Registro Oficial. 18 de ABRIL del 2006 Suplemento

Martes, 18 de abril de 2006

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   ABRIL DE 2006
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Martes, 18 de abril de 2006 - R. O. No. 252
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SEGUNDO SUPLEMENTO

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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DR. RUBÉN DARIO ESPINOZA DIAZ
DIRECTOR
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
RESOLUCIONES:
SEGUNDA SALA

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0929-04-RA Revócase la resolución venida en grado y concédese la acción de amparo constitucional propuesta por Sonia Graciela Villalta Paucar.

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0949-04-RA Revócase la resolución del Tribunal de instancia y concédese parcialmente el amparo solicitado por el General Jorge Norton Narváez Ordóñez.

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0969-2004-RA Revócase la resolución del Juez Cuarto de lo Civil de Pichincha y niégase el amparo interpuesto por el señor Luis Alberto Robayo Buenaño, por improcedente.

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0037-2005-HC Confírmase lo resuelto por el Alcalde de Manta y niégase el hábeas corpus solicitado por Regina Marisol Zambrano Salazar a favor de Segundo Vélez Toro y otros.

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TERCERA SALA

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0648-2004-RA Confírmase la resolución del Tribunal de instancia constitucional e inadmítese la acción de amparo constitucional interpuesta por Kenia Mélida Velásquez Kuffo.

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0725-2004-RA Inadmítese la acción planteada por el ingeniero Lorenzo Alfredo Enríquez García, por improcedente..

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0803-2004-RA Confírmase la resolución pronunciada por la Jueza Décimo Sexta de lo Civil del Azuay que acepta el amparo constitucional interpuesto por el arquitecto Jorge Estuardo Cueva Cordero

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0894-2004-RA Confírmase la resolución venida en grado e inadmítese la acción de amparo constitucional propuesta por el señor Julio Alfredo Zambrano Zambrano.26

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0952-2004-RA Confírmase la resolución subida en grado y niégase la acción de amparo constitucional solicitado por el señor José Manuel Cabrera Sánchez, por improcedente.28

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0966-2004-RA Confírmase la resolución venida en grado y acéptase la acción de amparo constitucional propuesta por Carlos Gilberto Flores Bazante.

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1023-2004-RA Niégase el amparo constitucional propuesto por el señor Segundo José Torres Peñafiel, por improcedente.

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1117-2004-RA Confírmase lo resuelto en primer nivel y niégase el amparo constitucional interpuesto por Martha Susana Abril Tamayo.

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0004-2005-AA Deséchase la presente demanda de inconstitucionalidad de acto administrativo propuesta por el señor Caleció Alexander Luna Santacruz.

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0004 2005-RA Niégase la acción de amparo constitucional interpuesta por la señora Elsa Targelia Castro Carrión, por improcedente.

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0017-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de primer nivel y niégase el amparo solicitado por Julio Jorge Yumbla León.

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0028-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y concédese el amparo solicitado por la señorita Verónica Lily Fuentes Vásquez

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0034-2005-HC Niégase el recurso de hábeas corpus interpuesto por Efrén Francisco Pidru Mamat.

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0043-2005-RA Confírmase la decisión del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por Agustín Pebres Cordero Rosales.

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0044-2005-RA Niégase el amparo constitucional propuesto por el señor Alfredo Anzoátegui Montoya, por improcedente 56

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0154-2005-RA Revócase la resolución venida en grado e inadmítese la acción de amparo constitucional planteada por el Arq. Rafael Latorre Cruz

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0162-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y concédese el amparo solicitado por Luz María Maroto Carrasco.

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0178-2005-RA Revócase la resolución del Juez de instancia y concédese el amparo solicitado por Decita Araceli Guayano.

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0179-2005-RA Revócase lo resuelto en primer nivel y concédese el amparo constitucional solicitado por Zoila Elena Macías Marzumillaga.

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0193-05-RA Revócase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional propuesto por María Josefina Salcedo AIdaz y otros.

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0238-2005-RA Revócase la resolución del Juez de instancia constitucional y dispónese el archivo de la acción de amparo constitucional propuesta por el señor Horacio Abel Revira Dellamula.

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0283-2005-RA Revócase la resolución del Juez de instancia e inadmítese la acción de amparo constitucional propuesta por el ingeniero Bernardo Henriques Escala.

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ORDENANZAS MUNICIPALES:

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- Cantón San Fernando: Que regula el uso, ocupación y conservación de la vía pública.

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- Cantón San Miguel de Ibarra: Reformatoria a la Ordenanza que reglamenta la determinación, administración, control y recaudación del impuesto a la patente municipal a las actividades comerciales, industriales y cualquiera de orden económico.

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\n No. 0929-04-RA

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Vocal ponente: DR. CARLOS SORIA ZEAS

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CASO No. 0929-04-RA
\n TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
\n SEGUNDA SALA

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Quito, D. M., 12 de abril de 2005.-

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ANTECEDENTES:

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Sonia Graciela Villalta Paucar, por sus propios derechos,\n interpone ante el Juez Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha,\n acción de amparo constitucional contra el Gerente General\n del Banco del Estado, solicitando la suspensión definitiva\n del acto administrativo contenido en la Acción de Personal\n número 2004-06-225 del 23 de agosto del 2004, por la cual\n se la removió del cargo de Gerente de Gestión y\n Asistencia Técnica de dicha entidad. En lo principal,\n la accionante manifiesta lo siguiente:

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Que el 5 de marzo del 2003, mediante la expedición\n del nombramiento número 2003-012, por parte del Gerente\n General del Banco del Estado, se incorporó a la institución\n para prestar sus servicios como Directora de Gestión y\n Asistencia Técnica;

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Que fue ascendida al cargo de Gerente de Gestión y\n Asistencia Técnica de la entidad, conforme se desprende\n de la Acción de Personal número 2003-01-294, librada\n por el Gerente General del Banco del Estado el 13 de octubre\n del 2004;

