Registro Oficial. 11 de JULIO del 2002

Jueves, 11 de julio de 2002

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE JULIO DEL 2002
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 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
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Jueves 11 de Julio del 2002

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REGISTRO OFICIAL No. 616

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

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FUNCION\n EJECUTIVA
\n DECRETOS:
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2755-\n A Declárase el bienio 2002 - 2003 como período\n conmemorativo del Centenario del Natalicio de Jorge Carrera Andrade.

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2772 Expidense las reformas al\n Estatuto del Régimen  Jurídico y Administrativo\n de la Función Ejecutiva, publicado en el Registro Oficial\n No  536 de 18 de mayo del 2002.

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2794\n Ratifícase\n el  Tratado Constitutivo del Parlamento Andino  y el \n "Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo del Parlamento\n Andino sobre elecciones directas universales de  sus representantes".

\n\n

2799   Expídese\n el Reglamento Sustitutivo al Reglamento de enajenación\n de activos improductivos del sector  público.

\n\n

2806\n Expídese\n el Reglamento a la Ley Orgánica de control del gasto electoral\n y de la propaganda electoral.

\n\n

2807  Regúlase temporalmente\n por seis (6) meses y hasta el 31 de diciembre del 2002, el precio\n al consumidor de Ios medicamentos que se expenden en el país.
\n  
\n ACUERDO:
\n MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR:

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\n 02 251 Expídese el Reglamento\n interno de uso, mantenimiento y control de los vehículos\n .
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RESOLUCIONES:
\n CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS (CONAZOFRA):

\n  
\n 2002-15        \n Regístrase la calificación de la empresa  \n Agroconsorcio Andino S.A. AGROCOANDISA, como  usuaria para\n establecerse en  la empresa Zona Franca Metropolitana METROZONA\n S.A..
\n  
\n MINISTERIO\n DE ENERGIA Y MINAS:
\n  
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101\n Delégase  al Coordinador de Trámites de\n Infracciones Hidrocarburíferas, para  que en \n representación del Director Nacional de  Hidrocarburos,\n sustancie los procesos por  incumplimiento de  las\n disposiciones de los artículos 77 y 78 de la Ley de Hidrocarburos.
\n  
\n
SUPERINTENDENCIA\n DE BANCOS Y SEGUROS:
\n  
\n SBS-DN-2002-0459 Calificase \n al señor Hernán Aníbal Merino Valdez, \n para que pueda ejercer el cargo de perito  avaluador en\n las instituciones del sistema financiero, que se encuentran bajo\n control.
\n SBS-DN-2002-0462 Califícase\n al señor Fernando Vicente Jiménez Carbo, para que\n pueda ejercer el cargo de perito avaluador en Ias instituciones\n finsncieras y el Banco Central del Ecuador, que se encuentran\n bajo control.
\n  
\n
FUNCION\n JUDICIAL
\n CORTE NACIONAL  DE JUSTICIA POLICIAL:

\n  
\n - Creánse cuatro Tribunales\n Penales.
\n  
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CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL:
\n  
\n Recursos de casación en los juicios seguidos por las siguientes\n personas:
\n  
\n 56-2002 Corte Suprema dc Justicia\n en contra de la Compañía Panificadora Automática\n Rey Pan C.A.

\n\n

59-2002\n Angel Polivio \n JácOme Jácome en contra de Segundo Francisco Quinche\n Albito.

\n\n

103-2002 Hugo Borja Barrezueta en contra\n de Latinagro N.V.

\n\n

104-2002\n Segundo Manosalvas\n Tirira en contra de Miguel Angel Tirira y otros .

\n\n

105-2002\n Maria Manuela\n Arpi Tamai en contra de Vinicio Orlando Villavicencio Romero\n .

\n\n

106-2002\n Filancard S.A.\n en contra de Roberto Rivera Endara y otro.

\n\n

108-2002\n César\n Peralta Peralta en contra de Luz Peralta Vásquez.

\n\n

109-2002  Filancard S.A. en contra\n de Mónica Martínez P. y otro.

\n\n

109-2002 Marco Guerrero  Gutiérrez\n contra de Luis Bustamante Granda.
\n  
\n TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL
\n RESOLUCIONES:

\n  
\n 939-2001-RA  Confirmase la\n resolucinn emitida por el  Juez Cuarto de  lo Civil\n de  Guayaquil y  niégase el  amparo solicitadn\n por el señor Xavier Anhalzer Valdiviezo, por improcedente.

\n\n

036-2002-RA  Confirmase la resolución\n expedida por el Juez  Quinto de Io Civil de  Chimborazo\n y concédese el recurso de  amparo constitucional\n propuesto por el  abogado Washington  Edmundo Delgado \n Rodríguez..

\n\n

068-2002-RA  Confirmase Ia resolución\n subida en grado y niégase  la acción de amparo \n constitucional propuesta por el  señor Mathías\n Wolfgang  Spatz Scharnberg.
\n  
\n ACUERDO\n DE CARTAGENA
\n PROCESO:

\n  
\n 18-IP-2002 Interpretación\n prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión\n 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada\n por el Consejo de Estado de la República de Colombia,\n Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.\n Interpretación de oficio del artículo 81 de la \n misma Decisión. Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.\n Marca:  "FITNES" . Proceso interno No  5451.
\n  
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ORDENANZAS\n MUNICIPALES:
\n  
\n - Gobierno  Municipal de \n Shushufindi: Que reglamenta  la conservación\n y  uso de la vía pública
\n -Cantón Chone: Que \n cambia su denominación de ilustre Municipalidad a Gobierno\n Municipal del Cantón Chone .
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\n \n
\n

 

\n\n

No.\n 2755-A

\n\n

Gustavo Noboa Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que es obligación del Gobierno Nacional recordar los\n acontecimientos que han engrandecido al país, así\n como enaltecer la memoria de aquellos ciudadanos que han contribuido\n a darle lustre en los ámbitos interno y externo;

\n\n

Que Jorge Carrera Andrade es uno de los mayores poetas en\n la historia de la literatura ecuatoriana y latinoamericana;

\n\n

Que desempeñó las funciones de Director de Publicaciones\n en español de la UNESCO, particularmente de la revista\n 'El Correo;

\n\n

Que Jorge Carrera Andrade nació en Quito, en el año\n de 1903, y que, por lo tanto, corresponde celebrar el Centenario\n del Nacimiento de este gran poeta, ensayista, diplomático\n e intelectual ecuatoriano; y,

\n\n

En virtud de la facultad que le confieren los artículos\n 3, numeral 3; 62 y 63 de la Constitución de la República.

