Registro Oficial. 6 de FEBRERO del 2002

Miércoles, 06 de febrero de 2002

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE FEBRERO DEL 2002
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 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
\n

 Miércoles, 6 de Febrero del 2002

\n

REGISTRO OFICIAL No. 508

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

RESOLUCIONES

\n\n

CONSEJO\n DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES:
\n
 
\n
129 Redúcese a cero la cuota redimible\n del 0,25 por mil sobre el valor FOB de todas las importaciones\n provenientes de los paises miembros de la Comunidad Andina de\n Naciones.
\n  
\n
PROCURADURIA\n GENERAL DEL ESTADO:
\n
 
\n 166-A Deléganse atribuciones\n al Subprocurador General del Estado

\n\n

-\n Extractos de absolución de consultas de varias instituciones conforme\n la disposición final primera de  la Ley Orgánica\n de la Procuraduria.
\n  
\n TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL

\n\n

RESOLUCIONES:
\n
 
\n
001-2001-AA Deséchase la demanda de inconstitucionalidad\n propuesta por el doctor Víctor Hugo Sicouret Olvera
\n  
\n 002-2001-CC  Dirímese\n el  conflicto de competencia  suscitado entre la I\n Municipalidad de Loja  y el  Consejo Provincial de\n Tránsito de Loja declarando la competencia a la Municipalidad\n en  el  otorgamiento de los permisos  de \n operación de las compañías y cooperativas \n de  transporte urbano de la ciudad de Loja.
\n  
\n 187-2001-RA Concédese\n parcialmente el  amparo  solicitado; en consecuencia\n remédiase  las  omisiones ilegitimas  en\n que han incurrido  los ministros de  Salud  y\n de  Economía, quienes deberán cumplir con \n la Ley  de Escalafón para los Médicos en relación\n con la carga horaria  y  remuneraciones.
\n  
\n
501-2001-RA Confirmase parcialmente la resolución \n pronunciada por el Juez Primero de lo Civil de  Pichincha\n interpuesta por Henry Giovanny  Buenaño Avilés \n en contra del Director del Centro de  Rehabilitación\n Social.
\n  
\n
523-2001-RA  Confírmase la resolución\n pronunciada por el Juez Vigésimo Segundo de lo Civil de \n Pichincha con asiento en San Miguel de  los Bancos que niega\n el recurso de  amparo constitucional propuesto por Guillermo\n Emilio Laspina Arellano y otros.
\n  
\n 527-2001-RA Revócase\n la resolución del Juez de instancia y niégase el\n amparo solicitado por el abogado Holguer Vivar Estacio.
\n  
\n
ORDENANZAS\n MUNICIPALES:
\n
 
\n - Cantón Daule: De\n catastro y avalúo quinquenal 2001-2005 de la propiedad\n inmobiliaria urbana y rural; y el recargo a los solares no codificados\n y construcciones obsoletas.

\n\n

-\n Cantón Píllaro: Sustitutiva\n que regula la administración del impuesto de patentes\n municipales.\n

\n \n
\n

 

\n\n

 

\n\n

No.\n 129

\n\n

EL CONSEJO DE\n COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el literal e) del articulo\n 22 de la Ley de Comercio Exterior e Inversiones, determina como\n uno de los recursos para el cumplimiento de las funciones de\n la Corporación de Promoción de Exportaciones e\n Inversiones, la cuota redimible del 0.25 por mil sobre el valor\n FOB de toda importación, excepto aquellas menores a US$\n 20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América).\n las cuales deberán aportar US$ 5.00 (cinco dólares\n de los Estados Unidos de América);

\n\n

Que el Tribunal de Justicia de\n la Comunidad Andina, dentro de la Acción de Incumplimiento\n No. 19-AI-99 interpuesta por la Secretaria General de la Comunidad\n Andina, con fecha 2 de junio del año 2000 declaró\n que la República del Ecuador ha incurrido en incumplimiento\n del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal\n de Justicia de la Comunidad Andina; del Capítulo V del\n Acuerdo de Cartagena; y, de las resoluciones 139 y 179 de la\n Secretaría General, debiendo la República del Ecuador,\n abstenerse de aplicar la norma que exige el cobro del 0.25 por\n mil sobre el valor FOB de las importaciones provenientes de los\n demás países miembros de la Comunidad Andina;

\n\n

Que el 22 de agosto del 2001,\n dentro del Proceso 19-AI-99 el Tribunal de Justicia de la Comunidad\n Andina emitió el sumario por incumplimiento de sentencia\n de la República del Ecuador, determinando los límites\n dentro de los cuales los países miembros de la Comunidad\n Andina podrán suspender las ventajas del Acuerdo de Cartagena\n que al momento benefician a la República del Ecuador,\n autorizando a sus respectivos gobiernos para que procedan a la\n imposición temporal de un gravamen adicional del 5%, a\n las importaciones que realicen a sus territorios procedentes\n y originarias del Ecuador, de cinco productos a su elección;

\n\n

Que sobre esa base, el Gobierno\n de la República del Perú, a partir del 31 de diciembre\n del 2001 impuso un gravamen adicional del 5% ad-valorem CIF,\n a las importaciones de cinco productos originarios y procedentes\n de la República del Ecuador;

\n\n

Que el penúltimo inciso\n del articulo 22 de la Ley de Comercio Exterior e Inversiones,\n faculta al Consejo de Comercio Exterior e Inversiones para decidir\n sobre la reducción de las cuotas redimibles, como uno\n de los recursos con los que cuenta la Corporación de Promoción\n de Exportaciones e Inversiones para el cumplimiento de sus funciones;\n y.

\n\n

En ejercicio de las facultades\n que le confiere la ley,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Articulo Primero.- Reducir a\n cero la cuota redimible del 0.25 por mil sobre el valor FOB de\n todas las importaciones provenientes de los países miembros\n de la Comunidad Andina de Naciones.

