Registro Oficial. 10 de JUNIO del 2003

Martes, 10 de junio de 2003

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE JUNIO DEL 2003
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Martes, 10 de junio del 2003 - R. O. No. 100

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR
\n

\n\n

FUNCION\n LEGISLATIVA

\n\n

LEY:

\n\n

2003-7 Ley Reformatoria a la Ley de\n Seguridad Nacional

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

DECRETOS:

\n\n

432 Calificase de urgente la adquisición\n de un tractor para el Municipio del Cantón Taisha, provincia\n de Morona Santiago

\n\n

456\n Derógase\n el Decreto Ejecutivo Nº 3427 de 5 de diciembre de 2002,\n publicado en el Registro Oficial Nº 2 de 17 de enero de\n 2003

\n\n

CONSULTA\n DE AFORO:

\n\n

CORPORACION\n ADUANERA
\n ECUATORIANA:

\n\n

011 Presentada mediante hoja de tramite Nº\n 03-02513 relativa al producto: "NITRATO DE POTASIO"

\n\n

FUNCION\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL:

\n\n

Recursos de casación\n en los juicios seguidos por las siguientes personas:

\n\n

112-2003\n Braulio\n Baltazar Ponce Figueroa en contra de Antonio María Cedeño\n Saldaña

\n\n

114-2003\n Doctor Miguel\n Macías Carmigniani en contra de la I. Municipalidad de\n Samborondón y otros

\n\n

121-2003 Juan Edmundo Romero Campaña en\n contra de Juana María Cuyago Cóquez

\n\n

ACUERDO\n DE CARTAGENA

\n\n

RESOLUCION:

\n\n

717 Recurso de reconsideración\n presentado por la República del Perú en contra\n de la Resolución 699 de la Secretaría General

\n\n

ORDENANZAS\n MUNICIPALES:

\n\n

- Cantón Pedro Vicente\n Maldonado: Para\n regular el comercio informal en espacios de circulación\n pública

\n\n

- Cantón Durán: Que regula la obligación\n de realizar estudios ambientales a las obras civiles, y a los\n establecimientos industriales, comerciales y otros servicios

\n\n

- Cantón Montúfar: Que contiene el Reglamento\n Orgánico Funcional

\n\n

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Nº\n 2003-7

\n\n

EL CONGRESO NACIONAL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que la Dirección Nacional de Movilización tiene\n como misión enfrentar emergencias causadas por inminente\n agresión externa, guerra internacional, grave conmoción\n interna o catástrofes naturales;

\n\n

Que para el cumplimiento de sus funciones es necesario dotar\n a la Dirección Nacional de Movilización de los\n recursos económicos necesarios;

\n\n

Que existe pronunciamiento favorable del Ministerio de Economía\n y Finanzas, de acuerdo a lo que dispone el artículo 24,\n numeral 18 de la Ley Orgánica de Administración\n Financiera y Control;

\n\n

Que el monto equivalente en dólares, a la asignación\n de S/. 10'000.000,00 (Diez millones de sucres) contemplado en\n el artículo 80 de la Ley de Seguridad Nacional, como "Fondo\n de Contingencias", no cumple con el propósito para\n el cual fue creado; y,

\n\n

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,\n expide la siguiente,

\n\n

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE
\n SEGURIDAD NACIONAL

\n\n

Art. 1.- En el inciso segundo del artículo 80, sustitúyase:\n "diez millones de sucres", por: "USD $ 20.000,00\n (veinte mil dólares)".

\n\n

Art. 2.- La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia,\n a partir de su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dada en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito,\n en la sala de sesiones del Congreso Nacional del Ecuador, a los\n veintiún días del mes de mayo del año dos\n mil tres.

\n\n

f.) Guillermo Landázuri Carrillo, Presidente.

\n\n

f.) Gilberto Vaca García, Secretario General.

\n\n

Palacio Nacional, en Quito, a veinte y nueve de mayo de dos\n mil tres.

\n\n

PROMULGUESE.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración\n Pública.
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Nº\n 432

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el Gobierno Municipal del Cantón Taisha en la provincia\n de Morona Santiago, ha efectuado el correspondiente proceso de\n licitación para la adquisición de un tractor sobre\n carriles 140-175 HP para uso de esa Municipalidad, y que dicho\n proceso de licitación ha sido declarado desierto por dos\n ocasiones;

\n\n

Que el Art. 6 letra g) de la Ley de Contratación Pública\n establece que se exceptúan de los procedimientos precontractuales\n entre otros casos, aquellos cuyo proceso precontractual fuere\n declarado desierto después de la reapertura y fueren calificados\n como urgentes por el Presidente de la República;

\n\n

Que mediante oficio Nº 00311 de 10 de abril de 2003,\n el Procurador General del Estado manifiesta que la referida Municipalidad\n puede acogerse a la excepción prevista en el Art. 6 letra\n g) de la Ley de Contratación Pública y solicitar\n al Presidente de la República declare urgente la adquisición\n del referido tractor;

\n\n

Que mediante oficio Nº 13749 DCP de 17 de abril de 2003,\n el Contralor General del Estado, subrogante, señala que\n el trámite del referido proceso de contratación\n corresponde al previsto en el Art. 6 letra g) de la Ley de Contratación\n Pública;

\n\n

Que en tal virtud el Alcalde del cantón Taisha, mediante\n oficio Nº 79-CC-GMCT-03 de 24 de abril de 2003, solicita\n que el primer mandatario califique de urgente la contratación\n del indicado tractor; y,

\n\n

En ejercicio de la facultad que le confiere el Art. 6 literal\n g) de la Ley de Contratación Pública, y Art. 1\n del reglamento general,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- Calificar de urgente la adquisición de un\n tractor para el Municipio del Cantón Taisha, provincia\n de Morona Santiago.

\n\n

Art. 2.- De conformidad con lo previsto en el Art. 6, último\n inciso de la Ley de Contratación Pública; los aspectos\n técnicos, económicos, financieros y de procedimiento\n de esta adquisición, serán de exclusiva responsabilidad\n de la Municipalidad de Taisha; y, el correspondiente egreso de\n fondos se efectuará con aplicación a la correspondiente\n partida del presupuesto de esa Municipalidad.