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- Declárase el bienio 2002 - 2003 como periodo\n conmemorativo del Centenario del Natalicio de Jorge Carrera Andrade.

\n\n

Art. 2.- Las instituciones públicas y privadas, especialmente\n aquéllas vinculadas con el desarrollo cultural coordinarán\n programas culturales conmemorativos del centenario del nacimiento\n de este ecuatoriano ilustre, dentro y fuera del Ecuador.

\n\n

Art. 3.- De la ejecución de este decreto, que entrará\n en vigencia a partir de la fecha de su promulgación en\n el Registro Oficial, encárguense los señores ministros\n Relaciones Exteriores, de Educación y Cultura y de Economía\n y Finanzas.

\n\n

Dado en Quito, en el Palacio Nacional el 17 de junio del 2002.

\n\n

f) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la\n República del Ecuador.

\n\n

f) Jaime Marchán Romero, Ministro de Relaciones Exteriores\n encargado.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Marcelo Santos Vera. Secretario General de la Administración\n Publica.

\n\n

 

\n\n

N0\n 2772

\n\n

Gustavo Noboa Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 2425. publicado en el Registro\n Oficial No. 536 de 18 de marzo del 2002, se expidió el\n Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo\n de la Función Ejecutiva, el mismo que derogó el\n Decreto Ejecutivo No. 1634, publicado en el Registro Oficial\n Suplemento No. 411 de marzo 31 de 1994, y sus posteriores reformas;

\n\n

Que es conveniente efectuar precisiones a dicho estatuto a\n efectos de contar con un instrumento acorde a los actuales requerimientos\n de la administración pública;

\n\n

Que varias regulaciones del estatuto actualmente vigente han\n sido objeto de interpretaciones equivocadas, ajenas a la transparencia\n que rige la actuación de los poderes públicos;\n y.

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo\n 171 numeral 9 de la Constitución Política del Ecuador\n y el artículo 40 de la Ley de Modernización del\n Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios por\n parte de la iniciativa Privada.

\n\n

Decreta:

\n\n

Expedir las siguientes reformas al Estatuto del Régimen\n Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,\n publicado en el Registro Oficial No. 536 de 18 de marzo del 2002.

\n\n

Art. 1.- En el literal i) del artículo 11, sustitúyase\n la frase 'que dupliquen funciones y actividades o cuya naturaleza\n hayan dejado de ser prioritaria e indispensable para el desarrollo\n nacional o que no presten una atención eficiente y oportuna\n a las demandas de la sociedad" por ". así como\n dictar las regulaciones bajo las cuales los funcionarios y entidades\n de la Administración Pública Central e Institucional\n podrán intervenir en la conformación de fundaciones\n o corporaciones, las cuales no podrán ser conformadas\n con el único propósito de evitar la aplicación\n de la Ley de Contratación Publica".

\n\n

Art. 2.- En el artículo 11 agréguese el siguiente\n literal:

\n\n

"m) Designar y remover al Subsecretario Jurídico\n de la Presidencia de la República".

\n\n

Art. 3.- En el literal c) del artículo 15, sustitúyase\n la frase "El Director y los asesores de la Dirección\n General de Asesoría serán designados y removidos\n por el Presidente de la República a petición del\n Secretario General de la Administración", por "Los\n asesores de la Subsecretaria Jurídica de la Presidencia\n de la República serán designados y removidos por\n el Secretario General de la Administración".

\n\n

Art. 4.- En el literal i) del artículo 15, sustitúyase\n la frase "Ministerio de Finanzas y Crédito Público",\n por "Ministerio de Economía y Finanzas".

\n\n

Art. 5.- En el artículo 16, sustitúyanse los\n textos del literal d) y del literal i) par los siguientes:

\n\n

d) Ministerio de Economía y Finanzas.

\n\n

i) Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización,\n Pesca y Competitividad.

\n\n

Art. 6.- Agréguese a continuación del artículo\n 21, lo siguiente:

\n\n

",siempre que ello implique egresos del erario nacional.".

\n\n

Art. 7.- En el artículo 22, a continuación de\n la palabra "estructura', agréguese la frase "según\n sus normas de creación y" y agréguese al final\n la expresión "o reglamentos orgánicos por\n procesos".

\n\n

Art. 8.- En el artículo 24 suprímase después\n de la palabra "Galápagos", la expresión\n "y Pichincha" y agréguese el siguiente inciso:

\n\n

"En la Provincia de Pichincha, las competencias de los\n gobernadores señaladas en este Estatuto, podrán\n ser delegadas a los gobiernos seccionales mediante Decreto Ejecutivo.".

\n\n

Art. 9.- El artículo 25 dirá:

\n\n

"REQUISITOS.- Para ser Gobernador se requiere ser ecuatoriano\n de nacimiento, estar en ejercicio de los derechos de ciudadanía,\n ser mayor de 30 años, ser natural de la provincia o estar\n domiciliado en ella por lo menos durante 5 años. El cumplimiento\n de estos dos últimos requisitos no será necesario\n para el caso de los militares en servicio activo".

\n\n

Art. 10.- En el artículo 44, suprímase la frase\n "que ejerzan funciones de dirección, ejecución,\n consultoría, asesoramiento o cualquier otra atribución'.

