Registro Oficial

Registro Oficial No. 145- Jueves 21 de diciembre de 2017 Suplemento

Jueves, 21 de diciembre de 2017

Última modificación: Martes, 20 de febrero de 2018 | 16:53

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Jueves, 21 de Diciembre de 2017 (R. O. SP 145, 21-diciembre-2017)

 

SUPLEMENTO

 

SUMARIO

               

Contraloría General del Estado:

 

Transparencia y Control Social:

 

Acuerdo

 

040-CG-2017

Expídense instrucciones generales para la ejecución de la acción de control en instituciones de educación superior públicas y en las de derecho privado que reciban fondos públicos

               

Consejo Nacional Electoral:

 

Electoral:

Resolución           

PLE-CNE-1-1-12-2017

Expídese el Reglamento para la participación de organizaciones políticas y sociales, contratación y pago de la promoción electoral, y control de la publicidad y propaganda electoral para la consulta popular y referéndum 2018

 

                              

 

CONTENIDO

 

 

No. 040-CG–2017

 

EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

 

Considerando:

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 211, atribuye a la Contraloría General del Estado el control de la utilización de los recursos estatales y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos; y, en su artículo 212, número 3, le faculta expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones;

 

Que, la Norma Suprema en su artículo 355, inciso cuarto, respecto de las universidades y escuelas politécnicas, señala: “La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación nacional”;

 

Que, el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría  General del Estado, prescribe que las disposiciones de  esta Ley rigen para las instituciones del sector público  determinadas en los artículos 225, 315 y las personas  jurídicas de derecho privado previstas en el artículo 211 de  la Constitución;

 

Que, el artículo 3 de la citada Ley dispone que se  entenderán por recursos públicos, todos los bienes, fondos,  títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades,  excedentes, subvenciones y todos los derechos que  pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere  la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes  de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro  título, realicen a favor del Estado o de sus instituciones,  personas naturales o jurídicas u organismos nacionales o  internacionales;

 

Que, el citado artículo determina, además, que los  recursos públicos no pierden su calidad de tales al ser  administrados por corporaciones, fundaciones, sociedades  civiles, compañías mercantiles y otras entidades de  derecho privado, cualquiera hubiere sido o fuere su origen,  creación o constitución, hasta tanto los títulos, acciones,  participaciones o derechos que representen ese patrimonio,  sean transferidos a personas naturales o personas jurídicas  de derecho privado, de conformidad con la ley;

 

Que, la referida Ley Orgánica, en su artículo 7 número  5, faculta a la Contraloría General del Estado expedir  disposiciones necesarias para la aplicación del sistema de  control bajo su dirección;

 

Que, con Acuerdo 012 – CG publicado en el Registro  Oficial 107 de 19 de junio de 2003, se expidió el Manual  General de Auditoría Gubernamental, que rige para las  unidades de auditoría de la Contraloría General del Estado,  unidades de auditoría interna de las entidades y organismos  del sector público que se encuentran bajo el ámbito de  competencia del Organismo Técnico de Control y para las  firmas privadas de auditoría contratadas;

 

Que, el artículo 14 de la Ley Orgánica de Educación  Superior, establece que son instituciones del Sistema  de Educación Superior: las universidades, escuelas  politécnicas públicas y particulares, debidamente evaluadas  y acreditadas, conforme la presente Ley; y, los institutos  superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes  y los conservatorios superiores, tanto públicos como  particulares, debidamente evaluados y acreditados,  conforme la Ley;

 

Que, el artículo 15 de la citada Ley Orgánica establece como  organismos públicos que rigen el Sistema de Educación  Superior al Consejo de Educación Superior (CES) y al  Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de  la Calidad de la Educación Superior (CEAACES); y, el  Artículo 182, señala que la Secretaría Nacional de Educación  Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT),  es el órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de la  política pública de educación superior y coordinar acciones  entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema de  Educación Superior;

 

Que, el artículo 18 de la referida Ley Orgánica establece el  ejercicio de la autonomía responsable de las universidades  y escuelas politécnicas; y, en sus letras e), f), g) y h),  señala en particular la potestad de que disponen para  gestionar sus procesos internos, elaborar aprobar y ejecutar  sus presupuestos, adquirir y administrar su patrimonio  y administrar sus recursos, acorde con los objetivos del  régimen de desarrollo, sin perjuicio de la fiscalización a la  institución por un órgano contralor interno o externo, según  lo establezca la ley;

 

Que, el artículo 25 de la mencionada Ley determina que  la Contraloría General del Estado en coordinación con  la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia,  Tecnología e Innovación, establecerán los mecanismos para  la rendición de cuentas de las instituciones del Sistema de  Educación Superior;

 

Que, el artículo 70 de la misma Ley Orgánica de Educación  Superior establece los regímenes aplicables al personal  que presta sus servicios en las universidades y escuelas  politécnicas;

 

Que, la misma ley prevé en los artículos 166 y 171 las  competencias que deben cumplir los órganos rectores del  sistema de educación superior: Consejo de Educación  Superior y Consejo de Evaluación, Acreditación y  Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior;

 

Que, mediante Acuerdo 026-CG-2016, publicado en el  Registro Oficial 782 de 23 de junio de 2016, se expidieron  los “Lineamientos generales para la ejecución de la acción  de control en Instituciones de Educación Superior públicas  y en las de derecho privado que reciban fondos públicos”;

 

Que, la Asamblea del Sistema de Educación Superior  mediante oficio ASESEC-OFICIO No. 089 de 3 de  octubre de 2016, manifestó que “es innegable la  existencia de características eminentemente particulares  en las instituciones de educación superior, que hacen  recomendable tenerlas en cuenta en las labores de auditoría,  (…), habida cuenta no solamente el carácter sui géneris  de las mismas, sino incluso los resultados esperados de su  gestión, que no necesariamente pueden ser comparables  con otras entidades del sector público (…)”; y, presenta una  propuesta de sugerencias para que sean consideradas en el  Acuerdo 026-CG-2016;

 

Que, es necesario, sobre la base del análisis de procedencia  realizado a las sugerencias presentadas por la Asamblea del  Sistema de Educación Superior, incorporar instrucciones a  ser observadas por los auditores gubernamentales, tanto de  la Contraloría General del Estado, como de las unidades de  Auditoría Interna, en la ejecución de la acción de control en  las Instituciones de Educación Superior Públicas y en las de  derecho privado que reciban fondos públicos;

 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los  artículos 212 número 3 de la Constitución de la República  del Ecuador, artículos 7 número 5 y 95 de la Ley Orgánica  de la Contraloría General del Estado,

 

Acuerda:

 

Expedir instrucciones generales para la ejecución de la  acción de control en Instituciones de Educación Superior  públicas y en las de derecho privado que reciban fondos  públicos.

 

Artículo 1.- Objeto

 

El presente instrumento tiene como objeto otorgar  instrucciones generales para la realización de la acción de  control en las Instituciones de Educación Superior, que  estén comprendidas en el ámbito de aplicación señalado en  el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General  del Estado.

 

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología  e Innovación (SENESCYT), el Consejo de Educación  Superior (CES), y el Consejo de Evaluación, Acreditación  y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior  (CEAACES), actuarán en el ámbito de sus competencias  establecidas en la Ley Orgánica de Educación Superior,  respecto del Sistema de Educación Superior; quienes, de  encontrar elementos que hagan presumir la existencia de  irregularidades por parte de los entes examinados, pondrán  en conocimiento de la Contraloría General del Estado, para  que en el ámbito de sus competencias ejecuten las acciones  de control pertinentes, sin perjuicio de aquellas que se  hayan planificado.

 

La máxima autoridad ejecutiva, las autoridades académicas  y demás funcionarios de las instituciones de educación  superior, según sus atribuciones, diseñarán, dispondrán,  y ejecutarán actividades de control interno con carácter  permanente, formal y oportuno, para asegurar el  cumplimiento de sus fines y el correcto manejo de los  fondos públicos recibidos.

 

Artículo 2.- Generalidades:

 

Las Instituciones de Educación Superior que manejan  recursos públicos de acuerdo al artículo 3 de la Ley  Orgánica de la Contraloría General del Estado, sea estos  bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos,  rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los  derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones,  sean cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los  provenientes de préstamos, donaciones y entregas que,  a cualquier otro título, realicen a favor del Estado o sus  instituciones, personas naturales o jurídicas u organismos  nacionales o internacionales; están sujetas al cumplimiento  del marco legal aplicable en el sector público y al examen,  evaluación y verificación de la Contraloría General del  Estado.

 

El régimen de control en las Instituciones de Educación  Superior de derecho privado, con participación estatal,  será exclusivamente sobre los bienes, rentas u otras  subvenciones de carácter público de que dispongan,  cualquiera sea su monto, pues éstas no pierden su calidad de  tales al ser administrados conforme lo dispone el segundo  párrafo del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría  General del Estado.