\n\n

Art. 3.- El presente decreto ejecutivo entrará en vigencia\n a partir de la fecha de su publicación en el Registro\n Oficial.

\n\n

 

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 20 de mayo de 2003.\n

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración\n Pública.

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No 456

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo Nº 3427 de 5 de diciembre\n de 2002, publicado en el Registro Oficial Nº 2 de 17 de\n enero de 2003, se autorizó al Ministerio de Economía\n y Finanzas transferir al Municipio Metropolitano de Quito 13\n inmuebles de propiedad de entidades y organismos del sector público,\n ubicados en el centro histórico de Quito;

\n\n

Que varios de los inmuebles descritos en el Decreto Ejecutivo\n Nº 3427 pertenecen a instituciones y dependencias autónomas,\n o con personería jurídica propia, los cuales no\n pueden ser dispuestos por otros organismos;

\n\n

Que la transferencia de los inmuebles a los que se refiere\n el Decreto Ejecutivo Nº 3427, ha ocasionado reclamos de\n instituciones y dependencias que en la actualidad están\n siendo ocupados en el desarrollo de sus actividades;

\n\n

Que los Arts. 91 y 93 del Estatuto del Régimen Jurídico\n y Administrativo de la Función Ejecutiva señala\n que podrán ser extinguidos los actos administrativos por\n órganos y entidades sujetas al referido estatuto, por\n razones de oportunidad y legitimidad;

\n\n

Que previamente a la expedición del citado decreto\n no se han aplicado las normas previstas en la Ley y Reglamento\n de Bienes del Sector Público, por lo tanto es inaplicable;\n y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los Arts.\n 91 y 93 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo\n de la Función Ejecutiva,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- Derógase el Decreto Ejecutivo Nº 3427\n de 5 de diciembre de 2002, publicado en el Registro Oficial Nº\n 2 de 17 de enero de 2003.

\n\n

Art. 2.- El presente decreto, entrará en vigencia a\n partir de su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 30 de mayo de 2003.\n

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración\n Pública.

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CORPORACION ADUANERA
\n ECUATORIANA

\n\n

CONSULTA DE AFORO Nº 011

\n\n

Guayaquil, 27 de mayo de 2003.

\n\n

Señor
\n Roberto Arboleda Sánchez
\n Agente de Aduanas
\n Ciudad

\n\n

De mis consideraciones:

\n\n

En relación a su solicitud de consulta de aforo presentada\n mediante hoja de trámite Nº 03-02513 relativa al\n producto: "NITRATO DE POTASIO", y en base al\n oficio Nº 081 -BDC-GGA-JT-CAE, suscrito por la Dra. Brigid\n Delgado, funcionaria de la Unidad Técnica de la Gerencia\n de Gestión Aduanera de la Corporación Aduanera\n Ecuatoriana, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 48 y II 2)\n Operativas, literal d) de la Ley Orgánica de Aduanas y\n de la Resolución Nº 242 del Gerente General de la\n CAE, procedo a absolver la consulta en los siguientes términos:

\n\n

 

\n\n

ANTECEDENTES

\n\n

El producto denominado "Nitrato de Potasio", es\n un fertilizante de origen mineral, el cual está siendo\n importado permanentemente por empresarios del sector agrícola,\n específicamente para producir cultivos de flores, como\n así lo expresa el solicitante.

\n\n

Análisis de su composición.

\n\n

Para tener elementos de juicio y llegar a una conclusión\n apropiada en lo referente a la clasificación arancelaria,\n se llevó a analizar a los laboratorios de la ESPOL, para\n que se determine la naturaleza, composición y porcentajes\n del contenido de la única muestra enviada por el usuario,\n la misma que no estaba apropiadamente empacada, toda vez que\n es un químico muy sensible al calor, con propiedades explosivas\n y con riesgo de incendio.

\n\n

 

\n\n

Los resultados del análisis realizado a la muestra\n nos indica que:

\n\n

- Contiene un 46.12% de potasio.

\n\n

- 45.92% de nitratos.

\n\n

Al tener estos valores, se confirma que la composición\n de la muestra enviada por el usuario es un producto químico\n utilizado como fertilizante, que contiene entre sus principales\n ingredientes nitratos y potasio, elementos nutrientes de las\n especies agrícolas.

\n\n

- Se adjunta resultados originales de la ESPOL.

\n\n

Análisis de la clasificación arancelaria.

\n\n

El fertilizante mineral denominado NITRATO DE POTASIO, por\n tener presente en su composición nitrato y potasio, elementos\n que son determinantes para ubicarlo en el Capítulo 31,\n partida 05: "ABONOS MINERALES O QUIMICOS CON DOS O TRES\n DE LOS ELEMENTOS FERTILIZANTES: NITROGENO, FOSFORO Y POTASIO;\n LOS DEMAS ABONOS; PRODUCTOS DE ESTE CAPITULO EN TABLETAS O FORMAS\n SIMILARES O EN ENVASES DE UN PESO BRUTO INFERIOR O IGUAL A 10KG.".

\n\n

Así mismo, existe la Nota Legal 6) del Capítulo\n 31, que textualmente dice:

\n\n

"En la partida 31.05, la expresión los demás\n abonos solo comprende los productos de los tipos utilizados como\n abonos que contengan como componentes esenciales, por lo menos,\n uno de los elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo\n o potasio".

\n\n

Y, tal es el caso que el mencionado fertilizante cumple con\n las especificaciones de la partida 3 1 .05, por tener entre sus\n componentes dos de los tres elementos esenciales que se mencionan\n en el texto de la partida: nitrógeno y potasio.

\n\n

- Se adjunta fotocopia de la pág. 580, Nota Legal 6)-Capítulo\n 31.

\n\n

CONCLUSION.

\n\n

El fertilizante denominado comercialmente como NITRATO\n DE POTASIO, que contiene entre sus componentes principales:\n nitratos y potasio, como así lo demuestran los resultados\n de análisis químico de la ESPOL, y de acuerdo a\n la Nota Legal 6) del Capítulo 31, debe clasificarse en\n el Arancel Nacional de Importaciones en la subpartida arancelaria:

\n\n

"3105.90.20 - - Los demás abonos minerales\n o químicos con los dos elementos fertilizantes: nitrógeno\n y potasio".

