Registro Oficial. 24 de OCTUBRE del 2003

Viernes, 24 de octubre de 2003

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE OCTUBRE DEL 2003
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Viernes, 24 de Octubre del 2003 - R. O. No. 197

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR
\n
FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

ACUERDOS:

\n\n

MINISTERIO\n DE OBRAS PÚBLICAS:

\n\n

085 Delégase al señor\n Subsecretario de la provincia del Guayas, para que suscriba el\n Convenio de Ocupación y Uso de Derecho de Vía para\n la Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones\n a celebrarse con la Compañía PACIFICTEL S.A \n

\n\n

MINISTERIO\n DE RELACIONES
\n EXTERIORES:

\n\n

Convención\n de las Naciones Unidas contra\n la Delincuencia Organizada Transnacional

\n\n

TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL SEGUNDA SALA

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

0045-2003-HD Confirmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de hábeas\n data propuesta por la señora Greta Consuelo Uriarte Castro\n y otros

\n\n

0052-2003-HD\n Confirmase la\n resolución venida en grado y niégase la acción\n de hábeas data propuesta por el doctor Julio César\n Vizcarra Velasteguí

\n\n

0063-2003-HC\n Confirmase la\n resolución venida en grado y niégase la acción\n de hábeas corpus propuesta a favor de la señora\n María Rosario Morocho Usicagua

\n\n

0070-03-HC Confirmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de hábeas\n corpus interpuesta a favor de la señora Silvia Ayala,\n por improcedente

\n\n

149-2003-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y deséchase la acción de amparo\n propuesta por el doctor Joffre Octavio Coello Proaño

\n\n

0156-2003-RA Revócase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por el ingeniero Carlos Stael Proaño

\n\n

0257-03-RA Confirmase la resolución\n llegada en grado y denegase el amparo constitucional planteado\n por el doctor César Augusto Aguirre Torres

\n\n

273-2003-RA Confirmase la resolución\n adoptada por el Juez de instancia y deséchase por improcedente\n el amparo solicitado por María Granja Hidalgo

\n\n

0277-03-RA Confirmase la resolución\n llegada en grado y deniégase el amparo constitucional\n solicitado por Ignacio Jesús Vargas GilI

\n\n

0288-03-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por el doctor Hartman Enrique Tamay Ochoa, por ser improcedente

\n 0309-03-RA Revócase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por el señor Vicente Alberto Quito Guiracocha y otro

\n\n

0326-03-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo\n propuesta por el ingeniero Wagner Estuardo Velásquez Pérez,\n por ser improcedente

\n\n

ORDENANZA\n MUNICIPAL:

\n\n

-\n Cantón Daule:\n Reformatoria a la Ordenanza de constitución de la Empresa\n Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Catón Daule\n (EMAPA- Daule).\n

\n \n
\n

 

\n\n

No. 085

\n\n

EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y
\n COMUNICACIONES

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 049 de 3 de julio de\n 2000, publicado en el Registro Oficial No. 118 de 12 de julio\n de 2000, se expidió la normatividad atinente a la ocupación\n y uso de las franjas subyacentes dentro del derecho de vía\n de los caminos públicos, para realizar instalaciones y/o\n colocar ductos por parte de personas naturales o jurídicas\n interesadas, que cumplan con los requisitos establecidos y sean\n debidamente autorizadas por el MOP para tal efecto;

\n\n

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 0016 de 19 de abril\n de 2002, publicado en el Registro Oficial No. 566 de 30 de abril\n de 2002, se emite reformas al Acuerdo Ministerial 049, en las\n que se incluyen ciertas aclaraciones para su mejor aplicación;

\n\n

Que, el Art.8 del Reglamento Orgánico Funcional del\n MOP, establece las facultades y atribuciones del señor\n Ministro; y,

\n\n

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 179 numeral\n 6) de la Constitución Política de la República,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1. Delegar al señor Subsecretario de Obras Públicas\n y Comunicaciones de la provincia del Guayas, para que a nombre\n y en representación del Ministro de Obras Públicas\n y Comunicaciones, bajo su responsabilidad legal, suscriba el\n Convenio de Ocupación y Uso del Derecho de Vía\n para la Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones,\n a celebrarse con la Compañía PACIFICTEL SA., acorde\n a las normas previstas en el Acuerdo Ministerial 049 reformado.

\n\n

Art. 2. El mencionado funcionario, mantendrá informado\n a los señores Ministro y Director General de Obras Públicas,\n sobre el cumplimiento o incumplimiento del referido convenio.

\n\n

Art. 3. Dejar sin efecto el Acuerdo Ministerial de delegación\n No. 0037 de 25 de julio de 2002.

\n\n

Art. 4. De la ejecución del presente acuerdo que entrará\n en vigencia a partir de su publicación en el Registro\n Oficial, encárguese el Subsecretario de Obras Públicas\n del Guayas.

\n\n

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, Distrito\n Metropolitano, a 15 de octubre de 2003.

\n\n

f.) Ing. Estuardo Peñaherrera Gallegos, Ministro de\n Obras Públicas y Comunicaciones.

\n\n

MINISTERIO\n DE RELACIONES
\n EXTERIORES

\n\n

CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA\n LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
\n TRANSNACIONAL

\n\n

Artículo 1

\n\n

Finalidad

\n\n

El propósito de la presente Convención es promover\n la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente\n la delincuencia organizada transnacional.

