas.

Artículo 42.- Calificación del oferente.- La Comisión de Calificación y Adjudicación una vez receptada la documentación necesaria para participar en la subasta de bienes muebles incautados por parte del Secretario o su delegado, se instalará para verificar si los interesados han cumplido a cabalidad los requisitos establecidos en el artículo 41 de este Reglamento, y procederán con la calificación de los oferentes.

De no cumplir con los requisitos, el interesado no será calificado, lo cual no será susceptible de reclamación alguna.

La Comisión de Calificación y Adjudicación no podrá subsanar errores de fondo y/o de forma de los requisitos presentados por los interesados.

La Comisión de Calificación y Adjudicación dispondrá a la Dirección de Bienes Muebles en Depósito que notifiquen a los oferentes que han cumplido con los requisitos para su calificación, con el fin de que se presenten en el día y hora señalados para la subasta de bienes muebles incautados.
 

Artículo 43.- Monto de las ofertas.- Para el primer llamamiento no se admitirán posturas menores al valor total del avalúo. Para el segundo llamamiento las posturas no serán menores del setenta y cinco por ciento del avalúo.

Artículo 44.- Puja para la Subasta Pública Ascendente.-

En el lugar, día y hora señalados en la publicación de la convocatoria, se realizará la puja ascendente de manera presencial con los oferentes calificados.

Se ejecutará, a favor de INMOBILIAR, el 10% de la Garantía de Seriedad de la Oferta de aquellos oferentes calificados que no se presenten a la puja, así como de aquel oferente calificado que presente la mayor oferta y no efectúe la puja, valor que cubrirá los gastos administrativos y operativos de la subasta, por lo que serán transferidos a la Cuenta del Tesoro Nacional.

En el evento de que los oferentes calificados no efectuaren la puja, la subasta se considerará no exitosa y traerá como consecuencia la quiebra del proceso, con los efectos señalados en la quiebra de la subasta.

La duración de la puja no podrá ser mayor a cinco (5) minutos; e iniciará con el precio mayor ofertado de los oferentes calificados que se encuentren presentes, oferta constante en el formulario establecido para el efecto, del bien o grupo de bienes (lotes) incautados subastados.

Para la puja se considerará una variación mínima del uno por ciento (1%) del precio mayor ofertado, de los oferentes calificados que se encuentren presentes, para generar las ofertas ascendentes, serán válidas las ofertas anunciadas en números enteros, sean éstas adicionadas en porcentajes, valores parciales superiores al uno por ciento (1%); o, el valor total ofertado.

Si en los diez (10) segundos previos al cierre de la puja, existieren varios oferentes con la paleta levantada, se declarará el empate con el último valor registrado, e inmediatamente se dirimirá el empate con el formulario diseñado para el efecto.

En caso de persistir el empate, la Comisión de Calificación y Adjudicación concederá a los oferentes empatados un
(1) minuto para mejorar su oferta en un nuevo formulario.

De la puja se dejará constancia en el Acta de proclamación de resultados y será suscrita por los miembros de la Comisión de Calificación y Adjudicación instalados, en base a la cual se notificará al oferente ganador.

Artículo 45.- Venta Única de bienes muebles.- En el caso de existir una sola oferta que cumpla con los requisitos y condiciones establecidos en la convocatoria, no se realizará la puja y en su lugar se efectuará una sesión de venta única, entre la Comisión de Calificación y Adjudicación del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público - INMBILIAR y el oferente.
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La sesión de venta única se realizará en el mismo día de la fecha establecida para la realización de la puja.

El objeto de la sesión de venta única será mejorar la oferta económica del único oferente calificado en al menos el cinco por ciento (5%) del precio base de subasta.

En el evento de que el oferente convocado a la sesión de venta única no se presentare o no mejorare su oferta en al menos el cinco por ciento (5%) la venta se considerará no exitosa y traerá como consecuencia la quiebra del proceso, con los efectos señalados en la quiebra de la subasta.

De la sesión se dejará constancia en el Acta de venta única, que deberá ser suscrita por los miembros de la Comisión de Calificación y Adjudicación instalados y el oferente.

Artículo 46.- Valor de garantía de seriedad de la oferta y valor de postulación.- Se consignará el 10% por ciento del valor de la oferta que no será menor al avalúo del bien mueble o grupo de bienes muebles (lote) incautados, como valor de garantía de seriedad de la oferta, conforme los requisitos señalados para la calificación de oferentes de los bienes muebles incautados a ser subastados, el mismo que será entregado mediante cheque certificado, de gerencia o emergencia a nombre del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR. Este valor consignado servirá para completar el pago de la oferta, para hacer efectiva la responsabilidad del postor en caso de quiebra de la subasta o de no presentarse a la puja el oferente calificado.

Los cheques del valor de garantía de seriedad de la oferta de aquellos oferentes que no resultaren ganadores o no fueren sancionados, serán devueltos de manera inmediata una vez concluido el proceso de subasta, previo suscripción del formulario para la devolución de la garantía de la seriedad de la oferta.

Para postular en la subasta de bienes muebles o grupo de bienes muebles (lote) incautados, el oferente además deberá depositar en la cuenta destinada para el efecto, a nombre del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, el equivalente al 10% de un Salario Básico Unificado como valor de postulación que no será reembolsable, salvo por disposición judicial de autoridad competente y, que será resuelto por la Comisión de Calificación y Adjudicación, en dicho caso, el oferente deberá presentar en el plazo máximo de quince (15) días, contados a partir del día siguiente de la finalización de la última diligencia de subasta, la solicitud de devolución del valor de postulación equivalente al diez por ciento (10%) de un Salario Básico Unificado, para lo cual adjuntará el formulario para la calificación de oferentes presentado previamente, certificado bancario, y suscripción de formulario para devolución de valores creado para el efecto, caso contrario, transcurrido dicho plazo se

procederá al registro en la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional.

