Registro Oficial. 1 de JULIO del 2002

Lunes, 01 de julio de 2002

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

\n \n \n \n
   MES DE JULIO DEL 2002
\n \n \n \n
\n

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\n

 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
\n

 

\n

Lunes 1 de Julio del 2002

\n

REGISTRO OFICIAL No. 608

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

ACUERDOS:
\n MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS:
\n
\n
133\n Desígnase delegado al señor doctor economista Ernesto\n Arroba Salvador, Asesor del despacho ministerial, en representación\n del señor Ministro, ante la Junta de Fideicomiso.

\n\n

134\n Revalorízanse\n Ios formularios para el otorgamiento de pasaportes, a un valor\n de veinte dólares de los Estados Unidos de Norte América\n (USD$20,00); y, los libretines de pasaportes (ordinarios, especiales,\n oficiales y diplomáticos), comercializados al interior\n del país, a un valor de cincuenta dólares (USD$\n 50,00).

\n\n

135 Modificanse los acuerdos ministeriales\n 188, publicado en el Registro Oficial No 379 de 30 de julio del\n 2001 y No 145, publicado en el Registro Oficial No 338 de 14\n de diciembre de 1999.
\n
\n TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL

\n\n

PRIMERA\n SALA
\n RESOLUCIONES:
\n
\n
011-2002-HD\n Revócase la resolución subida en grado, y\n dispónese que el Administrador Temporal del Banco de Crédito\n en Saneamiento, permita al accionante señor José\n Lorenzo Saa Bernstein acceder a Ios documentos que sobre sí\n mismo consten en esa dependencia.

\n\n

025-2002-HC Confirmase la resolución\n dictada por la señora Alcaldesa (E) de la I Municipalidad\n de Manta y niégase el recurso de hábeas corpus\n propuesto a favor del menor Carlos Eduardo Santiana Meneses.

\n\n

040-2002-RA Revócase la resolución\n venida en grado y deséchase la acción de amparo\n constitucional propuesta por el señor Gilberto Arturo\n García Araque y otros.

\n\n

102-2002-RA\n Confirmase\n la resolución subida en grado y niégase la acción\n de amparo propuesta por la Lcda. Teresa Noemi Ruiz Ortega, por\n improcedente.

\n\n

180-2002-RA Revócase la resolución\n venida en grado y acéptase el amparo constitucional formulado\n por el señor Juan Antonio Quispe Chinachi.

\n\n

182-2002-RA\n Confirmase\n la resolución subida en grado y acéptase la acción\n de amparo constitucional propuesta por el señor Rodolfo\n Ceprián Molina.

\n\n

189-2002-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y deséchase la acción de amparo\n constitucional fnrmulada por el doctor Eliecer Flores Flores.

\n\n

205-2002-RA Ordénase el archivo\n de la acción de amparo propuesta por el doctor Víctor\n Aníbal Reinoso Cifuentes.

\n\n

208-2002-RA Confírmase la resolución\n venida en grado y deséchase la acción de amparo\n constitucional formulada por la Concejala Anita Fernández\n Espinoza de Vanegas y Cortázar.

\n\n

211-2002-RA Confirmase Ia resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo formulada\n por la señora Jacinta Celeste Bacilo Tobar y otros.

\n\n

217-2002-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por la doctora Alemania Centeno Henk.

\n\n

227-2002-RA\n Confirmase\n la resolución venida en grado y acéptase la acción\n de amparo constitucional formulada por el señor Rodrigo\n Muñoz Crespo.

\n\n

236-2002-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y deséchase la acción de amparo\n formulada por la ingeniera Nilda Esperanza Loor Cuenca de Vélez.

\n\n

242-2002-RA\n Confirmase\n Ia resolución venida en grado y niégase la acción\n propuesta por la Lcda. Gineth Modesta Nazareno Ramírez.

\n\n

245-2002-RA\n Revócase\n la resolución subida en grado y deséchase por improcedente\n la acción de amparo constitucional planteada por Lidia\n Esperanza Guillén Mendoza, por improcedente.

\n\n

248-2002-RA\n Confirmase\n la resolución subida en grado y acéptase la acción\n (Ie amparo constitucional propuesta por el señor, José\n Luis Naranjo Vallejo, por ser procedente.

\n\n

251-2002-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por la señora Lucila Eloina Valverde Vda. De Silva.

\n\n

257-2002-RA\n Confirmase\n la resolución de la Jueza de instancia y deséchase\n por improcedente, la acción de amparo constitucional interpuesta\n por el señor Gonzalo Nicanor Pérez Méndez.

\n\n

260-2002-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por el Ing. Miguel Murillo Montenegro.

\n\n

263-02-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y deséchase la acción de amparo\n constitucional propuesta por el señor Robinson Pelayo\n Ortiz González y otro.

\n\n

268-2002-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción propuesta por\n el señor Simón Humberto Aguayo Roldán.

\n\n

274-2002-RA Conflrmase la resolución\n venida en grado y acéptase la acción de amparo\n constitucional propuesta por el señor Mario Enrique Alvarez\n Gálvez, por ser procedente.

\n\n

277-2002-RA\n Confirmase\n la resolución venida en grado y niégase la acción\n de amparo propuesta por el señor Manuel Vicente Rodriguez\n Lorenty y otros .

\n\n

279-2002-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y deséchase la acción de amparo\n constitucional formulada por el señor Abraham Elías\n Dáger Flores.

\n\n

283-2002-RA\n Confirmase\n la resolución subida en grado y acéptase la acción\n de amparo constitucional propuesta por la señora María\n Elisa Portilla Ortiz, por ser procedente.