\n\n

Artículo 2

\n\n

Definiciones

\n\n

Para los fines de la presente Convención:

\n\n

a) Por "grupo delictivo organizado" se entenderá\n un grupo estructurado de tres o más personas que exista\n durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con\n el propósito de cometer uno o más delitos graves\n o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención\n con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico\n u otro beneficio de orden material;

\n\n

b) Por "delito grave" se entenderá la conducta\n que constituya un delito punible con una privación de\n libertad máxima de al menos cuatro años o con una\n pena más grave;

\n\n

c) Por "grupo estructurado" se entenderá\n un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata\n de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a\n sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad\n en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada;

\n\n

d) Por "bienes" se entenderá los activos\n de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles,\n tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales\n que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos;

\n\n

e) Por "producto del delito" se entenderá\n los bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa\n o indirectamente de la comisión de un delito;

\n\n

f) Por "embargo preventivo" o "incautación"\n se entenderá la prohibición temporal de transferir,\n convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control\n temporales de bienes por mandamiento expedido por un Tribunal\n u otra autoridad competente;

\n\n

g) Por "decomiso" se entenderá la privación\n con carácter definitivo de bienes por decisión\n de un Tribunal o de otra autoridad competente;

\n\n

h) Por "delito determinante" se entenderá\n todo delito del que se derive un producto que pueda pasar a constituir\n materia de un delito definido en el articulo 6 de la presente\n Convención:

\n\n

i) Por "entrega vigilada" se entenderá la\n técnica consistente en dejar que remesas ilícitas\n o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados,\n lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo\n la supervisión de sus autoridades competentes, con el\n fin de investigar delitos e identificar a las personas involucradas\n en la comisión de éstos; y,

\n\n

j) Por "organización regional de integración\n económica" se entenderá una organización\n constituida por Estados soberanos de una región determinada,\n a la que sus Estados miembros han transferido competencia en\n las cuestiones regidas por la presente Convención y que\n ha sido debidamente facultada, de conformidad con sus procedimientos\n internos, para firmar, ratificar, aceptar o aprobar la Convención\n o adherirse a ella; las referencias a los "Estados Parte"\n con arreglo a la presente Convención se aplicarán\n a esas organizaciones dentro de los límites de su competencia.

\n\n

Artículo 3

\n\n

Ámbito de aplicación

\n\n

1. A menos que contenga una disposición en contrario,\n la presente Convención se aplicará a la prevención,\n la investigación y el enjuiciamiento de:

\n\n

a) Los delitos tipificados con arreglo a los artículos\n 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención; y,

\n\n

b) Los delitos graves que se definen en el artículo\n 2 de la presente Convención, cuando esos delitos sean\n de carácter transnacional y entrañen la participación\n de un grupo delictivo organizado.

\n\n

2. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo,\n el delito será de carácter transnacional si:

\n\n

a) Se comete en más de un Estado;

\n\n

b) Se comete dentro de un solo Estado pero una parte sustancial\n de su preparación, planificación, dirección\n o control se realiza en otro Estado;

\n\n

c) Se comete dentro de un solo Estado pero entraña\n la participación de un grupo delictivo organizado que\n realiza actividades delictivas en más de un Estado; o,\n

\n\n

d) Se comete en un solo Estado pero tiene efectos sustanciales\n en otro Estado.

\n\n

Artículo 4

\n\n

Protección de la soberanía

\n\n

1. Los Estados Parte cumplirán sus obligaciones con\n arreglo a la presente Convención en consonancia con los\n principios de igualdad soberana e integridad territorial de los\n Estados, así como de no intervención en los asuntos\n internos de otros Estados.

\n\n

2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará\n a un Estado Parte para ejercer, en el territorio de otro Estado,\n jurisdicción o funciones que el derecho interno de ese\n Estado reserve exclusivamente a sus autoridades.

\n\n

Articulo 5

\n\n

Penalización de la participación en un grupo\n delictivo organizado

\n\n

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas\n y de otra índole que sean necesarias para tipificar como\n delito, cuando se cometan intencionalmente:

\n\n

a) Una de las conductas siguientes, o ambas, como delitos\n distintos de los que entrañen el intento o la consumación\n de la actividad delictiva:

\n\n

i) El acuerdo con una o más personas de cometer un\n delito grave con un propósito que guarde relación\n directa o indirecta con la obtención de un beneficio económico\n u otro beneficio de orden material y, cuando así lo prescriba\n el derecho interno, que entrañe un acto perpetrado por\n uno de los participantes para llevar adelante ese acuerdo o que\n entrañe la participación de un grupo delictivo\n organizado.

\n\n

ii) La conducta de toda persona que, a sabiendas de la finalidad\n y actividad delictiva general de un grupo delictivo organizado\n o de su intención de cometer los delitos en cuestión,\n participe activamente en:

\n\n

a. Actividades ilícitas del grupo delictivo organizado;\n y,

\n\n

b. Otras actividades del grupo delictivo organizado, a sabiendas\n de que su participación contribuirá al logro de\n la finalidad delictiva antes descrita; y,

\n\n

b) La organización, dirección, ayuda, incitación,\n facilitación o asesoramiento en aras de la comisión\n de un delito grave que entrañe la participación\n de un grupo delictivo organizado.

\n\n

2. El conocimiento, la intención, la finalidad, el\n propósito o el acuerdo a que se refiere el párrafo\n 1 del presente artículo podrán inferirse de circunstancias\n fácticas objetivas.

\n\n

3. Los Estados Parte cuyo derecho interno 'requiera la participación\n de un grupo'delictivo organizado'pára la penalización\n de los delitos tipificados con arreglo al inciso i) del apartado\n a) del párrafo 1 del presente articulo velarán\n por que su derecho interno comprenda todos los delitos graves\n que entrañen la participación de grupos delictivos\n organizados. Esos Estados Parte, así como los Estados\n Parte cuyo derecho interno requiera la comisión de un\n acto que tenga por objeto llevar adelante el acuerdo concertado\n con el propósito de cometer los delitos tipificados con\n arreglo al inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del\n presente articulo, lo notificarán al Secretario General\n de las Naciones Unidas en el momento de la firma o del depósito\n de su instrumento de ratificación, aceptación o\n aprobación de la presente Convención o de adhesión\n a ella.

