Registro Oficial

Registro Oficial No 37 - Martes 16 de Julio de 2013 Segundo Suplemento

Martes, 16 de julio de 2013

Última modificación: Lunes, 29 de julio de 2013 | 13:09

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Martes 16 de Julio de  2013 - R. O. No. 37

 

SEGUNDO SUPLEMENTO

 

SUMARIO

 

Asamblea Nacional: El Pleno:

 

 

Legislativo:

Leyes     

 

-       Expídese la Ley Orgánica Reformatoria a la Leyde Minería, a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador y ala Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno

 

Gobiernos Autónomos Descentralizados: Ordenanzas Municipales:

 

Ordenanzas         

 

-       Cantón Nangaritza: Para la protección de fuentes y zonas de recarga de agua, ecosistemas frágiles y otras áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural

 

               

013-2013 Cantón Rumiñahui: Que expide la Primera Ordenanza reformatoria a la Ordenanza para el otorgamiento del permiso de funcionamiento para establecimientos y locales comerciales que operen dentro de la jurisdicción del cantón

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO

 


 

REPÚBLICA DEL ECUADOR

 

ASAMBLEA NACIONAL

 

Of. No. SAN-2013-0875

 

Quito, 12 de julio de 2013

 

Ingeniero

Hugo Del Pozo Barrezueta

Director del Registro Oficial

 

En su despacho

 

De mis consideraciones:

 

La Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, discutió y aprobó el Proyecto de LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY DE MINERÍA, A LA LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA EN EL ECUADOR Y A LA LEY ORGÁNICA DE REGÍMEN TRIBUTARIO INTERNO.

 

 

En sesión del 9 de julio del 2013, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y se pronunció sobre la objeción parcial  presentada por el señor Presidente Constitucional de la República.

 

Por lo expuesto; y, tal como lo dispone el artículo 138 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, acompaño el texto de la LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY DE MINERÍA, A LA LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA EN EL ECUADOR Y A LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, para que se sirva publicarlo en el Registro Oficial.

 

Atentamente,

 

f.) Dra. LIBIA RIVAS ORDÓÑEZ, Secretaria General.

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR

 

ASAMBLEA NACIONAL

 

CERTIFICACIÓN

 

Me permito CERTIFICAR que la Asamblea Nacional discutió y aprobó la LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY DE MINERÍA, A LA LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA EN EL ECUADOR Y A LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, en primer debate el 31 de mayo de 2013, en segundo debate el 10 y 13 de junio de 2013 y se pronunció sobre la objeción parcial del Presidente Constitucional de la República el 9 de julio de 2013.

 

Quito, 12 de julio de 2013

 

f.) Dra. LIBIA RIVAS O., Secretaria General.

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR

 

ASAMBLEA NACIONAL

 

EL PLENO

 

CONSIDERANDO:

 

Que, el numeral 11 del artículo 261 de la Carta Fundamental prescribe que el Estado Central tendrá competencias exclusivas sobre los recursos energéticos, minerales e hidrocarburíferos;

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador establece en el artículo 408, que ?Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico?;

 

Que, los recursos naturales no renovables se consideran un sector estratégico, tal como lo establece el artículo 313 de la Constitución de la República del Ecuador, sobre los cuales el  estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar dicho sector, bajo los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia; así como también, delegar de manera excepcional a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 316 de la Constitución de la República del Ecuador;

 

Que, el nuevo marco regulatorio para la actividad minera inició con la Ley de Minería, promulgada en el Suplemento del Registro Oficial No. 517 de 29 de enero de 2009;

 

Que, al amparo de las normas y principios del debido proceso, recogido como derecho de protección constitucional en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, es necesario garantizar este derecho en los procesos de caducidad de las concesiones mineras establecidos en la Ley de Minería;

 

Que, el Estado debe impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden jurídico e instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la Constitución y la ley;

 

Que, el marco jurídico minero actual y la práctica administrativa señalan que aquel es insuficiente y no responde adecuadamente a los intereses nacionales, por lo que es necesario reformar diversas disposiciones legales;

 

Que, por cuanto los recursos naturales son de propiedad del Estado, éste debe percibir beneficios adecuados, lo cual debe ser regulado mediante la legislación minera nacional; y,

 

Que, mediante Registro Oficial No. 242, del 29 de diciembre de 2007, se promulgó la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador.

