Registro Oficial. 22 de FEBRERO del 2002

Viernes, 22 de febrero de 2002

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE FEBRERO DEL 2002
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 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
\n

 Viernes, 22 de Febrero del 2002

\n

REGISTRO OFICIAL No. 520

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

ACUERDOS:

\n\n

MINISTERIO\n DE ECONOMIA Y FINANZAS:

\n\n

027 Delégase al señor\n doctor Milton Jurado Castro, Subsecretario Administrativo, para\n que represente al señor Ministro en la sesión del\n Comité de Subasta convocada por la Agencia de Garantía\n de Depósitos, AGD
\n
\n 028 Déjase sin efecto\n el Acuerdo Ministerial No. 017 y designase al señor doctor\n Luis Eduardo Loria Rojas como delegado y al señor Econ.\n Emilio Calle como delegado alterno, en representación\n del señor Ministro ante el Consejo Nacional de Competitividad

\n\n

029 Déjase sin efecto el\n Acuerdo Ministerial No. 068, y desígnase al señor\n doctor Carlos Bastidas en representación del señor\n Ministro para que conforme los comités de administración\n que estudiarán la inscripción, clasificación,\n reclasificación en los casos de las leyes de Fomento Industrial\n y .de la Pequeña Industria y el derecho de calificación\n en la Ley de Fomento Artesanal

\n\n

030 Modificase el Acuerdo Ministerial\n No. 34 del 17 de enero del 2001, publicado en el Registro Oficial\n No. 256 del 31 de enero del 2001

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

SUBSECRETARIA\n DE RECURSOS PESQUEROS:

\n\n

006-A Dispónese que los armadores de\n aquellas embarcaciones pesqueras, cuya construcción fue\n autorizada por la Dirección General de Pesca hasta el\n 31 de diciembre de 1999, podrán obtener la autorización\n para ejercer la actividad pesquera industrial, conforme a lo\n establecido en el artículo 25 de la Ley de Pesca y Desarrollo\n Pesquero

\n\n

SUPERINTENDENCIA\n DE BANCOS Y SEGUROS:

\n\n

SB-2002-005 Nómbrase liquidador\n de S.F.P. Financiera, Sociedad Financiera Principal S.A., en\n liquidación al licenciado . Juan Landázuri Chávez

\n\n

SBS-DN-2002-0071\n Calificase\n a la compañía Calificadora de Riesgos Pacific Credit\n Rating S.A. para que pueda realizar funciones de calificadora\n de riesgo en las instituciones del sistema financiero

\n\n

SBS-DN-2002-0074 Calificase al Sr. Carlos Rodrigo Arroyo\n Muñoz, para que pueda ejercer el cargo de perito avaluador\n en las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación\n financiera con el público

\n\n

TRIBUNAL\n SUPREMO ELECTORAL:

\n\n

TSE-2002-0051 Refórmase el Reglamento\n de Contrataciones de la Función Electoral, publicado en\n el Registro Oficial 487 de 4 de enero del 2002

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL:

\n\n

001-2001-ER Declárase que no existe incumplimiento\n ni desacato en razón de que la cláusula octava\n del contrato suscrito entre el Conartel a través de la\n Superintendencia de Comunicaciones y la compañía\n TV. Cable S.A., no contradice la Resolución No. 187- 96-CP\n del Tribunal Constitucional confirmada por la Sala de lo Administrativo\n de la Corte Suprema de Justicia el 27 de agosto de 1996

\n\n

010-2001-CI Comunícase al Congreso Nacional\n que, el proyecto de Acuerdo marco para la conservación\n de los recursos vivos marinos en la alta mar del Pacífico\n Sudeste -Acuerdo de Galápagos- , guarda plena armonía\n con los preceptos constitucionales que rigen la vida del Estado\n Ecuatoriano

\n\n

045-2001-TC Deséchase la demanda de inconstitucionalidad,\n relativa al fondo, presentada por el señor Andrés\n Molestina Freile

\n\n

068-2001-HD\n Conflrmase\n la resolución venida en grado y niégase la acción\n de hábeas data propuesta por el señor Hernán\n Alfredo Rodríguez Girón

\n\n

227-2001-RA\n Revócase\n la resolución pronunciada por el Juez Vigésimo\n Noveno de lo Civil de Guayaquil y deséchase la demanda\n de amparo constitucional planteada por la abogada Mila Mercedes\n Moreira Medina de Delgado

\n\n

265-RA-01\n Y OTROS ACUMULADOS\n Deséchanse\n por improcedente las acciones planteadas: con los números\n 265-RA-01, 267-RA-01, 297-RA-01, 344-RA-01, 357-RA-01, 359- RA-01,\n 360-RA-01, 361-RA-01, 400-RA-01, 413-RA-01, 427-RA-01, 438-RA-01,\n 583- RA-01, 588-RA-01 y 590-RA-01

\n\n

278-2001-RA Revócase la resolución\n del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por\n la señorita Feliza Yolanda Álvarez Andrade

\n\n

398-2001-RA Revócase la resolución\n pronunciada por la Jueza Vigésima Primera de lo Civil\n de Guayaquil y deséchase la demanda de amparo constitucional\n propuesta por el tecnólogo médico Gilberto Darío\n Rivera Martínez

\n\n

FUNCION\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO PENAL:

\n\n

Recursos de casación\n en los juicios seguidos por las siguientes personas:

\n\n

325-2001 Edison Adán Puruncajas\n Armas en contra de Lucio Alfredo Revelo Mejía

\n\n

326-2001 Ministerio Fiscal General\n en contra de Jesús Bernardo Castillo Martínez

\n\n

329-2001 Ministerio Fiscal General\n en contra de Segundo Olmedo Carpio Enrique y otros

