Registro Oficial. DICIEMBRE14 de DICIEMBRE del 2001

Viernes, 14 de diciembre de 2001

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE DICIEMBRE DEL 2001
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 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
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 Viernes, 14 de Diciembre del 2001

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REGISTRO OFICIAL No. 474

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

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FUNCION EJECUTIVA

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DECRETO:
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\n 2163 Mientras  dure la\n ausencia en cl país del Presidente Constitucional de la\n República, Dr. Gustavo Noboa Bejarano, en la  ciudad\n de San José - Costa Rica, deléganse atribuciones\n al señor Dr. Marcelo Merlo Jaramillo, Ministro de Gobierno\n y Policia.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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TERCERA SALA

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RESOLUCIONES:
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\n 009-2001-lll-SALA-AA Deséchase \n la demanda de  inconstitucionalidad solicitada por el señor\n Basler Alonso  Jaramillo Eras, por improcedente.

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010-2001-III-SALA-AA\n Deséchase la  demanda\n de  inconstitucionalidad presentada por el ex Policía\n Rosevelt Giovanny Pilco Albán, por improcedente.

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018-2001-lll-SALA-HC Confirmse la resolución\n del Alcalde de Manta y niégase el hábeas \n corpus propuesto por la abogada Ximena Briones Pachai.

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021-2001-III-SALA-HD  Confirmase la resolución\n del Juez Séptimo de  lo Civil de  Pichincha\n y  niégase el hábeas data solicitado por Miguel \n Eduardo García Costa.

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365-2001-III-SALA-RA  Confirmase la resolución de la Primera\n Sala del  Tribunal Contencioso Administrativo, Distrito\n dc Quito, concedese el amparo solicitado por Liliana Balbina\n Samaniego Ojeda.

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366-2001-III-SALA-RA No  admitir la accion planteada por el señor\n Pedro Gabino  Rodriguez Yagual y otros, por falta de juramento.

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367-2001-III-SALA-RA Revocase Ia resolución\n pronunciada por el Juez Tercero de lo Civil de  Sucumbios\n y deséchanse la acción de  amparo constitucional\n propuesta por Benigno Santos Carcelén Condoy, por improcedente.

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368-2001-III-SALA-RA\n No admitir la acción planteada\n por  Ia señora Doris Glenda Perez Ormaza y otra,\n por falta de juramento

\n\n

369-2001-III-SALA-RA No  admitir la acción\n planteada por el señor Galo Edilberto Pérez Pozo,\n por falta de juramento.

\n\n

370-2001-III-SALA-RA Confirmase la resolución\n del Juzgado de  instancia y niégase el amparo solicitado\n por Dora Elizaheth Puente Jaramillo.

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371-2001-III-SALA-RA Revócase la resolución\n del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por\n el Lcdo. Darwin Wilfrido Ramos Proaño.

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372-2001-III-SALA-RA Deséchase el recurso\n de apelación planteado por el abogado Walter Gustavo Drouet\n Murillo.

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373-2001-III-SALA-RA  Confirmase la resolución\n del  Juez de instancia y niégase el  amparo\n solicitado por  Armando Gustavo Yepez Villamar, por improcedente.

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374-2001-III-SALA-RA  Concedese el amparo solicitado por Luis Alfredo\n Vásquez Mera  y suspéndense los efectos\n de la resolución del Director Provincial de Obras Públicas\n de Imbabura.

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375-2001-III-SALA-RA No  admitir la acción\n planteada por la señora Rosa Matute Naranjo, por falta\n de juramento.

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376-2001-lll-SALA-RA  Confirmase la resolución deI Juzgado\n de  instancia y no admitir el  amparo solicitado por\n Roberto Acosta Estrada.

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377-2001-III-SALA-RA Confirmase Ia resolución\n del Juez de instancia y niégase la acción de amparo\n propuesta por Néstor Gonzalino Jara Cárdenas.

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379-2001-III-SALA-RA Confirmase la resolución \n del Juez de instancia y cuncedese el amparo solicitado por Ia\n licenciada María Gloria  Casanova Loor.

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380-2001-lll-SALA-RA Revócase  la resolución del Juez\n de  instancia  y acéptase el  amparo solicitado\n por el  Victor Hugo Palma Vera.

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381-2001-III-SALA-RA No  admitir Ia acción planteada por \n la señora Griselda de  Lourdes Tello Chinga, por\n improcedente.

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382-2001-III-SALA-RA No  admitir Ia acción\n de amparo propuesta por María Estela Carvajal Montes de\n Alcívar.

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385-2001-lll-SALA-RA Confirmese la resolución pronunciada por el\n Juez Décimo Tercero de lo  civil de Pichincha que\n niega el recurso de amparo constitucional solicitado por Jaime\n Carrillo Cruz.

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386-2001-III-SALA-RA\n Confirmase la resolución\n adoptada por cl Juez de instancia y declárase improcedente\n el amparo solicitado por el señor Gustavo Luzuriaga Vargas\n y otro.