\n\n

Art. 11.- Agréguese a continuación del artículo\n 55, el siguiente inciso:

\n\n

"Los delegados de las autoridades y funcionarios de la\n Administración Pública Central e Institucional\n en los diferentes órganos y dependencias administrativas,\n no requieren tener calidad de funcionarios públicos".

\n\n

Art. 12.- En el artículo 61, sustitúyase el\n primero y el segundo inciso por el siguiente texto:

\n\n

"OPORTUNIDAD Y REQUISITOS.- Si la avocación deja\n sin efecto la competencia delegada, se requerirá notificar\n al órgano inferior. Si no es este el caso, la notificación\n no será necesaria y el avocante podrá adoptar las\n decisiones particulares que estime pertinentes".

\n\n

Art. 13.- En el primer inciso del artículo 86, sustitúyase\n la palabra "imputaciones", por "impugnaciones".

\n\n

Art. 14.- El artículo 87 dirá:

\n\n

"INCOMPETENCIA.- Frente a las peticiones o reclamaciones\n de los administrados, cuando un órgano administrativo\n se estime fuera de toda duda razonable, incompetente para el\n conocimiento y resolución de ese asunto, se dispondrá\n el archivo correspondiente, debiendo notificar del particular\n al peticionario, sin perjuicio de que los interesados recurran\n o la reenvíen al órgano que consideren competente.\n No operará el silencio administrativo si el funcionario\n a quien va dirigido el escrito correspondiente es incompetente\n para resolver el asunto".

\n\n

Art. 15.- El segundo y el tercer inciso del artículo\n 97, dirán:

\n\n

"La lesividad deberá ser declarada mediante Decreto\n Ejecutivo cuando el acto ha sido expedido ya sea por Decreto\n Ejecutivo o Acuerdo Ministerial; en los otros casos, la lesividad\n será declarada mediante Resolución del Ministro\n competente.

\n\n

La acción contenciosa de lesividad podrá interponerse\n ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo\n en el plazo de tres meses a partir de la declaratoria de lesividad.".

\n\n

Art. 16.- En el artículo 104 sustitúyase la\n palabra "plazo" por "hábiles".

\n\n

Art. 17.- En el artículo 105 sustitúyase la\n palabra "plazo" por "término".

\n\n

Art. 18.- En el primer inciso del artículo 113 sustitúyase\n la palabra "plazo" por "término".

\n\n

Art. 19.- En el artículo 119 sustitúyase la\n palabra "plazo" por "término".

\n\n

Art. 20.- El artículo 122 dirá:

\n\n

"PREVALENCIA.- Ninguna disposición administrativa\n podrá contrariar lo preceptuado por otra emanada de órgano\n superior. Los actos de la administración se someterán\n a la jerarquía normativa siguiente:

\n\n

a) Constitución Política de la República;

\n\n

b) Tratados internacionales;

\n\n

c) Leyes;

\n\n

d) Decretos ejecutivos;

\n\n

e) Acuerdos y resoluciones; y,

\n\n

f) Instructivos, circulares y demás actos jurídicos\n de otros órganos según el orden en la respectiva\n jerarquía.

\n\n

Los decretos ejecutivos, acuerdos y resoluciones, así\n como los instructivos y circulares referidos en este articulo,\n deberán expresar el fundamento legal que faculte al funcionario\n para su expedición. Los instrumentos jurídicos\n en los cuales se inobserve esta obligación serán\n nulos de pleno derecho.

\n\n

En el caso del numeral 6 del artículo 141 de la Constitución\n Política de la República, tales normas de carácter\n general no podrán contravenir lo dispuesto en la Constitución\n Política, en los tratados internacionales, en las leyes\n ni en los decretos ejecutivos.

\n\n

Art. 21.- A continuación del artículo 130, agréguese\n el siguiente inciso:

\n\n

"Están legitimados para interponer esta petición,\n los particulares a quienes las instituciones del Estado, sus\n delegatorios y concesionarios les hubieren irrogado perjuicios".

\n\n

Art. 22.- El primer inciso del artículo 136, dirá:

\n\n

"COMPETENCIA.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo\n 5 del Código Civil, el Registro Oficial tiene como atribución\n principal la de publicar:".

\n\n

Art. 23.-El literal c) del artículo 136, dirá:

\n\n

"Las sentencias expedidas con ocasión de los recursos\n de casación por la Corte Suprema de Justicia y las resoluciones\n del Pleno y Salas del Tribunal Constitucional que versen sobre\n los casos contemplados en el artículo 276 de la Constitución\n Política de la República".

\n\n

Art. 24.- Después del artículo 137, suprímase\n la expresión "DEL REGISTRO OFICIAL RESERVADO DE LAS\n FUERZAS ARMADAS" y deróganse los artículos\n 138 y 139.

\n\n

Art. 25.- A continuación del artículo 137, inclúyase\n la siguiente disposición transitoria:

\n\n

"Disposición Transitoria.- De conformidad con\n lo dispuesto en la Disposición Transitoria Trigésima\n Tercera de la Constitución Política del Ecuador,\n las tenencias políticas a las que se hace referencia en\n los artículos 35, 36, 37 y 38 de este Estatuto, continuarán\n funcionando hasta que se dicte la ley que regule el funcionamiento\n de los jueces de paz.".

\n\n

Art. 26.- El presente decreto entrará en vigencia a\n partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, Quito, a los 25 días del\n mes de junio del 2002.