\n\n

330-2001 Ministerio Fiscal General\n en contra de María Rosa Landy Juela

\n\n

331-2001 Ministerio Fiscal General\n en contra de Orley José Rodríguez Pino

\n\n

332-2001\n Ministerio\n Fiscal General en contra de Simón Bolívar Cando\n Tiban

\n\n

351-2001 Arq. Miguel Fernando Pazmiño Flores\n en contra de Fausto Diego Brito Ortiz

\n\n

353-2001 Ministerio Fiscal General en contra de\n Washington Quiñónez Montes

\n\n

356-2001 Ministerio Fiscal General\n en contra de Wilson Neptal López Varas y otro

\n\n

357-2001 Ministerio Fiscal General\n en contra de Ángel Vicente Campoverde Ríos y otro

\n\n

358-2001 Dr. Patricio Vaca Nieto en contra de\n Francisco Iván Tufiño Carrera

\n\n

361-2001 Ministerio Fiscal General en contra de\n Wilmer Felipe López Varas y otros

\n\n

363-2001 Ministerio Fiscal General en contra de\n Luis Alejandro Sanguña Arias

\n\n

366-2001 Ministerio Fiscal General\n en contra de Javier Adolfo Quisaguano Zambrano

\n\n

367-2001 Enma Victoria Ludizaca Ortiz en contra\n de David Ricardo Fajardo Minchala

\n\n

368-2001 Ministerio Fiscal General\n en contra de Luis Ángel Micho Corrales

\n\n

ORDENANZAS\n MUNICIPALES:

\n\n

-\n Cantón Salitre:\n De creación\n del nombre de . Salitre Capital Montubia del Ecuador

\n\n

-\n Cantón Jama:\n Que reforma\n la Ordenanza Constitutiva de la Empresa Municipal de Agua Potable\n y Alcantarillado - EMAPAJ

\n\n

ORDENANZA\n PROVINCIAL:

\n\n

-\n Provincia de Imbabura:\n Que reforma\n la Ordenanza que regula el arrendamiento de la maquinaria pesada\n por parte del gobierno provincial a personas naturales o jurídicas\n de derecho privado\n

\n \n
\n

N°\n 027

\n\n

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

\n\n

En uso de las atribuciones que le concede\n el Art. 25 de la Ley Orgánica de Administración\n Financiera y Control,

\n\n

Acuerda:

\n\n

ARTICULO ÚNICO.- Delegar al señor Dr. Milton\n Jurado Castro, Subsecretario Administrativo de esta Cartera de\n Estado, para que me represente en la sesión de Comité\n de Subasta, convocada por la Agencia de Garantía de Depósitos,\n AGD, para el día miércoles 13 de febrero del 2002.

\n\n

Comuníquese.- Quito, 13 de febrero del 2002.

\n\n

f.) Dr. Carlos Julio Emanuel Morán, Ministro de Economía\n y Finanzas.

\n\n

Es copia, certifico.

\n\n

f.) Julio César Moscoso S., Secretario General del\n Ministerio de Economía y Finanzas.

\n\n

Quito, 14 de febrero del 2002.

\n\n

 

\n\n

N0 028

\n\n

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y\n FINANZAS

\n\n

En uso de las atribuciones que le\n confiere la ley,

\n\n

Acuerda:

\n\n

ARTICULO 1.- Dejar sin efecto el Acuerdo Ministerial N0 017,\n expedido el 30 de enero del 2002.

\n\n

ARTICULO 2.- Designar delegado, en representación del\n Ministerio de Economía y Finanzas, ante el Consejo Nacional\n de Competitividad, al señor Dr. Luis Eduardo Loria Rojas;\n y, como delegado alterno al señor Econ. Emilio Calle,\n quienes deberán informar periódicamente sobre los\n temas tratados y resultados obtenidos en cada una de las reuniones.

\n\n

Comuníquese.- Quito, 14 de febrero del 2002.

\n\n

f;) Dr. Carlos Julio Emanuel Morán, Ministro de Economía\n y Finanzas.

\n\n

Es copia, certifico.

\n\n

f.) Julio César Moscoso S., Secretario General del\n Ministerio de Economía y Finanzas.

\n\n

Quito, 14 de febrero del 2002.

\n\n

 

\n\n

N°\n 029

\n\n

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

\n\n

En uso de las atribuciones que le confiere\n la ley,

\n\n

Acuerda:

\n\n

ARTICULO 1.- Dejar sin efecto el Acuerdo Ministerial N0 068,\n expedido el 19 de febrero del 2001.

\n\n

ARTICULO 2.- Designar delegado, en representación del\n Ministerio de Economía y Finanzas, para que conforme los\n comités de administración que estudiarán\n la inscripción, clasificación, reclasificación\n en los casos de las leyes de Fomento Industrial y de la Pequeña\n Industria y el derecho de calificación en la Ley de Fomento\n Artesanal, al señor Dr. Carlos Bastidas, funcionario de\n esta Cartera de Estado.

\n\n

Comuníquese.- Quito, 14 de febrero del 2002.

\n\n

f.) Dr. Carlos Julio Emanuel Morán, Ministro de Economía\n y Finanzas.

\n\n

Es copia, certifico.

\n\n

f.) Julio César Moscoso S., Secretario General del\n Ministerio de Economía y Finanzas.

\n\n

Quito, 14 de febrero del 2002.