\n\n

Articulo Segundo. - Notificar\n con la presente resolución al Tribunal de Justicia de\n la Comunidad Andina y Secretaria General de la Comunidad Andina.

\n\n

Certifico que la presente resolución\n fue aprobada por el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones,\n en sesión extraordinaria llevada a cabo el lunes 14 de\n enero del 2002.

\n\n

f.) Germán Ortega, Subsecretario\n de Comercio Exterior e Integración del MICIP, Secretario\n del COMEXI.

\n\n

 

\n\n

No.\n 166-A

\n\n

Dr. Ramón\n Jiménez Carbo
\n PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el infrascrito Procurador\n General del Estado, se ausentará de su despacho del 24\n de diciembre al 4 de enero del 2002;

\n\n

Que el artículo 4 de la\n Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado,\n faculta al Subprocurador General del Estado el despacho de los\n asuntos que expresamente le delegue el Procurador General del\n Estado; y,

\n\n

En uso de sus atribuciones legales,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1 Delegar al Subprocurador\n General del Estado la suscripción de: reformas del Presupuesto\n de la Procuraduría General del Estado, nombramientos,\n contratos de servicios personales y más movimientos de\n las áreas Financiera y de Recursos Humanos que se requieran.\n Sin perjuicio de la delegación realizada mediante Acuerdo\n No. 015 de dieciocho de diciembre del año dos mil uno.

\n\n

Comuníquese y publíquese.-\n Dado en el Despacho del Procurador General del Estado, dieciocho\n de diciembre del año dos mil uno.

\n\n

f.) Dr. Ramón Jiménez\n Carbo, Procurador General del Estado.

\n\n

Esta copia es igual al original\n que reposa en el archivo de esta Procuraduría y a la cual\n me remito en caso necesario. -Lo certifico.

\n\n

f) Lcdo. Henry Cucalón\n Camacho, Secretario General, Procuraduría General del\n Estado.

\n\n

 

\n\n

PROCURADURÍA\n GENERAL DEL ESTADO

\n\n

EXTRACTO DE ABSOLUCIÓN\n DE CONSULTAS CONFORME A LA DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA DE\n LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA

\n\n

ADJUDICACIÓN DE TIERRAS

\n\n

CONSULTANTE: MUNICIPALIDAD DEL\n DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

\n\n

OFICIO N0: 1628, 30-11-2001

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

El INDA no tiene competencia\n para adjudicar predios ubicados dentro del perímetro urbano\n de Quito. De tratarse de predios ubicados en zonas urbanas y\n de reserva urbana, que carezcan de otro dueño, le pertenecen\n al Estado, representado por el respectivo Municipio: por el contrario,\n si el predio sin dueño está ubicado en zona rural,\n su dominio corresponde al INDA.

\n\n

OF. PGE. N0: 21003, de 12-12-2001

\n\n

ARBITRAJE, PRONUNCIAMIENTO DEL\n PROCURADOR

\n\n

CONSULTANTE: CONSEJO NACIONAL\n DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO -CONAM
\n OFICIO N0: 2001-DAJ-001699,de 11-12-2001

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

La cláusula de arbitraje\n que será agregada al convenio de compra venta de acciones\n de las empresas eléctricas de propiedad del fondo de solidaridad,\n se somete a un instrumento internacional vigente, en tal virtud,\n en el supuesto de que surja un controversia entre las partes\n que suscriban el mencionado convenio, éstas se someterán\n a la cláusula arbitral establecida en el mismo, sin que\n sea necesario el informe previo del Procurador General del Estado.

\n\n

OF. PGE. N0: 21132, de 21-l2-2001

\n\n

ATRIBUCIONES DEL CONAREM

\n\n

CONSULTANTE: COMISIÓN\n DE TRANSITO DEL GUAYAS

\n\n

ENTIDAD N: 794-DAJ-CTG, de 24-10-2001

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

Respecto a que, si la Comisión\n de Tránsito de la Provincia del Guayas debe o no aplicar\n en todas sus partes la Resolución N0 077 del CONAREM,\n publicada en el Registro Oficial N0 346, de 13 de junio del 2001,\n la Procuraduría considera que la consulta debe dirigirse\n al CONAREM, como organismo facultado específicamente para\n conocer y resolver situaciones como la que ha motivado la consulta.

\n\n

OF. PGE. N0: 20632, de 13-11-2001

\n\n

BONIFICACIÓN TRIMESTRAL

\n\n

CONSULTANTE: INSTITUTO NACIONAL\n AUTÓNOMO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA (INIAP)

\n\n

OFICIO N0: DRH-DG-490, de 29-11-2001

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

La fórmula de cálculo\n de las bonificaciones trimestrales establecida en la Resolución\n del CONAREM, N0 054, publicada en el R.O. N0 231, de 16 de diciembre\n del 2000 debe ser conocida y resuelta por el CONAREM.

\n\n

OF. PGE. N0: 21001, de 12-12-2001

\n\n

CESIÓN DE CARTERA DE PACIFICTEL

\n\n

CONSULTANTE: FONDO DE SOLIDARIDAD\n OFICIO N0: 2173, de 31-10-2001

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

Resulta jurídicamente\n procedente que Pacifictel SA., a título oneroso ceda su\n cartera para fines de recuperación o simple procuración\n de cobro; a una determinada persona jurídica

\n\n

privada o pública que\n se encuentre en capacidad de realizar el cobro de la misma. En\n todo caso, la conveniencia de efectuar la cesión, corresponde\n calificar a los personeros de Pacifictel S.A., y también\n al fondo de solidaridad en su calidad de accionista de dicha\n empresa.

