Registro Oficial No 66 - Lunes 26 de Agosto de 2013 Suplemento

Lunes, 26 de agosto de 2013

Última modificación: Martes, 10 de septiembre de 2013 | 11:31

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Lunes 26 de Agosto de  2013 - R. O. No. 66

 

SUPLEMENTO

 

SUMARIO

 

               

Corte Constitucional del Ecuador:

 

Sentencias           

 

040-13-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Santiago Andrés Cuesta Caputi

 

               

042-13-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Juan Alfonso Salguero Guamán

 

 

               

043-13-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Cicerón Raúl Bernal Espinoza, Director Provincial de Educación del Azuay (e)

 

               

049-13-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Víctor Manuel Díaz Almeida y otro

               

               

Gobiernos Autónomos Descentralizados Ordenanza Municipal:

Ordenanzas         

 

-       Cantón Shushufindi: Que expide la primera reforma a la Ordenanza que regula el comercio

 

 

 

CONTENIDO

 


 

Quito, D. M., 24 de julio del 2013

 

SENTENCIA Nº 040-13-SEP-CC

 

CASO Nº 0010-12-EP

 

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

 

I. ANTECEDENTES

 

Resumen de admisibilidad

 

Santiago Andrés Cuesta Caputi, por sus propios derechos y por los que representa de la Compañía de Servicios Exequiales SEPROFIN, presentó acción extraordinaria de protección en la Tercera Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas el 6 de diciembre de 2011.

 

El 3 de enero 2012, la secretaria relatora de la Tercera Sala  de  lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas remite a la Corte Constitucional el proceso que contiene la acción de protección interpuesta por el señor Santiago Andrés Cuesta Caputi, en contra del acto emanado por la Compañía de Seguros ?SUCRE?, con el que notifica la terminación del contrato que mantenían las dos partes, proceso en el que ha recaído la sentencia de segunda instancia, respecto de la cual ha interpuesto la acción extraordinaria de protección.

 

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, para el período de transición, el 11 de enero de 2012 admitió a trámite la acción extraordinaria de protección Nº 0010-12- EP, presentada por el señor Santiago Andrés Cuesta Caputi.

 

Por el sorteo efectuado correspondió el conocimiento de la presente causa al ex juez constitucional Hernando Morales Vinueza, quien mediante auto del 24 de febrero de 2012, avocó conocimiento de la misma.

 

Posteriormente, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 a 27 del Régimen de Transición de la Constitución de la República, el 6 de noviembre del 2012 fueron posesionados las juezas y jueces de la Primera Corte Constitucional. En tal virtud, el pleno del organismo procedió a un nuevo sorteo de la causa efectuado el 03 de enero de 2013. De conformidad con dicho sorteo, el secretario general remitió el expediente a la doctora Ruth Seni Pinoargote, como jueza constitucional sustanciadora.

 

Mediante providencia del 5 de marzo del 2013, de conformidad con lo previsto en los artículos 62, 194 numeral 3, y 195 inciso primero de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y artículos 19 y 20 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, la jueza sustanciadora avocó conocimiento de la presente causa y ordenó notificar a los jueces de la Tercera Sala de lo Penal, Colusorio y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas; al señor Santiago Xavier Cuesta Caputi, representante de la Compañía de Seguros Exequiales Integrados SEPROFIN S. A.; al señor Gene Alcívar Guzmán, en su calidad de gerente general de la Compañía Seguros Sucre S. A.; al señor Maximiliano Donoso Vallejo; al señor Gonzalo Heriberto Mieles Menéndez, en su condición de presidente de la Federación de Servicios Exequiales del Ecuador, y al procurador general del Estado.

 

Detalle de la demanda.

