Registro Oficial. 24 de DICIEMBRE del 2006 Suplemento

Domingo, 24 de diciembre de 2006

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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Martes, 12 de diciembre de 2006 - R. O. No. 415
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SUPLEMENTO
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR
Dr. Vicente Napoleón Dávila García
DIRECTOR
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FUNCION LEGISLATIVA
EXTRACTOS:

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27-1338 Proyecto de Ley Reformatoria al Decreto Nº 375-A, publicado en el Registro Oficial Nº 84 de 20 de junio de 1972 y al artículo 16 de la Ley de Seguridad Nacional.

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27-1339 Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Nº 2006-55, promulgada en el Registro Oficial Nº 364 de 26 de septiembre del 2006.

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27-1340 Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico.

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27-1341 Proyecto de Ley de Creación de la Universidad Estatal "Vicente León".

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
RESOLUCIONES:
PRIMERA SALA

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0566-2005-RA Revócase la resolución pronunciada por la Jueza Vigésimo Cuarto de lo Civil de Pichincha, que acepta el amparo constitucional solicitado por el ingeniero Felipe Avellán Arteta.

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0871-2005-RA Confírmase lo resuelto en primer nivel y niégase el amparo constitucional planteado por el doctor Carlos Helou Cevallos.

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0043-2006-RA Confírmase la resolución pronunciada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito y acéptase la acción de amparo propuesta por la ingeniera Hayddé Jiménez Verdesoto.

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0056-06-RA Confírmase la resolución pronunciada por el Juez Cuarto de lo Civil de Chimborazo y declárase sin lugar la acción de amparo constitucional propuesta por la actora Alexandra Jenny Vaca Escalante.

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0079-2006-RA Revócase la resolución del Juez de instancia constitucional y concédese el amparo solicitado por el ciudadano Giovanny Alejandro Criollo Mayorga.

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0084-2006-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia constitucional y niégase el amparo solicitado por la ciudadana Marcela Beatriz Rodríguez Castillo.

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0091-2006-RA Revócase la resolución del Juez de instancia constitucional y niégase el amparo solicitado por el ciudadano Fernando Lincon Romo Chávez.

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0100-06-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional planteado por el ciudadano Amable René Rodríguez Guamán.

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0104-2006-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional propuesto por el señor Paúl Miguel Urquizo Chávez.

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0111-2006-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional propuesto por la señora Yescenia Annabelle López Caicedo.

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0196-06-RA Confírmase la resolución venida en grado y recházase la acción de amparo constitucional interpuesta por el señor Jaime Fernando Mafla Jaramillo.

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0247-06-RA Revócase la resolución del Juez de instancia y niégase la acción de amparo planteada por el señor Pedro Bienvenido Macías Vinces y otros.

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SEGUNDA SALA

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0019-2005-RS Revócase la resolución de 25 de febrero del 2005, notificada el 28 del mismo mes y año del Consejo Provincial del Azuay y confírmase la decisión del Concejo Cantonal de Paute.

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0239-2005-RA Confírmase la resolución adopda por el Juez de instancia y concédese el amparo solicitado por José Victoriano Ochoa.

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0425-05-RA Confírmase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el arquitecto José Darío Salvador Salazar.

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0451-05-RA Confírmase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el ciudadano Cristhian Leonardo Silva Mero.

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0516-05-RA Confírmase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el ciudadano Franklin Eloy Calles Hidalgo.

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0523-05-RA Confírmase la resolución venida en grado y concédese la acción de amparo constitucional propuesta por el ciudadano Marcelo Oswaldo Asanza Jiménez.

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0556-05-RA Confírmase la resolución venida en grado y concédese la acción de amparo constitucional propuesta por el ciudadano Héctor Armando Medina Solórzano.

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0561-05-RA Confírmase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el ciudadano Dionisio Abdón Alvarado Carranza.

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0626-05-RA Confírmase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el ciudadano Federico Alejandro Pérez Pales.

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0803-2005-RA Niégase la acción de amparo constitucional propuesta por Hermes Fabián Laaz Párraga.

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CONGRESO NACIONAL

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EXTRACTO DEL\n PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA

\n\n

NOMBRE: "REFORMATORIA\n AL DECRETO No. 375-A, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL No. 84\n DE 20 DE JUNIO DE 1972 Y AL
\n ARTICULO 16 DE LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL".

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CODIGO: 27-1338.

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AUSPICIO: EJECUTIVO - TRAMITE\n ORDINARIO.

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COMISION: DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

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INGRESO: 15-11-2006.

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FECHA DE
\n DISTRIBUCION: 20-11-2006.

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FUNDAMENTOS:

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El Instituto de Altos Estudios\n Nacionales (IAEN), es una entidad académica superior de\n postgrado, con personería jurídica sin fines de\n lucro, que se rige por las disposiciones de su ley de creación.\n Para su normal desenvolvimiento y cumplimiento de sus finalidades,\n debe armonizar su Ley Constitutiva con la Constitución\n Política de la República y la Ley Orgánica\n de Educación Superior vigentes.

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OBJETIVOS BASICOS:

\n\n

La presente reforma tiene como\n objetivo fundamental actualizar la Ley Constitutiva del IAEN,\n pero manteniendo la personería jurídica, sin fines\n de lucro, con autonomía académica, gestión\n y auto gestión económica y administrativa, subsistiendo\n su espíritu original a través de su relación\n con el Ministerio de Defensa Nacional, por su naturaleza militar,\n determinando además, que su Dirección estará\n a cargo de un Oficial General de las Fuerzas Armadas en servicio\n pasivo. Es necesario que se derogue la disposición de\n dependencia del IAEN de la Secretaría General del Consejo\n de Seguridad Nacional.

