Registro Oficial

Registro Oficial. 26 de FEBRERO del 2003

Miércoles, 26 de febrero de 2003

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE FEBRERO DEL 2003
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Miércoles, 26 de febrero del 2003 - R. O. No. 30

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n

\n\n

FUNCIÓN\n EJECUTIVA
\n DECRETOS:

\n  
\n
9\n Desígnase al Coronel abogado Gualberto Napoleón\n Villa Barragán, como delegado permanente del Presidente\n Constitucional de la República ante el Directorio del\n Fondo de Solidaridad.

\n\n

19\n Nómbrase\n al señor Teniente (S.P.) Fready Fernando   \n Rodríguez    Flores,   \n como representante del Presidente de la República ante    \n el     Consejo     Nacional    \n de Telecomunicaciones.

\n\n

20 Nómbrase al señor\n abogado Antonio Andretta Arízaga, como representante del\n Presidente de la República, ante el Directorio de la Comisión\n de Tránsito de la Provincia del Guayas. 

\n\n

39 Nómbrase al señor\n Mayor (S.P.) Fernando Patricio   del   Pozo  \n Pasquel,   Vocal representante del Presidente de la\n República ante el Directorio de la Corporación\n Aduanera Ecuatoriana, (CAE) .

\n\n

42\n Nómbrase\n al señor ingeniero Freddy Moreno Mora, delegado del Presidente\n de la República ante elConsejo Nacional de Radiodifusión\n y Televisión (CONARTEL).
\n  
\n
RESOLUCIONES;
\n AGENCIA DE GARANTÍA
DE DEPÓSITOS:
\n  
\n
AGD-GG-2003-006  \n Asume a partir de la presente fecha  el  cargo de Gerente\n General subrogante, el seflor Patricio Rene Salvador Gordillo\n basta que el Directorio de la AGD nombre al titular.

\n\n

AGD-GG-2003-007   Revocanse y/o deróganse\n todos los poderes otorgados y las delegaciones conferidas por\n el señor doctor Teodoro Oswaldo Tamariz Valdivieso, en\n calidad de Gerente General de la AGD, y varias resoluciones publicadas  \n en el Registro Oficial.
\n  
\n FUNCIÓN\n JUDICIAL
\n CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO LABORAL
Y SOCIAL:
\n  
\n Recursos de casación en los juicios laborales seguidos\n por las siguientes personas:
\n  
\n 339-00   Luz Ena del Carmen\n Pérez Landázuri de Páez en contra del Banco\n Nacional de Fomento .

\n\n

292-01   Santiago Aníbal\n Torres Arguello en contra de la Empresa Eléctrica del\n Ecuador Inc. (EMELEC).

\n\n

81-2002\n Jacinto Vlllacrés\n Escobar en contra del IESS.

\n\n

181-2002\n Vicente Enrique\n Petersen Pozo en contra del Municipio de Guayaquil .

\n\n

195-2002 Sonta Marta Yépez Ponce\n en contra de Jacinto Chavarrea y otra .

\n\n

226-2002 José Anchundia Mantuano\n en contra de la Industria Ecuatoriana Productora de Alimentos\n C.A. (INEPACA) .

\n\n

242-2002 Arquitecto Antonio Costa Stracuzzi\n en contra del IESS .

\n\n

244-2002\n Jorge Estrella\n en contra de Automotores y Anexos S.A.

\n\n

247-2002 Enrique Seme Vera en contra\n de hacienda El Guasmo.

\n\n

250-2002 Kléber Echeverría\n Cedefló en contra de Filanbanco S.A., sucursal Manta.

\n\n

251-2002  Roberis Salvador Calderón\n Reyes en contra del ingeniero José Chilán Macìas\n y otros.

\n\n

252-2002 Gustavo Efraín Jaramillo\n Aviles en contra de la Empresa SAETA .

\n\n

253-2002 María Rosa Valverde\n en contra del IESS.

\n\n

254-2002\n Nancy Margarita\n Macìas Pacheco en contra   de   Industria  \n Ecuatoriana Productora de Alimentos C.A., INEPACA.

\n\n

256-2002 Ernesto Quevedo Moreno en contra\n de Frigocaribe S.A. .

\n\n

257-2002 Jorge Alberto Cruz Lascano\n en contra de Luis Eugenio Bonilla Garda .

\n\n

259-2002 Economista Gorqui Chica Gutiérrez\n en contra de Unidad Ecuador S.A.
\n  
\n TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL
\n RESOLUCIONES:

\n  
\n
002-2002-CC\n Dirímese de conformidad con la Constitución Política\n del Estado la competencia a favor del Presidente de la Corte\n Suprema de Justicia.
\n  
\n 004-2002-DI   Deséchase\n la petición de Inaplicabilidad de la norma contenida en\n el artículo 231 del Código de Procedimiento Penal\n .
\n  
\n 009-2002-CI   Comunícase\n al Congreso Nacional que el "Protocolo Facultativo de la\n Convención Sóbrelos Derechos del Niño relativo\n a la Participación de Niños en los Conflictos Armados\n " adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas\n el 25 de mayo de 2000, guarda armonía con la Constitución\n Política del Estado .
\n  
\n 030-2002-TC Acéptase y declárase\n inconstitucional la  demanda presentada por el licenciado\n Jaime Carrillo Cruz.
\n  
\n 295-2002-RA Revócase la resolución\n subida en grado y alégase la acción   \n de amparo constitucional solicitada por el abogado Jorge Lince\n Manrique .
\n  
\n 508-2002-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y acéptase la acción de amparo\n constitucional planteada por el economista Ricardo Rafael Alarcón\n Cobeña .
\n  
\n 534-2002-RA Confírmase la\n resolución pronunciada por el Juez Cuarto de lo Civil\n de Guayaquil en la parte que acepta parcialmente el amparo constitucional.
\n  
\n 587-20B2-RA Revócase la resolución\n del Juez de instancia y concédese parcialmente el amparo\n solicitado por el señor Ángel Ramón Silva\n Núnez, y déjase sin efecto la destitución\n resuelta en su contra.
\n
\n