\n\n

f) Gustavo Noboa Bejarano. 1>residente Constitucional de\n la República.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Marcelo Santos Vera. Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

 

\n\n

No.\n 2794

\n\n

Gustavo Noboa Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el 23 de abril de 1997, la República del Ecuador,\n suscribió el "Tratado Constitutivo del Parlamento\n Andino" y el "Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo\n del Parlamento Andino sobre Elecciones Directas Universales de\n sus Representantes";

\n\n

Que el Tribunal Constitucional, por pedido del Primer Mandatario,\n formulado según lo dispone el artículo 277 de la\n Ley Suprema, expidió la Resolución número\n 250-2001-TP de 11 de diciembre del dos mil uno, mediante la cual\n dictaminó la conformidad constitucional de dichos instrumentos\n internacionales cumpliéndose así con las normas\n constitucionales prescritas por el artículo 162 y 276\n numeral 5 de la Carta Política de la República\n del Ecuador,

\n\n

Que el Honorable Congreso Nacional, mediante Resolución\n número R-23- 159 de 14 de mayo del 2002, en aplicación\n de los artículos 161 y 130, numeral 7 de la Ley Suprema\n de la República aprobó el Tratado Constitutivo\n y el Protocolo Adicional, particularizado anteriormente;

\n\n

Que dichos instrumentos internacionales son convenientes para\n los intereses del país; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral\n 12 del artículo 171 de la Constitución Política\n del Estado,

\n\n

Decreta:

\n\n

ARTICULO PRIMERO.- Ratificar' el "Tratado Constitutivo\n del Parlamento Andino" y el "Protocolo Adicional al\n Tratado Constitutivo del Parlamento Andino sobre Elecciones Directas\n Universales de sus Representantes", cuyos textos los declara\n Ley de la República y compromete para su observación\n al Honor Nacional.

\n\n

ARTICULO SEGUNDO.- Procédase a depositar el Instrumento\n de Ratificación ante la Secretada General de la Comunidad\n Andina Permanente, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el\n artículo 19 del Tratado y 12 del Protocolo, respectivamente.

\n\n

ARTICULO TERCERO.- Procédase a la publicación\n en el Registro Oficial cuando dichos instrumentos internacionales\n entren en vigencia.

\n\n

ARTICULO CUARTO.- Encárguese la ejecución del\n presente decreto al señor Ministro de Relaciones Exteriores.

\n\n

Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a los dos días\n del mes de junio del 2002.

\n\n

f) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la\n República.

\n\n

f) Heinz Moeller Freile, Ministro de Relaciones Exteriores.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f) Marcelo Santos Vera, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

 

\n\n

N0\n 2799

\n\n

Gustavo Noboa Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el artículo 43 de la Ley de Presupuestos del Sector\n Público dispone en el inciso segundo que es facultad del\n Ministerio de Economía y Finanzas, previa consulta con\n la Contraloría General del Estado establecer las normas\n técnicas de presupuesto para la enajenación de\n activos improductivos, cuidando que el precio de venta refleje\n las condiciones de mercado;

\n\n

Que mediante Acuerdo Interinstítucional N0 012CG, publicado\n en el Registro Oficial N0 172 de 20 de abril de 1993, reformado\n mediante Acuerdo Interinstitucional N0 030 CG, publicado en el\n Registro Oficial N" 237 de 21 de julio de 1993 se expidió\n el Reglamento para la Enajenación de Activos Improductivos,\n el mismo que fue dictado con fundamento en lo dispuesto en los\n artículos 43 de la Ley de Presupuestos del Sector Público\n y 303 numeral 8 literal e) de la Ley Orgánica de Administración\n Financiera y Control;

\n\n

Que el Reglamento General de Bienes del Sector Público\n señala en el artículo 29 que para el remate de\n inmuebles se requerirá del correspondiente decreto ejecutivo,\n salvo lo dispuesto en leyes especiales, que para el caso de activos\n improductivos es precisamente la Ley de Presupuestos del Sector\n Público;

\n\n

Que la Ley Orgánica de la Contraloría General\n del Estado derogó expresamente el Titulo VIII de la Ley\n Orgánica de Administración Financiera y Control,\n al cual se pertenecía el artículo 303, fundamento\n jurídico para la expedición del Acuerdo Interinstitucional\n N0 012CG, publicado en el Registro Oficial N0 172 de 20 de abril\n de 1993;

\n\n

Que es necesario actualizar las disposiciones que regulan\n la enajenación de activos improductivos del sector público,\n dentro de un marco de transparencia y eficiencia; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo\n 171 numeral 5 de la Constitución Política de la\n República,

\n\n

Decreta:

\n\n

Expedir el siguiente Reglamento Sustitutivo al Reglamento\n de Enajenación de Activos Improductivos del Sector Público.

\n\n

Art. 1.- AMBITO DE APLICACION.- Las normas del presente reglamento,\n se aplicarán a las entidades y organismos del sector público\n determinadas en el artículo 118 de la Constitución.

\n\n

Art. 2.- ACTIVOS IMPRODUCTIVOS.- Para efectos del presente\n reglamento, se considerarán como activos improductivos,\n entre otros, los siguientes bienes muebles, inmuebles, acciones,\n papeles fiduciarios y patentes de propiedad de las entidades\n y organismos del sector público:

\n\n

a) Los que no estén siendo aprovechados en el desarrollo\n de las funciones y actividades de la entidad u organismo, o que\n no respondan con eficiencia a las finalidades, objetivos y metas\n institucionales;

\n\n

b) Los que no se encuentran utilizados de acuerdo a la naturaleza\n del bien;

\n\n

c) Los vehículos empleados para el traslado unipersonal\n de asesores; y,

\n\n

d) Los destinados al descamiso, deporte, diversión,\n esparcimiento o entretenimiento.

\n\n

Art. 3.- RESOLUCION.- Un delegado que para el efecto designe\n el Presidente de la República determinará, a través\n le resolución motivada, los bienes que deberán\n ser enajenados así como el procedimiento que se seguirá\n sobre la base de su avalúo. Con este propósito,\n los bienes, de acuerdo con su naturaleza y complejidad, serán\n avaluados por la propia entidad u organismo, por firmas o consultoras\n privadas, o por la Dirección Nacional de Avalúos\n y Catastros, Lomando en cuenta, según el caso, las revalorizaciones\n efectuadas por las propias entidades y cuidando siempre que el\n avalúo refleje los precios de mercado.

