Registro Oficial. 13 de ABRIL del 2006

Jueves, 13 de abril de 2006

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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Jueves, 13 de abril de 2006 - R. O. No. 250

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. RUBÉN DARIO ESPINOZA DIAZ
DIRECTOR
\n

 

\n

FUNCIÓN LEGISLATIVA
CODIFICACIÓN:

\n

2006-002 Expídese la Codificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

\n

LEYES:

\n

2006-38 Ley Reformatoria a la Ley sobre Discapacidades, Codificada..

\n

2006-39 Ley Reformatoria al Código del Trabajo.

\n

FUNCIÓN EJECUTIVA
DECRETOS:

\n

1284 Acéptase la renuncia al doctor Paúl Cobo Mantilla, Secretario General Jurídico de la Presidencia de la República.

\n

1285 Encárgase la Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la República a la doctora Elsa Santos Karolys, Subsecretaría General Jurídica.

\n

ACUERDOS:
MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL:

\n

0332 Apruébase el estatuto y concédese personería jurídica a la "Asociación de Comerciantes de Cárnicos del Mercado Central del Cantón Mejía", con domicilio en la ciudad de Machachi, cantón Mejía, provincia de Pichincha

\n

0358 Apruébase el estatuto y concédese personería jurídica a la Asociación de Auditores y Controladores de los Sistemas de Información "Isaca-Quito, Ecuador", con domicilio en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha

\n

0360 Apruébase el estatuto y concédese personería jurídica a la Asociación de Profesores Fiscales del Plantel Central "Manuel Agustín Aguirre", con domicilio en el cantón Santo Domingo de los Colorados, provincia de Pichincha.

\n

0363 Nómbrase a la señora Celenia María Ycaza Poveda, representante de los propietarios de los predios urbanos ante el Consejo de Administración y Disciplina del Cuerpo de Bomberos del cantón San José de Chimbo, provincia de Bolívar.

\n

0366 Acéptase la renuncia presentada por el señor Pedro Zacarías Olvera Alburquerque y encárgase al señor César Denis Almeida Reina, la Jefatura del Cuerpo de Bomberos de Catarama, provincia de Los Ríos.

\n

0368 Déjase sin efecto el Acuerdo Ministerial No 0098 de 29 de julio del 2005.

\n

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES:

\n

0083 Modifícase el Acuerdo Ministerial 421-A, publicado en el Registro Oficial No 174 de 22 de septiembre del 2003.

\n

0087-C Refórmase el Acuerdo Ministerial No 194, publicado en el Registro Oficial No 230 de 12 de julio de 1993..

\n

0100 Expídese el Instructivo de pago de subvención por guardería..

\n

RESOLUCIONES:

\n

SERVICIO ECUATORIANO DE SANIDAD AGROPECUARIA:

\n

017 Fíjase el precio del Certificado Fitosanitario de Exportación para plantas ornamentales transportadas por vía aérea, por el valor de un dólar.

\n

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL:

\n

PLE-TSE-6-28-3-2006 Deléganse facultades a los tribunales provinciales electorales, durante el proceso de las elecciones generales del 15 de octubre del 2006..

\n

PLE-TSE-7-22-3-2006 Apruébase la solicitud de asignación de número, simbología, reserva y derecho del nombre de la organización de carácter nacional Movimiento Revolucionario de Participación Popular - MRPP, al que se le asigna el número 28 del Registro Electoral.

\n

PLE-TSE-8-22-3-2006 Apruébase la solicitud de asignación de número, simbología, reserva y derecho del nombre de la organización de carácter nacional Movimiento Independiente Nuevo Amanecer, al que se le asigna el número 27 del Registro Electoral..

\n

ORDENANZAS MUNICIPALES:

\n

- Cantón Baños de Agua Santa: Que regula el cobro de las entradas a las piscinas municipales..

\n

- Gobierno Municipal del Cantón Carlos Julio Arosemena Tola-Napo: Que crea y regula el funcionamiento del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia.

\n

- Cantón La Libertad: Que reglamenta los recargos e impuestos adicionales a los solares no edificados y construcciones obsoletas..

\n

- Cantón Cañar: Sustitutiva a la Ordenanza que regula la administración del impuesto de patentes municipales..

\n

FE DE ERRATAS:

\n

- A la publicación de la "Ordenanza para la determinación y recaudación de los impuestos a los bienes inmuebles urbanos del cantón Milagro para el bienio 2006 - 2007", efectuada en el Registro Oficial No 197 del día viernes 27 de enero del 2006.

\n \n
\n

 

\n\n

CONGRESO NACIONAL
\n COMISION DE LEGISLACION Y CODIFICACION

\n\n

Quito, 7 de marzo del 2006
\n Ofic. 131 CLC-CN 06

\n\n

Doctor
\n Rubén Espinoza Díaz
\n DIRECTOR DEL REGISTRO OFICIAL
\n Ciudad

\n\n

Señor Director:

\n\n

De conformidad con la atribución que le otorga el número\n dos del artículo 139 de la Constitución Política\n de la República a la Comisión de Legislación\n y Codificación y una vez que se ha cumplido el trámite\n previsto en el artículo 160, adjunto al presente la Codificación\n de la LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO, para su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Atentamente:

\n\n

f.) Doctor José Chalco Quezada, Presidente de la Comisión\n de Legislación y Codificación.

\n\n

No. 2006-002

\n\n

H. CONGRESO NACIONAL

\n\n

LA COMISION DE LEGISLACION Y CODIFICACION

\n\n

Resuelve:

\n\n

EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACION DE LA
\n LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO

\n\n

Introducción

\n\n

Conforme las atribuciones que le confiere la Constitución\n Política de la República a la Comisión de\n Legislación y Codificación del H. Congreso Nacional,\n y cumplido el procedimiento establecido en el Art. 160, agotado\n el plazo constitucional y sin que se hayan formulado observaciones\n por parte de los señores Diputados, se remite al Registro\n Oficial la Codificación de la Ley Orgánica del\n Ministerio Público para su publicación.