 

El señor Santiago Cuesta Caputi, amparado en lo dispuesto  en el artículo 94 de la Constitución de la República del  Ecuador, interpone acción extraordinaria de protección, en  la que impugna la sentencia del 23 de noviembre de 2011,  dictada por la Tercera Sala de Garantías Penales y Tránsito  de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en la acción  de protección N.° 1158-2011, decisión mediante la cual  revoca la sentencia emitida por el juez sexto de lo Civil y  Mercantil de Guayaquil que concedió la acción presentada  por el demandante que perseguía el amparo al derecho al  trabajo, al debido proceso y a la defensa que habían sido  vulnerados por la Compañía de Seguros Sucre, al no seguir  procedimiento alguno para dar por terminado  unilateralmente  el  contrato  para  el  suministro  de  servicios  funerarios ofrecidos en las pólizas emitidas a favor de las personas habilitadas para el cobro del bono de desarrollo humano, de la pensión de adultos mayores y de la pensión de las  personas  con  discapacidad  que  firmó  con ellos.

 

Manifiesta que la sentencia que resolvió la apelación  interpuesta por Seguros Sucre S. A., revocó la sentencia  recurrida, declaró sin lugar la acción de protección  propuesta y, en consecuencia, aceptó la arbitraria  terminación del contrato por parte de Seguros Sucre.

 

La sentencia, dice, no se pronuncia sobre ninguno de los  argumentos relevantes de su defensa, por lo que vulneró el  derecho a obtener una resolución debidamente motivada. Al  respecto, informa que en la audiencia señalaron que en el  contrato se acordó que el convenio podría ser terminado de  manera unilateral en dos casos: por la quiebra de una de las  partes o por incumplimiento del contrato, y que en este  último caso ambas partes se comprometían a concederse 15  días para presentar descargos de defensa o remediar  cualquier incumplimiento y que si esto no fuere posible, una  parte notificaría a otra con noventa días de anticipación su  decisión de terminarlo a efectos de liquidar el contrato y  que, sin embargo, Seguros Sucre terminó el contrato al  margen de este o de cualquier otro procedimiento que  permita presentar argumentos de defensa y pruebas de  descargo. Añade que explicaron que al no haber concedido  oportunidad de defensa para desvirtuar el supuesto  incumplimiento ni para justificarlo, Seguros Sucre violó la  cláusula contractual y el derecho a la defensa reconocido  por la Constitución. Demostraron que el informe de  auditoría que le acusa de re facturaciones y  sobrefacturaciones fue realizado por una empresa fantasma,  que no consta como empresa autorizada por la  Superintendencia de Bancos y Seguros para este tipo de  labores. También replicaron la excepción de Seguros Sucre  relativo a la existencia de una cláusula arbitral que haría  ineficaz la acción de protección al existir otro mecanismo  de defensa, demostrando que este no es un caso de  discrepancia sobre la aplicación o interpretación del  contrato y que las violaciones de derechos constitucionales  no pueden ser de competencia de ningún tribunal de  arbitraje. Además, dicen haber demostrado que el informe  carecía de valor por haber sido realizado a sus espaldas y  sin dejarle conocer las conclusiones del mismo. Concluye  que ninguna de estas réplicas fueron objeto de  pronunciamiento de la sentencia impugnada.

 

Por lo expuesto, considera que la sentencia vulnera el derecho a la motivación de las resoluciones, la Sala no se pronuncia sobre si los hechos impugnados constituyen o no una vulneración al debido proceso ni sobre argumentos doctrinales que establecen que asuntos constitucionales no pueden ser materia de competencia de tribunales de  arbitraje.

 

Derechos presuntamente vulnerados.

 

Considera vulnerados los derechos a la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica, al debido proceso y al trabajo.

 

Pretensión.

 

Solicita el actor que mediante sentencia se deje sin efecto la sentencia emitida el 23 de noviembre de 2011 por la Tercera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en la acción de protección seguida contra la Compañía Seguros Sucre S.A.

 

Contestación a la demanda.

 

Los jueces de la Tercera Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas no han presentado el informe requerido.

 

Contestación de la Procuraduría General del Estado.