\n\n

Los avalúos serán referenciales y servirán,\n únicamente, para establecer la conformación y competencia\n del Comité Especial.

\n\n

Art. 4.- CONCURSO.- Toda enajenación de activos improductivos\n se efectuará mediante concurso público con oposición,\n igualdad y publicidad.

\n\n

La oposición requiere que en los concursos pueda participar\n cualquier persona natural o jurídica que cumpla con los\n requerimientos exigidos por la respectiva entidad u organismo.

\n\n

La igualdad supone que todos los oferentes estén, durante\n el proceso, en idénticas condiciones, de manera que ninguno\n de ellos pueda, de cualquier forma, tener ventajas sobre los\n demás.

\n\n

La publicidad servirá para garantizar la corrección\n de los procedimientos y para asegurar el cumplimiento de la oposición\n e igualdad.

\n\n

El concurso podrá efectuarse por uno, varios o grupos\n de bienes.

\n\n

Art. 5.- BASES.- Según la naturaleza de los activos,\n el Comité Especial elaborará bases en las que se\n definirán las condiciones de participación y de\n venta de los bienes.

\n\n

Las bases, que deberán ser aprobadas por la máxima\n autoridad o representante legal de la entidad u organismo, contendrán\n por lo menos lo siguiente:

\n\n

a) Convocatoria, que tendrá cobertura regional, nacional\n o internacional, de acuerdo con la naturaleza de los activos\n e incluirá básicamente el objeto del concurso,\n la descripción del bien o bienes y los plazos para su\n inspección y entrega de propuestas. El plazo para la entrega\n de las ofertas no podrá ser menor a diez días,\n contados desde la fecha de la última publicación;\n y,

\n\n

b) La forma de pago de los bienes los documentos que deben\n contener las ofertas y las demás instrucciones que regulen\n la participación de los interesados.

\n\n

Art. 6.- OFERTAS.- El Comité Especial determinará\n en las bases los documentos que deberán presentar los\n oferentes, entre los cuales constarán los que demuestren\n su capacidad de pago y una garantía que asegure la seriedad\n de la propuesta por un valor igual al 2% de la misma, que se\n presentará en cualquiera de las formas previstas en la\n Ley de Contratación Pública.

\n\n

Art. 7.- AUTORIZACION.- La autorización del Ministro\n de Economía y Finanzas, prevista en el artículo\n 43 de la Ley de Presupuestos del Sector Público, se otorgará\n una vez que el delegado designado por el Presidente de la República\n haya dictado la resolución prevista en el artículo\n 3 de este reglamento.

\n\n

El Ministro de Economía y Finanzas emitirá su\n autorización en el plazo de quince días, contados\n desde el día laborable siguiente al de recepción\n de la solicitud. En caso de no hacerlo dentro del plazo señalado,\n se entenderá concedida la autorización.

\n\n

Art. 8.- COMITE ESPECIAL- La tramitación del concurso\n corresponderá a un Comité Especial que estará\n integrado por el delegado designado por el Presidente de la República,\n quien lo presidirá; por un delegado del Consejo Nacional\n de Modernización del Estado, CONAM; por el señor\n Contralor General del Estado o su delegado por un delegado del\n Ministro de Economía y Finanzas. Actuará como Secretario\n un abogado de la entidad designado por la máxima autoridad.\n La entidad podrá contratar un abogado externo para asesorar\n el proceso, de conformidad con las disposiciones previstas en\n la Ley Orgánica de la Procuraduría General del\n Estado.

\n\n

En las entidades y organismos que no cuenten con Asesor Jurídico,\n se procederá de conformidad con lo señalado en\n el inciso anterior.

\n\n

El quórum se establecerá con la mayoría\n simple de los miembros del comité.

\n\n

Una vez iniciados los procesos se notificará al Presidente\n de la Comisión Cívica de Control de la Corrupción\n y al señor Procurador General del Estado a efectos de\n que, de estimarlo oportuno, designen cada uno un delegado que\n actuará como observador del proceso. Los observadores\n tendrán acceso a toda la información y documentos\n con que cuenta el comité. Tendrán derecho a voz\n en las sesiones correspondientes.

\n\n

Cuando varias entidades y organismos del sector público\n posean activos en conjunto o en copropiedad, el Secretario del\n Comité Especial se designará de común acuerdo.

\n\n

La enajenación de títulos valores, incluyendo\n acciones, obligaciones, documentos de crédito y otros\n similares, se sujetarán a las leyes y reglamentos pertinentes.

\n\n

Art. 9.- COMPETENCIA DEL COMITE ESPECIAL- El Comité\n Especial será competente para recibir las ofertas, tramitar\n el concurso público y adjudicar el contrato de aquellos\n bienes cuya cuantía fuere igual o superior a cinco mil\n dólares.

\n\n

El procedimiento para las enajenaciones de bienes por cuantías\n inferiores a las referidas en el inciso precedente, será\n regulada por la propia entidad u organismo. observando los principios\n previstos en el presente reglamento.

\n\n

Art. 10.- ADJUDICACION.- Previos los estudios y análisis\n que considere necesarios, el Comité Especial adjudicará\n el contrato, cuidando que el valor de la venta refleje los precios\n de mercado.

\n\n

Las resoluciones se adoptarán por mayoría simple\n de votos, los que deberán emitirse, necesariamente, en\n forma afirmativa o negativa. El voto del Presidente del comité\n será dirimente.

\n\n

La resolución de adjudicación será notificada\n a los interesados dentro del término de tres días\n contados a partir de su expedición.

\n\n

Art. 11.- OFERTA UNICA.- En caso de presentarse una sola oferta,\n el Comité Especial deberá analizar la conveniencia\n económica de la misma y de ser el caso, adjudicará\n el contrato respetando siempre la condición prescrita\n en el inciso primero del artículo anterior.

