Registro Oficial No 213 - Jueves 27 de Marzo de 2014 Segundo Suplemento

Jueves, 27 de marzo de 2014

Última modificación: Martes, 22 de abril de 2014 | 12:03

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Jueves 27 de Marzo de  2014 - R. O. No. 213

 

 

SEGUNDO SUPLEMENTO

 

SUMARIO

               

Ministerio del Ambiente:

 

 

Ejecutivo:

Acuerdo

 

037 Refórmase el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras

               

Ministerio de Recursos Naturales No Renovables y Ministerio del Ambiente:

 

Acuerdo Interministerial     

 

002 Derógase el Acuerdo Interministerial No. 320 de 29 de diciembre de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 615 de 10 de enero de 2012

 

               

Agencia de Regulación y Control Minero:

 

Resoluciones       

 

010-ARCOM-DE-2014 Deléganse facultades al Coordinador Regional de Macas

 

               

011-ARCOM-DE-2014 Deléganse facultades al Coordinador Regional de Machala

 

 

CONTENIDO

 


 

No. 037

 

Lorena Tapia Núñez

MINISTRA DEL AMBIENTE

 

Considerando:

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 1, establece que: ?Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible?; en el mismo contexto, el artículo  3 señala como  deberes primordiales del Estado el ?Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir?; y, ?Proteger el patrimonio natural y cultural del país?;

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, le asigna derechos a la naturaleza, según lo establecido en el artículo 10; y que dichos derechos han sido desagregados en los artículos 71, 72 y 73, siendo ellos, los siguientes: a) a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración  de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos; b) a la protección de la naturaleza, y a la promoción del respeto a todos los elementos que forman un ecosistema; c) a la restauración; d) a la adopción de las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas; e) a la aplicación de medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales;

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 14, dispone que: ?Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados?;

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 15 establece que ?El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua?;

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 83 establece que: ?Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales; 6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible; 13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los bienes públicos?;

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador establece disposiciones relacionadas con el régimen de desarrollo, como las contenidas en el artículo 275 que señala: ?El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay. El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza?;

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, establece en su artículo 313 que: ?El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia.

 

Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley?;

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 407 establece que: ?Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular?;

 

Que, la Ley de Minería norma el ejercicio de los derechos soberanos del Estado Ecuatoriano, para administrar, regular, controlar y gestionar el sector estratégico minero, de conformidad con los principios de sostenibilidad, precaución, prevención y eficiencia; y que en sus Capítulos II y III del Título IV establece las obligaciones de los titulares mineros respecto de la preservación del medio ambiente; y, norma respecto de la gestión social y derechos de la comunidad; y en el artículo 78 sustituido por la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería obliga a los titulares de derechos mineros, previamente a la iniciación de las actividades, a ?elaborar y presentar estudios o documentos ambientales, para prevenir, mitigar, controlar y reparar los impactos ambientales y sociales derivados de sus actividades; estudios o documentos que deberán ser aprobados por la Autoridad Ambiental competente?;

 

 

Que, la Ley de Minería establece normas específicas en materia ambiental, normas que se encuentran diseñadas para el inicio de proyectos mineros, contenidas entre los artículos 78 al 91, estableciendo la competencia exclusiva y excluyente en materia de evaluación ambiental a favor de la Autoridad Ambiental a cargo del Ministerio del Ambiente;

 

 

Que, la Ley de Gestión Ambiental, en los artículos 1, 2, 10 y 12, entre otros, establecen los principios y directrices de la política ambiental; se determinan las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia; y, se preceptúa que son obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su competencia aplicar los principios establecidos en dicha Ley y ejecutar las acciones específicas del medio ambiente y de los recursos naturales así como el de regular y promover la conservación del ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales en armonía con el interés social;

 

