Registro Oficial. 29 de NOVIEMBRE del 2002

Viernes, 29 de noviembre de 2002

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE NOVIEMBRE DEL 2002
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Viernes, 29 de noviembre del 2002 - R. O. No. 715

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

 

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

ACUERDOS:

\n\n

MINISTERIO\n DE AGRICULTURA:

\n\n

303\n Expídese\n el instructivo para la aprobación del reglamento interno\n y reconocimiento de la personería jurídica de las\n comunas campesinas del país

\n\n

MINISTERIO\n DE COMERCIO
\n EXTERIOR:

\n\n

02\n 446 Desígnase\n al ingeniero Patricio Agama Zambrano, como representante ante\n el Comité de Consultoría

\n\n

REGULACIONES:

\n\n

BANCO\n CENTRAL DEL ECUADOR:

\n\n

105-2002 Desmonetización de todos\n los billetes y mo-nedas sucres que fueron emitidos por el Banco\n Central del Ecuador, con anterioridad al 13 de marzo del 2000

\n\n

106-2002\n Tarifa referenciada\n para las órdenes de pago tramitadas a través del\n sistema de pagos interbancarios

\n\n

107-2002\n Reporte\n de información de los depósitos efectuados en cheques\n en las cuentas rotativas de ingresos, dentro del sistema de ejecución\n presupuestaria

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

SUPERINTENDENCIA\n DE BANCOS
\n Y SEGUROS:

\n\n

SBS-DN-2002-0860\n Calificase al\n señor Efraín Vicente Andrade Maigón, para\n que pueda desempeñarse como perito avaluador en los bancos\n privados y sociedades financieras que se encuentran bajo control

\n\n

SBS-DN-2002-863 Calificase a la señora\n Elizabeth del Rosario Almeida Chávez, para que pueda desempeñarse\n como perito avaluador en los bancos privados e instituciones\n de servicios financieros que se encuentran bajo control

\n\n

FUNCION\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA

\n\n

- Dispónese que las demandas\n en que se proponga la suspensión o disolución de\n una organización\n de trabajadores, deberán tramitarse en juicio ordinario

\n\n

- Créase una sola Sala\n de Conjueces Temporales para las salas especializadas de lo Civil\n y Mercantil

\n\n

SALA\n DE LO CONTENCIOSO
\n ADMINISTRATIVO:

\n\n

Recursos de casación\n en los juicios seguidos por las siguientes personas:

\n\n

212 Abogada Norma\n Iturralde Arévalo en contra de la Superintendencia de\n Compañías.

\n\n

218\n Piedad Violeta\n Illánez Bonilla en contra del IESS.

\n\n

222 Fundación de Educación Especial\n y Rehabilitación FEER en contra del Estado Ecuatoriano

\n\n

226 Rosa Hernández Heredia en contra\n del IESS

\n\n

243\n Byron Enrique\n Aguilera Haro y otros en contra del INDA

\n\n

251\n Doctor Jorge\n Ignacio Bucaram Záccida en contra de la Directora Regional\n 2 del IESS

\n\n

258 Petróleos Summa-Pet Cía.\n Ltda. en contra del Gerente de Petroproducción y otro

\n\n

260 Doctor Allan Yépez lntriago y otra\n en contra del Director Ejecutivo del INERHI

\n\n

268\n Gerardo\n Jeremías Solís Sánchez en contra de ECAPAG.

\n\n

269\n Mariana\n de Jesús Palacios Beltrán en contra del IESS.

\n\n

270\n Servio Tulio\n Moreno Aldaz en contra del ECORAE

\n\n

271\n Pedro Miguel\n Morales Barreto en contra del IESS

\n\n

273\n Luis Ramiro\n Cuñas Maldonado en contra del Gerente de la Empresa Metropolitana\n de Transporte.

\n\n

274 Doctora Anabelle del Cisne Maza Rivilla\n en contra del Ministerio de Finanzas y Crédito Público\n y otros.

\n\n

275 Fabrizio Eduardo Larrea Estebanez en contra\n del IESS

\n\n

ORDENANZAS\n MUNICIPALES:

\n\n

- Gobierno\n del Cantón Putumayo: Que reglamenta la utilización\n de los fondos fijos de caja chica.

\n\n

- Cantón Balzar: Que reglamenta la prestación\n del servicio del camal municipal y determina la tasa de rastro.

\n\n

- Cantón Cumandá: Para el servicio de agua potable

\n\n

- Cantón Durán:\n Que crea y regula\n la Unidad Municipal de Turismo

\n\n

- Cantón Durán: De regatas a remos y kayak\n denominado "Divino Niño".

\n\n

-\n Cantón Milagro: Que\n reglamenta los procesos de contratación para licitación\n y concurso público de ofertas.
\n
\n

\n \n
\n

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No. 303

\n\n

EL MINISTRO DE AGRICULTURA
\n Y GANADERIA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que es competencia del titular de esta Cartera de Estado,\n la aprobación del Reglamento Interno y reconocimiento\n de la personería jurídica de las comunas campesinas,\n según lo establecido en los artículos 3 y 4 de\n la Ley de Organización y Régimen de Comunas;

\n\n

Que es necesario regular la aprobación de los reglamentos\n internos y el otorgamiento de personerías jurídicas\n para este tipo de organizaciones;

\n\n

Que mediante memorando No. 741 DDC-DGOC de 25 de septiembre\n del 2002, el Director Nacional de Desarrollo Campesino, presenta\n un instructivo con los requisitos para aprobación de personerías\n jurídicas de las comunas campesinas; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 1\n 79, numeral 6 de la Constitución Política de la\n República del Ecuador,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Expedir el siguiente Instructivo para la aprobación\n del Reglamento Interno y reconocimiento de la personen a jurídica\n de las comunas campesinas del país.

