Registro Oficial No 577 - Martes 01 de Septiembre de 2015

Martes, 01 de septiembre de 2015

Última modificación: Jueves, 07 de enero de 2016 | 18:55

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado                       

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Martes 01 de Septiembre de 2015 - R. O. No. 577

 

 

SUMARIO

 

Ministerio de Finanzas:

 

Ejecutivo:

Acuerdos              

 

No. 0180 Confórmese la Comisión Técnica para la ejecución del proceso de selección de consultores para la elaboración de una ?Estrategia de Cobertura Financiera mediante el uso de Derivados Financieros?

 

               

Procuraduría General del Estado:

 

Extractos               

 

-       De consultas de Julio de 2015

               

Ministerio de Transporte y Obras Públicas: la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial:

 

Resoluciones         

 

No. MTOP-SPTM-2015-0074-R Establécense las normas para la administración de la protección marítima en las instalaciones portuarias

               

Ministerio de Industrias y Productividad: Subsecretaría de la Calidad:

               

No. 15 252 Apruébese y oficialícese con carácter de obligatorio la primera revisión del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 181 (1R) ?Equipos de protección respiratoria?

               

Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria:

 

No. 068-IEPS-2015 Refórmese la Resolución No. 119-IEPS- 2014 de 20 de noviembre de 2014

               

Defensoría Pública:

 

Judicial y Justicia Indígena

 

Resoluciones         

 

No. DP-DPG-DAJ-2015-087 Expídese el reglamento de clasificación de información reservada y confidencial

               

Fiscalía General del Estado:

               

No 058 FGE-2015 Expídese el manual de procedimiento cuando se requiera la adopción de órdenes especiales en los delitos de terrorismo y su financiación

 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria:

 

Transparencia y Control Social            

 

No. SEPS-IGT-IFPS-IR-IGPJ-IEN-2015-072 Expídese el procedimiento para la calificación de entidades financieras internacionales y entidades no financieras especializadas, que provean recursos a las entidades del sector financiero popular y solidario

               

Gobiernos Autónomos Descentralizados: Ordenanza Municipal:

 

Ordenanza            

 

036-GADM-AA-2015 Cantón Antonio Ante: Segunda reforma a la Ordenanza de aprobación de planos, e inspección de construcciones

 

 

 

CONTENIDO

 


 

No. 0180

 

EL MINISTRO DE FINANZAS

 

Considerando:

 

Que el inciso segundo del artículo 141 de la Constitución de la República, dispone que la Función Ejecutiva está integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los Ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas;

 

Que el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que las Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la Ley, les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

 

Que el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, publicado el 22 de octubre de 2010, en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 306, en su artículo 75 dispone que, él o la Ministro (a) a cargo de las finanzas públicas, podrá delegar por escrito las facultades que estime conveniente hacerlo;

 

Que la Ley de Modernización del Estado, publicada en el Registro Oficial 349 de 31 de diciembre de 1993, indica en su artículo 28-A que la formación, extinción y reforma de los actos administrativos de las instituciones de la Función Ejecutiva, se regirán por las normas del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva;

 

Que el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva en sus artículos 17 y 55 faculta a los Ministros y autoridades del Sector Público delegar sus atribuciones y deberes;

 

Que el numeral 22 del artículo 74 del Código de Planificación y Finanzas Públicas establece como una de las atribuciones del ente rector de las finanzas públicas: ?Utilizar instrumentos financieros del mercado de valores nacional y/o internacional, a fin de optimizar la gestión financiera del Estado?;

 

Que el Gobierno Ecuatoriano ha recibido financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para la Cooperación Técnica denominada ?Programa de Fortalecimiento Institucional  del Ministerio de Finanzas para la Gestión de Deuda Pública y Manejo de Riesgos?, y se propone utilizar una parte de los fondos para los contratos de los servicios de consultoría cuyo ejecutor es el mismo Banco;

 

Que la referida Cooperación Técnica establece que el ejecutor de la misma será el Banco Interamericano de Desarrollo, el cual contratará los servicios de consultoría (individuales y firmas) y otros servicios, de conformidad con las Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el BID (GN-2350-9) y Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el BID (GN-2349-9);

 