\n\n

La Ley Orgánica del Ministerio Público, fue\n publicada en el Registro Oficial No. 26 del 19 de marzo de 1997\n y declarada con jerarquía y calidad de orgánica\n por Resolución Legislativa No. R-22-058, publicada en\n el Registro Oficial No. 280, del 8 de marzo del 2001. Sus disposiciones\n se actualizan y se sistematizan con la Constitución Política\n de la República, Código Penal, Código de\n Procedimiento Penal; Ley 2000-19, publicada en el Registro Oficial\n No. 100, del 16 de junio del 2000; Ley 2003-101, publicada en\n el Registro Oficial No. 743, del 13 de enero del 2003; Ley Orgánica\n de la Procuraduría General del Estado, codificada y publicada\n en el Registro Oficial No. 312 del 13 de abril del 2004.

\n\n

En la sistematización, debemos anotar como relevante\n lo siguiente: el inciso tercero del anterior Art. 2, se reubica\n al final del Capítulo I, como Art. 4; y, no se incluyen\n los incisos primero y segundo del artículo en referencia,\n considerando que sus disposiciones son repetitivas con las contenidas\n en los artículos 2 y 3, referentes a los deberes, atribuciones\n y la forma como se encuentra constituido el Ministerio Público.

\n\n

Con el mismo criterio, se reubica el literal e) del Art. 19\n como literal h), por considerar que los deberes y atribuciones\n generales determinados por la ley y los reglamentos para funcionarios\n e instituciones, se redactan y ubican al final de los taxativos\n deberes y atribuciones que se determinan en la ley, partiendo\n de las prácticas formales generales observadas en la legislación\n ecuatoriana.

\n\n

En el Art. 23 se mantienen únicamente las disposiciones\n que regulan las funciones y atribuciones de la Dirección\n Nacional Administrativa, sin incluir la referencia a las de tipo\n financiero, que se encuentran contenidas en el Art. 24 agregadas\n por mandato del Art. 14 de la Ley Reformatoria No. 2000-19, publicada\n en el Registro Oficial No. 100, de 16 de junio del 2000.

\n\n

En el ámbito administrativo y de recursos humanos del\n Ministerio Público, se armoniza con las regulaciones especiales\n establecidas en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera\n Administrativa y de Unificación y Homologación\n de las Remuneraciones del Sector Público, expedida el\n 6 de octubre del 2003, que fuera codificada y publicada en el\n Registro Oficial No. 16 del 12 de mayo del 2005.

\n\n

Los Capítulos VIII y IX de la Ley que se codifica,\n contienen títulos con idéntica denominación\n (Disposiciones Generales), por este motivo, se integra el articulado\n de éstos, como Capítulo VIII.

\n\n

La Disposición Transitoria Única de la Ley publicada\n en el Registro Oficial No. 26 del 19 de marzo de 1997, no se\n la incluye en razón de haberse expedido la Ley Orgánica\n de la Procuraduría General del Estado.

\n\n

Las Disposiciones Transitorias Primera y Tercera de la Ley\n Reformatoria a la Ley Orgánica del Ministerio Público,\n publicada en el Registro Oficial No. 100 del 16 de junio del\n 2000, se agregan como Transitorias Primera y Segunda; y, la Transitoria\n Segunda no se incorpora ya que esta codificación se armoniza\n con las disposiciones del Código de Procedimiento Penal\n vigente.

\n\n

Capítulo I

\n\n

Personería y funciones

\n\n

Art. 1.- El Ministerio Público es persona jurídica\n de derecho público, autónoma e independiente, en\n lo administrativo, económico y presupuestario. Tendrá\n su sede en la capital de la República.

\n\n

Art. 2.- Son deberes y atribuciones del Ministerio Público,\n que se ejercerán a través del Ministro Fiscal General,\n de los ministros fiscales de distrito y los agentes fiscales,\n de acuerdo a las normas procesales de competencia:

\n\n

a) Prevenir en el conocimiento de las causas penales, de acuerdo\n con el Código de Procedimiento Penal y demás leyes;

\n\n

b) Promover e impulsar la indagación previa y la instrucción\n fiscal si fuere del caso por delitos de acción pública\n de instancia oficial;

\n\n

c) Dirigir y promover la investigación pre-procesal\n y procesal penal, de acuerdo con el Código de Procedimiento\n Penal y demás leyes;

\n\n

d) Conducir las indagaciones previas y la investigación\n procesal penal ya sea por propia iniciativa en los delitos de\n acción pública;

\n\n

e) Intervenir en las causas penales, de acuerdo a lo prescrito\n en el Código de Procedimiento Penal y demás leyes;

\n\n

f) Emitir dictámenes en materia civil y de menores,\n cuando así lo establezcan las leyes pertinentes sobre\n la materia;

\n\n

g) Dirigir y coordinar las actuaciones de la Policía\n Judicial, en las indagaciones previas en las etapas del proceso\n penal;

\n\n

h) Establecer y reglamentar un sistema de acreditación\n de peritos, en las diferentes disciplinas;
\n i) Vigilar el funcionamiento del régimen penitenciario\n y la rehabilitación social del delincuente;

\n\n

j) Velar por la protección de las víctimas,\n testigos y otros participantes en el juicio penal;

\n\n

k) Coadyuvar en el patrocinio público, para mantener\n el imperio de la Constitución Política de la República\n y de la ley;

\n\n

l) Coordinar y dirigir la lucha contra la corrupción,\n en colaboración con la Comisión de Control Cívico\n de la Corrupción y demás entidades relacionadas\n con el tema, en el ámbito de sus competencias; y,

\n\n

m) Los demás deberes y atribuciones determinados en\n la Constitución Política de la República,\n la ley y los reglamentos.

\n\n

Art. 3.- El Ministerio Público estará constituido\n por el Ministro Fiscal General, los ministros fiscales distritales,\n los agentes fiscales, que tendrán las competencias de\n ley. Además lo integrarán el Director Nacional\n de Asesoría Jurídica, el Secretario General y demás\n funcionarios necesarios para el cumplimiento de las finalidades\n establecidas en la Constitución Política de la\n República y la ley.

\n\n

Art. 4.- La Policía Judicial estará a órdenes\n del Ministerio Público para el cumplimiento de sus funciones.

\n\n

Capítulo II

\n\n

Del Ministro Fiscal General

\n\n

Art. 5.- El Ministro Fiscal General que deberá reunir\n los mismos requisitos exigidos para ser Ministro de la Corte\n Suprema de Justicia, a excepción de los de carrera judicial,\n es la máxima autoridad y el representante legal del Ministerio\n Público.