 

La Procuraduría General del Estado, mediante escrito presentado el 22 de marzo del 2012, en su parte principal señaló lo siguiente:

 

Los jueces resolvieron que se encuentra expedita la vía para que la Compañía SEPROFIN S. A., acuda con su reclamo ante el Tribunal de Arbitraje, tal como lo estipula el convenio arbitral consignado en el contrato. Que SEPROFIN S. A., argumenta en esta acción que el Tribunal de Arbitraje no tendría competencia para conocer respecto de vulneración de derechos constitucionales y así es, pero el fondo del reclamo planteado por SEPROFIN S. A., no se refiere a vulneración de derechos fundamentales, sino a supuestos incumplimientos al contrato. Que SEPROFIN S.A., sostiene que SEGUROS SUCRE S. A., no le concedió el término de 15 días que estipula una de las cláusulas del contrato, para que pudiera desvirtuar las imputaciones que se le hacían en un informe de auditoría; en ese contexto, el debate gira en torno a desacuerdos de orden contractual que, en todo caso, deberían ser resueltos por un Tribunal Arbitral, de acuerdo con lo estipulado en el mismo contrato; por lo tanto, la Sala Penal cuya sentencia se impugna, no hizo sino aplicar la norma vigente y pertinente, por lo que señala que no existe vulneración a la seguridad jurídica.

 

Que el accionante no puede alegar falta de tutela a sus derechos, puesto que inclusive en primera instancia el juez le dio la razón y hasta se excedió en sus atribuciones, ordenando la destitución del gerente general de Seguros Sucre S. A., facultad que únicamente le corresponde a la Corte Constitucional. Que el hecho de que no se haya resuelto la acción de protección, de acuerdo con el interés del accionante no significa que se haya vulnerado ese derecho, porque en definitiva, en la acción de protección planteada no se vislumbró vulneración de derechos constitucionales, sino que lo que se evidenció fue un tema de divergencia contractual, respecto del cual no tenía competencia el juez de garantías jurisdiccionales, sino en todo caso el Tribunal de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, tal cual consta del contrato suscrito.

 

Que el debido proceso tampoco ha sido vulnerado, puesto que en la sustanciación de la acción de protección se respetó el mismo, notificándose a las partes con todas las actuaciones procesales; se llevó a cabo la audiencia pública en la que las partes sustentaron sus posiciones; asimismo, las partes contaron con todos los medios y tiempos adecuados para poder demostrar sus afirmaciones; en fin, el debido proceso se cumplió y en ese sentido no cabe que se afirme que hubo vulneración de ese derecho en esta acción extraordinaria.

 

Que el derecho al trabajo tampoco ha sido infringido. Que según ha sostenido y sustentado la Compañía de Seguros Sucre S. A., a lo largo de la acción de protección, Seprofín S. A., incumplió primero el contrato y ello ocasionó la declaratoria de terminación unilateral del contrato, y muy aparte de que esta alegación tenga sustento o no, porque no es tema de debate constitucional, sino contractual, Seprofín S. A., no podría alegar vulneración del derecho al trabajo porque en principio el contrato concluyó porque ella primero lo incumplió; en otras palabras, la terminación del contrato obedece al incumplimiento del mismo por parte de la Compañía Seprofín S. A.

 

Que no existió la vulneración de los derechos constitucionales que indica el accionante en su demanda, y que por su naturaleza no corresponde a la Corte Constitucional revisar nuevamente los argumentos planteados en la acción de protección, por lo que solicita que sea rechazada la presente acción.

 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

 

Competencia de la Corte Constitucional.

 

La Corte Constitucional es competente para conocer y resolver la presente causa, de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 429 y 437 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 191 numeral 2 literal d de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y artículo 3 numeral 8 literal b del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.

 

La presente acción ha sido tramitada de conformidad con el ordenamiento jurídico constitucional y legal aplicable al caso, por lo que se declara su validez.

 

Objeto de la acción extraordinaria de protección.

 

El objeto de la acción extraordinaria de protección es el aseguramiento y efectividad de los derechos y garantías fundamentales, evitando un perjuicio irremediable, al incurrir el accionar de los jueces en violación de normas fundamentales, sea por acción u omisión, en una sentencia, auto o resolución, en ejercicio de su actividad jurisdiccional.