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Que mediante Acción de Personal del 23 de agosto del\n 2004, la autoridad demandada la removió del cargo de Gerente\n de Gestión y Asistencia Técnica que ocupaba dentro\n del organismo, atendiendo a lo dispuesto en la letra b) del artículo\n 93 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa,\n y en el dictamen del Procurador General del Estado constante\n en el oficio número 10550 del 6 de agosto del 2004;

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Que su remoción constituye un acto administrativo ilegítimo\n e ilegal, carente de fundamentos legales y jurídicos,\n y viola expresas disposiciones de orden legal previstas en la\n Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa,\n entre éstas los artículos 90, 91 y 93, letra b),\n relativas a la estabilidad de los servidores públicos;

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Que el texto actual del artículo 93, letra b) de la\n referida Ley, establece que son cargos de libre nombramiento\n y remoción aquellos que tienen a su cargo la dirección\n política y administrativa del Estado, y entres éstos,\n los directores, gerentes y subgerentes que son titulares o segundas\n autoridades de las empresas e instituciones del Estado;

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Que tales normas legales deben ser entendidas en su tenor\n literal, estando expresamente prohibido efectuar una interpretación\n extensiva o analógica de su contenido, para efectos de\n calificar como puestos de libre nombramiento y remoción\n a los cargos que estén actualmente ocupados;

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Que el Gerente General del Banco del Estado, al calificar\n al cargo de Gerente de Área como de libre nombramiento\n y remoción, basado en el criterio del Procurador General\n del Estado, viola normas legales y constitucionales, y se abroga\n funciones que no le competen al efectuar una interpretación\n extensiva y subjetiva de la Ley, violando de esta manera el principio\n de legalidad contenido en el artículo 119 de la Constitución\n Política del Ecuador;

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Que conforme a la estructura orgánica funcional del\n Banco del Estado, dentro de la jerarquía institucional\n ubica en el primer rango al Directorio de la entidad; como titular\n de la misma al Gerente General y como segunda autoridad al Subgerente\n General, estando en cuarto rango de jerarquía los Gerentes\n de Área y Gerentes de Sucursales Regionales, quienes,\n por lo mismo, no son titulares ni segundas autoridades en la\n institución;

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Que corresponde a los Gerentes de Área del Banco del\n Estado efectuar labores de asesoría y otras que tienen\n que ver con elaboración de informes y documentos para\n la suscripción y aprobación del Gerente General\n o el Subgerente General; sin que por esto deba entenderse que\n tienen a su cargo la dirección política y administrativa\n de la institución;

\n\n

Que siendo esas las funciones de los Gerentes de Área\n dentro del organismo, es evidente que tales funcionarios de ninguna\n manera pueden ser excluidos de la carrera administrativa;

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Que el Procurador General del Estado, al formular una interpretación\n extensiva del la Ley, ha incurrido en abuso de sus facultades\n y ha inducido al Gerente General del Banco del Estado a que incurra\n en actos administrativos ilegales, transgrediendo el artículo\n 119 de la Carta Política del Estado;

\n\n

Que el acto impugnado viola las garantías contempladas\n en los artículos 23, numerales 26 y 27; 24, numeral 13;\n 35; 119; y, 124 de la Constitución Política del\n Ecuador.

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A la audiencia pública llevada a cabo el día\n 16 de septiembre del 2004 en el juzgado de instancia, comparecen\n la parte actora junto con su abogado patrocinador, así\n como el demandado a través de su abogado defensor, quien,\n en lo principal, manifestó lo siguiente: Que el Gerente\n General del Banco del Estado ejerce la representación\n legal de la entidad y en tal virtud, conforme a lo dispuesto\n en la Ley Orgánica de Régimen Monetario y Banco\n del Estado, está facultado para expedir el acto impugnado,\n cuyo fundamento es el artículo 93 de la Ley Orgánica\n de Servicio Civil y Carrera Administrativa, la Codificación\n del Reglamento Administrativo del Banco del Estado, y el criterio\n del Procurador General del Estado que consta en el oficio número\n 10550 del 6 de agosto del 2004; que el Procurador General del\n Estado, mediante oficio número 11092 del 1 de septiembre\n del 2004 ratificó su criterio respecto de que los cargos\n de Gerente de Área del Banco del Estado, constituyen puestos\n de libre nombramiento y remoción; que el cargo de Gerente\n de Gestión que ocupaba la demandante, es de libre nombramiento\n y remoción, y por tanto no está incluido dentro\n de la carrera administrativa ni amparada por la garantía\n de estabilidad.

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El juez a quo resolvió negar la acción de amparo\n constitucional propuesta por la recurrente.

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A base de los antecedentes expuestos, la Segunda Sala del\n Tribunal Constitucional, para resolver, hace las siguientes:

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CONSIDERACIONES:

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PRIMERA.- El Tribunal Constitucional, de acuerdo con el numeral\n 3 del artículo 276 de la Constitución Política\n de la República, es competente para conocer y resolver\n en este caso.

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SEGUNDA.- No se ha omitido solemnidad sustancial alguna que\n pueda incidir en la resolución del presente caso, por\n lo que se declara su validez.

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TERCERA.- Del texto constitucional y de la normativa singularizada\n en la Ley de Control Constitucional, se establece de manera concluyente\n que la acción de amparo constitucional es procedente cuando\n de manera simultánea y unívoca, concurren los siguientes\n presupuestos: a) Que exista un acto u omisión ilegítimos\n de la autoridad pública; b) Que sea violatorio de un derecho\n subjetivo; y, c) Que cause o amenace causar un inminente daño\n grave.

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CUARTA.- Un acto es ilegítimo cuando ha sido dictado\n por una autoridad pública que no tiene competencia para\n ello, o cuando no ha sido dictado de conformidad con los procedimientos\n señalados por el ordenamiento jurídico, o cuyo\n contenido sea contrario a dicho ordenamiento, o bien que se lo\n dicte sin fundamento o suficiente motivación.