\n\n

304-2002-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por la señora Dora Jimena Nicolaide Navarrete
\n
\n ORDENANZA\n MUNICIPAL:
\n
\n
Cantón\n Baños de Agua Santa: Que reforma la Ordenanza para\n la ocupación y funcionamiento para el terminal\n terrestre.
\n
\n

\n \n
\n

 

\n\n

 

\n\n

N0\n 133

\n\n

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS

\n\n

Que el 14 de mayo del 2002 se constituyó el Fideicomiso\n Mercantil denominado "Fondo Ecuatoriano de Capitalización\n del Sector Exportador, FECAPEX', y en su cláusula décima\n tercera, establece la participación del Ministro de Economía\n y Finanzas o su delegado en la Junta de Fideicomiso; y,

\n\n

En uso de las atribuciones que le confiere la ley,

\n\n

Acuerda:

\n\n

ARTICULO UNICO.- Designar delegado, en representación\n del Ministerio de Economía y Finanzas, ante la Junta de\n Fideicomiso, al señor Dr. Econ. Ernesto Arroba Salvador,\n Asesor del Despacho Ministerial de esta Cartera de Estado.

\n\n

Comuníquese.- Quito: 18 de junio del 2002.

\n\n

f) Ing. Jorge Morán Centeno, Ministro de Economía\n y Finanzas (E).

\n\n

Es copia, certifico.

\n\n

f) Julio César Moscoso S., Secretario General del Ministerio\n de Economía y Finanzas.- 18 de junio del 2002.

\n\n

N°\n 134

\n\n

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el artículo 118 de la Ley de Régimen Tribuyo\n Interno faculta al Ministro de Economía y Finanzas fijar\n el valor de las especies fiscales, incluidos bis pasaportes;

\n\n

Que de conformidad con lo que dispone el artículo 1\n del Decreto Legislativo No. 014, publicado en el Registro Oficial\n No. 92 de 27 de marzo de 1967, reformado por el artículo\n 9 del Decreto Supremo No. 1065-A, publicado en el Registro Oficial\n No. 668 de 28 de octubre de .1974, en concordancia con lo previsto\n en el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 488, publicado\n en el Registro Oficial No. 690 de 12 de octubre. de 1978, el\n Instituto Geográfico Militar es el único organismo\n autorizado para que, en sus propios talleres y con la intervención\n de un delegado del Ministerio de Economía y Finanzas o\n del Ministerio de Obras Públicas, en su caso, imprima\n timbres, papel lineado, estampillas y más especies valoradas\n que la administración pública requiera;

\n\n

Que al tenor de lo prescrito en el artículo 2 del Decreto\n Legislativo No. 014, publicado en el Registro Oficial No. 92\n de 27 de marzo de 1967, los contratos de impresión de\n las especies referidas, serán suscritos entre el ministerio\n correspondiente y el Instituto Geográfico Militar;

\n\n

Que según lo dispuesto en el artículo 3 del\n Acuerdo Ministerial No. 488, publicado en el Registro Oficial\n No. 690 de 12 de octubre de 1978, es facultad del Ministro de\n Economía y Finanzas, mediante acuerdo ministerial autorizar\n la emisión de especies valoradas;

\n\n

Que el Ministerio de Economía y Finanzas debe resarcirse\n del costo de emisión de los pasaportes, por tanto deberá\n remitirse el costo de la especie valorada al Ministerio de Economía\n y Finanzas y la diferencia la percibirá las misiones diplomáticas\n por el otorgamiento de pasaportes en el exterior; y,

\n\n

En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos\n 1 del Decreto Legislativo No. 014, publicado en el Registro Oficial\n No. 92 de 27 de marzo de 1967, reformado por el artículo\n 9 del Decreto Supremo No. 1065-A, publicado en el Registro Oficial\n No. 668 de 28 de octubre de 1974, en concordancia con lo previsto\n en el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 488, publicado\n en el Registro Oficial No. 690 de 12 de octubre de 1978,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1.- Revalorizar los formularios para el otorgamiento\n de pasaportes, a un valor de veinte dólares de los Estados\n Unidos de Norte América (USD $ 20,oo); y, los libretines\n de pasaportes (ordinarios, especiales, oficiales y diplomáticos),\n comercializados al interior del país, a un valor de cincuenta\n dólares de los Estados Unidos de Norte América\n (USD $ 50,00).

\n\n

El incremento del valor de los formularios para el otorgamiento\n de pasaportes que se establece en este artículo será\n destinado de forma exclusiva a los fines establecidos en el Acuerdo\n Ministerial No. 039 del 14 de abril de 1999.

\n\n

Art. 2.- La presente revalorización entrará\n en vigencia a partir de la circulación y comercialización\n del nueve pasaporte ordinario.

\n\n

Art. 3.- Autorizar que los formularios para el otorgamiento\n de pasaportes que están por imprimirse en el Instituto\n Geográfico Militar, en base a la autorización de\n emisión e impresión constante en el Acuerdo Ministerial\n No. 355 de 31 de diciembre del 2001, y contrato No. 2002-26 de\n 29 de abril del 2002, se impriman con el valor de veinte dólares\n de los Estados Unidos de Norte América (USD $ 20,00) cada\n uno.

\n\n

Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Saa Francisco\n de Quito, a 18 de junio del 2002.

\n\n

f) Ing. Jorge Morán Centeno, Ministro de Economía\n y Finanzas, Enc.

\n\n

Es copia, certifico.

\n\n

f) Julio César Moscoso S., Secretario General del Ministerio\n de Economía y Finanzas.

\n\n

N0\n 135

\n\n

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el artículo 201 de la Ley Orgánica de Administrador\n Financiera y Control, dispone que los organismos del sector público\n pueden establecer "fondos fijos de caja chica" en dinero\n en efectivo para la atención de pagos urgentes de valor\n reducido;

\n\n

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 145, publicado en el\n Registro Oficial No. 338 de 14 de diciembre de 1999, se expidió\n el Reglamento Sustitutivo del Fondo Fijo de Caja Chica contenido\n en el Acuerdo, Ministerial No. 464, publicado en el Registro\n Oficial No. 13 de 29 de agosto de 1979;

\n\n

Que con Acuerdo Ministerial No. 188, publicado en el Registro\n Oficial No. 379 de 30 de julio del 2001, se expidió el\n Reglamento para la Administración del Fondo Fijo de Caja\n Chica para el Ministerio de Economía y Finanzas; y,

\n\n

En uso de las atribuciones que le confieren los artículos\n 22, 24 numeral 3, letra b), 26 inciso primero 164 y 166 de la\n Ley Orgánica de Administración Financiera y Control,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1.- En el artículo 4 del Acuerdo Ministerial No.\n 188, publicado en el Registro Oficial No. 379 de 30 de julio\n del 2001; y, Acuerdo Ministerial No. 145, publicado en el Registro\n Oficial No. 338 de 14 de diciembre de 1999, sustituir el Art.\n 4 por el siguiente: "Art. 4.- CUANTIA DE LOS DESEMBOLSOS.-\n Los despachos ministeriales, de los titulares o máximas\n autoridades, las subsecretarias, las unidades de construcción,\n abastecimiento, transporte, podrán hacer desembolsos hasta\n por US $ 50.00; mientras que las demás unidades, lo podrán\n hacer hasta por US $ 30.00.".