Cuando por causas o hechos debidamente justificados y motivados la Comisión de Calificación y Adjudicación decidiera suspender parcial o totalmente el proceso de subasta convocado, se procederá de oficio con la devolución de los valores de garantía de seriedad de la oferta y valor de postulación.

Artículo 47.- Pago del precio.- Realizada la notificación a través del acta correspondiente, dentro del término de tres días el oferente declarado ganador, deberá presentar al Secretario/a de la Comisión de Calificación y Adjudicación, la siguiente documentación en conjunto, que es requisito sine qua non para perfeccionar la adjudicación:

a)    Formulario de constancia del pago total de la oferta del bien o grupo de bienes (lote) muebles incautados diseñado para el efecto; 

b)    Declaración juramentada de licitud del cien (100%) 

por ciento de los fondos y, de no encontrarse en la prohibición establecida en el artículo 33 inciso segundo del presente Reglamento;

c)    Comprobante de Depósito de la diferencia del noventa (90%) por ciento del valor del bien o grupo de bienes muebles (lote) incautados en la cuenta establecida en el Acta de Notificación. 

La Comisión de Calificación y Adjudicación, a través de la Subdirección de Bienes Incautados y las Direcciones que la componen, remitirá a la Dirección Financiera de INMOBILIAR, los requisitos detallados en los literales de este artículo, para que en el término de tres días se realice el registro y certificación correspondiente al pago total del bien o grupo de bienes muebles (lote) incautados efectuado por el ganador de la subasta.

Artículo 48.- Aviso a oferentes y público en general.-

El Secretario de la Comisión o su delegado hará conocer a los oferentes y al público en general, la declaratoria de oferente ganador de la Subasta de manera inmediata, a través del portal web institucional o el creado para el efecto, publicándolo por tres días consecutivos.

Artículo 49.- Devolución del diez por ciento.- Culminada la Subasta Pública Ascendente, los oferentes que no fueron favorecidos del bien subastado pueden acercarse al lugar definido para el efecto, para el retiro del cheque certificado, de gerencia o emergencia del valor de garantía de seriedad de la oferta del 10% del valor de la oferta del bien o grupo de bienes muebles (lote) incautados subastados, previa suscripción del formulario creado para el efecto.
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Artículo 50.- Título de propiedad de bienes muebles incautados.- Una vez que el oferente ganador haya presentado los requisitos establecidos en el artículo 47 de este Reglamento, se lo considerará como Adjudicatario, y el Secretario de la Comisión le otorgará un ejemplar original de los siguientes documentos:

a)    Resolución de Adjudicación del bien o grupo de bienes muebles (lote) incautados; y, 

b)    Acta entrega recepción del bien o grupo de bienes muebles (lote) incautados Subastados. 

Todos los gastos que por cualquier concepto se generen en trámites administrativos y legales en cualquier órgano público o privado correrán por cuenta del Adjudicatario: además, una vez entregada la Resolución de Adjudicación al Adjudicatario, tendrá la obligación de retirar el bien o grupo de bienes muebles (lote) incautados adjudicados, en el término de tres días, del lugar determinado por INMOBILIAR.

El día y hora señalado para el retiro del bien o grupo de bienes muebles (lote) incautados Adjudicados, no se permitirá la realización de trabajos de mantenimiento, mecánica, etc., de los mencionados bienes.

El no retiro del bien o grupo de bienes muebles (lote) incautados en el término establecido produce la obligación y responsabilidad del Adjudicatario de cancelar el valor de diez dólares de los Estados Unidos América por cada día de bodegaje.

El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, se exime de toda responsabilidad respecto de lo que suceda con el bien o grupo de bienes muebles (lote) incautados que ya han sido adjudicados; y, que no sean retirados en el término de tres días por el Adjudicatario.

El producto íntegro de venta de los bienes incautados en subasta pública ascendente, más sus intereses en el caso de que se generen, se devolverá a la persona que disponga la autoridad judicial competente.

En el caso de subasta pública por grupo de bienes muebles (lote) incautados; y, de existir orden de restitución o comiso sobre uno o varios de los bienes constante en el mismo, la Dirección de Bienes Muebles en Depósito de acuerdo al informe pericial individualizará el valor del bien o bienes subastados.

Artículo 51.- Falta de pago y quiebra de la subasta.-La Comisión de Calificación y Adjudicación, declarará la quiebra de la subasta y Adjudicatario fallido, si dentro de los tres días hábiles posteriores a la realización de la misma,

el oferente ganador, no presentare la documentación dispuesta en el artículo 47 de este Reglamento, en donde debe constar la cancelación del valor total del bien o grupo de bienes (lote) muebles incautados adjudicados.

El valor de garantía de la seriedad de la oferta será ejecutado a favor de INMOBILIAR, el mismo que cubrirá los gastos administrativos y operativos de la subasta, por lo que serán transferidos a la Cuenta del Tesoro Nacional.

El Adjudicado Fallido que causare la quiebra de la subasta pública, no podrá volver a participar por el período de un año en ninguna subasta realizada por INMOBILIAR.

Declarada la quiebra de la subasta, la Comisión de Calificación y Adjudicación realizará una nueva convocatoria a subasta de bienes muebles o grupo de bienes (lote) muebles incautados, por el cien por ciento del valor del avalúo.

Artículo 52.- Segundo llamamiento.- Si no se hubiere presentado oferta alguna o ninguna de las presentadas fuere calificada, la Comisión de Calificación y Adjudicación hará un segundo llamamiento, en el que se aceptarán posturas no menores del setenta y cinco por ciento del valor del avalúo del bien o grupo de bienes muebles (lote) incautados. Esta subasta se regirá por el mismo procedimiento establecido en este Reglamento.