\n\n

Art. 12.- INFORMES.- Una vez adjudicado el contrato, de acuerdo\n con su cuantía, la entidad u organismo, antes de suscribirlo,\n requerirá el informe previsto en el articulo 3 1 numeral\n 16 de la Ley orgánica de la Contraloría General\n del Estado.

\n\n

Art. 13.- SUSCRIPCION DE LOS CONTRATOS.- Recibido el informe\n referido en el articulo anterior, cuando fuere exigible, transcurrido\n el término de 1 5 días señalado en el artículo\n 31 numeral 16 de la ley indicada y una vez notificada la resolución\n de adjudicación, la entidad u organismo suscribirá\n los contratos de enajenación que correspondan.

\n\n

Art. 14.- CONCURSOS DESIERTOS.- El Comité Especial\n podrá declarar desierto el concurso público convocado,\n cuando no se reciban ofertas o si las recibidas no reflejan los\n precios de mercado. Declarado desierto un concurso, la entidad\n u organismo lo reabrirá en las mismas condiciones, para\n lo cual tiene un plazo de 30 días. De persistir esta situación,\n la entidad u organismo revisará las condiciones de las\n bases a fin de establecer si éstas obstaculizaron o impidieron\n la presentación de ofertas. en cuyo caso se procederá\n a reformar las condiciones de las bases y a convocar a un nuevo\n concurso.

\n\n

Si reabierto el concurso, en los términos del inciso\n anterior. se mantuviere la falta de interés, se archivará\n el proceso.

\n\n

Para la reapertura no se requerirá de la autorización\n prevista en el articulo 7.

\n\n

Art. 15.- PROHIBICIONES.- No podrán participar en el\n concurso público previsto en este reglamento aquellas\n personas que estuvieren impedidas por ley para suscribir contratos\n con el Estado.

\n\n

Art. 16.- CONTROVERSIAS.- Las controversias que se deriven\n de la ejecución de los contratos que no fueren resueltas\n de común acuerdo se someterán a la resolución\n de los tribunales distritales de lo Contencioso Administrativos\n competentes.

\n\n

Art. 17.- TRIBUTOS.- Los contratos que se suscriban al amparo\n del presente reglamento, pagarán los tributos previstos\n en la ley.

\n\n

Art. 18.- DESTINO DE LOS RECURSOS.- Los ingresos que se produzcan\n como resultado de la enajenación de los activos improductivos,\n tendrán el destino que señalan la Lev de Presupuestos\n del Sector Público, su reglamento y demás normas\n jurídicas aplicables.

\n\n

El Ministro de Economía y Finanzas, de acuerdo con\n lo que dispone el articulo 43 de la Ley de Presupuestos del Sector\n Público, podrá aumentar el presupuesto de la institución\n correspondiente, en todo o en parte de los ingresos que se produzcan\n por este concepto.

\n\n

Art. 19.- ASESORIA.- La Contraloría General del Estado\n asesorará y controlará la debida aplicación\n de este reglamento de conformidad con las disposiciones de la\n Ley Orgánica que la rige.

\n\n

Art. 20.- DEROGATORIA.- Derógase el Acuerdo Interinstitucional\n No. 012CG, publicado en el Registro Oficial No. 172 de 20 de\n abril de 1993 y sus reformas.

\n\n

Art. Final.- De la ejecución de este decreto, que entrará\n en vigencia a partir de su publicación en el Registro\n oficial, -encárguese al Ministro de Economía y\n Finanzas.
\n Dado en el Palacio Nacional. en Quito, a 2 de julio del 2002.

\n\n

f) Gustavo Noboa Bejarano. Presidente Constitucional de la\n República.

\n\n

f) Francisco Arosemena Robles, Ministro de Economía\n y Finanzas.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f) Marcelo Santos Vera, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

 

\n\n

N0\n 2806

\n\n

Gustavo Noboa Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que para el control del gasto y de la propaganda electoral\n en los procesos del sufragio, es necesario contar con normas\n claras y precisas que. respetando las garantías constitucionales\n y legales que amparan a las organizaciones políticas y\n a los candidatos. permitan que las elecciones se realicen en\n un marco de igualdad de oportunidades de participación\n en la expresión de la voluntad popular;

\n\n

Que la Ley Orgánica de Control del Gasto Electoral\n y de la Propaganda Electoral, publicada en el Suplemento del\n Registro Oficial No. 41 de 22 de marzo del 2000, requiere de\n normas reglamentarias que faciliten y hagan viable su aplicación;\n y,

\n\n

En ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 5 del\n artículo 171 de la Constitución Política\n de la República,

\n\n

Decreta:

\n\n

EXPEDIR EL SIGUIENTE REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA DE CONTROL\n DEL GASTO ELECTORAL Y DE LA PROPAGANDA ELECTORAL

\n\n

TITULO I

\n\n

AMBITO DE APLICACION Y CONTROL

\n\n

Art. 1.- El presente reglamento es de aplicación para\n los sujetos y organizaciones determinados en el artículo\n 1 de la Ley Orgánica de Control del Gasto Electoral y\n de la Propaganda Electoral, que para efectos de este reglamento\n se denominarán sujetos políticos.

\n\n

Art. 2.- Los sujetos políticos gozan de plena libertad\n para realizar actividades de propaganda y promoción política\n ccii el propósito de dar a conocer de forma directa e\n indirecta sus principios ideológicos, programas de gobierno\n o planes de trabajo.

\n\n

Art. 3.- La publicidad electoral en los medios de comunicación\n colectiva, dirigida a la campaña electoral y promoción\n de candidaturas a dignidades de elección popular, sólo\n se la puede hacer dentro de los cuarenta y cinco días\n inmediatamente anteriores a la fecha de cierre de la campaña\n electoral, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos\n 116 de la Constitución Política de la República\n y 43 de la Ley Orgánica de Control del Gasto Electoral\n y de Propaganda Electoral.