 

En ejercicio de la facultad contemplada en el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la República, expide la siguiente:

 

 

LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY DE

MINERÍA, A LA LEY REFORMATORIA PARA LA

EQUIDAD TRIBUTARIA EN EL ECUADOR Y A LA

LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO

INTERNO

 

Art. 1.- Sustitúyase el artículo 11 de la Ley de Minería por el siguiente:

 

?Artículo 11.- Directorio de la Agencia de Regulación y Control Minero.- La Agencia de Regulación y Control Minero tendrá un Directorio conformado por tres miembros que no tendrán relación de dependencia con esta entidad. Estará integrado por:

 

a) El Ministro Sectorial o su delegado permanente, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente;

 

b) El Secretario Nacional de Planificación o su delegado; y,

 

c) Un delegado del Presidente de la República.

 

El Directorio nombrará un Director Ejecutivo y establecerá, mediante resolución, la estructura administrativa y financiera de la Agencia de Regulación y Control Minero.

 

El Director Ejecutivo se encargará de dar cumplimiento a las resoluciones del Directorio; ejercerá la representación legal de la Agencia y tendrá las facultades y atribuciones que le asigne el órgano directivo.?

 

Art. 2.- Sustitúyase el Art. 16 de la Ley de Minería por el siguiente:

 

?Art. 16.- Dominio del Estado sobre minas y yacimientos.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible, inembargable e irrenunciable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, los minerales y sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial. El dominio del Estado sobre el subsuelo se ejercerá con independencia del derecho de propiedad sobre los terrenos superficiales que cubren las minas y yacimientos.

 

La explotación de los recursos naturales y el ejercicio de los derechos mineros se ceñirán al Plan Nacional de Desarrollo, a los principios del desarrollo sustentable y sostenible, de la protección y conservación del medio ambiente y de la participación y responsabilidad social, debiendo respetar el patrimonio natural y cultural de las zonas explotadas. Su exploración y explotación racional se realizará en función de los intereses nacionales, por personas naturales o jurídicas, empresas públicas, mixtas o privadas, nacionales o extranjeras, otorgándoles derechos mineros, de conformidad con esta ley.

 

La exploración y explotación de los recursos mineros estará basada en una estrategia de sostenibilidad ambiental pública que priorizará la fiscalización, contraloría, regulación y prevención de la contaminación y remediación ambiental, así como el fomento de la participación social y la veeduría ciudadana.?

 

Art. 3.- Sustitúyase el artículo 26 de la Ley Minería por el siguiente:

 

?Art. 26.- Actos administrativos previos.- Para ejecutar las actividades mineras se requieren, de manera obligatoria, actos administrativos motivados y favorables otorgados previamente por las siguientes instituciones dentro del ámbito de sus respectivas competencias:

 

a) Del Ministerio del Ambiente, la respectiva licencia ambiental debidamente otorgada; y,

 

b) De la Autoridad Única del Agua, respecto de la eventual afectación a cuerpos de agua superficial y/o subterránea y del cumplimiento al orden de prelación sobre el derecho al acceso al agua.

 

Adicionalmente, el concesionario minero presentará al  Ministerio Sectorial una declaración juramentada realizada ante notario en la que exprese conocer que las actividades mineras no afectan: caminos, infraestructura pública, puertos habilitados, playas de mar y fondos marinos; redes de telecomunicaciones; instalaciones militares; infraestructura petrolera; instalaciones aeronáuticas; redes o infraestructura eléctricas; o vestigios arqueológicos o de patrimonio natural y cultural.

 

La falsedad comprobada en la declaración de la referencia anterior será sancionada de conformidad con las penas aplicables al delito de perjurio.

 

Si la máxima autoridad del sector minero de oficio o a petición de parte advirtiere que las actividades del solicitante pudieren afectar a los referidos bienes o patrimonio, solicitará la respectiva autorización a la entidad competente, la que deberá emitir su pronunciamiento en el término de treinta días. De no hacerlo en ese lapso, se entenderá que no existe oposición ni impedimento para el inicio de las actividades mineras, y el funcionario responsable será destituido. Respecto de la emisión de los informes de tales actos administrativos se estará a la aplicación de las normas del procedimiento jurídico administrativo de la Función Ejecutiva.