\n\n

Articulo 6

\n\n

Penalización del blanqueo del producto del delito

\n\n

1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los\n principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas\n y de otra índole que sean necesarias para tipificar como\n delito, cuando se cometan intencionalmente:

\n\n

a) i) La conversión o la transferencia de bienes, a\n sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con el\n propósito de ocultar o disimular el origen ilícito\n de los bienes' o ayudar a cualquier persona involucrada en la\n comisión del delito determinante a eludir las consecuencias\n jurídicas de sus actos.

\n\n

ii) La ocultación o disimulación de la verdadera\n naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento\n o propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos,\n a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito; y,

\n\n

b) Con sujeción a los conceptos básicos de su\n ordenamiento jurídico:

\n\n

i) La adquisición, posesión o utilización\n de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepción,\n de que son producto del delito.

\n\n

ii) La participación en la comisión de cualesquiera\n de los delitos tipificados con arreglo al presente artículo,\n así como la asociación y la confabulación\n para cometerlos, el intento de cometerlos, y la ayuda, la incitación,\n la facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión.

\n\n

2. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica\n del párrafo 1 del presente artículo:

\n\n

a) Cada Estado Parte velará por aplicar el párrafo\n 1 del presente artículo a la gama más amplia posible\n de delitos determinantes;

\n\n

b) Cada Estado Parte incluirá como delitos determinantes\n todos los delitos graves definidos en el articulo 2 de la presente\n Convención y los delitos tipificados con arreglo a los\n artículos 5, 8 y 23 de la presente Convención.\n Los Estados Parte cuya legislación establezca una lista\n de delitos determinantes incluirán entre éstos,\n como mínimo, una amplia gama de delitos relacionados con\n grupos delictivos organizados;

\n\n

c) A los efectos del apartado b), los delitos determinantes\n incluirán los delitos cometidos tanto dentro corno fuera\n de la jurisdicción del Estado Parte interesado. No obstante,\n los delitos cometidos fuera de la jurisdicción de un Estado\n Parte constituirán delito determinante siempre y cuando\n el acto correspondiente sea delito con arreglo al derecho interno\n del Estado en que se haya cometido y constitúyese asimismo\n delito con arreglo al derecho interno del Estado Parte que aplique\n o ponga en práctica el presente artículo si el\n delito se hubiese cometido allí;

\n\n

d) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General\n de las Naciones Unidas una copia de sus leyes destinadas a dar\n aplicación al presente artículo y de cualquier\n enmienda ulterior que se haga a tales leyes o una descripción\n de ésta;

\n\n

e) Si así lo requieren los principios fundamentales\n del derecho interno de un Estado Parte, podrá disponerse\n que los delitos tipificados en el párrafo 1 del presente\n artículo no se aplicarán a las personas que hayan\n cometido el delito determinante; y,

\n\n

f) El conocimiento, la intención o la finalidad que\n se requieren como elemento de un delito tipificado en el párrafo\n 1 del presente articulo podrán inferirse de circunstancias\n fácticas objetivas.

\n\n

Articulo 7

\n\n

Medidas para combatir el blanqueo de dinero

\n\n

1. Cada Estado Parte:

\n\n

a) Establecerá un amplio régimen interno de\n reglamentación y supervisión de los bancos y las\n instituciones financieras no bancarias y, cuando proceda, de\n otros órganos situados dentro de su jurisdicción\n que sean particularmente susceptibles de utilizarse para el blanqueo\n de dinero a fin de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo\n de dinero, y en ese régimen se hará hincapié\n en los requisitos relativos a la identificación del cliente,\n el establecimiento de registros y la denuncia de las transacciones\n sospechosas; y,

\n\n

b) Garantizará, sin perjuicio de la aplicación\n de los artículos 18 y 27 de la presente Convención,\n que las autoridades de administración, reglamentación\n y cumplimiento de la ley y demás autoridades encargadas\n de combatir el blanqueo de dinero (incluidas, cuando sea pertinente\n con arreglo al derecho interno, las autoridades judiciales),\n sean capaces de cooperar e intercambiar información a\n nivel nacional e internacional de conformidad con las condiciones\n prescritas en el derecho interno y, a tal fin, considerará\n la posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia\n financiera que sirva de centro nacional de recopilación,\n análisis y difusión de información sobre\n posibles actividades de blanqueo de dinero.

\n\n

2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de\n aplicar medidas viables para detectar y vigilar el movimiento\n transfronterizo de efectivo y de títulos negociables pertinentes,\n con sujeción a salvaguardias que garanticen la debida\n utilización de la información y sin restringir\n en modo alguno la circulación de capitales lícitos.\n Esas medidas podrán incluir la exigencia de que los particulares\n y las entidades comerciales notifiquen las transferencias transfronterizas\n de cantidades elevadas de efectivo y de títulos negociables\n pertinentes.

\n\n

3. Al establecer un régimen interno de reglamentación\n y supervisión con arreglo al presente artículo\n y sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otro articulo de\n la presente Convención, se insta a los Estados Parte a\n que utilicen como guía las iniciativas pertinentes de\n las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales\n de lucha contra el blanqueo de dinero.