Que el Banco Interamericano de Desarrollo cuenta con reglas estandarizadas para las contrataciones públicas financiadas con sus créditos, entre las cuales se incluye la GN-2350-9, sobre las ?Políticas para la Selección y Contratación de Consultores?, la misma que prevé la conformación de un órgano colegiado responsable de la evaluación de las ofertas entre otras actividades;

 

Que el Banco Interamericano de Desarrollo señala que el beneficiario lleva adelante las actividades previstas en la Cooperación Técnica como son: definición de Términos de Referencia, elaboración del borrador de la solicitud de propuestas - SP, análisis y conformación de lista corta, evaluación de ofertas y presentación de resultados con la recomendación de adjudicación, validación de productos para que el Banco efectúe los pagos correspondientes; y,

 

En uso y ejercicio de las atribuciones, señaladas en los artículos 154, numeral 1, de la Constitución de la República; 75 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; y, 17, 55, 89 y 98 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

Acuerda:

 

Art. 1.- Conformar la Comisión Técnica para la ejecución del proceso de selección de consultores para la elaboración de una ?Estrategia de Cobertura Financiera mediante el uso de Derivados Financieros? la misma que servirá para mitigar riesgos de mercado a los que está expuesta la economía nacional; la cual estará integrada por los siguientes servidores del Ministerio de Finanzas:

 

La Viceministra de Finanzas, o su representante, quien presidirá la comisión

 

El Subsecretario de Financiamiento Público, o su representante

 

El Subsecretario de Política Fiscal, o su representante

 

El Coordinador General Jurídico, o su representante

 

El Director de Análisis de Mercados Financieros, o su representante

 

La Coordinadora General Administrativa Financiera, o su representante, como miembro asesor del Comité sin voto

 

Art. 2.- La comisión se regirá por las normas constantes en los artículos 44 a 50 del Estatuto del Régimen Jurídica y Administrativo de la Función Ejecutiva y por las siguientes:

 

Las convocatorias deberán notificarse con al menos un día de anticipación a la fecha establecida para la realización de la sesión y podrán efectuarse a través de correo electrónico; y,

 

Forma parte del quorum de instalación de las sesiones, la presencia de su Presidente, titular o subrogante. Tanto para la instalación como para la adopción de resoluciones, se requiere de la mayoría absoluta de sus miembros.

 

Art. 3.- La comisión deberá ejecutar las siguientes actividades:

 

Elaboración de la matriz extraída de las muestras de interés enviadas;

 

Análisis y conformación de lista corta;

 

Comunicar a los consultores y al Banco Interamericano de Desarrollo dicha lista;

 

Evaluación de ofertas y presentación de resultados con la recomendación de adjudicación;

 

Elaborar los informes que requiera el Ministro de Finanzas y el informe final de sus actividades.

 

 

Art. 4.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco de Quito, a 11 de mayo de 2015.

 

 

f.) Econ. Fausto Herrera Nicolalde, Ministro de Finanzas

 

 

Ministerio de Finanzas.- Es fiel copia del original.- 3 fojas.- f.) Dayana Rivera, Directora de Certificación.

 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA

JURÍDICA INSTITUCIONAL

 

EXTRACTOS DE CONSULTAS

JULIO 2015

 

SEGUNDO JEFE DE BOMBEROS:

NOMBRAMIENTO

 

OF. PGE. N°: 02184 de 29-07-2015

 

CONSULTANTE: CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN YANTZAZA

 

CONSULTA:

 

?(?) sino (sic) existe inconveniente alguno en nombrar una persona voluntaria para que realice las funciones de Segundo Jefe (sin remuneración y a tiempo según la disponibilidad); Basándome en lo que establece el Art. 37 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (del voluntariado)?.

 

PRONUNCIAMIENTO:

 

Los artículos 17 letra a) y 20 de la Ley de Defensa contra Incendios, el Segundo Jefe del Cuerpo de Bomberos es un Oficial Superior, al que le corresponde grado jerárquico y mando respecto del personal de esa Institución; es decir que, se trata de un bombero rentado profesional en los términos de los artículos 13 y 15 de esa Ley, que forma parte del escalafón de los bomberos y debe ascender al puesto de Segundo Jefe al cumplir los requisitos reglamentarios pertinentes.