 

Los Gobiernos Municipales y Metropolitanos, en el ejercicio de sus competencias, mediante ordenanza, deberán regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos.?

 

Art. 4.- A continuación del inciso 1ro. del Art. 29 de la Ley de Minería incorpórese el siguiente:

 

?Se exceptúan de los procesos de subasta o de remate público, mencionados en el inciso anterior, el otorgamiento de concesiones mineras, que conforme el artículo 31 de esta Ley, efectúe el Estado por intermedio del Ministerio Sectorial, respecto de áreas de las que dispusiere, mediante delegación a empresas estatales extranjeras o sus subsidiarias, compañías de economía mixta o a consorcios en las que éstas tengan participación mayoritaria, para lo cual el Estado deberá observar el principio de transparencia en la adjudicación, aplicando las normas constitucionales y criterios previamente establecidos en la ley, sus reglamentos y los acuerdos precedentes a su otorgamiento.?

 

Art. 5.- Sustitúyase el inciso cuarto del Artículo 34 de la Ley de Minería por el siguiente:

 

?Se establece una patente anual de conservación para las actividades simultáneas de exploración ? explotación que se realicen bajo el régimen especial de pequeña minería equivalente al 2% de la remuneración mensual unificada, por hectárea minera.?

 

Art. 6.- En el último inciso del artículo 36 de la Ley de Minería después de la frase ?evaluación económica? agregar la palabra ?integral?. Y al final incorporar la frase ?Que incorporará los minerales principales, secundarios y otros que tengan valor económico.?

 

Art. 7.- Al final del Artículo 40 de la Ley de Minería incorpórese el siguiente inciso:

 

?La celebración de contratos de prestación de servicios entre el Estado por intermedio del Ministerio Sectorial y empresas estatales extranjeras, o consorcios en las que éstas tengan participación mayoritaria, podrá efectuarse en forma directa, sobre la base de los acuerdos previos a los que hubieren llegado las partes.?

 

Art. 8.- Añádase el siguiente inciso al Artículo 41 de la Ley de Minería:

 

?El Estado podrá acordar con los concesionarios mineros el pago de rentas y regalías generados por el aprovechamiento de minerales metálicos, con el producto refinado de su explotación en sujeción a lo dispuesto en la presente ley.?

 

Art. 9.- Incorpórese al final del Artículo 45 de la Ley de Minería lo siguiente:

 

?Los titulares de plantas de beneficio, que procesen minerales de otras concesiones mineras, y que, generen relaves que contengan productos minerales, deberán pagar una regalía correspondiente al 3% sobre la enajenación a cualquier título, de los productos minerales obtenidos de los relaves cuando sean recuperados.?

 

Art. 10.- Sustitúyase el artículo 49 de la Ley de Minería por el siguiente:

 

?Art. 49.- Derecho de libre comercialización.- Los titulares de concesiones mineras pueden comercializar libremente su producción dentro o fuera del país. No obstante, en el caso del oro proveniente de la minería artesanal legalmente autorizada, el Banco Central del Ecuador efectuará su comercialización en forma directa o por intermedio de las instituciones financieras debidamente autorizadas por el Banco Central.?

 

Art. 11.- Sustitúyase el Artículo 57 de la Ley de Minería por el siguiente:

 

?Art. 57.- Sanciones a la actividad minera ilegal.- La actividad minera ilegal ejercida por personas naturales o jurídicas, o grupos de personas, nacionales o extranjeras, sin contar con los títulos, autorizaciones, permisos o licencias, será sancionada conforme las prescripciones de este artículo, sin perjuicio de las aplicables en los ámbitos ambiental, tributario o penal, a las que hubiere lugar.