\n\n

4. Los Estados Parte se esforzarán por establecer y\n promover la cooperación a escala mundial, regional, subregional\n y bilateral entre las autoridades judiciales, de cumplimiento\n de la ley y de reglamentación financiera a fin de combatir\n el blanqueo de dinero.

\n\n

Artículo 8

\n\n

Penalización de la corrupción

\n\n

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas\n y de otra índole que sean necesarias para tipificar como\n delito, cuando se cometan intencionalmente:

\n\n

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un\n funcionario público, directa o indirectamente, de un beneficio\n indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona\n o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o\n se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales;\n y,

\n\n

b) La solicitud o aceptación por un funcionario público,\n directa o indirectamente, de un beneficio' indebido que redunde\n en su propio provecho ó en el de otra persona o entidad,\n con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga\n de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales.

\n\n

2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de\n adoptar las medidas legislativas y de otra índole que\n sean necesarias para tipificar como delito los actos a que se\n refiere el párrafo 1 del presente articulo cuando esté\n involucrado en ellos un funcionario público extranjero\n o un funcionario internacional. Del mismo modo, cada Estado Parte\n considerará la posibilidad de tipificar como delito otras\n formas de corrupción.

\n\n

3. Cada Estado Parte adoptará también las medidas\n que sean necesarias para tipificar como delito la participación\n como cómplice en un delito tipificado con arreglo al presente\n articulo.

\n\n

4. A los efectos del párrafo 1 del presente articulo\n y del artículo 9 de la presente Convención, por\n "funcionario público" se entenderá todo\n funcionario público o persona que preste un servicio público\n conforme a la definición prevista en el derecho interno\n y a su aplicación con arreglo al derecho penal del Estado\n Parte en el que dicha persona desempeñe esa función.

\n\n

Artículo 9

\n\n

Medidas contra la corrupción

\n\n

1. Además de las medidas previstas en el artículo\n 8 de la presente Convención, cada Estado Parte, en la\n medida en que proceda y sea compatible con su ordenamiento jurídico,\n adoptará medidas eficaces de carácter legislativo,\n administrativo o de otra índole para promover la integridad\n y para prevenir, detectar y castigar la corrupción de\n funcionarios públicos.

\n\n

2. Cada Estado Parte adoptará medidas encaminadas a\n garantizar la intervención eficaz de sus autoridades con\n miras a prevenir, detectar y castigar la corrupción de\n funcionarios públicos, incluso dotando a dichas autoridades\n de suficiente independencia para disuadir del ejercicio de cualquier\n influencia indebida en su actuación.

\n\n

Artículo 10

\n\n

Responsabilidad de las personas jurídicas

\n\n

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean\n necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos,\n a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas\n por participación en delitos graves en que esté\n involucrado un grupo delictivo organizado, así como por\n los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5,\n 6, 8 y 23 de la presente Convención.

\n\n

2. Con sujeción a los principios jurídicos del\n Estado P'arte, la responsabilidad de las personas jurídicas\n podrá ser de índole penal, civil o administrativa.

\n\n

3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de\n la responsabilidad penal que incumba a las personas naturales\n que hayan perpetrado los delitos.

\n\n

4. Cada Estado Parte velará en particular por que se\n impongan sanciones penales o no penales eficaces, proporcionadas\n y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las personas\n jurídicas consideradas responsables con arreglo al presente\n artículo.

\n\n

Artículo 11

\n\n

Proceso, fallo y sanciones

\n\n

1. Cada Estado Parte penalizará la comisión\n de los delitos tipificados con arreglo a los artículos\n 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención con sanciones que\n tengan en cuenta la gravedad de esos delitos.

\n\n

2. Cada Estado Parte velará por que se ejerzan cualesquiera\n facultades legales discrecionales de que disponga conforme a\n su derecho interno en relación con el enjuiciamiento de\n personas por los delitos comprendidos en la presente Convención\n a fin de dar máxima eficacia a las medidas adoptadas para\n hacer cumplir la ley respecto de esos delitos, teniendo debidamente\n en cuenta la necesidad de prevenir su comisión.

\n\n

3. Cuando se trate de delitos tipificados con arreglo a los\n artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención,\n cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad\n con su derecho interno y tomando debidamente en consideración\n los derechos de la defensa, con miras a procurar que al imponer\n condiciones en relación con la decisión de conceder\n la libertad en espera de juicio o la apelación se tenga\n presente la necesidad de garantizar la comparecencia del acusado\n en todo procedimiento penal ulterior.

\n\n

4. Cada Estado Parte velará por que sus tribunales\n u otras autoridades competentes tengan presente la naturaleza\n grave de los delitos comprendidos en la presente Conversión\n al considerar la eventualidad de conceder la libertad anticipada\n o la libertad condicional a personas que hayan sido declaradas\n culpables de tales delitos.

\n\n

5. Cada Estado Parte establecerá, cuando proceda, con\n arreglo a su derecho interno, up plazo de prescripción\n prolongado dentro del cual pueda iniciarse el proceso por cualquiera\n de los delitos comprendidos en la pre-sente Convención\n y un plazo mayor cuando el presunto delincuente haya eludido\n la administración de justicia.

\n\n

6. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará\n al principio de que la descripción de los delitos tipificados\n con arreglo a ella y de los medios jurídicos de defensa\n aplicables o demás principios jurídicos que informan\n la legalidad de una conducta queda reservada al derecho interno\n de los Estados Parte y de que esos delitos han de ser perseguidos\n y sancionados de conformidad con ese derecho.

\n\n

Artículo 12

\n\n

Decomiso e incautación

\n\n

1. Los Estados Parte adoptarán, en la medida en que\n lo permita su ordenamiento jurídico interno, las medidas\n que sean necesarias para autorizar el decomiso:

\n\n

a) Del producto de los delitos comprendidos en la presente\n Convención o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho\n producto; y,

\n\n

b) De los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o\n destinados a ser utilizados en la comisión de los delitos\n comprendidos en la presente Convención.