\n\n

Art. 1.- Para el reconocimiento de la personería jurídica\n de una comuna campesina es necesario cumplir con los siguientes\n requisitos:

\n\n

a) Solicitud dirigida al señor Ministro de Agricultura\n y Ganadería, para la aprobación del Reglamento\n Interno y otorgamiento de la personería jurídica;

\n\n

b) Dos copias del acta de Asamblea Constitutiva, en que se\n haya designado el Cabildo, debidamente suscrita por: Presidente,\n Secretario y miembros fundadores;

\n\n

c) Tres ejemplares del proyecto de Reglamento Interno conocido\n y aprobado por la Asamblea General de Comuneros, en dos sesiones\n y fechas diferentes; debidamente certificados por el Secretario\n del Cabildo, conjuntamente con las copias certificadas de las\n actas de las asambleas respectivas;

\n\n

d) Nómina de los comuneros en la que conste: nombres\n y apellidos completos, edad, estado civil, ocupación,\n nacionalidad, instrucción, extensión de la(s) parcela(s)\n familiar(es), cédula de identidad, firma o huella digital;

\n\n

e) Certificado del Director Provincial Agropecuario sobre\n la existencia de la parcela familiar y/o comunal, que no se encuentre\n asentada en otra propiedad de terceros o de otra comuna reconocida;

\n\n

f) Copia certificada del inventario de los bienes comunales,\n si no posee debe indicarse por escrito;

\n\n

g) Declaración juramentada firmada por cada uno de\n los miembros de la organización en formación, de\n no pertenecer a otra comuna con similares características,\n efectuada ante un Notario Público o Juez de lo Civil;

\n\n

h) Plan de trabajo comunitario anual;

\n\n

i) Certificado del técnico que asesora en la formación\n de la comuna;

\n\n

j) Informes favorables del Director Provincial Agropecuario\n respectivo y del Director Nacional de Desarrollo Campesino, sobre\n la conveniencia de legalizar jurídicamente a la nueva\n comuna; y,

\n\n

k) Certificación del INDA que indique la ubicación,\n cabida y linderación del asentamiento de la pre-comuna\n sobre el predio comunal debidamente detallado.

\n\n

Art. 2.- Encargar el cumplimiento de lo dispuesto en este\n instrumento, al Director Nacional de Desarrollo Campesino y a\n los directores provinciales agropecuarios de esta Cartera de\n Estado.

\n\n

Art. 3.- Responsabilizar al Director de Desarrollo Campesino\n para que cumpla con remitir una copia de este acuerdo ministerial,\n mediante oficio circular, dirigido a todos los directores provinciales\n agropecuarios a nivel nacional, para el debido conocimiento y\n fines consiguientes.

\n\n

Art. 4.- El presente acuerdo entra en vigencia desde la suscripción,\n sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, a\n 28 de octubre del 2002.

\n\n

f.) Ing. Galo Plaza Pallares, Ministro de Agricultura y Ganadería.

\n\n

Ministerio de Agricultura y Ganadería.- Es fiel copia\n del original, lo certifico.- f.) Director Administrativo Financiero.\n MAG.- Fecha: 12 de noviembre del 2002.

\n\n

No. 02 446

\n\n

EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACION,\n PESCA Y
\n COMPETITIVIDAD (E)

\n\n

Considerando:

\n\n

Que según el Art. 31 reformado de la Ley de Consultoría,\n publicada en el Registro Oficial No. 136 de 24 de febrero de\n 1989, el Comité de Consultoría está conformado,\n entre otros miembros, por el titular de esta Secretaría\n de Estado o su representante;

\n\n

Que es necesario designar a dicho representante para que integre\n el mencionado comité; y,

\n\n

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo\n 35 de la Ley de Modernización del Estado, promulgada en\n el Registro Oficial No. 349 de diciembre31 de 1993,

\n\n

Acuerda:

\n\n

ARTICULO UNICO.- Designar al Ing. Patricio Agama Zambrano,\n funcionario de este Ministerio, como su representante ante el\n Comité de Consultoría.

\n\n

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, Distrito\n Metropolitano, 19 de noviembre del 2002.- f.) Miguel Chiriboga\n Torres.

\n\n

MICIP.- Dirección de Desarrollo del Talento Humano,\n Administración de Servicios e Imagen Institucional.- Es\n copia, lo certifico.- f.) Ilegible.

\n\n

\n\n

Nº 105-2002

\n\n

EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL
\n DEL ECUADOR

\n\n

Considerando:

\n\n

Que la Ley para la Transformación Económica\n del Ecuador, publicada en el Suplemento del Registro Oficial\n No. 34 de 13 de marzo del 2000, dispuso el canje general de todas\n las especies monetarias sucres que fueron emitidas antes de la\n expedición de dicho cuerpo legal, atenta la vigencia del\n nuevo esquema monetario;

\n\n

Que el Directorio del Banco Central del Ecuador, mediante\n regulaciones Nº 066-2000, publicada en el Registro Oficial\n Nº 147 de 23 de agosto del 2000; y, Nº 076-2001 de\n 8 de marzo del 2001 dispuso que las monedas de cien, quinientos,\n mil y los billetes de todas las denominaciones de sucres emitidos\n con anterioridad al 13 de marzo del 2000 quedarán desmonetizadas\n y perderán su valor el 8 de junio del 2001;

\n\n

Que no se verificó la condición prevista en\n el artículo 2 del Título Décimo Segundo\n (Canje de Billetes y Monedas Sucres en Circulación) del\n Libro 1 (Política Monetaria-Crediticia) de la Codificación\n de Regulaciones del Banco Central del Ecuador, por la cual se\n prorrogaban automáticamente los plazos establecidos en\n las regulaciones Nº 066-2000, publicada en el Registro Oficial\n No. 147 de 23 de agosto del 2000; y, Nº 076-2001 de 8 de\n marzo del 2001, en el evento que el señor Presidente Constitucional\n de la República ampliara el plazo establecido en la disposición\n transitoria décimo primera de la Ley para la Transformación\n Económica del Ecuador; y,

\n\n

En uso de las atribuciones que le confieren la letra c) del\n artículo 88 y el artículo 89 de la Ley Orgánica\n de Régimen Monetario y Banco del Estado, expide la siguiente\n regulación:

\n\n

ARTICULO 1.- En el título décimo segundo\n (Canje de Billetes y Monedas Sucres en Circulación) del\n Libro 1 (Política Monetaria Crediticia) de la Codificación\n de Regulaciones del Banco Central del Ecuador (pág. 73.7),\n a continuación del artículo 2 inclúyase\n la siguiente disposición general:

\n\n

"DISPOSICION GENERAL.- Todos los billetes y monedas sucres\n que fueron emitidos por el Banco Central del Ecuador con anterioridad\n al 13 de marzo del 2000, han perdido su valor y en consecuencia\n quedan desmonetizados".