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CRITERIOS:

\n\n

Estas reformas permitirán\n que el Instituto de Altos Estudios Nacionales reafirme su autonomía,\n reconociendo su relación con el Ministerio de Defensa\n Nacional.

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f.) Dr. Daniel Granda Arciniega,\n Secretario General del Congreso Nacional.

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CONGRESO NACIONAL

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EXTRACTO DEL\n PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA

\n\n

NOMBRE: "REFORMATORIA\n A LA LEY No. 2006-55, PROMULGADA EN EL REGISTRO OFICIAL No. 364\n DE 26 DE SETIEMBRE DEL 2006".

\n\n

CODIGO: 27-1339.

\n\n

AUSPICIO: H. RAFAEL DAVILA EGUEZ.

\n\n

COMISION: DE LO ECONOMICO, AGRARIO,\n INDUSTRIAL Y COMERCIAL.

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INGRESO: 15-11-2006.

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FECHA DE
\n DISTRIBUCION: 20-11-2006.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

A pesar de que en la reforma\n a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico se ha\n producido un cambio legal en la estructura, conformación\n y designación de los miembros del Directorio del CONELEC,\n no regula desde que momento los nuevos miembros seleccionados\n y designados de la manera establecida deben entrar en funciones,\n como tampoco nada se dice respecto a la condición legal\n del actual Directorio.

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OBJETIVOS BASICOS:

\n\n

Al no existir en la Ley Reformatoria\n una disposición transitoria que regule el reemplazo de\n los actuales miembros del Directorio, se ha producido un vacío\n legal que es necesario enmendar para que se normalice el funcionamiento\n del actual Directorio del CONELEC, hasta cuando sean legalmente\n reemplazados.

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CRITERIOS:

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Una de las reformas importantes\n constantes en la ley es la forma de constitución, selección\n y designación de los miembros del Directorio del CONELEC\n que durarán cuatro años en funciones y además\n de que establecen requisitos que deben cumplir los aspirantes\n y un riguroso proceso de selección que contempla un concurso\n público de oposición y merecimiento.

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f.) Dr. Daniel Granda Arciniega,\n Secretario General del Congreso Nacional.

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CONGRESO NACIONAL

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EXTRACTO DEL\n PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA

\n\n

NOMBRE: "REFORMATORIA\n A LA LEY DE REGIMEN DEL SECTOR ELECTRICO".

\n\n

CODIGO: 27-1340.

\n\n

AUSPICIO: H. PEDRO MARTILLO PINO.

\n\n

COMISION: DE LO ECONOMICO, AGRARIO,\n INDUSTRIAL Y COMERCIAL.

\n\n

INGRESO: 15-11-2006.

\n\n

FECHA DE
\n DISTRIBUCION: 20-11-2006.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

La Constitución Política\n de la República consagra la obligación del Estado\n Ecuatoriano de proveer y garantizar a la población la\n energía eléctrica, bajo los principios de universalidad\n y accesibilidad; además, el Congreso Nacional debe apoyar\n activamente a los sectores más desprotegidos de nuestra\n sociedad.

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OBJETIVOS BASICOS:

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Por las circunstancias y condiciones\n generadas actualmente por la crisis económica y la inmovilidad\n del aparato productivo que atraviesa nuestro país y la\n difícil situación económica que vive la\n gran mayoría del pueblo que ha visto mermados sus ingresos,\n es indispensable la urgente atención del Gobierno Nacional\n en beneficio de los más necesitados, para tarifar en bajos\n costos el precio de la energía eléctrica

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CRITERIOS:

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Una de las legítimas aspiraciones\n de los pobres del país es de formalizar el servicio legal\n de consumo de energía eléctrica con una tarifa\n real y acorde a sus ingresos económicos.

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f.) Dr. Daniel Granda Arciniega,\n Secretario General del Congreso Nacional.

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CONGRESO NACIONAL

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EXTRACTO DEL\n PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA

\n\n

NOMBRE: "DE\n CREACION DE LA UNI-VERSIDAD ESTATAL "VICENTE LEON".

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CODIGO: 27-1341.

\n\n

AUSPICIO: H. JORGE GUAMAN CORONEL.

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COMISION: DE EDUCACION, CULTURA\n Y DEPORTES.

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INGRESO: 15-11-2006.

\n\n

FECHA DE
\n DISTRIBUCION: 20-11-2006.

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FUNDAMENTOS:

\n\n

El Estado Ecuatoriano, de acuerdo\n con los principios y normas constitucionales debe promover el\n desarrollo de la educación en todos los niveles en la\n perspectiva de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.\n Según el inciso segundo del artículo 20 de la Ley\n de Educación Superior, para el impulso de la educación,\n la ciencia y la cultura, el Estado y sus instituciones garantizarán\n la creación de universidades y escuelas politécnicas,\n preferentemente estatales.

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OBJETIVOS BASICOS:

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La población de la provincia\n de Cotopaxi se encuentra en pleno crecimiento y las demandas\n locales exigen la formación de sus cuadros estudiantiles\n a nivel superior, para racionalizar las migraciones, avanzar\n en la investigación y el estudio de los recursos para\n buscar soluciones adecuadas y originales en el contexto del crecimiento\n contemporáneo. Este es el caso del Instituto "Vicente\n León" que requiere transformarse en universidad "Vicente\n León", lo cual es la respuesta idónea a las\n necesidades de la zona central del país, con la idea de\n preparar profesionales en áreas innovadoras.

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CRITERIOS:

\n\n

La planificación de la\n oferta académica se presenta íntegra, donde se\n establece la misión, visión, las metas, objetivos,\n principios, fines y políticas a futuro y mediano plazo,\n generadas de un conciente análisis sobre las fortalezas\n y oportunidades de la zona central del Ecuador.