\n\n

Art. 6.- El Ministro Fiscal General será elegido por\n el Congreso Nacional, de una terna enviada por el Consejo Nacional\n de la Judicatura, desempeñará sus funciones por\n un período de seis años y no podrá ser reelegido.

\n\n

Art. 7.- El Ministro Fiscal General cesará en sus funciones\n y quedará vacante el cargo:

\n\n

a) Por terminación del período para el cual\n fue elegido;

\n\n

b) Por muerte;

\n\n

c) Por renuncia aceptada por el Congreso Nacional; y,

\n\n

d) En los casos de destitución, abandono del cargo,\n incapacidad física o mental declarados por el Congreso\n Nacional.

\n\n

Art. 8.- Son deberes y atribuciones del Ministro Fiscal General,\n los siguientes:

\n\n

a) Ejercer la representación legal del Ministerio Público;

\n\n

b) Intervenir en los juicios penales, que por delitos de acción\n pública, se tramiten ante la Corte Suprema de Justicia;

\n\n

c) Determinar las políticas institucionales, que se\n pondrán en práctica a través de las direcciones\n nacionales y ministerios distritales;

\n\n

d) Imponer sanciones administrativas a los funcionarios y\n empleados del Ministerio Público, de acuerdo con la ley\n y reglamentos;

\n\n

e) Realizar de por sí o por delegación, en cualquier\n momento, visitas a los centros de rehabilitación social,\n penitenciaria y de detención provisional, con el fin de\n precautelar los derechos de las personas;

\n\n

f) Expedir reglamentos, instructivos, circulares y manuales\n de organización y procedimientos para el eficaz desempeño\n de las funciones del Ministerio Público;

\n\n

g) Designar a los ministros fiscales distritales y agentes\n fiscales de la entidad, previo concurso de merecimientos y oposición;\n así como a fiscales adjuntos para el despacho de las causas,\n cuando el número y la complejidad de los casos lo amerite;

\n\n

h) Nombrar a los demás funcionarios y empleados de\n la entidad;

\n\n

i) Dirigir, coordinar y controlar el desarrollo de la actividad\n investigativa y acusatoria, contra los presuntos infractores\n de la ley penal;

\n\n

j) Dirigir, coordinar y controlar las funciones de intercambio\n de la información y pruebas sobre nacionales o extranjeros\n implicados en delitos cometidos en el exterior, cuando así\n lo prevean los acuerdos y tratados internacionales;

\n\n

k) Conceder y revocar las correspondientes habilitaciones\n o acreditaciones, al personal de la Policía Judicial;

\n\n

l) Expedir en coordinación con la Policía Nacional\n los manuales de procedimiento y normas técnicas para el\n desempeño de las funciones de la Policía Judicial;

\n\n

m) Elaborar la pro forma presupuestaria de la institución\n y remitirla al Ministerio de Economía y Finanzas, para\n su aprobación e incorporación al Presupuesto General\n del Estado;

\n\n

n) Presentar proyectos de ley en las materias que correspondan\n a las atribuciones específicas del Ministerio Fiscal General;

\n\n

o) Presentar al Congreso Nacional, el informe anual de labores\n del Ministerio Público; y,

\n\n

p) Expedir y mantener actualizado el Reglamento Orgánico\n Funcional del Ministerio Público.

\n\n

Capítulo III

\n\n

De la Dirección Nacional de Asesoría

\n\n

Art. 9.- La Dirección Nacional de Asesoría,\n estará conformada por el Director General y el cuerpo\n de asesores. El Director General deberá reunir los requisitos\n exigidos para desempeñar las funciones de Ministro Fiscal\n General, debiendo subrogar al mismo, en los casos previstos en\n el artículo 7 de esta Ley, o de ausencia temporal o definitiva,\n hasta que se nombre al titular.

\n\n

Los asesores deberán tener título universitario\n o politécnico y serán nombrados por el Ministro\n Fiscal General, previo concurso de oposición y méritos.

\n\n

Art. 10.- Son atribuciones y funciones de la Dirección\n Nacional de Asesoría:

\n\n

a) Presentar al Ministro Fiscal General, los informes requeridos\n en los procesos que ingresen al Ministerio Fiscal General, sobre\n temas que correspondan a la entidad, o de aquellos que siendo\n externos lo afecten;

\n\n

b) Planificar y organizar las asesorías requeridas\n por las demás dependencias de la institución;

\n\n

c) Recopilar, actualizar y sistematizar la legislación\n atinente al Ministerio Público y difundirla a los distritos;

\n\n

d) Elaborar y presentar estudios jurídicos en materia\n penal; y,

\n\n

e) Las demás que le sean asignadas por el Ministro\n Fiscal General, en forma directa, o a través de la Secretaría\n General del Ministerio Público y que guarden relación\n con la naturaleza jurídica de la dependencia.

\n\n

Capítulo IV

\n\n

De la Secretaría General

\n\n

Art. 11.- Para ser Secretario General se requiere ser ecuatoriano,\n estar en ejercicio de los derechos políticos, tener título\n de doctor en jurisprudencia o abogado de los tribunales de justicia.

\n\n

Art. 12.- Son funciones del Secretario General:

\n\n

a) Dar fe de las actuaciones judiciales y resoluciones administrativas\n del Ministro Fiscal General;

\n\n

b) Responder del mantenimiento y la custodia de los archivos\n a su cargo;

\n\n

c) Autenticar las copias de los documentos que expida el Ministerio\n Público;

\n\n

d) Dirigir y controlar el funcionamiento de las dependencias\n que conforman la Secretaría General;

\n\n

e) Notificar de acuerdo a la ley y los reglamentos los actos\n del Ministro Fiscal General;
\n f) Preparar los estudios e informes que le sean encomendados\n por el Ministro Fiscal General;

\n\n

g) Emitir disposiciones administrativas, tendientes al cumplimiento\n de las instrucciones emanadas por el Ministro Fiscal General;

\n\n

h) Coordinar las actividades de las unidades administrativas\n del Ministerio Público, conforme a las instrucciones impartidas\n por el Ministro Fiscal General;

\n\n

i) Ejecutar el plan estratégico de la institución,\n elaborado por el Ministro Fiscal General;

\n\n

j) Organizar el Ministerio Público para el cumplimiento\n de sus deberes y atribuciones; y,

\n\n

k) Los demás deberes y atribuciones que le correspondan,\n de conformidad con las leyes y reglamentos.