\n\n

 

\n\n

N0 030

\n\n

Carlos Julio Emanuel Morán
\n MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Acuerdo Ministerial N0 034 de 17 de enero del\n 2001, publicado en el Registro Oficial N0 256 del 31 de enero\n del 2001, se constituyó en este Ministerio la Unidad de\n Coordinación, Ejecución e Instrumentación\n de los Objetivos de los Convenios de Préstamos suscritos\n el 17, 29 de agosto y 9 de septiembre del 2000, BIRF 7024-EC\n para el Proyecto de Ajuste Estructural, BID 1259-OC-EC para el\n Programa Sectorial de Inversiones y CAF para Fortalecimiento\n Macroeconómico y Financiero del país, bajo relación\n directa del Despacho Ministerial;

\n\n

Que debido a las nuevas funciones que tiene la Subsecretaría\n General de Economía, acorde con el Reglamento Orgánico\n del Ministerio de Economía y Finanzas, publicado en el\n Registro Oficial N0 306 del lunes 16 de abril del 2001, le corresponde,\n el diseño, elaboración y seguimiento del Programa\n Económico del Gobierno Nacional, y por ende los créditos\n estructurales por contener reformas de política económica;\n y,

\n\n

En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos\n 179, numeral 6 de la Carta Política del Estado y 47, inciso\n segundo, de la Ley Orgánica de Administración Financiera\n y Control,

\n\n

Acuerda:

\n\n

ARTICULO 1.- Sustituir el artículo 2 del Acuerdo Ministerial\n N0 34 del 17 de enero del 2001, por el siguiente texto:

\n\n

"Esta Unidad estará integrada por:

\n\n

1. Subsecretario General de Economía, quien actuará\n como Coordinador de la Unidad.

\n\n

2. Subsecretario de Política Económica.
\n
\n 3. Subsecretario de Crédito Público".

\n\n

ARTICULO 2.- El presente acuerdo ministerial entrará\n en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de\n su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco\n de Quito, a 14 de febrero del 2002.

\n\n

f.) Carlos Julio Emanuel, Ministro de Economía y Finanzas.\n Es copia, certifico.

\n\n

f.) Julio César Moscoso S., Secretario General del\n Ministerio de Economía y Finanzas.

\n\n

Quito, 14 de febrero del 2002.

\n\n

 

\n\n

N0 006-A

\n\n

EL SUBSECRETARIO DE RECURSOS PESQUEROS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Acuerdo Ministerial número 017, publicado\n en el Registro Oficial número 22 del 22 de febrero del\n 2000, se prohibió la importación y construcción\n de buques, dedicados a la pesca en general;

\n\n

Que a la fecha de expedición del referido acto normativo,\n se encontraban vigentes varias autorizaciones para la construcción\n de embarcaciones pesqueras otorgadas por la Dirección\n General de Pesca hasta el año 1999;

\n\n

Que dicho acuerdo ministerial no contempla norma alguna relativa\n a la vigencia o no de las mencionadas autorizaciones;

\n\n

Que es imperativo dilucidar las dudas que al respecto puedan\n existir en el despacho de los trámites relacionados con\n el otorgamiento de autorizaciones para ejercer la actividad pesquera\n industrial;

\n\n

Que conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de\n Pesca y Desarrollo Pesquero, es facultad del ministro del ramo\n resolver y reglamentar los casos especiales y los no previstos\n que se suscitaren en la aplicación de dicha ley,

\n\n

Que mediante Acuerdo Ministerial número 01389 del 28\n de noviembre del 2001, el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización,\n Pesca y Competitividad, delegó al Subsecretario de Recursos\n Pesqueros la facultad de expedir las normas, reglamentos, acuerdos\n y resoluciones relacionadas con la dirección y control\n de la actividad pesquera en el país; así como la\n facultad de resolver y reglamentar los casos especiales y los\n no previstos que se suscitaren en aplicación de la Ley\n de Pesca y Desarrollo Pesquero; y,

\n\n

En uso de las facultades que le conceden los artículos\n 13 de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, y 1 del Acuerdo\n Ministerial número.0 1389 del 28 de noviembre del 2001,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1.- Los armadores de aquellas embarcaciones pesqueras,\n cuya construcción fue autorizada por la Dirección\n General de Pesca hasta el 31 de diciembre de 1999, que estén\n totalmente construidas, podrán obtener, previo el cumplimiento\n de los requisitos pertinentes, el acuerdo ministerial que los\n autorice a ejercer la actividad pesquera industrial, conforme\n a lo establecido en el articulo 25 de la Ley de Pesca y Desarrollo\n Pesquero.

\n\n

Para dicha finalidad, en un plazo no mayor de 30 días,\n los interesados deberán solicitar a la Dirección\n General de Pesca la inspección de sus embarcaciones pesqueras,\n efectuada la cual se levantará un acta, en la que se dejará\n constancia de los detalles de la diligencia. Dicho documento\n se deberá adjuntar a la solicitud de autorización\n para ejercer la actividad pesquera industrial.

\n\n

Art. 2.- Se concede el plazo de 90 días, contado a\n partir de la fecha dé publicación en el Registro\n Oficial del presente acuerdo ministerial, a las personas naturales\n o jurídicas que hayan obtenido de la Dirección\n General de Pesca el informe favorable respectivo para la construcción\n de embarcaciones pesqueras, a fin de que procedan a construir\n en su totalidad tales embarcaciones. Finalizado dicho lapso,\n los interesados, deberán solicitar a la Dirección\n General de Pesca, en el plazo de 30 días, la inspección\n de sus embarcaciones pesqueras, de cuya realización se\n dejará constancia en un acta que será suscrita\n por el funcionario responsable de la diligencia. Dicho documento\n se deberá adjuntar a la solicitud de autorización\n para ejercer la actividad pesquera industrial.

\n\n

La Dirección General de Pesca rechazará las\n solicitudes de inspección de embarcaciones pesqueras,\n que fueren presentadas fuera del plazo de 30 días mencionado\n en este artículo.

\n\n

Art. 3.- Una vez concluido el periodo de 90 días establecido\n en el articulo 2 del presente acuerdo ministerial, quedarán\n sin efecto las autorizaciones otorgadas por la Dirección\n General de Pesca para la construcción de buques pesqueros,\n respecto de aquellas personas naturales o jurídicas que\n no hayan construido o culminado la construcción de sus\n embarcaciones.

\n\n

Art. 4.- Se ratifica la vigencia del Acuerdo Ministerial número\n 017, publicado en el Registro Oficial número 22 del 22\n de febrero del 2000.