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f.) Dr. Daniel Granda Arciniega,\n Secretario General del Congreso Nacional.

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Quito, 31 de octubre de 2006.-

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No. 0566-2005-RA

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Vocal Ponente: Doctor Tarquino\n Orellana Serrano

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LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL

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En el caso signado con el No.\n 0566-2005-RA

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ANTECEDENTES:

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El ingeniero Felipe Avellán\n Arteta, comparece ante el Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil\n de Pichincha y propone acción de amparo constitucional\n en contra del Contralor General del Estado, impugnando el examen\n especial que la Contraloría General del Estado realiza\n a varias daciones en pago a instituciones financieras en saneamiento,\n sin establecer periodo de actuación ni la razón\n jurídica por la cual interviene en el Banco del Progreso\n S.A., en saneamiento.

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Manifiesta el accionante que\n el Auditor Jefe de Equipo le notifica con la iniciación\n de un examen mediante oficio No. 04-PANM-DACIONES-05 de 22 de\n febrero del 2005. Que con oficio No. 96-PAM-DACIONES-05 de 7\n de junio del 2005, el Jefe del Equipo de Auditoria le comunica\n los resultados provisionales; que con ese procedimiento se ha\n violado el artículo 211 de la Constitución Política\n de la República, que establece que la Contraloría\n General del Estado tiene la atribución de intervenir en\n personas de derecho privado, únicamente cuando hay participación\n económica de instituciones del sector público,\n lo cual no es su caso. Que se han violado también el artículo\n 23 numeral 27 (seguridad jurídica), artículo 272\n (principio de supremacía constitucional) y artículo\n 119 (principio constitucional de legalidad en la actuación\n de los poderes públicos) de la Constitución Política\n de la República. Que además se violan normas de\n la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado,\n entre ellas los artículos 4 y 90. Con estos antecedentes,\n solicita se suspenda el examen especial impugnado, en lo que\n respecta al convenio de transacción celebrado entre el\n accionante y otros, con el Banco del Progreso S.A.

\n\n

A la audiencia pública\n comparecen el representante de la Contraloría General\n del Estado, de la Procuraduría General del Estado y el\n accionante, quienes presentan su exposición por escrito.\n El demandado señala, en lo principal: que conforme a los\n deberes y atribuciones constitucionales y legales previstos en\n los artículos 211 de la Constitución Política\n de la República, 4 inciso segundo y 31 número 1\n de la Ley Orgánica de la Contraloría General del\n Estado y 22 de la Ley de Reordenamiento en materia económica\n en el área Tributario Financiera; así como el Acuerdo\n de Procedimientos de Coordinación y Cooperación\n Interinstitucional, suscrito el 11 de enero del 2005, entre los\n titulares de la Superintendencia de Bancos y la Contraloría\n General del Estado; y, el dictamen emitido por el Procurador\n General del Estado, mediante oficio No. 0003995, a lo que se\n suma la petición del Gerente General de la AGD mediante\n oficio UIO-CG-2004-1008 de 22 de diciembre del 2004, el Contralor\n General del Estado en ejercicio de la facultad prevista en el\n artículo 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría\n General del Estado, con el oficio No. 002701-DAI de enero 18\n de 2005, emite la pertinente orden de trabajo para la práctica\n del examen especial a las daciones en pago recibidas por las\n instituciones financieras en saneamiento, administradas por la\n AGD, determinándose como alcance a partir de la fecha\n en que entraron en saneamiento cada una de las instituciones\n financieras. Añade que el Jefe del Equipo de Auditores\n designado para la práctica del referido examen, con oficio\n circular de 22 de febrero del 2005, comunicó al accionante\n que la Contraloría General del Estado a través\n de la Dirección de Auditoria 1, ha iniciado el examen\n especial a las daciones de pago recibidas por las instituciones\n financieras en saneamiento, administradas por la AGD, conforme\n al artículo 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría\n General del Estado y artículo 11 del Reglamento de Responsabilidades,\n solicitándole proporcione información y documentación\n relacionados con dicho examen. Que el accionante y otros contestan\n el indicado oficio y se comprometen a proporcionar cualquier\n información y documentación, a fin de que en examen\n se cuente con todos los elementos de juicio necesarios. Que el\n Jefe del Equipo, mediante oficio No. 96-PAM-DACIONES-05 de junio\n 7 del 2005, conforme al artículo 90 de la Ley Orgánica\n de la Contraloría General del Estado, comunica al accionante\n los resultados parciales provisionales. Que la Contraloría\n General del Estado ha cumplido con todas las disposiciones constitucionales\n y legales referidas a sus actuaciones, en proceso antes indicado.\n Que no se ha afectado ningún derecho constitucional del\n accionante, tales como la seguridad jurídica, la honra\n y buena reputación, ni la libertad de contratación\n y el debido proceso, como se menciona en la demanda. Que el examen\n especial se halla en trámite y su estado es el de comunicación\n de resultados parciales provisionales, a fin de recoger los puntos\n de vista a los sujetos de control para que, de ser el caso, se\n desvirtúen posibles apreciaciones formadas en base de\n documentos que se encuentran en la institución. Respecto\n a las alegaciones del accionante, el demandado señala\n que el alcance del examen especial a las daciones en pago recibidas\n por las instituciones financieras en saneamiento, administradas\n por la AGD, es a partir de la fecha en que dichas instituciones\n entraron en saneamiento, tal como consta en el oficio No. 002071-DAI\n de 18 de enero del 2005, suscrito por el Contralor General del\n Estado. Menciona que se tuvo cuidado en analizar únicamente\n aquellas daciones en pago en que las facultades de la Contraloría\n General del Estado no habían caducado, legalizadas dentro\n de los cinco años anteriores a la fecha de notificación\n inicial, de acuerdo al artículo 71 de la Ley Orgánica\n de la Contraloría General del Estado. Añade que\n en el examen especial no se ejecuta la gestión administrativa\n financiera del accionante o de sus empresas, sino que se revisa\n la administración de la AGD, la misma que es una entidad\n del sector público y el accionante es un tercero que tiene\n relación con la administración de dicha entidad,\n en virtud de haber suscrito un contrato de transacción\n con el gerente general de la misma. Señala también\n que no existe actuación ni inconstitucional ni ilegal,\n como indica el accionante, por lo que no procede el amparo, así\n como que los exámenes especiales son acatos de mero trámite\n y no son actos administrativos, ya que no producen efectos jurídicos\n de creación, modificación o extinción de\n derechos y obligaciones individuales. Finaliza señalando\n que la acción es improcedente y solicita que se la rechace.