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387-2001-III-SALA-RA Confirmase la resolución  emitida por\n el Juez de  instancia y niégase el amparo solicitado\n por Héctor Lago Macías.

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388-2001-III-SALA-RA Concédese el amparo solicitado por la señorita\n Carmen Beatriz Guillin y en consecuencia, suspéndense\n los efectos de la acción de personal No  091.RRH.CPB2000.

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389-2001-III-SALA-RA No admitir  la acción\n planteada por falta de juramento propuesta por el señor\n Hugo Inchilema Guallo.

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390-2001-III-SALA-RA Confirmase la resolución\n pronunciada por el Juez Noveno de lo Civil de Pichincha y deséchase \n la acción de amparo deducida por José Martín\n Lagla Lagla.

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391-2001-III-SALA-RA No admitir la acción planteada por falta dc\n juramento propuesta por el señor Martín Bolívar\n Cabrera Freire.

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392-2001-III-SALA-RA  Confirmase la resolución que niega la\n acción de amparo constitucional propuesta por el señor\n Felipe Jhonn Nieves.

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393-2001-llI-SALA-RA Confirmase la resolución\n pronunciada por el Juez Primero de lo Civil del Carchi, con Ia\n que niega el amparo constitucional propuesto por el Ing. Marco\n Antonio Rosero Bolaños.

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395-2001-llI-SALA-RA Confirmase la resolución\n pronunciada por el Juzgado Décimo de Io Civil de Pichincha,\n en las acciones de amparo constitucional presentadas por el Cabo\n Primero de Policia  Juanacio Jachero Segundo  Luis\n César.
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ORDENANZAS MUNICIPALES:
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\n - Cantón Santa Ana de Cotacachi: \n Sustitutiva para el cobro de Ias contribuciones especiales de\n mejoras por obras ejecutadas.

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- Cantón\n Santa Ana de Cotacachi: Que reglamenta la conservación y ocupación\n de la vía pública.
\n  
\n ORDENANZA PROVINCIAL:
\n
 
\n - Provincia de Los Ríos:\n Expídese la Ordenanza Administrativa  para recoger\n la denominación tipificada  en la Constitución\n Política  como Gobierno Provincial  Autónomo.
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N0 2163

\n\n

Gustavo Noboa Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el señor Vicepresidente Constitucional de la República,\n Ing. Pedro Pinto Rubianes se encuentra con licencia por motivos\n de salud: y,

\n\n

En ejercicio de la facultad que le confiere el articulo 169\n de la Constitución Política de la República,\n que prevé en ausencia temporal del Presidente de la República,\n el orden de delegación.

\n\n

Decreta:

\n\n

Articulo único.- Mientras dure la ausencia del país\n del Presidente Constitucional de la República. Dr. Gustavo\n Noboa Bejarano, en la ciudad de San José - Costa Rica\n del 6 al 8 de diciembre del 2001, delégase al señor\n Dr. Marcelo Merlo Jaramillo, Ministro de Gobierno y Policía,\n el ejercicio de las atribuciones a las que se refieren los artículos\n 153, 171, 180, 181 y 182 de la Constitución Política\n de la República.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 5 de diciembre del\n 2001.

\n\n

f) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la\n República.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f) Marcelo Santos Vera. Secretario General de la Administración\n Pública.

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N0 009-2001-III-SALA-AA

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CASO No. 020-01-AA

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
\n TERCERA SALA

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Quito, noviembre 22 del 2001.- Las 12h15.

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ANTECEDENTES:

\n\n

El señor Basler Alonso Jaramillo Eras, por sus propios\n derechos y con el informe favorable del señor Defensor\n del Pueblo sobre la procedencia de su demanda, amparado en lo\n dispuesto en los artículos 276 numeral 2 y 277, numeral\n 5 de la Constitución Política concurre ante el\n Tribunal Constitucional y solicita se declare la inconstitucionalidad\n del acto administrativo contenido en la resolución adoptada\n por la que se le da de baja de la Institución Policial\n publicada en la orden general No. 174 correspondiente al 8 de\n septiembre del 2000.

\n\n

Manifiesta el demandante que su baja tiene como antecedente\n la resolución de 13 de junio del 2000 del H. Consejo Superior\n de la Policía Nacional, que ratifica la Resolución\n 99-449-CCP adoptada por el H. Consejo de Clases y Policía,\n en la que establece su mala conducta profesional, Consejo que\n por su denominación de especial es inconstitucional, por\n lo que sus resoluciones carecen de valor jurídico. Añade\n que en la resolución se ha omitido juzgarle conforme a\n leyes preexistentes con observancia del trámite propio\n de cada procedimiento, acusándole de cometer varios delitos,\n que mientras no exista sentencia condenatoria opera a su favor\n la presunción de inocencia. La baja no se dio de conformidad\n con el artículo 66 literal d) de la Ley de Personal de\n la Policía Nacional, es más los días que\n se dice cometió los delitos no se encontraba en actos\n de servicio, por lo que debía ser juzgado por los jueces\n comunes. Que en un juicio penal que se le siguió fue sobreseído\n definitivamente por lo que es inocente de todos los cargos que\n se le atribuyen y debía continuar en la Policía\n Nacional, que pese a haber sido notificada, el H. Consejo de\n Clases dictó su resolución en contra del compareciente\n por los mismos hechos.