Si en el segundo llamamiento de subasta pública ascendente de bienes muebles incautados, no se presentare ninguna oferta o si ninguna de ellas fuere calificada, la Comisión de Calificación y Adjudicación resolverá si se procede con la venta directa, o se efectúa una nueva convocatoria para subasta pública.

Sección Quinta

De la Venta Directa de bienes muebles incautados

Artículo 53.- Procedimiento.- La Comisión de Calificación y Adjudicación, a través del Secretario solicitará al Director de Bienes Muebles en Depósito, un Informe Técnico en el que se justifique técnica y económicamente que un nuevo proceso de subasta resultaría inconveniente para el Estado e Institución, puesto que realizados dos procesos de convocatoria a subasta, no se ha podido enajenar los bienes muebles o grupo de bienes muebles (lote) incautados, y a fin de evitar la pérdida, destrucción, deterioro, depreciación de dicho bien o bienes, se recomiende la venta directa de los mismos.


La Comisión de Calificación y Adjudicación, basado en el informe emitido por la Dirección de Bienes Muebles en Depósito, donde conste el nuevo avalúo realizado por un perito calificado, mediante resolución motivada
 
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aprobará el inicio del proceso de venta directa, la cual será publicada en la página web de la institución o la creada para el efecto.

La Comisión de Calificación y Adjudicación determinará las condiciones que regirán la convocatoria del proceso.

La oferta económica contendrá el precio ofrecido que en ningún caso será inferior al valor del cien por ciento del avalúo del bien mueble incautado y la forma de pago será mediante depósito o transferencia bancaria a favor de INMOBILIAR.

El término para el pago será de cinco días, contados desde la fecha de recepción del depósito no reembolsable, valor imputable al pago total.

Sección Sexta

Venta Directa de bienes perecibles incautados y animales incautados

Artículo 54.- Venta Directa de bienes perecibles incautados y animales incautados.- Los bienes perecibles depositados en INMOBILIAR, entre ellos: alimentos, medicinas con fecha de expiración, bienes con fecha de caducidad o vencimiento u otros productos de igual naturaleza, podrán ser vendidos por INMOBILIAR mediante venta directa, en base al avalúo determinado por la Policía en las Actas entrega recepción de bienes incautados conforme el artículo 7 del presente Reglamento, a través de invitación realizada por la máxima autoridad de INMOBILIAR o su delegado, a por lo menos tres oferentes, observando el procedimiento establecido en la presente sección.

Para la venta directa de animales incautados se observará lo dispuesto en el Reglamento de Bienes de Contraloría General del Estado, en lo que fuera aplicable.

Artículo 55.- Integración de la Comisión de Calificación y Adjudicación.- La Comisión de Calificación y Adjudicación para la venta directa de los bienes perecibles, se integrará y actuará conforme lo dispone el artículo 37 de este Reglamento.

Artículo 56.- Presentación, monto de las ofertas y consignación del diez por ciento.- La presentación, monto de las ofertas y la consignación del 10% se realizarán conforme lo determinan los artículos 41, 43 y 46 del presente Reglamento.

Artículo 57.- Recepción de ofertas.- En el lugar, fecha y hora señalados en la invitación, el Secretario/a de la Comisión en la recepción de las ofertas, cumplirá con lo dispuesto en el artículo 41 de este Reglamento.

Artículo 58.- Proceso de adjudicación.- Cumplida la fecha y hora para la recepción de las ofertas, salvo caso

fortuito o fuerza mayor, en el mismo día y hora señalados en la invitación directa, se instalará la Comisión de Calificación y Adjudicación para resolver los puntos previstos en el artículo 42 del presente Reglamento.

El Secretario de la Comisión hará conocer a los oferentes y al público, la Resolución de Adjudicación, a través del portal web institucional o el creado para el efecto.

De no presentarse oferta alguna o ninguna de las presentadas fuere calificada, si los bienes perecibles no están en riesgo de inmediata descomposición, caducidad, vencimiento, extinción o expiración, se hará un segundo llamamiento.

Se levantará la correspondiente acta para dejar constancia de las deliberaciones y resoluciones de la Comisión.

A pedido del Director de Bienes Muebles en Depósito, que justifique la necesidad institucional y optimización de recursos, la máxima autoridad de INMOBILIAR o su delegado, autorizará la donación de aquellos bienes muebles que por su naturaleza o características sean susceptibles de un acelerado deterioro, inmediata descomposición, caducidad, vencimiento, extinción o expiración.

La donación se realizará únicamente a favor de entidades del sector público a cargo de beneficencia social, o protección de grupos vulnerables, preferentemente de instituciones de ayuda a ancianos, a niños, a personas con discapacidad, en estado de abandono, enfermos en etapa terminal o instituciones de educación y salud pública.

De todo lo actuado se dejará constancia en el acta respectiva, suscrita por parte de las máximas autoridades de las instituciones beneficiarías e INMOBILIAR o sus delegados.

Artículo 59.- Orden de preferencia de las ofertas.- En caso de existir ofertas iguales se dará preferencia a las instituciones públicas de beneficencia, asistencia o labor social y hospitales, clínicas y otros establecimientos de servicios de salud.

Artículo 60.- Notificación de la adjudicación.- El Secretario de la Comisión de Calificación y Adjudicación notificará de inmediato por escrito la Resolución de Adjudicación al Adjudicatario y a los oferentes, publicando los resultados en el portal web institucional o el creado para el efecto.

Artículo 61.- Pago del precio y entrega de los bienes.- Dentro del plazo de veinte y cuatro horas de ser notificado el Adjudicatario, consignará en la Tesorería de INMOBILIAR de la respectiva jurisdicción, el valor
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restante para completar el total de lo ofertado, en efectivo, cheque certificado o cheque de gerencia a la orden de INMOBILIAR, la misma que entregará la factura por la venta realizada.

Efectuado el pago, se entregará al adjudicatario el o los bienes perecibles vendidos y copia certificada del acta de adjudicación.