Que, la Ley de Gestión Ambiental, en el artículo 4 establece que los ?reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que, dentro del ámbito de su competencia, expidan las instituciones del Estado en materia ambiental, deberán observar las siguientes etapas, según corresponda: desarrollo de estudios técnicos sectoriales, económicos, de relaciones comunitarias, de capacidad institucional y consultas a organismos competentes e información a los sectores ciudadanos?;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1630 publicado en el Registro Oficial No. 561 del 1 de abril del 2009, se transfieren al Ministerio del Ambiente todas las competencias, atribuciones, funciones y delegaciones que en materia ambiental ejercían la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Minas y Petróleos, la Dirección Nacional de Protección Ambiental Minera DINAPAM y la Dirección Nacional de Protección Hidrocarburífera, DINAPAH;

 

Que, es necesario regular, en todo el territorio nacional, la gestión ambiental en las actividades mineras en todas sus fases conforme lo prescrito en la Ley de Minería vigente, con el fin de prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar y reparar los impactos ambientales y sociales derivados de las actividades mineras en la República del Ecuador;

 

Que, mediante Acuerdo Interministerial No. 002 de 14 de marzo de 2014, el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables y el Ministerio del Ambiente derogaron el Acuerdo Interministerial No. 320 publicado en el Registro Oficial No. 615 de 10 de enero de 2012, mediante el cual se expidió el Instructivo que Regula el Otorgamiento de Autorizaciones para la Instalación y Operación de Plantas de Beneficio, Fundición, Refinación y Construcción de Relaveras a nivel nacional, disponiéndose que en el plazo de 15 días a partir de la publicación de dicho acuerdo, se emitan los requisitos y procedimientos técnicos para la instalación y operación de plantas de beneficio, fundición, refinación y construcción de relaveras a nivel nacional.

 

Que, mediante oficio dirigido a la Ministra del Ambiente No. T1.C1-SGJ-14-226, el Secretario General Jurídico de la Presidencia de la República, manifiesta que el ?artículo 78 de la Ley de Minería, reformada mediante ley publicada en el Suplemento del Registro Oficial 37 del 16 de julio del 2013 establece que corresponde al ministerio del ramo, esto es, el Ministerio del Ambiente, expedir el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras?, y;

 

En ejercicio de la facultad conferida en el numeral 1 del Art. 154 de la Constitución de la República del Ecuador, el inciso primero del Art. 78 de la Ley de Minería y artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

 

Acuerda:

 

EXPEDIR LA REFORMA AL REGLAMENTO

AMBIENTAL DE ACTIVIDADES MINERAS

(RAAM)

 

Capítulo I

Del ámbito de aplicación y objeto

 

Art. 1.- Ámbito de aplicación.- El presente reglamento, las normas y guías técnicas ambientales incorporadas a él y aquellas que se expidan sobre su base, regulan en todo el territorio nacional la gestión ambiental en las actividades mineras en sus fases de exploración inicial o avanzada, explotación, beneficio, procesamiento, fundición, refinación, y cierre de minas; así como también en las actividades de cierres parciales y totales de labores mineras.

 

Art. 2.- Objeto.- El presente reglamento tiene por objeto promover el desarrollo sustentable de la minería en el Ecuador, a través del establecimiento de normas, procedimientos, procesos y subprocesos, para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, remediar y compensar los efectos que las actividades mineras puedan tener sobre el medio ambiente y la sociedad, en todo el territorio nacional.

 

 

Capítulo II

De la administración ambiental minera

 

Art. 3.- Autoridad Ambiental Minera.- Para todos los efectos ambientales derivados de la actividad minera, de acuerdo a las disposiciones constitucionales y legales sobre la materia, la Autoridad Ambiental Nacional en el ámbito minero la ejerce el Ministerio del Ambiente y sus órganos o la respectiva Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable acreditada ante el Ministerio del Ambiente.

