Registro Oficial. 7 de JUNIO del 2002

Viernes, 07 de junio de 2002

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE JUNIO DEL 2002
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 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
\n

 

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Viernes 7 de Junio del 2002

\n

REGISTRO OFICIAL No. 592

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

 

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FUNCION\n LEGISLATIVA
\n  
\n EXTRACTOS:
\n
 
\n 23-848 Proyecto de Ley  Reformatoria\n al Código Penal
\n  
\n 23-849 Proyecto de Ley Reformatoria\n a la Ley de Personal del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión\n de Tránsito de la Provincia del Guayas
\n  
\n 23-850 Proyecto  de Ley de Calificación \n Mínima para Ganar el Año de Estudio en el Nivel\n Medio

\n\n

23-851 Proyecto de Ley Reformatoria\n a la Ley No. 2002-66 de Creación de la Comisión\n de Desarrollo para Chone, Flavio Alfaro, El Carmen, Pedernales\n y Sucre 
\n  
\n 23-852 Proyecto de Ley Reformatoria\n al Código del Trabajo 
\n  
\n 23-853 Proyecto de Ley que establece\n el control y consumo de tabaco y sus derivados 
\n  
\n FUNCION\n EJECUTIVA
\n  
\n ACUERDO:
\n  
\n MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS:
\n
 
\n 121 Autorízase la emisión\n e impresión de 148.000 (ciento cuarenta y ocho  mil)\n tarjetas de visita a parques nacionales 
\n  
\n
RESOLUCIONES:
\n  
\n MINISTERIO DEL AMBIENTE:
\n
 
\n
022\n Levántase la suspensión temporal  de la licencia \n ambiental, para la construcción  del Oleoducto de\n Crudos Pesados, en el  sector Guarumos
\n  
\n 023 Ratifícase la aprobación\n del estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental para\n la implementación y operación del Centro de Gestión\n Ambiental del Bosque Protector de Aguarongo, por la Dirección\n Regional de Azuay, Cañar y Morona Santiago 
\n  
\n
CONSEJO\n NACIONAL DE REMUNERACIONES DEL SECTOR PUBLICO:
\n
 
\n
146\n Establécese  un bono anual de USD 100,00 para los\n profesionales de  la salud rural del Ministerio de \n Salud, sujetos a las leyes de Servicio Civil y Carrera \n Administrativa y de Servicios Personales por Contrato, \n que laboran en  jornada completa 
\n  
\n 151 Establécense a favor de\n los servidores del Consejo Nacional de  Zonas Francas, CONAZOFRA,\n sujetos  a la Ley de  Servicio Civil y Carrera Administrativa \n que laboran  en jornada completa el  pago de una bonificación\n económica  trimestral 
\n  
\n
FUNCION\n JUDICIAL
\n  

\n CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PRIMERA SALA  DE LO LABORAL Y\n SOCIAL:
\n
 
\n Recursos de casación en Ios  juicios laborales seguidos\n por  las siguientes personas:
\n  
\n 233-2000 José Ignacio Larrea\n López en contra del IESS 
\n  
\n 463-2000 Santos Guevara Rodas en\n contra de Autoridad Portuaria de Guayaquil 
\n  
\n 16-2001 Luis Camacho Barrios en contra\n de Petroproducción 
\n  
\n 143-2001 José Antonio \n Aguirre Calderón en contra de EMETEL
\n  
\n 147-2001 Luis Antonio Burgos Cali\n en contra de Autoridad Portuaria de Guayaquil 
\n  
\n 213-2001 Félix Gustavo Cortez\n García en contra de Industria Cartonera Ecuatoriana SA\n
\n  
\n 228-2001 Miriam Alicia Castillo López\n en contra del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha
\n  
\n 235-2001 Isaac Carrasco en contra\n de Eduardo Ubilla Mendoza
\n  
\n 249-2001 María Antonia Alvarez\n López en contra de Ernesto Pesantes Orellana 
\n  
\n 257-2001 Edgar Acurio Fierro en contra\n de Francisco Acebo Villacís 
\n  
\n 269-2001 Rodolfo Calero Piguave en\n contra de la empresa Eternit Ecuatoriana SA
\n  
\n 276-2001 Juan Samaniego Tello en \n contra de la Compañía del  Caucho SA

\n\n

ACUERDO\n DE CARTAGENA
\n RESOLUCION:
\n
 
\n 609 Solicitud de la empresa Vidriería\n 28 de Julio S.A.C (Corporación Furukawa) para la aplicación\n de derechos antidumping a las importaciones peruanas de los perfiles\n y tubos de aluminio comprendidos en las subpartidas NANDINA 7604.21.00,\n 7604.29.20 y 7608.20.00, producidos o exportados por la empresa\n Aluminio Nacional S.A (Alumina) de Colombia y de los perfiles\n y tubos de aluminio comprendidos en las subpartidas NANDINA 7604.29.20\n y 7608.20.00, producidos o exportados por la Corporación\n Ecuatoriana del Aluminio (Cedal) 
\n  
\n
ORDENANZAS\n MUNICIPALES:
\n
 
\n Cantón Quevedo: Para ocupación\n y funcionamiento del terminal terrestre 
\n  
\n - Cantón Penipe: Que \n reglamenta la adquisición de bienes muebles,  ejecución\n de obras y prestación de servicios no regulados por \n la Ley de Contratación Pública y Consultoría,\n de  cuantía inferior al resultado de la multiplicación\n del coeficiente 0,00002 por el monto del presupuesto inicial\n del Estado.

\n  \n

\n \n
\n

 

\n\n

CONGRESO\n NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA

\n\n

NOMBRE: "REFORMATORIA AL CODIGO\n PENAL".

\n\n

CODIGO: 23-848.

\n\n

AUSPICIO: H. CYNTHIA VITERI JIMENEZ.

\n\n

INGRESO: 15-05-2002.

\n\n

COMISION: DE LO CIVIL Y PENAL.

\n\n

FECHA DE ENVIO
\n A COMISION: 17-05-2002

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

La reiteración constituye circunstancia agravante en\n el juzgamiento de las contravenciones, tal como lo dispone el\n artículo 613 del Código Penal Ecuatoriano. Por\n otra parte, los delitos son infracciones que se sancionan con\n mayor rigor que las contravenciones, porque afectan bienes jurídicos\n protegidos de más importancia que los segundos.