\n\n

Que se han violado normas constitucionales contenidas en los\n artículos 23, numeral 26; 24 numerales 11, 14, 15 y 16,\n 187.

\n\n

El Comandante General de Policía, da contestación\n a la demanda impugnando los argumentos de hecho de derecho de\n la misma, por cuanto Basler Jaramillo Eras fue dado de baja por\n los hechos bochornosos en que se encontraba involucrado que lesionaron\n gravemente el prestigio institucional que señala la norma\n jurídica 54 de la Ley de Personal de la Policía\n Nacional y que actos de esa naturaleza no se puede permitir a\n miembros uniformados dentro de las filas de la Institución.\n Presenta en 53 copias certificadas la documentación en\n la que, manifiesta, constan la serie de irregularidades y delitos\n en que ha incurrido el ex Policía Basler Jaramillo, amparado\n y camuflado en el uniforme de la Policía Nacional Que\n la Policía Nacional no puede aventurarse a emitir informe\n en contra de persona alguna que esté involucrada en delitos\n y otros actos ilegítimos, sin previamente realizar en\n primera instancia un trabajo de inteligencia e investigación,\n como en el presente caso en que después de haber obtenido\n datos, pruebas testimoniales 'materiales, se ha elaborado el\n informe final que no da lugar a dudas sobre los hechos y responsabilidades\n en que ha incurrido el ex-Policía en referencia.

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Con estos antecedentes para resolver la Tercera Sala realiza\n las siguientes,

\n\n

Consideraciones:

\n\n

PRIMERA: La Sala es competente para conocer y resolver el\n presente caso, al tenor de lo que dispone el articulo 276 numeral\n 2 de la Constitución.

\n\n

SEGUNDA.- No se observa omisión de solemnidad sustancial\n que influya en la decisión de la causa, por lo que se\n declara su validez.

\n\n

TERCERA.- A fojas 1-9 del expediente consta la certificación\n emitida por el Jefe y el Secretario del Archivo General de la\n Comandancia General de la Policía Nacional respecto a\n la Orden General N0 174 de 8 de septiembre del 2000, así\n como copias de las resoluciones del Consejo de Clases y Policías\n y del Consejo Superior de Clases y Policías que establecen\n mala conducta profesional del Cabo Segundo Basler Alonso Jaramillo\n Eras y solicitan se proceda a dar de baja de la institución\n al mencionado miembro de la Policía Nacional, con fundamento\n en los artículos 66 literal i), 53 inciso 4 y 54 de la\n Ley de Personal de la Policía Nacional.

\n\n

CUARTA.- Del análisis del expediente se concluye que,\n habiendo actuado con competencia los respectivos Consejos de\n la Policía Nacional, procedieron a analizar la conducta\n profesional del ahora accionante, en base al informe y documentos\n relativos a la investigación realizada precisamente para\n determinar la conducta, entre otros del cabo Segundo Jaramillo,\n estableciendo que se han realizado varias diligencias, se han\n receptado declaraciones de los inculpados, de personas que han\n conocido de los hechos investigados, que han hecho uso del derecho\n de defensa con el patrocinio de su respectivo abogado defensor.

\n\n

QUINTA.- De fojas 47 a 91 obra el informe del Departamento\n de Inteligencia de El Oro relativo a la investigación\n sobre varios hechos que constituirían delitos como tráfico\n de droga, apropiación indebida de droga, asociación\n ilícita, tenencia ilegal dé armas, apropiación\n de vehículo robado y otros, en relación con varios\n miembros de la Policía Nacional y entre ellos el accionante,\n informe que sirvió de base para la calificación\n de mala conducta profesional del accionante, entendida como tal\n los "actos ejercidos por miembros policiales que lesionan\n el prestigio de la Institución o que atentan gravemente\n la moral y las buenas costumbres", conforme la definición\n contenida en él articulo 54 de la Ley de Personal de la\n Policía Nacional, lo cual es lógico suponer si\n se considera que, como miembros de la institución llamada\n al cuidado del orden seguridad ciudadanas, no debe permitirse\n siquiera sospecha de cometimiento de actos delictivos, no así\n si de las pruebas en el proceso se desprende que el accionante\n aparece involucrado en varias inconductas.

\n\n

SEXTA. - En esencia el actor no fue distraído de su\n juez natural pues en aplicación del fuero especial de\n que gozan los miembros de la fuerza pública fue sancionado\n conforme a las leyes que rigen la Policía Nacional y específicamente\n para los casos en que las actuaciones de los miembros policiales,\n dentro o fuera de la Institución, configuren mala conducta,\n profesional, lo cual es independiente a cualquier sanción\n de carácter penal que pudiere o no habérsele impuestos\n por la justicia ordinaria, por lo que lo actuado no contraría\n la disposición contenida en el articulo 187 de la Constitución,\n referida al fuero especial.