\n \n
\n

\n\n

 

\n\n

Nº 9

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante ley s/n, publicada en el Registro Oficial No.\n 661 de 24 de marzo de 1995 se creo el Fondo de Solidaridad para\n el Desarrollo Humano de la Población Ecuatoriana, como\n organismo de derecho público, con personen a jurídica,\n patrimonio y régimen administrativo y financiero propios;\n adscrito a la Presidencia de la República y sometido al\n control de la Contraloría General del Estado, en la ejecución\n de los actos y contratos que celebre para la ejecución\n de los programas de desarrollo humano y a la supervisión\n y control de la Superintendencia de Bancos, en lo relacionado\n a sus operaciones financieras;

\n\n

Que según la ley de su creación, los objetivos\n y fines que persigue el Fondo de Solidaridad son la atención\n a las políticas de desarrollo humano exclusivamente, mediante\n el financiamiento de programas de educación formal y no\n formal en sus diversas modalidades; de salud en sus fases de\n prevención, curación y rehabilitación; maternidad\n gratuita y nutrición infantil; saneamiento ambiental;\n dotación de agua potable y alcantarillado, del desarrollo\n urbano; de la preservación del medio ambiente; de vivienda\n de interés social; de electrificación rural; de\n fomento y promoción cultural; y, otros que tengan la finalidad\n de promover el bienestar social en el contesto del desarrollo\n comunitario y el empleo productivo;

\n\n

Que mediante Decreto Ley 2000-1, publicado en el Suplemento\n del Registro Oficial 144 de 18 de agosto de 2000, se reforma\n algunas disposiciones de la Ley de Creación del Fondo\n de Solidaridad, con el objetivo central de permitir la participación\n ciudadana en los beneficios que genere la participación\n del sector privado en las empresas estatales;

\n\n

Que a más de designar a las autoridades del Fondo de\n Solidaridad para el presente período, es necesario también\n fortalecer la estructura del Directorio de la entidad, con la\n finalidad de que haya mayor participación de sus miembros,\n en la dirección política de la institución,\n en la ejecución de las atribuciones propias de dicho cuerpo\n colegiado y en la necesaria coordinación y supervisión\n de los demás estamentos institucionales; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos\n 171, numeral 5) de la Constitución Política de\n la República, 14 de la Ley de Creación del Fondo\n de Solidaridad y 11, letras b), O y g) del Estatuto Jurídico\n y Administrativo de la Función Ejecutiva,

\n\n

 

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- DESIGNAR al coronel abogado Gualberto Napoleón\n Villa Barragán, como delegado permanente del Presidente\n Constitucional de la República ante el Directorio del\n Fondo de Solidaridad, quien lo presidirá.

\n\n

Art. 2.- ASIGNAR al coronel a bogado Gualberto Napoleón\n Villa Barragán, en su calidad de Presidente Titular del\n Fondo de Solidaridad, a más de las atribuciones previstas\n en el Art. 3 del Reglamento Orgánico Funcional del Fondo\n de Solidaridad, las funciones permanentes que se mencionan a\n continuación y que le obligan a laborar a tiempo completo\n en la institución:

\n\n

· Elaborar para conocimiento del Directorio, las políticas,\n programas, normas y reglamentos del Fondo de Solidaridad;

\n\n

· Proponer al Directorio el nombramiento y remoción\n del Gerente General y del Auditor General del Fondo de Solidaridad;

\n\n

· Proponer para aprobación del Directorio, el\n financiamiento de atención a emergencias por desastres\n naturales, hasta un 10% del presupuesto del Fondo de Solidaridad,\n destinado al plan de desarrollo humano;

\n\n

· Proponer para la aprobación del Directorio,\n la suscripción de acuerdos o convenios con entes gubernamentales\n que tengan a su cargo la evolución de la gestión\n de los proyectos y la preparación de estudios previos;\n así como la contratación de asesorías externas,\n en materia de inversiones y de programación y evolución\n de proyectos;

\n\n

· Presentar al Directorio, para su aprobación,\n los cuadros de directores principales y suplentes y administradores\n de las empresas, que en virtud de los respectivos estatutos le\n corresponde elegir al Fondo de Solidaridad como accionista de\n la misma;

\n\n

· Conocer y autorizar la designación o conformación\n de comisiones de control de gestión de las empresas de\n propiedad total o parcial del Fondo de Solidaridad y de las gestiones\n realizadas por las mismas;

\n\n

· Presidir el Comité de Inversiones del Fondo\n de Solidaridad, que supervisará de manera permanente todas\n las actividades de inversión institucional;

\n\n

· Presidir el Comité de Proyectos Sociales del\n Fondo de Solidaridad, encargado de supervisar de manera permanente\n todas las actividades de inversión social institucional;

\n\n

· Presidir el Comité de Supervisión de\n Empresas del Fondo de Solidaridad, que controlará de manera\n permanente todas las actividades de gestión empresarial\n en compañías en las cuales el Fondo de Solidaridad\n accionista;

\n\n

· Reemplazar al Gerente General en su ausencia, o en\n su falta temporal o definitiva;

\n\n

· Autorizar las comisiones de servicio en el exterior,\n de Los servidores del Fondo de Solidaridad; y,

\n\n

· Ejercer los demás deberes y atribuciones que\n legalmente le asigne el Directorio.

\n\n

Art. 3.- DISPONER que el Directorio del Fondo de Solidaridad,\n en su primera sesión, fije la remuneración mensual\n más todos los beneficios de ley, del Presidente del Directorio,\n la que en ningún caso será inferior a la que percibe\n el Gerente General de la institución, con cargo al presupuesto\n y recursos del Fondo de Solidaridad.

\n\n

Art. 4.- El presente decreto entrará en vigencia a\n partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Dado, en el Palacio Nacional, en Quito, a 16 de enero de 2003.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

Es fiel copia del original - Lo certifico.