 

Las presentes instrucciones generales serán consideradas  por el auditor gubernamental, ya sea del Organismo  Técnico de Control o de las unidades de auditoría interna de  las Instituciones de Educación Superior Públicas, por lo que  su aplicación total o parcial dependerá de las circunstancias  de cada caso, así como del criterio profesional del auditor;  por tanto, en la ejecución de la acción de control, se podrá  aplicar procedimientos adicionales y complementarios,  de acuerdo con las necesidades que demande la auditoría  gubernamental, en conformidad con lo establecido en las  Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental, Manual  General de Auditoría Gubernamental y demás normativa  emitida por la Contraloría General del Estado.

 

En atención a lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría  General del Estado, la acción de control, que incluye  aquellas que se ejecutan en las Instituciones de Educación  Superior, tiene como objetivo el examinar las actividades  de las entidades, con posterioridad a su ejecución, a fin  de establecer si la información financiera que producen es  oportuna, útil, correcta, confiable y adecuada.

 

Artículo 3.- Instrucciones específicas.- En las labores de  control se considerará la normativa aplicable para el sector  público en el manejo de los recursos públicos; y, de manera  particular las siguientes orientaciones:

 

Presupuestos.- De acuerdo a las características  particulares de los presupuestos de las instituciones  de educación superior que demandan las actividades  académicas y de investigación de las mismas,  los auditores observarán lo establecido en la Ley  Orgánica de Educación Superior sobre financiamiento,  patrimonio y gestión de recursos de las universidades,  escuelas politécnicas e institutos técnicos,  tecnológicos, pedagógicos, institutos superiores de  arte y conservatorios superiores.

 

El organismo de control tomará en cuenta igualmente,  lo establecido en el ordenamiento jurídico sobre  los recursos obtenidos de autogestión, cuya fuente  de financiamiento sea de origen público, en las  instituciones de educación superior.

 

La máxima autoridad ejecutiva de la Institución  de Educación Superior dispondrá, conforme a la  normativa que se emita sobre la materia, que se efectúe  el seguimiento y evaluación del cumplimiento y logro  de los objetivos, frente a los niveles de recaudación  óptima de los ingresos y ejecución efectiva de los  gastos. De encontrarse indicios que hagan presumir  la existencia de irregularidades los pondrá en  conocimiento de la Contraloría General del Estado.

 

2.             Inversiones financieras.- En materia de inversiones,  la auditoría examinará su adquisición, realización,  ejecución y control en los términos previstos en la  normativa vigente sobre la materia.

 

3.             Documentación de respaldo y su archivo.- En los actos  de control se observarán las políticas y procedimientos de archivo para la conservación y mantenimiento  de archivos físicos y magnéticos, con base en las  disposiciones técnicas y jurídicas vigentes, a fin de  evitar la reproducción innecesaria de documentos. La  Instituciones de Educación Superior dispondrán de  evidencia documentada suficiente, pertinente y legal  de sus operaciones. La documentación sustentatoria de  transacciones financieras, operaciones administrativas  o decisiones institucionales, estará disponible, para  acciones de verificación o auditoría, así como para  información de otros usuarios autorizados, en ejercicio  de sus derechos.

 

Corresponde a la administración financiera de cada  Institución del Sistema de Educación Superior  establecer procedimientos que aseguren la existencia de  un archivo adecuado para la conservación y custodia de  la documentación sustentatoria, que será archivada en  orden cronológico y secuencial y se mantendrá durante  el tiempo que fijen las disposiciones legales vigentes.  Se dejará constancia documental en forma detallada de  la entrega recepción de registros y archivos, cuando  exista reemplazo de los custodios de la documentación  de las áreas administrativas, financieras y académicas.

 

4.             Administración de bienes.- En las acciones de control  en instituciones de educación superior se tomará en  cuenta la normativa emitida para la planificación,  provisión, custodia, utilización, traspaso, préstamo,  enajenación, baja, conservación y mantenimiento,  medidas de protección y seguridad; así como, el control  de los diferentes bienes, muebles e inmuebles de  propiedad de cada institución, en especial la normativa  que favorezca el efectivo intercambio académico, el  uso social de los equipos, insumos y laboratorio de  investigación y el trabajo en redes de las instituciones  de educación superior.

 

5.             Administración del talento humano.- Se debe  considerar los diferentes regímenes laborales que  regulan a los servidores de las Instituciones de  Educación Superior; así como, las disposiciones que  emitan los órganos rectores de cada uno de ellos para  regular y administrar el talento humano, en el ámbito  de sus competencias.

 

Artículo 4.- Proceso de la acción de control:

 

Las instrucciones expuestas a continuación constituyen una  base mínima a ser observada antes, durante y después del  ejercicio de una acción de control, sin que su observancia  exima de modo alguno el cumplimiento de la normativa que  se encuentra al momento vigente y que guía la auditoría  gubernamental.

 

Planificación anual de control.

 

Dentro del Plan Anual de Control, la Dirección  Nacional de Auditoría de la Contraloría General del  Estado en cuyo ámbito se encuentren las Instituciones  de Educación Superior, incluirán la ejecución  de acciones de control en estas entidades, en  cumplimiento a las políticas emitidas por la Dirección  Nacional de Planificación y Evaluación Institucional  de la Contraloría General del Estado y en el marco  de las competencias constitucionales y legales de este  organismo de control.

 

Las Unidades de Auditoría Interna de las Instituciones  de Educación Superior Públicas, prepararán los  proyectos de planes anuales de control, para la  aprobación correspondiente y su posterior ejecución,  de conformidad con las políticas emitidas por la  Dirección Nacional de Planificación y Evaluación  Institucional de la Contraloría General del Estado.

 

2.             Emisión de órdenes de trabajo.

 

Para iniciar la acción de control el titular de la unidad  de auditoría correspondiente, emitirá las órdenes de  trabajo para los equipos auditores con el objeto de  realizar verificaciones preliminares, examen especial  o auditorías de acuerdo con el Plan Anual de Control  aprobado por el Contralor General del Estado, o por  imprevistos autorizados.

 

En la emisión de las órdenes de trabajo se observará  lo dispuesto en la normativa emitida para el efecto por  parte del Contralor General del Estado: “Formatos e  Instructivo para la emisión de órdenes de trabajo  para la ejecución de la auditoría gubernamental”.

 

3.             Notificación de inicio de la acción de control en las  Instituciones de Educación Superior.

 

Con la emisión de la orden de trabajo, el titular de la  unidad de control comunicará el inicio de la acción  de control a la máxima autoridad de la entidad y el  jefe de equipo a las demás personas vinculadas, de  conformidad a la normativa emitida para tal efecto.

 

Para la notificación inicial a las personas vinculadas  con la auditoría gubernamental, se hará uso de los  formatos establecidos en el “Reglamento para la  elaboración, trámite y aprobación de informes de  auditoría gubernamental, predeterminación de  responsabilidades y su notificación” emitido por la  Contraloría General del Estado para el efecto.

 

4. Ejecución de la acción de control en las Instituciones  de Educación Superior.

 

Para la realización de la acción de control en las  Instituciones de Educación Superior, se ejecutarán las  siguientes fases:

 

Planificación de la acción de control

 

Ejecución de la acción de control

 

Comunicación de resultados

 

4.1           Planificación de la acción de control.

 

La planificación de la acción de control consiste en  determinar los objetivos y procedimientos necesarios

para la realización de la auditoría gubernamental a  partir del conocimiento de la entidad, evaluación  del control interno, identificación de los riesgos  de auditoría, monto de recursos a examinar,  identificación de los temas prioritarios a evaluar,  diseño de los programas de auditoría, diseño del plan  de muestreo y todas las acciones que sean necesarias  para el desarrollo de esta fase.

 

El conocimiento de la entidad, programa o proyecto a  ser examinado se realizará a través del relevamiento  y revisión de la información del archivo permanente,  reuniones de trabajo, visitas, entrevistas con  servidores responsables de las operaciones u otros  procedimientos a fin de identificar fuentes útiles para  tener un conocimiento general de las características  fundamentales de la entidad y tener los elementos  necesarios para la evaluación del control interno.

 

Para el levantamiento de la información, el auditor, en  función de los requerimientos de la acción de control,  revisará de inicio lo siguiente:

 

 

El auditor identificará y revisará la normativa de  aplicación general en el sector público que se encuentre  en vigencia en el periodo examinado o auditado y que,  de conformidad con su ámbito de aplicación, esto es  respecto a las Instituciones de Educación Superior,  debió ser observada y aplicada por dichas instituciones  en el desarrollo de las actividades sujetas a la acción de  control, pudiendo ser:

 

Constitución de la República del Ecuador;

 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su  Reglamento;

 

Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento  General;

 

Código del Trabajo;

 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas  y su Reglamento;

 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación  Pública y su Reglamento General; y,

 

Manuales, reglamentos, guías, instructivos, formatos,  procedimientos, normas técnicas; y, demás normativa,  emitida por los entes rectores en el sector público,  como pueden ser: Ministerio de Finanzas, Ministerio  del Trabajo, Secretaría Nacional de Planificación y  Desarrollo, Servicio Nacional de Contratación Pública,  Contraloría General del Estado, entre otras.