\n\n

SÉPTIMA.- Del análisis realizado en las consideraciones\n anteriores, se concluye que los actos impugnados en esta acción\n guardan conformidad con las disposiciones constitucionales relativas\n a la seguridad jurídica, en tanto se aplicó la\n normativa legal vigente en la Institución Policial, en\n cuanto la conducta del actor dice relación con la institución:\n y, en cuanto tiene relación con la responsabilidad penal\n que dichos actos pudieren ocasionar, la documentación\n fue enviada al juez del fuero común, conforme manifiesta\n el demandado: por otra parte, no existen evidencias procesales\n de haber actuado contrariando la Constitución y la Ley\n actuación de pruebas actuadas en el análisis de\n la conducta profesional del actor, ni que se haya juzgado su\n conducta como miembro de la Institución Policial en más\n de una ocasión

\n\n

Por lo expuesto. LA TERCERA SALA,

\n\n

Resuelve:

\n\n

1. Desechar la demanda de inconstitucional, por improcedente:\n y,

\n\n

2. Publicar en el Registro Oficial.- Notifíquese.

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f) Dr. Hernán Rivadeneira Játiva, Presidente\n de la Tercera Sala

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f) Dr. René de la Torre Alcívar, Vocal

\n\n

f) Dr. Oswaldo Cevallos Bueno, Vocal Suplente.

\n\n

RAZÓN: Siento por tal que la resolución que\n antecede se aprobó el día veinte y dos de noviembre\n del dos mil uno.- Lo certifico.

\n\n

f) Dra. Carmen Estrella Cahueñas, Secretaria de Sala\n (E).

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- TERCERA SALA.- Es fiel copia del\n original.- Quito, a 29 de noviembre del 2001
\n f) Ilegible.- Secretario de la Sala.

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No. 010-2001-III-SALA-AA

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CASO No. 017-2001-AA

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
\n TERCERA SALA

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Quito, noviembre 29 del 2001.- Las 09h00.

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ANTECEDENTES:

\n\n

El Policía en servicio pasivo Rosevelt Giovanny Pilco\n Albán, comparece ante el señor Presidente del Tribunal\n Constitucional y propone demanda para que se declare la inconstitucionalidad\n del acto administrativo emitido en su contra, esto es la Resolución\n de Baja que se halla publicada en la Orden General No. 174, en\n su articulo 140 del 8 de septiembre del 2000. Manifiesta:

\n\n

Que, el 8 de septiembre del 2000, el señor Comandante\n General de la Policía Nacional ha procedido a darle de\n baja de las filas policiales, la que consta en la Orden General\n No. 174 en su artículo 14avo, teniendo como antecedentes\n la Resolución No. 2000-173-CS-PN del H. Consejo Superior\n de la Policía Nacional de fecha 31 de mayo del 2000; resolución\n dictada en última instancia administrativa, a la apelación\n de la Resolución No. 99-304-CCP-PN dictada por el H. Consejo\n de Clases y Policías el 18 de agosto de 1999.

\n\n

Que, en la Resolución No. 99-304-CCP-PN, en el numeral\n 6 del considerando manifiesta: "6) Se determina que el señor\n Policía Rosevelt Pilco Albán, el día 31\n de agosto de 1997 entrega al señor Oficial de Guardia\n de la Prevención de Tránsito de Pichincha, una\n boleta y una cédula de ciudadanía con los nombres\n de Raúl Armando Naranjo Carrera, para obtener la libertad\n de Henry Raúl Abril Naranjo, quien se encontraba detenido\n por conducir en estado de embriaguez, a sabiendas de conocer\n su verdadera identidad, por mantener una amistad desde mucho\n tiempo atrás, al ser oriundos del sector de San Miguel,\n provincia de Los Ríos y además ser pariente de\n su madre.", que en el inciso nueve del considerando de la\n Resolución No. 2000-173-CS-PN, consta también textualmente\n la transcripción anterior.

\n\n

Que, por los hechos sucedidos el 31 de agosto de 1997, en\n circunstancias que se encontraba franco, en el numeral uno de\n la parte resolutiva No. 99-304-CCP-PN, se manifiesta: 1.- Declarar\n que los señores Cabo Segundo de Policía Ríos\n Zabala Mario Fidel y Policía Pílco Albán\n Rosevelt Giovanny, con su actuar lejos de cumplir con la misión\n policial a ellos encomendada han lesionado gravemente el prestigio\n institucional, atentando gravemente contra la moral y las buenas\n costumbres, encuadrando sus conductas en lo que establece el\n artículo 54 de la ley de Personal de la Policía\n Nacional, por lo que se establece mala conducta profesional:\n que en el numeral uno de la parte resolutiva de la No. 2001-173-CS-PN\n manifiesta: "Ratificar el contenido de la Resolución\n No. 99-304-CCP-PN..." es decir que en dichas resoluciones\n constan flagrantes violaciones a sus derechos constitucionales.