 

La acción extraordinaria de protección no constituye una instancia adicional a las previstas en la jurisdicción ordinaria; por tanto, no compete a la Corte Constitucional analizar el fondo del asunto controvertido en la acción de protección propuesta por Santiago Cuesta Caputi, sino observar si en la sustanciación del referido proceso se vulneraron las garantías del debido proceso u otros derechos constitucionales, pues este es el objeto de esta garantía constitucional, que conlleva el control de constitucionalidad de las actuaciones de los jueces,  que con anterioridad a la vigencia de la actual Constitución de la República se encontraban exentos del mismo; control que deviene del carácter normativo de la Carta Fundamental y del principio de supremacía constitucional, según el cual, toda autoridad se encuentra sujeta al control de constitucionalidad, mediante las diversas acciones de jurisdicción constitucional.

 

Determinación del problema jurídico a resolverse.

 

A fin de decidir sobre el caso puesto a conocimiento de esta Corte, se procederá a examinar el siguiente problema jurídico:

 

La sentencia que decide sobre la improcedencia de la acción de protección por no reunir los requisitos de ley ¿vulnera los derechos al debido proceso, seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y otros, como el trabajo, alegados en el presente caso?

 

Resolución del problema jurídico.

 

La compañía de Servicios Exequiales SEPROFIN, accionante en esta causa, considera lesionados los derechos al debido proceso, la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y el trabajo, con la emisión de la sentencia de segunda instancia en la acción de protección que propusiera en contra de la compañía de Seguros Sucre por la terminación unilateral del contrato civil de provisión de servicios exequiales que mantenían las partes, cuyo fin era proveer estos servicios a las personas habilitadas al pago del bono de desarrollo humano, de la pensión para adultos mayores y de la pensión para personas con discapacidad, que consten en los registros del MIES-PPS.

 

A criterio del accionante la sentencia no se pronunció sobre el contenido de la demanda que denunció vulneración del derecho al debido proceso, la defensa y el trabajo por parte de Seguros Sucre, quien procedió a dar por terminado el contrato de manera unilateral como consecuencia de las conclusiones de una auditoría efectuada sin su conocimiento, la misma que arrojaría la existencia de re facturación y sobrefacturación y, de otra parte, la sentencia acepta la excepción planteada por la compañía demandada respecto a la improcedencia de la acción por existir otras vías de reclamo.

 

El actor impugna la sentencia emitida el 23 de noviembre de 2011 por los jueces de la Tercera Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en la acción de protección presentada por la Compañía de Seguros Exequiales Integrados SEPROFIN S. A., en contra de la Compañía de Seguros Sucre S. A., por la terminación unilateral del contrato civil de provisión de servicios, sentencia que revoca la decisión de instancia y declara sin lugar la acción propuesta.

 

Del examen realizado a la sentencia, materia de este recurso, en relación a los derechos que el accionante considera lesionados, la Corte establece lo siguiente:

 

Sobre el derecho al debido proceso

 

Los  jueces fundamentan su decisión en la disposición contenida en  el  artículo  40  de  la  Ley Orgánica  de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional, que establece los requisitos que debe reunir la acción de protección para su procedencia; concretamente señala: ?Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado?.

 

La decisión de los jueces, en definitiva, se centra en la apreciación relativa al elemento de procedibilidad de esta garantía jurisdiccional, según la cual, procede la misma siempre y cuando el sistema judicial ecuatoriano no ofrezca otro medio de defensa que permita proteger el derecho que se considera vulnerado. Al respecto, la sentencia señala que se ha constatado que en el contrato suscrito entre la Compañía de Seguros Sucre y la compañía SEPROFIN S A., se ha convenido en una cláusula arbitral que amparaba al contratista para protegerse respecto de una decisión unilateral de terminación del contrato, en tanto se previó, inclusive, que los árbitros quedaban facultados para dictar medidas cautelares y solicitar el auxilio de funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos; por tanto, ante esa instancia podía solicitar, incluso, iguales medidas que solicitó en esta acción; de ahí que considera que el demandante tenía otro mecanismo de defensa adecuado  y eficaz para proteger el presunto derecho vulnerado.