\n\n

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No. 19

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPUBLICA

\n\n

En ejercicio de la facultad que le confiere\n la letra a) del segundo artículo innumerado del artículo\n 10 de la Ley 94, publicada en el Registro Oficial 770 de 30 de\n agosto de 1995,

\n\n

Decreta:

\n\n

ARTICULO UNICO.- Nombrase al señor Teniente\n (SP.) Freddy Fernando Rodríguez Flores, como representante\n del Presidente de la República, ante el Consejo Nacional\n de Telecomunicaciones, quien lo presidirá.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 18 de enero de 2003.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

Es fiel copia del original. Lo certifico.

\n\n

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No. 20

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPUBLICA

\n\n

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo\n 3 literal a) de la Ley número 99-28, sustitutiva a la\n Ley de Creación de la Comisión de Tránsito\n de la Provincia del Guayas, publicada en el Registro Oficial\n número 202 de 1 de junio de 1999,

\n\n

Decreta:

\n\n

ARTICULO UNICO.- Nómbrase al señor abogado\n Antonio Andretta Arízaga, representante del Presidente\n de la República, ante el Directorio de la Comisión\n de Tránsito de la Provincia del Guayas, quien la presidirá.\n

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 18 de enero de 2003.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

Es fiel copia del original.

\n\n

Lo certifico.

\n\n

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la

\n\n

Administración Pública.

\n\n

 

\n\n

No. 39

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbón
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPUBLICA

\n\n

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo\n 106 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica\n de Aduanas, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 359\n de 2 de julio de 2001,

\n\n

Decreta:

\n\n

ARTICULO UNICO.- Nómbrase al señor Mayor\n (S.P.) Fernando Patricio del Pozo Pasquel, Vocal representante\n del Presidente de la República, ante el Directorio de\n la Corporación Aduanera Ecuatoriana, (CAE).

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 21 de enero de 2003.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

Es fiel copia del original.

\n\n

Lo certifico.

\n\n

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No 42

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPUBLICA

\n\n

En ejercicio de la facultad que le confiere\n la letra a) del segundo artículo innumerado agregado a\n continuación del artículo 5 de la Ley de Radiodifusión\n y Televisión,

\n\n

Decreta:

\n\n

ARTICULO UNICO.- Nómbrase al señor ingeniero\n Freddy Moreno Mora, delegado del Presidente de la República,\n ante el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión\n (CONARTEL) y como tal, Presidente de ese Cuerpo Colegiado.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 22 de enero de 2003.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

Es fiel copia del original.

\n\n

Lo certifico.

\n\n

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No. AGD-GG-2003-006

\n\n

Patricio René Salvador Gordillo
\n GERENTE GENERAL SUBROGANTE DE LA
\n AGENCIA DE GARANTIA DE DEPOSITOS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, la Agencia de Garantía de Depósitos AGD,\n es una entidad de derecho público, dotada de personalidad\n jurídica propia, creada mediante Ley No. 98-17 promulgada\n en el Suplemento del Registro Oficial No. 78 de 1 de diciembre\n de 1998, intitulada "Ley de Reordenamiento en Materia Económica\n en el Area Tributario - Financiera", y, que goza de plena\n autonomía administrativa, presupuestaria, técnica\n y operativa;

\n\n

Que, conforme el artículo 22 de la Ley de Reordenamiento\n en Materia Económica en el Area Tributario - Financiera,\n la representación legal de la Agencia de Garantí\n a de Depósitos AGD, la ejerce el Gerente General de dicha\n institución pública;

\n\n

Que, con fecha 10 de febrero de 2003 el señor doctor\n Teodoro Oswaldo Tamariz Valdivieso, mediante oficio No. AGD-GO-022-03,\n presentó su renuncia al cargo de Gerente General de la\n Agencia de Garantía de Depósitos, que venia ejerciendo\n hasta dicha fecha;

\n\n

Que, según al tenor del artículo 208 del Estatuto\n del Régimen Jurídico Administrativo de la Función\n Ejecutiva, agregado por Decreto Ejecutivo No. 3389, publicado\n en el Registro Oficial No. 733 de 27 de diciembre de 2002, no\n será necesaria la aceptación de una renuncia para\n que la misma tenga eficacia, por lo que, la renuncia de un cargo\n público surtirá efectos desde el momento de su\n presentación, sin perjuicio de las responsabilidades civiles,\n administrativas o penales a que haya lugar;

\n\n

Que, la disposición normativa referida en el considerando\n precedente, señala que el funcionario renunciante será\n reemplazado inmediatamente por la persona que corresponda de\n acuerdo con la ley o el reglamento respectivo;

\n\n

Que, al tenor de lo previsto en el inciso final del artículo\n 40 del Estatuto Orgánico Funcional de la Agencia de Garantía\n de Depósitos, agregado por el artículo 8 de la\n Resolución No. AGD-GG-007-2002 de 29 de julio de 2002\n promulgada en el Registro Oficial No. 645 de 21 de agosto del\n mismo año, en caso de renuncia o ausencia definitiva del\n Gerente General de la Agencia de Garantía de Depósitos,\n hasta que sea reemplazado por quien designe el Directorio de\n la AGD, lo subrogará el Gerente Corporativo y de Activos;

\n\n

Que, según consta del nombramiento respectivo, el señor\n economista Patricio René Salvador Gordillo ostenta la\n calidad de Gerente Corporativo y de Activos de la Agencia de\n Garantía de Depósitos; y,

\n\n

En ejercicio de las facultades que le confiere la ley,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1.- Asumir a partir de la presente fecha el cargo\n de Gerente General subrogante de la Agencia de Garantía\n de Depósitos hasta que el Directorio de la Agencia de\n Garantía de Depósitos nombre al titular.

\n\n

Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco\n de Quito, a 10 de febrero de 2003.

\n\n

f.) Patricio René Salvador Gordillo, Gerente General\n subrogante de la Agencia de Garantía de Depósitos.