 

 

b)            El auditor identificará y revisará la normativa de  aplicación específica para las Instituciones de Educación  Superior que debió ser observada y aplicada por las  mismas, en el desarrollo de las actividades sujetas a la  acción de control en el periodo examinado o auditado;  entre otras:

 

Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento;

 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor de  Educación Superior;

 

Reglamento de Sanciones emitido por el Consejo de  Educación Superior; y,

 

Normativa y regulaciones específicas para las  Instituciones de Educación Superior que hayan sido  expedidas legalmente por los organismos públicos  que rigen el Sistema de Educación Superior como  son: Consejo de Educación Superior, el Consejo de  Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la  Calidad de la Educación Superior; y, por la Secretaría  Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología  e Innovación en calidad de organismo rector de la  política pública de educación superior.

 

Cabe resaltar, que la normativa revisada será conocida  por el auditor y aplicada en la parte pertinente  que le competa en el desarrollo de la auditoria  gubernamental.

 

4.2           Ejecución de la acción de control.

 

Esta fase comprende la aplicación de los programas,  la obtención de la evidencia suficiente, competente  y relevante, la elaboración de los papeles de trabajo,  la determinación de los hallazgos, elaboración de  comentarios con sus atributos que son condición,  criterio, causa y efecto; así como las conclusiones  y recomendaciones que serán presentadas en los  informes de auditoría.

 

Es importante que durante la ejecución de la acción  de control se organice la documentación autenticada  obtenida y se conformen los expedientes para el  posterior trámite de predeterminación y determinación  de responsabilidades, si fueren del caso.

 

El auditor gubernamental podrá solicitar información  a las entidades rectoras del Sistema de Educación  Superior antes mencionadas, cuando lo considere  necesario, para el desarrollo de la acción de control.

 

En el curso de la acción de control los auditores  gubernamentales mantendrán comunicación con los  servidores de la entidad auditada y demás personas  relacionadas con las actividades examinadas.

 

4.3           Comunicación de resultados.

 

La comunicación de los resultados debe ser realizada  en el proceso de ejecución de la acción de control, a  través de:

 

Comunicación en el transcurso de la acción de  control. 

 

Durante la acción de control, los auditores comunicarán  por escrito los resultados a los servidores de la entidad  auditada y demás personas vinculadas, dándoles la

oportunidad para presentar pruebas documentadas, respecto de los hechos sometidos al control.

 

b)            Comunicación al término de la acción de control.

 

Al finalizar los trabajos de campo se convocará a la conferencia final del borrador del informe en la que comunicarán los resultados a los representantes de las entidades auditadas y demás personas vinculadas con la acción de control.

 

El borrador del informe de auditoría contendrá los resultados obtenidos al término de la acción de control redactados en comentarios y conclusiones, observando el debido proceso, las normas nacionales e internacionales y demás disposiciones emitidas para el efecto por la institución de control, con sustento en papeles de trabajo, conforme los formatos establecidos en el “Reglamento para la elaboración, trámite y aprobación de informes de auditoría gubernamental, predeterminación de responsabilidades y su notificación”. Este documento es provisional y, por consiguiente, no constituye un pronunciamiento definitivo ni oficial de la Contraloría General del Estado.

 

Una vez concluida la acción de control, tramitado y aprobado el Informe de auditoría, se dará a conocer a la máxima autoridad de la entidad auditada los resultados de dicho informe para el cumplimiento de las recomendaciones establecidas y el titular de la unidad administrativa de control comunicará a los entes rectores de las Instituciones de Educación Superior, que el informe de auditoría puede ser revisado en la página web de la Contraloría General del Estado.

 

Artículo 5.- En las acciones de control y comunicación de resultados efectuadas a las Instituciones de Educación Superior, que realicen los auditores de la Contraloría General del Estado y las Unidades de Auditoría Interna, se observarán y aplicarán además las disposiciones y procedimientos establecidos en el Manual General de Auditoría Gubernamental y demás normativa emitida por la Contraloría General del Estado para el efecto, con las particularidades señaladas en las instrucciones que constan en el artículo 1 del presente Acuerdo.

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

 

Única.- Deróguese el Acuerdo 026-CG-2016, publicado en el Registro Oficial 782 de 23 de junio de 2016, mediante el cual se expidieron los “Lineamientos generales para la ejecución de la acción de control en Instituciones de Educación Superior Públicas y en las de derecho privado que reciban fondos públicos”; y, las demás normas de menor o igual jerarquía que se opongan al presente Acuerdo.

 

DISPOSICIÓN FINAL

 

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado, en el Despacho del Contralor General del Estado, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 14 de diciembre de 2017.

 

Comuníquese:

 

f.) Dr. Pablo Celi de la Torre, Contralor General del Estado, Subrogante.

 

Dictó y firmó el Acuerdo que antecede, el señor doctor Pablo Celi de la Torre, Contralor General del Estado, Subrogante, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los catorce días del mes de diciembre del año 2017.- Certifico.

 

f.) Dr. Luis Miño Morales, Secretario General de la Contraloría.

 

PLE-CNE-1-1-12-2017

 

EL PLENO DEL CONSEJO NACIONAL

ELECTORAL

 

CONSIDERANDO:

 

Que, el artículo 217 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que, la Función Electoral garantizará el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización política de la ciudadanía.

 

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 219, numerales 1, 6 y 10 de la Constitución de la República del Ecuador, en relación con el artículo 25 numerales 1, 9 y 13 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, al Consejo Nacional Electoral le corresponde organizar, dirigir, vigilar y garantizar de manera transparente los procesos electorales; reglamentar la normativa legal sobre asuntos de su competencia; así como, ejecutar, administrar y controlar el financiamiento estatal de las campañas electorales;

 

Que, el artículo 19 de la Constitución de la República del Ecuador en el inciso segundo, establece que “(…) se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos”;

 

Que, el numeral 11 del artículo 47, de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza: “El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille”;

 

Que,   el artículo 115 de la Constitución de la República del  Ecuador dispone que “El Estado, a través de los medios de  comunicación, garantizará de forma equitativa e igualitaria  la promoción electoral que propicie el debate y la difusión  de las propuestas programáticas de todas las candidaturas.  Los sujetos políticos no podrán contratar publicidad en los  medios de comunicación y vallas publicitarias (…)”;

 

Que,   el artículo 202, de la Ley Orgánica Electoral y de  Organizaciones Políticas de la República del Ecuador,  Código de la Democracia, dispone que “El Consejo  Nacional Electoral en la convocatoria para elecciones  directas determinará la fecha de inicio y de culminación  de la campaña electoral, que no podrá exceder de cuarenta  y cinco días. Durante este período, el Estado, a través del  presupuesto del Consejo Nacional Electoral, garantizará  de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral  que propicie el debate y la difusión de las propuestas  programáticas de todas las candidaturas. El financiamiento  comprenderá exclusivamente la campaña propagandística  en prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias. El  Consejo Nacional Electoral reglamentará el financiamiento  según la realidad de cada localidad”;

 

Que,   el artículo 207 de la de la Ley Orgánica Electoral y  de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador,  Código de la Democracia, establece regulaciones para la  publicidad de las instituciones públicas, determinando los  casos en los que estas pueden emitir publicidad durante el  período de campaña electoral;

 

Que,   la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones  Políticas de la República del Ecuador, Código de la  Democracia, en su artículo 208 prohíbe a las organizaciones  políticas contratar directamente publicidad en prensa  escrita, radio, televisión y vallas publicitarias con fines de  campaña electoral;

 

Que,   el artículo 224 de la Ley Orgánica Electoral y de  Organizaciones Políticas de la República del Ecuador,  Código de la Democracia, establece: “La persona que  tenga a su cargo el manejo económico de la campaña  electoral será responsable de la liquidación de cuentas  y del reporte al organismo competente sobre los fondos,  ingresos y egresos de la campaña electoral. Será el único  facultado por la presente ley para suscribir contratos para  una campaña de promoción electoral, pudiendo delegar a  responsables económicos en las diferentes jurisdicciones  territoriales, mediante poder especial (…)”;

 

Que,   los artículos 275 y 277 de la Ley Orgánica Electoral  y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador,  Código de la Democracia, tipifican las infracciones en las  que puedan incurrir los sujetos políticos, de las personas  naturales y jurídicas y los medios de comunicación,  estableciendo las respectivas sanciones;

 

Que,   el Reglamento de Promoción Electoral, establece:  “En el caso de mecanismos de democracia directa, para  la determinación del Fondo de Promoción Electoral, se  tomará en cuenta los siguientes parámetros: 1. Tipo de  elección; 2. Realidad geográfica de cada localidad; 3.  Número de electores; y, 4. Número de opciones”

 

 

Que, el artículo 52 del Código de la Niñez y Adolescencia  prohíbe la utilización de niñas, niños y adolescentes en  programas, o espectáculos o actos de proselitismo político  o religioso, entre otros;

 

Que,   el Decreto Ejecutivo No. 193 publicado en el  Suplemento del Registro Oficial No. 109, 27 de Octubre  2017, expide el Reglamento para el Otorgamiento de  Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, cuyo  ámbito de acción establece que: “rige para las organizaciones sociales y demás ciudadanas y ciudadanos con  personalidad jurídica que, en uso del derecho a la libertad  de asociación y reunión, participan voluntariamente en las  diversas manifestaciones y formas de organización de la  sociedad; para las entidades u organismos competentes  del Estado que otorgan personalidad jurídica a las  organizaciones que lo soliciten en el ámbito de su gestión  (…)”.;