\n\n

Capítulo V

\n\n

De los ministros fiscales distritales

\n\n

Art. 13.- En cada distrito habrá un ministro fiscal,\n que durará seis años en el ejercicio de sus funciones,\n contados a partir de la fecha de posesión de su cargo,\n será nombrado por el Ministro Fiscal General, de acuerdo\n al artículo 8, literal g) de esta Ley y deberá\n reunir los requisitos exigidos para ser ministro juez de corte\n superior de justicia, a excepción de los de carrera judicial.

\n\n

Art. 14.- Los ministros fiscales distritales podrán\n ser removidos por el Ministro Fiscal General en base de expediente\n con derecho de defensa pero, en todo caso, su resolución\n deberá ser motivada y fundamentada en faltas graves o\n en repetidas faltas menores, o en infracciones incurridas en\n el ejercicio del cargo por parte del afectado, o en situaciones\n o actuaciones personales de éste que desmerezcan, notoriamente,\n su condición para el ejercicio de la Fiscalía.

\n\n

Art. 15.- En caso de ausencia o falta temporal de un ministro\n fiscal distrital, le subrogará el funcionario del Ministerio\n Público que designe el Ministro Fiscal General. El subrogante\n deberá reunir los mismos requisitos exigidos para el titular.

\n\n

Art. 16.- Sin perjuicio de su responsabilidad ante la justicia,\n los ministros fiscales distritales, responderán por sus\n actuaciones ante el Ministro Fiscal General.

\n\n

Art. 17.- Son deberes y atribuciones de los ministros fiscales\n distritales:

\n\n

a) Supervigilar la conducción de las indagaciones previas\n y la investigación procesal penal, que realicen los agentes\n fiscales de su distrito, de conformidad con la ley;

\n\n

b) Informar semestralmente, o cuando éste lo solicite,\n al Ministro Fiscal General, sobre el cumplimiento de sus funciones;

\n\n

c) Intervenir como parte en las causas penales que se sustancien\n en la corte superior de su distrito, por delitos de acción\n pública;

\n\n

d) Promover y disponer que se instaure en los juzgados respectivos\n la acción penal correspondiente por delitos de acción\n pública;

\n\n

e) Ordenar que las víctimas, testigos, o cualquiera\n de los intervinientes en la investigación preprocesal\n o procesal, cuya vida o seguridad personal se halle en peligro,\n ingresen de modo inmediato al Programa de Protección,\n de acuerdo con el reglamento respectivo; y,

\n\n

f) Los demás deberes y atribuciones que les correspondan\n de conformidad con la ley y sus reglamentos.

\n\n

Capítulo VI

\n\n

De los agentes fiscales

\n\n

Art. 18.- Los agentes fiscales serán nombrados por\n el Ministro Fiscal General, debiendo reunir los mismos requisitos\n exigidos para los jueces de lo penal y durarán seis años\n en sus funciones contados a partir de la fecha de posesión\n de su cargo.

\n\n

Art. 19.- Corresponde a los agentes fiscales los siguientes\n deberes y atribuciones:

\n\n

a) Conducir las indagaciones previas y la investigación\n procesal con el apoyo de la Policía Judicial;

\n\n

b) Investigar por delegación del ministro fiscal de\n distrito, las quejas que formulen los particulares contra los\n agentes de la Policía Judicial;

\n\n

c) Cumplir las comisiones que le encomendaren el Ministro\n Fiscal General y los ministros fiscales del distrito;

\n\n

d) Informar trimestralmente al ministro fiscal del distrito,\n sobre el cumplimiento de sus funciones;

\n\n

e) Intervenir como parte en los juicios que por infracciones\n de acción pública se sustancien en la judicatura\n que se les asigne;

\n\n

f) Promover e impulsar la acción penal por delitos\n de acción pública en los juzgados de lo penal,\n de tránsito y fiscal del distrito al que pertenecen;

\n\n

g) Intervenir de acuerdo con la ley en las investigaciones\n de tráfico ilegal de estupefacientes; y,

\n\n

h) Ejercer los demás deberes y atribuciones determinados\n por la ley y los reglamentos.

\n\n

Art. 20.- Los agentes fiscales podrán ser removidos\n de sus cargos por el Ministro Fiscal General, previo sumario\n administrativo, en caso de culpa grave o infracción en\n el cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las acciones\n civiles y penales a que hubiere lugar.

\n\n

Los agentes fiscales que dilataren el conocimiento de las\n causas y la emisión de su dictamen, provocando como consecuencia\n la caducidad de la prisión preventiva, serán sancionados\n con la remoción ipso jure definitiva de su cargo, sin\n perjuicio de la imposición de una multa de diez mil dólares\n de los Estados Unidos de América y las demás acciones\n civiles y penales que adopte el Ministro Fiscal General en su\n contra, o en su caso, aquellas acciones propias del acusador\n particular perjudicado.

\n\n

Art. 21.- Los agentes fiscales responderán por sus\n actos administrativos ante el Ministro Fiscal del correspondiente\n distrito.

\n\n

Art. 22.- En los lugares donde no hubieren agentes fiscales,\n el ministro fiscal del distrito nombrará promotores fiscales,\n para cuya designación se preferirá doctores en\n jurisprudencia o abogados o en su defecto a ciudadanos de reconocida\n honestidad y probidad.

\n\n

Capítulo VII

\n\n

De las unidades de apoyo

\n\n

Art. 23.- La Dirección Nacional Administrativa, tendrá\n las siguientes funciones:

\n\n

a) Asesorar al Ministro Fiscal General, en la formulación\n de políticas, normas y procedimientos para la administración\n de recursos materiales del Ministerio Público;

\n\n

b) Dirigir y controlar los procesos administrativos de la\n entidad en todos los niveles;

\n\n

c) Disponer la prestación de servicios administrativos\n de acuerdo a la ley y reglamentos; y,

\n\n

d) Las demás funciones que le sean asignadas por el\n Ministro Fiscal General y que guarden relación con la\n naturaleza de la dependencia.