\n\n

CERTIFICO.- Que la resolución que antecede fue suscrita\n y expedida por el señor economista Patricio René\n Salvador Gordillo, Gerente General subrogante de la Agencia de\n Garantía de Depósitos.

\n\n

f.) Dr. Carlos Arsenio Larco, Secretario General, Agencia\n de Garantía de Depósitos.

\n\n

El Secretario General de la Agencia de Garantías de\n Depósitos AGD, certifica que la firma que antecede corresponde\n a la autoridad institucional que autorizó el documento\n bajo su responsabilidad en el área respectiva.

\n\n

f.) El Secretario General.

\n\n

Fecha: 18 de febrero de 2003.

\n\n

f.) Dr. Carlos Arsenio Larco V., Secretario General, Agencia\n de Garantía de Depósitos AGD.

\n\n

Lo certifico.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No. AGD-GG-2003-007

\n\n

Patricio René Salvador Gordillo
\n GERENTE GENERAL SUBROGANTE DE LA
\n AGENCIA DE GARANTIA DE DEPOSITOS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, la Agencia de Garantía de Depósitos AGD,\n es una entidad de derecho público, dotada de personalidad\n jurídica propia, creada mediante Ley No. 98-17 promulgada\n en el Suplemento del Registro Oficial No. 78 de 1 de diciembre\n de 1998, intitulada "Ley de Reordenamiento en Materia Económica\n en el Area Tributario - Financiera", y, que goza de plena\n autonomía administrativa, presupuestaria, técnica\n y operativa;

\n\n

Que, conforme el artículo 22 de la Ley de Reordenamiento\n en Materia Económica, en el Area Tributario - Financiera,\n la representación legal de la Agencia de Garantía\n de Depósitos AGD, la ejerce el Gerente General de dicha\n institución pública;

\n\n

Que, con fecha 10 de febrero de 2003 el señor doctor\n Teodoro Oswaldo Tamariz Valdivieso, mediante oficio No. AGD-GG-022-03,\n presentó su renuncia al cargo de Gerente General de la\n Agencia de Garantía de Depósitos, que venía\n ejerciendo hasta dicha fecha;

\n\n

Que, según al tenor del artículo 208 del Estatuto\n del Régimen Jurídico Administrativo de la Función\n Ejecutiva, agregado por Decreto Ejecutivo No. 3389, publicado\n en el Registro Oficial No. 733 de 27 de diciembre de 2002, no\n será necesaria la aceptación de una renuncia para\n que la misma tenga eficacia, por lo que, la renuncia de un cargo\n público surtirá efectos desde el momento de su\n presentación, sin perjuicio de las responsabilidades civiles,\n administrativas o penales a que haya lugar;

\n\n

Que, la disposición normativa referida en el considerando\n precedente, señala que, el funcionario renunciante será\n reemplazada inmediatamente por la persona que corresponda de\n acuerdo con la ley o el reglamento respectivo;

\n\n

Que, al tenor de lo previsto en el inciso final del artículo\n 40 del Estatuto Orgánico Funcional de la Agencia de Garantía\n de Depósitos, agregado por el artículo 8 de la\n Resolución No. AGD-GG-007-2002 de 29 de julio de 2002\n promulgada en el Registro Oficial No. 645 de 21 de agosto del\n mismo año, en caso de renuncia o ausencia definitiva del\n Gerente General de la Agencia de Garantía de Depósitos,\n hasta que sea reemplazado por quien designe el Directorio de\n la AGD, lo subrogará el Gerente Corporativo y de Activos;

\n\n

Que según consta del nombramiento respectivo, el señor\n economista Patricio René Salvador Gordillo ostenta la\n calidad de Gerente Corporativo y de Activos de la Agencia de\n Garantía de Depósitos;

\n\n

Que, mediante Resolución No. AGD-GG-2003'006 de 10\n de febrero de 2003 el economista Patricio René Salvador\n Gordillo, por mandato de las disposiciones contenidas en los\n articules 208 del Estatuto del Régimen Jurídico\n Administrativo de la Función Ejecutiva, agregado por Decreto\n Ejecutivo No. 3389. publicado en el Registro Oficial No, 733\n de 77 de diciembre de 2002 y 40 del Estatuto Orgánico\n funcional de la Agencia de Garantía de Depósitos,\n agregado por el artículo 8 de la Resolución No.\n AGD-GG-007-2002 de 29 de julio del 2002 promulgada en el Registro\n Oficial No. 645 de 21 de agosto del mismo año, asumió\n a partir de dicha fecha el cargo de Gerente General subrogante\n de la Agencia de Garantía de Depósitos hasta que\n el Directorio de la Agencia de Garantías de Depósitos\n nombre al titular; y,

\n\n

En ejercicio de las facultades que le confiere la ley,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art.1.- Revocar en forma expresa las resoluciones Nos. AGD-2002-012\n de 29 de agosto de 2002, publicada en el Registro Oficial No.\n 664 de 17 de septiembre del mismo año, AGD-GG-2002-014\n de 29 de agosto de 2002 publicada en el Registro Oficial No.\n 664 de 17 de septiembre del mismo año y AGD-GG-2002-021\n del 10 de diciembre de 2002, publicada en el Registro Oficial\n No 16 de 6 de febrero de 2002.

\n\n

Art.2.- Todos los poderes otorgados y las delegaciones conferidas\n por el señor doctor Teodoro Oswaldo Tamariz Valdivieso\n en calidad de Gerente General de la AGD y/o representante legal\n de las instituciones financieras en saneamiento, quedan automáticamente\n revocados y/o derogados en forma tácita, por el ministerio\n de la ley, a este efecto se dispone que los señores notarios\n sientan las razones correspondientes.

\n\n

Art.3.- La presente resolución entrará en vigencia\n a partir de su expedición sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco\n de Quito, a 10 de febrero de 2003.

\n\n

f.) Patricio René Salvador Gordillo, Gerente General\n subrogante de la Agencia de Garantía de Depósitos.

\n\n

CERTIFICO.- Que la resolución que antecede fue suscrita\n y expedida por el señor economista Patricio René\n Salvador Gordillo, Gerente General subrogante de la Agencia de\n Garantía de Depósito.