\n\n

Atentamente,

\n\n

f.) Cml. Guillermo Vásconez, Gerente General.

\n\n

 

\n\n

CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA SECRETARIA GENERAL

\n\n

Certifico que es fiel copia de su original.

\n\n

f.) Bernardita Abarca de Cabal, Secretaria General de la CAE.
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Nº 112-2003

\n\n

Dentro del juicio ordinario No. 127-2002\n que por reivindicación sigue Braulio Baltazar Ponce Figueroa\n en contra de Antonio María Cedeño Saldaña,\n se ha dictado lo que sigue:

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, 21 de abril de 2003; las 11h30.

\n\n

VISTOS: Braulio Baltazar Ponce Figueroa interpone recurso\n de casación de la sentencia dictada por la Corte Superior\n de Justicia de Portoviejo, dentro del juicio ordinario por reivindicación\n que sigue el recurrente en contra de Antonio Maria Cedeño\n Saldaña. Concedido que fue dicho recurso, por el sorteo\n legal correspondió su conocimiento a esta Primera Sala\n de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, la que,\n una vez cumplido el trámite establecido por la Ley de\n Casación, para resolver considera lo siguiente: PRIMERO.-\n El recurrente funda su recurso en las causales primera, tercera,\n cuarta y quinta del artículo 3 de la Ley de Casación,\n y considera que han sido infringidos los artículos .953\n y 974 del Código Civil; 118, 119, 277 y 278 del Código\n de Procedimiento Civil y artículo 23 numeral 13 de la\n Constitución Política. SEGUNDO.- Cuando se acusa\n violación de disposiciones constitucionales, este cargo\n ha de ser analizado prioritariamente, ya que al ser la Constitución\n Política de la República la norma suprema del Estado,\n a la cual han de ajustarse todas las normas secundarias y las\n actuaciones de la autoridad pública y de los ciudadanos,\n la afirmación de que se están desconociendo los\n mandatos contenidos en la Constitución impone revisar\n en primer lugar y con especial detenimiento tal aserto, ya que\n de ser fundado el cargo, todo lo actuado quedará sin valor\n ni eficacia alguna. Sin embargo, debe anotarse que viene siendo\n una costumbre inveterada formular con ligereza el cargo de violación\n en las resoluciones judiciales de los preceptos constitucionales,\n lo que inclusive implica una gravemente ofensiva que debe ser\n reprochada y reprimida. Cuando se manejan las categorías\n constitucionales se ha de proceder con seriedad, responsabilidad\n y respeto, tanto frente al texto constitucional como en relación\n con la autoridad y los ciudadanos en general. En el caso se\n observa lo siguiente: la norma constitucional cuya violación\n se aduce dice lo siguiente: "Art. 24.- Para asegurar el\n debido proceso deberán observarse las siguientes garantías\n básicas, sin menoscabo de otras que establezcan la Constitución,\n los instrumentos internacionales, las leyes o la jurisprudencia:\n 13. Las resoluciones de los poderes públicos que afecten\n a las personas, deberán ser motivadas. No habrá\n tal motivación si en la resolución no se enunciaren\n normas o principios jurídicos en que se haya fundado,\n y si no se explicare la pertinencia de su aplicación a\n los antecedentes de hecho...". En relación con esta\n norma el numeral quinto del artículo 3 de la Ley de Casación\n señala dos vicios del fallo que pueden dar lugar a que\n sea casado: a) que la resolución impugnada no contenga\n los requisitos que exige la ley; son omisiones que la afectan\n en cuanto acto escrito, o sea en su estructura formal, como el\n que se omita la identificación de las personas a quienes\n el fallo se refiere, en la enunciación de las pretensiones,\n en la motivación que se funda en los hechos y en el derecho\n (que habitualmente se consigna en los "considerandos"),\n o en la parte resolutiva, en cuanto al lugar, fecha y firma de\n quien la expide; y, b) que en la parte dispositiva se adopten\n disposiciones contradictorias o incompatibles. En cuanto a la\n falta de motivación, Fernando de la Rúa, en su\n Teoría General del Proceso, De Palma, Buenos Aires, 1991,\n p. 146 dice: "La motivación de la sentencia constituye\n un elemento intelectual, de contenido critico, valorativo y lógico,\n que consiste en el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho\n en que el juez apoya su decisión. Su exigencia es una\n garantía de justicia a la cual se le ha reconocido jerarquía\n constitucional, como derivación del principio de la inviolabilidad\n de la defensa en juicio. Por la motivación, además,\n se asegura la publicidad de la conducta de los jueces y el control\n popular sobre el desempeño de sus funciones, esencial\n en un régimen republicano. Por ella también podrán\n los interesados conocer las razones que justifican el fallo y\n decidir su aceptación o impugnación. El tribunal\n que deba conocer en el eventual recurso reconocerá de\n la motivación los principales elementos para ejercer su\n control... La motivación de la sentencia es la fuente\n principal de control sobre el modo de ejercer los jueces su poder\n jurisdiccional. Su finalidad es suministrar garantía y\n excluir lo arbitrario. La sentencia, enseña Florian, no\n ha de ser un acto de fe, sino un acto de convicción razonada.\n Por ello, la «libertad de convencimiento no puede degenerar\n en un arbitrio ilimitado, y en la estimación de la prueba\n no puede imperar la anarquía, toda vez que la ley no autoriza\n jamás juicios caprichosos.». Por eso, agrega Vélez\n Mariconde, «un juez técnico no puede proceder como\n un jurado popular para limitarse a dar mero testimonio de su\n conciencia. La certeza moral debe derivar de los hechos examinados,\n y no sólo de elementos psicológicos internos del\n juez, como bien afirma Manzini. Precisamente por eso se impone\n la obligación de motivar la sentencia.". La motivación\n ha de reunir diversos requisitos: ha de ser expresa, clara, completa,\n legítima y lógica; sobre este requisito, se anota\n que el Juez debe observar en la sentencia las reglas de recto\n entendimiento humano, que presiden la elaboración racional\n de los pensamientos. El juez debe ajustarse a sus principios.