\n\n

Art. 5.- El presente acuerdo ministerial entrará en\n vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dado y firmado en la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los\n 28 días del mes de enero del 2002.

\n\n

Publíquese.

\n\n

f.) Ab. Rafael Trujillo Bejarano, Subsecretario de Recursos\n Pesqueros.

\n\n

El documento que antecede es fiel copia del original que reposa\n en los archivos de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros.-\n Lo certifico.

\n\n

Guayaquil, enero 28 del 2002.

\n\n

f.) Ab. Milton García Castro, Jefe Administrativo (E).

\n\n

 

\n\n

N°\n SB-2002-005

\n\n

Miguel Dávila Castillo
\n SUPERINTENDENTE DE BANCOS Y SEGUROS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Resolución No. SB-JB-96-0087 de 9 de agosto\n de 1996, se dispuso la liquidación de los negocios, propiedades\n y activos de S.F.P. Financiera, Sociedad Financiera Principal\n SA., con domicilio principal en la ciudad de Quito, cantón\n Quito, provincia de Pichincha, una sucursal en la ciudad de Guayaquil\n y una en la ciudad de Ambato;

\n\n

Que con Resolución No. SB-2001-0531 de 7 de noviembre\n del 2001, se nombró al doctor Nelson Armendáriz\n Navarro como liquidador de S.F.P. Financiera, Sociedad Financiera\n Principal S.A., en liquidación;

\n\n

Que mediante comunicación de 29 de noviembre del 2001,\n el doctor Nelson Armendáriz Navarro ha presentado su renuncia\n irrevocable al cargo de liquidador de S.F.P. Financiera, Sociedad\n Financiera Principal S.A., en liquidación;

\n\n

Que el literal q) del artículo 180 de la Codificación\n de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, en\n concordancia con el articulo 3, Sección IV, Capítulo\n I, Subtitulo III del Título XI de la Codificación\n de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Junta\n Bancaria, establece que el liquidador de una institución\n financiera podrá ser designado o removido libremente por\n el Superintendente de Bancos;

\n\n

Que la Dirección de Disoluciones y Liquidaciones de\n la Intendencia Nacional de Instituciones Financieras mediante\n memorando No. DDL-2001-0750 de 19 de diciembre del 2001, ha recomendado\n se designe al licenciado Juan Landázuri Chávez\n en reemplazo del doctor Nelson Armendáriz Navarro; y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones legales,

\n\n

Resuelve:

\n\n

ARTICULO 1.- Dejar sin efecto, a partir de la inscripción\n de la presente resolución en el Registro Mercantil, el\n nombramiento conferido mediante Resolución No. SB-2001-0531\n de 7 de noviembre del 2001, al doctor Nelson Armendáriz\n Navarro como liquidador de S.F.P. Financiera, Sociedad Financiera\n Principal S.A., en liquidación.

\n\n

ARTICULO 2.- Nombrar liquidador de S.F.P. Financiera, Sociedad\n Financiera Principal S.A., en liquidación, al licenciado\n Juan Landázuri Chávez, quien tendrá, para\n los fines del proceso liquidatorio, todas las facultades que\n establecen las leyes para los liquidadores, en especial aquellas\n que tienden a proteger los intereses de trabajadores, inversionistas\n y acreedores en general, de acuerdo con las normas sobre prelación\n legal establecidas en la Codificación de la Ley General\n de Instituciones del Sistema Financiero.

\n\n

ARTICULO 3.- Delegar al licenciado Juan Landázuri Chávez,\n conforme lo dispuesto en el articulo 2, Sección I, Capítulo\n I, Subtítulo II del Título XI de la Codificación\n de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Junta\n Bancaria, el ejercicio de la jurisdicción coactiva, que\n la ejercerá de acuerdo con lo dispuesto en la Codificación\n de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y en\n la sección trigésima primera del Título\n Segundo del Código de Procedimiento Civil, para que actúe\n en calidad de empleado recaudador y proceda al cobro de las obligaciones\n vencidas a favor de la entidad en liquidación; y, la emisión\n de órdenes de cobro, generales o especiales.

\n\n

El' liquidador nombrado, como Juez de Coactivas, organizará\n los expedientes respectivos según las normas previstas\n en el Capítulo I "Normas para el Ejercicio de la\n Jurisdicción Coactiva por parte de la Superintendencia\n de Bancos", Subtítulo II del Título XI de\n la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y de la Junta Bancaria, y deberá informar al\n Superintendente de Bancos periódicamente sobre el estado\n de los juicios.

\n\n

ARTICULO 4.- Disponer que en el plazo de diez días,\n contados a partir de la inscripción de la presente resolución\n en el Registro Mercantil, los liquidadores saliente y entrante\n levanten el inventarío de los bienes de propiedad de la\n financiera y suscriban el acta de entrega recepción correspondiente

\n\n

ARTICULO 5.- Disponer que el señor Registrador Mercantil\n del cantón Quito inscriba esta resolución en los\n registros a su cargo y siente las notas de referencia previstas\n en el inciso primero del artículo 51 de la Ley de Registro.

\n\n

ARTICULO 6.- Disponer que el texto integro de la presente\n resolución se publique, por una sola vez, en uno de los\n diarios de mayor circulación de la ciudad de Quito.

\n\n

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.-\n Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito\n Metropolitano, a los cuatro días del mes de enero del\n año dos mil dos.

\n\n

f) Econ. Miguel Dávila Castillo, Superintendente de\n Bancos Y Seguros.

\n\n

Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, a los cuatro\n días del mes de enero del año dos mil dos.

\n\n

f) Dr. Diego Fernando Navas Muñoz, Secretario General.

\n\n

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.- Es fiel copia, lo certifico.-\n f) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Prosecretario Técnico.-13 de\n febrero del 2002.