 

Que, el Tribunal Contencioso Electoral, mediante  Sentencia Nº 063-2011, dispuso que el Consejo Nacional  Electoral tome las medidas necesarias para realizar un  efectivo control previo y posterior, sobre el contenido de la  propaganda electoral;

 

Que, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, en uso de sus  facultades constitucionales y legales, mediante resolución  PLE-CNE-1-23-12-2015 de 23 de diciembre de 2015,  aprobó el Reglamento de Promoción Electoral, el que fue  reformado a través de resolución PLE-CNE-9-26-7-2016  de 26 de julio de 2016; y,

 

Que,   el Pleno del Consejo Nacional Electoral, mediante  resolución PLE-CNE-10-26-7-2016 de 26 de julio de 2016,  aprobó el Reglamento para el control de la Propaganda o  Publicidad y Promoción Electoral, Fiscalización del Gasto  Electoral y su Resolución en Sede Administrativa;

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,  expide el siguiente:

 

REGLAMENTO PARA LA PARTICIPACIÓN DE  ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y SOCIALES,  CONTRATACIÓN Y PAGO DE LA PROMOCIÓN  ELECTORAL, Y CONTROL DE LA PUBLICIDAD Y  PROPAGANDA ELECTORAL PARA LA CONSULTA  POPULAR Y REFERÉNDUM 2018.

 

CAPÍTULO I

 

GENERALIDADES

 

Art. 1.- Objeto.- El presente reglamento norma las  actuaciones, y procedimientos de las organizaciones  políticas, organizaciones sociales, instituciones estatales  en todos sus niveles de gobierno, responsables del manejo  económico de las organizaciones políticas y sociales,  proveedores del Estado, medios de comunicación,  empresas de vallas publicitarias, y cualquier otra persona  natural o jurídica en lo que respecta a la contratación y  pago de la promoción electoral, y control de la publicidad y  propaganda electoral de la Consulta Popular y Referéndum  2018.

 

Art. 2.- Ámbito.- El presente reglamento será de aplicación  a nivel nacional por parte del Consejo Nacional Electoral,  de los organismos desconcentrados, así como de los sujetos  descritos en el artículo primero del presente reglamento, en  el marco de sus competencias.

 

CAPÍTULO II

 

DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y

SOCIALES

 

Art. 3.- Requisitos para la participación de  Organizaciones Políticas.- Las organizaciones políticas  con ámbito de acción nacional, debidamente registradas  ante el Consejo Nacional Electoral, podrán inscribirse para  promover las opciones materia de la consulta popular y  referéndum 2018, para lo cual intervendrán a través de su  representante legal, presentando los siguientes documentos:

 

Formulario de inscripción de organizaciones  políticas para la Consulta Popular y Referéndum  2018, otorgado por el Consejo Nacional Electoral;

 

Copia legible de la cédula de ciudadanía del  representante legal; y,

 

Copia certificada de la Resolución emitida por el  órgano de decisión o dirección política según el  estatuto o régimen orgánico de la organización  política, en la que se establezca que pregunta/s se  va a promocionar precisando en cada una de éstas  la opción de consulta popular y referéndum a  respaldar.

 

Art. 4.- Requisitos para la participación de  Organizaciones Sociales.- Las organizaciones sociales  que tengan un ámbito de acción nacional, podrán inscribirse  para respaldar a una de las opciones materia de la consulta  popular y referéndum, para lo cual intervendrán a través  de su representante legal, presentando los siguientes  documentos:

 

Copia certificada ante notario público o autoridad  competente del registro de la personería jurídica de  la organización social con un período de creación  igual o mayor a 2 años, contados hasta la fecha de la  convocatoria;

 

Copia del Registro Único de Contribuyentes de la  organización social;

 

Copia certificada ante notario público o autoridad  competente del estatuto de la organización social,  que determine que el alcance territorial de la  organización es nacional;

 

Copia certificada ante notario público o autoridad  competente del nombramiento actualizado del  representante legal de la organización social;

 

Declaración juramentada en la que se señale que la  organización social agrupa confederaciones, uniones  nacionales u organizaciones similares

 

Copia certificada de la Resolución del máximo  órgano de decisión de la organización social, en la  que se establezca que pregunta/s se va a promocionar  precisando en cada una de éstas la opción de la  consulta popular y referéndum a respaldar;

 

Formulario de inscripción de organizaciones  sociales para el Consulta Popular y Referéndum  2018, otorgado por el Consejo Nacional Electoral; y,

 

Copia legible de la cédula de ciudadanía del  representante legal.

 

Art. 5.- Calificación de las Organizaciones Políticas  y Sociales.- El Pleno del Consejo Nacional Electoral,  calificará a las organizaciones políticas y sociales, que  presenten las solicitudes de inscripción para participar en  la contratación y pago de la promoción electoral, control de  la publicidad y propaganda electoral de la Consulta Popular  y Referéndum.

 

La Secretaría General del Consejo Nacional Electoral y  las secretarías de las delegaciones provinciales electorales  del Consejo Nacional Electoral serán las responsables de  receptar la documentación y verificar el cumplimiento  de los requisitos de inscripción de las organizaciones  políticas y sociales para remitir a la Dirección Nacional de  Organizaciones Políticas, que será la encargada de emitir  el informe correspondiente; sobre el cual, el Pleno del  Consejo Nacional Electoral resolverá lo que corresponda.

 

CAPÍTULO III

 

DEL LÍMITE MÁXIMO DEL GASTO ELECTORAL

 

Art. 6.- Límite Máximo del Gasto Electoral.- El Consejo  Nacional Electoral establecerá el Límite Máximo del  Gasto Electoral de cada organización política o social, por  el número de preguntas de cada opción, para la Consulta  Popular y Referéndum 2018 de conformidad con lo  previsto en el artículo 209 de la Ley Orgánica Electoral  de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador,  Código de la Democracia, para la dignidad de binomio  presidencial.

 

A efectos de promover la equidad en el gasto electoral  de cada una de las opciones, las organizaciones políticas  y sociales que participen en el proceso deberán observar  como valor límite del gasto electoral el que se defina de  conformidad con la siguiente fórmula:

A = valor que fija el artículo 209 del Código de la  Democracia

 

para la elección de la máxima autoridad de la  jurisdicción en la cual se realiza la campaña electoral

 

B = número de electores de la respectiva jurisdicción

 

n = número de preguntas

 

x = número de organizaciones políticas o sociales calificadas  para promover cada una de las opciones de cada pregunta

 

y = valor límite de gasto electoral de cada pregunta.

 

El valor del límite del gasto electoral para cada organización política o social por opción, equivale a la sumatoria del resultado de la aplicación de la fórmula anterior.

CAPÍTULO IV

 

DEL FONDO DE PROMOCIÓN ELECTORAL

 

Art. 7.- Fondo de Promoción Electoral.- El Fondo de  Promoción Electoral es el monto exclusivo de financiamiento  estatal, con el que contarán las organizaciones políticas y  sociales para la contratación de la publicidad electoral en los  medios de comunicación y empresas de vallas publicitarias  que la ley determina.

 

El Fondo de Promoción Electoral será igual al valor  máximo del límite de gasto electoral establecido para la  elección de la máxima autoridad de la jurisdicción en la  cual se realizará la campaña electoral; para cada una de las  opciones, el mismo que será distribuido de forma equitativa  e igualitaria entre todas las organizaciones políticas y  sociales calificadas, debidamente inscritas ante el Consejo  Nacional Electoral (ver anexo 1).

 

Art. 8.- Financiamiento público.- Las organizaciones  políticas, sociales y cualquier persona natural o jurídica  quedan prohibidas de contratar publicidad electoral,  materia de la presente consulta popular y referéndum, en  radio, televisión, prensa escrita y vallas publicitarias que no  sea financiada por el Consejo Nacional Electoral, a través  del Fondo de Promoción Electoral.

 

La publicidad que no sea financiada a través del  Fondo de Promoción Electoral observando las normas  constitucionales, legales y reglamentarias para el efecto,  será suspendida o retirada por el Consejo Nacional  Electoral o las delegaciones provinciales del Consejo  Nacional Electoral según su jurisdicción; sin perjuicio de  otras acciones legales y sanciones a las que hubiere lugar.

 

Art. 9.- Aprobación del Fondo de Promoción Electoral.-  Una vez que el período de inscripción de las organizaciones  políticas y sociales, determinado por el Consejo Nacional  Electoral, haya finalizado; la Dirección Nacional de  Promoción Electoral elaborará un informe técnico con la  propuesta del monto del Fondo de Promoción Electoral y la  correspondiente asignación, para aprobación del Pleno del  Consejo Nacional Electoral.

 

Para el cálculo del Fondo de Promoción Electoral no será  considerado el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin  embargo, para efectos de pago, este valor se agregará y se  realizarán las respectivas retenciones de Ley.

 

Art. 10.- Forma de asignación y administración.- El Fondo  de Promoción Electoral será asignado a las organizaciones  políticas y sociales debidamente registradas y calificadas,  conforme a lo establecido en el presente reglamento, a  través de los mecanismos informáticos y tecnológicos que  disponga para el efecto el Consejo Nacional Electoral, bajo  ninguna circunstancia la asignación o recepción del Fondo  de Promoción Electoral será en efectivo o numerario.