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QUINTA.- La pretensión de la accionante es que se suspenda\n de manera definitiva los efectos del acto administrativo contenido\n en la Acción de Personal número 2004-06-225 del\n 23 de agosto del 2004, expedida por el Gerente General del Banco\n del Estado, por la cual se la removió del cargo de Gerente\n de Gestión y Asistencia Técnica de dicha entidad.

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SEXTA.- La estabilidad de los servidores públicos,\n es una garantía que ha sido reconocida por la mayoría\n de Cartas Políticas a cuyo imperio se ha sometido la República\n del Ecuador desde su origen. Acorde a tal tradición constitucional,\n esta garantía fundamental se ha visto consolidada en el\n artículo 124 de la actual Constitución Política\n del Ecuador, hacia cuyos preceptos debe confluir el ordenamiento\n jurídico que rige nuestro Estado y las disposiciones administrativas\n que emanen de las autoridades públicas. No obstante, existe\n por mandato constitucional la posibilidad de establecer un régimen\n de excepción a este derecho fundamental, en función\n del cual los servidores públicos pueden ser de libre nombramiento\n y remoción.

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Con asiento sobre éste y otros preceptos constitucionales\n referentes a las relaciones entre las instituciones del Estado\n con sus servidores, el legislador aprobó la Ley Orgánica\n de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación\n y Homologación de Remuneraciones del Sector Público\n (LOSSCA), cuya publicación estuvo dada en el Suplemento\n del Registro Oficial número 184 del lunes 6 de octubre\n del 2003.

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El Capítulo III de dicha Ley, intitulado "Del\n Régimen Interno de Administración de Recursos Humanos",\n contempla los derechos, deberes y prohibiciones de los servidores\n públicos. Materia del presente análisis, son los\n primeros, esto es, los derechos que les asiste a los mismos,\n los cuales están contemplados en el artículo 26\n de la Ley. Así pues, la letra a) del artículo en\n ciernes señala como uno de los derechos de los servidores\n públicos "Gozar de estabilidad en su puesto, luego\n del período de prueba, salvo lo dispuesto en esta Ley"\n Concordante con esta norma, es la contenida en la letra a) del\n artículo 97 ibídem, en la que claramente se señala\n que, además de los derechos contemplados en el referido\n artículo, los servidores de carrera gozarán de\n la garantía de estabilidad en sus puestos, pudiendo ser\n destituidos únicamente por las causas establecidas en\n la Ley y luego del correspondiente sumario administrativo.

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Sin embargo, tal como se mencionó ab initio, la garantía\n de estabilidad consagrada en la Constitución Política\n y luego en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera\n Administrativa, admite un régimen de excepción\n que está previsto en el artículo 93 ibídem,\n dentro del cual están considerados los servidores que\n están excluidos de la carrera administrativa, entendiéndose\n como tal, al conjunto de políticas normas y métodos\n orientados a elevar el nivel de eficiencia de la Administración\n Pública y garantizar la estabilidad de sus servidores\n (Art. 91 LOSSCA). Dicho de otro modo, los servidores mencionados\n en dicha norma, no están protegidos por la carrera administrativa,\n y en consecuencia, no están cobijados por la garantía\n de estabilidad que sí les está reservada para el\n resto de servidores públicos.

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SÉPTIMA.- Hecha esta aclaración, corresponde\n analizar -para efectos de resolver la presente causa- los distintos\n momentos de la disposición contenida en el artículo\n 93 de la LOSSCA, que como se dijo, señala a los servidores\n que están excluidos de la carrera administrativa: A la\n fecha de expedición de la mencionada Ley, esto es, al\n 6 de octubre del 2003, la letra b) del artículo 93 establecía\n lo siguiente:

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"Art. 93.- Servidores Públicos excluidos de la\n Carrera Administrativa.- Exclúyese de la Carrera Administrativa:

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b) Los funcionarios que tienen a su cargo la dirección\n política y administrativa del Estado, los Ministros, Secretarios\n Generales y Subsecretarios de Estado; el Secretario Nacional\n Técnico de Recursos Humanos y Remuneraciones, los titulares\n y las segundas autoridades de las instituciones del Estado; los\n titulares de los organismos de control y las segundas autoridades\n de estos organismos; los secretarios generales; los coordinadores\n generales; coordinadores institucionales; intendentes de control;\n los directores; los gerentes y subgerentes de las empresas e\n instituciones del Estado; los gobernadores, los intendentes,\n subintendentes y comisarios de policía; los jefes y tenientes\n políticos, que son cargos de libre nombramiento y remoción;"\n Lo subrayado es de la Sala.

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Este literal enunciaba de forma taxativa a los servidores\n que no gozaban de la garantía de estabilidad en sus puestos,\n por estar excluidos de la carrera administrativa. Nótese\n que en la disposición citada -que formó parte de\n la LOSSCA desde su origen- señala como cargos sometidos\n a este régimen de excepción, y en consecuencia,\n de libre nombramiento y remoción, a "los directores;\n los gerentes y subgerentes de las empresas e instituciones del\n Estado", sin establecer condiciones ni distinciones de naturaleza\n alguna para esos casos. Por lo tanto, a esa época y durantes\n varios meses después, al amparo de esa disposición,\n tanto un Gerente General como un Gerente de Área, o un\n Director Nacional como un Director Departamental o de Área\n de las entidades del Estado, eran servidores sujetos a este régimen\n de excepción, a los cuales se podía aplicar lo\n preceptuado en el artículo 94 de la LOSSCA, es decir,\n que las autoridades nominadoras los podían nombrar y remover\n libremente, sin que este última circunstancia pueda ser\n considerada como destitución o sanción disciplinaria.