\n\n

f.) Dr. Carlos Arsenio Larco, Secretario General, Agencia\n de Garantía de Depósito.

\n\n

El Secretario General de la Agencia de Garantías de\n Depósitos AGD, certifica que la firma que antecede corresponde\n a la autoridad institucional que autorizó el documento\n bajo su responsabilidad en el área respectiva.

\n\n

f.) El Secretario General.

\n\n

Fecha: 18 de febrero de 2003.

\n\n

f.) Dr. Carlos Arsenio Larco y., Secretario General, Agencia\n de Garantía de Depósitos AGD.

\n\n

Lo certifico.

\n\n

 

\n\n

Nº 339-00

\n\n

JUICIO DE TRABAJO SEGUIDO POR LUZ PEREZ
\n CONTRA BANCO NACIONAL DE FOMENTO.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

\n\n

Quito, noviembre 12 de 2002; las 09h10.

\n\n

VISTOS: En el juicio seguido por Luz Ena del Carmen Pérez\n Landázuri de Páez en contra del Banco Nacional\n de Fomento, tendiente a que se le pague la jubilación\n especial patronal y otros beneficios, la Cuarta Sala de la Corte\n Superior de Quito al confirmar el fallo del Juez Primero del\n Trabajo, rechaza la demanda.- De este pronunciamiento, la actora\n interpone recurso de casación; una vez radicada, por sorteo,\n la competencia en este Tribunal para resolver, se considera:\n PRIMERO.- La recurrente estima infringidos los Arts. 7 y 632\n del Código del Trabajo, la resolución de la Corte\n Suprema de Justicia de 15 de junio de 1989, publicada en el RO.\n 233 de 14 de julio del mismo año, la Regulación\n No. 0 1-91 dictada por el Directorio del Banco Nacional de Fomento;\n y, el numeral 6 del Art. 35 de la Constitución, fundando\n su censura en la causal 1ª del Art. 3 de la Ley de Casación.-\n SEGUNDO.- La actora en el escrito inicial, fundamenta su pretensión,\n afirmando que "El Banco Nacional de Fomento, por decisión\n del Directorio de la Institución, emitió el 29\n de mayo de 1991, la Regulación 01/91 por la cual se expide\n la Regulación Codificada para regular el otorgamiento\n aplicación de la Jubilación Especial Patronal";\n y, como la entidad demandada, en la audiencia de conciliación,\n alegó la prescripción de la acción; es prioritario\n analizar si procede o no dicha excepción.- TERCERO.- El\n Art. 632 del Código del Trabajo, determina: Las acciones\n provenientes de los actos y contratos prescriben en tres años,\n contados desde la terminación de la relación laboral...;\n por su parte, la resolución de la Corte Suprema de Justicia\n de 15 de junio de 1989, publicada en el Suplemento del Registro\n Oficial No. 233 de 14 de julio de 1989, manifiesta que, es imprescriptible\n el derecho del trabajador, que hubiere prestado sus servicios\n por 25 años o más, en forma continuada o interrumpidamente,\n para que se beneficie con la jubilación patronal, a que\n se refiere el Art. 221 (actual 219) del Código del Trabajo.-\n CUARTO.- Analizada la Regulación No. 01/91 expedida por\n el Directorio del Banco Nacional de Fomento, para la aplicación\n de la jubilación especial patronal, constante de fs. 413\n a 420 del primer cuaderno, enviada al Secretario del Juzgado\n 1º del Trabajo mediante oficio 21-JUN-l999, por el Dr.\n Ezequiel Bermeo Vallejo, Secretario General del Banco Nacional\n de Fomento, no aparece que se haya determinado el tiempo durante\n el cual, los beneficiarios puedan ejercitar su derecho; de consiguiente,\n mal puede operar la prescripción en lo concerniente al\n planteamiento de la acción que tiene por objeto perseguir\n el pago de la jubilación especial patronal; y, así\n lo entendió el Directorio del Banco Nacional de Fomento\n cuando no hizo distinción alguna al establecer el beneficio\n a sus servidores; además, si conforme a la Constitución\n de la República el derecho de los trabajadores a la jubilación\n es intangible, sin que, en el caso pueda ser quebrantado por\n la circunstancia de que no se ejerció en tiempo oportuno;\n por ello, se estima que no ha lugar la excepción planteada\n al respecto.- QUINTO.- La actora afirma que ha prestado sus servicios\n lícitos y personales en el Banco Nacional de Fomento,\n desde el 2 de diciembre de 1974 hasta el 30 de marzo de 1992\n en que presentó su renuncia voluntaria, siendo su último\n cargo el de Programadora en el Departamento de Procesamiento\n de Datos; y, que del 10 de junio de 1960 al 28 de febrero de\n 1975, laboró para EMETEL; agrega que sus servicios en\n el sector público fue el de 32 años 1 mes, de los\n cuales 17 años 4 meses trabajó en el Banco Nacional\n de Fomento.- SEXTO.- La Regulación 01/91 expedida por\n el Directorio del Banco Nacional de Fomento de 29 de mayo de\n 1991, en el Art. 2, determina: "Para gozar de los beneficios\n de la Jubilación Especial Patronal, los servidores del\n Banco deberán separarse de la Institución y reunir\n los siguientes requisitos: a) Tener como mínimo 55 años\n de edad y veinticinco (25) años o más al servicio\n de la Institución, que pueden ser continuos o interrumpidos;\n b) Tener 55 años o más de edad y haber cumplido\n un mínimo de quince (15) años al servicio del Banco,\n y la diferencia hasta cumplir 25 años en otras instituciones\n públicas, y que pueden ser continuos o interrumpidos..."\n y, el inciso final del mismo artículo, dispone: "Adicionalmente\n y quienes no cumplieren la edad mínima constante en el\n literal a) del Art. 2~ de esta Regulación Codificada podrán\n acogerse al beneficio de la Jubilación Especial Patronal,\n pero se disminuirá el coeficiente de cálculo de\n la pensión en un 2.5% con respecto a cada año que\n le falte para completar los 55 años de edad".- SEPTIMO.-\n De la partida de nacimiento incorporada a los autos, fs. 19,\n se establece que la actora a la fecha en que fue aceptada su\n renuncia, 11 de marzo de 1992, fs. 423, tenía la edad\n de cincuenta años, un mes, un día; y, la certificación\n de fs. 422 demuestra que prestó servicios en el Banco\n Nacional de Fomento, del 2 de diciembre de 1974 al 11 de marzo\n de 1992, o sea por el lapso de diecisiete años, tres meses,\n once días; y, de la certificación del IESS, fs.\n 20 aparece que fue afiliada por EMETEL, Empresa de Telecomunicaciones\n del primero de junio de 1960 a febrero de 1975, es decir, por\n más de catorce años; por consiguiente, la accionante\n ha laborado en el sector público por más de treinta\n y un años; de tal manera que estaría inmersa en\n lo previsto en el Art. 2 letra b) de la Resolución 01-91\n e inciso final del mismo artículo, al disponer que pueden\n acogerse al beneficio de la jubilación especial patronal\n quienes no cumplieren la edad mínima de cincuenta y cinco\n años de edad, disminuyéndose el coeficiente de\n cálculo en un 2.5% con respecto a cada año que\n le falta para completar los 55 años; puesto que al determinarse\n en el Art. 2 inciso final "Adicionalmente y quienes no cumplieren\n la edad mínima constante en el literal a)..." debe\n entenderse que se refiere de manera general a la edad mínima\n de 55 años.- En tal virtud, al aceptarse la impugnación\n formulada, revocándose la sentencia recurrida, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n se dispone que el Banco Nacional de Fomento, y por él\n su Gerente General y representante legal pague a Luz Ena del\n Carmen Pérez Landázuri de Páez la "Jubilación\n Especial Patronal" deduciendo el 2.5% por cada año\n que le faltaba para completar los 55 años de edad.- El\n Juez de primer nivel encargado de ejecutar el fallo, recabará\n la información suficiente para el cálculo respectivo.-\n Sin costas.- Notifíquese y devuélvase.