\n\n

OF. PGE. N0: 20677, de 15-11-2001

\n\n

COMPENSACIÓN DE OBLIGACIONES

\n\n

CONSULTANTE: AGENCIA DE GARANTÍA\n DE DEPÓSITOS

\n\n

OFICIO N0: AGD-GG-01-859 de 21-09-2001

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

Es procedente la posibilidad\n de que se compensen deudas reciprocas que mantengan entre si\n las IFI's en saneamiento, o éstas y la CFN, siempre que\n con ello no se duda la exclusión prevista en el Art. 21\n de la Ley de Reordenamiento, que excluyó y excluye de\n la garantía de depósitos a aquellos que tuvieren\n la calidad de vinculantes.

\n\n

Dicha compensación no\n afecta la prelación de pagos prevista en las normas sobre\n liquidación forzosa de instituciones financieras, pues\n éstas no les son aplicables a las instituciones financieras\n sometidas a saneamiento, sujetas en esa materia a la Ley de Reordenamiento.\n en virtud de la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley\n para la Transformación Económica del Ecuador.

\n\n

Como requisito previo para implementar\n la compensación como modo de extinguir las obligaciones\n reciprocas entre las IFI's sometidas a saneamiento entre sí,\n y con la Corporación Financiera Nacional, respecto a acreencias\n contenidas en CDRs y CPGs, debería la autoridad competente\n expedir una resolución de carácter general que\n regule el procedimiento al que debe ceñirse este mecanismo.

\n\n

OF. PGE. N: .20117. de 05-10-2001

\n\n

CONCESIÓN

\n\n

CONSULTANTE: MINISTERIO DE RELACIONES\n EXTERIORES
\n OFICIO N0: 90589-DGST, de 12-12-2001

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

Según define el Tratado\n de Comercio y Navegación, suscrito como parte del Acuerdo\n de Paz entre Ecuador y Perú, con fecha 26 de octubre de\n 1998, es factible que el país delegue a las empresas privadas\n registradas en el Perú el servicio que darán los\n centros de comercio y navegación que, fundamentalmente,\n son servicios portuarios.

\n\n

La concesión de las facilidades\n portuarias que tendrán los centros de comercio y navegación\n es la más conveniente para los intereses del país\n y se ajusta al tratado.

\n\n

Corresponderá al Consejo\n Nacional de Modernización, en unión de la entidad\n legalmente responsable de las facilidades portuarias en el país,\n iniciar los respectivos procesos de concesión, sujetándose\n para ello a la Ley de Modernización y a su reglamento\n de aplicación, a cuyo efecto se tramitará una licitación\n u otro procedimiento de concurso abierto, definido para el efecto,\n que garantice una selección transparente e idónea.\n Este proceso, además de las leyes ecuatorianas, cumplirá\n con las disposiciones de la legislación peruana que le\n fueren aplicables.

\n\n

OF. PGE. N: 21124. de 20-12-2001

\n\n

CONTRALORÍA - ATRIBUCIONES

\n\n

CONSULTANTE: MUNICIPALIDAD DE\n CATAMAYO

\n\n

OFICIO N0: IMC-A-0876-2001, de\n 29-11-2001

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

Respecto al mal uso de los recursos\n públicos, el inciso segundo del Art. 211 de la Constitución\n Política de la República, señala a la Contraloría\n General del Estado, como el organismo con atribuciones para controlar\n ingresos, gastos, inversión, utilización de recursos,\n administración y custodia de recursos públicos.\n Realizará auditorías de gestión a las entidades\n y organismos del sector publico, entre las cuales se encuentran\n las municipalidades, y se pronunciará sobre la legalidad,\n transparencia y eficacia de los resultados institucionales.

\n\n

Igualmente el Art. 212 de la\n Carta Fundamental, dispone que la Contraloría General\n del Estado, tendrá potestad exclusiva para determinar\n responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios\n de responsabilidad penal, y hará el seguimiento permanente\n y oportuno para asegurar el cumplimiento de sus disposiciones\n y controles.

\n\n

OF. PGE. N0: 21028, de 13-12-2001

\n\n

CONTRATO COLECTIVO

\n\n

CONSULTANTE: CENTRO DE REHABILITACIÓN\n DE MANABÍ
\n OFICIO N0: 574-DE, de 10-09-2001

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

A la fecha de suscripción\n del Sexto Contrato Colectivo, celebrado con los empleados del\n Centro de Rehabilitación de Manabí, esto es el\n 8 de marzo de 1994, se encontraba en vigencia el Decreto Ejecutivo\n No. 2260, publicado en el Registro Oficial No. 641 de 13 de marzo\n de 1991, que establecía como requisito indispensable,\n previo a la celebración de los contratos colectivos, contar\n con el informe de la ex-SENDA.

\n\n

Se estima que prevalecen los\n términos del Sexto Contrato Colectivo cuyo contenido fue\n revisado y aprobado por la ex-SENDA. No obstante lo manifestado,\n corresponde al órgano judicial competente, comprobar si\n existe alguna adulteración en el contrato colectivo que\n consta en la Inspectoría Provincial del Trabajo de Manabí.

\n\n

OF. PGE. N0: 20667, de 14-11-2001

\n\n

CONTRIBUCIÓN PARA LA SUPERINTENDENCIA\n DE BANCOS

\n\n

CONSULTANTE: FONDO DE SOLIDARIDAD
\n OFICIO N: GGFS-2001-2275, de 16-11-2001

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

La contribución que paga\n el fondo de solidaridad a la Superintendencia de Bancos por encontrase\n sometida a su vigilancia y control, es un gravamen que ha sido\n determinado para ese fin, en la Ley General de Instituciones\n del Sistema Financiero.