 

CAPÍTULO V

 

DE LOS RESPONSABLES DEL MANEJO

ECONÓMICO

 

Art. 11.- Responsables del Manejo Económico.- Será el  único facultado para receptar y administrar los recursos de  la campaña electoral y presentar las cuentas de campaña  electoral de la consulta popular y referéndum, en los  formularios proporcionados por el Consejo Nacional  Electoral.

 

El Responsable del Manejo Económico debidamente  inscrito por las organizaciones políticas y sociales, será el  único facultado y responsable de la administración y el buen  uso del Fondo de Promoción Electoral que le fuera asignado.  La organización política o social será subsidiariamente  responsable de la administración y buen uso del Gasto  Electoral y del Fondo de Promoción Electoral.

 

Será responsabilidad de la organización política o social la  designación del Responsable del Manejo Económico en la  presente consulta popular y referéndum.

 

El Responsable del  Manejo Económico solo podrá utilizar los fondos para la  campaña electoral y el Fondo de Promoción Electoral para  promocionar o promover las opciones de las preguntas para  las cuales la organización política o social fue calificada.

 

El Responsable del Manejo Económico deberá ejercer su  responsabilidad de manera obligatoria hasta culminar con  los procedimientos de pago, modificación o anulación de  órdenes de publicidad y pautaje.

 

Los responsables del manejo económico deberán velar  por el cumplimiento de los contenidos y principios de la  publicidad electoral dispuestos en el presente reglamento.

 

Art. 12.- Habilitación para recibir Aportes, realizar  Gastos y administrar el Fondo de Promoción Electoral.- El Responsable del Manejo Económico de las organizaciones  políticas y sociales, una vez calificado por el Consejo  Nacional Electoral, deberá obligatoriamente entregar en la  Secretaría General del Consejo Nacional Electoral, dentro  del plazo de diez días, los siguientes documentos:

 

Copia Certificada del Registro Único de Contribuyentes  (RUC), para campaña electoral de la presente consulta  popular y referéndum; y,

 

Certificado bancario donde conste la apertura de la  cuenta bancaria única electoral.

 

Art. 13.- Firma de Responsabilidad.- Para efectos de  pago, modificación o anulación de órdenes de publicidad  y pautaje; el Responsable del Manejo Económico deberá  consignar su firma de responsabilidad de forma legible y  acorde a su cédula de ciudadanía o identidad en las órdenes  que hubiere aceptado.

 

Art. 14.- Entrega de clave.- El Consejo Nacional Electoral,  a través del sistema informático establecido para el efecto,  proporcionará la clave de acceso al Sistema de Promoción  Electoral al Responsable del Manejo Económico.

 

Será responsabilidad y competencia del Responsable del  Manejo Económico, el manejo de la clave y el acceso al  sistema informático.

 

Art. 15.- Cambio de Responsable del Manejo  Económico.- En caso de fallecimiento del Responsable  del Manejo Económico, el representante legal de la  organización política o social designará de manera  inmediata al nuevo Responsable del Manejo Económico,  para que asuma las responsabilidades en la administración  del Fondo de Promoción Electoral.

 

CAPÍTULO VI

 

DE LOS PROVEEDORES

 

Art. 16.- Convocatoria y calificación de proveedores.-  El Consejo Nacional Electoral convocará a los medios de  comunicación (radio, televisión, prensa escrita) y empresas  de vallas publicitarias, nacionales, regionales, locales  para que se califiquen como proveedores de la promoción  electoral.

 

La convocatoria se efectuará en diarios de circulación  nacional, en la página web del organismo electoral y por  los demás medios que el Consejo Nacional Electoral estime  pertinentes.

 

Podrán participar como proveedores los medios de  comunicación sean públicos, privados o comunitarios,  domiciliados en el Ecuador, ya sean de televisión, radio,  prensa escrita y empresas de vallas publicitarias siempre  que estos estén al día en sus obligaciones con el Estado.

 

 

Art. 17.- Procedimiento.- Los proveedores se inscribirán  a través de la página web del Consejo Nacional Electoral,  adjuntando los siguientes documentos en formato digital:

 

Original o copia certificada ante notario público del  Registro Único de Proveedores del Estado, actualizado;

 

Original o copia certificada ante notario público del  Registro Único de Contribuyentes, actualizado;

 

Original o copia del nombramiento del representante  legal inscrito en el Registro Mercantil o ante el  órgano competente, debidamente protocolizado; para  proveedores con personería jurídica;

 

Copia a color de la cédula de ciudadanía y certificado  de votación o de pago de la multa, o documento que  justifique no haber sufragado, del representante legal  del proveedor;

 

Tarifas de publicidad referenciales de los últimos tres  meses previos a la convocatoria y las tarifas ofertadas  para el proceso electoral;

 

Certificación original y actualizada emitida por la  autoridad competente, para medios de radio y televisión,  que establezca: Derecho de uso de frecuencia, área de  operación; y, que no mantenga deuda pendiente por el  uso y explotación del servicio autorizado;

 

Certificado original y actualizado de pago de patente  o permiso de funcionamiento para el caso de los  proveedores considerados como prensa escrita;

 

Declaración juramentada del proveedor o permisos  que emita la autoridad competente en los cuales deberá  constar las ubicaciones ofertadas para la colocación de  la publicidad, de acuerdo con las especificaciones que  pida cada localidad, en el caso de vallas publicitarias  fijas y/o móviles;

 

Certificado actualizado de registro en el catastro de  medios de comunicación emitido por la autoridad  competente, para radio, televisión y prensa escrita;

 

Certificado actualizado de estar al día en sus  obligaciones ante el Servicio de Rentas Internas; y,

 

Parrilla programática vigente, para el caso de medios de  radio y televisión.

 

 

Una vez finalizado el registro vía web, el representante  legal del proveedor imprimirá y suscribirá el formulario  de inscripción y realizará la entrega del mismo y la  documentación física de respaldo ante el Consejo Nacional  Electoral o sus delegaciones provinciales electorales.

 

Art. 18.- Desconcentración Provincial.- Las delegaciones  provinciales electorales del Consejo Nacional Electoral,  una vez recibida la documentación física, revisarán que  esta corresponda con la información ingresada a través del  sistema, en cuyo caso se suscribirá la respectiva acta de  entrega-recepción.

 

La Delegación Provincial Electoral informará a la Dirección  Nacional de Promoción Electoral, a través de los medios  establecidos para dicho efecto, sobre la recepción de la  documentación y la validación del cumplimiento de los  requisitos de calificación determinados en este reglamento.

 

La Dirección Nacional de Promoción Electoral elaborará  el informe sobre el cumplimiento de los requisitos de los  medios registrados a nivel nacional para conocimiento y  aprobación del Pleno del Consejo Nacional Electoral.

 

Una vez que un proveedor ha sido calificado por el Pleno  del Consejo Nacional Electoral será notificado con la  respectiva habilitación.

 

Art. 19.- Tarifario de promoción.- El Pleno del Consejo  Nacional Electoral resolverá sobre la implementación  del tarifario de promoción electoral en atención a los  principios de equidad e igualdad que se aplican para la  promoción electoral de las opciones de la Consulta Popular  Referéndum 2018.

 

El Pleno del Consejo Nacional Electoral podrá aplicar los  descuentos que consideren pertinentes.

 

En el caso de que un proveedor no estuviera de acuerdo  con los descuentos establecidos por el Pleno del Consejo  Nacional Electoral tendrá el plazo de dos días, contados a  partir de la notificación de la Resolución, para solicitar su  retiro del registro de proveedores.

 

Art. 20.- Excepción de pautaje.- Ningún proveedor  calificado podrá restringir los espacios para la contratación  de publicidad electoral, derivada de la promoción electoral,  o negarse a pautar con las organizaciones políticas y sociales  que requieran de sus servicios, excepto por motivos de  fuerza mayor debidamente justificados y comprobados ante  el Consejo Nacional Electoral.

 

Los proveedores no podrán efectuar cambios o reubicaciones  de fechas y horarios de las órdenes de publicidad y pautaje  aceptadas, excepto en casos fortuitos o de fuerza mayor  debidamente justificados.

 

La justificación deberá ser presentada por escrito y  suscrita por el Responsable del Manejo Económico y el  representante legal del medio de comunicación o empresa  de vallas publicitarias, junto a los otros documentos  establecidos en el presente reglamento para que el Consejo  Nacional Electoral proceda al pago.

 

Aquella publicidad electoral reubicada deberá transmitirse  dentro de las 48 horas subsiguientes a lo indicado en la  orden original, en caso contrario no será considerada para  efectos de pago.

 

Art. 21.- Cancelación de un proveedor por  incumplimiento.- En caso de que un proveedor incumpla  cualquiera de las obligaciones que le corresponden, el  Consejo Nacional Electoral dispondrá su cancelación  de la lista de proveedores calificados para la promoción  electoral, y se liquidará lo efectivamente pautado hasta la  fecha de cancelación, de conformidad a lo establecido en  el presente reglamento, sin prejuicio de las sanciones que  fueren aplicables.