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Fdo.) Dres. Hugo Quintana Coello, Jaime Velasco Dávila\n y Miguel Villacís Gómez.

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Es fiel copia de su original.

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Quito, 29 de noviembre de 2002.

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f.) Secretario de la Primera Sala de lo Laboral y Social,\n Corte Suprema de Justicia.

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Nº 292-01

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JUICIO DE TRABAJO QUE SIGUE SANTIAGO\n TORRES CONTRA LA EMPRESA ELECTRICA DEL ECUADOR INC. (EMELEC).

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

\n\n

Quito, octubre 29 de 2002; las 09h10.

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VISTOS: En el juicio seguido por Santiago Aníbal Torres\n Arguello en contra de la Empresa Eléctrica del Ecuador,\n la Sexta Sala de la Corte Superior de Guayaquil al confirmar\n el fallo del Juez Quinto del Trabajo del Guayas, acepta la acción\n intentada.- De este pronunciamiento, el actor y el representante\n de la empresa demandada, interponen recurso de casación;\n una vez radicada, por sorteo, la competencia en este Tribunal,\n para resolver, se considera: PRIMERO.- Santiago Torres Arguello,\n estima infringidos los Arts. 4- 5- 6- 7- 95-224- 250- 510- 590\n y 592 del Código del Trabajo; el Art. 119 del Código\n de Procedimiento Civil; los Arts. 1589 y 1607 del Código\n Civil; y, los numerales 1- 2- 3- 4- 5- 12 y 14 del Art. 35 de\n la Constitución, fundando su censura en las causales 1ª\n y 3ª del Art. 3 de la Ley de Casación; por su parte\n Glenn Goldhagen, apoderado general de la Empresa Eléctrica\n del Ecuador Inc. (EMELEC) afirma que se ha violado el Art. 1588\n del Código Civil; los Arts. 6 y 592 del Código\n del Trabajo; y, los Arts. 119- 170- 180- 277 y 278 del Código\n de Procedimiento Civil e invoca la causal 3ª del Art. 3\n de la Ley de Casación.- SEGUNDO.- El Art. 592 del Código\n del Trabajo, permite al trabajador impugnar el documento de finiquito;\n por ello, debe analizarse si procede su objeción: si la\n liquidación de cuentas se ha realizado ante el Inspector\n del Trabajo y es pormenorizada no existe razón jurídica\n para desconocer su validez; pero, si no cumple cualquiera de\n esos requisitos, el trabajador puede hacerlo, así como\n también cuando no se han respetado los derechos que le\n corresponden, los mismos que son irrenunciables.- TERCERO.- A\n fs. 17 del cuaderno de primer nivel aparece el acta de finiquito,\n suscrita el tres de junio de mil novecientos noventa y siete\n entre el ahora actor y el doctor Fernando Aspiazu Seminario por\n sus propios derechos y los que representa en su calidad de apoderado\n de la Empresa Eléctrica del Ecuador Inc. (EMELEC) y que\n tuvo como antecedente el despido intempestivo de Santiago Aníbal\n Torres Arguello a quien se le han satisfecho indemnizaciones\n de acuerdo con el contrato colectivo, habiéndosele entregado\n la suma de S/. 222'083.469,oo (doscientos veintidós millones\n ochenta y tres mil cuatrocientos sesenta y nueve sucres) dicha\n acta ha sido debidamente pormenorizada y se halla homologada\n por el abogado Roberto Ancholuisa Lorentty, Inspector del Trabajo\n del Guayas.- En esta acta consta que el accionante laboró\n del 17 de diciembre de 1973 al 3 de junio de 1997 y que su última\n remuneración fue de S/. 1'757.900,oo; al suscribir este\n documento el demandante declaró que con los valores recibidos\n se encuentra pagado íntegramente los haberes que le corresponden\n por disposición de las leyes laborales y del contrato\n colectivo y que no tiene ningún reclamo que plantear a\n su ex empleador; sin embargo dejó constancia que por el\n despido intempestivo le faltan algunos valores por cobrar señalando\n entre otros la indemnización del Art. 496 del Código\n del Trabajo; el pago por los días de huelga de febrero\n a mayo de 997...".- CUARTO.- El accionante, al suscribir\n el acta de finiquito no planteó ninguna objeción\n respecto a la remuneración que sirvió de base para\n el cálculo de las indemnizaciones que le fueron satisfechas\n la cual conforme al acta de finiquito y rol de fs. 121 alcanzó\n a la suma de S/. 1 '757.900.oo; de consiguiente, al no existir\n demostración suficiente que acredite que su remuneración\n fue mayor no ha lugar a la reliquidación de los rubros\n constantes en el acta de finiquito.- QUINTO.- El Décimo\n Octavo Contrato Colectivo de Trabajo, entre la Empresa Eléctrica\n del Ecuador Inc. y sus trabajadores se celebró el 16 de\n marzo de 1998; de tal manera que sí el actor fue despedido\n el 3 de junio de 1997; a la fecha de la firma y suscripción\n del contrato colectivo, ya no era trabajador; por lo mismo, no\n podía solicitar los beneficios de la contratación\n colectiva toda vez que, la cláusula de retroactividad\n es pertinente para quienes se mantenían como trabajadores\n - SEXTO.- Como en el acta de finiquito tantas veces mencionada\n no aparece que se le han satisfecho al accionante valores por\n los siguientes rubros, le corresponde: a el sueldo o salario\n de un año atento, lo previsto en el Art. 239 del Código\n del Trabajo así como la garantía de estabilidad\n de un año, según el Art. 510 ibídem, a cuyo\n efecto para su cálculo se tomará como base la remuneración\n de S/. 1 '757.900,oo mensuales; b) S/. 95.000,oo por anticipo\n de utilidades; e) S/. 250.000,oo por uniformes; d) S/. 1000.000,oo\n de bonificación por el día del trabajador eléctrico;\n y, e) S/. 1 '462.600,oo por útiles escolares, lo cual\n da un total de cuarenta y cuatro millones noventa y siete mil\n doscientos sucres, que convertidos a dólares, son 1.763,89.-\n En virtud de lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE\n LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, en los términos\n de este pronunciamiento, aceptándose la impugnación\n del representante de la empresa demandada, se acepta la acción\n propuesta.- El señor Juez de primera instancia al ejecutar\n el fallo calculará los intereses respectivos. -Devuélvase\n a la entidad recurrente el cincuenta por ciento de la caución.-\n Notifíquese.