\n\n

Que, el 31 de agosto de 1997 se encontraba franco y aprovechando\n de su día franco, a pedido de un familiar del señor\n Raúl Armando Naranjo Carrera, se trasladó hasta\n donde el Oficial de Guardia de la Prevención de Tránsito\n de Pichincha con la Boleta de Libertad No. 98992 del 31 de agosto\n de 1997 firmada por el señor Juez Segundo de Transito\n de Pichincha y se pregunta si el ciudadano policía estando\n franco presenta una Boleta de libertad a cualquier autoridad\n policial, "lesiona gravemente el prestigio Institucional\n o atenta gravemente contra la moral y las buenas costumbres".

\n\n

Que, por los razonamientos que realiza en su libelo de demanda,\n sostiene, que el Acto Administrativo le da de baja de las filas\n de la Policía Nacional se lo hizo conculcándole\n normas constitucionales y legales como son los artículos\n 23 numeral 27; 24 numerales 1, 3, 7, 11, 14 y 15; 186, 187; 192\n y 272 de la Constitución Política de la República\n y el articulo 110 de la Ley de Personal de la Policía\n Nacional.

\n\n

El General Inspector de Policía, ingeniero Jorge Molina\n Núñez, en su condición de Comandante General\n de la Policía Nacional. al contestar la demanda presentada\n por el ex
\n Policía Nacional Rosevelt Giovanny Pilco Albán,\n manifiesta:

\n\n

Que, niega y simplemente los fundamentos de hecho y de derecho\n contenidos en la demanda de inconstitucionalidad formulada por\n Rosevelt Giovanny Pilco Albán.

\n\n

Que, la demanda es improcedente en el fondo y en la forma:\n no es verdad que se haya violado la disposición legal\n del articulo 24 numerales 11 y 187 de la Constitución\n Política de la República y peor que se haya inobservado\n lo dispuesto en el articulo 186 inciso primero de la Carta Magna.

\n\n

Que, el recurrente durante toda la etapa investigativa estuvo\n asistido de su abogado defensor y se ha observado el debido proceso

\n\n

Que, la institución Policial al haber dado de baja\n de las filas policiales a los señores Cabo Segundo de\n Policía Ríos Zabala Mario Fidel y Policía\n Nacional Pilco Albán Rosevelt Giovanny ha emitido las\n Resoluciones Nos. 99-304-CCP-PN de 18 de agosto de 1999 y la\n No. 2000-173-CS-PN de 31 de mayo del 2001, y publicadas en la\n Orden General No. 174 de 8 de septiembre del 2000, se encuentran\n en estricto apego a la Constitución Política, a\n las leyes y Reglamentos de la Policía Nacional, como así\n lo determina la Tercera Sala de la Corte Superior de Justicia\n del Distrito de Quito en la resolución dictada con fecha\n 8 de noviembre del 2000 dentro del recurso de amparo constitucional\n No. 99-2000 interpuesto por el ex Policía Rosevelt Giovanny\n Pilco Albán.

\n\n

Que, la Tercera Sala del Tribunal Constitucional en el Caso\n No. 733-2000-RA. Resolución No. 182-2000-IIl-SALA-RA de\n 1 de junio del 2001, dentro del recurso de amparo constitucional\n propuesto por el ex Cabo Segundo de Policía Ríos\n Zabala Mario Fidel manifiesta que la Resolución No. 2000-173-SC-PN\n emitida con fecha 31 de mayo del 2001 por el Consejo Superior\n con la que se ratifica el contenido de la Resolución No.\n 99-304-CCP-PN, proviene de autoridad pública, es legitimo,\n emitida por un Organismo que tiene facultades para tal declaratoria,\n alejada de la falta de justicia y en el considerando quinto manifiesta\n que las dos resoluciones son legitimas.

\n\n

Que, al no existir inconstitucionalidad alguna en las resoluciones\n asumidas por el H. Consejo de Clases Policías así\n corno del H. Consejo Superior de la Policía Nacional,\n solícita se deseche la demanda y se disponga su archivo.

\n\n

Al encontrarse el expediente en estado de resolver, la Sala\n hace las siguientes.

\n\n

Consideraciones:

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PRIMERA.- El Tribunal Constitucional, de acuerdo con el numeral\n 2 del artículo 276 de la Constitución Política\n de la República, es competente para conocer y resolver\n en este caso:

\n\n

SEGUNDA.- La demanda de inconstitucionalidad presentada por\n el ex Policía Rosevelt Giovanny Pilco Albán cuenta\n con el informe favorable de procedencia emitido por el Defensor\n del Pueblo (s). Se ha dado cumplimiento a la disposición\n del numeral 5 del artículo 277 de a Constitución\n Política de la República:

\n\n

TERCERA. - En el trámite se han observado los mandatos\n legales que aseguran la validez del expediente tramitado en esta\n Sala.