\n\n

ARTICULO 2.- La presente regulación entrará\n en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su\n publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dada en Guayaquil, a 13 de noviembre del 2002.

\n\n

EL PRESIDENTE.

\n\n

f.) Mauricio Yépez Najas.

\n\n

EL SECRETARIO GENERAL.

\n\n

f.) Dr. Manuel Castro Murillo.

\n\n

Secretaría General
\n DIRECTORIO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

\n\n

Quito, 13 de noviembre del 2002.

\n\n

Es copia del documento que reposa en los archivos del Directorio.-\n Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Manuel Castro Murillo, Secretario General.

\n\n

\n\n

Nº 106-2002

\n\n

EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL
\n DEL ECUADOR

\n\n

Considerando:

\n\n

En uso de las atribuciones contenidas en la letra c) del artículo\n 88 y el artículo 89 de la Ley Orgánica de Régimen\n Monetario y Banco del Estado, expide la siguiente regulación:

\n\n

ARTICULO 1.- Sustitúyase el numeral 2.7 (Tramitadas\n a través del Sistema de Pagos lnterbancarios, Ordenes\n de Pago lnterbancario, por cada una), del artículo 1 de\n la Sección II (El Banco Central del Ecuador), del Capítulo\n 1 (Comisiones, tasas por servicios y otros conceptos relacionados\n con operaciones bancarias), del Título Séptimo\n (Comisión y Tasas por Servicios), del Libro 1 (Política\n Monetaria-Crediticia), de la Codificación de Regulaciones\n del Banco Central del Ecuador, (pág. 55.0), por el siguiente:\n

\n\n

CONCEPTO
\n
TARIFA
\n 2.7 Tramitadas a través del Sistema de Pagos Interbancarios

\n\n

Tarifa diferenciada de acuerdo al volumen diario de órdenes\n de pago presentadas por una institución y que correspondan\n a un mismo cliente ordenante
\n
\n De 1 a 1500 órdenes de pago USD 0.25
\n De 1501 a3000órdenesde pago USD 0.20
\n Más de 3000 órdenes de pago USD 0.15
\n Las tarifas diferenciadas se ejecutarán a partir de la\n orden de pago 1501. Igual criterio se utilizará cuando\n éstas sobre asen la orden de a o 3000.

\n\n

ARTICULO 2.- La presente regulación entrará\n en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su\n publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dada en Guayaquil, a 13 de noviembre del 2002.

\n\n

EL PRESIDENTE.

\n\n

f.) Mauricio Yépez Najas.

\n\n

EL SECRETARIO GENERAL.

\n\n

f.) Dr. Manuel Castro Murillo

\n\n

Secretaría General
\n DIRECTORIO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

\n\n

Quito, 13 de noviembre del 2002.

\n\n

Es copia del documento que reposa en los archivo del Directorio.-\n Lo certifico.

\n\n

f.) Manuel Castro Murillo, Secretario General.

\n\n

 

\n\n

Nº\n 107-2002

\n\n

EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL
\n DEL ECUADOR

\n\n

Considerando:

\n\n

En uso de las atribuciones que le confieren la letra c) del\n artículo 88 y el artículo 89 de la Ley Orgánica\n de Régimen Monetario y Banco del Estado, expide la siguiente\n regulación:

\n\n

ARTICULO 1.- Agréguese al final del primer inciso\n del artículo 3 de la Sección II (Recaudación\n y Recepción en Depósito) del Capítulo 1\n (Cobro y Pago de recursos públicos en moneda nacional\n a través del sistema financiero) del Título Noveno\n (Depósitos e inversiones financieras del sector público)\n del Libro 1 (Política Monetaria-Crediticia) de la Codificación\n de Regulaciones del Banco Central del Ecuador (pág. 72.14),\n el siguiente texto:

\n\n

"En el evento que el depósito o recaudación\n se haya realizado en cheques, la información a que se\n refiere este inciso se reportará al Banco Central del\n Ecuador en la fecha en que tales títulos se hagan efectivos".

\n\n

ARTICULO 2.- La presente regulación entrará\n en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su\n publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dada en Guayaquil, a 13 de noviembre del 2002.

\n\n

EL PRESIDENTE.

\n\n

f.) Mauricio Yépez Najas.

\n\n

EL SECRETARIO GENERAL.

\n\n

f.) Dr. Manuel Castro Murillo.

\n\n

Secretaria General
\n DIRECTORIO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

\n\n

Quito, 13 de noviembre del 2002.

\n\n

Es copia del documento que reposa en los archivos del Directorio.-\n Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Manuel Castro Murillo, Secretario General.