\n\n

2. Los Estados Parte adoptarán las medidas que sean\n necesarias para permitir la identificación, la localización,\n el embargo preventivo o la incautación de cualquier bien\n a que se refiera el párrafo 1 del presente artículo\n con miras a su eventual decomiso.

\n\n

3. Cuando el producto del delito se haya transformado o convertido\n parcial o totalmente en otros bienes, esos bienes podrán\n ser objeto de las medidas aplicables a dicho producto a tenor\n del presente artículo.

\n\n

4. Cuando el producto del delito se haya mezclado con bienes\n adquiridos de fuentes lícitas, esos bienes podrán,\n sin menoscabo de cualquier otra facultad de embargo preventivo\n o incautación, ser objeto de decomiso hasta el valor estimado\n del producto entremezclado.

\n\n

5. Los ingresos u otros beneficios derivados del producto\n del delito, de bienes en los que se haya transformado o convertido\n el producto del delito o de bienes con los que se haya entremezclado\n el producto del delito también podrán ser objeto\n de las medidas previstas en el presente artículo, de la\n misma manera y en el mismo grado que el producto del delito.

\n\n

6. Para los fines del presente articulo y del artículo\n 13 de la presente Convención, cada Estado Parte facultará\n a sus tribunales u otras autoridades competentes para ordenar\n la presentación o la incautación de documentos\n bancarios, financieros o comerciales. Los Estados Parte no podrán\n negarse a aplicar las disposiciones del presente párrafo\n amparándose en el secreto bancario.

\n\n

7. Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad\n de exigir a un delincuente que demuestre el origen lícito\n del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos\n a decomiso, en la medida en que ello sea conforme con los principios\n de su derecho interno y con la índole del proceso judicial\n u otras actuaciones conexas.

\n\n

8. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán\n en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

\n\n

9. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará\n al principio de que las medidas en él previstas se definirán\n y aplicarán de conformidad con el derecho interno de los\n Estados Parte y con sujeción a éste.

\n\n

Artículo 13

\n\n

Cooperación internacional para fines de decomiso

\n\n

1. Los Estados Parte que reciban una solicitud de otro Estado\n Parte que tenga jurisdicción para conocer de un delito\n comprendido en la presente Convención con miras al decomiso\n del producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos\n mencionados en el párrafo 1 del artículo 12 de\n la presente Convención que se encuentren en su territorio\n deberán, en la mayor medida en que lo permita su ordenamiento\n jurídico interno:

\n\n

a) Remitir la solicitud a sus autoridades competentes para\n obtener una orden de decomiso a la que, en caso de concederse,\n darán cumplimiento; o,

\n\n

b) Presentar a sus autoridades competentes, a fin de que se\n le dé cumplimiento en el grado solicitado, la orden de\n decomiso expedida por un Tribunal situado en el territorio del\n Estado Parte requirente de conformidad con lo dispuesto en el\n párrafo 1 del artículo 12 de la presente Convención\n en la medida en que guarde relación con el producto del\n delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados\n en el párrafo 1 del artículo 12 que se encuentren\n en el territorio del Estado Parte requerido.

\n\n

2. A raíz de una solicitud presentada por otro Estado\n Parte que tenga jurisdicción para conocer de un delito\n comprendido en la presente Convención, el Estado Parte\n requerido adoptará medidas encaminadas a la identificación,\n la localización y el embargo preventivo o la incautación\n del producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos\n mencionados en el párrafo 1 del articulo 12 de la presente\n Convención con miras a su eventual decomiso, que habrá\n de ordenar el Estado Parte requirente o, en caso de que medie\n una solicitud presentada con arreglo al párrafo 1 del\n presente artículo, el Estado Parte requerido.

\n\n

3. Las disposiciones del artículo 18 de la presente\n Convención serán aplicables mutatis mutandis al\n presente artículo. Además de la información\n indicada en el párrafo 15 del artículo 18, las\n solicitudes presentadas de conformidad con el presente artículo\n contendrán lo siguiente:

\n\n

a) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado a)\n del párrafo 1 del presente articulo, una descripción\n de los bienes susceptibles de decomiso y una exposición\n de los hechos en que se basa la solicitud del Estado Parte requirente\n que sean lo suficientemente explícitas para que el Estado\n Parte requerido pueda tramitar la orden con arreglo a su derecho\n interno;

\n\n

b) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado b)\n del párrafo 1 del presente articulo, una copia admisible\n en derecho de la orden de decomiso expedida por el Estado Parte\n requirente en la que se basa la solicitud, una exposición\n de los hechos y la información que proceda sobre el grado\n de ejecución que se solicita dar a la orden; y,

\n\n

c) Cuando se trate de una solicitud relativa al párrafo\n 2 del presente artículo, una exposición de los\n hechos en que se basa el Estado Parte requirente y una descripción\n de las medidas solicitadas,

\n\n

4. El Estado Parte requerido adoptará las decisiones\n o medidas previstas en los párrafos 1 y 2 del presente\n artículo conforme y con sujeción a lo dispuesto\n en su derecho interno y en sus reglas de procedimiento o en los\n tratados, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales por\n los que pudiera estar vinculado al Estado Parte requirente.

\n\n

5. Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General\n de las Naciones Unidas una copia de sus leyes y reglamentos destinados\n a dar aplicación al presente artículo y de cualquier\n enmienda ulterior que se haga a tales leyes y reglamentos o una\n descripción de ésta.