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CUARTA.- Que el actor alega haberse conculcado las normas\n constitucionales y legales, como -son, el derecho al debido proceso\n y a no justicia sin dilaciones: que nadie podrá ser juzgado\n por un acto ti omisión que al momento de cometerse no\n esté legalmente tipificado como infracción penal,\n administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará\n una sanción no prevista en la Constitución o la\n Ley: las leyes determinarán la debida proporcionalidad\n entre infracciones y sanciones; se presumirá la inocencia\n de toda persona cuya culpabilidad no se hubiere declarado mediante\n sentencia ejecutoriada: ninguna persona puede ser distraída\n de su juez competente ni juzgada por tribunal de excepción\n las pruebas obtenidas o actuadas con la violación de la\n Constitución o la Ley, no tendrán validez alguna:\n en cualquier clase de procedimiento, los testigos y peritos estarán\n obligados a comparecer omite el juez y a responder al interrogatorio\n respectivo, y las partes tendrán derecho de acceso n los\n documentos relacionados con tal procedimiento: que los miembros\n de la fuerza pública tendrán las mismas obligaciones\n y derechos de todos los ecuatorianos, salvo las excepciones que\n establecen la Constitución y la Ley, pero garantizándoles\n la estabilidad y profesionalidad, sin que se les pueda privar\n de sus grados, honores, ni pensiones sino por las causas y en\n la forma prevista en la Ley: los miembros de la fuerza pública\n estarán sujetos u fuero especial para el juzgamiento de\n las infracciones cometidas en el ejercicio de sus labores profesionales\n y. en el COSO de infracciones comunes estarán sujetos\n a la justicia ordinaria: que el sistema procesal será\n un medio para la realización de la justicia; que la Constitución\n prevalece sobre cualquier otra norma legal: más si hubiere\n conflicto entre normas de distinta jerarquía, las cortes,\n tribunales, jueces y autoridad administrativas lo resolverán,\n mediante la aplicación de la norma jerárquicamente\n superior: y, el artículo 110 de la Ley de Personal de\n la Policía Nacional que es referente a que el fuero de\n los miembros de la Policía Nacional es aplicable solamente\n a las infracciones cometidas en el ejercicio de las funciones\n que le corresponden como miembros de la Institución, sin\n que se les pueda procesar ni privar de sus orados, honores, remuneraciones,\n emolumentos y bonificaciones, sino en la forma y casos que determina\n la ley;

\n\n

QUINTA.- Del examen de los autos se establecen los siguientes\n particulares: a).- El informe No. 005-IGPN-DAI dirigido al Inspector\n General de la Policía Nacional suscrito el 12 de enero\n de 1999 por el Jefe de Asuntos Internos del IGPN, y Asesor Jurídico\n del DAI de la IGPN, determina que el Policía Rosevelt\n Pilco Albán, el 31 de agosto de 1997 ha entregado al Oficial\n de Guardia de la Prevención de Tránsito de Pichincha,\n una boleta y una cédula de ciudadanía con los nombres\n de Raúl Armando Naranjo Carrera, para obtener la libertad\n de Henry Raúl Abril Naranjo, detenido por conducir en\n estado de embriaguez, a sabiendas de conocer su verdadera identidad,\n quien lideraba una banda delincuencial; b).- El H. Consejo de\n Clases y Policías dicto la Resolución No. 99-304-OCP-PN\n y declara que el Policía Pilco Albán Rosevelt Giovanny\n con su actuar, lejos de cumplir con la misión policial\n a él encomendada, han lesionado gravemente el prestigio\n institucional, atentando gravemente contra la moral y las buenas\n costumbres, encuadrando su conducta en lo establecido en el articulo\n 54 de la Ley de Personal de la Policía Nacional: y, solicita\n al señor Comandante General de la Policía Nacional\n proceda a dar de baja de la Institución Policial, entre\n otro, al Policía Pilco Albán Rosevelt Giovanny,\n por haber establecido en su contra mala conducta profesional\n de conformidad con el artículo 66 literal i) en concordancia\n con el inciso cuarto del artículo 53 de la Ley de Personal\n de la Policía Nacional: c).- El Consejo de Clases y Policías\n con Resolución No. 2000-68-OCP, concede el recurso de\n apelación planteado por el Policía Pilco Albán\n Rosevelt Giovanny, para ante el H. Consejo Superior de la Policía\n Nacional: d).- El H. Consejo Superior de la Policía Nacional,\n con la Resolución No. 2000-173-CS-PN. ratifica el contenido\n de la Resolución No. 99-304-CCP-PN adoptada por el H.\n Consejo de Clases y Policías: y, e).- En la Orden General\n No. 174 de 8 de septiembre del 2000 (fs. 12) se ha publicado\n la Resolución No. 2000-3029-OG-B, con la que se da de\n baja de las filas policiales, entre otros al Policía Pilco\n Albán Rosevelt Giovanny por haberse establecido en su\n contra mala conducta profesional, de conformidad con el articulo\n 66 literal i) en concordancia con el inciso cuarto del articulo\n 53 de la Ley de Personal de la Policía Nacional;

\n\n

SEXTA.- Las constancias procesales demuestran que el trámite\n seguido hasta que concluyó con la baja del Policía\n Rosevelt Giovanny Pilco Albán se subordinó a los\n mandatos establecidos en la Ley de Personal de la Policía\n Nacional, Ley Orgánica de la Policía Nacional,\n Reglamento del Consejo de Clases y Policías, sin que se\n hayan conculcado las normas constitucionales alegadas por el\n actor, cuya descripción consta en la consideración\n cuarta.