\n\n

Art. 2.- El presente acuerdo regirá a partir de su\n publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 19 de junio\n del 2002.

\n\n

f) Ing. Jorge Morán Centeno, Ministro de Economía\n y Finanzas, Enc.

\n\n

Es copia, certifico.

\n\n

f.) Julio César Moscoso S., Secretario General del\n Ministerio de Economía y Finanzas

\n\n

Magistrado ponente: Dr. Armando Serrano Puig

\n\n

No. 011-2002-HD

\n\n

"LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso signado con el No. 011-2002-HD

\n\n

Antecedentes:

\n\n

El señor José Lorenzo Saa Bernstein, comparece\n ante el Juez Cuarto de lo Civil de Pichincha, e interpone acción\n de hábeas data en contra del lng. Enrique Holmes García,\n en su calidad de Administrador Temporal del Banco de Crédito\n en saneamiento, con el fin de que entregue documentos, datos,\n informes y justificativos en los cuales se fundamenta la supuesta\n obligación que mantiene pendiente de la operación\n signada con el Nro. 0040502300USD20003926, correspondiente a\n la tarjeta de crédito "VISA", del Banco de Crédito,\n desde su origen. De igual manera se dignará disponer la\n actualización de los datos y su rectificación;\n medidas tutelares prescritas en la ley, en relación con\n la aplicación del desagio a los intereses pendientes y\n reliquidación de los intereses anteriores de la supuesta\n obligación de pago.

\n\n

El recurrente manifiesta que de conformidad a lo estipulado\n en el artículo 35 de la Ley del Control Constitucional,\n el presente recurso tiene por objeto lo determinado en los literales\n a), b), c) y d) del invocado artículo.

\n\n

Se realiza la audiencia el 21 de marzo del 2002 ante el Juez\n Cuarto de lo Civil de Pichincha, en la cual, el Administrador\n Temporal del Banco de Crédito en saneamiento, expresa\n que la persona a la que debió ser dirigida esta solicitud\n es al Gerente General de la Agencia de Garantía de Depósitos,\n como representante del Banco de Crédito en saneamiento,\n como así lo establece la Ley de creación de la\n AGD, por lo que existe falta de legitimo contradictor, por cuanto\n tiene únicamente facultades de tipo administrativas mas\n no de representación, por lo tanto se ocasiona una insubsanable\n nulidad del proceso; no obstante al referirse al recurso de hábeas\n data, el accionante está tergiversando el sentido de esta\n garantía, debido a que en su solicitud expresa que el\n Banco de Crédito entregue los documentos, datos y justificativos\n de una supuesta deuda, cuando la naturaleza jurídica de\n esta garantía, no se desprende la entrega de documentos;\n por lo que solicita se declare improcedente la solicitud planteada\n y deseche este recurso. Por otra parte el recurrente se ratifica\n en los fundamentos de hecho y de derecho de su demanda, agregando\n que Enrique Holmes García administrador temporal del Banco\n de Crédito en saneamiento, a través de la AGD,\n ha instaurado un juicio coactivo Nro. 002-2001 en su contra,\n por lo que solícita se entregue copias debidamente certificadas\n de todos los documentos de la operación de la tarjeta\n de crédito VISA -Banco de Crédito.

\n\n

El Juez Cuarto de lo Civil de Pichincha, resuelve negar el\n hábeas data propuesto por el señor José\n Lorenzo Saa Bernstein, en vista de que en lo principal, se podrá\n solicitar ante el funcionario respectivo la actualización\n de los datos o su rectificación, eliminación o\n anulación si fueren erróneos o afectaren ilegítimamente\n sus derechos. Si la falta de atención causare perjuicio,\n el afectado podrá demandar indemnización.- La ley\n establecerá un procedimiento especial para acceder a los\n datos personales que consten en los archivos relacionados con\n la defensa nacional.- El objeto del hábeas data está\n claramente determinado en el artículo 35 de la Ley del\n Control Constitucional, cualquier otro aspecto no procede en\n este recurso y de presentarse deberá hacérselo\n ante la autoridad competente conforme prescribe la norma legal\n para cada caso, lo que no sucede en la especie, no consta de\n autos que el Banco de Crédito en saneamiento le haya negado\n esta información, sin tener en consecuencia derecho a\n solicitar este hábeas data en la forma como lo ha hecho,\n ya que con este recurso se trata de obstruir la labor de la justicia.