\n\n

Art. 4.- El Tribunal Supremo Electoral ejercerá las\n funciones de control y juzgamiento precisadas en el articulo\n 209 de la Constitución Política de la República,\n la ley y este reglamento en lo referente al monto, origen y destino\n de los recursos que se utilicen en las campañas electorales.\n Si se realizan egresos en publicidad electoral con anterioridad\n a los 45 días a que se refiere el artículo precedente,\n se considerarán como gasto electoral y por consiguiente,\n sujetos a control.

\n\n

Si los sujetos políticos no declararen los gastos electorales,\n incluidos aquellos que fueron contratados con anterioridad a\n la convocatoria a elecciones, serán sancionados en los\n términos constantes en el quinto inciso del artículo\n 17 de la Ley Orgánica de Control del Gasto Electoral y\n de la Propaganda Electoral.

\n\n

Dicho control corresponde al Tribunal Supremo Electoral, a\n través de la Unidad de Control del Gasto Electoral y de\n la Propaganda Electoral en el ámbito nacional y a los\n tribunales provinciales electorales, a través de las comisiones\n especiales, nombradas para el efecto por cada Tribunal Provincial\n Electoral en el ámbito de su jurisdicción.

\n\n

Las normas de organización y funcionamiento de la Unidad\n de Control del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral,\n las establecerá el Tribunal Supremo Electoral y de las\n comisiones especiales las establecerá el Tribunal Provincial\n Electoral al que pertenecen.

\n\n

TITULO II

\n\n

RESPONSABLES ECONOMICOS

\n\n

Art. 5.- Para toda campaña electoral, los sujetos políticos\n deberán acreditar un responsable del movimiento económico.\n En la etapa previa a la convocatoria electoral, es obligación\n del Tesorero o quien haga sus veces en el partido o movimiento\n político, llevar contabilidad que deberá estar\n acorde a lo señalado en el artículo 62 de la Ley\n de Partidos Políticos. Todos los gastos que se realicen\n en esta etapa, para promover o promocionar posibles candidatos,\n deberán ser reportados como partes de gasto electoral,\n bajo responsabilidad del Tesorero del partido o quien cumpla\n esta función.

\n\n

Art. 6.- Los responsables del manejo económico de la\n campaña o procurador común, podrán ser designados\n por dignidades a elegirse. unipersonales o pluripersonales, o\n por circunscripción territorial naciomtal, provincial.\n cantonal o parroquial.

\n\n

Los responsables del manejo económico de la campaña\n podrán representar a más de una dignidad de elección\n popular.

\n\n

Art. 7.- El responsable económico de la campaña\n electoral, o procurador común, según el caso, podrá\n delegar atribuciones precisando el ámbito de la delegación,\n sin deslindar su plena responsabilidad, debiendo notificar de\n este particular al organismo electoral competente.

\n\n

TITULO III

\n\n

FINANCIAMIENTO

\n\n

Art. 8.- Los comprobantes de recepción de contribuciones\n y aportes diseñados por el Tribunal Supremo Electoral\n contendrán una declaración sobre el origen licito\n de los recursos.

\n\n

Art. 9.- No se podrá efectuar o recibir aportes, mediante\n depósitos o transferencias a través del sistema\n financiero o cualquier otro método que haga difícil\n o imposible la identificación del contribuyente.

\n\n

Art. 10.- El responsable del manejo económico, a fin\n de asegurar la legitimidad de los aportes, hará constar\n en el comprobante correspondiente que el origen de los recursos\n no está comprendido en ninguno de los casos a los que\n se refiere el articulo 21 de la ley que se reglamenta.

\n\n

TITULO IV

\n\n

PRESENTACION DE CUENTAS Y CONTABILIDAD

\n\n

Art. 11.- El responsable económico o procurador común\n al momento de la inscripción de su designación\n como tal en el Tribunal Electoral competente, deberá notificar\n por escrito el número de cuenta o cuentas corrientes,\n la identificación y domicilio de la entidad financiera\n en donde se depositen los fondos de la campaña. Si en\n el transcurso de la campaña se abrieren nuevas cuentas,\n deberá seguirse el mismo trámite.

\n\n

Art. 12.- El responsable económico o procurador común,\n deberá notificar al Tribunal Electoral respectivo la apertura\n de los registros contables al momento de su inscripción.\n En caso de inexistencia de esta notificación, se considerará\n como fecha de apertura, la de la convocatoria a elecciones.

\n\n

Art. 13.- En concordancia con lo dispuesto en el artículo\n 20 de la Ley de Régimen Tributario Interno, los candidatos\n cuyo limite máximo de gasto electoral sobrepase los USD$\n 24.000, están obligados a llevar contabilidad, de acuerdo\n con el artículo 16 de la Ley Orgánica de Control\n del Gasto Electoral y Propaganda Electoral. Los restantes candidatos\n llevarán un registro de ingresos y gastos, respaldados\n con los comprobantes señalados en el artículo 15\n de la Ley orgánica de Control del Gasto Electoral y Propaganda\n Electoral.

\n\n

Art. 14.- El responsable del manejo económico en la\n correspondiente jurisdicción presentará una sola\n cuenta del gasto electoral, correspondiente a elecciones unipersonales\n o pluripersonales en su ámbito. con documentos originales.\n En el caso de alianzas, deberá constar la parte porcentual\n correspondiente a cada uno de los integrantes de la alianza,\n en concordancia con la declaración hecha al momento de\n inscribir las candidaturas.

\n\n

El representante o procurador común de la alianza deberá\n presentar el detalle, de los contribuyentes o aportantes que\n coincidirá con el reporte referido en el inciso anterior.

\n\n

Art. 15.- El Tribunal Supremo Electoral de acuerdo con la\n ley, con sujeción a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad\n (NEC), dispondrá todo lo relativo a la contabilidad de\n las organizaciones políticas, para cuyo efecto impartirá\n las instrucciones que correspondan, requerirá los documentos\n que crea conveniente, examinará documentos contables,\n en fin, ejecutará toda acción orientada al control\n de la contabilidad de los sujetos políticos.