 

Art. 22.- Prohibición de la retransmisión.- Se prohíbe a  los medios de comunicación de radio y televisión volver a  transmitir la publicidad derivada de la promoción electoral.  En caso de incumplimiento la publicidad retransmitida no  se pagará y se procederá conforme a la normativa vigente.

 

Los proveedores podrán difundir publicidad electoral en  programas repetidos solamente cuando se haya aceptado  una orden de publicidad y pautaje bajo la condición de  repetición del programa debidamente registrada en el  Sistema Informático de Promoción Electoral y ante la  autoridad competente.

 

CAPÍTULO VII

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PUBLICIDAD

ELECTORAL

 

Art. 23.- Publicidad en radio y televisión.- En el caso  de radio y televisión se pagarán únicamente los productos  comunicacionales que no excedan de sesenta (60) segundos  de duración, tiempo en el cual deberá incluirse los créditos  (patas y cierres) del Consejo Nacional Electoral.

 

Art. 24.- Lengua de señas y subtítulos.- En la publicidad  que se difunda a través de televisión, las organizaciones  políticas y sociales deberán incluir la lengua de señas  ecuatoriana y/o subtítulos.

 

Los medios de comunicación televisivos garantizarán el  cumplimiento de lo establecido en el inciso anterior. En  caso de incumplimiento las órdenes de publicidad y pautaje  no serán pagadas, sin perjuicio de las sanciones que fueren  aplicables.

 

Art. 25.- Prensa escrita.- En el caso de prensa escrita, no  se pagarán los insertos en razón de no ser considerados  parte de la promoción electoral. Los insertos se imputarán  al gasto electoral de la organización política o social.

 

La cantidad o el tamaño de las publicaciones, que excedan  lo establecido en la orden de publicidad y pautaje, no  se pagarán, sin perjuicio de las sanciones que fueren  aplicables conforme lo establece la Ley Orgánica Electoral  y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador,  Código de la Democracia.

 

Art. 26.- Vallas publicitarias fijas y móviles.- Las  organizaciones políticas y sociales podrán contratar  valla(s) publicitaria(s) únicamente con cargo al Fondo de  Promoción Electoral de la consulta popular y referéndum,  mientras dure el período de campaña electoral.

 

A efectos del control electoral, se considerará como  valla publicitaria fija, a la publicidad exterior expuesta y  gráfica que tenga cualquier tipo de estructura y material  de soporte plano, que sea visible en el espacio público;  entendido por tal, al espacio de dominio público o privado  en el que la publicidad exterior colocada es visible; y como  valla publicitaria móvil a la publicidad expuesta y gráfica  que mediante cualquier tipo de estructura y material de  soporte plano, se coloca sobre el exterior de automotores o  remolques para trasladarse de un lugar a otro.

 

Para efectos de contratación y pago de publicidad electoral,  las empresas de vallas publicitarias calificadas deberán  cumplir con lo siguiente:

 

La valla publicitaria deberá difundir una publicidad  exterior, expuesta y gráfica, a través de una estructura  metálica para efectos de soporte. Ningún elemento de  la valla, excluyendo la estructura de soporte, estará  colocado a menos de tres metros de altura desde  el pavimento, base o terreno natural. El material  específico de la valla será lona o vinilo de corte  adhesivo fotográfico, en tinta plana y/o en impresión digital de media o larga duración, cara simple, tendrá una dimensión no mayor a diez metros en horizontal y no mayor a cinco metros en vertical, con un área de exposición no mayor a 40 metros cuadrados incluyendo los créditos entregados por el Consejo Nacional Electoral.

 

Las vallas publicitarias móviles se pagarán cuando los medios publicitarios se expongan mediante una estructura de soporte o remolque que fueren trasladadas de un lugar a otro a través de un automotor. El material específico de la valla será lona o vinilo de corte adhesivo fotográfico, en tinta plana y/o en impresión digital de media o larga duración, cara simple, tendrá una dimensión no mayor a diez metros en horizontal y no mayor a cinco metros en vertical, con un área de exposición no mayor a 40 metros cuadrados incluyendo los créditos entregados por el Consejo Nacional Electoral. No se considerará como valla móvil al material micro perforado y/o vinilo adherido a automotores.

 

No se permitirá a los proveedores de vallas publicitarias excederse o disminuir las dimensiones establecidas en la orden de publicidad y pautaje. No se permitirá generar equivalencias entre vallas y otros materiales, ni dimensiones a los especificados en este artículo. De incumplirse estas disposiciones las vallas no serán pagadas, sin perjuicio de su inmediato retiro.

 

Art. 27.- Créditos del Consejo Nacional Electoral para productos comunicacionales.- Los productos comunicacionales de la promoción electoral de la consulta popular y referéndum, contarán con los respectivos créditos proporcionados por el Consejo Nacional Electoral. Los créditos en los productos comunicacionales de la promoción electoral no implican que el contenido de los audios, videos o artes haya sido previamente revisada y autorizada por el Consejo Nacional Electoral. El proveedor u organización política o social están en la obligación de colocar los créditos tal como fueron entregados por el Consejo Nacional Electoral.

 

En el caso de alteración, manipulación, uso no autorizado u omisión de los créditos se presumirá que se incumplió el procedimiento legal y reglamentario, por ende, la publicidad no será pagada, se pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad respectiva y serán aplicables las sanciones establecidas para el efecto.

 

Art. 28.- Contenido de la Publicidad Electoral.- Los contenidos de la publicidad electoral deberán cumplir lo establecido en el artículo 19, inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador; artículo 331, numeral 7 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; y, del artículo 52 del Código de la Niñez y Adolescencia. La violación de estas normas será de responsabilidad exclusiva del proveedor que la transmita o publique; y, se sancionará de acuerdo con la ley.

 

En los productos comunicacionales de radio, televisión, prensa escrita y vallas publicitarias, las organizaciones políticas y sociales deberán promover la difusión política de carácter electoral de las preguntas y opciones de la consulta popular y referéndum, para las cuales fueron calificadas.

 

Los proveedores son corresponsables de las disposiciones del presente artículo, en caso de incumplimiento, la publicidad no será pagada sin perjuicio de las sanciones que fueren aplicables.

 

Art. 29.- Control del contenido.- El Consejo Nacional Electoral o las delegaciones provinciales electorales de oficio o a petición de parte y con la motivación y justificación suficiente, de haber mérito, dispondrán la suspensión o el retiro de la publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política, el uso de niños, niñas y adolescentes y toda aquella que atente contra sus derechos o ante el incumplimiento de lo señalado en el artículo anterior.

 

 

En el exterior, la ciudadanía podrá presentar su denuncia en los consulados del Ecuador, la misma que será remitida al Consejo Nacional Electoral conjuntamente con el expediente respectivo para su resolución.

 

De estimarlo pertinente, las autoridades respectivas, con la documentación suficiente, pondrán en conocimiento del Tribunal Contencioso Electoral, los hechos que se describen en este artículo.

 

CAPÍTULO VIII

 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA

CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD ELECTORAL

Y PAGO A LOS PROVEEDORES

 

Art. 30.- Del sistema informático y tiempo de campaña.- Para la contratación de publicidad electoral, las organizaciones políticas, sociales y los proveedores utilizarán el sistema informático que el Consejo Nacional Electoral disponga para el efecto; y cumplirán con el procedimiento que se establezca en el presente reglamento.

 

Los proveedores deberán colocar y transmitir la publicidad electoral respetando irrestrictamente el período de campaña electoral que para el efecto establezca el Consejo Nacional Electoral en la convocatoria a la consulta popular y referéndum.

 

Art. 31.- Contenido de la orden.- La orden de publicidad y pautaje es el instrumento a través del cual se contratará la publicidad electoral y deberá contener lo siguiente:

 

Número de referencia.

 

Nombre y Registro Único de Contribuyentes (RUC) del proveedor.

 

Nombre y cédula de identidad del Responsable del Manejo Económico.

 

Cantidad de publicidad, pautaje o espacio publicitario.

 

Organización política o social para la que se emite la orden y su respectivo código de identificación.

 

Valor unitario y total de la publicidad.

 

Duración, fecha y hora del pautaje, en caso de radio y televisión.

 

Dimensiones, localización, tiempo de exposición en el  caso de vallas publicitarias.

 

Ubicación, tamaño, color o blanco y negro, y fecha,  para el caso de prensa escrita; y,

 

Constancia de la aceptación por parte del Responsable  del Manejo Económico de la organización política o  social correspondiente.

 

Art. 32.- Aceptación de ofertas.- Es responsabilidad de  los proveedores y de las organizaciones políticas y sociales,  a través de sus responsables del manejo económico, la  elaboración de la propuesta publicitaria que será ingresada  en el sistema informático determinado para el efecto para su  aceptación, devolución o rechazo.

 

Cuando el medio de comunicación o empresa de vallas  publicitarias haya ingresado la propuesta publicitaria en el  sistema informático, el Responsable del Manejo Económico  tendrá un plazo máximo de 48 horas para la aceptación,  devolución o rechazo de la orden generada, en el caso de  no realizarse ninguna de estas acciones en ese plazo la  propuesta será eliminada automáticamente por el sistema.