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OCTAVA.- Esta concepción original de la letra b) del\n artículo 93 de la LOSSCA varió luego de la reforma\n introducida a ésta y otras disposiciones de la referida\n Ley, por la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica\n de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación\n y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público,\n publicada en el Registro Oficial número 261 del miércoles\n 28 de enero del 2004. Y es que el artículo 16 de esta\n Ley reformatoria, modificó el contenido de la letra b)\n del artículo 93, incluyendo dentro del régimen\n de excepción en ciernes a los asesores, y sustituyendo\n la frase "los directores, los gerentes y subgerentes",\n con la expresión "los directores, gerentes y subgerentes\n que son titulares o segundas autoridades", de tal manera\n que al día de hoy la letra b) del artículo 93 en\n referencia, reza con el siguiente contenido:

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"Art. 93.- Servidores públicos excluidos de la\n Carrera Administrativa.- Exclúyese de la Carrera Administrativa:

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b) Los funcionarios que tienen a su cargo la dirección\n política y administrativa del Estado, los Ministros, Secretarios\n Generales y Subsecretarios de Estado; el Secretario Nacional\n Técnico de Recursos Humanos y Remuneraciones, los titulares\n y las segundas autoridades de las instituciones del Estado; los\n titulares de los organismos de control y las segundas autoridades\n de estos organismos; los secretarios generales; los coordinadores\n generales; coordinadores institucionales; intendentes de control;\n los asesores; los directores, gerentes y subgerentes que son\n titulares o segundas autoridades de las empresas e instituciones\n del Estado; los gobernadores, los intendentes, subintendentes\n y comisarios de policía; los jefes y tenientes políticos,\n que son cargos de libre nombramiento y remoción;"\n Énfasis añadido.

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Con esta reforma se produce de manera clara y precisa, una\n distinción en cuanto a los directores, gerentes y subgerentes\n que deben ser considerados como servidores de libre nombramiento\n y remoción, y los circunscribe únicamente, a aquellos\n "que son titulares o segundas autoridades de las empresas\n e instituciones del Estado", cambiando de esta manera la\n concepción genérica que respecto de estos puestos\n tenía la letra b) del artículo 93 de la LOSSCA\n al momento de su expedición, confiriéndoles a aquellos\n que no se encuentren en tal situación el derecho a la\n estabilidad. En consecuencia, haciendo un parangón con\n los supuestos mencionados en el considerando anterior, a partir\n de la reforma, es indispensable para los efectos contemplados\n en el artículo 94 de la LOSSCA, distinguir entre un Gerente\n General y un Gerente de Área, o un Director Nacional o\n General y un Director Departamental o de Área, toda vez\n que mientras los unos podrían tener entre sus atribuciones\n la de ser máximas autoridades o titulares de las entidades\n del Estado, los otros estarían destinados únicamente\n a cumplir funciones de asesoría o actos de naturaleza\n consultiva, sin que esto implique, necesariamente ejercer la\n titularidad o segunda autoridad de las organismos públicos.\n Esta situación bien puede ser dilucidada acudiendo a las\n leyes constitutivas, reglamentos orgánicos funcionales,\n o estructuras orgánicas por procesos, de los entes del\n sector público, a fin de evitar desvíos de poder\n y, consecuentemente, infracciones legales.

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NOVENA.- En la especie, la demandante acusa la ilegitimidad\n del acto administrativo por medio del cual se la removió\n del cargo de Gerente de Gestión y Asistencia Técnica\n del Banco del Estado, aduciendo que se inobservó lo establecido\n en la letra b) del artículo 93 de la LOSSCA vigente en\n la actualidad, toda vez que entre sus funciones no se encuentra\n la de ser titular o segunda autoridad de dicho organismo.

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A fin de corroborar esta alegación, corresponde analizar\n lo dispuesto en los artículos 145 y 146 de la Ley Orgánica\n de Régimen Monetario y Banco del Estado: Según\n estas normas, corresponde al Gerente General del Banco del Estado\n la dirección de las operaciones y la administración\n interna de la entidad; así como ejercer su representación\n legal, siendo el responsable del correcto y eficiente funcionamiento\n de la institución.

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Es decir, según se colige de la lectura de las normas\n en alusión, quien ejerce la titularidad del Banco del\n Estado es el Gerente General del organismo.

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Por otro lado, según el artículo 148 ibídem,\n la segunda autoridad de la institución recae sobre el\n Subgerente General, el cual es designado por el Directorio del\n organismo por un período de cuatro años, y entre\n sus funciones está la de subrogar al Gerente General en\n caso de falta o impedimento.

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De lo anotado se advierte, que en el Banco del Estado, el\n Gerente General y el Subgerente General, ostentan la titularidad\n y la segunda autoridad, en ese orden, de dicha entidad, sin que\n haya lugar a duda alguna sobre tales calidades. Esto, con aplicación\n del artículo 93, letra b) de la LOSSCA, implica que tales\n servidores están sujetos al régimen de excepción\n antes mencionado, siendo, en consecuencia, de libre nombramiento\n y remoción.

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DÉCIMA.- En tratándose del cargo de Gerente\n de Gestión y Asistencia Técnica, según lo\n establece el Manual Orgánico Funcional del Banco del Estado,\n (folios 16 y 17 del proceso), le corresponde, en resumen, efectuar\n labores de apoyo y asistencia técnica, bajo la supervisión\n de la Subgerencia General de la institución. Esto quiere\n decir, que el Gerente de Gestión y Asistencia Técnica\n no está investido de la titularidad ni segunda autoridad\n del organismo, y por tanto, está excluido del régimen\n de excepción previsto en el artículo 93 de la LOSSCA.\n Dicho de otra forma, el servidor que ocupe el cargo en alusión,\n goza enteramente de la garantía de estabilidad de que\n tratan las normas invocadas ut supra.

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UNDÉCIMA.- El accionado, al momento de contestar la\n demanda, justifica la legitimidad del acto impugnado invocando,\n a más de lo establecido en la letra b) del artículo\n 93 de la LOSSCA, el dictamen del Procurador General del Estado\n contenido en el oficio número 10550 del 6 de agosto del\n 2004, en el cual señala que los cargos determinados en\n la referida norma son de libre nombramiento y remoción,\n alegando que la enumeración ahí contenida "no\n es taxativa sino conceptual", concluyendo con que "los\n cargos en el Banco del Estado de Gerente General, Subgerente\n General, Gerentes de Área, Asesor Jurídico, Asesores,\n Gerentes de Sucursal, Coordinador General, Secretario General,\n Auditor General, Directores y Coordinadores Departamentales de\n Sucursal, así como todo cargo que implique gestión\n directiva en la institución, () se encasillan en el término\n genérico de "directores" de que trata la letra\n b) del artículo 93 de la Ley Orgánica de Servicio\n Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación\n de las Remuneraciones del Sector Público, y por tanto\n constituyen cargos de libre nombramiento y remoción"\n indicando además, que "los funcionarios que ocupen\n dichos cargos, se encuentran excluidos de la carrera administrativa".