\n\n

Por todo lo expuesto, la Tercera Sala del Tribunal Constitucional\n en uso de sus atribuciones,

\n\n

Resuelve:

\n\n

1.- Desechar, por improcedente la demanda de inconstitucionalidad\n presentada por el ex Policía Rosevelt Giovanny Pilco Albán;

\n\n

2.- Ordenar el archivo del expediente; y,

\n\n

3.- Notificar a las partes.

\n\n

f.) Dr. Hernán Rivadeneira Játiva, Presidente\n de la Tercera Sala.

\n\n

f.) Dr. René de la Torre Alcívar, Vocal

\n\n

f) Dr. Oswaldo Cevallos Bueno, Vocal.

\n\n

RAZÓN: Siento por tal que la resolución que\n antecede se aprobó el día veinte y nueve de noviembre\n del dos mil uno.-Lo certifico.

\n\n

f.) Dra. Carmen Estrella Cahueñas. Secretaria de Sala\n (E).

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- TERCERA SALA.- Es fiel copia del\n original.- Quito, a 29 de noviembre del 2001.-f.) Ilegible.-\n Secretario de la Sala.

\n\n

 

\n\n

No. 018-2001-Ill-SALA-HC

\n\n

CASO No. 049-2001-HC

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
\n TERCERA SALA

\n\n

Quito, noviembre 6 del 2001.- Las 10h00.

\n\n

ANTECEDENTES:

\n\n

La abogada Ximena Briones Pachay, amparada en lo que dispone\n el artículo 94 de la Constitución Política,\n comparece ante el Alcalde del cantón Manta e interpone\n acción de hábeas corpus en favor de los señores\n Aminuo Haman y Mme Aminou Ngueng Emilienne quienes se encuentran\n privados de la libertad en los calabozos del cuartel policial\n de Manta desde el día 4 de septiembre del 2001 las 10h30\n sin que exista auto de prisión preventiva dictado por\n autoridad competente, ni indagación previa, peor instrucción\n fiscal, por lo que considera arbitraria e ilegal la privación\n de la libertad y solicita la inmediata libertad de los ciudadanos\n africanos.

\n\n

El Alcalde de Manta, emite resolución negando el hábeas\n corpus solicitado, resolución que es apelada para ante\n el Tribunal Constitucional por la abogada Ximena Briones.

\n\n

Con los antecedentes expuestos, para resolver la Tercera Sala,\n hace las siguientes,
\n Consideraciones:

\n\n

PRIMERA.- El Tribunal Constitucional, de acuerdo con el numeral\n 3 del articulo 276 de la Constitución Política\n de la República, es competente para conocer y resolver\n en este caso;

\n\n

SEGUNDA.- El Alcalde, de acuerdo con el inciso segundo del\n artículo 93 de la Constitución Política\n de la República, dispondrá la inmediata libertad\n del detenido si éste no fuere presentado, simio se exhibiere\n la orden, si ésta no cumpliere los requisitos legales,\n si se hubiere incurrido en vicios de procedimiento en la detención\n o sí se hubiere justificado el fundamento del recurso.

\n\n

TERCERA.- A fojas 18 del expediente del hábeas corpus\n tramitado ante el Alcalde de Manta consta el parte policial emitido\n por el Sgpo. de Policía Luis Enrique Pinargote del que\n se establece que ha procedido a la aprehensión de los\n ciudadanos señores Amninuo Haman y Mme Amninou Ngueng\n Emilienne indicándoles que la misma se efectúa\n por haber sido sorprendidos en delito flagrante por falsificación\n de billetes:

\n\n

CUARTA.- A fojas 19 y 20 del expediente se constata que contra\n los señores Anminuo Haman y Mme Aminou Ngueng Emilienne,\n imputados por delito contra la fe pública, el Juez Octavo\n de lo Penal de Manabí ha dictado orden de detención\n provisional, se constata también que el mencionado Juez,\n mediante documento que consta a fojas 21 solícita al Jefe\n del Comando de la Policía Nacional de Manta ordene el\n traslado de los detenidos al Centro de Rehabilitación\n Social de Jipijapa:

\n\n

QUINTA.- No se han justificado los fundamentos de la demanda\n de hábeas corpus a favor Aminuo Haman y Mme Aminou Ngueng\n Emilienne: por lo que se concluye que es improcedente:

\n\n

Por todo lo expuesto, la Tercera Sala del Tribunal Constitucional,\n en uso de sus atribuciones,

\n\n

Resuelve:

\n\n

1.- Confirmar la resolución del Alcalde de Manta, y,\n en consecuencia, negar el hábeas corpus propuesto: y,

\n\n

2.- Devolver el expediente a la Alcaldía de Manta,\n para los fines legales.- Notifíquese.