\n\n

6. Si un Estado Parte opta por supeditar la adopción\n de las medidas mencionadas en los párrafos 1 y 2 del presente\n artículo a la existencia de un tratado pertinente, ese\n Estado Parte considerará la presente Convención\n como la base de derecho necesaria y suficiente para cumplir ese\n requisito.

\n\n

7. Los Estados Parte podrán denegar la cooperación\n solicitada con arreglo al presente articulo si el delito al que\n se refiere la solicitud no es un delito comprendido en la presente\n Convención.

\n\n

8. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán\n en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

\n\n

9. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de\n celebrar tratados, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales\n con miras a aumentar la eficacia de la cooperación internacional\n prestada con arreglo al presente articulo.

\n\n

Artículo 14

\n\n

Disposición del producto del delito o de los bienes\n decomisados

\n\n

1. Los Estados Parte dispondrán del producto del delito\n o de los bienes que hayan decomisado con arreglo al artículo\n 12 o al párrafo 1 del artículo 13 de la presente\n Convención de conformidad con su derecho interno y sus\n procedimientos administrativos.

\n\n

2. Al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado\n Parte con arreglo al articulo 13 de la presente Convención,\n los Estados Parte, en la medida en que lo permita su derecho\n interno y de ser requeridos a hacerlo, darán consideración\n prioritaria a la devolución del producto del delito o\n de los bienes decomisados al Estado Parte requirente a fin de\n que éste pueda indemnizar a las victimas del delito o\n devolver ese producto del delito o esos bienes a sus propietarios\n legítimos.

\n\n

3. Al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado\n Parte con arreglo a los artículos 12 y 13 de la presente\n Convención, los Estados Parte podrán considerar\n en particular la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos\n en el sentido de:

\n\n

a) Aportar el valor de dicho producto del delito o de dichos\n bienes, o los fondos derivados de la venta de dicho producto\n o de dichos bienes o una parte de esos fondos, a la cuenta designada\n de conformidad con lo dispuesto en el apartado e) del párrafo\n 2 del articulo 30 de la presente Convención y a organismos\n intergubernamentales especial izados en la lucha contra la delincuencia\n organizada; y,

\n\n

b) Repartirse con Otros Estados Parte, sobre la base de un\n criterio general o definido para cada caso, ese producto del\n delito o esos bienes, o los fondos derivados de la venta de ese\n producto o de esos bienes, de conformidad con su derecho interno\n o sus procedimientos administrativos.

\n\n

Artículo 15

\n\n

Jurisdicción

\n\n

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean\n necesarias para establecer su jurisdicción respecto de\n los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5,\n 6, 8 y 23 de la presente Convención cuando:

\n\n

a) El delito se cometa en su territorio; o,

\n\n

b) El delito se corneta a bordo de un buque que enarbole su\n pabellón o de una aeronave registrada conforme a sus leyes\n en el momento de la comisión del delito.

\n\n

2. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo\n 4 de la presente Convención, un Estado Parte también\n podrá establecer su jurisdicción para conocer de\n tales delitos cuando:

\n\n

a) El delito se cometa contra uno de sus nacionales;

\n\n

b) El delito sea cometido por uno de sus nacionales o por\n una persona apátrida que tenga residencia habitual en\n su territorio; o,

\n\n

c) El delito:

\n\n

i) Sea uno de los delitos tipificados con arreglo al párrafo\n 1 del artículo 5 de la presente Convención y se\n corneta fuera de su territorio con miras a la comisión\n de un delito grave dentro de su territorio.

\n\n

ii) Sea uno de los delitos tipificados con arreglo al inciso\n u) del apartado b) del párrafo 1 del artículo 6\n de la presente Convención y se corneta fuera de su territorio\n con miras a la comisión, dentro de su territorio, de un\n delito tipificado con arreglo a los incisos u) o u) del apartado\n a) o al inciso u) del apartado b) del párrafo 1 del artículo\n 6 de la presente Convención.

\n\n

3. A los efectos del párrafo 10 del artículo\n 16 de la presente Convención, cada Estado Parte adoptará\n las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción\n respecto de los delitos comprendidos en la presente Convención\n cuándo el presunto delincuente se encuentre en su territorio\n y el Estado Parte no lo extradite por el solo hecho de ser uno\n de sus nacionales.

\n\n

4. Cada Estado Parte podrá también adoptar las\n medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción\n respecto de los delitos comprendidos en la presente Convención\n cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio\n y el Estado Parte no lo extradite.

\n\n

5. Si un Estado Parte que ejerce su jurisdicción con\n arreglo a los párrafos 1 ó 2 del presente artículo\n ha recibido notificación, o tomado conocimiento por otro\n conducto, de que otro u otros Estados Parte están realizando\n una investigación, un proceso o una actuación judicial\n respecto de los mismos hechos, las autoridades competentes de\n esos Estados Parte se consultarán, según proceda,\n a fin de coordinar sus medidas.

\n\n

6. Sin perjuicio de las normas del derecho internacional general,\n la presente Convención no excluirá el ejercicio\n de las competencias penales establecidas por los Estados Parte\n de conformidad con su derecho interno.

\n\n

Artículo 16

\n\n

Extradición

\n\n

1. El presente articulo se aplicará a los delitos comprendidos\n en la presente Convención o a los casos en que un delito\n al que se hace referencia en los apartados a) o b) del párrafo\n 1 del artículo 3 entrañe la participación\n de un grupo delictivo organizado y la persona que es objeto de\n la solicitud de extradición se encuentre en el territorio\n del Estado Parte requerido, siempre y cuando el delito por el\n que se pide la extradición sea punible con arreglo al\n derecho interno del Estado Parte requirente y del Estado Parte\n requerido.