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, la Sala es competente para conocer y resolver el presente\n caso conforme lo establece el artículo 276, número\n 3, de la Constitución y el artículo 62 de la Ley\n del Control Constitucional;

\n\n

Que, habiéndose observado las normas constitucionales\n y legales previstas para la sustanciación del hábeas\n data, el proceso es válido, y así se lo declara;

\n\n

Que, el artículo 94 de la Constitución consagra\n el derecho de toda persona para acceder "a los documentos,\n banco de datos e informes que sobre sí misma, o sus bienes\n consten en entidades públicas o privadas, así como\n conocer el uso que se haga de ellos y su propósito",\n de ello se advierte que la persona natural o jurídica\n está facultada para requerir del poseedor de información.\n que diga relación a ella, le sea entregada en los términos\n que establece la norma constitucional;

\n\n

Que, de conformidad con el artículo 35 de la Ley del\n Control Constitucional, la institución del hábeas\n data tiene por objeto: a) Obtener del poseedor de la información\n que éste la proporcione al recurrente, en forma completa,\n clara y verídica; b) Obtener el acceso directo a la información;\n c) Obtener de la persona que posee la información que\n la rectifique, elimine o no la divulgue a terceros; y, d) Obtener\n certificaciones o verificaciones sobre que la persona poseedora\n de la información la ha rectificado, eliminado, o no la\n ha divulgado;

\n\n

Que, analizado el expediente, y de la normativa jurídica\n vigente, el accionante tiene derecho a acceder a los documentos,\n banco de datos e informes que sobre si misma o sobre sus bienes,\n consten en entidades públicas o privadas, así como\n a conocer el uso que se haga de ellos y su propósito;

\n\n

Por los antecedentes expuestos. y en uso de sus atribuciones,

\n\n

Resuelve:

\n\n

1.- Revocando la resolución subida en grado, se dispone\n que el Administrador Temporal del Banco de Crédito en\n saneamiento, permita al accionante señor José Lorenzo\n Saa Bernstein a acceder a los documentos que sobre sí\n mismo consten en esa dependencia.

\n\n

2.- Devolver el expediente al Juez de origen. Notifíquese.

\n\n

f) Dr. Andrés Gangotena Guarderas, Presidente, Primera\n Sala.

\n\n

f.) Dr. Armando Serrano Puig. Vocal, Primera Sala.

\n\n

f.) Dr. Antonio Iglesias Caamaño, Vocal, Primera Sala.

\n\n

RAZON: Siento por tal que la resolución que antecede\n fue aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional\n el dieciocho de junio del dos mil dos.- Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro, Secretario.

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del\n original.- Quito, a 20 de junio del 2002.- f) Secretario de la\n Sala.

\n\n

Magistrado ponente: Doctor Antonio Iglesias Caamaño

\n\n

No. 025-2002-HC

\n\n

"LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso signado con el No. 025-2002-HC

\n\n

Antecedentes:

\n\n

El abogado Washington Alarcón López comparece\n ante la señora Alcaldesa del I. Municipio de Manta y presenta\n recurso de hábeas corpus u favor del menor Carlos Eduardo\n Santiana Meneses.

\n\n

El recurrente manifiesta que el mencionado menor fue privado\n de su libertad el 14 de mayo del 2002 por elementos de la Policía\n Nacional, sin orden de legítima autoridad competente y\n mientras se encontraba en su hogar descansando, manteniéndolo\n ilegalmente detenido.

\n\n

Indica que de esta manera se viola lo establecido en el Art.\n 166 del Código de Menores, Art. 23 numerales 4, 12. 26\n y 27, y Art. 24 numerales 4 y 6 de la Constitución Política\n de la República.

\n\n

Con estos antecedentes y fundamentado con lo que establece\n el Art. 93 de la Constitución Política de la República\n propone la acción de hábeas corpus, solícita\n la inmediata comparecencia del detenido y que se da trámite\n a su petición al tenor de lo establecido en los Arts.\n 30, 31 y 32 de la Ley Constitucional.

\n\n

La señora Alcaldesa de la I. Municipalidad de Manta\n resuelve negar el recurso de hábeas corpus interpuesto,\n por cuanto el Juzgado Octavo de lo Penal de Manabí dictó\n auto de detención provisional, pero que una vez que se\n justificó la minoría de edad, dictó auto\n inhibitorio por lo que fue puesto a órdenes del Tribunal\n de Menores de Manta, por lo que se puede observar que la detención\n del menor es legal.

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, esta Sala es competente para conocer y resolver el recurso\n de hábeas corpus interpuesto a favor del menor José\n Manuel Coello Chávez, de conformidad con los artículos\n 276 numeral 3 de la Constitución de la República,\n y los artículos 12 numeral 3 y 62 de la Ley del Control\n Constitucional;

\n\n

Que, no existe omisión de solemnidad sustancial alguna\n que pueda influir en la decisión de la causa, por lo que\n el proceso es válido y así se lo declara;

\n\n

Que, el recurso de hábeas corpus, previsto en el artículo\n 93 de la Constitución de la República, es un derecho\n que tiene como fin la tutela de la libertad física que\n puede interponerse por el detenido o cualquier persona a favor\n de éste, con el objeto de que el Alcalde o quien haga\n sus veces examine si la privación de la libertad ordenada\n por la autoridad obedece a los requisitos legales, y está\n debidamente sustentada en los hechos y en el derecho;

\n\n

Que, el artículo 51 de la Constitución de la\n República dispone que "Los menores de dieciocho años\n estarán sujetos a la legislación de menores y a\n una administración de justicia especializada en la Función\n Judicial. Los niños y adolescentes tendrán derecho\n a que se respeten sus garantías constitucionales

\n\n

Que, a folio 9 del expediente consta el oficio No. 393-2002\n de 21 de mayo del 2002 dirigido al Alcalde de la ciudad de Manta,\n suscrito por la Secretaria del Juzgado Octavo de lo Penal de\n Manabí, en el que comunica que el 17 de mayo del 2002\n el señor Juez dictó auto de inhibición por\n cuanto el menor Carlos Eduardo Santiana Metieses justificó\n con documentos su minoría de edad, y se envió el\n expediente al Tribunal de Menores de Manta;

\n\n

Que, a folio 8 del proceso consta el oficio No. 395-2.002-TMM\n de 21 de mayo del 2002, dirigido al Alcalde Manta, suscrito por\n la señora Presidenta del Tribunal de Menores de Manta,\n en el que comunica que el mencionado organismo judicial, con\n fecha 20 de mayo del 2002, avoca conocimiento de la causa seguida\n en contra del menor Carlos Eduardo Santiana Meneses, en vista\n de lo cual el prenombrado menor se encuentra bajo las órdenes\n de ese Tribunal de Menores;