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DUODÉCIMA.- El artículo 3 de la Ley Orgánica\n de la Procuraduría General del Estado, establece las funciones\n que, de manera privativa, le corresponde al titular de dicho\n órgano, entre las cuales está (literal e) la de\n "Absolver consultas y asesorar a los organismos y entidades\n del sector público, así como a las personas jurídicas\n de derecho privado con finalidad social o pública, sobre\n la inteligencia o aplicación de las normas constitucionales,\n legales o de otro orden jurídico" (lo subrayado es\n de la Sala), siendo el pronunciamiento obligatorio para la Administración\n Pública, sobre la materia consultada. La forma en la que\n el Procurador General del Estado ha de cumplir con esta función,\n está contenida en el artículo 13 ibídem.

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Sobre el contenido de tales disposiciones es pertinente indicar\n que, en efecto, los dictámenes del referido funcionario\n son vinculantes para la entidad consultante; sin embargo, corresponde\n también indicar que en el caso que nos ocupa, el Procurador\n General del Estado en su dictamen, más allá de\n inteligenciar al Gerente General del Banco del Estado sobre el\n contenido del artículo 93 de la LOSSCA, realiza una interpretación\n in extensu de dicha norma, en lo que respecta al literal b),\n excediéndose de las atribuciones que la Ley Orgánica\n de la Procuraduría General del Estado le confiere, tanto\n más si se trae a colación que el único organismo\n que tiene la facultad de interpretar las leyes de un modo generalmente\n obligatorio, es el Congreso Nacional, tal como consta en el número\n 5 del artículo 130 de la Carta Política, en concordancia\n con lo dispuesto en el artículo 3 del Código Civil.

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Como consecuencia de aquello, se induce al Gerente General\n del Banco del Estado, a la expedición de un acto administrativo\n que contraviene una norma legal expresa, contenida en el artículo\n 93 letra b) de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera\n Administrativa y de Unificación y Homologación\n de las Remuneraciones del Sector Público.

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Vale decir que la Procuraduría General del Estado,\n es un órgano de administración consultiva al que\n le corresponde precautelar la legalidad y legitimidad de las\n actuaciones de la administración pública en general,\n a través de sus pronunciamientos, por lo que, precisamente\n por tal motivo, debe atenerse en el ejercicio de sus funciones,\n a los límites que le impone la Constitución y la\n Ley, acorde al principio de legalidad contenido en el artículo\n 119 de la Carta Fundamental.

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DECIMOTERCERA.- El artículo 272 de la Constitución\n Política del Ecuador consagra el principio de jerarquía\n de la Constitución, en función del cual las disposiciones\n de leyes orgánicas y ordinarias, decretos-leyes, decretos,\n estatutos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y otros actos\n de los poderes públicos, deben mantener conformidad con\n sus preceptos, siendo de ningún valor si entran en contradicción\n con tales preceptos.

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El segundo inciso del mismo artículo, dispone que en\n caso de existir conflicto entre normas de distinta jerarquía,\n las cortes, tribunales, jueces y autoridades administrativas,\n lo resolverán mediante la aplicación de la norma\n jerárquicamente superior.

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En la especie, la autoridad demandada justifica la legitimidad\n del acto impugnado aduciendo que existe un pronunciamiento del\n Procurador General del Estado que lo faculta para tal efecto.\n Como ya quedó establecido, el dictamen en alusión\n contiene una interpretación extensiva de la norma sobre\n la cual versó la consulta, lo cual contraviene lo dispuesto\n en el artículo 93, letra b) de la LOSSCA, por lo que correspondió\n al Gerente General del Banco del Estado, por mandato constitucional,\n haber aplicado dicho artículo, a pesar de los efectos\n vinculantes y obligatorios de dicho dictamen.

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DECIMOCUARTA.- De la revisión de las normas constitucionales\n y legales antes invocadas, así como de las piezas procesales,\n y en especial, del contenido del acto administrativo materia\n de la presente acción de amparo constitucional, se puede\n constatar que la remoción de la accionante, dispuesta\n por el Gerente General del Banco del Estado, es ilegítima,\n puesto que dicha autoridad actuó sin tener facultad para\n aquello; lo cual, a no dudarlo, conculcó el derecho de\n la recurrente a la seguridad jurídica y al debido proceso,\n contenidos en los numerales 26 y 27 del mismo artículo;\n el derecho al trabajo y el de estabilidad laboral contemplados\n en los artículos 35 y 124, respectivamente, de la Carta\n Política; circunstancia ésta que le ocasiona un\n daño grave e inminente, en razón de que se le priva\n de la posibilidad de conservar su puesto de trabajo, que le permita\n obtener una remuneración necesaria para su subsistencia\n y el de su familia.

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DECIMOQUINTA.- Siendo la acción de amparo constitucional\n un mecanismo de tutela de los derechos y garantías constitucionales\n de las personas, cuyo objeto es, por una parte, el de cesar,\n y por otra, el de remediar las consecuencias de la actuación\n ilegítima, corresponde en la especie, que la acción\n de amparo constitucional opere con la característica de\n restitutio ad integrum, debiéndose, por una parte, restituir\n a la recurrente a su puesto de trabajo, esto es, al cargo de\n Gerente de Gestión y Asistencia Técnica del Banco\n del Estado; y, por otra parte, pagar a la accionante los valores\n que dejó de percibir en virtud de dicha actuación\n ilegítima, siendo responsabilidad de la parte demandada\n el cumplimiento de lo aquí dispuesto.