\n\n

El accionante se ratifica en\n los fundamentos de hecho y de derecho de su demanda y añade\n que no existió ninguna dación en pago, fideicomiso\n o deuda con la AGD, por lo que no procede el examen especial\n iniciado, además de que afirma que nunca conoció\n de la supuesta orden de trabajo dictada por la Contraloría\n General del Estado, por lo que se ha violado su derecho a la\n defensa.

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El Director Nacional de Patrocinio\n de la Procuraduría General del Estado, señala que\n el accionante ha impugnado un acto de mero trámite, que\n no produce efectos, por lo que no cabe el amparo. Que el accionante\n ha ejercido su derecho a la defensa en el examen especial iniciado\n y su cabe podría impugnar el informe final. Que el propio\n accionante entrega la documentación correspondiente a\n la transacción realizada con la AGD, por lo que no cabe\n que niegue que dicho contrato existe y que lo suscribió\n con una institución pública; y, que el accionante\n debe conocer que la Contraloría General del Estado tiene\n plena facultad para controlar lo referente a bienes recibidos\n por instituciones del Estado de parte de particulares, y eso\n es lo que se ha iniciado con el examen impugnado. Termina señalando\n que por no existir acto ilegítimo, violación de\n derechos constitucionales, ni daño grave e inminente,\n el amparo debe ser rechazado.

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La Jueza Vigésimo Cuarto\n de lo Civil de Pichincha, mediante resolución pronunciada\n el 11 de julio del 2005 acepta el recurso de amparo constitucional\n solicitado, y deja sin efecto el examen especial iniciado con\n la notificación del Of. Nro. 04-PAM-DACIONES-05 y las\n acciones que por esta comunicación ha pretendido realizar\n la Contraloría General del Estado, y luego concede los\n recursos de apelación planteados por el doctor Camilo\n Mena Mena, Director Nacional de Patrocinio, delegado del Procurador\n General del Estado; y, doctor Genaro Peña Ugalde, Contralor\n General del Estado Subrogante.

\n\n

Al encontrarse el expediente\n en estado de resolver, se hacen las siguientes,

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CONSIDERACIONES:

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PRIMERA.- Esta Sala, de acuerdo\n con el numeral 3 del artículo 276 de la Constitución\n Política de la República, en concordancia con el\n inciso primero del artículo 62 de la Ley de Control Constitucional,\n es competente para conocer y resolver en este caso.

\n\n

SEGUNDA.- En el presente trámite\n se han cumplido las normas del debido proceso, garantizándose\n los derechos de las partes, por lo que, sin que se haya omitido\n solemnidad alguna que afecte al procedimiento seguido, corresponde\n el análisis de lo que es materia de la acción propuesta.

\n\n

TERCERA.- La acción de\n amparo constitucional, de acuerdo con lo establecido en el Art.\n 95 de la Constitución y el Art. 46 de la Ley del Control\n Constitucional, tiene un propósito tutelar traducido en\n objetivos de protección destinados a cesar, evitar la\n comisión o remediar las consecuencias de un acto un omisión\n ilegítima que viole derechos constitucionales protegidos,\n por lo que es condición sustancial de esta acción\n analizar la conducta impugnada de la autoridad y, como consecuencia,\n establecer las medidas conducentes a la protección de\n los derechos constitucionales vulnerados, cuyo daño grave\n o inminencia de daño, imponga la tutela constitucional\n efectiva que la acción de amparo garantiza. En este sentido\n es de valor sustantivo y condición de procedencia del\n amparo la verificación de la ilegitimidad en la que haya\n incurrido la autoridad pública y la posibilidad efectiva\n de la tutela que la acción promueve para garantía\n de los derechos constitucionales violentados.

\n\n

CUARTA.- El accionante impugna\n el Examen Especial que la Contraloría General se encuentra\n realizando a varias "Daciones en Pago" a Instituciones\n Financiera en Saneamiento, sin que se haya establecido ni período\n de actuación, ni la razón jurídica por la\n cual esa Entidad de Control interviene en el Banco del Progreso\n S. A., en Saneamiento. Y solicita se califique la acción,\n en la providencia inicial se suspenda el examen especial impugnado\n en lo que respecta al Convenio de Transacción celebrado\n entre "el suscrito y otros con el Banco del Progreso S.\n A.", se convoque a la respectiva audiencia oral y como consecuencia\n se pronuncie definitivamente por la inconstitucionalidad del\n accionar de la Contraloría General del Estado.