 

Esta Corte observa que al haber efectuado el análisis pertinente a la procedencia de la acción de protección, con fundamento en expresas disposiciones legales, la sentencia impugnada contiene la debida motivación que la Constitución demanda de las decisiones de los poderes públicos, como elemento del derecho al debido proceso, concretamente, del derecho a la defensa, contenido en el artículo 76 numeral 7 literal l de la Constitución de la República, que se orienta a impedir la arbitrariedad en las decisiones. En efecto, para cumplir tal objetivo, en el ámbito jurisdiccional, los jueces, tanto de la justicia ordinaria como de la justicia constitucional, deben sustentar las decisiones que adoptan en sus sentencias, en la aplicación coherente de normas y principios jurídicos al caso concreto, lo cual, en el caso que se examina se encuentra cumplido.

 

La Corte ha señalado que encontrándose garantizados por el artículo 190 de la Constitución de la República procedimientos alternativos para la solución de conflictos, ?existe la posibilidad, determinada por la Constitución, de que no solo la vía de la jurisdicción ordinaria sea la idónea para procesar conflictos, sino que se crea una alternativa, a la que, cumpliendo requisitos establecidos por la Ley, se puede acudir para solucionar una divergencia? 1. Por esta razón, considera que si los jueces de apelación resolvieron rechazar la demanda presentada por existir un procedimiento, constitucionalmente garantizado, al que podía acudir el demandante para impugnar la terminación unilateral del contrato, no ocasionaron vulneración al derecho al debido proceso, concretamente, el derecho a recibir una sentencia motivada, alegada por el demandante.

Respecto al derecho a la seguridad jurídica.

 

Aduce el accionante que la sentencia que ataca vulnera el derecho a la seguridad jurídica, ya que si se trata de impugnar la vulneración de derechos, este no es tema que le corresponda conocer a un tribunal arbitral, como indica la sentencia.

 

Al respecto, es preciso recordar que la Constitución de la República garantiza la seguridad jurídica concebida como el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes 2. Al respecto, la Corte ha considerado que ?Este derecho agrupado entre los de protección, vincula a todo juez para que, en el conocimiento de las causas que en función de su competencia le corresponda tramitar y resolver, respete el orden jurídico vigente y los derechos fundamentales? 3.

 

 

____________________________

1              Sentencia N.º 006-10-SEP, caso N.º 0712-09-EP del 24 de febrero del 2010.

 

 

La sentencia recoge de manera concisa el antecedente que origina la presentación de la acción de protección, del que se extrae que la compañía contratante ha dado por terminado el contrato suscrito con el demandante para proveer servicios exequiales y su administración a las personas habilitadas al pago del bono de desarrollo humano, de la pensión de adultos mayores y de la pensión para personas con discapacidad que consten en los registros de MIES-PPS, terminación que se sustentaría en un informe de auditoría del que se desprende la existencia de refacturación con sobrefacturación por los servicios prestados, valores estimados en $ 3?074.506,12. Concluye en la existencia de incumplimiento del contrato. Refiere la sentencia las justificaciones efectuadas por la accionante para dar por terminado el contrato frente a las gravísimas conclusiones del informe y la excepción presentada respecto a la existencia de la cláusula arbitral en el contrato que suscribieron las partes.

 

Es preciso señalar que revisado el proceso, esta Corte encuentra que si bien el demandante aduce que la presentación de la demanda se constriñe a impugnar la vulneración de derechos por vía de acción de protección, la defensa del mismo se orientó a desvirtuar los motivos que habrían llevado a Seguros Sucre a dar por terminado el contrato, pues ha alegado inexistencia de refacturación con sobrefacturación en la que habría concluido el informe de auditoría, informe que también ha sido objeto de impugnación por parte del demandado, de manera que el accionante utiliza la acción de protección como mecanismo en el que se analice más allá de la presunta vulneración de derechos, los hechos que provocaron el acto que impugna.