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Fdo.) Dres. Hugo Quintana Coello, Jaime Velasco Dávila\n y Miguel Villacís Gómez.

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Es fiel copia de su original.

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Quito, 8 de noviembre de 2002. f.) La Secretaria.
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81-2002

\n\n

JUICIO LABORAL QUE SIGUE JACINTO VILLACRES\n CONTRA I.E.S.S.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

\n\n

Quito, octubre 29 de 2002; las 09h50.

\n\n

VISTOS: A fs. 37 a 38 del cuaderno de segunda instancia, el\n economista Patricio Llerena Torres, Director del IESS, encargado,\n deduce recurso de casación de la sentencia dictada en\n ese nivel por la Tercera Sala de la H. Corte Superior de Justicia\n de Quito, en la que, reformando la de primera instancia, dispone\n que el recurrente pague al actor, Jacinto Villacrés Escobar,\n la suma de $ 1.115,67. Siendo el estado del proceso el de resolver\n sobre el recurso planteado, para hacerlo, se considera: PRIMERO.-\n La competencia de la Sala se encuentra establecida y asegurada\n por el sorteo de ley, cuya razón actuarial consta a fs.\n 1 del cuaderno de este nivel y de conformidad con el Art. 1 de\n la Ley de Casación.- SEGUNDO.- El recurrente precisa en\n el escrito que contiene su recurso, las normas que a su criterio\n han sido violentadas en la sentencia que impugna; así\n mismo lo funda en la causal 1ª del Art. 3 de la Ley de\n Casación. y lo fundamenta, de manera general en los siguientes\n términos: que la parte demandada, esto es el IESS, recurrió\n a segunda instancia por cuanto el inferior ordenó el pago\n de $ 628,04 y que, en la sentencia impugnada, insólitamente\n y sin justificación alguna, ordena el pago de una cantidad\n exageradamente mayor a pesar de que en la parte resolutiva se\n manifiesta que se acepta parcialmente la demanda; respecto al\n "incentivo excepcional para la jubilación" previsto\n en el Art. 25 del contrato colectivo, según el recurrente,\n se lo aplica mal, pues dicha norma manda que se calcule en base\n del sueldo imponible como efectivamente lo pagó el IESS,\n y no como lo han calculado los jueces de 1ª y 2ª\n , instancia, a base de la "remuneración" que\n es cosa muy distinta; que la resolución dictada por la\n Comisión Interventora del IESS dispone que el incentivo\n de jubilación sea calculado en base del sueldo imponible\n de diciembre de 1998 y además determinó como componentes\n del mismo, el sueldo básico, subsidio de antigüedad,\n y horas extraordinarias de diciembre, lo que no se ha hecho,\n sino que se ha calculado a base de la remuneración al\n cese de la relación; finalmente, el recurrente sostiene\n que el fallo impugnado, en su numeral . 6, manda a pagar el incremento\n salarial de S/. 30.000 mensuales desde julio de 1992 hasta marzo\n de 1995, bonificación complementaria, costo de vida, 1%\n según resolución de CONADES, incremento salarial,\n sin tomar en cuenta los incrementos salariales pagados en dichos\n años que tienen carácter de imputables, sin que\n el actor haya probado su derecho, y sin tomar en cuenta que estaba\n prescrita la acción.- TERCERO.- Del análisis practicado\n por esta Sala a las actuaciones procesales que tienen que ver\n con la impugnación, se destaca lo siguiente: no se explica\n el asombro del recurrente en cuanto la sentencia que impugna\n ordena el pago de valores que consta en la resolución\n del Juez de primera instancia, y que son menores, ni porque además\n se haya ordenado el pago de remuneraciones con el triple de recargo,\n que según el demandado ya habían sido pagados con\n arreglo a lo resuelto por la Comisión Interventora del\n IESS. Y no se explica que el recurrente haya calificado de insólita\n la resolución dictada por la Sala de instancia, por cuanto,\n frente a la apelación de actor y demandado, las opciones\n que tenía dicho Tribunal, era aceptar o negar una de ellas,\n esto es aumentar o rebajar los montos de los valores ordenados\n a pagar por el Juez de primera instancia, o ratificar lo resuelto\n por dicho Juez. A juicio de esta Primera Sala de lo Laboral y\n Social, hizo bien la Sala de instancia al fallar como lo ha hecho,\n pues, el Art. 25 del contrato colectivo, que establece el incentivo\n para la jubilación a la que se refiere el presente juicio,\n simplemente huta el cálculo, la tiempo de servicio y al\n "sueldo imponible". Teniendo tal beneficio un origen\n contractual, no podía el IESS, por si y ante sí,\n limitar los componentes de tal sueldo solamente al básico,\n al subsidio familiar y horas extraordinarias, ni mucho menos\n resolver que el incentivo anotado se calculará a base\n de las remuneraciones percibidas por el trabajador en el mes\n de diciembre de 1998, siendo que la relación laboral terminó\n el 30 de junio de 1999. Está pues, equivocado el recurrente,\n cuando sostiene que la decisión unilateral de la Comisión\n Interventora del IESS no puede ser reformada por el Juez sino\n por el propio IESS; lo que no podía hacer dicho instituto\n era dictar una resolución por su propia decisión,\n dentro de un contrato, como el que mediaba, con los dirigentes\n sindicales. No es que la Sala de instancia ha reformado la resolución\n del IESS, sino que simplemente, por ser contraria a derecho la\n desestima, y aplica en debida forma el Art. 25 del contrato colectivo.