\n\n

 

\n\n

No. SBS-DN-2002-0071

\n\n

Sonia Soria Samaniego
\n DIRECTORA DE NORMATIVIDAD.

\n\n

Considerando:

\n\n

Que según lo dispuesto en la letra h) del articulo\n 180 de la Codificación de la Ley General de Instituciones\n del Sistema Financiero, las instituciones controladas deben ser\n calificadas por calificadoras de riesgo de prestigio internacional,\n calificadas como idóneas por la Junta Bancaria;

\n\n

Que en el Subtitulo III "De las calificadoras de riesgo",\n del Titulo XII "De la Superintendencia de Bancos" de\n la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, consta el Capitulo\n I "Normas para la calificación de las firmas calificadoras\n de riesgo de las instituciones del sistema financiero";

\n\n

Que la compañía Calificadora de Riesgos Pacific\n Credit Rating S.A. ha presentado la solicitud y documentación\n respectivas para su calificación como calificadora de\n riesgos, la que reúne los requisitos exigidos en las normas\n legales y reglamentarias pertinentes;

\n\n

Que con memorando No. IT-DEP-2001-365 de 18 de junio del 2001,\n el Director de Estadística y Productos de esta Superintendencia,\n informa que revisadas las bases de datos de la central de riesgos,\n cuentas corrientes cerradas y cheques protestados, la Calificadora\n de Riesgos Pacific Credit Rating S.A., no ha sido reportada con\n hechos negativos por las instituciones del sistema financiero;\n y,

\n\n

En ejercicio de las facultades conferidas en el numeral 14\n del articulo 45 del anexo a la Resolución ADM-2001-5698\n de 30 de noviembre del 2001, que contiene el "Estatuto Orgánico\n por Procesos y el Organigrama Estructural Matricial de la Superintendencia\n de Bancos",

\n\n

Resuelve:

\n\n

ARTICULO 1.- Calificar a la compañía Calificadora\n de Riesgos Pacific Credit Rating S.A., con registro único\n de contribuyente No. 1791753593001, para que pueda realizar funciones\n de calificadora de riesgo en las instituciones del sistema financiero,\n que se encuentran bajo el control de esta Superintendencia de\n Bancos y Seguros.

\n\n

ARTICULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución\n en el registro de calificadoras de riesgo de las instituciones\n del sistema financiero, se le asigne el número de registro\n No. CR-2002-002 y se comunique del particular a la Superintendencia\n de Compañías.

\n\n

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.-\n Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, Quito, Distrito\n Metropolitano, a los treinta y un días del mes de enero\n del año dos mil dos.

\n\n

f) Sonia Soria Samaniego, Directora de Normatividad

\n\n

Lo certifico.

\n\n

Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta y un días\n del mes de enero del año dos mil dos.

\n\n

f) Dr. Diego Fernando Navas Muñoz, Secretario General.

\n\n

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.- Es fiel copia, lo certifico.

\n\n

f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Prosecretario Técnico.-\n 13 de febrero del 2002.

\n\n

 

\n\n

No. SBS-DN-2002-0074

\n\n

Sonia Soria Samaniego
\n DIRECTORA DE NORMATIVIDAD

\n\n

Considerando:

\n\n

Que según lo dispuesto en el articulo 3 de la Sección\n I "Definiciones, requisitos, incompatibilidades y registro",\n del Capitulo II "Normas para la calificación y registro\n de peritos avaluadores", del Subtitulo IV "De las garantías\n adecuadas", del Título VII "De los activos y\n limites de crédito", de la Codificación de\n Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de\n la Junta Bancaria, corresponde a la Superintendencia de Bancos\n y Seguros calificar la idoneidad y experiencia del perito avaluador;

\n\n

Que el señor Carlos Rodrigo Arroyo Muñoz, ha\n presentado la solicitud y documentación respectivas para\n su calificación como perito avaluador, la que reúne\n los requisitos exigidos en las normas reglamentarias pertinentes;

\n\n

Que con memorando No. IT-DEP-2001-632 de 24 de octubre del\n 2001, el Director de Estadística y Productos de esta Superintendencia,\n informa que revisadas las bases de datos de la central de riesgos,\n cuentas comentes cerradas y cheques protestados, el señor\n Carlos Rodrigo Arroyo Muñoz, no ha sido reportado con\n hechos negativos por las instituciones del sistema financiero;\n y,

\n\n

En ejercicio de las facultades conferidas en el numeral 14\n del artículo 45 del anexo a la Resolución ADM-2001-5\n 698 de 30 de noviembre del 2001, que contiene el "Estatuto\n Orgánico por Procesos y el Organigrama Estructural Matricial\n de la Superintendencia de Bancos",
\n Resuelve:

\n\n

ARTICULO 1.- Calificar al señor Carlos Rodrigo Arroyo\n Muñoz, portador de la cédula de ciudadanía\n No. 171036297-9, para que pueda ejercer el cargo de perito avaluador\n en las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación\n financiera con el público, que se encuentran bajo el control\n de la Superintendencia de Bancos y Seguros.

\n\n

ARTICULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución\n en el registro de peritos avaluadores, se le asigne el número\n de registro No. PA-2002-006 y se comunique del particular a la\n Superintendencia de Compañías.

\n\n

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.-\n Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito\n Metropolitano, a los cuatro días del mes de febrero del\n año dos mil dos.

\n\n

f.) Sonia Soria Samaniego, Directora de Normatividad.

\n\n

Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, a los cuatro\n días del mes de febrero del año dos mil dos.

\n\n

f) Dr. Diego Femando Navas Muñoz, Secretario General.

\n\n

SUPERINTENDENCIA 1)E BANCOS.- Es fiel copia, lo certifico.

\n\n

f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Prosecretario Técnico.-\n 13 de febrero del 2002.