\n\n

La mencionada contribución,\n no puede ser considerada como un costo administrativo operativo\n del fondo de solidaridad, los cuales no pueden exceder del 1%\n de la rentabilidad neta anual del capital del fondo o del equivalente\n en sucres a dos millones de dólares USA, cualquiera que\n sea mayor, sujeto a la aprobación del Directorio, por\n así disponerlo el inciso tercero del articulo 11 de la\n Ley de Creación del Fondo de Solidaridad.

\n\n

OF. PGE. N0: 20741 de 20-11-2001

\n\n

CRÉDITOS TRIBUTARIOS

\n\n

CONSULTANTE: FONDO SOLIDARIDAD
\n OFICIO N0' GGFS-2001-2219, de 12-11-2001

\n\n

PRONUNCIAMIENTO

\n\n

PACIFICTEL S A , de manera procedente\n y válida, como persona jurídica de derecho privado\n puede utilizar los mecanismos contemplados en la legislación\n económica y/o tributaria para viabilizar la utilización\n y aprovechamiento de los créditos tributarios como macla\n de pago en las múltiples transacciones que se generan\n dentro del giro de su negocio y actividad empresarial, siempre\n y cuando cumpla con los requisitos legales 'y reglamentarios\n dispuestos para el efecto.

\n\n

OF. PGE. N0: 20505, de 14-11-2001

\n\n

DÉCIMO TERCERA REMUNERACIÓN

\n\n

CONSULTANTE: MUNICIPALIDAD DE\n IBARRA

\n\n

OFICIO N0: 3231-PSM-AM, de 5-12-2001

\n\n

PRONUNCIAMIENTO

\n\n

El Art. 172 de la Ley para la\n Promoción de la Inversión y Participación\n Ciudadana, que excluyó al bono de comisariato para el\n cálculo de la décimo tercera remuneración,\n fue declarado inconstitucional. en consecuencia, ha quedado vigente\n el Art. 95 original del Código del Trabajo, en el que\n se encuentran detallados los miembros que deben tomarse en cuenta\n y los que deben excluirse para el cálculo de dicha remuneración.\n En ese sentido se ha pronunciado ya la Procuraduría, al\n absolver consultas similares.

\n\n

Respecto a la facultad del Municipio\n de determinar los rubros para el calculo de la décimo\n tercera remuneración, se manifiesta que el Municipio,\n no obstante su autonomía, debe cumplir los preceptos legales\n a los que se remite el Art. 230 de la Constitución según\n el cual la ley determinará la estructura, integración,\n deberes y atribuciones de los consejos provinciales y Concejos\n municipales.

\n\n

En el caso de la consulta, es\n lo Ley la que ha señalado los rubros que integran la décimo\n tercera remuneración, no pudiendo los municipios apartarse\n de sus prescripciones.

\n\n

OF. PGE. N0 2103- de 13- 12-2001

\n\n

DÉCIMO TERCERA REMUNERACIÓN

\n\n

CONSULTANTE: SECRETARIA GENERAL\n DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA
\n OFICIO N0: 0001265, de 18-12-2001

\n\n

PRONUNCIAMIENTO

\n\n

El bono de comisariato debe ser\n incluido entre los rubros que integran el cálculo de la\n décimo tercera remuneración, para los funcionarios\n sometidos a las leyes que regulan la relación laboral\n en el sector público.

\n\n

OF. PGE. N0: 21125, de 20-12-2001

\n\n

DESTITUCIÓN DE CONCEJAL

\n\n

CONSULTANTE: MUNICIPALIDAD DE\n CATAMAYO

\n\n

OFICIO N0: IMC-A-0876-2001, de\n 29-11-2001

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

Corresponde al Concejo decidir\n respecto a la separación o destitución de un Concejal\n y las incompatibilidades de los concejales, a través de\n la respectiva resolución que declare la vacante del cargo.

\n\n

OF. PGE. N0: 21028 de 13-12-2001

\n\n

DEVOLUCIÓN

\n\n

CONSULTANTE: BANCO DEL ESTADO
\n OFICIO N0: 2001-897-AJU-12847, de 26-11-2001

\n\n

PRONUNCIAMIENTO

\n\n

Es procedente la devolución\n del valor recibido por el Banco del Estado cuino indemnización\n por parte de la compañía aseguradora. al servidor\n de esa entidad, custodio de la computadora portátil perdida,\n bajo estricta y exclusiva responsabilidad de quienes han emitido\n la orden de egreso correspondiente y han formulado y aprobado\n las normas internas citadas en el criterio de la Dirección\n de Asesoria Jurídica del Banco del Estado.

\n\n

OF. PGE. N0: 20996, de 12-12-2001

\n\n

DIETAS

\n\n

CONSULTANTE: CONSORCIO DE CONSEJOS\n PROVINCIALES DEL ECUADOR -CONCOPE

\n\n

OFICIO N0: 319, de 06-11-2001

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

Servidor de un Consejo Provincial\n no puede percibir por concepto de dietas sea cual fuere el valor\n unitario, por sesión, una cantidad superior al 25% del\n sueldo mensual que se le haya asignado por nombramiento.

\n\n

OF. PGE. N0: 20639, de 13-11-2001

\n\n

GARANTÍA DE DEPÓSITOS
\n CONSULTANTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
\n OFICIO N0: SB-INJ-2001 -0683, de 13-08-2001

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

Únicamente los depósitos\n y captaciones vigentes al 1° de diciembre de 1998, los que\n se hubieren contratado a partir de aquella fecha, hallándose\n en vigencia al 13 de marzo del 2000, y que cumplan con las consideraciones\n o parámetros establecidos en la normativa originaria del\n Art. 21 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica,\n en el Área Tributario - Financiera, esto es, que se trate\n de depósitos procedentes de las IFIs, sometidas a los\n procesos de saneamiento, de las otras entidades integrantes del\n mismo grupo financiero, incluyendo las off-shore, bajo la condición\n de haber sido autorizadas sus operaciones de captación\n de depósitos del público, por parte de la Superintendencia\n de Bancos; y, de los créditos otorgados por las instituciones\n extranjeras no vinculadas con la IFI, cuando su objeto hubiese\n sido el financiamiento del comercio exterior, bajo la misma reserva\n respecto a instrumentación, registro de balances y comprobación\n del objeto, por parte de la AGD, gozarán de la garantía\n total de su saldo.