 

Mientras que, de acuerdo con los artículos 97 de la Constitución de la República, 37 y 38 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana el voluntariado es una forma de participación social, una actividad de servicio social y participación de la ciudadanía y las organizaciones sociales en diversos temas de interés público, que se instrumentan mediante acuerdos con las autoridades de los diversos niveles de gobierno, pero se prohíbe expresamente que el voluntariado constituya un mecanismo de precarización del trabajo.

 

En atención a los términos de su consulta se concluye que, de acuerdo con el artículo 17 letra a) de la Ley de Defensa contra Incendios, el Segundo Jefe de un Cuerpo de Bomberos debe ser un Oficial Superior, seleccionado de entre los bomberos que integren el escalafón; y por tanto, el voluntariado social que regula el artículo 37 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, no es el mecanismo jurídico que habilite la designación de una persona para que realice dichas funciones.

 

 

El presente pronunciamiento se limita a la inteligencia de normas jurídicas; siendo responsabilidad de la entidad consultante su aplicación a casos particulares.

 

DIRECTORIO DE EMPRESA PÚBLICA:

PRESIDENCIA

 

OF. PGE. N°: 02114 de 24-07-2015

 

CONSULTANTE: GOBIERNO AUTÓMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

 

CONSULTAS:

 

?1.- ¿Quién preside el directorio de una empresa pública creada por un gobierno autónomo descentralizado municipal por pedido de un gobierno autónomo descentralizado parroquial rural conforme se determina en el literal i) del Art. 67 del COOTAD?

 

2.- En aplicación de lo dispuesto en el Art. 8 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y en aplicación del principio de coordinación y corresponsabilidad establecido en el literal c) del Art. 3 del COOTAD ¿Mediante convenio se puede establecer que la presidencia del directorio de una empresa pública creada por un GAD municipal a solicitud de un GAD parroquial rural, sea ejercida por quien presida el GAD parroquial rural??.

 

PRONUNCIAMIENTOS:

 

En atención a los términos de su primera consulta, se concluye que en aquellos casos de creación de empresas públicas en las que interviene un solo gobierno autónomo descentralizado parroquial, la Presidenta o el Presidente del Directorio de la Empresa, será el Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal que emite la correspondiente ordenanza de creación, o su respectivo delegado, quien deberá ser una funcionaria o funcionario del gobierno autónomo descentralizado municipal, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 5 y en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

 

En lo concerniente a su segunda consulta, en armonía con los términos en que esta Procuraduría ha concluido al atender su primera consulta y en atención al orden jerárquico de aplicación de las normas, dispuesto en el artículo 425 de la Constitución de la República, no es jurídicamente posible que a través de la suscripción de un convenio se modifique la disposición contenida en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que ha sido objeto de análisis por parte de esta Procuraduría.

 

El presente pronunciamiento se limita a la inteligencia o aplicación de normas jurídicas, siendo responsabilidad exclusiva de la entidad consultante su aplicación a casos particulares.

 

COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA

 

OF. PGE. N°: 02089 de 22-07-2015

 

CONSULTANTE: CORTE CONSTITUCIONAL

 

CONSULTA:

 

?1.- Los servidores públicos que obtuvieron su nombramiento regular y se posesionaron del puesto antes del Mandato Constituyente No. 2 y después de la expedición del Reglamento para su aplicación, reclaman su derecho al Bono de Compensación por Residencia: ¿Tienen derecho a percibir dicho Bono??

 

2.- ¿Si tiene derecho a percibir dicho bono desde que (sic) fecha les corresponde??.

 

PRONUNCIAMIENTO:

 

A los nombramientos regulares expedidos al amparo de la derogada Ley Orgánica de Servicio Civil, Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, la letra a) del artículo 17 de la vigente Ley Orgánica del Servicio Público los denomina nombramientos permanentes, que son aquellos que se expiden para llenar vacantes mediante el sistema de selección previsto en esa Ley.

 

Del análisis jurídico que precede se desprende que, la Resolución No. 147 de la SENRES que contiene el Reglamento para el pago de compensación por residencia y transporte para funcionarios y servidores de las instituciones, organismos y empresas del Estado, no crea el derecho a la compensación por gastos de residencia, sino que se expidió para viabilizar la aplicación del Mandato Constituyente No. 2 cuyo artículo 5 estableció dicho viático.