\n\n

OBJETIVOS BÁSICOS:

\n\n

Es necesario que aquel que hubiere cometido varios delitos,\n y por los cuales se le hubieren iniciado varios juicios, aunque\n no tuvieren sentencia condenatoria en su contra, deba ser considerado\n como de mayor peligrosidad en relación al que lo hace\n por primera ocasión.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

La reiteración, que básicamente es repetición,\n insistencia o nueva ejecución de una o varias infracciones,\n sin que se hubiere recibido condena por ellas, es decir que se\n tiene varios procesos penales sin que se haya concluido con la\n imposición de una pena, debe ser considerada como circunstancia\n agravante, no debe darse el mismo trato a quien incurre en un\n delito por primera vez, que aquel que mantiene en su contra diez,\n veinte o más juicios penales.

\n\n

f.) Dr. Andrés Aguilar Moscoso, Secretario General\n del Congreso Nacional.

\n\n

 

\n\n

CONGRESO\n NACIONAL
\n

\n EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA

\n\n

NOMBRE: "REFORMATORIA DE LA LEY\n DE PERSONAL DEL CUERPO DE
\n VIGILANCIA DE LA COMISION DE TRANSITO DE LA
\n PROVINCIA DEL GUAYAS".

\n\n

CODIGO: 23-849.

\n\n

AUSPICIO: H. CYNTHIA VITERI JIMENEZ.

\n\n

INGRESO: 15-05-2002.

\n\n

COMISION: DE LO LABORAL Y SOCIAL.

\n\n

FECHA DE ENVIO
\n A COMISION: 17-05-2002.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

El personal, tanto de oficiales, como de tropa, que forma\n parte del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito\n de la Provincia del Guayas, ha venido desarrollando sus actividades\n con mística y responsabilidad.

\n\n

OBJETIVOS BÁSICOS:

\n\n

Es necesario que el personal del Cuerpo de Vigilancia goce\n de los mismos fueros y consideraciones que son propios de la\n Policía Nacional o Fuerzas Armadas, por lo que es preciso\n reformar la ley que regula sus derechos y obligaciones.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

Es indispensable fortalecer la caja de cesantía, para\n que los recursos económicos provenientes de los ahorros\n tanto de la oficialidad como de la tropa, sean invertidos en\n generar beneficios sociales y laborales para su personal sin\n distinción o discrimen.

\n\n

f.) Dr. Andrés Aguilar Moscoso. Secretario General\n del Congreso Nacional.

\n\n

 

\n\n

CONGRESO NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA

\n\n

NOMBRE: "DE CALIFICACION MINIMA\n PARA GANAR EL AÑO DE
\n ESTUDIO EN EL NIVEL MEDIO".

\n\n

CODIGO: 23-850.

\n\n

AUSPICIO: H. VICTOR HUGO SICOURET.

\n\n

INGRESO: 09-05-2002.

\n\n

COMISION: DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES.

\n\n

FECHA DE ENVIO
\n A COMISION: 20-05-2002.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

El mejor recurso que tiene el Estado, es el recurso humano,\n es el hombre y al hablar del hombre debe entenderse también\n a la mujer, como principio y fin de toda actividad y, la actividad\n que realice el hombre mientras esté mejor capacitado o\n mejor educado, será de mayor beneficio para la sociedad.

\n\n

OBJETIVOS BÁSICOS:

\n\n

Por formar parte de la globalización el Estado Ecuatoriano,\n donde se aplica la competitividad y los más competitivos\n o capaces son los que tendrán más oportunidades\n de triunfar, de progresar hoy más que nunca debemos capacitar\n más a la juventud estudiosa de la patria.

\n\n

CRITERIOS:
\n De acuerdo a la escala de calificaciones constantes en el articulo\n 303 de la Ley de Educación vigente, aprobar un año\n de estudio secundario con cuarenta puntos en los tres trimestres,\n corresponde a un promedio de trece puntos lo que es igual a regular,\n y en el caso de un alumno del tercer curso de diversificado o\n sea del sexto curso, estaríamos graduando a un bachiller\n ecuatoriano regular, que es igual a mediocre o malo.

\n\n

f.) Dr. Andrés Aguilar Moscoso, Secretario General\n del Congreso Nacional.

\n\n

 

\n\n

CONGRESO\n NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA

\n\n

NOMBRE: "REFORMATORIA A LA LEY\n N0 2002-66 DE CREACION DE LA
\n COMISION DE DESARROLLO PARA CHONE, FLAVIO ALFARO,
\n EL CARMEN, PEDERNALES Y SUCRE".

\n\n

CODIGO: 23-851.

\n\n

AUSPICIO: H. RAUL ANDRADE ARTEAGA.

\n\n

INGRESO: 15-05-2002.

\n\n

COMISION: DE DESCENTRALIZACION, DESCONCENTRACION\n Y
\n REGIMEN SECCIONAL.

\n\n

FECHA DE ENVIO
\n A COMISION: 20-05-2002.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

En el contexto de la Ley de Creación de la Comisión\n de Desarrollo, que se publicó en el Registro Oficial 553\n de 11 de abril del 2002 y sometida mediante Proyecto de Ley Interpretativa\n a la Ley 2002-66 ante la Comisión Especializada Permanente\n de lo Civil y Penal para incluir los cantones de Jama y San Vicente,\n anteriormente parroquias del cantón Sucre, que entran\n en la composición de la comisión al haberse cantonizado\n con fecha posterior a la presentación y aprobación\n de la ley en 1994.

\n\n

OBJETIVOS BÁSICOS:

\n\n

Esta concepción amerita una reforma a la Ley de Creación\n de la Comisión para Chone, Flavio Alvaro, El Carmen, Pedernales\n y Sucre, en los aspectos específicos que permitan fortalecer\n la estructura de esta naciente entidad regional.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

La zona norte de Manabí se constituye en tres microregiones:\n costera, montañosa y baja central, integrada por otros\n cantones que tienen características similares e intereses\n comunes y que aspiran pertenecer a ese organismo por encontrarse\n vinculados geográficamente, como son los cantones Pichincha,\n Junín, Bolívar y Tosagua.

\n\n

f.) Dr. Andrés Aguilar Moscoso, Secretario General\n del Congreso Nacional.