\n\n

Los saldos de los depósitos\n fuera de los casos establecidos, mantendrán las garantías\n de acuerdo con los plazos y en los porcentajes que señalan\n los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del Art. 21 reformado,\n de la ley ¡materia de consulta.

\n\n

OF. PGE. N0: 19295, de 22-08-2001

\n\n

GARANTÍA DE DEPÓSITOS,\n REEMBOLSO

\n\n

CONSULTANTE: AGENCIA DE GARANTÍA\n DE DEPÓSITOS - AGD

\n\n

OFICIO N0: AGD-GG-G-01-860, de\n 21-09-2001

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

Si bien no seria posible exigir\n el reembolso de los valores aportados por concepto de garantía\n de depósitos en forma previa a que la IFI esté\n sometida a liquidación, si será factible, el que\n puedan ser parte de la exclusión adoptada dentro del proceso\n de saneamiento, aquellos activos valuados, que se prevea puedan\n garantizar eficazmente el pago por repetición a la AGD\n de los aportes entregados por concepto de garantía que\n dicha agencia está en la obligación de honrar con\n respecto de los acreedores y depositantes de la ni.

\n\n

Dicha posibilidad de resguardo\n en la cancelación o reembolso de lo pagado, cuya ejecución\n resulta anterior a la liquidación, no contradice con lo\n dispuesto por el Art. 4 del procedimiento para cobertura de depósitos\n y pago, que señala que si el Directorio de la AGD resolviere\n la capitalización de la IFI en forma previa a la subasta,\n a fin de que ésta pueda continuar atendiendo al público,\n aquella estará en la obligación de pagar todas\n sus obligaciones exigibles, sin más excepción que\n la referida a la de los depósitos y pasivos considerados\n cuino vinculados; exigibilidad que se concatena con lo dispuesto\n por el Art. 5 del procedimiento para cobertura de depósitos\n y pago, el mismo que señala que el reembolso de los valores\n aportados por concepto de garantía de depósitos\n se hará efectivo a la IFI en liquidación.

\n\n

El cobro o reembolso, tanto de\n los valores aportados por concepto de la garantía de depósitos,\n cuanto de aquellos que implican la ejecución del procedimiento\n de saneamiento, se vuelven exigibles al momento en que la IFI\n entra en proceso de liquidación, pudiendo no obstante\n señalar la procedencia, de que a través de la aplicación\n del mecanismo de exclusión de activos, se pueda resguardar\n o garantizar el pago debido por tales conceptos.

\n\n

OF. PGE. N0: 20510, de 31-10-2001

\n\n

IMPORTACIÓN TEMPORAL CON\n REEXPORTACION

\n\n

CONSULTANTE: CORPORACIÓN\n ADUANERA ECUATORIANA - CAE

\n\n

OFICIO N0: 3805, de 26-10-2001

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

Es procedente que la Corporación\n Aduanera Ecuatoriana otorgue la autorización temporal\n correspondiente, a la importación temporal con reexportación\n en el mismo estado de aeronaves y helicópteros para el\n servicio de transportación aérea de pasajeros y\n carga, siempre y cuando hayan obtenido en forma previa el permiso\n de operación aérea otorgado por la Dirección\n General de Aviación Civil.

\n\n

Asimismo, es procedente la importación\n temporal con reexportación en el ¡mismo estado,\n de maquinaria y demás mercancías, para la actividad\n portuaria que realizan las empresas que tienen una permisión\n de ocupación y explotación, debidamente otorgadas\n por autoridades portuarias del país.

\n\n

OF. PGE. N0: 20631, de 13-11-2001

\n\n

IMPUESTO A LOS VEHÍCULOS\n MOTORIZADOS

\n\n

CONSULTANTE: COMISIÓN\n DE TRANSITO DEL GUAYAS
\n OFICIO N0: 906-DEJ-CTG, de 24-10-2001

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

En el caso de vehículos\n nuevos adquiridos a partir del segundo trimestre del año,\n sus propietarios deberán pagar solamente la parte proporcional\n del impuesto por los meses que falten hasta la terminación\n del año.

\n\n

OF. PGE. N0: 20641, de 13-11-2001

\n\n

Nota: Of. 20641, ratificado mediante\n Of. N0 20747, de 20-11-2001, dirigido al Servicio de Rentas Internas.

\n\n

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -\n IVA

\n\n

CONSULTANTE: FONDO DE SOLIDARIDAD
\n OFICIO N0: 2175, de 31-10-2001

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

Pacifictel SA., está en\n la obligación de realizar, en la forma técnica\n correspondiente, la facturación respectiva y en consecuencia\n la declaración del impuesto al valor agregado IVA, sin\n estar sujeta a la aceptación o no por parte de los usuarios.

\n\n

Todo lo expuesto deja a salvo\n el pronunciamiento que en lo tocante a esta consulta, pueda ¡manifestar\n el Servicio de Rentas Internas SRI, entidad competente de determinar\n y fijar con fuerza obligatoria, sobre el régimen jurídico\n tributario aplicable, conforme lo establece el Art. 128 del Código\n Tributario y los Arts. 2 y 7 numeral 4 de la Ley de Creación\n del SRI.