 

Los bienes, maquinaria, equipos, insumos y vehículos que sean utilizados en actividades ilegales o no autorizadas de explotación, beneficio o procesamiento, fundición, refinación y comercialización clandestina de sustancias minerales, serán objeto de: decomiso especial, incautación, inmovilización, destrucción, demolición, inutilización o neutralización, según el caso, que ejecute la Agencia de Regulación y Control Minero contando con la colaboración de la Policía Nacional y subsidiariamente de las Fuerzas Armadas. Quienes se reputen autores de dichas actividades o propietarios de tales bienes,  serán sancionados por la mencionada Agencia, con multa de doscientas a quinientas remuneraciones básicas unificadas dependiendo de la gravedad de la infracción, sin perjuicio del pago de un valor equivalente al total de los minerales extraídos ilegalmente, así como de la obligación de restauración de los ecosistemas e indemnización a las personas y comunidades afectadas.

 

Las multas a las que se refiere la presente Ley, serán pagadas a la Agencia de Regulación y Control Minero, en el término de cinco días contados a partir de la fecha en que la Resolución cause estado. Si el infractor sancionado administrativamente no cumpliere con la obligación de pago, dicha Agencia, efectuará el cobro en ejercicio de la jurisdicción coactiva atribuida en la presente Ley.

 

Las multas recaudadas por la Agencia de Regulación y Control Minero, serán destinadas al cumplimiento de los fines inherentes a su competencia.

 

Las afectaciones al ambiente y el daño al ecosistema y biodiversidad producidos a consecuencia de la explotación ilícita o invasiones, serán consideradas como agravantes al momento de dictar las resoluciones respecto del amparo administrativo.

 

Los procedimientos que hagan efectivas estas medidas, constarán en el Reglamento General de esta Ley.?

 

Art. 12.- A continuación del Artículo 57 de la Ley de Minería, hágase constar el siguiente artículo innumerado:

 

?Art. ... Sanciones a titulares que permitan actividades mineras ilegales en sus áreas.- Sin perjuicio de la revocatoria de la delegación efectuada por el Estado, mediante la declaratoria de caducidad de la concesión, autorización, permiso o licencia, se aplicarán las mismas multas previstas en el artículo anterior a los titulares de derechos mineros otorgados por el Estado Ecuatoriano, que permitan el cometimiento de actividades mineras ilegales, por parte de terceros no autorizados legalmente para así hacerlo o que carezcan de la respectiva licencia ambiental para sus labores mineras en sus respectivas áreas o lugares de operación.?

 

Art. 13.- En los artículos 62, 71, 72, 94 y 95 de la Ley de Minería, sustitúyase la expresión ?el Ministerio Sectorial? por la expresión ?la Agencia de Regulación y Control Minero.?

 

Art. 14.- Sustitúyase el art. 78 de la Ley Minería por el siguiente:

 

 

?Los titulares de derechos mineros, previamente a la iniciación de las actividades, deberán elaborar y presentar estudios o documentos ambientales, para prevenir, mitigar, controlar y reparar los impactos ambientales y sociales derivados de sus actividades; estudios o documentos que deberán ser aprobados por la Autoridad Ambiental competente, con el otorgamiento de la respectiva Licencia Ambiental. El Reglamento Ambiental para Actividades Mineras, que dictará el ministerio del ramo,  establecerá los requisitos y procedimientos para la aplicación de este artículo.

 

Para el procedimiento de presentación y calificación de los estudios ambientales, planes de manejo ambiental y otorgamiento de licencias ambientales, los límites permisibles y parámetros técnicos exigibles serán aquellos establecidos en la normativa ambiental minera aplicable.

 

Las actividades mineras previo a la obtención de la respectiva autorización administrativa ambiental, requieren de la presentación de garantías económicas determinadas en la normativa minero ambiental aplicable.

 

Los titulares de derechos mineros están obligados a presentar, al año de haberse emitido la Licencia Ambiental, una auditoría ambiental de cumplimiento que permita a la entidad de control monitorear, vigilar y verificar el cumplimiento de los planes de manejo ambiental y normativa ambiental aplicable. Posterior a esto, las Auditorías Ambientales de Cumplimiento serán presentadas cada dos años, sin perjuicio de ello, las garantías ambientales deberán mantenerse vigentes cada año.