Artículo 62.- Falta de pago del precio ofertado y quiebra de la venta directa.- Si el Adjudicatario no consignare el valor restante para completar el precio ofertado por los bienes perecibles, se aplicará lo establecido en el artículo 51 de este Reglamento.

Artículo 63.- Depósito del dinero producto de la venta y enajenación.- La Coordinación General Administrativa Financiera o la Coordinación Zonal, según el caso, depositará los valores que reciba como producto de la venta y enajenación de los bienes, en la cuenta especial que mantiene INMOBILIAR, en la o las entidades financieras aperturadas para el efecto.

TÍTULO III

DE LOS CONTRATOS DE COMODATO Y/O CONVENIOS DE USO DE BIENES INCAUTADOS, Y DEL PROCESO DE BAJA, CHATARRIZACIÓN Y DONACIÓN DE BIENES INCAUTADOS

CAPÍTULO I

DE LOS CONTRATOS DE COMODATO Y/O CONVENIOS DE USO DE BIENES INCAUTADOS

Artículo 64.- Finalidad.- El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, a fin de evitar gastos desproporcionados en la administración de los bienes incautados, podrá suscribir Contratos de Comodato y/o Convenios de Uso, con las entidades estatales señaladas en el artículo 2 del Decreto Ejecutivo Nro. 503, de 12 de septiembre de 2018, y de manera excepcional con personas jurídicas sin fines de lucro, los mismos que se regirán bajo la normativa vigente y el presente Reglamento.


Las entidades estatales, y las personas jurídicas sin fines de lucro que estén interesadas en suscribir un Contrato de Comodato y/o Convenio de Uso de Bienes Incautados, deberán presentar una petición formal dirigida a la máxima autoridad de INMOBILIAR, en la que se describirá las características del bien o bienes incautados y las necesidades que requieran satisfacer con el uso de dichos bienes.

En el caso de que determinado bien incautado sea de interés tanto de una entidad estatal como de una persona

jurídica sin fines de lucro, se preferirá la suscripción del Contrato o Convenio con las entidades estatales, a fin de garantizar una eficiente prestación del servicio público.

No se podrán celebrar Contratos de Comodato y/o Convenio de Uso, si se determina que los beneficiarios se encuentran en mora en el cumplimiento de sus obligaciones con el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público INMOBILIAR, o si existen Contratos de Comodato o Convenio de Uso, con el mismo objeto, que tengan un plazo vencido o pendientes de terminación y liquidación.


Con la finalidad de monitorear y dar seguimiento a los Contratos de Comodato y/o Convenio de uso la Dirección de Bienes Muebles en Depósito designará a la persona responsable quien elaborará una base de datos.

Artículo 65.- Suscripción de Contratos de Comodato y/o Convenios de Uso, con entidades estatales.- Las Entidades Estatales a través de su máxima autoridad o su delegado podrán solicitar la suscripción de Contratos de Comodato y/o Convenios de Uso a INMOBILIAR, para lo cual deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a)    Petición dirigida a la máxima autoridad de INMOBILIAR, en la cual se describirá las características del bien o bienes incautados y las necesidades que requieran satisfacer con el uso de dichos bienes; 

b)    Carta compromiso de la entidad estatal solicitante en la que conste que se contratará una póliza de seguros contra todo riesgo (multiriesgo) girada a nombre de INMOBILIAR sobre el bien incautado que podría ser otorgado, póliza que deberá estar suscrita a la fecha de otorgamiento del bien y mantenerse vigente hasta la devolución del bien o bienes; 

c)    Las demás exigidas por la normativa vigente. 

Artículo 66.- Suscripción de Contratos de Comodato y/o Convenio de Uso, excepcionalmente con Personas Jurídicas sin fines de lucro.- Las personas jurídicas sin

fines de lucro, que soliciten en Comodato y/o Convenio de Uso bienes incautados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a)    Petición dirigida a la máxima autoridad de INMOBILIAR, suscrita por el representante legal de la organización que tenga capacidad para contratar y obligarse, en la cual se describirá las características del bien o bienes incautados y las necesidades que requieran satisfacer con el uso de dichos bienes; 

b)    Proyecto en el cual la persona jurídica sin fines lucro justifique la necesidad de uso de los bienes incautados objeto de su requerimiento; 
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Carta compromiso de la solicitante en la que conste que se contratará una póliza de seguros contra todo riesgo (multiriesgo) girada a nombre de INMOBILIAR sobre el bien incautado que podría ser otorgado, póliza que deberá estar suscrita a la fecha de otorgamiento del bien y mantenerse vigente hasta la devolución del bien o bienes; 

c)    Estatuto y/o Acta de Constitución debidamente regularizado por el organismo de control correspondiente; 

d)    No tener obligación pendiente con el SRI e IESS, para lo cual se deberá presentar certificados correspondientes; 

e)    Registro Único del Contribuyente (RUC); 

f)    Nombramiento de las autoridades que conforman la organización social sin fines de lucro debidamente inscritos en el organismo de control. 

Artículo 67.- Contrato de Comodato y/o Convenio de Uso.- La Subdirección de Bienes Incautados, a través de las Direcciones que la integran, elaborará el Contrato de Comodato y/o Convenio de Uso que contendrá como mínimo las siguientes cláusulas:

a)    Comparecientes; 

b)    Objeto; 

c)    Obligaciones; 

d)    Plazo; 

e)    Cláusula de Administración y Seguimiento del Contrato de Comodato y/o Convenio de Uso; 

f)    Propiedad Intelectual, Uso de la Información y de la Imagen Institucional; 

g)    Responsabilidad para Terceros y Relación Laboral; 

h)    Terminación del Contrato de Comodato y/o Convenio de Uso; 

i)    Controversias; 

j)    Documentos Habilitantes; 

k)    Las demás aplicables de conformidad a la normativa vigente. 