\n\n

OF. PGE. N0: 20698. de 15-11-2001

\n\n

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -\n IVA

\n\n

CONSULTANTE: CONGRESO NACIONAL

\n\n

OFICIO N0: 1137-PCN-2001, de\n 7-05-2001

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

Los deberes y atribuciones que\n por mandato constitucional y legal han de ejercer los señores\n diputados, implica una gestión de naturaleza preponderantemente\n política y jurídica que deviene de su carácter\n de dignatarios públicos elegidos por votación popular;\n por lo tanto, no entraña una relación laboral,\n profesional, ni contractual respecto del Estado, por lo que no\n se subsumen en los presupuestos contenidos en el hecho generador\n que configura el tributo denominado impuesto al valor agregado,\n IVA, y consecuentemente las tareas legislativas que deben cumplir\n los señores legisladores no pueden ser calificadas como\n servicios gravados por el IVA en los términos de los artículos\n 51 y 55 de la Ley de Régimen Tributario Interno; en consecuencia\n los legisladores no tienen la calidad de sujetos pasivos, esto\n es, ni como agentes de percepción ni como de agentes de\n retención, según lo prevé el articulo 61\n del citado cuerpo legal, por lo que no es procedente respecto\n de ellos la exigencia de la obligación que se señala\n en el articulo 62 ibídem.

\n\n

Cabe aclarar que en el ámbito\n del sector público, solo se encuentran gravados con el\n IVA, con tarifa cero, los servicios prestados a la ciudadanía\n por los emites públicos, cuando estos servicios se brindan\n en forma individualizada y personificada, y requieren legalmente\n del pago de una contraprestación tributaria del usuario,\n mediante una tasa, cuando el Estado o sus funciones, entidades\n u organismos, ejercen sus responsabilidades como autoridades\n públicas, se hallan excluidas de toda obligación\n fiscal, bajo el principio de la inmunidad tributaria de las entidades\n públicas, de lo cual se infiere que el Congreso Nacional,\n en cuanto ejerce sus funciones y atribuciones legislativas como\n tal, tampoco puede considerarse como prestador de servicios gravados,\n sin perjuicio de que actúe como agente de retención\n del IVA que deba pagar por sus adquisiciones, a sus proveedores\n de bienes y servicios, cuya transferencia o prestación\n se encuentre gravada.

\n\n

OF. PGE. N0: 18038-13-06-2001

\n\n

INCOMPATIBILIDAD

\n\n

CONSULTANTE: MUNICIPALIDAD DE\n MORONA
\n OFICIO N0: O/N, de 12-12-2001

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

La función de Concejal\n es incompatible con la de médico tratante en una dependencia\n del IESS, entidad del sector público.

\n\n

OF. PCE. N0: 21037, de 13-12-2001

\n\n

INTERÉS DE MORA

\n\n

CONSULTANTE: FONDO DE SOLIDARIDAD
\n OFICIO N0: 2174, de 31-10-2001

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

La obligación del abonado\n del servicio telefónico es el pago por mensualidad vencida,\n dentro del plazo que Pacifictel S.A. hubiere establecido vencido\n dicho plazo, el retardo o la falta de pago por parte del abonado,\n constituyen mora, y en consecuencia procede el cobro del interés\n legal correspondiente, por el tiempo que efectivamente dure la\n mora, sin necesidad de requerimiento alguno.

\n\n

OF. PCE. N: 20657, de 14-11-2001

\n\n

JUNTAS PARROQUIALES, RECURSOS

\n\n

CONSULTANTE: MUNICIPALIDAD DE\n IBARRA
\n OFICIO N0: 3139-AM-PSM, de 22-11-2001

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

La recaudación y la administración\n de los recursos de carácter tributario por parte de las\n respectivas juntas parroquiales, está condicionada a la\n existencia de una ordenanza de delegación que expresamente\n consienta y autorice para ello. En tanto no exista tal ordenanza,\n la petición de las juntas parroquiales sería improcedente.

\n\n

La distribución del 15%\n del presupuesto del Gobierno central en beneficio de los gobiernos\n seccionales, la administración de esos recursos, en el\n porcentaje indicado, corresponden exclusivamente a los consejos\n provinciales y concejos municipales; en el caso de la Municipalidad\n de San Miguel de Ibarra, en donde pese a haberse establecido\n la ordenanza, un 20% de participación de las juntas parroquiales\n en el mencionado fondo, la administración de esos recursos\n corresponderá privativamente ejecutarla al Municipio,\n el cual no obstante, deberá velar bajo prevenciones de\n responsabilidad administrativa, porque sean empleados de acuerdo\n a planes de inversión, en proyectos destinados a satisfacer\n las necesidades poblacionales de sus parroquias.

\n\n

OF. PCE. N: 21024, de 13-12-2001

\n\n

JUNTAS PARROQUIALES, REMOCIÓN\n DE VOCALES

\n\n

CONSULTANTE: JUNTA PARROQUIAL\n DE TAMBILLO
\n OFICIO N0: S/N, de 22-11-2001

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

Ante la excusa de un vocal de\n la junta parroquial, de continuar al frente de esta dignidad,\n por haber sido designado Teniente Político, y al haberse\n principalizado a su alterno, perdió la calidad de tal;\n y, en caso de no haberse excusado, se procederá conforme\n lo dispone el Art. 93 del Reglamento a la Ley Orgánica\n de las Juntas Parroquiales.

\n\n

OF. PCE. N0: 20997, de 12-12-2001

\n\n

JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA\n POTABLE

\n\n

CONSULTANTE: MINISTERIO DE DESARROLLO\n URBANO Y VIVIENDA

\n\n

OFICIO N0: 0004110-DM-SAPSB-2001,\n de 10-12-2001

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

Las juntas administradoras de\n agua potable y alcantarillado creadas por decreto Supremo No.\n 3327 de 14 de marzo de 1979, no están incluidas ni consideradas\n dentro de la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales.