\n\n

 

\n\n

TRIBUNAL\n SUPREMO ELECTORAL

\n\n

SECRETARIA GENERAL

\n\n

Oficio No. 00051
\n Quito, 8 de febrero del 2002

\n\n

Señor doctor
\n Jorge Morejón Martínez
\n DIRECTOR DEL REGISTRO OFICIAL
\n Su Despacho

\n\n

Señor Director:

\n\n

Agradeceré disponer la publicación en el Registro\n Oficial, de la Resolución RAD-2002-CE-57- 106, adoptada\n por el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, en sesión\n de 7 de febrero del 2002, mediante la cual se reforma el artículo\n 40 del Reglamento de Contrataciones de la Función Electoral,\n cuyo tenor literal transcribo:

\n\n

"RAD-2002-CE-57-106: En ejercicio de la facultad prevista\n en los artículos 4 de la Codificación de la Ley\n de Contratación Pública; 20, literal b) y 186 de\n la Codificación de la Ley de Elecciones, en concordancia\n con los artículos 8, 9 y 59 de la Ley Orgánica\n de Administración Financiera y Control, expide la siguiente\n reforma al Reglamento de Contrataciones de la Función\n Electoral, publicado en el Registro Oficial 487 de 4 de enero\n del 2002:

\n\n

Artículo Único: "Sustituye el texto del\n artículo 40, por el siguiente:

\n\n

"Art. 40 En caso de contrataciones o requisiciones que\n realicen los Tribunales Provinciales Electorales, deberán\n someterse a las disposiciones del presente Reglamento, para lo\n cual cada Organismo Provincial, de conformidad con su estructura\n orgánica, deberá expedir en un plazo no mayor de\n treinta (30) días, su propio Reglamento

\n\n

Secretaría General solicitará la publicación\n de esta reforma en el Registro Oficial y notificará a\n los Tribunales Provinciales Electorales para su ejecución.".

\n\n

Muy atentamente,

\n\n

f) Lcdo. Guillermo H. Astudillo Ibarra, Secretario General.

\n\n

 

\n\n

Nro. 001-2001-ER

\n\n

"EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso Nro. 78-95

\n\n

Magistrado Ponente: Doctor Marco Morales\n Tobar, Primera Sala.

\n\n

ANTECEDENTES: El señor Jorge Schwartz Rebinovich. en\n calidad de Presidente Ejecutivo y Representante Legal de la compañía\n TV. Cable SA., comparece a este organismo señalando que\n el Tribunal de Garantías Constitucionales, mediante resolución\n N-187-95-CP, acogió la demanda de inconstitucionalidad\n del segundo artículo innumerado de las disposiciones generales\n de la Ley Reformatoria a la Ley de Radiodifusión y Televisión,\n decisión que fue confirmada por la Sala de lo Administrativo\n de la Corte Suprema de Justicia el 27 de agosto de 1996, declarando\n la inconstitucionalidad de la norma impugnada.

\n\n

Que, señala el solicitante que el Conartel, mediante\n resolución N-826-CONARTEL-98 de 29 de diciembre de 1998,\n otorgó la concesión a TV Cable, autorizando la\n operación y delegando a la Superintendencia de Telecomunicaciones\n su ejecución, lo que incluyó la elaboración\n del respectivo contrato, suponiendo el peticionario que se aplicaría\n el formato aprobado por el CONARTEL en resolución N0 897\n de 10 de junio de 1999, mas señala haber recibido un nuevo\n formato, con texto distinto y desconocido por CONARTEL, el mismo\n que ha sido impugnado.

\n\n

Que, la cláusula octava (Programación) del referido\n contrato señala: "El operador garantizará\n que el suscriptor del servicio de televisión por cable,\n pueda elegir automáticamente entre la programación\n que él ofrece en su sistema y la programación de\n la televisión abierta que su receptor pueda sintonizar\n en el área autorizada... ", lo que contradice la\n resolución del Tribunal de Garantías Constitucionales,\n confirmada por la Corte Suprema de Justicia, ambas promulgadas\n en el Registro Oficial.

\n\n

Que, por lo expuesto, alega el peticionario que el Conartel\n y la Superintendencia de Telecomunicaciones han incurrido en\n desacato, por lo que formula esta queja y solicita que se sancione\n a los responsables.

\n\n

Con fecha 5 de noviembre del 2001, mediante oficio N0 151-01\n -TC-AJ, la doctora Elizabeth Ell Egas, Directora de Asesoría\n Jurídica del Tribunal Constitucional, emite su criterio\n en el sentido de que se debe correr traslado con la petición\n al Conartel y a la Superintendencia de Telecomunicaciones, para\n que informen sobre la especie.

\n\n

Con fecha 16 de noviembre del 2001 se recibe el informe suscrito\n por el Superintendente de Telecomunicaciones y el Presidente\n del Conartel, quienes manifiestan que el contrato fue elaborado\n con sujeción a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor,\n cuya suscripción no ha sido retardada o impedida, tanto\n así que mediante oficio N0 0086 de 8 de diciembre de 1999,\n se solicita al representante de TV. Cable S.A., que retire la\n minuta que contiene el contrato de autorización de sistemas\n de televisión por cable.

\n\n

Se añade que, por otra parte, la Auditora Jefe del\n Equipo de la Contraloría General del Estado observó\n a la Superintendencia para que realice el cobro por prestación\n anticipada del servicio, caso en el que se encuentra TV Cable,\n por lo que se consultó al Procurador General del Estado,\n quien concluye que ésta es una obligación civil\n de las operadoras, las que deben asumir el pago de las tarifas\n vigentes durante el tiempo de operación anticipada o someterse\n a las consecuencias de una operación clandestina, pues\n en caso contrario existiría enriquecimiento injustificado\n de las empresas en perjuicio del Estado, por lo que no se puede\n legitimar el hecho ilícito formalizando concesiones como\n si las empresas no hubieren operado anticipadamente. Por ello,\n la Superintendencia estaba obligada a suscribir el contrato luego\n de que el Conartel recaude los . valores por prestación\n anticipada del servicio. De este modo, TV Cable culmina su obligación\n al suscribir el convenio de pago el 26 de junio del 2001, hibilitándose\n para suscribir el contrato.