\n\n

 

\n\n

CONGRESO\n NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA

\n\n

NOMBRE: "REFORMATORIA AL CODIGO\n DEl. TRABAJO".

\n\n

CODIGO: 23-852.

\n\n

AUSPICIO: H. MARCO PROAÑO MAYA.

\n\n

INGRESO: 21-05-2002.

\n\n

COMISION: DE LO LABORAL Y SOCIAL

\n\n

FECHA DE ENVIO
\n A COMISION: 27-05-2002.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

Por normas laborales, hay personas que aún sin pertenecer\n a la tercera edad, se han jubilado y no han podido reinsertarse\n en el grupo de trabajadores activos y, por los graves cambios\n que se han producido en aspectos salariales y económicos,\n los ingresos de personas jubiladas y de tercera edad son insuficientes,\n que provocan conflictos familiares, al volverse en muchos casos\n estas personas dependientes de otros miembros de sus familias.

\n\n

OBJETIVOS BÁSICOS:

\n\n

Este importante grupo de personas cuenta con capacidad y puede\n realizar con conocimiento, actividades que le permitan sentirse\n útil, física y mentalmente para la sociedad y su\n familia, debiendo el Estado proveer medios legales para su reinserción\n laboral.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

Por disposición constitucional, el Estado, la sociedad\n y la familia deben proveer a las personas de la tercera edad\n una adecuada asistencia económica y ayuda psicológica\n apropiada que garantice su estabilidad física y mental.

\n\n

f.) Dr. Andrés Aguilar Moscoso, Secretario General\n del Congreso Nacional.

\n\n

 

\n\n

CONGRESO\n NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA

\n\n

NOMBRE: "QUE ESTABLECE EL CONTROL\n Y CONSUMO DE TABACO Y
\n SUS DERIVADOS".

\n\n

CODIGO: 23-853.

\n\n

AUSPICIO: H. JOSE ALVEAR ICAZA.

\n\n

INGRESO: 21-05-2002.

\n\n

COMISION: DE SALUD, MEDIO AMBIENTE
\n Y PROTECCION ECOLOGICA.

\n\n

FECHA DE ENVIO
\n A COMISION: 27-05-2002

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

El consumo del tabaco se ha incrementado en todos los niveles\n de nuestra colectividad, aspecto que perjudica no sólo\n la exigua economía de los sectores más vulnerables\n de la sociedad ecuatoriana, sino que además, lesiona la\n salud de niños, jóvenes y adultos, que no siendo\n consumidores ven afectado y contaminado su hábitat.

\n\n

OBJETIVOS BÁSICOS:

\n\n

El articulo 86 numeral 2 de la Constitución Política\n coadyuva la disposición constante en los incisos segundo\n y final del artículo 99 del Código de la Salud\n a efectos de que el Estado Ecuatoriano oriente y advierte a la\n opinión ciudadana respecto de la nocividad que tiene el\n consumo del cigarrillo, afectando la salud y contaminando el\n ambiente, a través de una normativa legal adecuada.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

El artículo 96 del Código de la Salud, en concordancia\n con el artículo 43 de la Constitución Política\n establece la obligación del Estado Ecuatoriano de fomentar\n y promover la salud individual y colectiva, adoptando programas\n tendientes a eliminar el consumo de sustancias tóxicas.

\n\n

f) Dr. Andrés Aguilar Moscoso, Secretario General del\n Congreso Nacional.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

N0 121

\n\n

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante oficio N0 687 MA/DF de 3 de abril del 2002, la\n Sra. Lourdes Luque de Jaramillo, Ministra del Ambiente, solicita\n disponer de manera urgente, la impresión de las especies\n valoradas, para el cobro de las tarifas para el ingreso de visitantes\n y turistas a las diferentes áreas naturales protegidas\n del país:

\n\n

Que mediante oficio N0 MA/DF 1596 de 19 de abril del 2002,\n el Ing. Gabriel Mira y Director Técnico de Area Financiera\n del Ministerio del Ambiente, remite el formato que se utilizará\n para la impresión de especies valoradas de ingreso de\n turistas a las diferentes áreas naturales del país;

\n\n

Que el articulo 118 de la Ley de Régimen Tributario\n Interno faculta al Ministerio de Economía y Finanzas fijar\n el valor de las especies fiscales, incluidos los pasaportes:

\n\n

Que según lo dispuesto en el articulo 3 del Acuerdo\n Ministerial N0 488, publicado en el Registro Oficial N0 690 de\n 12 de octubre de 1978. es facultad del Ministro de Economía\n y Finanzas, mediante acuerdo ministerial autorizar la emisión\n de especies valoradas;

\n\n

Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto\n Legislativo N0 014, publicado en el Registro Oficial N0 92 de\n 27 de marzo de 1967, reformado por el artículo 9 del Decreto\n Supremo N0 1065-A, publicado en el Registro Oficial N0 668 de\n 28 de octubre de 1974. en concordancia con lo previsto en el\n artículo 1 del Acuerdo Ministerial N0. 488, publicado\n en el Registro Oficial N0 690 de 12 de octubre de 1978, el Instituto\n Geográfico Militar es el único organismo autorizado\n para que, en sus propios talleres y con la intervención\n de un delegado del Ministerio de Economía y Finanzas o\n del Ministerio de Obras Publicas, en su caso, imprima timbres,\n papel lineado, estampillas y más especies valoradas que\n la Administración Pública requiera;

\n\n

Que mediante oficio N0 STN-2002-1785 de 23 de abril del 2002,\n el Subsecretario de Tesorería de la Nación, solícita\n al Subsecretario Administrativo del Ministerio de Economía\n y Finanzas, disponga se elaboren los acuerdos ministeriales,\n contrato y demás trámites, con la finalidad de\n que se efectúe la impresión y emisión de\n 148.0(10 tarjetas de visita a parques nacionales; y,

\n\n

En ejercicio de las facultades que le confiere la ley,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1.- Autorizar la emisión e impresión de\n 148.000 (ciento cuarenta y ocho mil) tarjetas de vista a parques\n nacionales, de acuerdo al siguiente detalle:

\n\n

TARJETAS DE VISTA A PARQUES NACIONALES
\n
\n VALOR DE CANTIDAD
\n COMERCIALIZACION
\n
\n 0,25 5.000
\n 0,50 15.000
\n 1.00 25.000
\n 1,75 10.000
\n 2,00 25.000
\n 2,50 5.000
\n 3,50 8.000
\n 5,00 25.000
\n 7,50 5.000
\n 10,00 15.000
\n 20,00
\n TOTAL 148.000

\n\n

Art. 2.- El presente acuerdo ministerial entrará en\n vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su\n publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco\n de Quito, a 23 de mayo del 2002.