 

Una vez aceptada la propuesta, el sistema notificará al  medio de comunicación o empresa de vallas publicitarias.

 

El Responsable del Manejo Económico que no esté de  acuerdo con la propuesta publicitaria podrá devolver o  rechazar la orden de publicidad y pautaje. La devolución  permite que el Responsable del Manejo Económico pueda  solicitar cambios en la propuesta inicial. En el caso de que  el Responsable del Manejo Económico rechace una orden  de publicidad y pautaje, esta será eliminada por el sistema  informático e inmediatamente se liberará el Fondo de  Promoción Electoral comprometido.

 

Las órdenes de publicidad y pautaje solo podrán ser  utilizadas por las organizaciones políticas y sociales para  la promoción electoral de las preguntas y opciones para las  cuales fueron aceptadas.

 

Art. 33.- Anulaciones y modificaciones de órdenes de  publicidad y pautaje.-

 

Durante el período de campaña electoral de la consulta  popular y referéndum, el Responsable del Manejo  Económico de la organización política o social  conjuntamente con el representante legal del medio  de comunicación o empresa de vallas publicitarias  podrán solicitar, al Consejo Nacional Electoral, a través  de la Dirección Nacional de Promoción Electoral, la  anulación de la orden de publicidad y pautaje, mediante  una carta suscrita por las dos partes, adjuntando la orden  objeto de la anulación, siempre y cuando la publicidad  no haya sido transmitida.

 

Posterior al período de campaña electoral en caso de  presentarse anulaciones de órdenes de publicidad y  pautaje, se actuará de manera similar al procedimiento  determinado para la campaña electoral, salvo en el  caso del fallecimiento del Responsable del Manejo  Económico de la organización política o social,  debidamente justificado, donde no se requerirá su firma.

 

b.             En el caso de modificaciones, el medio de  comunicación o empresa de vallas publicitarias, junto  con el Responsable del Manejo Económico, notificará  a la Dirección Nacional de Promoción Electoral  por medio de una carta suscrita y firmada por ambas  partes adjuntando la orden objeto de la modificación.  La modificación podrá estar sujeta a eliminación  de ítems, rectificaciones de cantidad, de ubicación,  tamaño, duración que no impliquen aumento del valor a  cancelar.

 

Las solicitudes de anulación o modificación podrán ser  presentadas ante las delegaciones provinciales electorales  del Consejo Nacional Electoral, quienes remitirán dicha  solicitud, de manera inmediata, a la Dirección Nacional de  Promoción Electoral.

 

Art. 34.- Procedimiento de pago.- Con posterioridad al  día de las elecciones, los proveedores solicitarán el pago  de los valores de la promoción electoral de la consulta  popular y referéndum, ante el Consejo Nacional Electoral  o en sus delegaciones provinciales electorales, presentando  lo siguiente:

 

Solicitud de pago dirigida al Presidente del Consejo  Nacional Electoral, con el detalle de la documentación  entregada;

 

Impresión de las órdenes de publicidad y pautaje,  firmadas por el Responsable del Manejo Económico y  el representante legal del proveedor, sin huella o rastro  de corrección o adulteración;

 

Factura o facturas originales, las cuales se recibirán del  1 al 15 de cada mes.

 

Certificado original de pautaje que evidencie:

 

En el caso de radio y televisión: la hora, minuto y  segundo que permita ubicar cada pauta en la prueba  física correspondiente;

 

En el caso de prensa escrita: ubicación, tamaño y fecha  de la publicación en la prueba física correspondiente;

 

En el caso de vallas publicitarias fijas: sus dimensiones,  localización y tiempo de exposición, y en el caso de  vallas publicitarias móviles: sus dimensiones, recorrido  y tiempo de exposición;

 

Pruebas físicas que evidencien:

 

En el caso de radio y televisión: la grabación completa  de la programación donde fue difundida, de acuerdo a  lo establecido en la orden de publicidad y pautaje; y  deberán ser entregados en disco duro externo o memoria  USB;

 

En el caso de prensa escrita: el ejemplar completo del  diario donde fue publicado;

 

En el caso de vallas publicitarias fijas y móviles: se  adjuntarán fotografías impresas a full color en tamaño  A4, fotografías digitales en disco duro externo o  memoria USB;

 

 

Certificado actualizado de cuenta bancaria del  proveedor;

 

Copia simple del RUC actualizado del proveedor;

 

Certificado actualizado del Servicio de Rentas Internas  (SRI), mediante el cual conste que el proveedor se  encuentra al día en sus obligaciones; y,

 

Certificación actualizada emitida por la autoridad  competente, para medios de radio y televisión, que  establezca: derecho de uso de frecuencia, área de  operación y que no mantenga deuda pendiente por el  uso y explotación del servicio autorizado.

 

Adicionalmente, la Dirección Nacional de Promoción  Electoral solicitará el informe de la constatación física de  las vallas publicitarias a la Delegación Provincial Electoral  correspondiente.

 

El proveedor podrá dar seguimiento a su trámite mediante  el sistema informático previsto para el efecto por el Consejo  Nacional Electoral.

 

Una vez que las delegaciones provinciales electorales o la  Dirección Nacional de Promoción Electoral hayan revisado  que la documentación cumple con los requisitos establecidos  en el presente reglamento, remitirá el expediente a la  Coordinación Nacional Técnica de Participación Política  para el correspondiente trámite de pago.

 

CAPÍTULO IX

 

PROMOCIÓN ELECTORAL EN EL EXTERIOR

 

Art. 35.- De la promoción electoral en el exterior.- La  promoción electoral en el exterior se realizará bajo las  mismas condiciones que en el territorio nacional, conforme  a este Reglamento.

 

Las organizaciones políticas y sociales no podrán contratar  directamente publicidad electoral en prensa escrita, radio,  televisión y vallas publicitarias, sino a través del sistema  que disponga el Consejo Nacional Electoral.

 

Art. 36.- De los medios de comunicación y empresas de  vallas publicitarias para la publicidad en el exterior.- Los  medios de comunicación y empresas de vallas publicitarias,  con cobertura nacional y que puedan proveer publicidad  en el exterior, deberán estar calificados previamente en  el Consejo Nacional Electoral para difundir promoción  electoral, para lo cual cumplirán los mismos requisitos  y condiciones en cuanto a pautaje y contenidos que se  describen en este Reglamento.

 

CAPÍTULO X

 

DE LOS DEBATES ELECTORALES

 

Art. 37.- Definición de Debate Electoral.- Se entenderá  por debate electoral al acto de campaña en el que se exponen  y discuten uno o varios temas relacionados a las preguntas u  opciones materia de la consulta popular y referéndum, con  la finalidad de informar a la ciudadanía. Se podrán realizar  en el ámbito nacional, regional, provincial, cantonal o  parroquial, e implementarse a través de foros virtuales,  mesas de diálogos o actos de iguales características, según  estime conveniente el Consejo Nacional Electoral.

 

Art. 38.- Organización de debates.- Las instituciones  privadas y públicas podrán organizar debates respetando los  principios de imparcialidad y equidad en la participación.

 

CAPÍTULO XI

 

DE LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA

DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD

DE ENTIDADES PÚBLICAS

 

Art. 39.- Prohibición.- Las instituciones públicas están  prohibidas de utilizar recursos públicos para la difusión de  publicidad electoral.

 

Art. 40.- Prohibición en campaña electoral.- Durante  la campaña electoral de la consulta popular y referéndum,  se prohíbe la publicidad o propaganda de las instituciones  del Estado, en todos los niveles de Gobierno, salvo las  excepciones que se detallan a continuación:

 

Que la difusión se refiera a información de programas  o proyectos que estén ejecutándose o que por la  oportunidad deban ejecutarse en dicho período;

 

Cuando se requiera en las obras públicas, informar a la  ciudadanía sobre cierres o habilitación de vías u obras  alternas; o lugares alternos;

 

En situaciones de emergencia, catástrofes naturales,  cuando se requiera informar a la ciudadanía sobre  medidas de seguridad, evacuación, cierre o habilitación  de vías alternas; y,

 

Cuando se requiera informar temas de importancia  nacional tales como: campañas de prevención,  vacunación, salud pública, inicio o suspensión de  períodos de clases, seguridad ciudadana, u otras de  naturaleza similar.

 

Durante el período de campaña electoral, las instituciones  del sector público que requieran de autorización del Consejo  Nacional Electoral, suscribirán una comunicación dirigida  al Presidente del Consejo Nacional Electoral o al Director  de la Delegación Provincial Electoral, según corresponda,  en la que se especificará y motivará la solicitud, y se  adjuntará el material o pieza publicitaria en su formato  correspondiente: audio, video o arte.