\n\n

El mes de julio del 2001', TV Cable efectúa observaciones\n al proyecto de contrato. El 19 de julio del 2001 el Conartel,\n mediante resolución N 1851, aprueba las reformas al Formato\n de Contrato, el que es impugnado por TV Cable el 30 de julio\n del 2001, respecto de la cláusula octava (Prgramación),\n cuyo contenido no tiene relación con el segundo artículo\n innumerado de las disposiciones generales a la Ley Reformatoria\n a la Ley de Radiodifusión y Televisión que fuera\n declarada inconstitucional, y que más bien responde a\n las disposiciones contenidas en los artículos 23, número\n 7, y 222 de la Constitución y el número 2 del artículo\n 4 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Del mismo\n modo, la obligación de responder a los reclamos administrativos\n o judiciales provenientes de la propiedad de la programación\n se contempla en el artículo 33 del Reglamento para Audio\n y Video por Suscripción, por lo que no es preciso que\n se hayan aplicado disposiciones derogadas, como lo afirma el\n peticionario. Del mismo modo, el formato de contrato fue aprobado\n por el Conartel, resolución que debe hacerse cumplir por\n la Superintendencia de Telecomunicaciones de conformidad con\n la letra g del sexto artículo innumerado posterior al\n artículo 6 de la Ley Reformatoria a la Ley de Radiodifusión\n y Televisión. Por último, la concesionaria puede\n expresar su voluntad de no firmar el contrato de adhesión\n o solicitar la terminación del contrato que firme, de\n acuerdo con el artículo 67 de la Ley citada.

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, tratándose la petición de un alegado incumplimiento\n de una resolución del Tribunal de Garantías Constitucionales,\n ratificada por la Sala de lo Administrativo de la Corte Suprema\n de Justicia, dictada en el ejercicio del control concentrado\n y abstracto de constitucionalidad, corresponde al Pleno del Tribunal\n Constitucional determinar dicho incumplimiento, para efectos\n del desacato previsto en el artículo 59 del Reglamento\n Orgánico Funcional del Tribunal Constitucional;

\n\n

Que, se debe hacer presente que el Tribunal Constitucional\n no puede emitir un pronunciamiento ajeno a sus atribuciones,\n facultades que de modo general se consignan en el artículo\n 276 de la Constitución, por lo que no es de su competencia\n señalar en este caso si el formato de contrato fue elaborado\n con las formalidades y contenidos previstos por el ordenamiento\n jurídico;

\n\n

Que, de conformidad con lo señalado en los considerandos\n precedentes, en la especie el análisis se constreñirá\n al estudio de la vulneración o no de la Resolución\n N-187-95-CP de 20 de septiembre de 1995 del Tribunal de Garantías\n Constitucionales, confirmada por la Sala de lo Administrativo\n de la Corte Suprema de Justicia de 2 de octubre de 1996, resolución\n dictada de conformidad con la entonces vigente cuarta disposición\n transitoria contenida en la tercera codificación de la\n Constitución, publicada en el Registro Oficial N0 969\n de 18 de junio de 1996;

\n\n

Que, mediante la resolución reseñada en el considerando\n anterior, se declaró la inconstitucionalidad del segundo\n artículo innumerado de las disposiciones generales de\n la Ley Reformatoría a la Ley de Radiodifusión y\n Televisión, que señalaba lo siguiente: "el\n servicio de televisión por cable incorporará de\n manera obligatoria y sin costo alguno para las panes, a todos\n los sistemas de televisión abiertos al público\n en general, que utilizan frecuencias radioeléctricas y\n que sean sintonizables en áreas de cobertura de dicho\n servicio"

\n\n

Que, el Tribunal de Garantías Constitucionales estimó\n que la disposición citada era violatoria a la libertad\n de industria y comercio, la que actualmente se consagra en el\n número 16 del artículo 23 de la codificación\n constitucional vigente como libertad de empresa, al exigir de\n las operadoras una obligación sin obtener la debida contrapartida,\n lo que, además, se relaciona con el derecho de propiedad,\n entre otras consideraciones constitucionales, que, de modo general,\n fueron confirmadas por la Sala de lo Administrativo de la Corte\n Suprema de Justicia;

\n\n

Que, con fecha 1 de noviembre del 2001, el Superintendente\n de Telecomunicaciones y el Gerente de la compañía\n TV. Cable SA., suscriben el Contrato de Autorización de\n un Sistema de Televisión por Cable que otorga el CONARTEL\n a través de la Superintendencia de Telecomunicaciones\n a favor de la Compañía TV. CABLE SA., cuya escritura\n pública fue otorgada por el Notario Público Primero\n del Distrito de Quito, doctor Jorge Machado Cevallos;

\n\n

Que, se hace presente que el 18 de octubre del 2001 el peticionario\n impugna el formato de contrato al estimar que la incorporación\n de la cláusula novena en el formato de contrato implica\n desacato a las citadas resoluciones del Tribunal de Garantías\n Constitucionales y de la Sala de lo Administrativo de la Corte\n Suprema de Justicia, mas con fecha 1 de noviembre del 2001 suscribe\n el contrato, que contiene dicha cláusula;

\n\n

Que, la cláusula octava del contrato señala:\n "OCTAVA: PROGRAMACIÓN.- El operador garantizará\n que el suscriptor del servicio de televisión por cable\n pueda elegir automáticamente entre la programación\n que él ofrece en su sistema y la programación de\n la televisión abierta que su receptor pueda sintonizar\n en el área autorizada; y en el caso de canales internacionales,\n los que legalmente haya contratado a quien origina la señal\n o su representante, debiendo entregar copia de los documentos\n que así lo acredita a la Superintendencia de Telecomunicaciones.\n Los sistemas de audio y video por suscripción podrán\n difundir únicamente programación legalmente contratada\n y debidamente autorizada por que origina la señal, de\n ser el caso, el Concesionario responderá judicial y extrajudicialmente\n por toda reclamación.";