\n\n

f) Ing. Jorge Morán Centeno, Ministro de Economía\n y Finanzas, Enc.

\n\n

Es copia.- Certifico.

\n\n

f.) Julio César Moscoso S., Secretario General del\n Ministerio de Economía y Finanzas.

\n\n

27 de mayo del 2002.

\n\n

 

\n\n

No. 022

\n\n

Doctor Alfredo Barriga
\n MINISTRO DEL AMBIENTE, ENCARGADO

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, mediante Resolución No. 003 del 7 de febrero del\n 2002, el señor Subsecretario de Calidad Ambiental, suspendió\n temporalmente la vigencia de la licencia ambiental otorgada a\n la IOCP Ecuador S.A., para la construcción del Oleoducto\n de Crudos Pesados, en los tramos del sector Guarumos, comprendido\n dentro de los kilómetros 282 al 300, del cruce de la vía\n de acceso con la apertura del derecho de vía;

\n\n

Que, mediante memorando No. 3655 SCA-MA del 14 de mayo del\n 2002, el señor Ministro encargado del Ministerio del Ambiente,\n aprueba el informe de inspección elaborado por el ingeniero\n Kléber Chávez y doctor Fernando Mogollón\n y dispone que la Dirección de Asesoría Jurídica\n proceda a elaborar la correspondiente resolución,

\n\n

Que, de la revisión del informe a que se refiere el\n considerando anterior, se desprende que la Compañía\n OCP Ecuador S. A., ha cumplido con lo dispuesto en los artículos\n 4, 5 y 6 de la Resolución No. 003 de 7 de febrero del\n 2002; y,

\n\n

En uso de sus atribuciones legales,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1.- Levantar la suspensión temporal de la licencia\n ambiental, para la construcción del Oleoducto de Crudos\n Pesados, en el sector Guarumos, comprendido dentro de los kilómetros'\n 282 al 300, del cruce de la vía de acceso con la apertura\n del derecho de vía, impuesta a la Compañía\n OCP Ecuador S.A., mediante Resolución No. 003 del 7 de\n febrero del 2002.

\n\n

Art. 2.- La Compañía OCP Ecuador SA., en la\n construcción del Oleoducto del Crudos Pesados, deberá\n seguir sujetándose al plan de manejo originalmente aprobado\n por esta Cartera de Estado.

\n\n

Comuníquese y publíquese.- Quito, a 15 de mayo\n del 2002.

\n\n

f) Doctor Alfredo Barriga, Ministro del Ambiente, encargado.

\n\n

 

\n\n

N0 023

\n\n

Lourdes Luque de Jaramillo
\n MINISTRA DEL AMBIENTE

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, el primer inciso, del artículo 86 de la Constitución\n de la República del Ecuador, obliga al Estado a proteger\n el derecho de la población a vivir en un ambiente sano\n y ecológicamente equilibrado, garantizando un desarrollo\n sustentable y a velar para que este derecho no sea afectado y\n a garantizar la preservación de la naturaleza:

\n\n

Que, de conformidad con lo establecido en el articulo 19 de\n la Ley de Gestión Ambiental, las obras públicas\n privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos\n o privados que puedan causar impactos ambientales, deben previamente\n a su ejecución ser calificados, por los organismos descentralizados\n de control, conforme el Sistema Unico de Manejo Ambiental;

\n\n

Que, para el inicio de cualquier actividad que suponga riesgo\n ambiental, debe contarse con la licencia ambiental, otorgada\n por el Ministerio del Ambiente, conforme así lo determina\n el articulo 20 de la Ley de Gestión Ambiental;

\n\n

Que, mediante oficio s/n de 20 de diciembre del 2001, la Fundación\n Rikcharina y el Comité Promejoras del Carmen de Jadan,\n presentan en la Dirección Regional de Azuay, Cañar\n y Morona Santiago, el Proyecto y Estudio de Impacto para la implementación\n y operación del Centro de Gestión Ambiental del\n Bosque Protector Aguarongo, solicitando al Ministerio del Ambiente\n la aprobación y licenciamiento correspondiente;

\n\n

Que, mediante oficio No. 093 MA-DRACMS de 4 de febrero del\n 2002, la Dirección Regional del Azuay, Cañar y\n Morona Santiago del Ministerio del Ambiente, luego del análisis\n correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo\n Ambiental para la Implementación y Operación del\n Centro de Gestión Ambiental del Bosque Protector Aguarongo,\n emite las observaciones fundamentales que se deberán tomar\n en cuenta previo al pronunciamiento definitivo;

\n\n

Que, mediante oficio s/n de fecha 18 de febrero del 2002,\n la Fundación Rikcharina, pone en conocimiento de la Dirección\n Regional de Azuay, Cañar y Morona Santiago del Ministerio\n del Ambiente, las respuestas a las observaciones fundamentales\n formuladas al Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental\n para la implementación y Operación del Centro de\n Gestión Ambiental del Bosque Protector de Aguarongo;

\n\n

Que, mediante oficio No. 006-MA-LFR, de fecha 22 de febrero\n del 2002, se certifica sobre el cumplimiento de las observaciones\n formuladas al Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental\n presentado por la Fundación Rikcharina;

\n\n

Que, luego del análisis del documento que contiene\n las respuestas formuladas al Estudio de Impacto Ambiental y Plan\n de Manejo Ambiental para la Implementación y Operación\n del Centro de Gestión Ambiental del Bosque Protector de\n Aguarongo, la Dirección Regional del Azuay, Cañar\n y Morona Santiago del Ministerio del Ambiente mediante oficio\n N0 00014-MA-DRACAMS de 25 de febrero del 2002, emite informe\n favorable respecto al Estudio de Impacto Ambiental y al Plan\n de Manejo Ambiental del mencionado proyecto;

\n\n

Que, el representante legal de la Fundación Rikcharina,\n ha pagado las tasas correspondientes, al certificado de intersección\n con el Sistema Nacional de Areas Protegidas y Bosques y Vegetación\n Protectoras, a las inspecciones realizadas, a la aprobación\n del estudio de impacto ambiental; y a la emisión de la\n licencia ambiental; y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones legales,

\n\n

 

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1.- Ratificar la aprobación del Estudio de Impacto\n Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para la Implementación\n y Operación del Centro de Gestión Ambiental del\n Bosque Protector de Aguarongo, aprobado mediante oficio No. 000144-MA-DRACMAS\n de 25 de febrero del 2002 por la Dirección Regional de\n Azuay, Cañar y Morona Santiago del Ministerio del Ambiente,\n en su calidad de autoridad de ambiente nacional.