\n Según documento de fs. 69, la liquidación del incentivo\n del que se trata, se la ha practicado tomando como base su salario\n imponible de S/. 107.207,oo que según el recurrente tiene\n como componente sólo el sueldo básico, subsidio\n de antigüedad, horas extras ganadas por el actor en diciembre\n de 1998, excluyendo por una parte, otros componentes, y por otra,\n .no contemplando la remuneración de junio de 1999, que\n era lo correcto, por ser esa la fecha en que se terminó\n la relación laboral entre los litigantes, factores que\n no podían ser alterados por la sola voluntad del IESS.\n Por otro lado, la parte demandada no ha probado de manera alguna\n las aseveraciones hechas en el escrito que contiene su recurso\n de casación, en el sentido de haber pagado oportunamente\n los valores que ordena la Sala de instancia en el fallo impugnado,\n y por último está equivocado el recurrente cuando\n al impugnar el pago de intereses, sugiere la idea que los mismos\n proceden cuando media despido intempestivo o supresión\n de cargo, y no cuando el trabajador se separa voluntariamente,\n como en la especie, por su deseo de jubilarse; el pago de intereses\n procede, al claro tenor de lo dispuesto en el Art. 611 del Código\n del Trabajo cuando las sentencias condenan al pago de salarios\n y remuneraciones adicionales. Por las consideraciones anotadas,\n esta Primera Sala de lo Laboral y Social, ADMINISTRANDO JUSTICIA\n EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, desecha\n el recurso de casación por el que ha llegado a este nivel\n la presente causa. Publíquese, notifíquese y devuélvase.

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Fdo.) Dres. Hugo Quintana Coello, Jaime Velasco Dávila\n y Miguel Villacís Gómez.

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Certifico.- Dra. Maria Consuelo Heredia Y, Secretaria.

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Es fiel copia de su original.

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Quito, 11 de noviembre de 2002.

\n\n

f.) Secretaria de la Primera Sala de lo Laboral y Social,\n Corte Suprema de Justicia.
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Nº 181-2002

\n\n

JUICIO DE TRABAJO QUE SIGUE VICENTE\n PETERSEN CONTRA MUNICIPIO DE GUAYAQUIL.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

\n\n

Quito, noviembre 12 de 2002; las 08h40.

\n\n

VISTOS: El Municipio de Guayaquil a través de sus personeros\n legales, interpone recurso de casación de la sentencia\n pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Superior de Guayaquil\n dentro del juicio laboral seguido por Vicente Enrique Petersen\n Pozo. Dicho recurso es concedido, por lo que el proceso sube\n a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, habiéndose\n radicado la competencia por sorteo en esta Primera Sala de lo\n Laboral y Social y concluida la etapa de sustanciación,\n para resolver se considera: PRIMERO.- La Cuarta Sala de la Corte\n Superior de Guayaquil, reforma la sentencia de primera instancia\n y ordena se pague al actor las indemnizaciones por despido intempestivo.-\n SEGUNDO.- La entidad municipal recurrente manifiesta que en la\n sentencia de segunda instancia hay la violación prevista\n en la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación\n y se acusa de errónea interpretación de los preceptos\n jurídicos aplicables a la valoración de la prueba,\n infringiéndose los artículos 119 y 120 del Código\n de Procedimiento Civil, produciéndose por parte de los\n juzgadores de instancia una equivocada aplicación de los\n artículos 184, 185 y 188 del Código del Trabajo.-\n TERCERO.- El artículo 119 del Código de Procedimiento\n Civil dispone que la prueba debe ser apreciada en conjunto de\n acuerdo con las reglas de la sana crítica. El artículo\n 120 del mismo código, señala que las pruebas deben\n concretarse al asunto que se litiga y a los hechos sometidos\n a juicio. Por tanto, para casar una sentencia por la causal tercera\n es necesario establecer que el juzgador

 

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