 

El Ministerio del Ambiente ejercerá las siguientes atribuciones:

 

Expedir de forma exclusiva a nivel nacional las normas administrativas, técnicas, manuales, guías y parámetros generales de protección ambiental, para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, remediar y compensar los efectos que las actividades mineras puedan tener sobre el medio ambiente y la participación social, de obligatorio cumplimiento en el ámbito nacional;

 

Establecer un subsistema de control y coordinación expost para la verificación del cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes;

 

Establecer un subsistema de control ex-ante y concurrente para el seguimiento del cumplimiento de las normas y parámetros establecidos y régimen de autorizaciones administrativas ambientales en general sobre la actividad minera en todas sus fases;

 

Coordinar y colaborar con los Ministerios Coordinador y Sectorial en la formulación de los criterios ambientales que deben ser incorporados en la elaboración de sus políticas, en los procesos de planificación y en la ejecución de las correspondientes fases de la actividad minera. En estos casos, los Ministerios Coordinador y Sectorial contarán con la opinión previa escrita de la Autoridad Ambiental sobre la


 

adecuación del instrumento a la normativa ambiental vigente;

 

Generar y recopilar información técnica y científica precisa para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, remediar y compensar los efectos que las actividades mineras puedan tener sobre el ambiente y la sociedad;

 

Mantener una base de datos actualizada de información ambiental de actividades mineras, en el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA);

 

Ejercer las potestades ambientales de seguimiento, evaluación, monitoreo y control de las actividades mineras en todas sus fases, así como la aceptación y aprobación de los instrumentos ambientales de cumplimiento;

 

Expedir los actos administrativos de cualquier naturaleza relacionados con la gestión ambiental para actividades mineras en todo el territorio nacional;

 

Adoptar medidas preventivas y correctivas en la vía administrativa ambiental o iniciar los procedimientos que correspondan en los que podrá ejecutar dichas medidas y solicitar la adopción de medidas complementarias a las autoridades competentes, sea en la vía administrativa o en la vía jurisdiccional, para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, remediar y compensar los efectos que las actividades mineras puedan tener sobre el ambiente y la sociedad, a través de los subsistemas de control ambiental establecidos en la legislación vigente;

 

Generar guías y procedimientos para la elaboración de los términos de referencia, fichas ambientales, declaratorias de impacto ambiental, estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, auditorías, planes de acción y otros instrumentos de gestión ex-ante y ex-post.

 

Elaborar las normas técnicas y mantener a su cargo toda clase de registros de usuarios de los servicios de naturaleza ambiental. Los registros en mención contendrán el listado de personas naturales o jurídicas que presten servicios de consultoría, asesoría ambientales y que, por disposiciones expresas de la Ley de Minería, deben ser contratados con fondos del titular minero de la actividad;

 

Ejercer la potestad sancionatoria establecida en la normativa ambiental y en éste reglamento, en el ámbito administrativo, distribuida en los órganos que para el efecto establezca la normativa aplicable para tal efecto;

 

Llevar a la práctica procesos de difusión y capacitación tanto para el desarrollo de estudios ambientales y planes de manejo para los regímenes específicos y especial de pequeña minería y minería artesanal, así como para la obtención del licenciamiento ambiental y su correspondiente proceso de evaluación y monitoreo. Para este efecto coordinará con el Ministerio Sectorial;

 

Intervenir activamente en programas especiales de manejo  ambiental para la pequeña minería y minería artesanal, de manera que los estudios ambientales y los planes correspondientes se apliquen en las fases simultáneas, sean exploración, explotación, beneficio o procesamiento propios de estos regímenes especiales donde aplicare. Para este efecto coordinará con el Ministerio Sectorial;

 

Ejercer la jurisdicción coactiva en conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Gestión Ambiental;

 

Otorgar las licencias ambientales para la ejecución de actividades mineras;

 

Disponer y ejecutar suspensiones de actividades mineras legales e ilegales de acuerdo con lo establecido en la Disposición General Quinta de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería, a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, y a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno; y,

 

Las demás que se le asignen en este reglamento y en la normativa ambiental vigente.

 

Art. 4.- Titulares mineros.- Para efectos de la aplicación de este Reglamento, se entenderán como sujetos de derechos mineros a aquellas personas naturales legalmente capaces y las jurídicas, nacionales y extranjeras, públicas, mixtas o privadas, comunitarias, de autogestión y de la economía popular y solidaria, que cuenten con un título minero, autorizaciones o permisos de acuerdo a la denominación y alcance establecidos en la normativa legal y reglamentaria aplicable al sector minero.