\n\n

SBS-DN-2002-0860

\n\n

Sonia Soria Samaniego
\n DIRECTORA DE NORMATIVIDAD

\n\n

Considerando:

\n\n

Que según lo dispuesto en el artículo 3, de\n la Sección I "Definiciones, requisitos, incompatibilidades\n y registro", del Capítulo II "Normas para la\n calificación y registro de peritos avaluadores",\n del Subtítulo IV "De las garantías adecuadas",\n del Título VII "De los activos y limites de crédito",\n de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, corresponde a la\n Superintendencia de Bancos y Seguros calificar la idoneidad y\n experiencia del perito avaluador;

\n\n

Que el señor Efraín Vicente Andrade Maigón,\n ha presentado la solicitud y documentación respectivas\n para su calificación como perito avaluador, las que reúnen\n los requisitos exigidos en las normas reglamentarias pertinentes;

\n\n

Que con memorando Nº DCR-CC-2002-004 de 22 de agosto\n del 2002, el Director de Consultas y Reclamos de esta Superintendencia,\n informa que revisadas las bases de datos de la central de riesgos,\n cuentas corrientes cerradas y cheques protestados, el señor\n Efraín Vicente Andrade Maigón no ha sido reportado\n con hechos negativos por las instituciones del sistema financiero;\n y,

\n\n

En ejercicio de las facultades conferidas en la letra a) del\n artículo 17 de la Resolución ADM-2002-5984 de 6\n de agosto del 2002,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Artículo 1.- Calificar al señor Efraín\n Vicente Andrade Maigón, portador de la cédula de\n ciudadanía Nº 130060223-0, para que pueda desempeñarse\n como perito avaluador en los bancos privados y sociedades financieras,\n que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos\n y Seguros.

\n\n

Artículo 2.- Disponer que se incluya la presente\n resolución en el Registro de Peritos Avaluadores, se le\n asigne el número de registro Nº PA-2002-320 y se\n comunique del particular a la Superintendencia de Compañías.

\n\n

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.

\n\n

Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito,\n Distrito Metropolitano, el once de noviembre del dos mil dos.

\n\n

f.) Sonia Soria Samaniego, Directora de Normatividad.

\n\n

Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, el once de noviembre\n del dos mil dos.

\n\n

f.) Lic. Pablo Cobo Luna, Secretario General.

\n\n

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.

\n\n

Es fiel copia.- Lo certifico.

\n\n

f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Secretario General.

\n\n

15 de noviembre del 2002.

\n\n

\n\n

SBS-DN-2002-863

\n\n

Sonia Soria Samaniego
\n DIRECTORA DE NORMATIVIDAD

\n\n

Considerando:

\n\n

Que según lo dispuesto en el artículo 3, de\n la Sección I "Definiciones, requisitos, incompatibilidades\n y registro", del Capítulo II "Normas para la\n calificación y registro de peritos avaluadores",\n del Subtítulo IV "De las garantías adecuadas",\n del Título VII "De los activos y límites de\n crédito", de la Codificación de Resoluciones\n de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria,\n corresponde a la Superintendencia de Bancos y Seguros calificar\n la idoneidad y experiencia del perito avaluador;

\n\n

Que la señora Elizabeth del Rosario Almeida Chávez,\n ha presentado la solicitud y documentación respectivas\n para su calificación como perito avaluador, las que reúnen\n los requisitos exigidos en las normas reglamentarias pertinentes;

\n\n

Que a la fecha de expedición de esta resolución\n la señora Elizabeth del Rosario Almeida Chávez\n no registra hechos negativos relacionados con central de riesgos,\n cuentas corrientes cerradas y cheques protestados; y,

\n\n

En ejercicio de las facultades conferidas en la letra a) del\n artículo 17 de la Resolución ADM-2002-5984 de 6\n de agosto del 2002,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Artículo 1.- Calificar a la señora Elizabeth\n del Rosario Almeida Chávez, portadora de la cédula\n de ciudadanía Nº 090593362-8, para que pueda desempeñarse\n como perito avaluador en los bancos privados e instituciones\n de servicios financieros, que se encuentran bajo el control de\n la Superintendencia de Bancos y Seguros.

\n\n

Artículo 2.- Disponer que se incluya la presente\n resolución en el Registro de Peritos Avaluadores, se le\n asigne el número de registro Nº PA-2002-321 y se\n comunique del particular a la Superintendencia de Compañías.\n

\n\n

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.\n

\n\n

Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito,\n Distrito Metropolitano, el once de noviembre del dos mil dos.f.)\n Sonia Soria Samaniego, Directora de Normatividad.

\n\n

Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, el once de noviembre\n del dos mil dos.

\n\n

f.) Lic. Pablo Cobo Luna, Secretario General.

\n\n

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.

\n\n

Es fiel copia, lo certifico.

\n\n

f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Secretario General.

\n\n

15 de noviembre del 2002.

\n\n

\n\n

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que se han presentado dudas respecto\n a la vía procesal o tipo de juicio en que se debe tramitar\n una demanda de suspensión o disolución de organizaciones\n sindicales; y,

\n\n

En ejercicio de la facultad contemplada en el Art. 15 de la\n Ley Orgánica de la Función Judicial, en armonía\n con el informe emitido al respecto por la Comisión de\n Presidentes de Salas de lo Laboral y Social de esta Corte Suprema,\n

\n\n

Resuelve:

\n\n

Que las demandas en que se proponga la suspensión o\n disolución de una organización de trabajadores,\n deberán tramitarse en juicio ordinario.

\n\n

Esta resolución, que tendrá carácter\n obligatorio, mientras la ley no disponga lo contrario, entrará\n en vigencia, desde su publicación en el Registro Oficial.
\n
\n Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n en el salón de sesiones de la Corte Suprema de Justicia,\n a los dieciséis días del mes de octubre del año\n dos mil dos.

\n\n

f.) Dr. Armando Bermeo Castillo, Presidente.

\n\n

f.) Dr. Teodoro Coello Vázquez, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Santiago Andrade Ubidia, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. José Julio Benítez Astudillo, Magistrado\n (V.C.).

\n\n

f.) Dr. Nicolás Castro Patiño, Magistrado (V.S.).

\n\n

f.) Dr. Galo Galarza Paz, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Bolívar Guerrero Armijos, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Luis Heredia Moreno, Magistrado (V.S.).

\n\n

f.) Dr. Julio Jaramillo Arízaga, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Angel Lescano Fiallo, Magistrado.

\n\n

Dr. Camilo Mena Mena, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Galo Pico Mantilla, Magistrado (V.S.).