\n Si se aparta de ellos, las palabras no alcanzarán la jerarquía\n de pensamientos, y el fallo será inválido"\n (De la Rúa, op. cit., p. 154), y para ser lógica\n la motivación ha de reunir las siguientes características:\n 1.- Ha de ser coherente, o sea, estar constituida por un conjunto\n de razonamientos armónicos entre sí, formulados\n sin violar los principios de identidad, contradicción\n y tercero excluido, para lo cual ha de ser: a) congruente, en\n cuanto las afirmaciones, deducciones y conclusiones, tienen que\n guardar adecuada correlación y concordancia entre ellas;\n b) no contradictoria, en el sentido de que no se emplee en el\n razonamiento juicios contrastantes entre si, que al oponerse\n se anulan recíprocamente; y, c) inequívoca, de\n modo que los elementos del raciocinio no dejen lugar a dudas\n sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones que\n determinan. 2.- Ha de ser derivada, respetando el principio de\n razón suficiente: el principio debe estar constituido\n por inferencias razonables, deducidas de las pruebas y de la\n sucesión de conclusiones que sobre la base de ellas se\n va determinando; a su vez la motivación en derecho debe\n partir de la conclusión fáctica establecida, y\n para ello la motivación debe ser: a) concordante; b) verdadera;\n y, c) suficiente. 3. Ha de ser adecuada a las normas de la sicología\n y la experiencia común (ibídem, pp. 150-158).".\n De lo expuesto se concluye que para alegar un vicio en la fundamentación\n de la sentencia, es decir algún vicio en la motivación,\n que viole tanto la garantía constitucional prevista en\n el mencionado artículo 24, numeral 13 de la Constitución,\n como el artículo 278 del Código de Procedimiento\n Civil, se debe invocar la causal quinta del artículo 3\n de la Ley de Casación, como en efecto se lo ha hecho en\n la especie. Ahora bien, la falta de motivación no se da\n únicamente cuando en la sentencia o auto se ha omitido\n total o parcialmente la enunciación de las normas o principios\n jurídicos ¿ti que se fundamenta y no se ha explicado\n la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de\n hecho, sino también cuando hay una fundamentación\n absurda. Si en el recurso de casación se acusa al fallo\n de instancia de estar viciada su resolución por fundarse\n en una valoración absurda de la prueba, es decir contraria\n a las reglas de la sana crítica y se explicita claramente\n en qué consiste este absurdo, el Tribunal de Casación\n habrá de examinar el proceso para determinar si, efectivamente,\n se han violado o no las reglas de la sana crítica y si\n se ha incurrido o no en el vicio acusado. TERCERO.- En el caso,\n el Tribunal de instancia en su decisión señala\n que "...en la especie no se ha cumplido con estos tres elementos\n indispensables para que el demandante pueda obtener la reivindicación\n del predio objeto del presente juicio, ya que el accionante en\n su libelo de demanda está reclamando la reivindicación\n de un cuerpo de terreno de 8.12 hectáreas y al realizar\n la inspección judicial al predio materia de la litis,\n resulta que dicho predio solamente tiene una cabida de 6.98 hectáreas\n y por la parte norte del predio lindera con el señor Simón\n Cedeño, pero no es menos cierto que el informe del señor\n Perito nombrado para la práctica de la diligencia de la\n Inspección Judicial no coincide con el nombre del lindero,\n ya que el colindante es el señor Walberto Alava Cedeño,\n y es así que no se ha cumplido con la singularización\n de la cosa que se pretende reivindicar.". A fojas 136-137\n del cuaderno de primer nivel, consta la inspección judicial\n en la que no se señala a Simón Cedeño como\n colindante, sino a Gualberto Alava Cedeño como propietario\n del terreno que lindera por el Norte con la propiedad materia\n de la litis en forma contraria a lo sostenido por el Tribunal\n ad quem; y en el informe pericial que consta de fojas 150-152\n y en su ampliación de fojas 156 a 157 se vuelve a señalar\n como propietario a Gualberto Alava Cedeño y se menciona\n como anterior propietario a Simón Cedeño. En consecuencia,\n y conforme lo anteriormente expuesto, aunque el Tribunal de Casación\n no puede alterar la convicción de los juzgadores de instancia\n sobre el valor que se han otorgado a determinadas pruebas sí\n puede verificar que el proceso de valoración sea razonable;\n es decir que las conclusiones a las que llega el Tribunal se\n deduzcan lógicamente de los hechos comprobados y no sean\n arbitrarias o absurdas como ocurre en la especie, ya que de la\n simple lectura de la pruebas anexadas al proceso se desprende\n que es falsa la afirmación contenida en la sentencia de\n que el lindero Norte no coincide sino que, al contrario se encuentra\n debidamente determinado y, por lo mismo, el bien sí ha\n sido singularizado. En definitiva, el Tribunal de instancia,\n al no haber observado el contenido de la inspección y\n al haber faltado a la lógica, ha incurrido en una absurda\n valoración de la prueba, que ha derivado en una incoherente\n motivación de la sentencia, lo que configura el vicio\n contemplado en la causal quinta del artículo 3 de la Ley\n de Casación. Por estas razones, se casa la sentencia recurrida\n y esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil asume temporalmente\n la calidad de Tribunal de instancia y, en esa calidad, debe dictar\n la sentencia de mérito que corresponda, en conformidad\n con el artículo 14 de la Ley de Casación. CUARTO.