\n\n

2. Cuando la solicitud de extradición se base en varios\n delitos graves distintos, algunos de los cuales no estén\n comprendidos en el ámbito del presente artículo,\n el Estado Parte requerido podrá aplicar el presente artículo\n también respecto de estos últimos delitos.

\n\n

3. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente\n artículo se considerará incluido entre los delitos\n que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición\n vigente entre los Estados Parte. Los Estados Parte se comprometen\n a incluir tales delitos como casos de extradición en todo\n tratado de extradición que celebren entre sí.

\n\n

.4. Si un Estado Parte que supedita la extradición\n a la existencia de un tratado recibe una solicitud de extradición\n de otro Estado. Parte con el que no lo vincula ningún\n tratado de extradición, podrá considerar la presente\n Convención como la base jurídica de la extradición\n respecto de los delitos a los que se aplica el presente articulo.

\n\n

5. Los Estados Parte que supediten la extradición a\n la existencia de un tratado deberán:

\n\n

a) En el momento de depositar su instrumento de ratificación,\n aceptación o aprobación de la presente Convención\n o de adhesión a ella, informar al Secretario General de\n las Naciones Unidas de si considerarán o no la presente\n Convención como la base jurídica de la cooperación\n en materia de extradición en sus relaciones con otros\n Estados Parte en la presente Convención; y,

\n\n

b) Si no consideran la presente Convención como la\n base jurídica de la cooperación en materia de extradición,\n esforzarse, cuando proceda, por celebrar tratados de extradición\n con otros Estados Parte en la presente Convención a fin\n de aplicar el presente artículo.

\n\n

6. Los Estados Parte que no supediten la extradición\n a la existencia de un tratado reconocerán los delitos\n a los que se aplica el presente artículo como casos de\n extradición entre ellos.

\n\n

7. La extradición estará sujeta a las condiciones\n previstas en el derecho interno del Estado Parte requerido o\n en los tratados de extradición aplicables, incluidas,\n entre otras, las relativas al requisito de una pena mínima\n para la extradición y a los motivos por los que el Estado\n Parte requerido puede denegar la extradición.

\n\n

8. Los Estados Parte, de conformidad con su derecho interno,\n procurarán agilizar los procedimientos de extradición\n y simplificar' los requisitos probatorios correspondientes con\n respecto a cualquiera de los delitos a los que se aplica el presente\n articulo.

\n\n

9. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus\n tratados de extradición, el Estado Parte requerido podrá,\n tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican\n y tienen carácter urgente, y a solicitud del Estado Parte\n requirente, proceder a la detención de la persona presente\n en su territorio cuya extradición se pide o adoptar otras\n medidas adecuadas para garantizar la comparecencia de esa persona\n en los procedimientos de extradición.

\n\n

10. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre un presunto\n delincuente, si no lo extradita respecto de un delito al que\n se aplica el presente artículo por el solo hecho de ser\n uno de sus nacionales, estará obligado, previa solicitud\n del Estado Parte que pide la extradición, a someter el\n caso sin demora injustificada a sus autoridades competentes a\n efectos de enjuiciamiento. Dichas autoridades adoptarán\n su decisión y llevarán a cabo sus actuaciones judiciales\n de la misma manera en que lo harían respecto de cualquier\n otro delito de carácter grave con arreglo al derecho interno\n de ese Estado Parte. Los Estados Parte interesados cooperarán\n entre sí, en particular en lo que respecta a los aspectos\n procesales y probatorios, con miras a garantizar la eficiencia\n de dichas actuaciones.

\n\n

11. Cuando el derecho interno de un Estado Parte le permita\n conceder la extradición o, de algún otro modo,\n la entrega de uno de sus nacionales sólo a condición\n de que esa persona sea devuelta a ese Estado Parte para cumplir\n la condena que le haya sido impuesta corno resultado del juicio\n o proceso por el que se haya solicitado la extradición\n o la entrega, y cuando ese Estado Parte y el Estado Parte que\n solicite la extradición acepten esa opción, así\n como otras condiciones que estimen apropiadas, esa extradición\n o entrega condicional será suficiente para que quede cumplida\n la obligación enunciada en el párrafo 10 del presente\n articulo.

\n\n

12. Si la extradición solicitada con el propósito\n de que se cumpla una condena es denegada por el hecho de que\n la persona buscada es nacional del Estado Parte requerido, éste,\n si su derecho interno lo permite y de conformidad con los requisitos\n de dicho derecho, considerará, previa solicitud del Estado\n Parte requirente, la posibilidad de hacer cumplir la condena\n impuesta o el resto pendiente de dicha condena con arreglo al\n derecho interno del Estado Parte requirente.

\n\n

13. En todas las etapas de las actuaciones se garantizará\n un trato justo a toda persona contra la que se haya iniciado\n una instrucción en relación con cualquiera de los\n delitos a los que se aplica el presente artículo, incluido\n el goce de todos los derechos y garantías previstos por\n el derecho interno del Estado Parte en cuyo territorio se encuentre\n esa persona.

\n\n

14. Nada de lo dispuesto en la presente Convención\n podrá interpretarse como la imposición de una obligación\n de extraditar si el Estado Parte requerido tiene motivos justificados\n para presumir que la solicitud se ha presentado con el fin de\n perseguir o castigar a una persona por razón de su sexo,\n raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opiniones\n políticas o que su cumplimiento ocasionaría perjuicios\n a la posición de esa persona por cualquiera de estas razones.

\n\n

15. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud\n de extradición únicamente porque se considere que\n el delito también entraña cuestiones tributarias.