\n\n

f.) Dr. Jorge Ramírez Alvarez, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. José Vicente Troya Jaramillo, Magistrado (V.\n S.).

\n\n

f.) Dr. Rodrigo Varea Avilés, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Jaime Velasco Dávila, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Milton Moreno Aguirre, Magistrado (V.C.).

\n\n

f.) Dr. Arturo Donoso Castellón, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Ernesto Albán Gómez, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Hernán Quevedo Terán, Magistrado (V.S.).\n

\n\n

f.) Dr. Jorge Andrade Lara, Conjuez Permanente.

\n\n

f.) Dr. Marcelo Icaza Ponce, Conjuez Permanente (V.S.).

\n\n

f.) Dr. Gustavo Durango Vela, Conjuez Permanente (V.C.).

\n\n

f.) Dr. Fernando Ortiz Bonilla, Secretario General.

\n\n

VOTO SALVADO DEL DR. NICOLAS CASTRO PATIÑO, MAGISTRADO\n PRESIDENTE DE LA TERCERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL DE LA EXCMA.\n CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

\n\n

En la sesión ordinaria del Tribunal en Pleno de la\n Corte Suprema de Justicia del día miércoles 23\n de octubre del 2002, se aprobó el informe de la comisión\n integrada por los señores magistrados doctores Jaime Velasco\n Dávila, Julio Jaramillo Arízaga y Jorge Ramírez\n Alvarez, presentado al Presidente de la Corte Suprema de Justicia\n el 25 de septiembre del 2001, por el que se resuelve "que\n las demandas en que se proponga la suspensión o disolución\n de una organización de trabajadores, deberán tramitarse\n en juicio ordinario".

\n\n

Esta resolución obtuvo 12 votos de 23 magistrados presentes,\n lo que traduce la idea de que no hubo una decisión consensuada,\n pues hubo la opinión contraria de II señores magistrados\n presentes en la sesión.

\n\n

Por estar en desacuerdo con el contenido de esta resolución\n cuya reconsideración pedí y fue negada, salvo mi\n voto, a base de las razones que consigno:

\n\n

1. Las demandas de disolución o suspensión de\n una organización de trabajadores se han venido tramitando\n a lo largo del tiempo en la vía verbal sumaria y no en\n la vía ordinaria, entre otras razones, porque el juicio\n verbal sumario es el procedimiento común en materia laboral\n y resulta extraño al proceso laboral ecuatoriano incorporarle\n el juicio ordinario, que es típico y propio del enjuiciamiento\n civil, como se desprende del título que lleva el Libro\n Segundo del Código de Procedimiento Civil.

\n\n

2. En la Gaceta Judicial de la Serie XIII, No. 6, páginas\n 1315 y 1316, existe un fallo de tercera instancia de la Corte\n Suprema de Justicia dictado por los señores magistrados\n doctores Sócrates Navas N., Aníbal Guzmán\n L. y Vicente Bermeo Lañas, el 31 de enero de 1979, en\n cuyo considerando primero se lee textualmente lo siguiente: "El\n Art. 436, inciso cuarto del Código del Trabajo contempla\n la posibilidad de que las organizaciones de trabajadores puedan\n ser suspendidas o disueltas por el Juez del Trabajo, mediante\n procedimiento judicial, que de conformidad con el Art. 563 debe\n sustanciarse en procedimiento verbal sumario". Igual procedimiento\n se ha seguido en otras causas como aparece en la decisión\n tomada por el Juez Primero del Trabajo de Pichincha, el 29 de\n octubre de 1993, en la que el Ing. Diego Terán Dammer,\n Gerente General de La Internacional, solicita se declare disuelto\n el Comité de Empresa de los Trabajadores de La Internacional,\n Planta El Recreo, por cuanto dicha organización no cumple\n con los requisitos de número determinados por la ley;\n fallo que fue confirmado por la Quinta Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Quito el 15 de junio de 1994, en cuyo considerando\n primero expresamente se lee: "que el proceso es válido,\n pues no se observa que se hubiere omitido ni violado requisito\n ni solemnidad sustancial alguna, y el trámite verbal sumario\n observado en la causa es el que le corresponde de acuerdo con\n su naturaleza y lo previsto al respecto por el Art. 563 del Código\n del Trabajo , el mismo que por recurso de casación interpuesto\n por los representantes del Comité de Empresa de La Internacional\n Sociedad Anónima, Planta El Recreo, fue conocido por la\n Tercera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia,\n que en fallo de 24 de mayo de 1999, por voto de mayoría,\n desechó el recurso de casación interpuesto, sin\n que se haya declarado la nulidad del proceso por violación\n de trámite de conformidad a lo previsto en el Art. 1067\n del Código de Procedimiento Civil, ni en el voto de mayoría\n ni en el voto salvado. En la misma vía han sido tramitadas\n otras demandas como las de disolución del Comité\n de Empresa de Trabajadores de Textiles la Escala y de la Cervecería\n Nacional, habiéndose declarado en todos ellos que el proceso\n es válido.

\n\n

3. El doctor Julio César Trujillo en su obra "Derecho\n del Trabajo", Tomo II, Ediciones de la Universidad Católica,\n Quito, 1979, página 185, párrafo segundo, expone:\n "Desde 1967, más explícitamente desde 1970,\n el único competente para conocer si hay o no lugar a la\n disolución de un sindicato es el Juez del Trabajo de su\n domicilio; ante él deben de acudir los patronos, terceras\n personas o funcionarios públicos que quisieren sea disuelta\n una Asociación de este género. El procedimiento\n tendrá que ser el verbal sumario porque a pesar de que\n no lo dice el Código de manera directa, cabe recordar\n que este es el procedimiento común en materia laboral\n aplicable a todo conflicto para el que no se halla establecido\n en procedimiento especial, según el Art. 536 del Código\n del Trabajo", que actualmente y para mayor precisión\n constan como preceptos en los Arts. 582 y 584 del código\n de la materia.