\n\n

Art. 16.- El responsable económico entregará\n una certificación en la que conste que la liquidación\n de los fondos de campaña fue discutida y aprobada por\n el candidato o los candidatos, por el correspondiente organismo\n fiscalizador interno que por estatuto le corresponda su aprobación\n y por la organización política o alianza que patrocine\n la candidatura.

\n\n

Todos los documentos de soporte de la liquidación de\n los fondos de campaña y de la contabilidad deberán\n ser originales y cumplir con todos los requisitos exigidos por\n las leyes tributarias.

\n\n

TITULO V

\n\n

EXAMEN DE CUENTAS

\n\n

Art. 17.- El expediente de liquidación de fondos de\n campaña y de la contabilidad, será examinado por\n la Unidad de Control y las comisiones especiales. en el término\n máximo de 15 días, contados a partir de la fecha\n de entrega por parte de Secretaria del organismo electoral correspondiente.

\n\n

Art. 18.- Las secretarias de los tribunales electorales entregarán.\n a la Unidad de Control y a las comisiones especiales, las certificaciones\n referentes al examen de cuentas que éstas soliciten a\n través del Pleno.

\n\n

TITULO VI

\n\n

JUZGAMIENTO

\n\n

Art. 19.- Los costos y gastos que hayan sido cubiertos por\n los organismos electorales para la práctica de las auditorias\n especiales, les serán devueltos íntegramente, mediante\n el descuento de los aportes estatales que, a través del\n Fondo Partidario Permanente, entrega a las organizaciones políticas\n el Tribunal Supremo Electoral o mediante juicio coactivo.

\n\n

Art. 20.- Los recursos de apelación serán resueltos\n por el Tribunal Supremo Electoral en el término de quince\n días contados a partir del día de la recepción\n del recurso, pudiendo disponer además, un término\n de prueba, de oficio o a petición de parte, por un término\n de cinco días.

\n\n

Art. 21.- El examen de cuentas será reservado, al igual\n que el juzgamiento de las infracciones cometidas, pero la información\n sobre sus resultados será pública.

\n\n

Los juzgamientos previstos en el Título Cuarto de la\n Ley Orgánica de Control del Gasto Electoral y de la Propaganda\n Electoral. se realizarán en audiencias públicas\n en las que los inculpados tendrán plenas garantías\n para ejercitar el derecho de defensa.

\n\n

Una vez que se emita el informe definitivo, el respectivo\n Tribunal Electoral dispondrá que todo el expediente sea\n microfilmado y se devuelva, en originales, a los sujetos políticos\n para su custodia, durante el tiempo que obliga la ley.

\n\n

Art. 22.- La conservación de los documentos previstos\n en el artículo 18 de la ley, es obligación y responsabilidad\n de cada sujeto político.

\n\n

TITULO VII

\n\n

PROPAGANDA Y MEDIOS DE COMUNICACION

\n\n

Art. 23.- Los medios de comunicación reportarán\n al correspondiente organismo electoral en el plazo de 8 días\n contados a partir de la contratación, todo espacio político\n contratado, como lo dispone el artículo 26 de la Ley Orgánica\n de Control del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral.\n Esta obligación comprende a todos los medios de comunicación:\n prensa escrita, radio y televisión.

\n\n

Art. 24.- La Unidad de Control del Gasto Electoral y de la\n Propaganda Electoral, y las comisiones especiales, en el ámbito\n de sus competencias. informarán obligatoriamente, en el\n término de tres días de recibido el reporte al\n que se refiere el artículo anterior, al Tribunal Electoral\n correspondiente. si los espacios políticos o publicitarios\n contratados contravienen disposición constitucional o\n legal alguna.

\n\n

Art. 25.- Para efectos de lo dispuesto en el articulo 17 inciso\n 2. los responsables de la campaña, podrán contratar\n directamente publicidad con los medios de comunicación,\n o a través de agencias de publicidad.

\n\n

Art. 26.- Los medios de comunicación social deberán\n notificar a los organismos electorales correspondientes, el valor\n de sus tarifas comerciales ordinarias y corrientes vigentes treinta\n días antes de la convocatoria a elecciones.

\n\n

Art. 27.- Si los gastos electorales, incluyéndose publicidad\n y propaganda, benefician a varios candidatos, éstos se\n repartirán en relación directamente proporcional\n al monto máximo autorizado para cada uno de ellos.

\n\n

En la presentación de cuentas por candidato, quedará\n perfectamente aclarado el reparto proporcional de estos gastos.

\n\n

TITULO VIII

\n\n

DISPOSICIONES GENERALES

\n\n

PRIMERA.- En caso de cualquier duda en la interpretación\n o aplicación de este reglamento, la resolverá el\n Tribunal Supremo Electoral.

\n\n

SEGUNDA. - La Secretaria de los tribunales electorales será\n la única responsable de recibir el expediente de liquidación\n de fondos de campaña, quien verificará y foliará\n toda la documentación entregada por los sujetos políticos.

\n\n

TERCERA.- Los tribunales electorales llevarán un registro\n pormenorizado de: las empresas de mercadeo político y\n opinión inscritas, de los responsables económicos\n o procuradores comunes, según el caso y de la apertura\n de registros contables por parte de los sujetos políticos.

\n\n

CUARTA.- Derógase el Reglamento General de Aplicación\n de la Ley Orgánica de Control del Gasto Electoral y de\n la Propaganda Electoral, expedido mediante Decreto Ejecutivo\n No. 345 de 27 de abril del 2000, publicado en el Suplemento del\n Registro Oficial No. 73 del 9 de mayo del 2000, así como\n todos los reglamentos y resoluciones dictados por el Tribunal\n Supremo Electoral, en todo aquello que se oponga al presente\n reglamento.

\n\n

Art. Final.- El presente reglamento entrará en vigencia\n a partir de su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 4 de julio del 2002.

\n\n

f.) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la\n República.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo c

 

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