 

Por lo expuesto y en atención a los términos de su consulta se concluye que, de acuerdo con el artículo 5 del Mandato Constituyente No. 2 y la Disposición General Cuarta de la Resolución No.147, los servidores públicos de carrera, esto es aquellos designados luego de un procedimiento de selección, que obtuvieron su nombramiento regular y se posesionaron del puesto antes del 28 de enero de 2008, fecha en que se publicó el Mandato Constituyente No. 2, aceptaron las condiciones del cargo, incluido el lugar de trabajo y por tanto no tienen derecho al viático por gastos de residencia, a menos que con posterioridad a la expedición de la citada Resolución No. 147 publicada en el Registro Oficial No. 414 de 29 de agosto de 2008, se hubiere producido el traslado de la partida presupuestaria del servidor a una ciudad distinta, evento en el que se configuraría la excepción prevista por su Disposición General Cuarta.

 

El presente pronunciamiento se limita a la inteligencia y aplicación de las normas jurídicas. Es de exclusiva responsabilidad de los personeros de la respectiva entidad, la aplicación de las normas a los casos concretos, previa verificación del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos respectivos.

 

 

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

 

OF. PGE. N°: 01992 de 15-07-2015

 

CONSULTANTE: SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS SECOB

 

CONSULTA:

 

?Al tenor de lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, ¿es pertinente que el Servicio de Contratación de Obras ejecute la garantía de fiel cumplimiento de un contratista, para pagar las obligaciones contraídas a favor de los subcontratistas por parte del Contratista??

 

PRONUNCIAMIENTO:

 

En atención a los términos de su consulta se concluye que al tenor de lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, no es pertinente que la entidad pública contratante ejecute la garantía de fiel cumplimiento que ha rendido un contratista, para pagar las obligaciones contraídas por éste a favor de los subcontratistas por parte del contratista, porque la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública no ha previsto dicha posibilidad; y, además según lo prescrito en el inciso cuarto del artículo 79 de la Ley Orgánica en mención, la entidad contratante no asume responsabilidad principal ni solidaria o subsidiaria con el subcontratado y con su personal.

 

El presente pronunciamiento se limita a la inteligencia o aplicación de normas jurídicas, siendo responsabilidad exclusiva de la entidad consultante su aplicación a casos particulares.

 

No. MTOP-SPTM-2015-0074-R

 

Guayaquil, 08 de julio de 2015

 

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Y OBRAS PÚBLICAS

 

LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y

TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL

 

Considerando:

 

Que, el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP) entró en vigor desde el 01 de julio de 2004, siendo uno de sus objetivos canalizar la cooperación entre los gobiernos contratantes y sector naviero y portuario con el fin de detectar y evaluar las amenazas para la protección marítima y tomar medidas preventivas contra los sucesos que afecten a la protección de los buques e instalaciones portuarias utilizados en el comercio internacional;

 

Que, la Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral mediante Resolución 312/05 publicada en el Registro Oficial No. 525 de 16 de febrero del 2005, estableció las ?NORMAS PARA LA ADMINISTRACION DE LA PROTECCION MARITIMA EN LAS INSTALACIONES PORTUARIAS?;

 

Que mediante Decreto Ejecutivo Nº 1111 del 27 de mayo de  2008, publicado en el Registro Oficial Nº 358 del 12 de junio de 2008, por una parte se dispuso que la Dirección General de la Marina Mercante y Puertos ? DIGMER, pase a ser una dependencia administrativa de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial (SPTMF) del Ministerio de Transporte y Obras Públicas; y por otra se creó la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos ? DIRNEA, como entidad dependiente de la Comandancia General de la Marina;

 

Que mediante Decreto Ejecutivo No.1087 del 07 de marzo de 2012, publicado en el Registro Oficial Nº 668 del 23 de marzo de 2008, se suprime el Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos, transfiriendo a la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial (SPTMF) del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, todas las competencias, atribuciones y delegaciones relacionadas con las funciones de rectoría, planificación, regulación, y control técnico de la rama sectorial de puertos y transporte acuático que fueron ejercidas por el Consejo previamente nombrado, su Secretaría Técnica y la Secretaría Ejecutiva de Protección Marítima ? SEPROM;

 