\n\n

Que, como se evidencia de los textos contenidos en la norma\n declarada inconstitucional y en la cláusula en comento,\n no existe vulneración ni incumplimiento, 'por añadidura,\n de la resolución del Tribunal de Garantías Constitucionales,\n pues esta última se refiere a la inconstitucionalidad\n de la obligación de incorporar al servicio los canales\n de televisión abierta, sin costo para el suscriptor, mas\n en la cláusula octava del contrato se obliga a la compañía\n a que posibilite la elección automática entre la\n televisión abierta y la programación de la televisión\n pagada por parte del suscriptor;

\n\n

Que, el Tribunal Constitucional, no tiene facultades para\n pronunciarse sobre el contenido de un contrato, en el que se\n expresa la voluntad de los comparecientes de modo bilateral y\n en relación de coordinación, el mismo que ya ha\n sido celebrado entre TV. Cable SA., y el Conartel a través\n de la Superintendencia de Telecomunicaciones;

\n\n

Que, en todo caso, se debe . insistir en el hecho que este\n Tribunal no detecta que en la cláusula octava del contrato\n se haya vulnerado la resolución N0 187-95-CP del Tribunal\n de Garantías Constitucionales, confirmada por la Sala\n de lo Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, al tratar\n un objeto diferente e imponer una obligación diversa de\n la que se preveía en la norma declarada inconstitucional,\n insistiendo que esta obligación ha sido asumida libre\n y voluntariamente por TV. Cable S.A., al suscribir el contrato\n de 1 de noviembre del 2001; y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones,

\n\n

Resuelve:

\n\n

1. Declarar que, en el presente caso no existe incumplimiento\n ni, por tanto, desacato a la Resolución del Tribunal de\n Garantías Constitucionales materia de este procedimiento,\n en razón de que la cláusula octava del contrato\n suscrito entre el Conartel, a través de la Superintendencia\n de Comunicaciones, y la compañía TV. Cable SA.,\n no contradice la Resolución No. 187-96-CP del Tribunal\n Constitucional confirmada por la Sala de lo Administrativo de\n la Corte Suprema de Justicia el 27 de agosto de 1996.

\n\n

2. Señalar que no compete al Tribunal Constitucional\n pronunciarse sobre temas atinentes a la legalidad que derivan\n de la suscripción de contratos.

\n\n

3. Publicar esta Resolución en el Registro Oficial.\n -Notifíquese".

\n\n

f.) Dr. Marco Morales Tobar, Presidente.

\n\n

Razón: Siento por tal, que la resolución que\n antecede fue aprobada con ocho votos a favor correspondientes\n a los doctores Guillermo Castro, Oswaldo Cevallos, Luis Chacón,\n Carlos Helou, Luis Mantilla, Hernán Rivadeneira, Hernán\n Salgado y Marco Morales; y, un voto salvado del doctor René\n de la Torre, en sesión de cinco de febrero del dos mil\n dos.-Lo certifico.

\n\n

f) Dr. Victor Hugo López Vallejo, Secretario General.

\n\n

VOTO SALVADO DEL DOCTOR RENE DE LA TORRE ALCÍVAR

\n\n

"EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso signado con el Nro. 78-95

\n\n

Con los antecedentes expuestos en el voto de mayoría,\n y estando conforme con el considerando segundo del voto de mayoría\n que textualmente dice "Que, se debe hacer presente que el\n Tribunal Constitucional no puede emitir un pronunciamiento ajeno\n a sus atribuciones, facultades que de modo general se consignan\n en el artículo 276 de la Constitución, por lo que\n no es de su competencia señalar en este caso si el formato\n de contrato fue elaborado con las formalidades y contenidos previstos\n por el ordenamiento jurídico" y teniendo presente\n que el articulo 278 de la Constitución dispone que en\n caso de no cumplirse las resoluciones del Tribunal, a petición\n de parte o de oficio el Tribunal impondrá las sanciones\n previstas en la Ley y como en la Ley del Control Constitucional\n que el Congreso Nacional manifestó que tiene el carácter\n de orgánica, el Tribunal no tiene competencia para pronunciarse\n en el presente caso y por eso salvo mi voto en los términos\n indicados.

\n\n

f) Dr. René de la Torre Alcívar, Vocal.

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Quito,\n a 15 de febrero del 2002.- f.) El Secretario General.

\n\n

 

\n\n

Nro. 010-2001-CI

\n\n

"EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso Nro. 010-2001-CI

\n\n

ANTECEDENTES: El doctor Gustavo Noboa Bejarano, Presidente\n Constitucional de la República, mediante Oficio N0 1-1718\n DAJ-2001-4976, de 27 de diciembre del 2001, pone en conocimiento\n del Tribunal Constitucional, por ser de su competencia, el Informe\n de la Comisión Especial Permanente de Asuntos Internacionales\n y Defensa Nacional del Congreso Nacional atinente al "ACUERDO\n MARCO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS VIVOS MARINOS\n EN LA ALTA MAR DEL PACIFICO SUDESTE-ACUERDO DE GALÁPAGOS-",\n a fin de que este Tribunal emita el dictamen correspondiente,\n conforme lo disponen el segundo inciso del artículo 162\n y numeral 5 del articulo 276 de la Constitución Política\n de la República.

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, el número 12 del artículo 171, de la Constitución,\n determina entre las atribuciones y deberes del Presidente: "Definir\n la política exterior, dirigir las relaciones internacionales,\n celebrar y ratificar los tratados y convenios internacionales\n previa aprobación del Congreso Nacional, cuando la Constitución\n lo exija"; -

\n\n

Que, el artículo 161, numeral

 

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