Las partes intervinientes suscribirán en forma conjunta o por separado, el contrato de Comodato y/o Convenio de Uso, en seis ejemplares de igual tenor y valor.
rtículo 68.- Terminación del Contrato de Comodato y/o Convenio de Uso.- Los Contratos de Comodato y/o Convenios de Uso descritos en éste Reglamento, podrán terminar por:

a)    Cumplimiento del plazo del Contrato de Comodato y/o Convenio de Uso; 

b)    Mutuo Acuerdo de las partes; 

c)    Decisión de autoridad judicial competente respecto de la restitución del bien; 

d)    Incumplimiento de obligaciones del beneficiario; y, 

e)    Unilateralmente por parte del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público INMOBILIAR. 

Para dar por terminado los Contratos de Comodato y/o Convenios de Uso, se suscribirán las correspondientes actas de terminación en seis ejemplares del mismo tenor.

CAPÍTULO II

DE LA BAJA, CHATARRIZACIÓN Y DONACIÓN DE BIENES INCAUTADOS

Artículo 69.- Baja de bienes incautados.- Los bienes incautados que dejaren de existir físicamente por alguna de las siguientes causas: robo, hurto, abigeato, caso fortuito o fuerza mayor, se podrán excluir de los registros de la Subdirección de Bienes Incautados contando con la Resolución correspondiente suscrita por el titular de dicha Subdirección.

En aquellos casos que los bienes incautados fueran sustraídos de los lugares de almacenamiento o custodia y hubieren estado protegidos a través de un contrato de seguridad privada, la empresa contratista de seguridad privada repondrá un bien de iguales o mejores características de conformidad con las cláusulas contractuales.

En aquellos casos en que los bienes incautados fuesen robados o hurtados en el poder de los Custodios, y estuvieren cubiertos por una póliza de seguros, el deducible y los valores que se desprendan del hecho serán imputados al respectivo Custodio, montos que le serán restituidos si judicialmente se ha comprobado la existencia de la infracción (robo o hurto), sin que el Custodio tenga responsabilidad penal por tales ilícitos; y, si dichos bienes incautados no estuvieren asegurados, la responsabilidad de todos los valores que se desprendan del hecho serán exclusivamente del Custodio; si el Custodio justifica documentadamente que efectuó las gestiones para asegurar el bien o bienes, la responsabilidad recaerá sobre el funcionario o servidor que tenía la obligación de concretar dicho aseguramiento.
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Artículo 70.- Denuncia.- Cuando alguno de los bienes incautados hubiere desaparecido por hurto, robo o abigeato, el Custodio de manera inmediata presentará la Denuncia ante la Fiscalía General del Estado o Policía Nacional, según sea el caso. Con la Denuncia presentada informará al Director de Bienes Muebles en Depósito y/o al Director de Bienes Inmuebles en Depósito o al Responsable de la Unidad Zonal de Bienes Incautados, para dar continuidad al procedimiento establecido en el Reglamento de Bienes de Contraloría General del Estado.

Artículo 71.- Baja de bienes incautados debido a fuerza mayor o caso fortuito.- Para la baja de bienes incautados destruidos por fuerza mayor o caso fortuito, se cumplirá el siguiente procedimiento:

En el caso de bienes incautados destruidos, se deberá emitir una orden escrita de la máxima autoridad, o su delegado. Dicha orden se dará una vez que, los Custodios a cuyo cargo se hallaba en resguardo, custodia, administración y/o control los bienes incautados destruidos, y dos testigos que tengan conocimiento de los hechos acontecidos, hayan rendido una declaración juramentada ante Notario Público del lugar en que hubiere ocurrido la destrucción, en la que se narre los hechos que les consta sobre la desaparición o destrucción de los bienes incautados. A dicha declaración se adjuntarán las pruebas pertinentes que existieren sobre tales hechos. De cuyo particular se informará a la autoridad judicial competente.

Artículo 72.- De la Comisión para la chatarrización de bienes incautados.- Para la chatarrización de bienes muebles incautados se conformará una Comisión integrada por el Director General de INMOBILIAR, o su delegado, el Director de Bienes Muebles en Depósito o su delegado y el Director Financiero o su delegado; y, actuará como Secretario el Coordinador General de Asesoría Jurídica o su delegado.

Mediante el informe técnico emitido por el Custodio de los bienes muebles incautados, que justifique que los bienes son inservibles u obsoletos o fuera de uso, o que el mantenimiento resulta oneroso para INMOBILIAR, la Comisión recomendará someter al proceso de chatarrización dichos bienes.

Los bienes muebles incautados, sobre los cuales se recomiende someter a proceso de chatarrización, se entregarán a la empresa de chatarrización calificada por el ente rector de la industria y producción. La empresa de chatarrización emitirá el certificado de haber recibido los bienes sujetos a chatarrización el mismo que deberá estar suscrito por el representante legal de la empresa y por la Comisión descrita en el presente artículo.

Artículo 73.- Procedimiento para la chatarrización de bienes incautados.- Previo al proceso de chatarrización de

bienes incautados, la Subdirección de Bienes Incautados comunicará a la Comisión de Baja por Chatarrización, cuales son los bienes a chatarrizarse, de acuerdo al informe pericial realizado.