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Por lo expuesto, la Segunda Sala del Tribunal Constitucional,\n en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

\n\n

RESUELVE:

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1.- Revocar la resolución venida en grado; y, en consecuencia,\n conceder la acción de amparo constitucional propuesta\n por Sonia Graciela Villalta Paucar; y,

\n\n

2.- Devolver el expediente al juez de origen, para los fines\n contemplados en el artículo 55 de la Ley Orgánica\n de Control Constitucional.

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NOTIFÍQUESE y PUBLÍQUESE.-

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f.) Dr. Carlos Soria Zeas, Presidente Segunda Sala.

\n\n

f.) Dr. Hernán Rivadeneira Jativa, Vocal Segunda Sala.

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f.) Dr. Lenin Rosero Cisneros, Vocal Segunda Sala.

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RAZÓN: Siento por tal que la Resolución que\n antecede fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional\n a los doce días del mes de abril del año dos mil\n cinco.- Lo certifico.-

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f.) Dra. Aída García Berni, Secretaria Segunda\n Sala.

\n\n

Fiel copia del original.- SEGUNDA SALA.- f.) Secretaria de\n Sala.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

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CASO No. 0929-2004-RA

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- SEGUNDA SALA.- Quito, D. M. marzo\n 23 de 2006; las 11h00.- VISTOS.- Agréguese al expediente\n el escrito presentado por la parte accionada, en el que solicita\n aclaración de la resolución emitida en el 12 de\n abril de 2005 en el caso N° 0929-2004-RA.- Al respecto, la\n Sala determina lo siguiente: 1. Procede la aclaración\n cuando la resolución fuere obscura, dificultando, por\n tanto su comprensión; 2.- Señala el peticionario\n que la consideración sexta de la resolución contiene\n un error de apreciación al señalar equivocadamente\n que "uno de los derechos violados consta en el artículo\n 97 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrrera Administrativa\n y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones\n de los Servidores Públicos, que se refiere a la destitución\n de los servidores públicos, cuando en realidad la accionante\n fue removida del cargo de Gerente de Gestión y Asistencia\n Técnica, por tratarse de un cargo de libre nombramiento\n y remoción", por lo que solicita se aclare la base\n que determinó se deslice tal error; 3.- La consideración\n sexta de la resolución no contiene error alguno, por el\n contrario, realiza un serio y preciso análisis referido\n al tema de la estabilidad de los servidores públicos prevista\n constitucional y legalmente, sus excepciones y exclusiones, análisis\n necesario para el posterior estudio de la situación de\n la demandandante que constante en las Siguientes consideraciones\n y no precisamente en la sexta.- 4.- La resolución, en\n todo su contexto, analiza claramente la remoción de la\n servidora del Banco del Estado, por tanto no existe en ninguna\n parte confusión con la destitución, como señala\n el peticionario; en consecuencia, no procede la aclaración\n solicitada: 5.- La solicitud de aclaración se refiere\n además a un supuesto exceso en la interpretación\n efectuada en la resolución y a una posible contradicción\n de la misma con la resolución de otro caso, aspectos que\n no merecen aclaración alguna para la comprensión\n de la resolución emitida en el caso, por cuanto el Tribunal,\n como máximo Organo de Control de la Constitucionalidad,\n fundamenta su actividad en reglas, principios y métodos\n doctrinariamente establecidos en la aplicación de la normativa\n constitucional; y, por otra parte, no procede que, a pretexto\n de una supuesta necesidad de aclaración, se exija un análisis\n comparado de las resoluciones, tanto más si se refieren\n a casos distintos, pretensión que únicamente manifiesta\n el ánimo de causar incidente que la Sala rechaza.- 6.-\n Por cuanto la resolución es clara y precisa se niega el\n pedido de aclaración por improcedente.-NOTIFIQUESE.-

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f.) Dr. Carlos Soria Zeas, Presidente Segunda Sala.

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f.) Dr. Jacinto Loaiza Mateus, Vocal Segunda Sala.

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f.) José García Falconí, Vocal Segunda\n Sala.

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Lo certifico.- Quito, 23 de marzo de 2006.-

\n\n

f.) Dra. Aída García Berni, Secretaria Segunda\n Sala.

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Fiel copia del original.- SEGUNDA SALA.- f.) Secretaria de\n Sala.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

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No.\n 0949-04-RA

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Magistrado ponente: Dr. Hernán\n Rivadeneira Játiva

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CASO No. 0949-04-RA

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
\n SEGUNDA SALA

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Quito, D. M., 6 de abril de 2005.-

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ANTECEDENTES

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Jorge Norton Narváez Ordóñez, General\n de División (SP), fundamentado en el artículo 95\n de la Constitución Política, comparece ante el\n Tribunal N° 1 de lo Contencioso Administrativo e interpone\n acción de amparo constitucional contra el Contralor General\n del Estado, en los siguientes términos:

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Que el 7 de mayo del 2002 en la Contraloría General\n del Estado se dio lectura al borrador de informe del examen especial\n realizado a los procedimientos contractuales de ejecución\n de los contratos de seguro y reaseguro de Aeronaves de las Fuerzas\n Armadas del Ecuador, celebrados entre la Junta de Defensa Nacional\n con la Compañía Interoceánica C.A y Helt\n Lambert Group . Que el 14 de mayo del 2002 ratificó ciertas\n observaciones a la Contraloría General del Estado y señaló\n el casillero N° 9 o estudio jurídico de su abogado\n patrocinador, para futuras notificaciones.

\n\n

Que no se reconoció el derecho a la defensa por falta\n de citación y notificación en los lugares señalados,\n el 12 de marzo del 2004 presentó en la secretaria del\n Tribunal de lo contencioso Administrativo recurso de plena jurisdicción\n o subjetivo contra el contralor General del Estado para determinar\n que no se respetó el debido proceso.