-\n En la especie, Braulio Baltazar Ponce Figueroa demanda a Antonio\n Maria Cedeño Saldaña la reivindicación de\n un terreno ubicado en el sitio "Tierra Negra", sector\n conocido como "Solanda", de 8.12 hectáreas,\n perteneciente a la parroquia y cantón Santa Ana; fundamenta\n su pretensión en la escritura pública de adjudicación\n (foja 158) otorgada por el IERAC protocolizada en la Notaría\n Primera del Cantón Santa Ana, el 21 de octubre de 1992\n e inscrita en el Registro de la Propiedad de ese cantón\n el 16 de octubre de 1992. El demandado Antonio María Cedeño\n Saldaña, en el escrito de contestación a la demanda,\n señala que se encuentra en posesión del mencionado\n terreno desde el fallecimiento de sus padres, los cuales, según\n afirma, fueron los propietarios del terreno ubicado en el punto\n "Camino Nuevo", perteneciente al cantón Santa\n Ana, cuyos linderos son los siguientes: al frente, camino público,\n atrás, terrenos de Martín Alava, costado de adentro,\n finca de Don Genaro Cedeño y costado de afuera, Juana\n María Delgado Mera, conforme consta del certificado emitido\n por el Registro de la Propiedad del Cantón Santa Ana (foja\n 159); basa su pretensión en la escritura pública\n otorgada por Juana Maria Delgado Mera a favor de Jorge Víctor\n Cedeño Macias, celebrada en la Notaría Primera\n del Cantón Santa Ana, el 13 de enero de 1945 e inscrita\n el 4 de noviembre de 1968 (fojas 14 y 15 del proceso). Además,\n se excepciona de la siguiente manera: "1. Niego pura y simplemente\n los fundamentos de hecho y de derecho de la acción deducida\n en mi contra; 2. Nulidad de la demanda y todo lo actuado, ya\n que no se ha citado legalmente a todos los que nos encontramos\n en posesión legítima de nuestra propiedad, así\n mismo a los demás hermanos herederos; 3. Falta de legitimación\n por parte del actor; 4. Cosa juzgada, ya que, como lo demuestro\n el actor instauró juicio penal en el juzgado cuarto de\n lo penal de Manabí, signado con el No. 26-99, donde se\n me sobreseyó; 5. Falta de prueba del derecho de dominio;\n 6. No existe relación en la identidad de la cosa reclamada,\n linderos y medidas totalmente equivocadas; 7. En el evento no\n consentido de que no se reconociera los fundamentos de mis excepciones,\n reconvengo al actor la prescripción adquisitiva de dominio,\n por encontrarme en posesión de dicho bien inmueble por\n más de 50 años, lo solicitado amparado en los Arts.\n 2416, 2434, 2435, 2437, 622, 734 del Código Civil en vigencia,\n en concordancia con la sección primera del juicio ordinario\n Art. 404 y siguientes del Código Procedimiento Civil.\n Su trámite es en la vía ordinaria.". Se llevó\n a cabo la audiencia de conciliación y en el periodo de\n prueba se anexaron las siguientes pruebas: a) escritura pública\n de compraventa de un terreno otorgada por Juana María\n Delgado Mera a favor de Jorge Víctor Cedeño Macías\n y celebrada en la Notaría Primera del Cantón Santa\n Ana, el 13 de enero de 1945 e inscrita el 4 de noviembre de 1968;\n b) copias certificadas del proceso penal seguido por el actor\n en contra del demandado Antonio Cedeño Saldaña\n y de su hijo Jairo Cedeño Moreira y en el cual se los\n sobresee porque no se ha podido comprobar la existencia de los\n delitos de usurpación, intimidación, robo e injurias\n del que se les acusa (fojas 39-121); c) comprobante del pago\n de impuesto predial rústico (fojas 122); d) partidas de\n nacimiento de Antonio Maria Cedeño, Livia Hortensia Cedeño,\n María Cruz Cedeño, María Victoria Cedeño\n y José Alfonso Cedeño; d) los testimonios de José\n Fernández Vera (fojas 130 y 131); Gregorio Navarrete Moreira\n (fojas 140 y vuelta), Jorge Heredia Freire (fojas 140 vuelta\n y 141); e) inspección judicial del terreno en el que se\n determinó sus linderos (fojas 136-137); 1) contrato de\n arrendamiento del terreno materia de la litis celebrado entre\n el actor Braulio Baltasar Ponce y José Gregorio Fernández\n (fojas 138); g) certificado del Registro de la Propiedad que\n señala a Braulio Baltasar Ponce Figueroa como propietario\n de un lote de terreno de 8.12 hectáreas, ubicado en Tierra\n Negra, parroquia y cantón Santa Ana, fojas 158; y h) certificado\n del Registro de la Propiedad que determina a José Víctor\n Cedeño Maclas como propietario de un lote de terreno de\n 10 cuadras más o menos, ubicado en le punto Camino Nuevo,\n cantón Santa Ana, fojas 159. La Sentencia de primer nivel\n acepta la demanda y rechaza la reconvención presentada.\n El demandado apela de esta sentencia y en segundo nivel se rechaza\n la demanda y la reconvención por falta de individualización\n del bien materia de la litis, incurriendo en el error que ya\n ha sido señalado. QUINTO.-Tratándose de una acción\n reivindicatoria o de dominio, al Juez le toca examinar los cuatro\n elementos básicos que establece el Título XIII\n del Libro Segundo del Código Civil para que esta acción\n pueda ser ejercitada: 1) que el actor tenga la propiedad plena\n o nuda, absoluta o fiduciaria de la cosa cuya reivindicación\n se pretende (artículo 957). 2) que el demandado tenga\n la actual posesión material de la cosa que se reivindica\n (artículo 959). 3) que se trate de una cosa singular o\n una cuota determinada de una cosa singular que esté claramente\n identificada (artículos 953 y 956). 4) que exista plena\n identidad entre la cosa que reivindica el actor y la que posee\n el demandado (artículo 953). Estos requisitos son concurrentes\n y se hallan íntimamente vinculados entre sí; de\n ahí que cuando se pretende la reivindicación de\n un inmueble, adquirido por título de compraventa inscrito\n en el Registro de la Propiedad, como el pretendido en la demanda,\n el actor debe acreditar la identidad del bien a reivindicar,\n que no solo debe ser el mismo poseído por el demandado\n sino fundamentalmente estar comprendido en el título de\n dominio en que se basa la acción. De nada servirá,\n por tanto, demostrar que existe identidad entre lo pretendido\n por el actor en la demanda y lo poseído por el demandado,\n si no se demuestra que existe identidad entre el bien que se\n persigue y el bien a que se refiere el título alegado\n como base de la pretensión. En la especie, de los elementos\n señalados como necesarios para que prospere la reivindicación,\n no quedan dudas sobre a) el bien a reivindicarse se encuentra\n en posesión del demandado, conforme se desprende de los\n testimonios que constan del proceso y de la misma afirmación\n del demandado; b) el bien se encuentra debidamente singularizado,\n pues el actor pretende reivindicar el lote de terreno descrito\n en la demanda cuyas características coinciden con el con\n determinado físicamente en la inspección y en el\n peritaje que consta del proceso, a pesar de las diferencias respecto\n a su cabida; y, c) además, con la inspección y\n el peritaje se ha demostrado que el bien cuya reivindicación\n se pretende es el mismo que está siendo poseído\n por el demandado. Pero la controversia se produce en cuanto al\n primer requisito que permite que esta acción prospere,\n es decir que el actor tenga la propiedad plena o nuda, absoluta\n o fiduciaria de la cosa cuya reivindicación se pretende.