\n\n

16. Antes de denegar la extradición, el Estado Parte\n requerido, cuando proceda, consultará al Estado Parte\n requirente para darle amplia oportunidad de presentar sus opiniones\n y de proporcionar información pertinente a su alegato.

\n\n

17. Los Estados Parte procurarán celebrar acuerdos\n o arreglos bilaterales y multilaterales para llevar a cabo la\n extradición o aumentar su eficacia.

\n\n

Artículo 17

\n\n

Traslado de personas condenadas a cumplir una pena

\n\n

Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad\n de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales\n sobre el traslado a su territorio de toda persona que haya sido\n condenada a pena de prisión o a otra pena de privación\n de libertad por algún delito comprendido en la presente\n Convención a fin de que complete allí su condena.

\n\n

Artículo 18

\n\n

Asistencia judicial recíproca

\n\n

1. Los Estados Parte se prestarán la más amplia\n asistencia judicial recíproca respecto de investigaciones,\n procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos\n comprendidos en la presente Convención con arreglo a lo\n dispuesto en el articulo 3 y se prestarán también\n asistencia de esa índole cuando el Estado Parte requirente\n tenga motivos razonables para sospechar que el delito a que se\n hace referencia en los apartados a) o b) del párrafo 1\n del articulo 3 es de carácter transnacional, así\n como que las víctimas, los testigos, el producto, los\n instrumentos o las pruebas de esos delitos se encuentran en el\n Estado Parte requerido y que el delito entraña la participación\n de un grupo delictivo organizado.

\n\n

2. Se prestará asistencia judicial recíproca\n en la mayor medida posible conforme a las leyes, tratados, acuerdos\n y arreglos pertinentes del Estado Parte requerido con respecto\n a investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados\n con los delitos de los que una persona jurídica pueda\n ser considerada'responsable de conformidad con el artículo\n 10 de la presente Convención en el Estado Parte requirente.

\n\n

3. La asistencia judicial recíproca que se preste de\n conformidad con el presente artículo podrá solicitarse\n para cualquiera de los fines siguientes:

\n\n

a) Recibir testimonios o tomar declaración a personas;

\n\n

b) Presentar documentos judiciales;

\n\n

c) Efectuar inspecciones e incautaciones y embargos preventivos;

\n\n

d) Examinar objetos y lugares;

\n\n

e) Facilitar información, elementos de prueba y evaluaciones\n de peritos;

\n\n

f) Entregar originales o copias certificadas de los documentos\n y expedientes pertinentes, incluida la documentación pública,\n bancaria y financiera, así como la documentación\n social o comercial de sociedades mercantiles;

\n\n

g) Identificar o localizar el producto del delito, los bienes,\n los instrumentos u otros elementos con fines probatorios;

\n\n

h) Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el\n Estado Parte requirente; e,

\n\n

i) Cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho\n interno del Estado Parte requerido.

\n\n

4. Sin menoscabo del derecho interno, las autoridades competentes\n de un Estado Parte podrán, sin que se les solicite previamente,\n transmitir información relativa a cuestiones penales a\n una autoridad competente de otro Estado Parte si creen que esa\n información podría ayudar a la autoridad a emprender\n o concluir con éxito indagaciones y procesos penales o\n podría dar lugar a una petición formulada por este\n último Estado Parte con arreglo a la presente Convención.

\n\n

5. La transmisión de información con arreglo\n al párrafo 4 del presente artículo se hará\n sin perjuicio de las indagaciones y procesos penales que tengan\n lugar en el Estado de las autoridades competentes que facilitan\n la información. Las autoridades competentes que reciben\n la información deberán acceder a toda solicitud\n de que se respete su carácter confidencial, incluso temporalmente,\n o de que se impongan restricciones a su utilización. Sin\n embargo, ello no obstará para que el Estado Parte receptor\n revele, en sus actuaciones, información que sea exculpatoria\n de una persona acusada. En tal caso, el Estado Parte receptor\n notificará al Estado Parte transmisor antes de revelar\n dicha información y, si así se le solícita,\n consultará al Estado Parte transmisor. Si, en un caso\n excepcional, no es posible notificar con antelación, el\n Estado Parte receptor informará sin demora al Estado Parte\n transmisor de dicha revelación.

\n\n

6. Lo dispuesto en el presente artículo no afectará\n a las obligaciones dimanantes de otros tratados bilaterales o\n multilaterales vigentes o futuros que rijan, total o parcialmente,\n la asistencia judicial recíproca.

\n\n

7. Los párrafos 9 a 29 del presente artículo\n se aplicarán a las solicitudes que se formulen con arreglo\n al presente artículo siempre que no medie entre los Estados\n Parte interesados un tratado de asistencia judicial recíproca.\n Cuando esos Estados Parte estén vinculados por un tratado\n de esa índole se aplicarán las disposiciones correspondientes\n de dicho tratado, salvo que los Estados Parte convengan en aplicar,\n en su lugar, los párrafos 9 a 29 del presente articulo.\n Se insta encarecidamente a los Estados Parte a que apliquen estos\n párrafos si facilitan la cooperación.

\n\n

8. Los Estados Parte no invocarán el secreto bancario\n para denegar la asistencia judicial recíproca con arreglo\n al presente artículo.

\n\n

9. Los Estados Parte podrán negarse a prestar la asistencia\n judicial recíproca con arreglo al presente artículo\n invocando la ausencia de doble incriminación. Sin embargo,\n de estimarlo necesario, el Estado Parte requerido podrá\n prestar asistencia, en la medida en que decida hacerlo a discreción\n propia, independientemente de que la conducta esté o no\n tipificada como delito en el derecho interno del Estado Par

 

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