\n\n

QUINTA.- La competencia de la\n Contraloría General del Estado como organismo superior\n de control se encuentra establecida en el artículo 211\n de la Constitución Política de la República,\n según dicha disposición el organismo tiene atribuciones\n para controlar ingresos, gastos, inversión, utilización\n de recursos, administración y custodia de bienes públicos.\n La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado,\n artículo 3, define y considera como recursos públicos\n todos los bienes, fondos, títulos, acciones y participaciones,\n sea cual fuere la fuente de la que procedan, sin que tales recursos\n pierdan esa calidad por ser administrados por corporaciones,\n fundaciones, sociedades civiles o mercantiles u otras entidades\n de derecho privado, pues es el recurso el que tiene el valor\n de público y que debe ser controlado, independientemente\n de la forma que se haya definido para su gestión y administración.\n El Art. 22 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica,\n Tributario Financiera crea la Agencia de Garantía de Depósitos\n como entidad de derecho público que con respecto a las\n entidades en saneamiento nombra administradores temporales, cuyas\n gestiones, cumplidas en representación de la AGD, desde\n luego, están sujetas al control de la Contraloría\n General del Estado.

\n\n

SEXTA: La competencia general\n de la Contraloría General del Estado no está en\n cuestión en esta causa sino la de su actuación\n y examen con respecto al llamado convenio transaccional que el\n actor alega no puede ser considerado como una operación\n que se confunda con las daciones en pago que son objeto del examen\n especial ordenado, el que, según afirma el mismo accionante,\n adicionalmente, no establece período de actuación\n ni la razón jurídica de la intervención\n del organismo de control, por lo que, llama la atención\n por la inseguridad jurídica a la que es sometido por esta\n actuación en la que no se verifican ni cumplen las normas\n del debido proceso.

\n\n

SÉPTIMA: Que con respecto\n a la primera alegación, si bien sobre el documento que\n es motivo de análisis y que ha recibido la nominación\n de "Contrato de Transacción", según refiere\n el accionante de modo enfático, no es una dación\n de pago, tal particular supone un esclarecimiento de otra índole\n y ajena al amparo, pues, no es menos cierto que por tal documento\n se entregan bienes inmuebles a favor del Banco del Progreso,\n por lo que, tal alegación no es aceptable, pues es la\n propia auditoria en curso o una acción independiente la\n que defina la naturaleza de este documento y de las distintas\n operaciones que ocurren en el marco de esta transacción\n general.

\n\n

OCTAVA: Que según consta\n de la documentación adjunta y presentada por el actor,\n el Contralor General del Estado, con fecha 18 de enero de 2005,\n firmó la orden de trabajo por la cual se dispone realizar\n el Examen Especial a las Daciones de Pago recibidas por las Instituciones\n Financieras en Saneamiento administradas por la AGD, entre las\n que se cuenta de manera expresa las realizadas por el Grupo Avellan,\n teniendo como alcance las que ocurrieron a partir de la fecha\n en que las instituciones financieras entraron en saneamiento.\n La comunicación en referencia señala como antecedente\n la petición expresa del Sr. Gerente de la Agencia de Garantía\n de Depósitos y las disposiciones normativas en relación,\n la de delegación al Auditor Jefe de Equipo y las facultades\n de la entidad, por lo que esta alegación tampoco puede\n tenerse en cuenta. Debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que,\n el actor acusa recibo de la comunicación remitida en el\n Oficio Circular Nro. 04-PAM-DACIONES-05, dándose por notificados\n y adjuntando la información solicitada, por lo que, la\n alegación relativa a la falta de conocimiento del examen\n que se viene cumpliendo carece de sustento, teniendo en cuenta\n la misma afirmación del actor que hemos referido.

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NOVENA: Que la acción\n de amparo es de naturaleza tutelar, de efectos suspensivos de\n las conductas ilegítimas de la Autoridad pública,\n buscando el remedio de tales actuaciones. En el presente caso,\n la supuesta actuación ilegítima del organismo de\n control, que obra sin competencia y violentando las normas del\n debido proceso, según afirma el actor, ocurriría\n a partir del 22 de febrero del 2005, fecha de comunicación\n de inicio del examen, no obstante lo cual, la acción de\n amparo, en realidad, busca detener los efectos que se generan\n de los resultados provisionales del examen que se hacen presentes\n para conocimiento del actor con fecha 22 de febrero de 2005,\n presentándose la acción de amparo con fecha 24\n de junio de 2005. Tales resultados provisionales no forman parte\n del proceso y sobre los mismos no es posible pronunciamiento\n alguno de parte de la Sala, pero, se llama la atención\n sobre ello, pues no deja de ser revelador que la acción\n de amparo se haya encaminado a detener el examen de auditoria\n cuyos resultados provisionales han sido comunicados, alegando\n para ello situaciones anteriores que no han podido sostenerse\n en esta causa según se ha analizado.

\n\n

Por todo lo expuesto, la Primera\n Sala del Tribunal Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones,

\n\n

RESUELVE:

\n\n

1) Revocar, en todas sus partes,\n la Resolución pronunciada por la Jueza Vigésimo\n Cuarto de lo Civil de Pichincha con asiento en Quito, que acepta\n el amparo constitucional solicitado y deja sin efecto el examen\n especial iniciado con la notificación del Oficio Nro.\n 04-PAM-DACIONES-05 y las acciones que por esta comunicación\n ha pretendido realizar la Contraloría General del Estado.

\n\n

2) Desechar, por improcedente,\n la demanda de amparo constitucional presentada por el Ing. Felipe\n Avellán Arteta en contra de la Contraloría General\n del Estado en la persona del doctor Genaro Peña Ugalde\n y de la Procuraduría General del Estado en la persona\n de su Titular el doctor José María Borja Gallegos.