\n\n

Art. 2.- Otorgar licencia ambiental a la Fundación\n Rikcharma para la implementación y operación del\n Centro dc Gestión del Bosque Protector de Aguarongo.

\n\n

Art. 3.- Los documentos habilitantes que se presentaren para\n reforzar la evaluación ambiental del proyecto, pasarán\n a constituir parte integrante del Estudio de Impacto Ambiental\n y el Plan de Manejo Ambiental, los mismos que deberán\n cumplirse estrictamente, caso contrario la licencia será\n revocada y ejecutada la garantía rendida para asegurar\n el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.

\n\n

Art. 4.- La presente resolución entra en vigencia a\n partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial y su ejecución se encarga a las\n subsecretarias de Calidad Ambiental y Capital Natural y a la\n Dirección Regional de Azuay, Cañar y Morona Santiago\n de ese Ministerio.

\n\n

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, a\n los 20 días de mayo del dos mil dos.

\n\n

f.) Lourdes Luque de Jaramillo, Ministra del Ambiente.

\n\n

MINISTERIO DEL AMBIENTE

\n\n

LICENCIA AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACION Y OPERACION DEL\n CENTRO DE GESTION AMBIENTAL DEL BOSQUE PROTECTOR AGUARONGO

\n\n

El Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad Ambiental\n Nacional en cumplimiento de sus responsabilidades establecidas\n en la Constitución y la Ley de Gestión Ambiental,\n de precautelar el interés público en lo referente\n a la preservación del medio ambiente, la prevención\n de la contaminación ambiental y la garantía del\n desarrollo sustentable, confiere la presente licencia ambiental\n a la Fundación Rikcharina, legalmente representada por\n la Sra. Silvia Regalado Alvarez, en su calidad de Directora Ejecutiva\n y domiciliada en la ciudad de Cuenca, para que en sujeción\n al Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental aprobado,\n procede a implementar y operar el Centro de Gestión Ambiental\n del Bosque Protector Aguarongo, bajo los siguientes compromisos:

\n\n

1. Cumplir estrictamente el Plan de Manejo Ambiental.

\n\n

2. Previo el inicio de actividades presentar un Plan de Manejo\n Ambiental especifico para la construcción de la vía\n de acceso, con su respectivo cronograma y costos de implementación.

\n\n

3. Presentar antes del inicio de actividades, la línea\n base de calidad de agua del área de influencia directa\n del proyecto.

\n\n

4. Presentar un cronograma trimestral de ejecución\n con los costos para la implementación del Plan de Manejo\n Ambiental.

\n\n

5. Presentar en el término de quince días, previo\n al inicio de las actividades el cronograma detallado de las mismas\n con fechas actualizadas.

\n\n

6. Cumplir con las estipulaciones establecidas en la Ley Forestal\n y de Conservación de Areas Naturales y Vida Silvestre\n respecto a la realización de actividades dentro de los\n bosques y vegetación protectores.

\n\n

7. Apoyar al equipo técnico del Ministerio del Ambiente,\n para facilitar los procesos de monitoreo y control de cumplimiento\n del Plan de Manejo Ambiental aprobado durante la fase de realización\n de la actividad aprobada.

\n\n

8. Priorizar la implementación de actividades relacionadas\n con la protección de fuentes hídricas, el manejo\n y disposición final de desechos sólidos y la mitigación\n de impactos ambientales que podrían ocasionarse con la\n construcción de las vías de acceso y circulación\n planificadas.

\n\n

9. Rendir garantía bancaria para asegurar el cumplimiento\n del Plan de Manejo Ambiental.

\n\n

La presente licencia ambiental queda sujeta al plazo de duración\n de la implantación y operación del centro de gestión\n ambiental.

\n\n

Dado en Quito, a los 20 días de mayo del 2002.

\n\n

f) Lourdes Luque de Jaramillo, Ministra del Ambiente.

\n\n

 

\n\n

No.146

\n\n

EL CONSEJO NACIONAL DE REMUNERACIONES\n DEL SECTOR PUBLICO

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, con Decreto Supremo No. 44 publicado en el Registro Oficial\n No. 13 de 8 de julio de 1970, se estableció la obligación\n de servir por un año en labores inherentes al Plan de\n Salud Rural, como requisito previo a la inscripción de\n títulos y ejercicio profesional en medicina, odontología,\n obstetricia y enfermería;

\n\n

Que, la tercera disposición general del Reglamento\n Sustitutivo del Reglamento para la Realización del Año\n de Servicio de Salud Rural, expedido con Decreto Ejecutivo No.\n 1516 publicado en el Registro Oficial No. 337 de 31 de mayo del\n 2001, establece que las remuneraciones que perciban los profesionales\n de la salud rural, estarán sujetas a las escalas de sueldos\n y normas que expida el Consejo Nacional de Remuneraciones del\n Sector Público, CONAREM;

\n\n

Que, es política del Estado mejorar los niveles de\n eficiencia y las remuneraciones de los profesionales de la salud\n que laboran en el sector rural;

\n\n

Que, de acuerdo a lo prescrito en las leyes para la Reforma\n de las Finanzas Públicas, y, de Transformación\n Económica del Ecuador, es facultad privativa del CONAREM,\n determinar y fijar la política remunerativa de los servidores\n públicos de las instituciones del Estado; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley,

\n\n

Resuelve:

\n\n

ARTICULO UNICO.- Establecer un bono anual de USD 100,oo para\n los profesionales de la salud rural, del Ministerio de Salud,\n sujetos a las leyes de Servicio Civil y Carrera Administrativa\n y de Servicios Personales por Contrató, que laboran en\n jornada completa, que se pagará a partir del sexto mes\n de cumplimiento del año de servicio de salud rural.