\n\n

Art. 24.- La Dirección Nacional Financiera, tendrá\n las siguientes funciones:

\n\n

a) Elaborar el presupuesto del Ministerio Público y\n disponer la prestación de servicios financieros, de acuerdo\n a la ley y reglamentos;

\n\n

b) Asesorar al Ministro Fiscal General, en la formulación\n de políticas, normas y procedimientos para el manejo de\n los recursos financieros del Ministerio Público;

\n\n

c) Administrar los recursos materiales del Ministerio Público,\n durante el proceso de adquisición, distribución\n y adecuada utilización de los mismos;

\n\n

d) Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios\n de la Institución; y,

\n\n

e) Los demás deberes y atribuciones que le correspondan,\n de conformidad con las leyes y reglamentos.

\n\n

Art. 25.- La Dirección de Recursos Humanos, tendrá\n las siguientes funciones:

\n\n

a) Asesorar al Ministro Fiscal General en la formulación\n de políticas, normas y procedimientos del personal de\n la administración del Ministerio Público;

\n\n

b) Planear, organizar y controlar las actividades relacionadas\n con la administración de recursos humanos del Ministerio\n Público;

\n\n

c) Responder por la organización y las facilidades\n que se den a quienes colaboren en la integración de los\n tribunales de concurso con el fin de garantizar su asistencia;\n y,

\n\n

d) Las demás funciones que sean asignadas por el Ministro\n Fiscal General que guarden relación con la naturaleza\n de esta dependencia.

\n\n

Capítulo VIII

\n\n

Disposiciones generales

\n\n

Art. 26.- La Policía Judicial estará a las órdenes\n de los ministros y agentes del Ministerio Público para\n las diligencias de indagación previa y procesales penales.\n En general la Fuerza Pública prestará el auxilio\n que solicite el Ministerio Público para el cumplimiento\n de sus funciones.

\n\n

Art. 27.- El Ministerio Público garantizará\n la intervención de la defensa de los imputados o procesados,\n en las indagaciones previas y las investigaciones procesales\n por delitos de acción pública, quienes deberán\n ser citados y notificados para los efectos de intervenir en las\n diligencias probatorias y aportar pruebas de descargo, cualquier\n actuación que viole esta disposición carecerá\n de eficacia probatoria.

\n\n

Art. 28.- El Ministro Fiscal General y los ministros fiscales\n distritales, gozarán en las causas penales de fuero de\n Corte Suprema.

\n\n

Art. 29.- Los agentes fiscales, gozarán en las causas\n penales de fuero de corte superior.

\n\n

Art. 30.- Los funcionarios y empleados del Ministerio Público\n están impedidos del libre ejercicio profesional de la\n abogacía, mientras permanezcan en el desempeño\n de sus cargos.

\n\n

Art. 31.- Quien hubiere sido destituido de su cargo en el\n Ministerio Público, no podrá volver a ejercer durante\n dos años función alguna en el sector público,\n conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica de Servicio Civil\n y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación\n de las Remuneraciones del Sector Público.

\n\n

Art. 32.- Los sueldos y demás remuneraciones de los\n funcionarios y empleados del Ministerio Público, serán\n los mismos que perciban los empleados y funcionarios de la Función\n Judicial, en iguales categorías y grados determinados\n en las leyes y reglamentos de estas dependencias.

\n\n

Art. 33.- El Ministerio Público es un organismo autónomo,\n para su funcionamiento económico, se le asignarán\n los recursos suficientes de los ingresos corrientes del Presupuesto\n General del Estado.

\n\n

Del cinco por mil producto de la contratación pública\n que perciba la Procuraduría General del Estado, el dos\n por mil será destinado al Ministerio Público.

\n\n

Art. 34.- Créase bajo la dirección y coordinación\n de la Fiscalía General, el programa de protección\n a testigos, víctimas y demás participantes en el\n proceso, y funcionarios de la Fiscalía, mediante el cual\n se le otorgará protección y asistencia, a dichas\n personas, su cónyuge o conviviente en unión de\n hecho y parientes hasta el cuarto grado de consaguinidad y segundo\n de afinidad, cuando se encuentren en riesgo sus vidas o integridad\n personales, por causa o con ocasión de la intervención\n en procesos penales.

\n\n

Art. 35.- Créase igualmente bajo la dirección\n y coordinación del Fiscal General el Sistema Nacional\n de Medicina Legal y Ciencias Forenses que contará con\n la ayuda de organismos gubernamentales y no gubernamentales que\n establezca de manera técnica y científica procedimientos\n estandarizados para la práctica de la pericia médico\n legal.

\n\n

Art. 36.- El Ministro Fiscal General celebrará convenios\n con instituciones públicas y privadas del país,\n que fueren necesarias para el mejor funcionamiento del Ministerio\n Público.

\n\n

Art. 37.- Los honorarios cobrados por los peritos que intervengan\n en las correspondientes experticias, se ceñirán\n a las leyes de su respectivo ejercicio y serán pagados\n por el Estado. En caso de condena en costas se incluirá\n el valor de dichos honorarios, los cuales serán revertidos\n al Estado.

\n\n

Art. 38.- Quienes desempeñen los cargos de Ministro\n Fiscal General, ministros fiscales distritales en reemplazo de\n los inicialmente designados durarán en sus funciones hasta\n completar el período de los que fueron originalmente nombrados.

\n\n

Capítulo IX

\n\n

Disposiciones transitorias

\n\n

PRIMERA.- El Ministro Fiscal, requerirá de los organismos\n de control y de la Agencia de Garantía de Depósitos,\n los informes que fueren necesarios para la investigación\n de los delitos referentes al sistema financiero y, dará\n a conocer a la opinión pública sobre la colaboración,\n tanto técnica como legal, prestada a sus requerimientos.

\n\n

SEGUNDA.- A partir del 16 de junio del 2000, fecha de publicación\n de la Ley Reformatoria No. 2000-19, promulgada en el Registro\n Oficial No. 100, se convocará a concurso de merecimientos\n y oposición para proveer los cargos de todos los ministros\n fiscales distritales y agentes fiscales, cuyos nombramientos\n hayan sido otorgados sin cumplir tal exigencia legal.