 

Art. 41.- Autorización de publicidad excepcional a  instituciones públicas.- Las delegaciones provinciales  electorales del Consejo Nacional Electoral durante la  campaña electoral de la consulta popular y referéndum,  podrán autorizar la publicidad excepcional a instituciones  públicas en su jurisdicción, previo informe de la unidad  competente de la delegación, en los siguientes casos:

 

Información sobre concursos de méritos y oposición de  las instituciones de la correspondiente jurisdicción;

 

Información sobre procesos de contratación pública  de las instituciones de la correspondiente jurisdicción,  cuando la misma se circunscriba a su ámbito territorial;

 

Publicidad netamente informativa referente a  actividades culturales, turísticas o ambientales, de  las instituciones de la correspondiente jurisdicción, siempre que el contenido de la publicidad se oriente a promocionar la actividad cultural, turística o ambiental;

 

Información sobre actividades eminentemente académicas realizadas por las instituciones de la correspondiente jurisdicción; y,

 

Información oportuna y propia de la prestación o venta de bienes y servicios públicos.

 

Art. 42.- Entrega de Autorizaciones.- No se autorizará ninguna publicidad institucional cuando en el contenido de la misma se encuentren elementos, características o mensajes, con pronunciamientos de carácter político-electoral o de promoción electoral de la consulta popular y referéndum.

 

Ningún medio de comunicación o empresa de vallas publicitarias determinadas por la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, y el presente reglamento podrán difundir publicidad estatal en tiempo de campaña, que no cuente con la respectiva autorización del Consejo Nacional Electoral.

 

La resolución del Presidente o de la Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral, previo al informe técnico de la Dirección Nacional de Promoción Electoral o del responsable en la delegación, en caso de aceptar la publicidad, dispondrá la entrega del código de autorización respectivo a los peticionarios. En el caso de existir observaciones el peticionario deberá modificar la publicidad, previo a su publicación.

 

Lo correspondiente a formatos en la presentación de la solicitud de las entidades públicas y el informe y autorización del Consejo Nacional Electoral podrá regularse a través de los instrumentos que para el efecto el órgano electoral expida.

 

La autorización entregada por el Consejo Nacional Electoral no podrá ser utilizada en otro producto comunicacional que no sea el aprobado, y no podrá ser modificado su audio, video o arte.

 

CAPÍTULO XII

 

DEL CONTROL DE LA PROPAGANDA Y

PUBLICIDAD ELECTORAL

 

Art. 43.- Del Control de la Propaganda y Publicidad Electoral.- El Consejo Nacional Electoral a través de la Dirección Nacional de Control del Gasto Electoral, implementará los mecanismos necesarios para monitorear la propaganda y publicidad electoral realizada por las organizaciones políticas o sociales que promuevan una opción de la Consulta Popular y Referéndum.

 

Art. 44.- Monitoreo en Vías Públicas.- Para efecto de la Fiscalización y Control del Gasto Electoral, la Dirección Nacional de Control del Gasto Electoral realizará el monitoreo nacional en vías públicas disponiendo a las delegaciones provinciales electorales, la realización del mismo en cada una de una de sus jurisdicciones, a efectos  de que se recolecten y suban las evidencias diariamente al sistema informático previsto para el efecto.

 

Art. 45.- Monitoreo en Medios de Comunicación.- El Consejo Nacional Electoral a través de la Dirección Nacional de Control del Gasto Electoral y de las delegaciones provinciales electorales en su jurisdicción, monitoreará la publicidad electoral en los medios de comunicación como son: radio, televisión, prensa escrita y vallas publicitarias realizadas por las organizaciones políticas o sociales que promuevan una opción en el territorio nacional.

 

CAPÍTULO XIII

 

DE LA PRESENTACIÓN Y RENDICIÓN DE

CUENTAS DE LOS FONDOS DE CAMPAÑA

ELECTORAL

 

Art. 46.- De los Expedientes de Cuentas de Campaña.- En el plazo de noventa días, concluido el acto del sufragio, la o el Responsable del Manejo Económico autorizado de las organizaciones políticas y sociales que participaron en el proceso de la Consulta Popular y Referéndum, con intervención de una contadora o contador público autorizado, deberán presentar un expediente de las cuentas de campaña por cada una de las opciones para las cuales fueron inscritos, el mismo que contendrá:

 

Comprobantes de recepción de aportes que justifique los aportes receptados;

 

Comprobantes de ingreso que justifique los aportes receptados;

 

Listado de contribuyentes de campaña electoral (nombres y apellidos completos del aportante, número de cedula, tipo de aportación y valor aportado);

 

Comprobantes de egreso que justifique la adquisición de bienes o la prestación de servicios;

 

Vales de caja chica;

 

Arqueo de caja chica;

 

Reposición y/o Liquidación de fondo fijo de caja chica;

 

Conciliaciones bancarias;

 

 

Estados de cuenta; y,

 

Liquidación de fondos de campaña electoral, suscrita por el representante legal, Representante del Manejo Económico y contador público autorizado.

 

Los formularios deberán estar debidamente preimpresos y prenumerados, secuencial y cronológicamente, y en todos los casos deberá detallarse el valor y adjuntar la documentación de respaldo (facturas, notas de venta, tickets debidamente autorizados por el Servicio de Rentas Internas) que comprenda el período correspondiente al proceso electoral de la Consulta Popular y Referéndum.

 

Art. 47.- Examen de cuentas.- El Consejo Nacional Electoral examinará las cuentas presentadas y dictará la resolución respectiva, conforme lo establece la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia y su reglamento.

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

PRIMERA.- El Consejo Nacional Electoral no se responsabiliza por el contenido de la publicidad o propaganda electoral.

 

SEGUNDA.- Es responsabilidad de cada organización política y social la supervisión del correcto uso del Fondo de Promoción Electoral por parte de los responsables del manejo económico.

 

TERCERA.- El pago de los valores de la promoción electoral de la consulta popular y referéndum, se efectuará a los proveedores que a la fecha de pautaje mantengan vigente el derecho de uso de frecuencia, para lo cual el Consejo Nacional Electoral adoptará los mecanismos necesarios para su verificación.

 

CUARTA.- Las delegaciones provinciales electorales del Consejo Nacional Electoral serán las responsables, en su respectiva jurisdicción, de verificar el cumplimiento de las vallas publicitarias de promoción electoral, para lo cual emitirán el respectivo informe.

 

QUINTA.- La verificación de las pruebas físicas presentadas por los proveedores de la promoción electoral de la consulta popular y referéndum, se realizará de forma íntegra, en función de lo establecido en la orden de publicidad y pautaje.

 

SEXTA.- En todo lo no previsto en el presente Reglamento se estará a las disposiciones previstas en el Reglamento de Promoción Electoral, Reglamento para el Control de la Propaganda o Publicidad y Promoción Electoral, Fiscalización del Gasto Electoral y su Resolución en Sede Administrativa.

 

SÉPTIMA.- La Coordinación Nacional Técnica de Participación Política emitirá las directrices necesarias para normar la participación de las organizaciones políticas y sociales a través de sus delegados en todas las fases del proceso electoral de la Consulta Popular y Referéndum.

 

OCTAVA.- La acreditación de delegados de organizaciones políticas y sociales deberá garantizar la identificación plena de cada delegado, para lo cual se incluirá como datos obligatorios de las credenciales el nombre completo, número de cédula de ciudadanía y fotografía del delegado. Esta información deberá ser proporcionada por cada organización política y social ante la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral o Delegaciones Provinciales Electorales hasta una semana antes de la fecha de votación.

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

PRIMERA.- Entiéndase como autoridad competente en el artículo 17, literal f), a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL); en el literal h), a los Gobiernos Autónomos Descentralizados o al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; y, en el literal i), al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM).

 

SEGUNDA.- Entiéndase como autoridad competente en el artículo 22 al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM).

 

ANEXO 1:

 

Para calcular el Fondo de Promoción Electoral, que dispone el artículo 7 del presente Reglamento, se procederá de la siguiente manera:

 

FÓRMULA GENERAL PARA CADA OPCIÓN:

 

AB

 

A = valor que fija el artículo 209 del Código de la Democracia para la elección de la máxima autoridad de la jurisdicción en la cual se realiza la campaña electoral

 

B = número de electores de la respectiva jurisdicción

 

FÓRMULA DETALLADA PARA CALCULAR EL FONDO DE PROMOCIÓN ELECTORAL POR OPCIÓN Y POR PREGUNTA:

 

= fondo de promoción electoral por  opción y pregunta

 

A = valor que fija el artículo 209 del Código de la  Democracia para la elección de la máxima autoridad de la  jurisdicción en la cual se realiza la campaña electoral

 

B = número de electores

 

n = número de preguntas

 

x = número de organizaciones políticas o sociales calificadas  para promover cada una de las opciones de cada pregunta

 

 

FÓRMULA DETALLADA PARA CALCULAR EL  VALOR ASIGNADO A CADA ORGANIZACIÓN  POLÍTICA O SOCIAL CALIFICADA

 

DISPOSICIONES FINALES

 

PRIMERA.- Los casos de duda en la aplicación de este  reglamento, serán resueltos por el Pleno del Consejo  Nacional Electoral.

 

 

SEGUNDA.- El presente Reglamento entrará en vigencia a  partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en  el Registro Oficial.

 

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la  Sala de Sesiones del Pleno del Consejo Nacional Electoral,  al primer día del mes de diciembre del año dos mil  diecisiete.- Lo Certifico.-

 

 

f.) Abg. Fausto Holguín Ochoa, Secretario General, Consejo  Nacional Electoral.

 

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