\n\n

Publíquese.

\n\n

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n a los dos días del mes de abril del dos mil dos.

\n\n

f.) lng. Jorge Morán Centeno, delegado del Ministro\n de Economía y Finanzas, Presidente del CONAREM.

\n\n

f.) Ab. Martín Insua Chang, Ministro de Trabajo y Recursos\n Humanos, miembro del CONAREM.

\n\n

f.) Sr. Fausto Camacho Zambrano, miembro representante de\n los trabajadores, empleados y maestros.

\n\n

Certifico:

\n\n

f.) Tito Herrera Vinueza, Director de Servicio Civil y Desarrollo\n Institucional, Secretario del CONAREM

\n\n

Certifico, que es fiel copia del original.

\n\n

f) Tito E. Herrera Vinueza, Director de Servicio Civil y Desarrollo\n Institucional, Secretario del CONAREM.

\n\n

Quito, 29 de mayo del 2002.

\n\n

 

\n\n

No. 151

\n\n

EL CONSEJO NACIONAL DE REMUNERACIONES\n DEL SECTOR PUBLICO

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, los servidores del Consejo Nacional de Zonas Francas,\n CONAZOFRA, institución adscrita a la Presidencia de la\n República, no perciben bonificaciones institucionales;

\n\n

Que, es política del Consejo Nacional de Remuneraciones\n del Sector Público, CONAREM, la unificación y racionalización\n de las bonificaciones que se cancelan en las entidades públicas;

\n\n

Que, de acuerdo a lo prescrito cii las leyes para la Reforma\n de las Finanzas Públicas, y, de Transformación\n Económica del Ecuador, es facultad privativa del CONAREM,\n determinar y fijar la política remunerativa de los servidores\n públicos de las instituciones del Estado; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley.

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1.- Establecer a favor de los servidores del Consejo\n Nacional de Zonas Francas, CONAZOFRA; sujetos a la Ley de Servicio\n Civil y Carrera Administrativa, que laboran en jornada completa,\n el pago de una bonificación económica trimestral,\n que se calculará considerando los siguientes componentes:\n Sueldo básico, subsidio por años de servicio, bonificación\n por responsabilidad y décimo sexto sueldo

\n\n

Art. 2.- La aplicación presupuestaria de esta resolución\n efectuará la entidad con recursos propios de carácter\n permanente. El Ministerio de Economía y Finanzas no asignará\n recursos por este concepto.

\n\n

Art. 3.- La presente resolución rige a partir de su\n publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n a los trece días del mes de mayo del dos mil dos.

\n\n

f) Ing. Jorge Morán Centeno, delegado del Ministro\n de Economía y Finanzas, Presidente del CONAREM.

\n\n

f) Ab. Martín Insua Chang, Ministro de Trabajo y Recursos\n Humanos, miembro del CONAREM.

\n\n

f) Sr. Fausto Camacho Zambrano, miembro representante de los\n trabajadores, empleados y maestros.

\n\n

Certifico:

\n\n

f.) Tito Herrera Vinueza, Director de Servicio Civil y Desarrollo\n Institucional, Secretario del CONAREM.

\n\n

Certifico, que es fiel copia del original.

\n\n

f) Tito E. Herrera Vinueza, Director de Servicio Civil y Desarrollo\n Institucional, Secretario del CONAREM.

\n\n

Quito, 29 de mayo del 2002.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No. 233-2000

\n\n

JUICIO LABORAL QUE SIGUE JOSE LARREA\n CONTRA EL I.E.S.S.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE-LO LABORAL Y SOCIAL

\n\n

Quito, marzo 11 del 2002; las 11h00.

\n\n

VISTOS: En el juicio que sigue José Ignacio Larrea\n López en contra del doctor Raúl Zapater Hidalgo;\n Director General del IESS, por los derechos que representa así\n como por sus propios derechos en forma solidaria con el Instituto\n Ecuatoriano de Seguridad Social, la Cuarta Sala de la Corte Superior\n de Quito al revocar la sentencia dictada por el Juez Quinto del\n Trabajo desecha la demanda. De este pronunciamiento, el actor\n interpone recurso de casación. Una vez radicada, por sorteo,\n la competencia en esta Sala, se considera: PRIMERO.- El demandante\n estima infringidos la disposición transitoria tercera\n de la Ley de Modernización, el literal c) del Art. 31\n de la Constitución Política vigente cuando fue\n despedido, actual literal 1) del Art. 49 de la misma Constitución;\n el Art. 1588 del Código Civil; los Arts. 1-4 y 5 del Primer\n Contrato Colectivo; los Arts. 1- 4 y 5 del Cuarto Contrato Colectivo;\n el Art. 8 del Primer Contrato Colectivo Unico a nivel nacional;\n el Art. 71 literal a) del Segundo Contrato Colectivo Unico; los\n Arts. 22 y 239 (hoy 250) del Código del Trabajo: el Art.\n 31 literales a)- c)- ch) y d) vigentes al momento en que fue\n despedido y el manual para afiliados y patronos, fundando su\n censura en la causal 1° del Art. 3 de la Ley de Casación;\n SEGUNDO.- El actor en su demanda manifiesta que en mayo de 1981\n ingresó a prestar servicios en calidad de Jefe del Comisariato\n del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que por su correcto\n desempeño ha ido ascendiendo: que, su última función\n fue la de Administrador de la Sede Social del IESS, que el 27\n de septiembre de 1994 recibió el oficio 02230 - 0882 en\n el que se dice que en la nueva estructura del IESS aprobada por\n el Consejo Superior el 12 de julio de 1994 no contempla el cargo\n de Administrador de la Sede Social del IESS, que en tal virtud\n y por lo dispuesto en el Art. 71 de la Ley de Presupuesto del\n Sector Público que reforma el literal d) del Art. 59 de\n la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa se le pagó\n una indemnización de veinte millones de sucres; que en\n otras palabras significó su despido intempestivo; TERCERO.\n - Entre las excepciones opuestas en la audiencia de conciliación\n y contestación a la demanda fs. 11-13 vta., se alegó\n la incompetencia del Juzgado en razón de la materia, toda\n vez que el accionante se hallaba amparado por la Ley de Servicio\n Civil y Carrera Administrativa; CUARTO.- El Art. 128 de la Constitución\n vigente al tiempo en que se planteó la acción,\n actualmente inciso final del numeral 9 del Art. 35, estableció\n como excepción que las funciones de dirección,\n gerencia, representación, asesoría, jefatura departamental\n o equivalentes no se hallan reguladas por el Código del\n Trabajo sino por el derecho administrativo; QUINTO.- La Constitución\n de la República, Ley Suprema; y las normas secundarias\n y de menor jerarquía deben mantener conformidad con los\n preceptos constitucionales, de consiguiente, no tendrán\n valor alguno las leyes, decretos, ordenanzas u otras disposiciones\n que de cualquier manera se hallaren en contradicción con\n la Constitución o alteraren sus prescripciones, por ello,\n el principio de supremacía de la Carta Política\n sobre los demás actos jurídicos que integran el\n ordenamiento del país da como resultado el constitucionalismo\n garantizando el ejercicio democrático del poder frente\n a los riesgos del autoritarismo y la arbitrariedad; SEXTO.- Si\n el demandante, inicialmente Jefe del Comisariato del IESS y luego\n Administrador de la Sede Social del IESS, según la certificación\n de fs. 26 del primer cuaderno, desde septiembre de 1992 en calidad\n de Administrador de la Sede Social Regional 1, correspondiente\n a la categoría 06, ha recibido a más de su remuneración,\n los rubros correspondientes a gastos de representación,\n residencia y responsabilidad que están fijados para quienes\n se hallan amparados por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa,\n Ley de Remuneraciones y reglamento respectivo, no se encontraba\n protegido por el Código del Trabajo, sino por las normas\n que regulan la administración publica, no podía\n comparecer ante el Juez del Trabajo al formular su reclamación,\n en razón de que, la Constitución, norma suprema\n de la República, no le permitía; de lo anterior,\n forzoso e concluir que los jueces que conocieron de la causa\n en segunda instancia aplicaron correctamente la Constitución,\n así como las normas legales vigentes; sin que hayan cometido\n los errores de derecho denunciados.- Por lo expuesto, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY\n se desecha la impugnación formulada.- Notifíquese\n y devuélvase.