\n\n

4. Es verdad que el Art. 577 del Código del Trabajo\n asigna a los jueces del trabajo jurisdicción y competencia\n privativa "para conocer y resolver los conflictos individuales\n provenientes de relaciones de trabajo, y que no se encuentren\n sometidos a la decisión de otra autoridad". Sin embargo,\n el Art. 582 del mismo código resulta ser más amplio\n que el 577 porque establece: "Las controversias a que diere\n lugar un contrato o una relación de trabajo, serán\n resultas por las autoridades establecidas por este Código,\n de conformidad con el trámite que el mismo prescribe".\n Si consideramos que uno de los requisitos de fondo para la formación\n y existencia de una asociación profesional o sindicato\n es el de que al menos un determinado número de personas\n sean sujetos de una relación de trabajo, es decir, sean\n trabajadores en servicio activo, en los términos del Art.\n 9 del Código del Trabajo, como se infiere, entre otros,\n del Art. 466 de Código Laboral, resulta obvio que en Art.\n 582 de la ley de la materia está prevista la vía\n en que ha de sustanciarse el juicio de disolución o suspensión\n de una asociación de trabajadores, si lo vinculamos con\n lo dispuesto en el Art. 584 del Código del Trabajo, siendo\n improcedente e inconveniente incorporar la vía ordinaria\n a las controversias laborales de esta naturaleza.

\n\n

5. Si por el hecho de que el Código de Procedimiento\n Civil es ley supletoria en materia laboral acudimos en el caso\n en cuestión, sin necesidad, al Art. 63 del mismo código\n nos encontramos con la circunstancia de que en el Art. 404 ibídem\n se dispone expresamente que el juicio ordinario se tramitará\n ante uno de los jueces de lo Civil. constituyéndose\n esta norma en un contrasentido con la resolución tomada,\n con mayor razón aún si no se encuentra igual disposición\n para el caso del juicio verbal sumario; y, al contrario, en el\n Art. 849 del Código de Procedimiento Civil hay una expresa\n referencia al juicio de trabajo por la que se advierte que es\n admisible en esta materia la reconvención conexa, todo\n lo cual hace ver claramente que el criterio del Legislador ha\n sido y es el de que el juicio verbal sumario sea la vía\n típica y propia de la legislación procesal laboral\n ecuatoriana y no el del juicio ordinario, que es extraño\n al marco legal, jurisprudencial y doctrinario que anteriormente\n he invocado.

\n\n

6. Finalmente, estimo que el Congreso Nacional, mediante ley,\n debe enmendar el error que en mi concepto se produjo en la resolución\n que por una débil mayoría se aprobó en los\n términos que dejo señalados.

\n\n

Quito, 30 de octubre del 2002.

\n\n

f.) Dr. Nicolás Castro Patiño, Magistrado Presidente\n de la Tercera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema\n d2 Justicia.

\n\n

Certifico.

\n\n

f.) Dr. Fernando Ortiz Bonilla, Secretario General.

\n\n

 

\n\n

VOTO SALVADO DEL DR. MARCELO ICAZA PONCE

\n\n

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en sesión\n del 23 de octubre del 2002, conoció el proyecto de resolución\n preparado por los señores magistrados doctores: Jaime\n Velasco, Julio Jaramillo y Jorge Ramírez, en cuya parte\n resolutiva se afirma que las demandas que se propongan para la\n suspensión o disolución de una organización\n de trabajadores, deberá tramitarse en juicio verbal sumario.

\n\n

Frente a lo expuesto, salvo mi voto por las siguientes consideraciones:

\n\n

PRIMERO: En mi opinión, considero que el proyecto\n en referencia debe ser ampliado para aclarar un problema que\n se presenta con alguna frecuencia, por parte de ciertos funcionarios\n del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos quienes fundados\n en la norma del Art. 472 del Código de Trabajo, consideran\n que la declaratoria de disolución del Comité de\n Empresa, corresponde a ese Ministerio, por cuanto el texto del\n Art. 472 hace suponer tal facultad, ya que expresa que si el\n número de trabajadores del Comité de Empresa llega\n a ser inferior al veinte y cinco por ciento del total, en este\n caso el Ministro de Trabajo y Recursos Humanos podrá declarar\n disuelto el comité.

\n\n

Por lo dicho considero que el proyecto de resolución\n elaborado por la comisión, debe ser ampliado agregándose\n un artículo (que podría ser el primero), con el\n siguiente texto:

\n\n

"Art. 1.- Toda organización de trabajadores podrá\n ser disuelta únicamente mediante procedimiento judicial\n ante el Juez de Trabajo".

\n\n

De acogerse esta sugerencia, me permito igualmente insinuar\n que el primer considerando de la resolución diga lo siguiente:

\n\n

"Que se han presentado dudas respecto a la autoridad\n competente para declarar disuelta a una organización de\n trabajadores y cuál es la vía procesal o tipo de\n juicio en que se debe tramitar una demanda de suspensión\n o disolución de las organizaciones sindicales".

\n\n

SEGUNDO: La segunda observación tiene que ver\n con las demandas que se propongan para la suspensión o\n disolución de una organización de trabajadores,\n que según el proyecto "deberán tramitarse\n en juicio ordinario", aspecto éste sobre el cual\n no estoy de acuerdo en lo siguiente:

\n\n

Cierto es que el Art. 63 del Código de Procedimiento\n Civil manifiesta que toda controversia judicial que según\n la ley no tiene un procedimiento especial, se ventilará\n en juicio ORDINARIO. Pero no es menos cierto que el Art. 404\n del mismo cuerpo de leyes, ordena que el Juicio Ordinario se\n tramitará ante UNO DE LOS JUECES DE LO CIVIL.