\n SEXTO.- Efectivamente, tanto el actor como el demandado han aportado,\n como medios de prueba a su favor títulos de propiedad\n con los que afirman ser los dueños del inmueble. Y por\n cuanto, la carga de la prueba le corresponde a quien alega un\n hecho determinado, tanto actor como demandado debían justificar\n que dichos títulos se refieren al inmueble materia de\n la litis. Corresponde entonces, dilucidar a esta Sala, si los\n dos títulos se refieren a tal inmueble y, si fuera así,\n cuál de los títulos tiene prevalencia sobre el\n otro. El actor adjunta al proceso el título de propiedad\n con el que fundamenta su acción de reivindicación,\n es decir la escritura de adjudicación otorgada por el\n IERAC, en la Notaría Primera del Cantón Santa Ana,\n el 21 de octubre de 1992 e inscrita en el Registro de la Propiedad\n de este cantón el 16 de octubre de 1992, en la cual se\n señalan como linderos los siguientes: por el Norte con\n propiedad de Simón Cedeño en 110.5 metros. RS 83-10E,\n 77 metros RS 89-10E; por el Sur por propiedad de Bolívar\n Fernández en 210 metros R.N. 58-30W, por el Este: con\n propiedad de Carlos Mendoza en 491 metros RS. 07-40e; y por el\n Oeste con propiedad de Bolívar Fernández en 331\n metros RN 19-30W; y camino público siguiendo un recorrido\n en 90 metros RN 23-45E. El demandado por su parte presenta como\n prueba de la titularidad del dominio, una escritura pública\n otorgada por Juana María Delgado Mera a favor de su padre\n fallecido, Jorge Víctor Cedeño Macías, la\n que fue celebrada en la Notaría Primera del Cantón\n Santa Ana, el 13 de enero de 1945 e inscrita el 4 de noviembre\n de 1968 (fojas 14 y 15 del proceso). Dicha escritura determina\n que el terreno está ubicado en el punto "Camino Nuevo",\n perteneciente al cantón Santa Ana, cuyos linderos son\n los siguientes: al frente, camino público; atrás,\n terrenos de Martín Alava, costado de adentro, finca de\n don Genaro Cedeño; y costado de afuera propiedad de Juana\n María Delgado Mera. De la diligencia de inspección\n judicial y del peritaje constantes en el proceso, aparece que\n el terreno en posesión del demandado y que se pretende\n reivindicar tiene las siguientes especificaciones y linderos:\n "Ubicación: Recinto: Tierra Negra, sitio: Camino\n Nuevo, parroquia: Lodana y cantón: Santa Ana. Linderos:\n Norte.- Propiedad de Gualberto Alava Cedeño, antes de\n Simón Cedeño, con una longitud de 190, 50m. Sur.-\n Propiedad de Bolívar Fernández con una longitud\n de 210 m. Este.- Propiedad de Carlos Mendoza y una longitud de\n 427 m. Oeste.- Propiedad de Bolívar Fernández con\n una longitud de 211.5 m y. camino público con una longitud\n de 95 m.". Esta ubicación y linderos coinciden en\n todo con los detallados en el título de propiedad y certificado\n del Registro de la Propiedad de Santa Ana presentado por la parte\n actora, no así con los constantes en el título\n de propiedad y certificado del Registro de la Propiedad de Santa\n Ana, adjuntado al proceso por la parte demandada. Es cierto que,\n la escritura de compraventa, con la que el demandado afirma ser\n propietario, fue celebrada en 1945, y con el paso del tiempo\n pudieron haberse modificado los colindantes por traspasarse a\n otras personas los terrenos contiguos al materia de la litis.\n Sin embargo, en el proceso no hay nada que justifique los posibles\n cambios de los anteriores linderantes o que, en definitiva, demuestre\n que se trata del mismo bien; y más bien hay constancias\n procesales (declaraciones testimoniales de fojas 140-141) que\n hacen presumir que el demandado es dueño de otro u otros\n inmuebles. En cambio el actor sí ha logrado probar con\n el título por él adjuntado, que es el dueño\n del inmueble que reivindica, con lo que se ha cumplido el otro\n requisito indispensable para que la acción reivindicatoria\n proceda. SEPTIMO.- Sobre las excepciones propuestas por el demandado,\n en el considerando anterior se analizó la posición\n del demandado en cuanto alega ser uno de los dueños del\n bien inmueble, que corresponderla a su negativa pura y simple\n de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. En cuanto\n a las otras excepciones planteadas, el demandado no ha actuado\n prueba que las sustente; únicamente ha anexado al proceso\n copias certificadas de un juicio penal con el que pretende justificar\n la excepción cuarta de su escrito de contestación,\n existencia de cosa juzgada, y que se refiere a un proceso iniciado\n por el actor en contra del demandado Antonio Cedeño Saldaña\n y de su hijo Jairo Cedeño Moreira por usurpación,\n intimidación, robo e injurias, en el cual se los sobresee;\n pero no puede invocarse en este juicio por tratarse de un asunto\n netamente penal frente al que actualmente se ventila, que es\n de naturaleza civil. OCTAVO.- Finalmente, sobre la reconvención\n formulada por el demandado, se anota que al contener la misma\n una acción de prescripción extraordinaria adquisitiva\n de dominio, respecto de la cual los actores reconvenidos han\n propuesto las excepciones de negativa pura y simple de los fundamentos\n y de falta de derecho de la reconvención, le correspondía\n al demandado reconvincente probar los fundamentos de la misma,\n lo cual no lo ha realizado en el proceso, pues si bien ha demostrado\n estar en posesión del inmueble a través de las\n declaraciones testimoniales y de la aceptación del mismo\n actor, no ha probado el tiempo de esta posesión, que debe\n ser mínimo de quince años, indispensable para que\n prospere esta acción. -Por estas consideraciones, esta\n Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, casa la sentencia dictada, por la Corte Superior de\n Justicia de Portoviejo y declara con lugar la demanda de reivindicación\n propuesta por Braulio Baltazar Ponce Figueroa, por lo que se\n ordena que el demandado Antonio María Cedeño Saldaña\n entregue el bien materia de la litis en el plazo de sesenta días.-\n Sin costas.- Notifíquese, publíquese y devuélvase.