 

Frente a esta pretensión y a la excepción planteada por la compañía demandada, la sentencia concluye que las partes en el contrato de provisión de servicios que mantenían, convinieron reglas, al amparo de la Ley de Arbitraje y Mediación, según las cuales someterían a un Tribunal de Arbitraje Administrativo del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, disposiciones a las que debió sujetarse el demandante para impugnar la decisión de Seguros Sucre, con fundamento en el artículo 40 numeral número 3 de la Constitución.

 

Cabe realizar especial mención al contenido de la sentencia en aquella parte que, de manera expresa, deja sin efecto la destitución del Gerente de la Compañía de Seguros Sucre, en acatamiento de la jurisprudencia emitida por esta Corte4, la misma que fue inobservada por el juez a-quo, quien no estaba autorizado a decidir sobre destitución alguna, y al hacerlo actuó lesionando el derecho a la seguridad jurídica, pues se apartó de la decisión de la Corte Constitucional que constituye jurisprudencia vinculante, de conformidad con lo previsto en el artículo 436 numeral 6 de la Constitución de la República.

 

Los jueces, al dictar la sentencia impugnada con el análisis referido, no apartaron su decisión de los contenidos constitucionales, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, así como de las disposiciones pertinentes del propio contrato suscrito entre las partes, que para ellas constituye ley; por consiguiente, la Corte considera que lejos de existir vulneración a la seguridad jurídica, la sentencia la garantiza.

 

Sobre la tutela judicial efectiva.

 

La Corte conceptúa que la tutela judicial efectiva, garantizada por el artículo 75 de la Constitución de la República 5, es un derecho que consagra la Constitución, orientado a garantizar que los derechos de las personas encuentren un cauce adecuado para su realización, y siendo los procesos judiciales las vías idóneas para su restablecimiento, este derecho tiene varios elementos. La Corte ha dicho: ?El derecho a la tutela judicial efectiva comporta tres momentos: el consagrado procesalmente como derecho de petición, es decir, el acceso a los órganos jurisdiccionales; la actitud diligente del juez en un proceso ya iniciado, y el rol del juez una vez dictada la resolución, tanto en la ejecución como en la plena efectividad de los pronunciamientos? 6. En efecto, no solo la garantía de poder acudir a los jueces, sin restricciones, para hacer valer los derechos de las personas, hace parte de la tutela judicial efectiva, es necesario que el juez cumpla un papel comprometido con la justicia y equidad en el proceso en la expedición del fallo y en su ejecución, y además una disposición a atender con celeridad y premura los casos sometidos a su conocimiento y decisión.

 

Ha señalado la Corte que este derecho ?comporta una serie de obligaciones por parte del ente estatal; por un lado requiere la existencia de un órgano jurisdiccional y de jueces y juezas, quienes investidos de potestad jurisdiccional deben velar por el cumplimiento de la Constitución y la ley, aplicándolos a un caso concreto para lograr de este modo la tan anhelada justicia. El contenido constitucional del mencionado derecho a la tutela judicial efectiva se manifiesta no solamente en el derecho de acceso a la jurisdicción y en el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales, sino que también, esencialmente, del derecho a obtener una resolución fundada jurídicamente?7.

 

La sentencia impugnada refleja que una vez que el actor activó la justicia constitucional fue atendido en aplicación del derecho a la tutela judicial efectiva, habiéndose dictado sentencia en primera instancia, y habiendo sido apelada la misma por la parte demandada, el recurso ha seguido el trámite pertinente, también en aplicación del derecho que le asiste. Se debe precisar que el hecho de que la sentencia definitiva sea desfavorable para una u otra parte no implica que se haya desconocido la garantía de que los ciudadanos puedan acceder a la tutela judicial efectiva. En consecuencia, la Corte concluye que la sentencia de segunda instancia emitida en la acción de protección incoada por el demandante, no vulnera este derecho.

 

Respecto al derecho al trabajo.