\n\n

Como lo dicho (que sea ante un Juez de lo Civil) atentaría\n contra lo establecido en el inciso final del Art. 447 del Código\n de Trabajo que ordena que será el Juez de Trabajo el competente\n para conocer y resolver sobre una disolución de una organización\n de trabajadores, considero personalmente que, en atención\n a lo dispuesto en el Art. 584 del Código de Trabajo, las\n demandas que se propongan para la suspensión o disolución\n de una organización de trabajadores deberá tramitarse\n en juicio verbal sumario, puesto que esta norma legal ordena\n que "presentada la demanda, el juez ordenará la sustanciación\n de la controversia en juicio verbal sumario".

\n\n

Por estas consideraciones mi voto es en contra del proyecto\n inicialmente aludido.

\n\n

f.) Dr. Marcelo Icaza Ponce, Ministro - Conjuez - Permanente.\n Certifico.

\n\n

f.) Dr. Fernando Ortiz Bonilla, Secretario General.

\n\n

RAZON: Las nueve fojas que anteceden son iguales a su original\n que reposa en los archivos de la Secretaría General, a\n la que me remito en caso necesario. Certifico.

\n\n

San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, 15 de noviembre\n del 2002.

\n\n

f.) Dr. Fernando Ortiz Bonilla, Secretario General.

\n\n

\n\n

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral agregado al\n artículo 13 de la Ley Orgánica de la Función\n Judicial, mediante Ley No. 39, publicada en el Suplemento del\n Registro Oficial No. 201 de 25 de noviembre de 1997, se faculta\n a esta Corte crear o suprimir salas de Conjueces Temporales y\n designar a sus integrantes para solucionar así el problema\n de las causas pendientes de despacho desde hace varios años;

\n\n

Que de acuerdo con dichas normas, se requiere distribuir el\n número de juicios pendientes de resolución que\n se encuentran en la respectiva Sala por recursos que no fueren\n de casación;

\n\n

Que para el efecto el Tribunal en sesiones ordinarias del\n 15 de julio y 19 de agosto de 1998 conoció y aprobó\n el informe de la respectiva comisión, en el que se establecen\n las disposiciones y procedimientos para la designación\n de los conjueces temporales;

\n\n

Que con respaldo en este marco legal, se designaron salas\n de Conjueces Temporales para que, dentro del plazo que se fijó\n para el efecto, resuelvan las causas pendientes de resolución\n por recursos que no son de casación;

\n\n

Que actualmente se hallan vencidos los mencionados plazos\n y, por tanto, los ministros temporales de aquellas salas perdieron\n su competencia, por lo que se justifica la designación\n de una nueva Sala de Conjueces Temporales para que conozca y\n resuelva las causas antedichas; y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1.- Crear una sola Sala de Conjueces Temporales para\n las salas especializadas de lo Civil y Mercantil de la Corte\n Suprema de Justicia, que conocerá y resolverá,\n de acuerdo con la ley, las causas en materia civil, mercantil\n y otras, pendientes de resolución, que se tramitan en\n dichas salas y en las salas de Conjueces Permanentes, por recursos\n y acciones que no fueren de casación cuya lista se acompaña.\n Esta Sala se integrará con los doctores Francisco Salgado\n Salgado, Guido Mantilla Cardoso y Benjamín Cevallos Solórzano.\n

\n\n

Art. 2.- Los conjueces temporales nombrados por la Corte Suprema\n de Justicia en virtud del artículo que antecede, se posesionarán\n ante el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, y designarán\n de entre ellos, al Presidente de la Sala.

\n\n

Art. 3.- La competencia de los magistrados titulares o conjueces\n permanentes de las respectivas salas de lo Civil y Mercantil,\n cesará en las causas que constan en la nómina distributiva\n que se acompaña y aprueba en la presente fecha, así\n como en la distribución o redistribución que se\n realice en el futuro.

\n\n

Art. 4.- En cada causa, actuará como Secretario de\n la Sala de Conjueces Temporales el Secretario de la Sala de lo\n Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia donde actualmente\n se encuentren los procesos, o quien le reemplace, asimismo utilizará\n de cada Sala de lo Civil y Mercantil el personal dependiente,\n los equipos y material de oficina necesarios para el cumplimiento\n de sus funciones.

\n\n

Art. 5.- El tiempo de duración de esta Sala de Conjueces\n será hasta de seis meses, contado a partir de la fecha\n de posesión del último de sus integrantes, quienes\n percibirán los honorarios señalados por la Corte\n Suprema de Justicia, en su resolución del 15 de julio\n de 1998, aprobatoria del informe de la comisión designada\n para el objeto, actualizados al tipo de moneda vigente. La Sala\n de Conjueces informará trimestralmente al Presidente de\n la Corte Suprema de Justicia y a los presidentes de las salas\n de lo Civil y Mercantil, sobre el número de causas despachadas.

\n\n

Dichos conjueces no están impedidos de ejercer la profesión.\n En este sentido se modifica la indicada resolución de\n 15 de julio de 1998.

\n\n

Art. 6.- En caso de falta o impedimento de alguno de los conjueces\n temporales, el Presidente de la Sala de Conjueces Temporales\n o su subrogante, designará con arreglo a la Ley Orgánica\n de la Función Judicial a un Conjuez ocasional para el\n conocimiento y resolución de una causa específica.\n En caso de falta definitiva del Conjuez temporal, la Corte Suprema\n de Justicia designará a su reemplazo.

\n\n

Art. 7.- En todo asunto no previsto en esta resolución,\n se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de\n la Función Judicial y a las resoluciones que adopte la\n Corte Suprema de Justicia.

\n\n

Art. 8.- Esta resolución entrará en vigencia\n desde la presente fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial y en la Gaceta Judicial.

\n\n

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n en el salón de sesiones de la Corte Suprema de Justicia,\n a los treinta días del mes de octubre del año dos\n mil dos.

\n\n

f.) Dr. Armando Bermeo Castillo, Presidente.