 

Art. 5.- Responsabilidad de los titulares mineros y de sus contratistas.- Los titulares mineros serán responsables civil, penal y administrativamente por sus actividades y operaciones de sus contratistas ante el Estado Ecuatoriano, el Ministerio del Ambiente y los ciudadanos en general; por lo tanto será de su directa y exclusiva responsabilidad la aplicación de todos los subsistemas de gestión ambiental establecidos en la normativa vigente y en particular las medidas de prevención, mitigación, compensación, control, rehabilitación, reparación, cierres parciales, y, cierre y abandono de minas, sin perjuicio de la que solidariamente tengan los contratistas.

 

No obstante de lo anterior, los contratistas o asociados del titular minero para la exploración inicial o avanzada, explotación, beneficio, procesamiento, fundición, refinación, transporte, cierre y abandono de minas, así como aquellos autorizados para instalar y operar plantas de beneficio mineral, procesamiento, fundición o refinación, tendrán responsabilidad compartida de la aplicación de todos los subsistemas de aplicación ambiental

 

 

Si la actividad observada es ejecutada por contratistas o asociados según se ha señalado en el artículo anterior, la responsabilidad por la acción observada recae solidariamente en el o los titulares mineros.

 

Quienes obtuvieren del Ministerio Sectorial la autorización para aprovechar libremente los materiales de construcción tendrán las mismas obligaciones y responsabilidades.

 

Art. 6.- Coordinación interinstitucional.- El Ministerio del Ambiente, como Autoridad Ambiental Nacional rectora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, tiene a su cargo la coordinación con los organismos del Estado, Gobiernos Autónomos Descentralizados y Organismos Seccionales, que tengan competencia en materia de protección ambiental y uso y manejo de recursos naturales no renovables con el objeto de verificar el cumplimiento del régimen ambiental vigente en la República del Ecuador.

 

Capítulo III

Del proceso de categorización y licenciamiento ambiental

 

Art. 7.- Categorización ambiental nacional para el sector minero.- La categorización ambiental nacional tiene como fin, particularizar los procesos de regularización ambiental de los proyectos o actividades mineras que se desarrollan en el país, en función de las características específicas de éstos y de los riesgos e impactos ambientales que generan al ambiente.

 

Todos los proyectos o actividades mineras dentro del regímenes de mediana minería y minería a gran escala, formarán parte de las categorías II, III y IV, de acuerdo a su fase; y deberán obtener una licencia ambiental previo a iniciar la ejecución de su actividad, conforme a los procedimientos determinados en la normativa mineroambiental aplicable, la categorización ambiental nacional, y las normas establecidas por la autoridad ambiental competente.

 

La Licencia Ambiental entrará en vigencia a partir de la fecha de su expedición hasta el término de ejecución de la fase correspondiente.

 

Art. 8.- Contratación de consultores.- Para efectos de la elaboración de los términos de referencia, declaraciones de impacto ambiental, estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental y auditorías ambientales para actividades mineras, el Ministerio del Ambiente contará con un Registro de Consultores Ambientales calificados.

 

La elaboración de fichas ambientales y sus correspondientes planes de manejo ambiental, no requerirán ser elaborados por un consultor ambiental calificado; sin embargo deberán tener conocimiento en temas ambientales, salvo casos de excepción vista la complejidad y sensibilidad ambiental del área de estudio

 

La elaboración de las declaratorias de impacto ambiental para obtener licencia ambiental en Categorías III, deberá estar a cargo de un consultor ambiental calificado en categoría mínimo ?B?.

 

La elaboración del estudio de impacto ambiental para obtener licencia ambiental en Categoría IV, deberá estar a cargo de un consultor ambiental calificado en categoría ?A?.