\n\n

Que, al encontrarse el menor Carlos Eduardo Santiana Meneses\n a órdenes del Tribunal de Menores de Manta se ha dado\n cumplimiento a la legislación que prohibe a los juzgados\n penales conocer sobre asuntos de orden penal en contra de menores\n de edad, y ordena que las infracciones cometidas por ellos serán\n conocidas por los respectivos Tribunales de Menores, por lo que\n será el Tribunal de Menores de Manta quien tramite el\n proceso en contra del mencionado menor y decida sobre la acusación\n de robo que se ha presentado en su contra, adoptando las medidas\n del caso que considere pertinentes; por lo que este Tribunal\n observa que no ha existido violación legal ni constitucional\n respecto a los derechos del menor Carlos Eduardo Santiana Metieses;

\n\n

Por lo expuesto, y en uso de sus atribuciones,

\n\n

Resuelve:

\n\n

1.- Confirmar la resolución dictada por la señora\n Alcaldesa (E) de la I. Municipalidad de Manta, y por consiguiente,\n negar el recurso de hábeas corpus propuesto en favor del\n menor Carlos Eduardo Santiana Meneses.

\n\n

2.- Devolver el expediente a la Alcaldía de la I. Municipalidad\n de Manta.- Notifíquese.

\n\n

f) Dr. Andrés Gangotena Guarderas, Presidente, Primera\n Sala.

\n\n

f) Dr. Armando Serrano Puig, Vocal, Primera Sala.

\n\n

f) Dr. Antonio Iglesias Caamaño, Vocal, Primera Sala.

\n\n

RAZON: Siento por tal que la resolución que antecede\n fue aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional,\n a los veinte días del mes de junio del dos mil dos.- Lo\n certifico.

\n\n

f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro, Secretario.

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

\n\n

PRIMERA SALA.

\n\n

Es fiel copia del original.- Quito, a 20 de junio del 2002.

\n\n

f) Secretario de la Sala.

\n\n

Magistrado ponente: Dr. Armando Serrano Puig

\n\n

No. 040-2002-RA

\n\n

LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso signado con el No. 040-2002-RA

\n\n

Antecedentes:

\n\n

Gilberto Arturo García Araque, procurador común\n de un grupo de funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería\n que trabajan en el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria\n (SESA), comparecen ante la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso\n Administrativo de Quito, y formulan acción de amparo constitucional\n en contra de los señores Ministro de Economía y\n Finanzas, Ministro de Agricultura y Ganadería y Procurador\n General del Estado. Los accionantes, en lo principal, manifiestan:

\n\n

Que con fundamento en el Decreto Ejecutivo No. 543 de 4 de\n marzo de 1997, perciben un beneficio denominado "Bonificación\n Trimestral", cuyo cálculo, liquidación y pago\n se debió realizar tomando en cuenta: "[...] todos\n los rubros que integran el valor mensual de sus remuneraciones\n [...] como textualmente prescribe dicho decreto;

\n\n

Que el entonces Ministro de Finanzas y Crédito Público,\n mediante resolución presupuestaria No. 100873 de 2 de\n junio del 2000, asignó una cantidad de dinero para el\n pago de esta bonificación y eliminó para el cálculo,\n liquidación y pago de este beneficio, algunos rubros que\n forman parte de sus ingresos mensuales;

\n\n

Que al presentar su reclamo administrativo ante el Ministro\n de Economía y Finanzas, han recibido una resolución\n desfavorable de esta autoridad, la cual consta en oficio número\n 0784-SJM-2001 de 11 de mayo del 2001, acto administrativo que\n es materia de impugnación y provoca la presentación\n de su acción de amparo constitucional;

\n\n

Que el acto administrativo impugnado es ilegítimo porque\n viola los que dispone el artículo 27 de la Ley de Remuneraciones\n de los Servidores Públicos, que establece el principio\n de generalidad de las conquistas sociales en materia de remuneraciones,\n y porque se les paga la bonificación trimestral sin tomar\n en cuenta rubros que componen sus ingresos mensuales, como son\n los gastos de residencia, bono de comisariato y compensación\n por el costo de la vida;

\n\n

Que la omisión y posterior ratificación de no\n pagarles en forma completa, las bonificaciones trimestrales,\n violan las siguientes garantías constitucionales: artículos\n 3 numeral 2; 17; 23 numeral 3; 35 inciso primero y numerales\n 3 y 4; 118; 119; 124; y, 130 numeral 5 de la Constitución\n Política de la República. Además, se consideran\n transgredidos los artículos 35, 58 y 59 de la Ley de Servicio\n Civil y Carrera Administrativa; y 27 y 31 de la Ley de Remuneraciones\n de los Servidores Públicos;

\n\n

Con los fundamentos expuestos, los recurrentes solicitan que\n el Juez de instancia disponga el reconocimiento explicito de\n sus derechos a percibir las bonificaciones trimestrales en los\n montos que les corresponda, de acuerdo con lo que dispone el\n artículo 1 del Derecho Ejecutivo Nro. 543 y en la forma\n que se vienen calculando. liquidando y pagando a los demás\n funcionarios del sector publico.

\n\n

En la audiencia pública celebrada el 16 de noviembre\n del 2001, comparecieron los señores ministros de Economía\n y Finanzas, Agricultura y Ganadería, Procurador General\n del Estado y los accionantes, quienes hicieron sus exposiciones\n y las entregaron por escrito.

\n\n

El Ministro de Economía y Finanzas, en lo fundamental,\n manifiesta: Que el artículo 2 de la Ley de Remuneraciones\n de los Servidores Públicos determina qué rubros\n forman la remuneración del servidor público, a\n saber, el sueldo básico, las asignaciones complementarias,\n gastos de representación, pagos por delegaciones o representaciones\n ante otras entidades u organismos y horas de trabajo en exceso\n de la jornada ordinaria; Que el mismo artículo en su inciso\n segundo dice que no forman parte de la remuneración el\n pago por concepto de gastos de residencia, alimentación,\n viáticos, subsistencias, subsidio familiar, ni servicios\n sociales; Que el Ministerio de Economía y Finanzas al\n expedir la Resolución Presupuestaria No. 100873 de 2 de\n junio del 2000, procedió de conformidad con lo dispuesto\n en le artículo 22 de la Ley Orgánica de Administración\n Financiera y Control, que establece que el Ministerio de Finanzas\n (hoy de Economía) es el funcionario responsable en el\n grado superior, de la administración de los recursos financieros\n del Gobierno Nacional, y como tal, le corresponde velar por la\n correcta y legal aplicación de las leyes concernientes\n a los recursos financieros del Estado; y. Que no existe acto\n ilegitimo ni daño alguno, por lo que se debe rechazar\n la acción propuesta.