 

En el régimen de minería artesanal, se requerirá la aprobación de fichas ambientales, en tanto que, bajo el régimen de pequeña minería, la licencia ambiental deberá otorgarse para operaciones de exploración/explotación simultáneas debiendo contarse para el efecto con estudios ambientales específicos y simplificados.

 

En los regímenes de mediana y gran minería, para el período de exploración inicial, se requerirá la aprobación de fichas ambientales, para la exploración avanzada una declaratoria ambiental, en tanto que, para la etapa de explotación y las fases subsecuentes requerirán de estudios ambientales, mismos que deberán ser modificados o actualizados en dependencia de los resultados. Sobre la base de estos instrumentos, se otorgarán las correspondientes licencias ambientales.

 

Una vez que los titulares de derechos mineros, cumplan de manera satisfactoria con los requisitos establecidos en la normativa aplicable, la aprobación de los documentos, estudios o licencias ambientales, deberán otorgarse en el plazo máximo de seis meses contados a partir de su presentación. De no hacerlo en ese plazo, se entenderá que no existe oposición ni impedimento para el inicio de las actividades mineras. El funcionario cuya omisión permitió el silencio administrativo positivo será destituido.?

 

Art. 15.- Sustitúyase el último inciso del Art. 79 de la Ley de Minería por el siguiente:

 

?Dependiendo del grado de incumplimiento de esta disposición, podrá disponerse la suspensión temporal o definitiva de las actividades mineras, a cuyo efecto se seguirá el procedimiento establecido en esta Ley y su reglamento general.?

 

Art. 16.- Sustitúyase el artículo 85 de la Ley de Minería por el siguiente: ?Art. 85.- Cierre de Operaciones Mineras.- Los titulares de concesiones mineras y plantas de beneficio, fundición y refinación deberán incluir en sus Estudios de Impacto Ambiental para las actividades mineras de explotación, beneficio, fundición o refinación, la planificación del cierre de sus actividades, incorporada en el Plan de Manejo Ambiental y con su respectiva garantía; planificación que debe comenzar en la etapa de prefactibilidad del proyecto y continuar durante toda la vida útil, hasta el cierre y abandono definitivo.

 

El plan de cierre de operaciones mineras, será revisado y actualizado periódicamente en los Programas y Presupuestos Ambientales anuales y en las Auditorías Ambientales de Cumplimiento, con información de las inversiones o estimaciones de los costos de cierre, actividades para el cierre o abandono parcial o total de operaciones y para la rehabilitación del área afectada por las actividades mineras de explotación, beneficio, fundición o refinación.

 

Asimismo, dentro del plazo de dos años previos a la finalización prevista del proyecto, para las actividades mineras de explotación, beneficio, fundición o refinación, el concesionario minero deberá presentar ante la Autoridad Ambiental Nacional, para su aprobación, el Plan de Cierre de Operaciones Definitivo que incluya la recuperación del sector o área, un plan de verificación de su cumplimiento, los impactos sociales y su plan de compensación y las garantías actualizadas indicadas en la normativa ambiental aplicable; así como, un plan de incorporación a nuevas formas de desarrollo sustentable.?

 

Art. 17.- A continuación del Art. 86 de la Ley de Minería, agréguese el siguiente artículo innumerado:

 

?Art. ? Prohibición del uso del mercurio en operaciones mineras.- Sin perjuicio de la aplicación de la normativa minero ambiental, se prohíbe el uso del mercurio en el país en actividades mineras, de acuerdo a los mecanismos que la autoridad ambiental nacional establezca para el efecto, en conjunto con las instituciones con potestad legal sobre la materia.

 

La inobservancia a esta prohibición será sancionada con la revocatoria del derecho minero, sin perjuicio de las sanciones de orden penal a las que hubiere lugar.?

 

Art. 18.- Sustitúyase el Artículo 93 de la Ley de Minería por el siguiente:

 

?Art. 93.- Regalías a la explotación de minerales.- Los beneficios económicos para el Estado estarán sujetos a lo establecido en el artículo 408 de la Constitución de la República; es decir, que el Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos en un monto no menor a los del concesionario que los explota.