\n\n

OF. PCE. N0: 21122, de 20-12-2001

\n\n

NOMBRAMIENTO

\n\n

ENTIDAD UNIVERSIDAD TÉCNICA\n DE

\n\n

CONSULTANTE: MACHALA

\n\n

OFICIO N0: 1053-R-UTMCH, de 19-11-2001

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

No es procedente que un empleado\n administrativo de la Universidad Técnica de Machala ostente\n dos nombramientos a tiempo completo en la misma Universidad y\n perciba dos remuneraciones distintas.

\n\n

Tampoco puede percibir simultáneamente\n bonificaciones y asignaciones complementarias previstas en cada\n cargo, por la ley y reglamentos pertinentes.

\n\n

OF. PCE. N0: 20998, de 12-12-2001

\n\n

OCUPACIÓN INMEDIATA

\n\n

CONSULTANTE: MUNICIPALIDAD DE\n AMBATO

\n\n

OFICIO N0: IMA-DA-4015-2001,\n de 11-10-2001

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

En razón de que el juicio\n de expropiación, tiene por objeto el determinar el precio\n de los inmuebles. no se requiere instaurar acción legal\n y consecuentemente, conseguir orden judicial para la ocupación\n del inmueble sobre el cual el Concejo ha impuesto la obligación\n de ceder gratuitamente; pero es indispensable, notificar debidamente\n al dueño del predio afectado, a fin de que haga valer\n sus derechos conforme a ley

\n\n

OF. PCE. N0: 20499, de 31-10-2001

\n\n

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

\n\n

CONSULTANTE: MUNICIPALIDAD DE\n AMBATO

\n\n

OFICIO N0: lMA-DA-4015-2001,\n de 11-10-2001

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

Para aprobar los planes habitacionales\n y respectivos planos presentados por urbanizadores, el I. Municipio\n debe ordenar que cumplan con las normas y ordenanzas municipales.\n esto es que se dote de la infraestructura necesaria, entre otras,\n de vías de acceso, cuyo costo estará a cargo del\n urbanizador o lotizador sin que el Municipio deba dictar declaratorias\n de utilidad pública y peor iniciar juicios de expropiación,\n por el contrario, debe supervisar y exigir que se entreguen las\n obras en legal y debida forma.

\n\n

OF. PCE. N0: 20499, de 31-10-2001

\n\n

PARTICIÓN DE INMUEBLES

\n\n

CONSULTANTE: MUNICIPALIDAD DE\n AMBATO
\n OFICIO N0: IMA-DA-4015-2001, de 11-10-2001

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

Toda partición de inmuebles,\n debe tener la aprobación de la Municipalidad y cumplir\n con el plan regulador que para el efecto exista, así como\n con las ordenanzas respectivas, por tal razón los copropietarios\n del bien a partirse. deben a su costa dotar a los lotes fruto\n de la partición, de vías de acceso cumpliendo con\n el ordenamiento urbanístico de la zona en que se encuentre,\n por lo tanto el Municipio no requiere cumplir con ninguna acción\n adicional.

\n\n

OF. PCE. N0: 20499, de 31-10-2001

\n\n

REFRENDACIÓN DE TÍTULOS

\n\n

CONSULTANTE: CONGRESO NACIONAL

\n\n

OFICIO N0: S/N, de 5-11-2001

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

La falta de refrendación\n e inscripción de los títulos que acreditan la formación\n superior, inhabilita a una persona para el ejercicio de un cargo.

\n\n

OF. PGE. N0: 20589, de 09-11-2001

\n\n

REINGRESO AL SECTOR PUBLICO

\n\n

CONSULTANTE: H. CONGRESO NACIONAL

\n\n

OFICIO N0: KAB-DMS-434-2001,\n de 6-11-2001

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

En cuanto a que si los trabajadores\n que recibieron sus liquidaciones por despido intempestivo, como\n consecuencia del cierre de la Agencia Macas del Banco Ecuatoriano\n de la Vivienda, pueden reingresar al sector público como\n empleados o trabajadores, la Procuraduría se pronuncia\n en el sentido de que en tanto aquellas personas sobre quienes\n se consulta, hayan gozado de la condición de trabajadores\n y no de empleados o servidores públicos, no existiría\n impedimento legal para que puedan reingresar a prestar su contingente\n al sector público, en la medida en que las condiciones\n de austeridad expresadas en las respectivas normas de restricción\n y austeridad en el gasto público, así lo permitan.

\n\n

OF. PCE. N0: 20629, de 13-11-2001

\n\n

REPRESENTACIÓN LEGAL

\n\n

CONSULTANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN,\n CULTURA, DEPORTES Y
\n RECREACIÓN
\n OFICIO N0: 538-DNAJ-2001, de 19-12-2001

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

El Rector es el representante\n oficial del establecimiento, en tanto que el Consejo Directivo\n es el organismo técnico administrativo del mismo, que\n debe cumplir las funciones y atribuciones contempladas en el\n artículo 107 del reglamento mencionado, por lo tanto no\n ejerce representación alguna, al respecto cabe invocar\n que de conformidad con lo prescrito en el Art. 119 de la Constitución\n Política, los organismos, dependencias y los funcionarios\n públicos no podrán ejercer otras atribuciones que\n las consignadas en la Constitución y en la ley.

\n\n

OF. PGE. N0: 21151, de 21-12-2001

\n\n

RESOLUCIONES, LEGALIDAD

\n\n

CONSULTANTE: ESCUELA POLITÉCNICA\n NACIONAL

\n\n

OFICIO N0: R-651-2001, de 16-11-2001

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

Al ser competencia del Consejo\n Politécnico la evaluación de los resaltados institucionales\n y la de dictar, reformar, derogar e interpretar con carácter\n obligatorio sus reglamentos, le faculta resolver sobre la. creación\n o supresión de departamentos, cumpliendo con los requisitos\n establecidos en su estatuto, esto es, con los votos de por lo\n menos las dos terceras partes de sus miembros y el informe de\n la comisión, salvo que hayan acordado prescindir del mismo,

\n\n

Las decisiones que se hubieren\n adoptado inobservando las normas pertinentes, previstas en la\n ley, estatutos, reglamentos y resoluciones carecen de legalidad,\n y por tanto estarían viciadas de nulidad, acarreando para\n quienes adoptaron tales resoluciones las responsabilidades legales\n que fueren del caso.