\n\n

Por su parte, el Procurador General del Estado se expresa\n en forma similar al Ministro de Economía y añade\n que los rubros excluidos por el artículo 2 de la Ley de\n Remuneraciones de los Servidores Públicos son asignaciones\n compensatorias, distintas de las complementarias, destinadas\n a compensar gastos de los servidores públicos por situaciones\n coyunturales de la economía; y, Que de la revisión\n del clasificador por objeto de gastos puede verse que no solo\n los gastos de residencia, sino también el bono de comisariato\n y la bonificación por costo de la vida son parte de las\n asignaciones compensatorias. Concluye pidiendo que se rechace\n la acción de amparo formulada.

\n\n

La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo\n concede la acción de amparo constitucional planteada considerando\n que dentro de las remuneraciones de un funcionario o empIeado\n público se incluyen los rubros reclamados, esto es, el\n costo de la vida, los gastos de residencia y el bono de comisariato,\n y que no se ha aplicado en forma legal Decreto Ejecutivo No.\n 543, lo cual atenta contra los derechos invocados por los funcionarios\n del SESA y convierte al acto impugnado en ilegítimo.

\n\n

Considerando:

\n\n

Que esta Sala es competente para conocer y resolver la presente\n causa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo\n 276 numeral 3 de la Constitución de la República,\n y los artículos 12 numeral 3 y 62 de la Ley del Control\n Constitucional;

\n\n

Que no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda\n influir en la resolución de la causa, por lo que el proceso\n es válido y así se lo declara;

\n\n

Que del texto constitucional y de la normativa singularizada\n en la Ley del Control Constitucional, se establece de manera\n concluyente que la acción de amparo constitucional es\n procedente cuando: a) existe un acto u omisión ilegítimos,\n en principio de autoridad pública; b) que siendo violatorios\n de un derecho subjetivo constitucional; y, c) causen o amenacen\n causar un daño grave e inminente en perjuicio del accionante;\n es decir que dichos tres elementos descritos para la procedencia\n de la acción de amparo deben encontrarse presentes simultáneamente\n y de manera unívoca;

\n\n

Que el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 543 (fojas\n 74 de los autos) establece a favor de los servidores públicos\n del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del Servicio\n Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA) y del Programa Nacional\n del Banano, una bonificación trimestral "[...] que\n comprenderá todos los rubros que integran el valor mensual\n de sus remuneraciones [...]" (lo resaltado es de la Sala).\n En virtud de esta norma, es menester definir qué rubros\n comprende el valor de la remuneración del servidor público,\n con el fin de establecer el contenido de la bonificación\n trimestral que crea el Decreto Ejecutivo No. 543;

\n\n

Que el artículo 2 de la Ley de Remuneraciones de los\n Servidores Públicos establece que "La remuneración\n del servidor público comprende el sueldo básico\n determinado en la correspondiente escala, las asignaciones complementarias,\n gastos de representación, pago por delegaciones o representaciones\n ante otras entidades u organismos y horas de trabajo en exceso\n de la jornada ordinaria.- No forma parte de La remuneración\n el pago por concepto de gastos de residencia, alimentación,\n viáticos, subsistencias, subsidio familiar, ni servicios\n sociales' (lo resaltado es de la Sala);

\n\n

Que el artículo 3 del reglamento antes citado determina\n cuáles son exclusivamente las asignaciones o bonificaciones\n complementarias, a saber, a) subsidio por antigüedad; subsidio\n por circunstancias geográficas; décimo tercer,\n décimo cuarto y décimo quinto sueldos; bonificación\n por responsabilidad; bonificación por títulos académicos,\n especializaciones y capacitación adicionales; y gastos\n de representación;

\n\n

Que el Clasificador por Objeto de Gasto para el Sector Público\n (Suplemento del Registro Oficial No. 234 de 16 de julio de 1993),\n en el grupo 1, subgrupo 3 define que las remuneraciones compensatorias\n 'son asignaciones adicionales al sueldo básico, destinadas\n a compensar gastos de los servidores públicos deteriorados\n por situaciones coyunturales de la economía. Dentro de\n estas remuneraciones se encuentran, en el ítem 3 a la\n residencia, en el ítem 11 a la compensación por\n costo de la vida, y en el ítem 16 al bono de comisariato;

\n\n

Que de las normas transcritas, y en especial del alcance del\n artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 543, puede concluirse\n que únicamente integran la remuneración del servidor\n público los rubros señalados por el artículo\n 2 de la Ley de Remuneraciones del Sector Público y respecto\n de aquellos debe calcularse el bono trimestral que perciben los\n accionantes. En efecto, mientras los rubros que señala\n el artículo legal citado constituyen la retribución\n legal y perfectamente determinada que corresponde al trabajo\n del servidor público; los gastos de residencia, el bono\n de comisariato y la compensación por el costo de la vida,\n son compensaciones que se pagan por situaciones coyunturales\n de la economía, y que por tal carácter no pueden\n ser integrantes de la remuneración que debe percibir el\n servidor público;

\n\n

Por las consideraciones expuestas, y en uso de sus facultades\n constitucionales y legales,

\n\n

Resuelve:

\n\n

1.- Revocar la resolución venida en grado, y por consiguiente,\n desechar la acción de Amparo Constitucional propuesta\n por el señor Gilberto Arturo García Araque y otros.

\n\n

2.- Devolver el expediente a la Primera Sala del Tribunal\n Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito para la ejecución\n de esta resolución. Notifíquese.