\n\n

f.) Dr. Teodoro Coello Vázquez, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. José Julio Benítez Astudillo, Magistrado.\n

\n\n

f.) Dr. Olmedo Bermeo Idrovo, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Nicolás Castro Patiño, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Galo Galarza Paz, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Bolívar Guerrero Armijos, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Luis Heredia Moreno, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Julio Jaramillo Arízaga, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Angel Lescano Fiallo, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Camilo Mena Mena, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Galo Pico Mantilla, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Hugo Quintana Coello, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Carlos Riofrío Corral, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. José Vicente Troya Jaramillo, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Rodrigo Varea Avilés, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Jaime Velasco Dávila, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Miguel Villacís Gómez, Magistrado.

\n\n

Dr. Milton Moreno Aguirre, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Ernesto Albán Gómez, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Hernán Quevedo Terán, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Jorge Andrade Lara, Conjuez Permanente.

\n\n

f.) Dr. Marcelo Icaza Ponce, Conjuez Permanente.

\n\n

f.) Dr. Gustavo Durango Vela, Conjuez Permanente.

\n\n

Dr. Manuel Rosales Cárdenas, Conjuez Permanente.

\n\n

f.) Dr. Fernando Ortiz Bonilla, Secretario General.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

\n\n

Quito, 23 de octubre del 2002

\n\n

Señor
\n Armando Bermeo Castillo
\n PRESIDENTE DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n Presente.

\n\n

Señor Presidente:

\n\n

Por medio de la presente, los magistrados presidentes de las\n salas de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia,\n nos permitimos solicitar a usted y por su intermedio al Tribunal\n en Pleno, se proceda a crear una Sala de Conjueces Temporales\n única para las tres especializadas salas de lo Civil y\n Mercantil, para lo cual creemos conveniente sugerir los nombres\n de los doctores Francisco Salgado Salgado, Guido Mantilla Cardoso\n y Benjamín Cevallos Solórzano.

\n\n

Adjuntamos el proyecto de resolución y la nómina\n de los juicios pendientes de despacho, de los cuales uno corresponde\n a la Primera Sala, seis a la Segunda Sala y trece a la Tercera\n Sala de lo Civil y Mercantil.

\n\n

Aprovechamos la oportunidad para reiterar a usted nuestros\n sentimientos de consideración y estima.

\n\n

Atentamente,

\n\n

f.) Dr. Ernesto Albán Gómez, Presidente de la\n Primera Sala Civil y Mercantil.

\n\n

f.) Dr. Bolívar Guerrero Armijos, Presidente de la\n Segunda Sala Civil y Mercantil.

\n\n

f.) Dr. Galo Pico Mantilla, Presidente de la Tercera Sala\n Civil y Mercantil.

\n\n

\n\n

 

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

JUICIO PARA CONOCIMIENTO DE LA SALA\n DE CONJUECES TEMPORALES

\n\n

Nº Nº Juicio Año\n Sala Clas. de Juic. Actor Demandado

\n\n

1 269 91 PRIMERA SUMARIO SAMANIEGO PIEDAD\n PEREZ BLANCA

\n\n

Quito, a 23 de octubre del 2002.

\n\n

Certifico.- f.) Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria Relatora\n de la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema\n de Justicia.

\n\n

Quito, a 23 de octubre del 2002

\n\n

LISTA DE JUICIOS POR RECURSOS DE TERCERA INSTANCIA Y APELACION\n EXISTENTES EN LA SEGUNDA
\n SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL SIN RESOLUCION

\n\n

1. 473-89 ex 4ta. Tercera instancia Luis Vargas Jaime Iglesias\n fs. 551
\n 2. 261-96 Tercera instancia Rosa Bonilla Abraham Pilco fs. 67
\n 3. 210-96 Tercera instancia Flor Burgos Herlinda Burgos fs. 175
\n 4. 102-96 Apelación Juan Pedrazzoli Oswaldo Arellano fs.\n 602
\n 5. 136-96 Apelación Gerardo Marroquín M. Obras\n Públicas fs. 153
\n 6. 406-95 Consulta Codigem Argelia Tapia fs. 104

\n\n

Certifico.- f.) Dr. Carlos Rodríguez García,\n Secretario Relator de la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil\n de la Corte Suprema de Justicia.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n TERCERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL
\n SALA DE CONJUECES TEMPORALES

\n\n

JUICIOS PENDIENTES DE DESPACHO QUE NO SON DE CASACION

\n\n

Nº Nº JUICIO CLASE DE JUICIO ACTOR DEMANDADO

\n\n

1 272-96 Ordinario Vicente Riera Luis Mejía
\n 2 401-96 Ordinario Carlos Guzmán Carmen Guzmán
\n 3 550-96 Especial César Zurita otra Con. 1ª, Sala\n C. Suprema
\n 4 979-96 Verbal sumario Marcos Panta Sonia Mantilla
\n 5 1051-96 Ejecutivo Luis Cevallos Julio Contreras y otros
\n 6 153-98 Especial Fausto García INECEL
\n 7 001-2001 Competencia MOP Cia. Monolítica S.A.
\n 8 60-2001 Verbal sumario Carlos Valencia Juez Primero Penal
\n 9 325-2001 Verbal sumario Celio Jara Estaban Montesdeoca
\n 10 04-00 Ordinario Pedro Gualán y otra Manuel Gualán\n otros
\n 11 06-00 Verbal sumario Carlos Heredia Dir. Obras Públicas
\n 12 07-00 Especial Com. Honor Trabajo Juez cantón Celica
\n 13 08-00 Especial Martín Pérez José Pérez\n

\n\n

Certifico.- Quito, 23 de octubre del 2002.

\n\n

f.) Dra. Lucía Toledo Puebla, Secretaria Relatora.

\n\n

Razón: Las siete fojas que anteceden son iguales a\n su original que reposan en los archivos de la Secretaría\n General, a los que me remito en caso necesario.

\n\n

Certifico.- San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n 15 de noviembre del 2002.- f.) Dr. Femando Ortiz Bonilla, Secretario\n General.

\n\n

\n\n

No. 212

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

\n\n

Quito, 19 de junio del 2002; las 15h30.

\n\n

VISTOS (185-2001): El abogado Sucre Calderón Calderó

 

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