Que, mediante Informe Técnico No. DDP-CGP-054-2015, la Directora de Puertos, Encargada, concluye que se ha visto la necesidad de la actualización de las normas vigentes, especialmente dentro del ámbito de protección portuaria, y recomienda actualizar las ?NORMAS PARA LA ADMINISTRACION DE LA PROTECCION MARITIMA EN LAS INSTALACIONES PORTUARIAS?; y,

 

En uso de sus facultades que le concede el literal c) del Art. 7 de la Ley General de Transporte Marítimo y Fluvial y en concordancia con el literal b) del Art. 5 de la Ley General de Puertos,

 

Resuelve:

 

Art.1.- Establecer las siguientes NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA PROTECCIÓN MARÍTIMA EN LAS INSTALACIONES PORTUARIAS.

 

 

TÍTULO I

 

RESPONSABILIDADES

 

Art. 2.- El Gerente, Superintendente o la persona que administra la Instalación Portuaria (IP), es responsable administrativa y legalmente de la Protección Marítima; el Oficial de Protección de la Instalación Portuaria (OPIP) es solidariamente responsable de la administración de la protección marítima.

 

Art. 3.- El Gerente, Superintendente o la persona que administra la IP, seleccionará al OPIP en caso de cambio del titular y dicha designación recaerá en un ex Oficial Superior de la Armada, un ex Oficial de Marina Mercante mínimo Primer Piloto de Cubierta, o un profesional con amplios conocimientos de seguridad integral portuaria; la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial verificará que el sustituto cumpla el perfil para el cargo.

 

Art. 4.- El Gerente, Superintendente o la persona que administra la IP, evaluará permanentemente el desempeño del OPIP a fin de comprobar que su gestión contribuye en forma determinante al mantenimiento de las condiciones de protección en la IP.

 

Art. 5.- El OPIP es responsable del mantenimiento de las condiciones de protección que garanticen el normal desarrollo de las actividades de la IP.

 

Art. 6.- El OPIP es responsable de revisar y actualizar periódicamente la Evaluación de Protección de la Instalación Portuaria (EPIP), de acuerdo a los cambios en las amenazas y/o los cambios menores en las instalaciones portuarias. Cuando por efecto de revisión se generen enmiendas a la EPIP, comunicará oportunamente a la SPTMF, a fin de que se apruebe.

 

Art. 7.- El OPIP es responsable además de:

 

Implantar el Plan de Protección de la Instalación Portuaria (PPIP) y realizar prácticas, ejercicios y simulacros;

 

Realizar periódicamente inspecciones de protección, para asegurarse de que las medidas de protección siguen siendo adecuadas;

 

Recomendar e incluir, según proceda, modificaciones en el PPIP a fin de subsanar deficiencias y actualizar el plan en función de los cambios que se hayan producido en la IP;

 

Acrecentar la toma de conciencia de la protección y la vigilancia entre el personal de la IP;

 

Asegurarse de que se ha impartido la formación adecuada al personal responsable de la protección de la IP;

 

Informar en el menor tiempo a la SPTMF de los sucesos que supongan una amenaza para la protección de la IP y llevar un registro de los mismos;

 

Recoger y evaluar la información con respecto a las amenazas;

 

Coordinar la ejecución del plan de protección de la instalación portuaria con los pertinentes Oficiales de Protección de los Buques (OPB) y Oficiales de las Compañías para la Protección Marítima (OCPM);

 

Garantizar el funcionamiento, prueba, calibrado y mantenimiento adecuados de los equipos de protección;

 

Responder porque el personal de la instalación portuaria conozca sus funciones y responsabilidades en la esfera de la protección de la IP, según figuren en el PPIP; y,

 

Coordinar la realización de auditorías internas para verificar que el PPIP sigue siendo eficaz.

 

Art. 8.- La SPTMF someterá a prueba la eficacia de los planes de protección aprobados y aprobará enmiendas propuestas a dichos planes, con o sin cambios.

 

Art. 9.- El OPIP es el responsable de revisar y actualizar el PPIP, en todo caso, debe revisarse en los casos siguientes:

 

Si se modifica la EPIP;

 

Si una auditoría del PPIP pone de manifiesto fallos organizativos o plantea la duda de que ciertos elementos importantes del PPIP aprobado sigan siendo válidos;

 

Después de haberse producido un suceso que afecte la protección marítima; y,

 

Cuando se produzca un cambio en la propiedad o en el control de la explotación de la IP.