\n\n

f) Dr. Andrés Gangotena Guarderas, Presidente, Primera\n Sala.

\n\n

f) Dr. Armando Serrano Puig, Vocal, Primera Sala.

\n\n

f.) Dr. Antonio Iglesias Caamaño, Vocal, Primera Sala.

\n\n

RAZON: Siento por tal que la resolución que antecede\n fue aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional\n a los catorce días del mes de junio del año dos\n mil dos.- Lo certifico.

\n\n

f) Dr. Jaime Pozo Chamorro. Secretario.

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del\n original.- Quito. a 20 de junio del 2002.- f) Secretario de la\n Sala.

\n\n

 

\n\n

Magistrado ponente: Doctor Antonio Iglesias Caamaño

\n\n

No. 102-2002-RA

\n\n

"LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso signado con el No. 102-2002-RA

\n\n

Antecedentes:

\n\n

La señora TERESA RUIZ ORTEGA, comparece ante el señor\n Juez Décimo Quinto de lo Civil de Cuenca e interpone acción\n de amparo constitucional en contra del señor Director\n Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Desarrollo Agrario -lNDA-,\n a fin de que se deje sin efecto la Acción de Personal\n por la cual se le destituye del puesto de Asistente de Abogacía\n del Departamento de Legalización de Tierras de la Dirección\n Distrital del Azuay. La recurrente en lo principal manifiesta:

\n\n

Que fue destituida del puesto de Asistente de Abogacía\n del Departamento de Legalización de Tierras de la Dirección\n Distrital del Azuay mediante Acción de Personal notificada\n a través de una comunicación de 7 de enero del\n 2002, tras habérsele instaurado un sumario administrativo\n en el que se violentó el principio constitucional del\n debido proceso.

\n\n

Precisa la accionante que el 28 de noviembre del 2001 se le\n notificó con la iniciación del sumario mediante\n Of No. 1223; que en la providencia de instauración del\n sumario se le concedió el término de seis días\n hábiles a partir de la notificación para que presente\n cualquier prueba a su favor. Añade que el 29 de noviembre\n rindió su declaración ante el Analista de Recursos\n Humanos Jefe y el Secretario Ad-Hoc, donde manifestó que\n dentro del término de prueba que se le conceda demostrará\n el infundio de las acusaciones que se le han endilgado.

\n\n

Señala la accionante que los dos funcionarios antes\n referidos retornaron a Quito al siguiente día de haberse\n instaurado el sumario sin que se le haya notificado nada, por\n lo que no pudo conocer sobre las declaraciones de los testigos\n ni de los documentos adjuntos.

\n\n

Indica que angustiada por la terminación del término\n de prueba concedido en la notificación del sumario llamó\n telefónicamente al Secretario Ad-Hoc manifestándole\n que le enviaba por Servientrega sus pedidos de prueba. Sin embargo,\n no consta en ellos la fe de presentación o de recibido,\n y mucho menos providencia alguna aceptando o rechazando los\n mismos, lo que le dejó en indefensión.

\n\n

Con tales antecedentes, fundamentada en el Arts. 95 de. la\n Constitución Política de la República y\n Art. 46 y siguientes de la Ley del Control Constitucional solícita\n se ". .. adopte las medidas urgentes destinadas a remediar\n de inmediato las consecuencias de este acto administrativo ilegítimo,\n que me causa daño inminente grave e irreparable; que me\n deja en la desocupación laboral...";

\n\n

Considera que se han vulnerado los derechos constantes en\n los Arts. 23, numeral 27; 24, numerales 1, 10, 14 y 15 de la\n Constitución.

\n\n

En la audiencia pública llevada a cabo el 24 de abril\n del 2002 ante el Juez Décimo Quinto de lo Civil de Cuenca,\n el accionado en lo fundamental niega que se hayan violentado\n los derechos o principios invocados por la recurrente referentes\n al debido proceso; y que, en virtud de que el INDA tiene su sede\n en Quito, resulta obvio suponer que en dicha jurisdicción\n se instaura cualquier acción contra sus funcionarios y\n empleados.

\n\n

El Juez de instancia resuelve rechazar la acción de\n amparo constitucional por considerar que la autoridad accionada\n no ha cometido ningún acto ilegitimo.

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, la Sala es competente para conocer y resolver el presente\n caso de conformidad con lo que disponen los artículos\n 95 y 276, número 3, de la Constitución;

\n\n

Que, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda\n incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara\n su validez;

\n\n

Que, la acción de amparo prevista en el artículo\n 95 de la Constitución, de manera sustancial tutela los\n derechos, garantías y libertades de las personas, consagrados\n en el texto constitucional, contra actos ilegítimos de\n autoridad pública y que de modo inminente amenace con\n causar un daño grave;

\n\n

Que, del texto constitucional y de la nominativa singularizada\n en la Ley del. Control Constitucional se establece de manera\n concluyente que la acción de amparo constitucional es\n procedente cuando: a) existe un acto ilegitimo, b) que siendo\n violatorio de un derecho subjetivo constitucional, c) amenace\n o cause un daño grave e inminente en perjuicio del peticionario,\n es decir, que los tres elementos descritos para la procedencia\n de la acción de amparo deben encontrarse presentes simultáneamente\n y de manera unívoca;

\n\n

Que, un acto se torna ilegítimo cuando ha sido dictado\n por una autoridad que no tiene competencia para ello, o que no\n se lo haya dictado de conformidad con los procedimientos señalados\n por el ordenamiento jurídico o cuyo contenido sea contrario\n a dicho ordenamiento o bien que se lo haya dictado sin fundamento\n o suficiente motivación;

\n\n

Que, no se ha llegado a determinar que exista ilegitimidad\n del acto impugnado dictado por el Director Ejecutivo del Instituto\n Nacional de Desarrollo Agrario, INDA, por el cual se destituye\n a la Leda. Teresa Noemí Ruiz Ortega, plasmado en la Acción\n de Personal No. 000693 de 26 de diciembre del 2001, ya que la\n mencionada autoridad tiene competencia para proceder a la destitución\n de funcionarios, si se ha seguido el procedimiento correspondiente;