\n\n

Que el 7 de abril del 2003 recibíó el oficio\n N°.DIRS-D 3593, de 30 de enero de 2003 en un lugar que no\n era ni su domicilio ni su casillero, oficio que contenía\n una orden de reintegro por el valor de 737.426,33 dólares\n por el pago indebido de fronting, carente de sustento legal por\n no estar previsto en la ley General de Seguros, declarando además\n como responsables subsidiarios de dicho pago indebido a los miembros\n del Comité Especial de Contratación de seguros\n de las fuerzas Armadas .y a los especialistas de seguros de las\n respectivas ramas, entre ellos, a su persona.

\n\n

Que la supuesta responsabilidad subsidiaria debió establecerse\n en un debido proceso, sin que así se haya realizado, por\n lo que se quebrantó el debido proceso establecido en los\n artículos 23, numeral 27, y 24 de la Constitución\n Política por negarle el derecho de defensa y declarar\n la supuesta responsabilidad subsidiaria administrativa culposa.

\n\n

Que el 17 de abril del 2003 solicitó la reconsideración\n de la orden de reintegro de valores pagados a la compañía\n Interoceánica C.A de Seguros y Reaseguros por concepto\n de fronting y para el caso que se mantuviera esa disposición,\n se reconsidere la declaratoria de responsabilidad subsidiara,\n eliminando a su persona, para lo cual alegó la presunción\n de legitimidad contenida en el artículo 38 de la Ley Orgánica\n de la Contraloría General del Estado, corolario de la\n presunción de inocencia,

\n\n

Que no se le notificó con el inicio y finalización\n de la acción de amparo que había interpuesto la\n compañía Interoceánica C.A., contra la resolución\n de la Contraloría, pese a tener señalado domicilio.

\n\n

Que el 12 de marzo presentó a la Secretaria General\n del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, recurso\n de plena jurisdicción o subjetivo contra el demandado\n para que se declare el no haber respetado el debido proceso,\n por falta de notificación.

\n\n

Que el 28 de abril de 2004 recibió copia de la resolución\n N° 7295, firmada por el señor Contralor del Estado\n encargado, en la que, señala, se han realizado enmendaduras\n en la fecha , por lo que se ha cometido una falsedad: además\n se señala en la resolución que el señor\n Norton Narváez no ha solicitado la reconsideración\n de la responsabilidad civil, desnaturalizando y trastocando la\n realidad de los hechos.

\n\n

Que la falta de notificación en la casilla judicial\n a) con el oficio N° 3593 de 30 de enero de 2003; b) con el\n oficio de suspensión del petitorio de reconsideración\n por la acción de amparo deducida por la compañía\n Interoceánica C.A. de Seguros y Reaseguros; c) con el\n oficio en que se comunica la resolución del Tribunal Constitucional\n sobre esa acción de amparo; d) con la resolución\n N° 7295 supuestamente con fecha 16 de abril de 2004, así\n como la falta de atención a su pedido de reconsideración\n del establecimiento de responsabilidad subsidiaria, le han privado\n de los siguientes derechos consagrados en la Constitución\n Política: derecho a la defensa, de de petición,\n a la legitimidad de las pruebas, seguridad jurídica, presunción\n de inocencia, debido proceso.

\n\n

Solicita se suspenda en forma definitiva los efectos de los\n oficios N° 3593 de 20 de enero de 2003 y N° 7295 con\n fecha alterada.

\n\n

A la audiencia pública, celebrada el 7 de septiembre\n del 2004 en la Primera Sala de lo contencioso Administrativo,\n comparece la parte demandada con su abogado defensor quien manifiesta\n en lo principal lo siguiente: Que la acción de Amparo\n Constitucional no procede porque no reúne los requisitos\n del Art.95 de la constitución Política de la República.\n Que la Contraloría General del Estado está cumpliendo\n con las atribuciones que señalan la Constitución\n en el Art. 211 y 212 para determinar la responsabilidad administrativa\n culposa y evitar los daños económicos irrogados\n a diferentes Instituciones así como también en\n el Art. 53 de la ley Orgánica que le faculta expedir órdenes\n de reintegro.

\n\n

Que el informe del examen especial fue aprobado por el Contralor\n el 9 de diciembre del 2002; agotado el procedimiento de control\n se inició el de determinación de responsabilidades,\n por lo que en vista de que se determinó la existencia\n de un pago indebido se expidió la orden de reintegro contenida\n en el oficio No.3593 DIRES del 30 de enero del 2003, la misma\n que se notificó al actor en el domicilio señalado\n mediante oficio 2001-315- EC de 13 de diciembre de 2001, ratificado\n en la constancia de asistencia a la conferencia final de resultados,\n notificación perfeccionada por medio de una de las modalidades\n de notificación determinadas en el artículo 55\n de la Ley antes invocada. Respecto a la alegación del\n demandante en torna a que la notificación habría\n sido ilegal, señala que al presentar el 17 de abril de\n 2003 el pedido de reconsideración de la orden de reintegro,\n convalidó cualquier pretendido defecto de notificación\n Y, añade, que por circunstancias que desconoce, este pedido\n no puedo ser considerado al momento de emitir la resolución\n N° 7295.

\n\n

Que la Contraloría notificó al actor la resolución\n 7295 el 28 de abril del 2001. La determinación de responsabilidades\n culposas termina con la emisión y notificación\n de la resolución proveniente del recurso de reconsideración\n interpuesto por el sujeto de la responsabilidad.

\n\n

Señala que no existe actuación ilegítima\n de la Contraloría General del Estado , pues la administración\n de vigilancia ha obrado en ejercicio de competencias determinadas\n constitucional y legalmente, tampoco ha violado los derechos\n señalados por el actor, así como no existe daño\n inminente , ya que la Contraloría no puede ni debe iniciar\n al momento el procedimiento administrativo de ejecución\n coactiva, ya que el acto no se encuentra ejecutoriado, debido\n a que se sustancian en el Tribunal Contencioso Administrativo\n varios juicios impugnando la orden de reintegro.

\n\n

Solicita desechar la demanda de amparo deducida por el general\n Norton Narváez.