El procedimiento para la chatarrización de bienes incautados contará con lo siguiente:

a)    Informe de recomendación, elaborado por la Comisión para la chatarrización el que contendrá el estado de los bienes muebles incautados como es obsolescencia, vetustez, mal estado, deterioro y avería, amparados en el Informe técnico emitido por el perito; 

b)    Documentación que respalde la administración, custodia o resguardo de los bienes muebles incautados a chatarrizarse; 

c)    La Comisión solicitará a la máxima autoridad o su delegado la chatarrización de los bienes incautados; 

d)    Autorización de la máxima autoridad o su delegado que disponga la chatarrización de los bienes muebles incautados; 

e)    La Comisión solicitará a la Unidad de Comunicación la publicación en la página web de INMOBILIAR, o la creada para el efecto, de los bienes incautados que serán sometidos al proceso de chatarrización; 

f)    La Comisión invitará, a través de la página web institucional, como mínimo a tres gestores ambientales, acereras, siderúrgicas, y/o fundidores nacionales, según sea el caso, que se encuentren calificadas por el ente rector de la industria y producción o la entidad que haga sus veces; 

g)    La Comisión notificará al ente rector de la industria y producción o a la entidad que haga sus veces, y a la Contraloría General del Estado, informando la chatarrización de los bienes muebles incautados; 

h)    El gestor ambiental, acereras, siderúrgico, fundidor nacional, según corresponda remitirá el comprobante de depósito del valor pagado de los bienes muebles incautados chatarrizados, en la cuenta designada para el efecto; 

i)    El Acta de entrega recepción de bienes muebles incautados será firmada por el representante legal de la empresa (gestor ambiental, acerera, siderúrgica y/o fundidor nacional, según corresponda) y miembros de la Comisión, dicha acta será puesta en conocimiento de la autoridad judicial competente. 

El acta entrega recepción justifica el egreso del bien o bienes muebles incautados.
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Los precios pagados de la chatarra por parte de las empresas chatarrizadoras se regirán a lo dispuesto por el ente rector de la industria y producción o quien haga sus veces.

Para el proceso de chatarrización de bienes muebles incautados, no se requerirá cancelar los valores pendientes que se encuentren establecidos sobre dichos bienes.

TÍTULO IV

DE LA RESTITUCIÓN DE BIENES

CAPÍTULO I

PROCEDIMIENTO

Artículo 74.- Restitución de bienes.- En los casos de que exista orden judicial de autoridad competente de garantías penales, se procederá a la restitución de los bienes o valores que están o estuvieren en custodia de INMOBILIAR, a su propietario que justifique legalmente la propiedad de conformidad con lo previsto en el Código Orgánico Integral Penal, y demás normativa legal vigente.

La máxima autoridad de INMOBILIAR o su delegado, autorizará la restitución de los bienes, quien previamente deberá contar con los informes debidamente fundamentados de la Dirección de Bienes Muebles en Depósito, Dirección de Bienes Inmuebles en Depósito o Unidad Zonal de Bines Incautados, según corresponda, la Dirección Financiera (de ser el caso) y la Coordinación General de Asesoría Jurídica a través de la Dirección de Patrocinio y Contratación; y/o, la Unidad Zonal de Asesoría Jurídica en ese orden.

De igual forma se procederá cuando el juez de garantías penales respectivo, revoque la incautación y ordene la restitución de los bienes de quienes no hayan sido procesados, de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal.

Artículo 75.- Restitución de moneda de curso legal.-

La máxima autoridad de INMOBILIAR o su delegado autorizará la restitución de los valores incautados constituidos en moneda de curso legal en el Ecuador, para lo cual contará con los informes de la Dirección de Bienes Inmuebles en Depósito, la Dirección Financiera; y, la Dirección de Patrocinio y Contratación, en ese orden,

Con la autorización emitida por la máxima autoridad de INMOBILIAR o su delegado, dispondrá a la Dirección Financiera la restitución de los valores en depósito.

Artículo 76.- Trámite de restitución.- La Dirección Financiera dando cumplimiento a la autorización emitida por la máxima autoridad de INMOBILIAR o su delegado, solicitará a la o las instituciones financieras respectivas mediante oficio, la devolución o transferencia de valores

incautados, detallando los datos del depósito y anexando la copia certificada del Auto de sobreseimiento definitivo o sentencia que haya causado ejecutoria de ser el caso, o la orden de restitución emitida por el juez o tribunal de la causa competente.

Artículo 77.- Del Acta Entrega Recepción en caso de restitución.- El acta de entrega recepción en caso de restitución de los bienes, contendrá: comparecientes, antecedentes, descripción del bien, su estado, condiciones físicas; y, cualquier otra información que se estime necesaria. A este documento se adjuntará la autorización de restitución y todos los justificativos que respalden la disposición judicial.

Artículo 78.- Expediente.- La Dirección de Bienes Muebles en Depósito, la Dirección de Bienes Inmuebles en Depósito o Unidad Zonal de Bienes Incautados, serán los encargados de formar y mantener el expediente individual de cada uno de los casos donde existan bienes a restituirse, y requerirá los informes y autorizaciones que señala el presente Reglamento.

Artículo 79.- Petición.- La persona titular del derecho de propiedad previo a la restitución de bienes incautados, deberá presentar la petición dirigida a la máxima autoridad de INMOBILIAR o su delegado debidamente suscrita, señalando datos personales completos, dirección, correo electrónico para notificaciones.

Artículo 80.- Requisitos.- Conjuntamente con la petición detallada en el artículo anterior, se adjuntará la siguiente documentación:

a)    Original o copia certificada del oficio en el que se ordena y se hace conocer a INMOBILIAR, la devolución del bien o bienes, emitida por autoridad judicial competente;

b)    De ser el caso, copias certificadas del Poder Especial o Procuración Judicial (actualizado o con la razón de no estar revocado) a través del cual se faculte solicitar la restitución del bien; 

c)    De ser el caso, original o copia certificada del certificado bancario, que acredite poseer cuenta de la persona propietaria de quien debe restituirse el dinero; 

d)    Comprobante de depósito que consta dentro del proceso judicial, mediante el cual el ente aprehensor realizó la transacción de depósito del dinero incautado. 