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Fdo.) Dres. Santiago Andrade Ubidia, Galo Galarza Paz y Ernesto\n Albán Gómez, Ministros Jueces.

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RAZON: Es fiel copia de su original.- Certifico.- Quito, 21\n de abril del 2003.

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f.) Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria Relatora, Primera\n Sala de lo Civil y Mercantil, Corte Suprema.

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Nº 114-2003

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Dentro del juicio verbal sumario de\n nulidad absoluta de escritura pública y de los convenios\n celebrados entre la I. Municipalidad de Samborondón y\n Aguas de Samborondón AMAGUA C.E.M. No. 103-2003 propuesto\n por el Dr. Miguel Macias Carmigniani, por sus propios derechos\n y los que representa de su hijo menor de edad Juan Sebastián\n Macias Yerovi en contra de la I. Municipalidad de Samborondón,\n la Compañía MAVERICK S.A. y la Compañía\n de Economía Mixta Aguas de Samborondón, AMAGUA\n C.E.M., se ha dictado lo que sigue:

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 22 de abril de 2003; las 10h20.

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VISTOS: El presente juicio verbal sumario por declaración\n de nulidad absoluta de escritura pública y de los convenios\n celebrados entre la I. Municipalidad de Samborondón y\n AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M., propuesto por el Dr. Miguel\n Macias Carmigniani, por sus propios derechos y los que representa\n de su hijo menor de edad Juan Sebastián Macias Yerovi\n en contra de la I. Municipalidad de Samborondón, la Compañía\n MAVERICK S.A. y la Compañía de Economía\n Mixta AGUAS DE SAMBORONDON, AMAGUA C.E.M., ha sido enviado sin\n sorteo a esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil, por cuanto,\n a criterio de la Oficialía Mayor de la Corte Suprema de\n Justicia, se ha prevenido en el conocimiento al resolver un conflicto\n de competencia suscitado dentro de esta causa. Al respecto, se\n considera: PRIMERO.- Efectivamente, la Primera Sala de Conjueces\n Temporales de lo Civil y Mercantil, en auto de 3 de marzo de\n 2000 resolvió un conflicto de competencia suscitado entre\n el Presidente de la Corte Superior de Guayaquil y el Juez Sexto\n de lo Civil del Guayas, habiendo decidido que el competente para\n conocer y resolver este juicio en primera instancia es el Presidente\n de la Corte Superior de Guayaquil. SEGUNDO.- En concordancia\n con los artículos 14 y 15 del Código de Procedimiento\n Civil, que se refieren a la prevención en el conocimiento\n de un proceso, el artículo 60 de la Ley Orgánica\n de la Función Judicial, en su inciso segundo, dispone:\n Sorteada una causa, la Sala a la que hubiere correspondido intervendrá\n en la sustanciación y resolución de ella cuantas\n veces vuelva al Tribunal, sin necesidad de nuevo sorteo, así\n como en el caso de la ejecución de una sentencia que se\n hubiera expedido en juicio ordinario, o en juicio verbal sumario\n proveniente de sentencia dictada en proceso de conocimiento".\n Esta disposición es aplicable a todos los casos en que\n una misma causa vuelva al Tribunal, pero no en el evento de que\n sea "otra causa" aunque conexa, la que se eleve a conocimiento\n de los tribunales por haberse interpuesto un recurso en ella,\n supuesto éste en que, de existir dos o más salas\n competentes, necesariamente, se deberá proceder al sorteo\n para que se radique la competencia en una de ellas. En la especie,\n existen dos causas perfectamente diferenciadas: la primera, en\n la que se pide la nulidad absoluta de: la escritura de constitución\n de la Compañía de Economía Mixta AGUAS DE\n SAMBORONDON, AMAGUA C.E.M., del convenio celebrado en instrumento\n privado entre la I. Municipalidad de Samborondón y AGUAS\n DE SAMBORONDON, AMAGUA C.E.M., el 5 de mayo de 1998, y, de los\n convenios ratificatorios y ampliatorios del convenio anterior,\n en el que se ha interpuesto recurso de casación contra\n la sentencia de segunda instancia; y, la segunda, el juicio de\n competencia negativa No. 2 12-99 suscitado entre el Presidente\n de la Corte Superior de Guayaquil y el Juez Sexto de lo Civil\n del Guayas, que terminó con la resolución de 3\n de marzo de 2000; por lo tanto, es fácil colegir que entre\n los procesos no hay identidad porque inclusive las partes son\n diferentes, a más de serlo también, el objeto de\n la litis. TERCERO.- Los incidentes de competencia usualmente\n se producen en razón del territorio y de la materia, y\n deben ser resueltos por el superior jerárquico del Juez\n provocante. De aceptarse la tesis de que el Juez que resuelve\n el conflicto de competencia es competente para conocer el fondo\n del asunto, se llegaría a la ilógica conclusión\n de que, cuando se suscite un incidente de competencia (positivo\n o negativo) en un proceso, el Tribunal que lo dirima prevendrá\n siempre en el conocimiento de la causa principal, debiendo resolver\n los recursos que en ella se interpongan aunque hubiese resuelto\n ese incidente a favor de un Juez de una materia diferente a la\n suya, o de un territorio diferente al de su distrito, lo cual\n es contrario al recto sentido de la ley; así es como se\n ha pronunciado esta Sala en su Resolución 106-2000 de\n 2 de marzo de 2000, e igualmente, la tesis sostenida por esta\n Sala ha sido confirmada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia\n en resolución emitida el 24 de julio de 2002, al resolver\n el conflicto de competencia suscitado entre la Primera y Segunda\n salas de lo Civil de esta Corte Suprema, en el cual se manifiesta\n que el incidente de competencia constituye un verdadero juicio\n y que, por lo tanto, su resolución no produce prevención\n en el conocimiento de la causa principal, por lo que no es aplicable\n lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica\n de la Función Judicial, pues se trata de dos causas diferentes.\n En consecuencia, al no haber prevenido esta Sala en el conocimiento,\n SE INHIBE de conocer la presente causa y se ordena se envíe\n el proceso a la Oficialía Mayor de la Corte Suprema de\n Justicia para que sea sorteado entre una de las salas de lo Civil\n y Mercantil. Notifíquese.