\n\n

3) Devolver el expediente al\n Juzgado de Origen para los fines consiguientes. Y,

\n\n

4) Notificar a las partes.

\n\n

f.) Dr. Juan Montalvo Malo, Presidente\n Primera Sala.

\n\n

f.) Dr. Tarquino Orellana Serrano,\n Vocal Primera Sala.

\n\n

f.) Dr. Enrique Tamariz Baquerizo,\n Vocal Primera Sala.

\n\n

Razón.- Siento por tal\n que la Resolución que antecede, fue discutida y aprobada\n por los señores doctores Juan Montalvo Malo, Tarquino\n Orellana Serrano y Enrique Tamariz Baquerizo, Vocales de la Primera\n Sala del Tribunal Constitucional, a los treinta y un días\n del mes de octubre de dos mil seis.-

\n\n

f.) Dra. Anacélida Burbano\n Játiva, Secretaria Primera Sala.

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA\n SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 10 de noviembre\n del 2006.- f.) Secretaria de la Sala.

\n\n

CAUSA Nro. 0566-2005-RA

\n\n

PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.-\n Quito D. M., 28 de noviembre de 2006.- VISTOS: El Ing. Felipe\n Avellán Arteta, mediante escrito presentado el 8 de noviembre\n de 2006 solicita se aclare determinados aspectos de la Resolución,\n a saber:

\n\n

1.- Luego de referirse al considerando\n QUINTO, solicita se aclare estableciendo y demostrando como es\n que la Contraloría General del Estado tiene facultades\n para intervenir en bienes privados y además en un Contrato\n Transaccional celebrado entre particulares: el Banco del Progreso\n S. A. (que al tiempo de su celebración era una institución\n privada) y el Grupo Avellán.- 2.- Refiriéndose\n al considerando SEPTIMO, solicita se aclare y si es el caso precisar\n cuál es el tipo de acción que debería proponer\n y ante quien para que se resuelva cuál es la naturaleza\n de un Contrato Transaccional, al que se le quiere confundir con\n una Dación de Pago y si la deducción de esa acción,\n suspendería la auditoria hasta cuando sea resuelta esa\n acción.- 3.- Se aclare en el sentido de que la Contraloría\n solamente puede examinar la actuación administrativa de\n los funcionarios que intervinieron en dicho contrato de transacción\n y más no alterar sus efectos, ni juzgar a los particulares\n que se vieron obligados a suscribirlo.- Para resolver, se considera:\n PRIMERA: El escrito de aclaración fue presentado dentro\n del término de tres días contados a partir de la\n fecha de notificación con la Resolución emitida\n en este caso.- SEGUNDA: Procede la aclaración de una Resolución\n cuando fuere obscura.- Y TERCERA: Los considerandos QUINTO Y\n SEPTIMO de la Resolución son claros, no adolecen de oscuridad\n alguna. El actor pretende, a título de aclaración,\n desvirtuar el contenido del considerando QUINTO y obtener consejo\n de cuál es el tipo de acción que debería\n proponer y ante quien, o que esta Sala dicte normas de procedimiento\n a la Contraloría en la realización de exámenes\n con relación al considerando séptimo, peticiones\n que desnaturalizan el objeto de una aclaración.- Por todo\n lo expuesto, la Primera Sala del Tribunal Constitucional, niega,\n por improcedente la aclaración solicitada por el Ing.\n Felipe Avellán Arteta.- Notifíquese .-

\n\n

f.) Dr. Juan Montalvo Malo, Presidente\n Primera Sala.

\n\n

f.) Dr. Tarquino Orellana Serrano,\n Vocal Primera Sala.

\n\n

f.) Dr. Enrique Tamariz Baquerizo,\n Vocal Primera Sala.

\n\n

LO CERTIFICO.- Quito D.M, 28\n de noviembre de 2006.-

\n\n

f.) Dra. Anacélida Burbano\n Játiva, Secretaria Primera Sala.

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA\n SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 1 de diciembre del\n 2006.- f.) Secretaria de la Sala.

\n\n

 

\n\n

No. 0871-2005-RA

\n\n

Vocal ponente: Doctor Enrique\n Tamariz Baquerizo

\n\n

TIBUNAL CONSTITUCIONAL
\n PRIMERA SALA

\n\n

Quito, 15 de noviembre de 2006.-

\n\n

ANTECEDENTES:

\n\n

En el caso Nº 871-205-RA,\n el doctor Carlos Helou Cevallos comparece ante el Juez Tercero\n de lo Civil de Pichincha y deduce acción de amparo constitucional\n en contra del doctor Alfredo Palacio González, Presidente\n Constitucional de la República del Ecuador, impugnando\n el acto ilegítimo de autoridad pública contenido\n en el Decreto Ejecutivo Nº 104-A, de 12 de mayo del 2005,\n y el consecuencial Decreto Ejecutivo Nº 104-B, publicados\n en el Registro Oficial Nº 27 de 30 de mayo del 2005, manifestando\n en lo principal lo siguiente:

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo\n Nº 509 de 25 de enero de 1999, y de conformidad con el Art.\n 349 de la Ley de Propiedad Intelectual, el Presidente Constitucional\n de la República de la época, designó al\n abogado Nelson Velasco Izquierdo, Presidente del Instituto Ecuatoriano\n de la Propiedad Intelectual.