Artículo 81.- Trámite.- La Dirección de Bienes Muebles en Depósito y/o la Dirección de Bienes Inmuebles en Depósito, o la Unidad Zonal de Bienes Incautados, una vez recibidos los expedientes con los requisitos establecidos en el artículo anterior, procederá de la siguiente manera:
 
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a)    Emitirá el informe técnico-jurídico correspondiente para la restitución de los bienes, al que se agregará copia del acta de entrega recepción de bienes; 

b)    De ser el caso, solicitará el informe de la Dirección Financiera; 

c)    Se remitirá el expediente conjuntamente con los informes citados anteriormente a la Dirección de Patrocinio y Contratación o Unidad Zonal de Asesoría Jurídica, para su revisión e informe jurídico de restitución; 

d)    El Director de Bienes Muebles en Depósito, Director de Bienes Inmuebles en Depósito o el Coordinador Zonal, según sea el caso, autorizará la restitución del bien o bienes solicitados; 

e)    El Custodio suscribirá el acta entrega recepción del bien o bienes a restituir; 

f)    En el caso de restitución de moneda de curso legal en el Ecuador, con la autorización del Director de Bienes Inmuebles en Depósito o el Coordinador Zonal, la Dirección Financiera transferirá a la cuenta bancaria del peticionario los valores a restituirse, y notificará de la transferencia a la Dirección de Bienes Inmuebles en Depósito o Unidad Zonal de Bienes Incautados. 

En el caso de solicitudes para la restitución de documentos personales, el interesado adjuntará a su petición la orden de restitución emitida por la autoridad judicial competente, con lo cual la Dirección de Bienes Inmuebles en Depósito o Unidad Zonal de Bienes Incautados, emitirá el informe técnico jurídico que contendrá la aprobación de restitución como único requisito para proceder a la citada restitución de documentos personales, y la posterior suscripción del acta entrega recepción respectiva.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- La máxima autoridad de INMOBILIAR, podrá delegar mediante documento escrito a favor de las Subdirecciones, Coordinaciones o Direcciones u otros servidores de la institución, las atribuciones y deberes que sean necesarios para el cumplimiento del presente Reglamento.

Segunda.- Las Subdirecciones de INMOBILIAR según sus competencias, emitirán los manuales o instructivos de procedimiento de ser necesarios para viabilizar la aplicación del presente Reglamento.

Tercera.- En todo lo no previsto en el presente Reglamento, se aplicará lo establecido el marco legal vigente relacionado a la materia.

Cuarta.- En la instrumentación y formalización de los contratos requeridos para el depósito, custodia, resguardo, administración y control de los bienes incautados, se observarán los requisitos y formalidades previstos en las leyes de la materia respectiva, de acuerdo a la naturaleza de cada contrato.

Quinta.- Los gastos por el depósito, custodia, resguardo, regularización y administración de los bienes incautados y comisados, así como los pagos de títulos de crédito,

tributos,    gastos    pendientes, y aquellos que se generen
a partir    de la    orden judicial de incautación, depósito
o comiso, dictados dentro de procesos penales por los delitos previstos en el Código Orgánico Integral Penal, la Ley Orgánica de Prevención Integral Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, su Reglamento General, y Decreto Ejecutivo Nro. 503 de 12 de septiembre de 2018, bajo la responsabilidad de la Dirección de Bienes Muebles en Depósito, Dirección de Bienes Inmuebles en Deposito, Subdirección de Bienes Incautados, la Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección Administrativa y, Dirección Financiera serán con cargo a los recursos que le asignará el Ministerio de Finanzas en el presupuesto de la Institución de conformidad con la Ley; aun cuando aquellos bienes continúen a nombre de terceros, sobre los cuales se dispuso medidas cautelares de carácter real o se dictaron sentencias.

Sexta.- Los funcionarios, servidores, trabajadores de INMOBILIAR, depositarios y administradores determinados en el presente Reglamento, que administren, custodien, resguarden y que suscriban las actas detalladas en el presente Reglamento, serán personal y pecuniariamente responsables por la gestión realizada hasta por culpa leve; y, por el contenido y veracidad de las afirmaciones que consignen en dichas actas, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que puedan generarse en caso de incumplimiento.

Séptima.- Los servidores públicos que ejerzan los cargos de Custodios, deberán rendir ante la autoridad de INMOBILIAR una caución que garantice las funciones encomendadas, misma que podrá ser emitida mediante una letra de cambio suscrita por un valor de 25 salarios básicos unificados.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los procesos de venta y enajenación de bienes que se hubieren iniciado antes de la suscripción de la presente Codificación al Reglamento Interno para el Depósito, Custodia, Resguardo, Administración, y Control de los Bienes Incautados y Comisados recibidos por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, concluirán al amparo de los requisitos generales y condiciones específicas determinadas en la convocatoria y la normativa vigente a esa fecha.
46 – Miércoles 25 de marzo de 2020    Registro Oficial Nº 169

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Deróguese la RESOLUCIÓN-INMOBILIAR-DGSGI-2018-0037 de 06 de abril de 2018, publicada en el Registro Oficial Edición Especial Nro. 451 de 16 de mayo de 2018; la RESOLUCIÓN-INMOBILIAR-DGSGI-2018-0167 de 09 de agosto de 2018, publicada en el Registro Oficial Nro. 383 de 06 de diciembre de 2018, la RESOLUCIÓN-INMOBILIAR-DGSGI-2018-0187 de 04 de diciembre de 2018, publicada en el Registro Oficial Nro. 400 de 07 de enero de 2019; y, la RESOLUCIÓN-INMOBILIAR-DGSGI-2019-0014 de 18 de septiembre de 2019 publicada en Registro Oficial Nro. 68 de 25 de Octubre de 2019.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Resolución, entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 18 días del mes de febrero de 2020.

f.) Dr. Nicolás José Issa Wagner, Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR.