\n\n

 

\n\n

Fdo.) Dres. Hugo Quintana Coello, Jaime Velasco Dávila,\n Miguel Villacís Gómez.

\n\n

Es fiel copia de su original.

\n\n

Quito, 27 de marzo del 2002.

\n\n

 

\n\n

f.) Secretario de la Primera Sala de lo Laboral y Social,\n Corte Suprema de Justicia.

\n\n

 

\n\n

No.\n 463-2000

\n\n

JUICIO LABORAL QUE SIGUE SANTOS GUEVARA\n CONTRA AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

\n\n

Quito, enero 23 del 2002; las 09h10.

\n\n

VISTOS: Dentro del juicio que por reclamaciones de índole\n laboral sigue Santos Guevara Rodas en contra de la Autoridad\n Portuaria de Guayaquil, en la interpuesta persona del entonces\n Gerente y representante legal de aquella licenciado Víctor\n Cevallos Game, a quien emplazó también por sus\n propios y personales derechos, la Quinta Sala de la Corte Superior\n de Guayaquil dictó sentencia confirmando a su turno y\n en todas sus partes el fallo estimatorio emitido en el primer\n nivel jurisdiccional. En desacuerdo con esta resolución\n el CPNV (SP) Nelson Dossman Guijarro, actual Gerente y representante\n legal de la mencionada persona jurídica interpuso recurso\n de casación. Encontrándose radicada la competencia\n en esta Sala y una vez que se ha dado cumplimiento a lo estatuido\n en el artículo 11 de la ley de la materia, y siendo el\n estado del debate el de dirimir, para resolver se considera:\n PRIMERO.- El recurrente al exteriorizar su oposición y\n censura contra la resolución de la Sala de alzada manifiesta\n que en ella se han mal interpretado los artículos 95 del\n Código del Trabajo, 117 y 118 del Código de Procedimiento\n Civil y 1588 del Código Sustantivo Civil, al considerarse\n por parte de los justiciadores de instancia que la entidad de\n su representación debe pagar a sus trabajadores el bono\n de comisariato: Al respecto el impugnante, luego de transcribir\n el texto de la disposición primeramente citada y de analizar\n su contenido, manifiesta que de conformidad con el numeral 1ro.\n de la cláusula 78 del contrato colectivo, tal cupo de\n comisariato es asignado sin costo alguno por parte de la empleadora\n y mas aún que es descontado de la remuneración\n que recibe el trabajador en el mes posterior al que es concedido.\n Además agrega que existe error al considerar que el cupo\n mensual de SI. 348.400 sucres de dicho trabajador tenía\n que sumarse al monto de la remuneración con que se liquidó\n al actor. Que tal equivocación, ocasiona que se esté\n violando la correcta aplicación del articulo 95 del ordenamiento\n laboral anteriormente invocado. En otro orden, señala\n el casacionista que correspondía al actor, conforme lo\n establece el artículo 118 del Código Jurisdiccional\n Civil, demostrar que tenía derecho al beneficio social\n reclamado, y que tal cosa nunca se cumplió por lo cual,\n y de acuerdo a las reglas de la sana crítica se infiere\n que en la sentencia que rechaza ha habido mala aplicación\n del artículo referido, así como también\n del 119 del mismo cuerpo legal. Por lo demás señala,\n que la sentencia de alzada infringe el artículo 19 de\n la Ley de Casación, pues se aparto del precedente jurisprudencial\n obligatorio que le obligaba aceptar la plenitud jurídica\n del acta de finiquito que suscribieron anteriormente los contendientes.\n Funda su impugnación en las causales 1era. y 3era. del\n articulo 3 de la Ley de Casación. SEGUNDO.- Resumida en\n sus aspectos trascendentales la inconformidad de la parte demandada,\n este Tribunal en el severo cumplimiento de sus deberes ha procedido\n a examinar y cotejar los recaudos procesales en oposición\n luego de hacerlo solventa la controversia efectuando las siguientes\n precisiones: A) Consta de autos que la vinculación jurídica\n que existió entre los ahora debatientes terminó\n por despido intempestivo. B) Consta igualmente, que en atención\n a esta circunstancia las partes suscribieron una acta de finiquito\n por la cual el señor Santos Guevara Rodas recibió\n a su entera satisfacción la suma de SI. 74'388.590 sucres.\n C) Es importante destacar, que al firmar dicho documento público\n -administrativo el ahora actor manifestó solemnemente\n que lo hacia porque sus derechos habían sido satisfechos\n a plenitud que por tanto, no existía renuncio de ellos.\n Mas aún también señaló no tener reclamo\n alguno que hacer, ni acción judicial, administrativa o\n de cualquier otra índole que intentar de pasado, presente\n o futuro contra la Autoridad Portuaria de Guayaquil o los anteriores,\n actuales o posteriores representantes de la misma, ya que terminan\n estas relaciones en completa armonía. No está por\n demás indicar que quien suscribe el documento en referencia\n en un varón mayor de edad, en plenitud de condiciones\n físicas y mentales y que no ha demostrado que su consentimiento\n haya estado afectado por algún vicio que lo invalide.\n D) Resulta extraño a esta Sala que Santos Guevara Rodas\n suscriba el citado instrumento el día 26 de noviembre\n de 1995 'y que después de más de un año,\n el 13 de diciembre de 1996, recién se percate que sus\n derechos no han sido cubiertos a cabalidad e intente la presente\n acción. F) No obstante todo cuanto ha quedado expresado,\n este Tribunal ha revisado el acta de finiquito en referencia\n y encuentra que el actor tiene 2 clases de remuneraciones en\n aquella: la primera, orgánica que asciende a SI. 279.200.oo\n y la segunda, la promedio, cuya cuantía es de SI. 1275.363.oo.\n siendo esta ultima la que en definitiva sirvió de base\n para el pago de sus acreencias, lo cual hace colegir pues, no\n hay prueba idónea en contrario, que los valores que ahora\n reclama estuvieron incluidos en la remuneración promedio\n antes mencionada. F) Por otra parte este Tribunal sienta el criterio\n de que para hacer valer un derecho constante en la ley general\n o en la ley especial, que es la contratación colectiva,\n es necesario demostrar haberse sometido a los requisitos inherentes\n a el Así correspondía al accionante justificar\n por una parte, la categoría o escala en que se encontraba\n ubicado para ser acreedor a los beneficios que reclama y por\n otra, que habiendo demostrado tal derecho, no se le cubrieron\n los indicados beneficios. Nada de lo expresado se advierte en\n la especie y ello impide a esta Sala determinar la procedencia\n de sus reclamaciones. Por las consideraciones que preceden, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n se acepta el recurso de casación promovido por la parte\n demandada y en consecuencia, se casa el fallo venido en grado\n y se desestima la demanda. Sin costas. Publíquese, notifíquese\n y devuélvase.