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo\n Nº 2079, expedido el 10 de septiembre del 2004, el Presidente\n de la República, Ing. Lucio Gutiérrez Borbúa,\n agradeció los servicios prestados por el Ab. Nelson Velasco\n y procedió a nombrarle presidente del Instituto Ecuatoriano\n de la Propiedad Intelectual conforme a la ley, para un período\n de seis años, entrando inmediatamente al ejercicio de\n sus funciones. Estos hechos propiciaron que el abogado Velasco\n presente un amparo constitucional aduciendo que no se había\n respetado el Art. 349 de la Ley de Propiedad Intelectual que\n establece que el Presidente del IEPI durará seis años\n en sus funciones, período que en su caso no se cumplió,\n por lo que solicitó se suspenda definitivamente el acto\n administrativo, petición que la Primera Sala del Tribunal\n Constitucional la desechó en su Resolución.

\n\n

Que el 12 de mayo del 2005, el\n Presidente de la República, doctor Alfredo Palacio González,\n con ausencia total de criterio constitucional, legal y legítimo\n que lo justifique, expidió el Decreto Ejecutivo Nº\n 104-A con el cual deroga el Decreto Ejecutivo Nº 2079 de\n 10 de septiembre del 2004, convirtiendo al actor en culpable\n o responsable de una supuesta ilegitimidad del acto de autoridad\n pública del Ing. Lucio Gutiérrez, ex - Presidente\n de la República, cuestión que fue descartada por\n el Tribunal Constitucional.

\n\n

Que, finalmente, el propio 12\n de mayo del 2005, el Presidente de la República, doctor\n Alfredo Palacio González, sin guardar sindéresis\n de lo que predicó en el D.E. 104-A, expide el D.E. 104-B\n y designa al doctor César Dávila Torres, Presidente\n del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI.\n Este acto, afirma el actor, viola sus derechos civiles subjetivos\n constitucionalmente protegidos y le causan daño grave,\n por haberse irrespetado el Decreto Ejecutivo Nº 2079, mediante\n el cual se nombró al Dr. Carlos Helou Cevallos como presidente\n del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, procedimiento\n que violó las garantías del debido proceso y, sustancialmente,\n el derecho a la defensa y los principios de legalidad y seguridad\n jurídica, adoptada con arrogación de funciones\n que prohíbe y sanciona el Art. 119 de la Constitución\n de la República.

\n\n

Por los argumentos expuestos\n y, a amparo de los artículos 95 de la Constitución\n del Ecuador y 46 y siguientes de la Ley del Control Constitucional,\n presenta recurso de amparo constitucional para que se adopten\n medidas urgentes destinadas a cesar y remediar las consecuencias\n del ilegítimo proceder del Presidente de la República,\n y se suspendan los efectos de los Decretos Ejecutivos Nº\n 104-A y 104-B de 12 de mayo del 2005, publicados en el R.O. Nº\n 27 de 30 de mayo del 2005, y disponer su inmediato reintegro\n a las funciones de Presidente del IEPI por el tiempo que le falta\n para cumplir el período señalado.

\n\n

En la audiencia pública\n el recurrente se ratifica en los fundamentos de hecho y de derecho\n expuestos en su demanda.

\n\n

El Director Nacional de Patrocinio,\n Delegado del Procurador General del Estado, manifiesta que no\n existe acto ilegítimo pues los decretos 104-A y 104-B,\n dictados por el Presidente de la República, provienen\n de autoridad competente y han sido expedidos con las formalidades\n legales, de acuerdo con el Art. 171, numeral 10 de la Constitución\n Política de la República. No obstante, dice, si\n existiera el acto ilegítimo, éste debería\n ser impugnado en la vía contencioso administrativa. Solicita\n se rechace la acción planteada.

\n\n

Por su parte, el Secretario General\n Jurídico de la Presidencia de la República y Delegado\n del doctor Alfredo Palacio González, Presidente de la\n República, expresa que es importante insistir en que el\n juez de la causa en su primera providencia dictó un auto\n inhibitorio por considerar que la impugnación de los decretos\n ejecutivos señalados, expedidos por el Presidente de la\n República, contraría lo dispuesto en el Art. 2\n de la Resolución de la Corte Suprema de Justicia, publicada\n en el R.O. 378 de 27 de julio del 2001, que textualmente dice:\n "Particularmente la acción de amparo no procede y\n se la rechazará de plano cuando se la interponga respecto\n de: a) Actos normativos expedidos por un autoridad pública,\n tales como leyes orgánicas y ordinarias, decretos leyes,\n decretos, ordenanzas, estatutos y resoluciones de obligatoriedad\n general (erga omnes)...". En consecuencia, solicita que\n en su condición de juez constitucional dentro de la causa,\n inadmita la acción de amparo.

\n\n

El Juez Tercero de lo Civil de\n Pichincha resuelve negar el recurso constitucional deducido por\n el Dr. Carlos Helou Cevallos, considerando que la acción\n de amparo constitucional tiene un objeto diferente, conforme\n lo establecen los artículos 95 de la Constitución\n y 46 y siguientes de la Ley del Control Constitucional.

\n\n

Radicada la competencia en esta\n Sala por el sorteo correspondiente y, siendo el Estado de la\n causa el de resolver, para hacerlo se considera:

\n\n

PRIMERO.- La Sala es competente\n para conocer y resolver el caso de conformidad con lo que disponen\n los artículos 95 y 276, numeral 3, de la Constitución\n de la República.

\n\n

SEGUNDO.- No se ha omitido solemnidad\n sustancial alguna que incida en la resolución de la causa,\n por lo que se declara su validez.

\n\n

TERCERO.- La acción de\n amparo prevista en nuestra Constitución y la Ley del Control\n Constitucional, procede en cuanto se presenten los elementos\n que la configuran; esto es, a) acto ilegítimo de la autoridad\n pública; b) Que dicho acto cause o pueda causar un daño\n inminente y grave, y, c) Que ese acto vulnere efectivamente derechos\n consagrados en la Carta Fundamental o los consignados en pactos\n o convenios internacionales vigentes en el Ecuador.