\n\n

Que, el Art. 62 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa,\n al establecer las sanciones que se pueden imponer a los funcionarios\n públicos, en la letra e) señala la destitución.\n Por otra parte, en lo que se refiere a la destitución\n de los servidores públicos, la misma ley establece en\n el Art. 114 las correspondientes causales, señalándose\n entre ellas la contemplada en el literal d) y en el literal g)\n que se remite a las letras e) del Art. 58 y a la letra m) del\n Art. 60, materia del sumario administrativo seguido por el INDA\n en contra de la Lcda. Teresa Noemí Ruiz Ortega;

\n\n

Que, las causales de destitución en contra de la hoy\n accionante, se fundamentan en el hecho de haber recibido de un\n particular usuario del lNDA la cantidad de 330 dólares\n que fueron depositados en su cuenta bancaria, conforme se encuentra\n demostrado plenamente del sumario administrativo, inclusive por\n aceptación propia de la Lcda. Ruiz dentro de su declaración\n en tal proceso;

\n\n

Que. el Art. 64 del Reglamento a la Ley de Servicio Civil\n y Carrera Administrativa señala que para proceder a sancionar\n a los servidores públicos se les dará la oportunidad\n de defenderse y se les escuchará en audiencia de lo que\n se dejará constancia por escrito:

\n\n

Que, en folios 16 a 222 del expediente consta documentación\n de la que se observa que para proceder a la destitución\n de la accionante se instauró el correspondiente sumario\n administrativo, así; mediante memorando de 13 de noviembre\n del 2001 el Director Ejecutivo del INDA dispone al Jefe de Recursos\n Humanos instaure el correspondiente sumario administrativo (folio\n 16); se inicia el trámite en contra de la accionante y\n se dispone concederle seis días hábiles para que\n presente pruebas de descargo a su favor (folio 17); en folio\n 18 y vuelta consta la notificación realizada a la accionante\n de forma personal, por lo que se establece que fue legalmente\n citada; en folios 20 a 23 consta la declaración rendida\n por la accionante dentro del sumario instaurado, que la realiza\n en presencia de su abogado defensor, diligencia efectuada el\n 29 de noviembre del 2001; en folios 24 a 27 constan las declaraciones\n de otros funcionarios del INDA relacionados con los hechos materia\n del sumario; en adelante consta una serie de documentación\n que tiene relación con la materia investigada; y finalmente,\n en folios 217 a 221, se encuentra el dictamen del sumario administrativo,\n el mismo que es debidamente motivado, y que conlleva a la Acción\n de Personal de destitución (folio 222) en el que se mencionan\n las nominas legales que se aplicaron al caso, esto es, el Art.\n 61, Art. 62 letra e), Art. 58 letra e), Art. 60 letra m), y el\n Art. 114 letras d) y g) de la Ley de Servicio Civil y Carrera\n Administrativa, y se encuentra suscrito por la correspondiente\n autoridad nominadora;

\n\n

Que, se observa además que en el trámite administrativo\n seguido en contra de la accionante se aplicó el procedimiento\n establecido en el Art. 63 del Reglamento a la Ley de Servicio\n Civil y Carrera Administrativa que establece las normas para\n el sumario administrativo en contra de los servidores de carrera;

\n\n

Que, esta Sala advierte que para la destitución materia\n de este amparo se actuó conforme a lo establecido en la\n Ley y Reglamento de Servicio Civil y Carrera Administrativa,\n siguiendo el procedimiento previsto para tomar la decisión\n dictada, y en esta virtud, el acto impugnado es legítimo;

\n\n

Que, a folio 227 del expediente consta el certificado que\n acredita que la accionante ostenta la calidad de servidor público\n de carrera; y, en tal virtud, cabe indicar que J artículo\n 65 del Reglamento General de la Ley de Servicio Civil y Carrera\n Administrativa dispone que: "La sanción impuesta\n se notificará al servidor afectado y a la Dirección\n Nacional de Personal y si fuere servidor de carrera, se dará\n aviso, además, a la Junta de Reclamaciones, adjuntándose\n copia certificada de todo lo actuado"; en la especie, efectivamente\n consta la notificación a la accionante, pero no consta\n el aviso a la Junta de Reclamaciones infringiéndose en\n parte la disposición mencionada, lo cual omite un paso\n del procedimiento que debe ser observado, paso que por ser posterior\n a la destitución no la hace ilegitima;

\n\n

Que, en ejercicio de sus atribuciones y por las consideraciones\n expuestas,

\n\n

Resuelve:

\n\n

1 .- Confirmar la resolución subida en grado, y en\n consecuencia, negar la acción de amparo propuesta por\n la Leda. Teresa Noemí Ruiz Ortega, por ser improcedente.

\n\n

2.- Ordenar que la sanción de destitución impuesta\n a la Lcda. Teresa Noemí Ruiz Ortega se avise a la Junta\n de Reclamaciones, y se adjunte copia certificada de todo lo actuado\n en el sumario administrativo, para los fines pertinentes.

\n\n

3.- Remitir copia del proceso a la señora Ministra\n Fiscal General para los fines legales pertinentes.

\n\n

4.- Devolver el expediente al Juez de origen.- Notifíquese.".

\n\n

f) Dr. Andrés Gangotena Guarderas, Presidente, Primera\n Sala.

\n\n

f) Dr. Armando Serrano Puig. Vocal, Primera Sala.

\n\n

f.) Dr. Antonio Iglesias Caamaño, Vocal, Primera Sala.

\n\n

RAZON: Siento por tal que la resolución que antecede\n fue aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional\n a los trece días del mes de junio del dos mil dos.- Lo\n certifico.

\n\n

f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro, Secretario.

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del\n original.- Quito, a 20 de junio del 2002.- f) Secretario de la\n Sala.

\n\n

 

\n\n

Magistrado ponente: Sr. Dr. Armando Serrano Puig

\n\n

 

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