 

Para este efecto el concesionario minero deberá pagar una regalía equivalente a un porcentaje sobre la venta del mineral principal y los minerales secundarios, no menor al 5% sobre las ventas y, para el caso del oro, cobre y plata, no mayor al 8%, adicional al pago correspondiente del impuesto a la renta; del  porcentaje de utilidades atribuidas al Estado conforme esta ley; del impuesto sobre los ingresos extraordinarios; y, del impuesto al valor agregado determinado en la normativa tributaria vigente.

 

La evasión del pago de regalías, será causal de caducidad, sin perjuicio de los efectos civiles y penales a que diere lugar.

 

El 60% de la regalía será destinado para proyectos de inversión social prioritariamente para cubrir necesidades básicas insatisfechas y desarrollo territorial o productivo, a través del Gobierno Nacional o de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Las inversiones que realicen los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán ser canalizadas a través del Banco del Estado para que se efectúen los desembolsos.

 

Cuando el caso amerite, el 50% de este porcentaje correspondería a las instancias de gobierno de las comunidades indígenas y/o circunscripciones territoriales. Estos recursos serán distribuidos priorizando las necesidades de las comunidades que se encuentran en áreas de influencia afectadas directamente por la actividad minera.

 

Los titulares de derechos mineros de pequeña minería, pagarán por concepto de regalías, el 3% de las ventas del mineral principal y los minerales secundarios, tomando como referencia los estándares del mercado internacional.

 

El porcentaje de regalía para la explotación de minerales no metálicos y materiales de construcción se calculará con base a los costos de producción.

 

El total de las regalías provenientes de materiales áridos y pétreos serán destinadas a los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos en donde se generen.

 

El Reglamento de esta ley y el Contrato de Explotación Minera establecerán los parámetros para la aplicación del pago de regalías, así como también los requisitos para su distribución.

 

En el Reglamento General de esta Ley, constarán las disposiciones necesarias para la aplicación del artículo 408 de la Constitución de la República del Ecuador.?

 

Art. 19.- Sustitúyase el artículo 108 de la Ley de Minería por el siguiente:

 

?Art. 108.- Caducidad de derechos mineros.- El Ministerio Sectorial en ejercicio de su jurisdicción y competencia podrá declarar la caducidad de los derechos mineros, en el caso de que sus titulares hayan incurrido en las causales de caducidad establecidas en los artículos 69, 79, 81, 93 y 125, y en el presente Capítulo, y más disposiciones de esta Ley.

 

En todo procedimiento de declaración de caducidad se asegurará el derecho al debido proceso que incluye las garantías básicas consagradas en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. El proceso de declaración de caducidad podrá iniciarse de oficio por el  Ministerio Sectorial, por denuncia de un tercero debidamente fundamentada e investigada por el Ministerio Sectorial o a petición de otros Ministerios que tengan relación con la actividad minera. El procedimiento administrativo se sujetará a las disposiciones de esta Ley y a las de su Reglamento General.

 

El informe técnico sobre los fundamentos de hecho que podrá servir de sustento para la declaración de caducidad, será realizado por la Agencia de Regulación y Control Minero.

 

El Ministerio Sectorial correrá traslado al titular con el informe técnico de la Agencia de Regulación y Control Minero, a efecto de que en el término de 45 días, acredite el cumplimiento de sus obligaciones o presente sus descargos y las pruebas que sustenten su defensa.

 

Si el Ministerio Sectorial no encontrare fundamento para continuar con el proceso de caducidad o si la causal hubiere sido desvirtuada por el concesionario en dicho término, lo declarará concluido y dispondrá el archivo del expediente. Caso contrario, de existir obligaciones pendientes de cumplimientos, mediante resolución administrativa debidamente motivada, ordenará que el concesionario subsane el incumplimiento en el término de 60 días. El Ministerio Sectorial podrá solicitar el pronunciamiento motivado de otras entidades estatales dentro del proceso de declaratoria de caducidad.

 

Si el concesionario no subsanare el incumplimiento dentro del plazo establecido, el Ministerio Sectorial declarará mediante resolución motivada la caducidad de los derechos mineros.

 

Sólo para la declaratoria de caducidad por la causal prevista en el artículo 117 de esta Ley, será necesario contar previamente con una sentencia judicial ejecutoriada.

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