\n\n

 

\n\n

Fdo.) Dres. Hugo Quintana Coello, Jaime Velasco Dávila,\n Miguel Villacís Gómez.

\n\n

 

\n\n

Es fiel copia del original.

\n\n

Quito, 7 de febrero del 2002.

\n\n

 

\n\n

f.) Secretario de la Primera Sala de lo Laboral y Social,\n Corte Suprema de Justicia.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No. 16-2001

\n\n

JUICIO LABORAL QUE SlGUE LUIS CAMACHO\n CONTRA PETROPRODUCCION.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

\n\n

Quito, mayo 23 del 2001; las 09h30.

\n\n

VISTOS: Carlos Jiménez Salazar, en calidad de Director\n de Patrocinio, delegado del Procurador General del Estado, interpone\n recurso de casación en contra de la sentencia dictada\n por la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito,\n el 23 de octubre del 2000, a las 10h00, que confirma el fallo\n pronunciado en primer nivel por el Juez Tercero del Trabajo de\n Pichincha, el 28 de mayo de 1999, a las 15h35 que acepto parcialmente\n la demanda planteada por el actor, dentro del juicio que, por\n indemnizaciones laborales, promueve Luis Camacho Barrios en contra\n de Petroproducción, representada a la época de\n la demanda por el abogado Gustavo Massuh Isaías y, de\n este último, también por sus propios derechos.\n Al libelo de recurso de casación, se le ha dado el trámite\n establecido en los artículos 8 (reformado y reubicado\n por los artículos 7 y 8, respectivamente de la ley sIn\n reformatoria de la Ley de Casación R.O. No. 39 de 8 de\n abril de 1997, y siguientes de la Ley No. 27, de Casación,\n publicada en el R. O. No. 192 de 18 de mayo de 1993). Hallándose\n la causa para resolver, se considera: PRIMERO.- La competencia\n de la Primera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema\n de justicia se encuentra asegurada en virtud de lo dispuesto\n en los artículos: 200 de la Constitución Política\n de la República y 1 de la Ley de Casación; y, por\n el sorteo de ley, cuya razón de acontecimiento consta\n a fojas uno del cuaderno de instancia.- SEGUNDO.- Del escrito\n de casación, se desprende que el recurrente censura la\n sentencia aduciendo que, en ella se han infringido, por falta\n de aplicación, respecto de la causal primera del artículo\n 3 de la Ley de Casación, los artículos 128 y 140\n de la Segunda Codificación de la Constitución Política\n de la República (aprobada mediante referéndum de\n 15 de enero de 1978, promulgada en el R.O. No. 800 de 27 de marzo\n de 1979, vigente desde el 10 de agosto del mismo año,\n publicada en el R.O. No. 183 de 5 de mayo de 1993; y, el inciso\n segundo del artículo 1 9 de la Ley de Casación,\n en cuanto no se aplicó el criterio esgrimido, en triple\n reiteración, en fallos de casación, cuyos textos\n se hallan publicados, respectivamente, en los registros oficiales\n No. 116 de 25 de julio de 1997 y No. 179 de 23 de octubre de\n 1997, en número de dos. Finalmente, el recurrente considera\n infringido, por falta de aplicación, el articulo 119 del\n Código de Procedimiento Civil, respecto de la tercera\n causal del Art. 3 de la Ley de Casación.- TERCERO- Por\n su parte, el actor en su escrito de contestación fundamentada\n al del recurso, manifiesta que ni el Art. 128 de la Constitución,\n ni los fallos jurisprudenciales citados son aplicables a la situación\n jurídica que se discute. No se pronuncia sob

 

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