 

Art. 10.- El OPIP es responsable además de recomendar enmiendas al PPIP aprobado, que supongan:

 

Cambios que puedan alterar fundamentalmente el enfoque adoptado, para mantener la protección de la IP, y;

 

Eliminación, alteración o sustitución de barreras permanentes, equipo y sistemas de protección y vigilancia u otros elementos que anteriormente se consideraban esenciales para garantizar la protección de la IP.

 

Art. 11.- El OPIP es el responsable de la custodia de la EPIP y del PPIP, así como de impedir el acceso y divulgación no autorizados a estos documentos. Los planes de protección no están sujetos a la inspección o revisión por otras personas que no sean de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial.

 

TÍTULO II

 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

 

Art. 12.- El Gerente, Superintendente o la persona que administra la IP, es responsable de la capacitación de todo el personal de la IP, en los temas relacionados con la protección marítima.

 

Art. 13.- El Gerente, Superintendente o la persona que administra la IP, deberá implantar planes y programas de capacitación y entrenamiento, así como tomar las correspondientes acciones preventivas y correctivas producto de las auditorías y reportes. Por otra parte, deberá supervisar los planes y programas de mantenimiento de los equipos de protección de la IP.

 

Art. 14.- El Gerente, Superintendente o la persona que administra la IP, delegará al OPIP la planificación, organización y ejecución tanto de la capacitación como de la participación en ejercicios y prácticas de todo el personal de la IP, de acuerdo a su nivel de participación en la protección marítima.

 

Art. 15.- Con el objeto de garantizar la aplicación eficaz de los procedimientos y disposiciones del PPIP se realizarán ejercicios cada TRES MESES. Cuando la rotación de los guardias privados sea desde un 20% los ejercicios se realizarán en el plazo de una semana después de haberse producido el reemplazo y se aprovechará el evento para someter a prueba especialmente las amenazas que la EPIP consideró para la IP.

 

Art. 16.- Una vez al año se efectuará un ejercicio en el que participe toda la IP, inclusive las entidades externas que tienen relación con la protección marítima, donde se sometan a prueba las comunicaciones, la coordinación, la disponibilidad de recursos y la forma de enfrentar un incidente de protección. Este ejercicio puede:

 

Realizarse a una escala natural o en vivo;

 

Consistir en simulación teórica o seminario; o,

 

Combinar con otros ejercicios que se realicen, por ejemplo el de contaminación por derrame de hidrocarburos.

 

Art. 17.- El OPIP será el responsable de que todo el personal de la IP conozca los procedimientos y disposiciones del PPIP y esté familiarizado con aquellos, respecto de todos o algunos de los siguientes aspectos, según proceda:

 

Significado de cada uno de los niveles de protección y exigencias consiguientes;

 

Reconocimiento y detección de armas y sustancias o dispositivos peligrosos;

 

Reconocimiento de las características y pautas de comportamiento de las personas que puedan suponer una amenaza para la protección; y,

 

Técnicas utilizadas para eludir las medidas de protección.

 

Art. 18.- El OPIP cumplirá las siguientes tareas en el ámbito de la capacitación:

 

Verificar que los planes de capacitación y entrenamiento garanticen al personal cumplir las tareas de protección marítima con la máxima eficiencia especialmente en los controles de ingreso y vigilancia de la protección de la instalación portuaria;

 

Concienciar a todo el personal de la instalación portuaria sobre la importancia de la protección marítima para la gestión administrativa y operativa del puerto;

 

Organizar, apoyar y motivar al personal de la instalación portuaria a fin de mejorar cualitativamente el rendimiento del personal que desempeña tareas de protección y/o lograr altos estándares de desempeño;

 

Evaluar el grado de efectividad de los programas de capacitación y entrenamiento; y, Viabilizar la integración, la comunicación y la localización de objetivos en el área de la protección marítima.

 

TÍTULO III

 

CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS ZONALES

DE PROTECCIÓN Y RESPUESTA

A EMERGENCIAS (COZPRE)

 

Art. 19.- Con la finalidad de responder a los sucesos de protección marítima que puedan afectar a una IP o a los buques atracados en ella, cuando la capacidad de respuesta de dicha IP ha sido sobrepasada, se conforman los Comités Zonales de Protección y Respuesta a Emergencias (COZPRE) en los puertos de Esmeraldas, Manta, Salinas, Guayaquil y Puerto Bolívar.