\n\n

Capítulo X
\n Disposición final

\n\n

UNICA.- Esta Ley, sus reformas y derogatorias entraron en\n vigencia desde las fechas de las respectivas publicaciones en\n el Registro Oficial.

\n\n

En adelante cítese la nueva numeración.

\n\n

Esta Codificación fue elaborada por la Comisión\n de Legislación y Codificación, de acuerdo con lo\n dispuesto en el número 2 del Art. 139 de la Constitución\n Política de la República.

\n\n

Cumplidos los presupuestos del Art. 160 de la Constitución\n Política de la República, publíquese en\n el Registro Oficial.

\n\n

Quito, 7 de marzo de 2006.

\n\n

f.) Dr. José Chalco Quezada, Presidente

\n\n

f.) Dr. José Vásquez Castro, Vicepresidente.

\n\n

f.) Dr. Italo Ordóñez Vásquez, Vocal.

\n\n

f.) Dr. Carlos Duque Carrera, Vocal.

\n\n

f.) Dra. Marigloria Cornejo Cousin, Vocal.

\n\n

Certifico.

\n\n

f.) Dra. Ximena Velasteguí Ayala, Secretaria de la\n Comisión de Legislación y Codificación.

\n\n

FUENTES DE LA CODIFICACION DE LA
\n LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO

\n\n

1.- Constitución Política de la República.

\n\n

2.- Ley s/n, publicada en el Registro Oficial No. 26, de 19\n de marzo de 1997.

\n\n

3.- Fe de Erratas, publicada en el Registro Oficial No. 30,\n de 25 de marzo de 1997.

\n\n

4.- Ley No. 91, publicada en el Registro Oficial No. 335,\n de 9 de junio de 1998.

\n\n

5.- Ley No. 2000-19, publicada en el Registro Oficial No.\n 100, de 16 de junio del 2000.

\n\n

6.- Resolución del H. Congreso Nacional No. R-22-058,\n publicada en el Registro Oficial No. 280, de 8 de marzo del 2001.

\n\n

7.- Ley No. 2003-101, publicada en el Registro Oficial No.\n 743, de 13 de enero del 2003.

\n\n

8.- Codificación de la Ley Orgánica de Servicio\n Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación\n de las Remuneraciones del Sector Público, publicada en\n el Registro Oficial No. 16 del 12 de mayo del 2005.

\n\n

9.- Ley Orgánica de la Procuraduría General\n del Estado, Codificación publicada en el Registro Oficial\n No. 312 de 13 de abril del 2004.

\n\n

CONCORDANCIAS DE LA CODIFICACION DE
\n LA LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO

\n\n

* Disposiciones Transitorias de la Ley No. 2000-19, publicada\n en el Registro Oficial No. 100, de 16 de junio del 2000.

\n\n

PRESIDENCIA DEL
\n CONGRESO NACIONAL

\n\n

Quito, 29 de marzo del 2006
\n Oficio No. 0429-PCN

\n\n

Doctor
\n Vicente Napoleón Dávila García
\n Director del Registro Oficial
\n Su despacho. ¬

\n\n

Señor Director:

\n\n

Para la publicación en el Registro Oficial, de conformidad\n con lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución\n Política de la República, remito a usted copia\n certificada del texto de la LEY REFORMATORIA A LA LEY SOBRE DISCAPACIDADES,\n CODIFICADA, que el Congreso Nacional del Ecuador discutió,\n aprobó y se allanó, a la objeción parcial\n del señor Presidente Constitucional de la República;\n así como también copia autógrafa de la Resolución\n No. R-26-107, aprobada por el Congreso Nacional en sesión\n de 28 de marzo del 2006.

\n\n

Adjunto también la Certificación del señor\n Secretario General del Congreso Nacional, sobre las fechas de\n los respectivos debates.

\n\n

Atentamente,

\n\n

f.) Dr. Wilfrido Lucero Bolaños, Presidente del Congreso\n Nacional.

\n\n

EL CONGRESO NACIONAL
\n DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

\n\n

CERTIFICACION

\n\n

Quien suscribe, Secretario General del Congreso Nacional del\n Ecuador, certifica que el proyecto de LEY REFORMATORIA A LA LEY\n SOBRE DISCAPACIDADES, CODIFICADA, fue discutido, aprobado y allanado\n a la objeción parcial del señor Presidente Constitucional\n de la República, de la siguiente manera:

\n\n

PRIMER DEBATE: 21-09-2005

\n\n

SEGUNDO DEBATE: 01-03-2006

\n\n

ALLANAMIENTO A LA
\n OBJECION PARCIAL: 28-03-2006

\n\n

Quito, 29 de marzo del 2006.

\n\n

f.) Dr. John Argudo Pesántez.

\n\n


\n
No. 2006-38

\n\n

EL CONGRESO NACIONAL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que la Constitución Política de la República\n en su artículo 23, numeral 3, establece la igualdad ante\n la ley, y los derechos que gozarán todas las personas\n con discapacidad;

\n\n

Que la Constitución Política de la República\n en su artículo 47, establece la atención prioritaria,\n preferente y especializada de las personas con discapacidad;

\n\n

Que el artículo 50 de la Constitución Política\n de la República, en el numeral 3, establece las medidas\n que aseguren las garantías en relación a la atención\n preferente para su plena integración social, a los que\n tengan discapacidad;

\n\n

Que el artículo 53 de la Constitución Política\n de la República en sus incisos segundo y tercero, determina\n como deber del Estado, establecer medidas que garanticen a las\n personas con discapacidad, la utilización de bienes y\n servicios, especialmente en las áreas de salud, educación,\n capacitación, inserción laboral y recreación;\n y, medidas que eliminen las barreras de comunicación,\n así como las urbanísticas, arquitectónicas\n y de accesibilidad al trasporte que dificulten su movilización;\n

\n\n

Las personas con discapacidad tendrán tratamiento preferente,\n en la obtención de créditos, exenciones y rebajas\n tributarias, de conformidad con la ley;

\n\n

Que es importante el permitir y apoyar a las personas con\n discapacidad de movilidad reducida el que puedan acceder al beneficio\n de la importación de vehículos ortopédicos\n para facilitar su movilización; y,

\n\n

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,\n expide la siguiente:

\n\n

LEY REFORMATORIA A LA LEY SOBRE DISCAPACIDADES, CODIFICADA

\n\n

Art. 1.- Sustitúyese el primer inciso del artículo\n 23, por el siguiente texto:

\n\n

"Art. 23.- Vehículos ortopédicos y no ortopédicos.-\n La importación de vehículos ortopédicos\n y no ortopédicos destinados al traslado de personas con\n discapacidad, sin consideración de su edad, deberá\n ser autorizada por el Consejo Nacional de Discapacidades y gozará\n de las exoneraciones a las que se refiere el artículo\n anterior, en los siguientes casos:

\n\n

a) En caso de vehículos ortopédicos, cuando\n se destinen y vayan a ser conducidos por personas con discapacidad\n o movilidad reducida que no pueden emplear otra clase de vehículos;\n

\n\n

b) Cuando se destinen para el traslado de personas, sin consideración\n de su edad, con discapacidad gravemente afectada o de movilidad\n reducida, que no puedan conducir por sus propios medios; vehículos\n que serán conducidos exclusivamente por personas debidamente\n autorizadas y certificadas por el Consejo Nacional de Discapacidades.\n El vehículo a importarse podrá ser de hasta 3 años\n anteriores al modelo de la fecha de autorización. La persona\n discapacitada beneficiaria de este derecho, podrá importar\n por una sola vez, a no ser que justifique debidamente la necesidad\n de beneficiarse de una nueva importación; y,

\n\n

c) Las personas que no sean padre o madre del beneficiario\n de la importación del vehículo, ortopédico\n y no ortopédico, se sujetarán a lo dispuesto en\n el TITULO XVII, DE LAS TUTELAS Y CURADURIAS EN GENERAL, del Código\n Civil ecuatoriano, vigente, observando, también, lo dispuesto\n en el literal anterior.".

\n\n

Artículo Final.- La presente Ley Reformatoria, entrará\n en vigencia a partir de su publicación en el Registro\n Oficial.
\n Dada, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional, el veintiocho de\n marzo del año dos mil seis.

\n\n

f.) Dr. Wilfrido Lucero Bolaños, Presidente.

\n\n

f.) Dr. John Argudo Pesántez, Secretario General.

\n\n

CONGRESO NACIONAL.- CERTIFICO: Que la copia que antecede es\n igual a su original que reposa en los archivos de la Secretaría\n General.- Día: 30-03-06.- Hora: 11h10.- f.) Ilegible.-\n Secretaría General.

\n\n

No. R-26-107

\n\n

EL CONGRESO NACIONAL

\n\n

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,

\n\n

Resuelve:
\n En aplicación a lo dispuesto en el artículo 153\n de la Constitución Política de la República,\n DECLARAR que la Disposición General constante en la objeción\n parcial al Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley sobre Discapacidades,\n del señor Presidente Constitucional de la República,\n doctor Alfredo Palacio, mediante oficio No. T.1181-SGJ-06-13279\n de 9 de marzo del 2006, no se la remitirá al Registro\n Oficial para su publicación, por cuanto el Parlamento\n no puede ni allanarse a la objeción, ni ratificar el texto,\n toda vez que el mismo no fue parte del proyecto aprobado por\n el Congreso Nacional, enviado al Ejecutivo para su sanción\n u objeción.

\n\n

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional del Ecuador, a los\n veintiocho días del mes de marzo del año dos mil\n seis.

\n\n

f.) Dr. Wilfrido Lucero Bolaños, Presidente.

\n\n

f.) Dr. John Argudo Pesántez, Secretario General.

\n\n

PRESIDENCIA DEL
\n CONGRESO NACIONAL

\n\n

Quito, 29 de marzo del 2006
\n Oficio No. 0430-PCN

\n\n

Doctor
\n Vicente Napoleón Dávila García
\n Director del Registro Oficial
\n Su Despacho.¬

\n\n

Señor Director:

\n\n

Para la publicación en el Registro Oficial, de conformidad\n con lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución\n Política de la República, remito a usted copia\n certificada del texto de la LEY REFORMATORIA AL CODIGO DEL TRABAJO,\n que el Congreso Nacional del Ecuador discutió, aprobó,\n ratificó en parte su texto original y se allanó\n en otra, a la objeción parcial del señor Presidente\n Constitucional de la República.

\n\n

Adjunto también la certificación del señor\n Secretario General del Congreso Nacional, sobre las fechas de\n los respectivos debates.

\n\n

Atentamente,

\n\n

f.) Dr. Wilfredo Lucero Bolaños, Presidente del Congreso\n Nacional.

\n\n

EL CONGRESO NACIONAL
\n DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

\n\n

CERTIFICACION

\n\n

Quien suscribe, Secretario General del Congreso Nacional del\n Ecuador, certifica que el proyecto de LEY REFORMATORIA AL CODIGO\n DEL TRABAJO, fue discutido, aprobado, ratificado en parte en\n su texto original y allanado en otra, a la objeción parcial\n del señor Presidente Constitucional de la República,\n de la siguiente manera:

\n\n

PRIMER DEBATE: 13-11-2003

\n\n

SEGUNDO DEBATE: 16-03-2004; y,
\n 21 y 22-02-2006

\n\n

ALLANAMIENTO Y
\n RATIFICACION 28-03-2006

\n\n

Quito, 29 de marzo del 2006.

\n\n

f.) Dr. John Argudo Pesántez.

\n\n

 

\n\n

No.\n 2006-39

\n\n

EL CONGRESO NACIONAL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que se halla en vigencia el Código de la Niñez\n y Adolescencia, publicado en el Registro Oficial No. 737 del\n 3 de enero del 2003, una vez que ha transcurrido el plazo de\n ciento ochenta días previsto en su artículo final;

\n\n

Que el mencionado Código, fundado en los principios\n del interés superior y la protección integral de\n los niños, niñas y adolescentes, contiene disposiciones\n relativas al trabajo en relación de dependencia, como\n la edad mínima para el trabajo y la capacidad legal de\n los adolescentes que han cumplido quince años para suscribir\n contratos de trabajo, la jornada máxima de trabajo y los\n trabajos prohibidos para los adolescentes, la obligatoriedad\n de celebrar contrato escrito para el trabajo de adolescentes,\n la remuneración mínima del aprendiz, la sustitución\n de los Tribunales de Menores por los Jueces de la Niñez\n y Adolescencia, y las sanciones que se impondrán a quienes\n violen sus disposiciones sobre el trabajo de adolescentes, entre\n otros aspectos;

\n\n

Que es necesario reformar el Código del Trabajo con\n el propósito de que sus disposiciones guarden concordancia\n con las normas del Código de la Niñez y Adolescencia,\n especialmente de los artículos 81 al 93, a fin de evitar\n confusiones en la aplicación de las normas y amparo de\n sus derechos laborales; y,

\n\n

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,\n expide la siguiente:

\n\n

LEY REFORMATORIA AL CODIGO DEL TRABAJO

\n\n

Art. 1.- En el artículo 19, inclúyese como literal\n k), el siguiente:
\n "k) Los que se celebren con adolescentes que han cumplido\n quince años, incluidos los de aprendizaje; y,".