 

Las actividades que venía realizando SEPROFIN S. A., en virtud del contrato que mantenía con Seguros Sucre que, en efecto, posibilitaban el ejercicio del derecho al trabajo a algunas personas que laboraban para la compañía demandante, la que ejercía el derecho a la libre empresa, si se han visto afectadas no es por la decisión de los jueces de rechazar la demanda que no reúne los requisitos previstos legalmente, sino por el antecedente de incumplimiento de los términos contractuales que han llevado a Seguros Sucre a dar por terminado unilateralmente el contrato, frente a lo cual el contratista no activó la vía adecuada de reclamo, razón por la que la Corte concluye que la sentencia impugnada no vulnera el derecho al trabajo alegado.

 

____________________

2              Art. 82 de la Constitución de la República

3              Sentencia N.º 0026-11-SEP, caso N.º 1341-10-EP del 21 de septiembre de 2011.

4              Sentencia Nº 001-10-PJO-CC, caso N.º 0999-09-JP del 22 de diciembre de 2010.

5              Art. 75 de la Constitución determina: Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.

6              Sentencia N.º 076-10-SEP-CC, caso N.º 1114-10-EP del 22 de diciembre de 2010.

 

 

Conclusión.

 

En definitiva, en la sentencia expedida por la Tercera Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas el 23 de noviembre del 2011, y en la tramitación de la acción de protección demandada por Santiago Cuesta Caputi, representante de la Compañía de Seguros Exequiales Integrados SEPROFIN S. A., en contra de Seguros Sucre S.A., no se advierte vulneración de los derechos señalados por el accionante u otros derechos consagrados en la Constitución de la República, pues de la revisión del proceso se observa que el accionante ha sido notificado con las actuaciones del proceso, ha comparecido a la audiencia pública a ejercer su derecho a la defensa, ha presentado las pruebas y descargos que ha considerado pertinentes, ha podido recurrir de la sentencia, y los jueces han argumentado y justificado la decisión adoptada, es decir que en la causa materia de análisis se han respetado  los derechos constitucionales del mismo, razón por la cual la presente acción deviene en improcedente.

 

III. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, la Corte Constitucional expide la siguiente:

 

SENTENCIA.

 

1.             Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.

 

2.             Negar la acción extraordinaria de protección planteada.

 

3.             Notifíquese, publíquese y cúmplase.

 

f.) Patricio Pazmiño Freire, PRESIDENTE.

 

f.) Jaime Pozo Chamorro, SECRETARIO GENERAL.

 

Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional, con siete votos de las señoras juezas y señores jueces: Antonio Gagliardo Loor, María del Carmen Maldonado Sánchez, Wendy Molina Andrade, Alfredo Ruiz Guzmán, Ruth Seni Pinoargote, Manuel Viteri Olvera y Patricio Pazmiño Freire, sin contar con la presencia de los señores jueces Marcelo Jaramillo Villa y Tatiana Ordeñana Sierra, en sesión ordinaria llevada a cabo en la ciudad de Quito el 24 de julio del 2013. Lo certifico.

 

f.) Jaime Pozo Chamorro, SECRETARIO GENERAL.

 

CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado por: Ilegible.- f.) Ilegible.- Quito, a 20 de agosto de 2013.- f.) Ilegible, Secretaría General.

 

CASO No. 0010-12-EP

 

RAZÓN.-Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el juez Patricio Pazmiño Freire, presidente de la Corte Constitucional, el día miércoles 07 de agosto de dos mil trece.- Lo certifico.

 

f.) Jaime Pozo Chamorro, Secretario General.

 

CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado por: Ilegible.- f.) Ilegible.- Quito, a 20 de agosto de 2013.- f.) Ilegible, Secretaría General.

 

Quito, D. M., 31 de julio de 2013

 

SENTENCIA Nº 042-13-SEP-CC

 

CASO Nº 1676-10-EP

 

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR.

 

I. ANTECEDENTES.

 

______________

7              Sentencia Nº 29-11-EP, caso N.º 1114-10-EP del 21 de septiembre de 2011.

 


 

Resumen de admisibilidad.

 

La presente acción extraordinaria de protección fue presentada por el señor Juan Alfonso Salguero Guamán, en contra de la sentencia emitida el 26 de julio de 2010 a las 14h46 y del auto emitido el 06 de octubre de 2010 a las 09h20, por la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, dentro del juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio N.º 650- 2009.