 

El Ministerio del Ambiente, a través de Acuerdo Ministerial,  establecerá las normas técnicas con las condiciones y requisitos que deberán cumplir las personas naturales o jurídicas para conformar el Registro de Consultores Ambientales.

 

Art. 9.- Certificado de intersección.- En todos los casos el titular minero deberá obtener de la Autoridad Ambiental el Certificado de Intersección del cual se desprenda la intersección de la obra, actividad o proyecto con relación a las Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal del Estado o Bosques Protectores. El certificado de intersección será obtenido por una sola vez durante la vigencia del derecho minero; las normas técnicas ambientales deberán determinar en qué circunstancias las actividades desarrolladas fuera del certificado de intersección pueden ser autorizadas, y los criterios bajo los cuales se debe solicitar un nuevo certificado de intersección y su respectiva licencia ambiental de acuerdo a la categorizacion ambiental nacional vigente.

 

En el caso de que la obra, actividad o proyecto intersecte con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en cuanto a actividades extractivas se refiere, se procederá de acuerdo a lo que dispone el artículo 407 de la Constitución de la República del Ecuador y las normas que para tal efecto se expidan por la autoridad competente.

 

En el caso de que la obra, actividad o proyecto tenga relación con el patrimonio forestal del Estado o bosques protectores, el titular minero, previo al proceso de licenciamiento ambiental, deberá solicitar a la Dirección Nacional Forestal del Ministerio del Ambiente la certificación de viabilidad ambiental calificada con el informe de factibilidad de la obra, actividad o proyecto. Esta certificación será expedida por el Director Nacional Forestal.

 

Los certificados de intersección serán emitidos para toda concesión minera y/o planta de beneficio o procesamiento, mineraductos, complejos industriales mineros, autorizaciones para libres aprovechamientos, permisos de minería artesanal, y otros.

 

Art. 10.- Requisitos previos.- El titular minero previo al inicio del proceso de licenciamiento ambiental en cualquiera de las fases mineras, deberá presentar al Ministerio del Ambiente un certificado de vigencia de derechos mineros, acompañado del título minero o permiso.

 

Adicionalmente, para la pequeña, mediana y minería a gran escala, el titular minero deberá presentar el certificado de viabilidad técnica del proyecto minero otorgado por la entidad que el Ministerio Sectorial defina para el efecto.

 

 

SECCIÓN I

De la Exploración Inicial

 

Art 11.- Ficha Ambiental.- En el período de exploración inicial se requerirá la aprobación de fichas ambientales las mismas que deben ser presentadas de acuerdo a la normativa expedida por el Ministerio del Ambiente.

 

Art 12.- Participación social.- Adjunto a la ficha ambiental se deberá presentar el informe del proceso de participación social realizado en los términos establecidos en la normativa aplicable para tal efecto.

 

Art 13.- Revisión de la ficha ambiental.- Una vez recibida la ficha ambiental, el Ministerio del Ambiente procederá a su revisión y emitirá su pronunciamiento en un término no mayor a 15 días desde la fecha de su presentación. Si de la ficha ambiental se determinaran observaciones, se solicitará información aclaratoria y/o complementaria; y se realizará una inspección técnica de campo.

 

El titular deberá presentar la información referida en un término no mayor a 15 días. Si en el plazo en mención el titular no ha cumplido con el requerimiento de la Autoridad Ambiental, se dispondrá el archivo del trámite y el titular deberá reiniciarlo cumpliendo los requisitos y condiciones establecidos en este Reglamento.

 

Transcurridos los plazos señalados en el inciso anterior y cumplidos los requerimientos técnicos y legales, el Ministerio del Ambiente emitirá su pronunciamiento, en un término de 15 días.

 

No cabe la aplicación de la figura jurídica del silencio administrativo cuando la autoridad pública no se pueda pronunciar sobre la petición del administrado por retraso en la entrega de información requerida por parte del titular minero.