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Fdo.) Dres. Santiago Andrade Ubidia, Galo Galarza Paz y Ernesto\n Albán Gómez, Ministros Jueces.

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RAZON: Esta copia es igual a su original. Certifico. Quito,\n a 22 de abril de 2003.

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f.) Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria Relatora de la\n Primera Sala Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia.\n

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Nº 121-2003

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En el juicio verbal sumario (Recurso\n de casación) No. 42-2003 que, por terminación de\n contrato de arrendamiento, sigue Juan Edmundo Romero Campaña\n en contra de Juana María Cuyago Cóquez, se ha dictado\n lo siguiente:

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Quito, 28 de abril de 2003; las 09h25.

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VISTOS: Juana Maria Cuyago Cóquez deduce recurso de\n hecho contra la negativa del recurso de casación que interpuso\n respecto de la sentencia dictada por la Quinta Sala de la H.\n Corte Superior de Justicia de Quito, confirmatoria de la del\n inferior que declaró con lugar la demanda, dentro del\n juicio verbal sumario que, por terminación de contrato\n de arrendamiento, sigue Juan Romero Campaña en contra\n de la recurrente; recurso de hecho que, por concedido, permite\n que el proceso suba a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia,\n en la cual se ha radicado la competencia por el sorteo de ley\n en esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil, la que mediante\n auto de 17 de febrero de 2003 admitió la causa a trámite\n y, una vez que ha concluido la etapa de sustanciación\n de este proceso de casación, para resolver considera:\n PRIMERO.- La recurrente cita como normas infringidas los artículos\n 23 números 26 y 27; artículos 24 y 192 de la Constitución\n Política de la República; artículos 1724,\n 1725, 1726, 1727 y 1746 del Código Civil; 117, 118, 182,\n 183 y 192 Nº 4 del Código de Procedimiento Civil;\n "la jurisprudencia publicada en las Gacetas Judiciales Serie\n XII Nos. 7 y 11; Serie XV No. 14" Serie XVI Nº 9"\n y el artículo 33 del Código de Procedimiento Penal.\n Fundamenta su recurso en las causales primera, segunda y tercera\n del artículo 3 de la Ley de Casación. Estos son\n los límites, dados por la propia recurrente, dentro de\n los cuales se desenvolverá la actividad jurisdiccional\n del Tribunal de Casación. SEGUNDO.-Como lo viene declarando\n reiteradamente esta Sala, cuando se acusa violación a\n las disposiciones constitucionales, este cargo ha de ser analizado\n en primer lugar, ya que al ser la Constitución Política\n de la República la norma suprema del Estado, a la cual\n han de ajustarse todas las normas secundarias y las actuaciones\n de la autoridad pública y de los ciudadanos, la afirmación\n de que se está desconociendo los mandatos contenidos en\n la Constitución impone revisar en primer lugar y con especial\n detenimiento tal aserto, pues de ser fundado el cargo, todo lo\n actuado quedará sin valor ni eficacia alguna, y como también\n y de manera insistente ha señalado este Tribunal en sus\n resoluciones, no puede realizarse ligeramente una afirmación\n de esta naturaleza, sino que se ha de proceder con seriedad,\n responsabilidad y respeto tanto frente al texto constitucional\n como en relación con la autoridad y los ciudadanos en\n general. La recurrente acusa falta de aplicación de los\n artículos 23 números 26 y 27, 24 y 192 de la Constitución\n Política de la República, y argumenta: "En\n la aludida sentencia se ha manifestado que el informe grafotécnico\n que establece la falsificación de mí firma en el\n supuesto contrato de arrendamiento, se debió realizar\n en primera instancia dentro del término de prueba, particular\n que no es compartido por algunos tratadistas y lo determinado\n en la jurisprudencia, porque desde que se emitir (SIC) la firma\n de uno de los comparecientes en un documento originario, desde\n que nació, se originó, es nulo, por la falta de\n voluntad de una de las partes, y este hecho de inmoralidad debe\n ser demostrado al Juez o al Magistrado en cualquier instancia,\n y enterado de este acto doloso, se debe declarar la nulidad del\n mismo, por atentar a la fe pública". Ahora bien,\n los artículos citados por la recurrente se refieren, en\n su orden, a lo siguiente: artículo 23, número 26\n al derecho a la seguridad jurídica; número 27,\n el derecho al debido proceso y a una justicia sin dilaciones;\n el artículo 24 se refiere a las garantías del debido\n proceso aunque sin especificar cuál de las diecisiete\n consagradas en esta disposición constitucional se ha transgredido;\n y el artículo 192 dice que "El sistema procesal será\n un medio para la realización de la justicia. Hará\n efectivas las garantías del debido proceso y velará\n por el cumplimiento de los principios de inmediación,\n celeridad y eficiencia en la administración de justicia.\n No se sacrificará la justicia por la sola omisión\n de formalidades.". Todos estos principios, y los demás\n que constan en otros artículos de la Carta Política,\n constituyen garantías básicas sobre las cuales\n se construye el sistema jurídico del país y, particularmente,\n el sistema judicial. Son guías para que el Legislador\n dicte las normas que los van desarrollando, y para que éstas\n se interpreten y aplique

 

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