\n\n

La Primera Sala del Tribunal Contencioso Administrativo, Distrito\n Quito, resuelve rechazar el recurso del amparo Constitucional\n interpuesto y dejar a salvo los derechos del actor para que los\n haga valer por vía legal; resolución que es apelada\n por el accionante.

\n\n

Radicada la competencia en la Segunda Sala del Tribunal Constitucional,\n para resolver se realizan las siguientes,

\n\n

CONSIDERACIONES:

\n\n

PRIMERA.- La Sala es competente para conocer y resolver el\n presente caso de conformidad con lo que dispone el artículo\n 276, número 3, de la Constitución Política\n de la República;

\n\n

SEGUNDA.- La acción de amparo procede, entre otros\n aspectos, ante lo concurrencia simultánea de los siguientes\n elementos: a) que exista de un acto u omisión ilegítimo\n de autoridad pública; b) que el acto viole o pueda violar\n cualquier derecho consagrado en la Constitución, convenio\n o tratado internacional vigente; c) que el acto u omisión\n de modo inminente, amenace con causar un daño grave. También\n procede el amparo constitucional ante actos de particulares que\n prestan servicios públicos.

\n\n

TERCERA.- Un acto es ilegítimo cuando ha sido dictado\n por una autoridad que no tiene competencia para ello, que no\n se lo haya dictado con los procedimientos señalados por\n el ordenamiento jurídico o cuyo contenido sea contrario\n al ordenamiento jurídico vigente o bien que se lo haya\n dictado sin fundamento o suficiente motivación, por lo\n tanto, el análisis de legitimidad del acto impugnado no\n se basa solo en el estudio de competencia, sino también\n de su forma, contenido, causa y objeto.

\n\n

CUARTA.- El actor pretende en esta acción se suspendan\n definitivamente los efectos de los oficios N° 3595 de enero\n de 2003 y N° 7295, ( de 16 de abril de 2004) cuya fecha,\n señala, habría sido alterada.

\n\n

QUINTA.- El demandante aduce que el oficio N° 3995, en\n el que se le comunica la orden de reintegro, estableciendo su\n responsabilidad subsidiaria, en el pago de valores indebidos,\n le fue notificado ilegalmente por haberse efectuad en un domicilio\n no señalado, no obstante en escrito presentado el 9 de\n septiembre de 2004, acepta haber señalado esa dirección\n antes de designar su defensor y señalar domicilio para\n notificaciones, siendo a esta dirección que se le ha enviado\n la referida comunicación. Al respecto, aún si esta\n dirección hubiera sido arbitrariamente establecida por\n la autoridad, como bien manifiesta el accionado, la interposición\n del recurso de reconsideración por parte del General Narváez,\n convalidó la notificación efectuada, por tanto,\n no se puede determinar que hubo falta de conocimiento del acto\n en referencia por parte del ahora accionante, que le hubiera\n impedido oponerse al acto, en su defensa, por lo que se desestima\n esta pretensión.

\n\n

SEXTA.- De la contestación a la demanda efectuada por\n el Contralor General del Estado, a través de su abogado\n patrocinador, se desprende que en realidad el General Narváez\n solicitó la reconsideración a la orden de pago\n y al establecimiento de responsabilidad subsidiaria, en su persona,\n reconsideración que en copia notarizada consta a fojas\n 37 del cuaderno de primera instancia, la misma que fue recibida\n en la Contraloría General del Estado el 17 de abril de\n 2003, conforme la fe de presentación colocada en ese documento.

\n\n

De la revisión del oficio N° 7295 de 16 de abril\n de 2004, que obra a folios 48 a 64, se encuentra que en el punto\n III se ha determinado muy claramente que el señor General\n de División Jorge Norton Narváez Ordóñez,\n (y otro) "no solicitan reconsideración de la responsabilidad\n civil". No obstante, como se ha anotado, en la contestación\n efectuado se ha reconocido la presentación de la reconsideración\n por parte del actor, sin que pueda establecer las causas de aquella\n omisión, las que, en escrito presentado el 25 de enero\n de 2005 en esta Sala, constante a fojas 12 a 14, se encontrarían\n en un error que habría impedido incorporarlo oportunamente\n en el expediente administrativo.

\n\n

Como bien señala el señor Contralor, en su contestación\n a la demanda, "La determinación de responsabilidades\n civiles culposas por medio de la orden de reintegro, culmina\n con la emisión y notificación de la resolución\n proveniente del recurso de reconsideración interpuesto\n por el sujeto de la responsabilidad". En efecto, así\n determina el artículo 53, en el punto 2 " () la orden\n de reintegro será expedida por la Contraloría General\n del Estado y notificada a los sujetos de la responsabilidad,\n concediéndoles el plazo improrrogable de noventa días\n para que efectúen el reintegro. Sin perjuicio de lo expresado,\n en el transcurso de dicho plazo, los sujetos de la responsabilidad\n podrán solicitar a la Contraloría General del Estado\n la reconsideración de la orden de reintegro, para lo cual\n deberán expresar por escrito los fundamentos de hecho\n y de derecho y, de ser del caso, adjuntarán las pruebas\n que correspondan. La Contraloría General del Estado se\n pronunciará en el plazo de treinta días contado\n a partir de la recepción de la petición y su resolución\n será definitiva, pero podrá impugnarse en la vía\n contencioso administrativa".

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Habiendo presentado el General Narváez la solicitud\n de reconsideración legalmente prevista y dentro del plazo\n establecido y sin que haya sido atendida por parte de la autoridad,\n se ha actuado contrariando la disposición legal señalada\n y en violación al derecho de petición garantizado\n en el artículo 23 número 15 de la Constitución,\n consecuentemente, vulnerando el derecho a la seguridad jurídica\n establecido en el número 26 del mismo artículo.\n Igualmente, se ha vulnerado el derecho al debido proceso, pues\n la falta de atención a la solicitud de reconsideración\n determina lesión al derecho de defensa, establecido en\n el artículo 24 número 10 de la Ca

 

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