 

Art. 20.- El COZPRE es un órgano interinstitucional técnico-operacional conformado por los representantes especializados de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Secretaría Nacional de Riesgos, Servicio Nacional de Aduanas, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y demás entidades públicas locales y provinciales relacionadas con la protección marítimo-portuaria y que, en virtud de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 1111 de 27 de noviembre de 2003, publicado en el R.O. 229 de 10 de diciembre de 2003, se subordinarán en la emergencia, a la autoridad de policía marítima jurisdiccional respectiva, para responder a sucesos que afecten a la protección marítima mediante el empleo de sus recursos humanos y materiales.

 

Art. 21.- El COZRE será presidido por el Capitán de Puerto, y su estructura organizacional será la siguiente:

 

Grupo Director

 

Autoridad de Policía Marítima Jurisdiccional

 

Representante de la Autoridad Portuaria y Marítima Nacional ? SPTMF

 

Representante de las Fuerzas Armadas.

 

Representante del Comando de la Policía Nacional

 

Representante de la Secretaría Nacional de Riesgos

 

Representante del Servicio Nacional de Aduanas

 

Representante del Cuerpo de Bomberos

 

Representante de la Cruz Roja

 

Representante de la Dirección Provincial de Salud

 

 

Grupo Operacional

 

Fuerzas Armadas

 

Policía Nacional


 

Cuerpo de Bomberos

 

Grupo de Apoyo y Logística

 

Instalación Portuaria

 

Policía Nacional

 

Comisión de Tránsito del Ecuador

 

Dirección Provincial de Salud

 

Cruz Roja

 

Servicio Nacional de Aduanas

 

Operadores Portuarios de Buque

 

Art. 22.- A fin de mantener una adecuada capacidad de respuesta frente a las emergencias el Capitán de Puerto deberá:

 

Planificar, organizar, dirigir y evaluar los ejercicios y prácticas semestrales, en base a la programación definida por el Capitán de Puerto;

 

Mantener actualizado el inventario de los recursos de las entidades participantes para enfrentar las emergencias; y,

 

Establecer sistemas de comunicaciones que garanticen enlaces rápidos, seguros y confiables.

 

Art. 23.- En caso se produzca un suceso que supere la capacidad o esté fuera del alcance del control de la IP, el OPIP deberá notificar de inmediato al Capitán de Puerto para que active el COZPRE con la finalidad de atender la emergencia. Posteriormente notificará a la SPTMF indicando la magnitud relativa de la emergencia, a fin de solicitar el cambio del Nivel de Protección de la IP, de ser el caso.

 

Art. 24.- Una vez superada la emergencia, y en base al informe presentado por el Capitán de Puerto, la SPTMF dispondrá la desactivación del COZPRE, y la normalización de las actividades en la IP.

 

Art. 25.- Una vez que el Capitán de Puerto ha sido notificado que ha ocurrido un suceso que supere la capacidad o esté fuera del alcance del control de una IP, deberá:

 

 

Coordinar de inmediato la participación de los organismos que conforman el COZPRE y asumir la dirección y control de las operaciones;

 

Organizar las brigadas de rescate, evacuación, primeros auxilios, control de incendios, control de mercancías peligrosas y derrame de hidrocarburos;

 

Organizar la participación de la policía en el control de los vehículos y bienes a fin de evitar actos ilícitos; Coordinar la participación de los miembros de las FFAA, conforme sea necesario;

 

Coordinar y disponer el empleo de recursos humanos y materiales de los Operadores Portuarios de Buque, en caso de ser requeridos para atender la emergencia; y, 6. Al término de la emergencia realizar una evaluación de los daños, disponer las investigaciones y preparar boletín informativo sobre lo ocurrido.

 

Art. 26.- Las instalaciones portuarias públicas y privadas y los terminales petroleros deberán cumplir las disposiciones que emita el Capitán de Puerto tendientes a complementar la acción del COZPRE.