 

Art. 14.- Aprobación o rechazo de la ficha ambiental- La ficha ambiental se aprobará si en el análisis de la información y con la inspección de campo se comprobare que la información presentada es veraz y el plan de manejo ambiental es particular y acorde al proyecto propuesto, caso contrario la ficha no será aprobada. El titular minero podrá presentar una nueva ficha luego de la presentación de una actualización de la viabilidad técnica de su proyecto.

 

Art. 15.- Pagos y emisión de licencia ambiental.- El costo de la revisión, calificación de la ficha ambiental para exploración inicial y emisión de la licencia ambiental será establecido por el Ministerio de Ambiente. Una vez cancelados los pagos solicitados se emitirá la correspondiente licencia ambiental.

 

SECCIÓN II

De la Exploración Avanzada

 

Art. 16.- Participación social.- Para los proyectos de Categoría III, el Proceso de Participación Social tendrá que ser realizado por el titular minero en coordinación con la Autoridad competente, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.

 

Art. 17.- Declaratoria de impacto ambiental.- Previo al inicio de las actividades en fase de exploración avanzada, se debe presentar al Ministerio del Ambiente la correspondiente declaratoria de impacto ambiental elaborada bajo los lineamientos expedidos por la Autoridad Ambiental, de acuerdo con las disposiciones estipuladas en este reglamento y en  concordancia con la normativa ambiental vigente.

 

La declaratoria de impacto ambiental para la fase de exploración avanzada deberá identificar, describir, evaluar y valorar, de manera precisa y en función de las características para cada caso en particular, los efectos previsibles que la ejecución del proyecto minero producirá sobre los distintos aspectos ambientales y socioeconómicos.

 

La declaratoria de impacto ambiental debe incluir el correspondiente plan de manejo ambiental, que contemple los programas y acciones requeridas para prevenir, mitigar, controlar, compensar, corregir y reparar los posibles efectos o impactos ambientales negativos, o maximizar los impactos positivos causados en el desarrollo de la actividad minera, con su respectivo cronograma y presupuesto.

 

El plan de manejo ambiental comprenderá también aspectos de seguimiento, evaluación, monitoreo, contingencia, cierres parciales de operaciones y cierre y abandono definitivo de las operaciones mineras, cada uno de estos debe contar con sus respectivos programas, cronogramas y presupuestos.

 

Art. 18.- Revisión de la declaratoria de impacto ambiental.- Una vez recibida la declaratoria de impacto ambiental, el Ministerio del Ambiente procederá a su revisión y emitirá su pronunciamiento en un término no mayor a 30 días desde la fecha de su presentación, si de la misma se determinaren observaciones, se solicitará información aclaratoria y/o complementaria; y de ser necesario se realizará una inspección técnica de campo.

 

Una vez revisada la documentación y en el caso de presentarse observaciones, la Autoridad Ambiental podrá solicitar al titular que presente información aclaratoria y/o complementaria en un término de 30 días. Si en el plazo en mención el titular no ha cumplido con el requerimiento de la Autoridad Ambiental procederá con el archivo respectivo del trámite y el titular deberá reiniciar el proceso cumpliendo con los requisitos y condiciones establecidos en este Reglamento.

 

Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores y cumplidos los requerimientos técnicos y legales, el Ministerio del Ambiente podrá emitir pronunciamiento favorable a la Declaratoria de Impacto Ambiental en un término previsto de 30 días y se procederá con la emisión de la respectiva licencia ambiental.

 

No cabe la aplicación de la figura jurídica del silencio administrativo cuando la autoridad pública no se pueda pronunciar sobre la petición del administrado por retraso en la entrega de información requerida por parte de aquella.

 

Art. 19.- Pronunciamiento favorable o rechazo de declaratoria de impacto ambiental.- Se emitirá pronunciamiento favorable a la declaratoria de impacto ambiental, si en el análisis de la información y con la inspección de campo se comprobara que la información presentada es veraz y el plan de manejo ambiental es particular y acorde al proyecto, caso contrario solicitará información aclaratoria o  complementaria, o solicitará la reformulación de la declaratoria. El titular minero podrá presentar una nueva declaratoria de impacto ambiental luego de la presentación de una actualización de la viabilidad técnica de su proyecto.