\n\n

OF. PGE. N0: 2 1020, de 13-12-2001

\n\n

SANCIONES

\n\n

CONSULTANTE: CONGRESO NACIONAL
\n OFICIO N0: 3791-SCN-BCV, de 7-11-2001

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

Es improcedente que se pretenda\n establecer infracciones y sanciones de carácter administrativo\n mediante una resolución de carácter administrativo,\n pues ello contraviene el principio de reserva legal, previsto\n en el artículo 141, numeral 2 de la Constitución\n de la República.

\n\n

OF. PCE. N0: 20689, de 15-11-2001

\n\n

SENTENCIAS JUDICIALES - ANALOGÍA

\n\n

CONSULTANTE: MINISTERIO DE RELACIONES\n EXTERIORES

\n\n

OFICIO N0: 91454-01-GM-SA-AJ-DGAJI,\n de 18-12-2001

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

El Art. 3, inciso segundo del\n Código Civil, dispone que las sentencias judiciales no\n tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que\n se pronunciaren, norma que concuerda con el Art. 290 del Código\n de Procedimiento Civil, aplicable subsidiariamente en lo que\n no estuviere previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso\n Administrativa. Cabe anotar, en este punto, que en derecho público\n no tiene lugar la analogía y que, por otra parte, una\n sentencia expedida por una Sala del Tribunal Distrital no constituye\n jurisprudencia.

\n\n

OF. PCE. N0: 21123, de 20-12-2001

\n\n

Nota: criterio similar emitido\n en Of. N0 21001, de 12-12 2001, dirigido al INIAP

\n\n

SUBASTA DE ACTIVOS

\n\n

CONSULTANTE: SUPERINTENDENCIA\n DE BANCOS

\n\n

OFICIO N0: SB-INJ-2001-0778,\n de 13-09-2001

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

En atención a la necesidad\n imperiosa de reestructuración del FILANBANCO SA., que\n se encuentra de por medio en esta negociación el Estado\n Ecuatoriano, representado por el Ministerio de Economía\n y Finanzas, y por razones de interés público, la\n participación en el capitulo de subasta de activos fijos\n y de bienes recibidos en pago, por parte de personas naturales\n o jurídicas, no vinculadas a las IFI's, incluyendo depositantes\n y agrupaciones de acreedores, es del todo procedente y viable,\n siempre que ésta se verifique en un marco de observancia\n a las reglas impuestas para la participación de adquirentes\n en procesos de subasta, atinentes a casos análogos.

\n\n

Será menester en todo\n caso, que la Superintendencia de Bancos garantice la apertura\n al público de las condiciones de subasta, poniendo oportunamente\n a conocimiento de los postulantes, el detalle con las características\n necesarias de los activos fijos y de los bienes recibidos en\n pago, ya que una participación limitada a un determinado\n grupo de acreedores, no constituye garantía suficiente\n de transparencia de procedimiento alguno.

\n\n

Es conveniente además\n que se realicen subastas separadas, en las que intervengan las\n IFI's y aquellas que intervengan particulares.

\n\n

En el evento de que se resuelva\n la liquidación de la institución bancaria, antes\n de que se proceda con la subasta, ésta deberá quedar\n inmediatamente sometida al procedimiento reglado en el Subtítulo\n IV, Capitulo I de la Codificación de Resoluciones de la\n Superintendencia de Bancos, expedido mediante Resolución\n N0 45, publicada en el Registro Oficial N0 254. de 10 de febrero\n de 1998.

\n\n

OF. PGE. N0: 19721, de 13-11-2001

\n\n

Nota: Con oficio N0 20009, de\n 27 de septiembre del 2001, se ratifica el contenido del oficio\n N0 19721 de 13 de septiembre del 2001; y, en lo que respecta\n a lo que implícitamente consta regulado en los artículos\n 2 y 3 de la Resolución de Junta Bancaria N0 371 de 14\n de septiembre del 2001, la Procuraduría se pronuncia por\n su improcedencia.

\n\n

SUBASTA, BONOS DEL ESTADO

\n\n

CONSULTANTE: SUPERINTENDENCIA\n DE BANCOS

\n\n

OFICIO N0: SB-INJ-2001-0853,\n de 3-10-2001

\n\n

PRONUNCIAMIENTO:

\n\n

La actual administración\n de Filanbanco es responsable de velar porque las subastas en\n general, y especialmente en lo que se refiere a la utilización\n de bonos, se realice con absoluta transparencia de acuerdo con\n los criterios expresados por la Procuraduría General del\n Estado con oficios Nros. 19721 y 20009, de 13 y 27 de septiembre\n del 2001 respectivamente y que la verificación de la correcta\n utilización de los mismos es atribución de la Contraloría\n General del Estado, conforme lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo\n 1517, publicado en el Registro Oficial del 22 de mayo del 2001.

\n\n

OF. PGE. N: 20172, de 10-10-2001

\n\n

SUBROGACIÓN CARGOS SUPRIMIDOS

\n\n

CONSULTANTE: ASOCIACIÓN\n DE EMPLEADOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO CASA MATRIZ
\n OFICIO N0: ASOBNF- 142-2001, de 13-11-2001

\n\n

PRONUNCIAMIENTO.

\n\n

Habiéndose suprimido las\n partidas presupuestarias de

 

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