 

TÍTULO IV

OBTENCIÓN Y DISEMINACIÓN DE

INTELIGENCIA DE PROTECCIÓN MARÍTIMA

 

Art. 27.- El Gerente, Superintendente o la persona que administra la IP deberá disponer al OPIP lo siguiente:

 

Planificar y orientar las actividades de búsqueda de información de las amenazas a la protección marítima;

 

Difundir en forma ágil y oportuna la inteligencia obtenida a la SPTMF;

 

Iniciar acciones ante sucesos que afecten a la protección de la IP;

 

Mantener el registro de la inteligencia obtenida; y,

 

Actualizar la evaluación de riesgo de la IP.

 

TÍTULO V

AUDITORÍAS DE PROTECCIÓN MARÍTIMA

 

Art. 28.- Anualmente todos los puertos públicos, privados y terminales petroleros serán auditados externamente por la SPTMF con la finalidad de:

 

Determinar el cumplimiento del Plan de Protección;

 

Evaluar la capacidad de la instalación portuaria para responder a sucesos de protección marítima;

 

Evaluar la efectividad de los sistemas de gestión para lograr los objetivos de la protección marítima; y,

 

Identificar áreas potenciales de mejora del sistema de gestión de la instalación portuaria en el ámbito de la protección marítima.

 

Art. 29.- Las auditorías de la protección marítima son internas y externas. Los resultados de las auditorías externas podrán reflejar:

 

Conformidad: La instalación portuaria cumple con la norma y/o procedimientos establecidos en el PPIP;

 

Observación: Hallazgos de cumplimiento parcial de carácter leve cuyas correcciones son de fácil implementación y que no afecta los aspectos fundamentales del Código PBIP, de las observaciones se dejará constancia en el informe final de la auditoría;

 

Deficiencia: Hallazgos de cumplimiento parcial que generarán una nota de deficiencia a la que se concederá un plazo para que la IP efectúe los correctivos necesarios, después de lo cual se realizará la correspondiente verificación; y,

 

No Conformidad: Hallazgos de incumplimiento por los que la instalación portuaria perderá su certificación con lo cual quedaría inhabilitada para realizar sus operaciones. El Gerente, Superintendente o la persona que administra la IP será responsable de las consecuencias.

 

Art. 30.- La auditoría externa será realizada exclusivamente por auditores de instalaciones portuarias de la SPTMF en base a un plan anual que este organismo estructurará teniendo en cuenta el número de instalaciones portuarias, la ubicación geográfica así como las particularidades de los puertos y/o sus requerimientos.

 

Art. 31.- El plan anual será enviado a las instalaciones portuarias dentro de los tres primeros meses de cada año y las listas de verificación y la metodología para la auditoría serán remitidas con la debida oportunidad.

 

Art. 32.- Con una anticipación de al menos quince días a la realización de la auditoría externa, la SPTMF enviará a la IP la siguiente información:

 

El alcance y los objetivos de la auditoría;

 

Nombres de los funcionarios de la IP que serán auditados en función de sus cargos y responsabilidades en el ámbito de la protección;

 

La identificación de los documentos necesarios para la auditoría, así como los requerimientos o elementos del Sistema de Protección de la Instalación Portuaria: EPIP, PPIP, registros, documentos de inteligencia, reportes, etc.;

 

La designación de los auditores de instalaciones portuarias de la SPTMF que estarán a cargo de la auditoría;

 

El programa de la auditoría con la duración aproximada de cada actividad;

 

Guía para la auditoría del código PBIP a IP; y,

 

Formato del reporte de la auditoría realizada.

 

 

Art. 33.- Los auditores designados llevarán a cabo la auditoría externa mediante la investigación, examen y evaluación de las  evidencias objetivas, gráficas y documentales que se generen durante el proceso.

 

Art. 34.- Al término de la auditoría externa y en el Certificado ?DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA? se registrará la fecha de la verificación realizada y se refrendará el certificado, siempre que se haya comprobado que la instalación portuaria cumple a cabalidad con lo establecido en el PPIP.

 

Art. 35.- En caso de que se determinen desviaciones durante la auditoría externa, la SPTMF, luego del reporte de la auditoría realizada, otorgará un plazo razonable para que la IP efectúe los correctivos requeridos. Posteriormente, los auditores realizarán la correspondiente verificación, previo al refrendo a la certificación de cumplimiento de la IP.

 

Art. 36.- Durante la ejecución de la auditoría exte

 

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