\n\n

CUARTO.- En nuestra realidad\n jurídica, la terminología suele ser confusa al\n momento de determinar el concepto de acto con efecto normativo\n y acto con efecto particular. Y es que, mediante un decreto puede\n aprobarse un reglamento que contiene normas generales, o puede\n designarse a un funcionario. En este último caso, los\n efectos recaen en determinada persona. Para su diferenciación\n es importante distinguir la determinación y la indeterminación\n de la norma. Es decir, la generalidad y la particularidad respecto\n de los sujetos a quienes va dirigida, y según este principio\n reconocerlas y diferenciarlas por su contenido.

\n\n

QUINTO.- Respecto de los actos\n impugnados, el recurrente fundamentalmente señala la violación\n de dos derechos constitucionales: el de la estabilidad de los\n servidores públicos y el de la seguridad jurídica,\n ésta última como precursora del primero; es decir,\n su derecho a que se le reconozca jurídicamente su designación\n de Presidente del IEPI. Enuncia el Art. 124 de la Constitución\n que nos indica que la ley garantiza los derechos de los servidores\n públicos en cuanto a su ingreso, estabilidad, evaluación,\n ascenso y cesación, dentro del servicio civil y la carrera\n administrativa. Nos dice además, que sólo por excepción\n los servidores públicos estarán sujetos a un régimen\n de libre nombramiento y remoción. La seguridad jurídica,\n entendiéndosela como la certeza del cumplimiento de la\n ley, sólo podría verse afectada cuando un acto\n ilegítimo lesiona su majestad.

\n\n

SEXTO.- Analizando el problema,\n necesariamente han de confrontarse las disposiciones legales\n que tienen relación directa con el caso; y es así\n como el Art. 349 de la Ley de la Propiedad Intelectual, dispone\n que el Presidente del IEPI será designado por el Presidente\n de la República y durará seis años en sus\n funciones. Será su representante legal, agrega, y el responsable\n directo de la gestión técnica, financiera y administrativa.\n Por cierto, no hay que olvidar que la estabilidad del servidor\n público a la que hace mención al accionante se\n ve restringida por el Art. 92, literal b, de la Ley Orgánica\n de Servicio Civil y Carrera Administrativa (Art. 93 de la Ley\n anterior) que determina con absoluta claridad que se excluyen\n de la carrera administrativa "...los titulares y las segundas\n autoridades de las instituciones del Estado..", situación\n en la que estuvo incurso el recurrente en su calidad de Presidente\n del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. Vale aclarar\n también que la Ley Orgánica de Servicio Civil y\n Carrera Administrativa, en la Primera Disposición Final\n establece que: "Las disposiciones de la presente ley por\n tener el carácter de orgánica, prevalecerán\n sobre las ordinarias que se le opongan y orgánicas expedidas\n con anterioridad a la vigencia de ésta...". Esto\n significa, en definitiva, que prevalece sobre la Ley de Propiedad\n Intelectual, y específicamente, sobre el Art. 349 que\n trata del período de funciones del Presidente del IEPI.

\n\n

SÉPTIMO.- Adicionalmente,\n es necesario revisar la dualidad de criterios del accionante\n al argumentar la ilegitimidad del Decreto Ejecutivo 104-A que\n lo removió de sus funciones, pero no cuestionó\n la competencia del Presidente Gutiérrez cuando, aplicando\n la misma fórmula, removió a su antecesor, el abogado\n Nelson Velasco Izquierdo.

\n\n

Por todo lo expuesto, y al no\n haber indicios de ilegitimidad en el accionar del Presidente\n de la República, Dr. Alfredo Palacio González,\n al expedir los Decretos Ejecutivos 104-A y 104-B, como tampoco\n lesión a derechos constitucionales protegidos, LA PRIMERA\n SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,

\n\n

RESUELVE:

\n\n

1.- Confirmar lo resuelto en\n primer nivel; y, en consecuencia, negar el amparo constitucional\n planteado por el Dr. Carlos Helou Cevallos; y,

\n\n

2.- Devolver el expediente al\n juez de origen.- Notifíquese.-

\n\n

f.) Dr. Juan Montalvo Malo, Presidente\n Primera Sala.

\n\n

f.) Dr. Tarquino Orellana Serrano,\n Vocal Primera Sala.

\n\n

f.) Dr. Enrique Tamariz Baquerizo,\n Vocal Primera Sala.

\n\n

Razón.- Siento por tal\n que la Resolución que antecede, fue discutida y aprobada\n por los señores doctores Juan Montalvo Malo, Tarquino\n Orellana Serrano y Enrique Tamariz Baquerizo, Vocales de la Primera\n Sala del Tribunal Constitucional, a los quince días del\n mes de noviembre de dos mil seis.-

\n\n

f.) Dra. Anacélida Burbano\n Játiva, Secretaria Primera Sala.

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA\n SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 1 de diciembre del\n 2006.- f.) Secretaria de la Sala.

\n\n

CAUSA No. 0871-2005-RA.

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA\n SALA.- Quito D. M., 2 de agosto de 2006.- En el caso signado\n con el número 0871-2005-RA, acción de amparo constitucional\n propuesta por el doctor Carlos Helou Cevallos; en contra de los\n señores Presidente de la República y Procurador\n General del Estado (Director Nacional de Patrocinio), el 14 de\n julio de 2006, el accionante, invocando el artículo 26,\n literal d), del Reglamento Orgánico Funcional del Tribunal\n Constitucional, solicita la excusa del señor doctor Juan\n Montalvo Malo; pues, cuando cumpl

 

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