 

Art. 20.- Pagos y emisión de licencia ambiental.- El titular minero deberá cancelar los valores referentes a los Servicio de Gestión y Calidad Ambiental. Además deberá presentar las respectivas pólizas o garantías bancarias de fiel cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental. Una vez cancelados los pagos solicitados se emitirá la correspondiente licencia ambiental.

 

SECCIÓN III

De la Explotación, Beneficio, Fundición y Refinación

 

Art. 21.- Términos de Referencia para estudios de impacto ambiental.- Los estudios de impacto ambiental se realizarán en función de términos de referencia (TDRs) por tipo de proyecto

 

Los términos de referencia y los estudios que de ellos se deriven podrán ser realizados en conjunto cuando el proyecto integre diferentes fases como explotación, beneficio, fundición, refinación y transporte.

 

El titular de los derechos mineros justificará el alcance de los términos de referencia en función de su proyecto en particular. Estos serán sometidos a evaluación del Ministerio del Ambiente o la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, quien podrá:

 

Emitir la aprobación de los Términos de Referencia si estos cumplen satisfactoriamente con los requisitos técnicos y legales establecidos en la normativa ambiental vigente.

 

Observar y solicitar al titular minero la presentación de información aclaratoria y/o complementaria, en un término de 30 días a partir de su notificación; o

 

Reformular en el caso de que éstos no sean presentados de acuerdo a la actividad que se va a desarrollar o no cumpla con los requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable.

 

A partir de la aprobación de los términos de referencia, el titular minero tendrá un plazo de 120 días, para continuar con el proceso de licenciamiento ambiental, caso contrario se procederá al archivo del trámite.

 

Art. 22.- Participación social.- Para los proyectos mineros de Categoría lV, La Autoridad Ambiental competente llevará a cabo el Proceso de Participación Social en coordinación con el titular minero, para lo cual dicha autoridad asignará uno o más facilitadores socioambientales en cumplimiento de lo establecido en la normativa aplicable.

 

Art. 23.- Estudios de impacto ambiental.- Previo al inicio de las actividades en fase de explotación, beneficio, fundición y refinación se presentará a la Autoridad Ambiental el correspondiente estudio de impacto ambiental de acuerdo con  las disposiciones de este reglamento y demás normativa ambiental vigente.

 

El estudio de impacto ambiental deberá identificar, describir, cuantificar y valorar, de manera precisa y en función de las características de cada caso en particular, los efectos previsibles que la ejecución del proyecto minero producirá sobre los distintos aspectos ambientales y socio-económico.

 

El estudio de impacto ambiental incluirá además el correspondiente plan de manejo ambiental, que contemple acciones requeridas para prevenir, mitigar, controlar, compensar, corregir y reparar los posibles efectos o impactos ambientales negativos, o maximizar los impactos positivos causados en el desarrollo de la actividad minera, con su respectivo cronograma y presupuesto.

 

El plan de manejo ambiental comprenderá también aspectos de seguimiento, evaluación, monitoreo, y los de contingencia, cierres parciales de operaciones y cierre y abandono de operaciones mineras, con sus respectivos programas, cronogramas y presupuestos.

 

Art. 24.- Análisis y revisión de estudios.- Una vez recibido el estudio de impacto ambiental, el Ministerio del Ambiente procederá a su revisión y emitirá su pronunciamiento en un término no mayor a 30 días desde la fecha de su presentación, si de la misma se determinaran observaciones se solicitará información aclaratoria y/o complementaria; y de ser necesario se realizará una inspección técnica de campo.

 

Luego del ingreso de la información aclaratoria y/o complementaria remitida por parte del titular minero al Ministerio del Ambiente, esta Cartera de Estado dispondrá de 30 días para emitir el respectivo pronunciamiento, ya sea favorable, solicitar nueva información aclaratoria o complementaria, o solicitar la reformulación del estudio por una sola vez, caso contrario se deberá reiniciar el proceso de licenciamiento ambiental.

 

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