 

El doctor Arturo Larrea Jijón, ex secretario general de la Corte Constitucional, certificó el 17 de noviembre de 2010 a las 17h19, que en referencia a la acción N.º 1676-10-EP ?... no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y acción??. La Sala de Admisión de la Corte Constitucional admitió a trámite la presente acción extraordinaria de protección el 24 de enero de 2011 a las 17h13. Efectuado el sorteo para designar juez constitucional ponente, le correspondió conocer el presente proceso al ex juez Edgar Zárate Zárate.

 

Una vez posesionada la primera Corte Constitucional, habiéndose realizado el sorteo de las causas que se encontraban en conocimiento de la Corte Constitucional, para el período de transición, conforme el artículo 195 y la Disposición Transitoria Octava de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, correspondió la sustanciación del presente caso a la jueza constitucional, María del Carmen Maldonado Sánchez, quien mediante auto del 17 de julio de 2013, avocó conocimiento.

 

Argumentos planteados en la demanda.

 

Juan Alfonso Salguero Guamán, en su demanda presentada el 26 de octubre de 2010 a las 15h32, en lo principal manifestó:

 

Que el juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio que siguió en su contra el señor Ángel Pérez Guamán, sobre la propiedad objeto del juicio, fue adquirida el 26 de enero de 1993 conforme consta del certificado del Registrador de la Propiedad. Indica que a la fecha de la demanda de prescripción, es decir el 17 de enero de 2005, apenas han transcurrido 13 años. Agrega que en esa acción debió contarse con las personas que le vendieron anteriormente el predio, y que según consta del certificado del Registrador de la Propiedad son Nelson, Francisco, Sandra y Elizabeth Freire Sánchez, así como Nelson Enrique Freire López y que por ello a la par debe declararse la nulidad de todo lo actuado.

 

Sostiene que los jueces de la Sala Civil de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo no han tomado en cuenta lo que establece el artículo 2410 del Código Civil sobre las reglas que rigen la prescripción extraordinaria y que en el presente caso las ha probado a lo largo del juicio, pero que por una interpretación errónea de los jueces se ha emitido una resolución injusta, incorrecta, sin adecuar la norma al problema planteado.

 

Asegura que, por una mala interpretación del Código Orgánico de la Función Judicial, se le negó el recurso de casación, ya que  para  analizar  la  procedencia  de  este  recurso  se  debió basar en la Ley de Casación vigente en el año 2007, fecha en la que se inició el juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio.

 

Finalmente señala que presentó esta acción extraordinaria de protección, en contra de la sentencia emitida el 19 de enero de 2006 emitida por el doctor Ángel Núñez, juez segundo de lo civil de Chimborazo, dentro del juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio N.º0036-2005, sentencia que fue apelada y ratificada por la Sala Civil de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, mediante sentencia del 26 de julio de 2010 y ejecutoriada el 06 de octubre de 2010, que niega el recurso de hecho.

 

Derechos constitucionales presuntamente transgredidos en las decisiones judiciales impugnadas.

 

A criterio del legitimado activo la sentencia y autos objeto de la presente acción extraordinaria de protección, vulneran los derechos consagrados en los artículos 75, 76 numerales 1 y 7 literal a y 169 de la Constitución de la República.

 

Pretensión concreta.

 

El legitimado activo solicita: ?a.- Se deje sin efecto la sentencia definitiva pronunciada por el Doctor Ángel Núñez A, de fecha 19 de enero de 2006 a las 15:30 dentro del juicio de Prescripción Adquisitiva Extraordinaria de Dominio No. 0036-2005 y confirmado por la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo Sala Especializada de lo Civil emitido el 26 de julio del 2010 y ejecutoriado el 6 de octubre de 2010 sobre el trámite No. 0650-2010 en que se me niega el Recurso de Casación y de Hecho y ejecutoria el 6 de octubre de 2010 sobre el trámite No. 0650-2010??.

 

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