N° 17-FGE-2020

Doctora Diana Salazar Méndez

FISCAL GENERAL DEL ESTADO

Considerando:

Que, el artículo 194 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera. La Fiscal o el Fiscal General es su máxima autoridad y representante legal y actuará con sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso.”;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, dispone: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus

fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.”;

Que, el inciso primero del artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público(…)”;

Que, el inciso primero del artículo 233 Ibídem, dispone:

“Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos (…)”;

Que, el artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas.”;

Que, el numeral 9A del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece:
“Delegación (…) son delegables todas las facultades y atribuciones previstas en esa ley para la máxima autoridad de las entidades y organismos que son parte del sistema nacional de contratación pública”, en armonía con lo que prescribe el artículo 61 del mismo cuerpo de Ley;

Que, el numeral 16 del artículo 6 ibídem determina:

“Máxima Autoridad; quien ejerce administrativamente la representación legal de la entidad y organismo contratante.”;

Que, el artículo 4 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece: “Delegación.- En aplicación de los principios de Derecho Administrativo son delegables todas las facultades previstas para la máxima autoridad tanto en la Ley como en este Reglamento General, aun cuando no conste en dicha normativa la facultad de delegación expresa. La Resolución que la máxima autoridad emita para el efecto, determinará el contenido y alcance de la delegación (…)”;

Que, el artículo 281 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina: “NATURALEZA JURÍDICA.- La Fiscalía General del Estado es un organismo autónomo de la Función Judicial, con autonomía económica,
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financiera y administrativa. Tiene su sede en la capital de la República.”;

Que, el numeral 3 del artículo 284 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece como competencia del Fiscal General del Estado lo siguiente: “Expedir, mediante resolución, reglamentos internos, instructivos, circulares, manuales de organización y procedimientos y cuanto instrumento se requiera para funcionar eficientemente.”;

Que, el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo, señala: “Delegación de competencias.-Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus Competencias, incluida la de gestión, en: 1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes. 2. Otros órganos o entidades de otras administraciones. 3. Esta delegación exige coordinación previa de los órganos o entidades afectados, su instrumentación y el cumplimiento de las demás exigencias del ordenamiento jurídico en caso de que existan. 4. Los titulares de otros órganos dependientes para la firma de sus actos administrativos. 5. Sujetos de derecho privado, conforme con la ley de la materia. La delegación de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia.”;

Que, el Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General, en su artículo 16, determina la: “Aplicación del control interno.- El manual de procesos y procedimiento que emitirán las entidades establecerá las funciones incompatibles, la distinción entre ordenadores de gasto y ordenadores de pago, los procedimientos y los procesos administrativos, financieros, operativos y ambientales, para reducir el grado de error y la posibilidad de fraude a niveles mínimos, el pago con cheques o por la red bancaria, el depósito intacto e inmediato de lo recaudado y el otorgamiento de recibos. Cada entidad emitirá, codificará y actualizará su reglamento orgánico funcional, que será publicado en el Registro Oficial.”;

Que, en la Resolución Nro. 012-FGE-2018, de 28 de febrero de 2018, en el literal c), del artículo 9 del inciso 1.1.1 Dirección Estratégica, consta entre otras atribuciones y responsabilidades de la Fiscal General del Estado, dentro del proceso gobernante, la siguiente:“3. Delegar dentro del marco legal y su alcance, las atribuciones y responsabilidades conforme las necesidades institucionales.”;

Que, mediante Resolución Nro. 001-FGE-2019, de 08 de abril de 2019, la Dra. Diana Salazar Méndez, asume las funciones de Fiscal General del Estado; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la Ley,

Resuelve:

Artículo 1.- Reformar la Resolución Nro. 045-FGE-2019, de 01 de octubre de 2019, mediante la cual se delega, las distintas atribuciones que, por disposición legal y reglamentaria, le corresponden exclusivamente a la o el

Fiscal General del Estado, dentro de los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamientos de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría.

Artículo 2.- Sustitúyase el literal g), del artículo 5, por el siguiente: “Suscribir la resolución de declaratoria de desierto o cancelación”.

Artículo 3.- Elimínese el literal m), del artículo 5.

Artículo 4.- Sustitúyase el último inciso del literal b) del artículo 6, con el texto que sigue: “Los criterios de competencia establecidos en este artículo en razón del monto y materia no son aplicables a las y los Directores de Recursos Provinciales; para estos últimos, solo se aplicará el criterio de territorialidad, es decir, solo podrán ejecutar procesos dentro de su circunscripción territorial con los montos iguales a los autorizados a la Dirección Administrativa.”

Artículo 5.- Inclúyase en el artículo 6, literal c), lo siguiente: “Cuando el monto de la contratación supere los valores asignados para las y los Directores de Recursos Provinciales, se solicitará a la Coordinación General de Gestión de Recursos la autorización correspondiente considerando para el efecto lo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución Nro. 045-FGE-2019; y, en el caso de superar el monto de la Coordinación General de Gestión de Recursos, la solicitud de autorización se realizará a la máxima autoridad de la Fiscalía.”

Artículo 6.- Sustitúyase en el cuadro del artículo 8, en la columna “Fase Contractual y Ejecución”, el texto del campo “Requirente de Pago”, por el siguiente: “Titular de la unidad requirente.”

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dada y suscrita en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a, 19 de febrero de 2020.

f.) Doctora Diana Salazar Méndez, Fiscal General del Estado.

CERTIFICO.- Que la resolución que antecede está suscrita por la señora doctora Diana Salazar Méndez, Fiscal General del Estado.- Quito, Distrito Metropolitano a 19 de febrero de 2020.

f.) Dr. Edwin Erazo Hidalgo, Secretario General Encargado, Fiscalía General del Estado.

FGE.-  FISCALÍA  GENERAL  DEL  ESTADO.-

CERTIFICO: Que las COPIAS que anteceden en dos fojas, corresponden a los originales que reposan en los archivos a cargo y responsabilidad de la Secretaría General de la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.- Quito, 27 de febrero de 2020.- f.) Dr. Edwin Erazo, Secretario de la Fiscalía General del Estado.
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