\n\n

El actual literal k) pasa a ser literal l), con el mismo contenido.

\n\n

Art. 2.- En el artículo 20, añádanse\n los siguientes incisos:

\n\n

"En el caso que el empleador no cumpliere con la obligación\n señalada en el inciso anterior, respecto de los contratos\n celebrados con los adolescentes que se señalan en el literal\n k) del artículo anterior, será sancionado por los\n Directores Regionales de Trabajo con el máximo de la pena\n prevista en el artículo 628 de este Código, sin\n perjuicio de su obligación de registrarlo. El adolescente\n podrá solicitar por sí mismo tal registro.
\n En caso de no haberse celebrado contrato escrito, el adolescente\n podrá probar la relación laboral por cualquier\n medio, inclusive con el juramento deferido.

\n\n

Siempre que una persona se beneficie del trabajo de un adolescente,\n se presume, para todos los efectos legales, la existencia de\n una relación laboral.".

\n\n

Art. 3.- Sustitúyese el artículo 35, por el\n siguiente:

\n\n

"Art. 35.- Quienes pueden contratar.- Son hábiles\n para celebrar contratos de trabajo todos los que la Ley reconoce\n con capacidad civil para obligarse. Sin embargo, los adolescentes\n que han cumplido quince años de edad tienen capacidad\n legal para suscribir contratos de trabajo, sin necesidad de autorización\n alguna y recibirán directamente su remuneración".

\n\n

Art. 4.- Sustitúyese el artículo 134, por el\n siguiente:

\n\n

"Art. 134.- Prohibición del trabajo de niños,\n niñas y adolescentes.- Prohíbese toda clase de\n trabajo, por cuenta ajena, a los niños, niñas y\n adolescentes menores de quince años. El empleador que\n viole esta prohibición pagará al menor de quince\n años el doble de la remuneración, no estará\n exento de cumplir con todas las obligaciones laborales y sociales\n derivadas de la relación laboral, incluidas todas las\n prestaciones y beneficios de la seguridad social, y será\n sancionado con el máximo de la multa prevista en el artículo\n 95 del Código de la Niñez y Adolescencia, y con\n la clausura del establecimiento en caso de reincidencia.

\n\n

Las autoridades administrativas, jueces y empleadores observarán\n las normas contenidas en el TITULO V, del LIBRO I del Código\n de la Niñez y Adolescencia, en especial respecto a la\n erradicación del trabajo infantil, los trabajos formativos\n como prácticas culturales, los derechos laborales y sociales,\n así como las medidas de protección de los niños,\n niñas y adolescentes contra la explotación laboral.".

\n\n

Art. 5.- En el artículo 135, efectúense las\n siguientes reformas:

\n\n

a) Luego de la palabra: "...contrataren", añádese:\n "mayores de quince años y"; además, sustitúyese:\n "...instrucción primaria", por: "instrucción\n básica"; y,
\n b) Agréguense los siguientes incisos:

\n\n

"Ningún menor dejará de concurrir a recibir\n su instrucción básica, y si el empleador por cualquier\n razón o medio obstaculiza su derecho a la educación\n o induce al adolescente a descuidar, desatender o abandonar su\n formación educativa, será sancionado por los Directores\n Regionales de Trabajo o por los Inspectores del Trabajo en las\n jurisdicciones en donde no existan Directores Regionales, con\n el máximo de la multa señalada en el artículo\n 95 del Código de la Niñez y Adolescencia.

\n\n

Toda persona que conociere de la infracción señalada\n anteriormente, está en la obligación de poner en\n conocimiento de la autoridad respectiva.".

\n\n

Art. 6.- Sustitúyese el artículo 136, por el\n siguiente:

\n\n

"Art. 136.- Límite de la jornada de trabajo y\n remuneración de los adolescentes.- El trabajo de los adolescentes\n que han cumplido quince años, no podrá exceder\n de seis horas diarias y de treinta horas semanales y, se organizará\n de manera que no limite el efectivo ejercicio de su derecho a\n la educación.

\n\n

Para efectos de su remuneración, se aplicarán\n las disposiciones establecidas en el artículo 119 del\n Código del Trabajo.".

\n\n

Art. 7.- Sustitúyese el artículo 138, por el\n siguiente:

\n\n

"Art. 138.- Trabajos prohibidos a menores.- Se prohíbe\n ocupar a mujeres y varones menores de dieciocho años en\n industrias o tareas que sean consideradas como peligrosas e insalubres,\n las que serán puntualizadas en un reglamento especial\n que será elaborado por el Consejo Nacional de la Niñez\n y Adolescencia, en coordinación con el Comité Nacional\n para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil-CONEPTI,\n de acuerdo a lo previsto en el Código de la Niñez\n y Adolescencia y los convenios internacionales ratificados por\n el país.
\n Se prohíbe las siguientes formas de trabajo:

\n\n

1. Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas\n a la esclavitud, como la venta y el tráfico de niños,\n la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y\n el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso\n u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos\n armados;

\n\n

2. La utilización, el reclutamiento o la oferta de\n niños para la prostitución, la producción\n de pornografía o actuaciones pornográficas y trata\n de personas;

\n\n

3. La utilización o la oferta de niños para\n la realización de actividades ilícitas en particular\n la producción y el tráfico de estupefacientes,\n tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes;\n y,

\n\n

4. El trabajo que por su naturaleza o por las condiciones\n en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud,\n la seguridad o la moralidad de los niños, como en los\n casos siguient

 

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