\n\n

f) Dr. Hernán Rivadeneira Játiva, Presidente\n de la Tercera, Sala

\n\n

f) Dr. René de la Torre Alcívar, Vocal.

\n\n

f) Dr. Oswaldo Cevallos Bueno, Vocal.

\n\n

RAZÓN: Siento por tal que la resolución que\n antecede se aprobó el día seis de noviembre del\n dos mil uno.- Lo certifico.

\n\n

f) Dra. Carmen Estrella Cahueñas, Secretaria de Sala\n (E).

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- TERCERA SALA.- Es fiel copia del\n original.- Quito, a 12 de noviembre del 2001.- f) ilegible.-\n Secretario de la Sala.

\n\n

 

\n\n

No. 021-2001-III-SALA-HD

\n\n

CASO No. 038-2001-HD

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
\n TERCERA SALA

\n\n

Quito. 26 de octubre del 2001.- 12h45.

\n\n

ANTECEDENTES:

\n\n

Ante el Juez Séptimo de lo Civil de Pichincha comparece\n MIGUEL EDUARDO GARCÍA COSTA, quien fundamentado en las\n disposiciones contenidas en los artículos 94 de la Constitución\n Política y 34 y siguientes de la Ley de Control Constitucional,\n interpone acción de hábeas data en contra de la\n compañía MASTERCARD SA. a fin de que se disponga\n que esta compañía exhiba todos los documentos sustentativos\n a su cuenta correspondiente a las tarjetas de crédito\n N0 5413 607 1187 1574, 5422 5807 1181 8419 y 5422 5807 1183 6635,\n de las cuales ha sido titular especialmente estados de cuenta\n y documentos que acrediten los débitos realizados en ellas\n por su persona o por su hijo Juan Miguel García Mancero.

\n\n

Manifiesta que el 31 de enero de 1996 Mastercard S.A. le entregó\n una tarjeta de crédito N0 5413 607 1187 1574 y una adicional\n para su hijo, tarjeta que por pérdida fue restituida por\n otra N0 5422 5807 1181 8419, siendo esta última renovada\n el 29 de enero de 1997 con el número 5422 5807 1183 6635.\n Que, con fecha de corte 25 de abril de 1997 recibió el\n estado de cuenta- en el que aparecen débitos por 4.120\n dólares en fechas que van del 9 a 11 de abril de 1997.\n habiendo presentado un legitimo reclamo sobre esta -situación,\n como resultado de lo cual le fue acreditada la suma de 4.120\n dólares el 21 de mayo de 1997: sin embargo sorpresivamente,\n en el estado de cuenta con corte 25 de octubre de 1997, cuya\n copia acompaña se debita nuevamente el valor que se le\n había acreditado.

\n\n

Concluye expresando que como tales débitos no lo ha\n hecho, tampoco su hijo, conforme se acreditará de la propia\n exhibición por Martercard, el señor representante\n legal de Mastercard SA. ordena la anulación del saldo\n pendiente que por estos conceptos mantiene que ascienden a la\n suma de 4.120 dólares.

\n\n

La demandada, en escrito presentado ante el Juzgado manifiesta\n que no ostenta la calidad de Gerente General, lo cual invalidaría\n el proceso pues no está legitimada para iniciar o continuar\n los procedimientos previstos el Capítulo II Del Hábeas\n Data del Título II de la Ley del Control Constitucional,\n por lo que solícita que se ordene al accionante demostrar\n que es la Gerente General de la compañía Matercard\n del Ecuador S.A. En igual sentido se pronuncia al comparecer\n a la audiencia pública efectuada.

\n\n

El Juez Séptimo de lo Civil de Pichincha resuelve negando\n el hábeas data solicitado, resolución de la que\n apela el accionante.

\n\n

Con estos antecedentes, la Tercera Sala, para resolver. realiza\n las siguientes,

\n\n

Consideraciones:

\n\n

PRIMERA.- El Tribunal Constitucional, de acuerdo con el numeral\n 3 del articulo 276 de la Constitución Política\n de la República, es competente para conocer y resolver\n en este caso.

\n\n

SEGUNDA.- Según el artículo 34 de la Ley del\n Control Constitucional, las personas naturales o jurídicas\n nacionales o extranjeras que deseen tener acceso a documentos,\n bancos de datos e informes que sobre si mismos o sus bienes estén\n en poder de entidades públicas, de personas naturales\n o jurídicas privadas pueden interponer Hábeas Data;

\n\n

TERCERA.- El articulo 42 de la Ley del Control Constitucional\n dispone que los representantes legales de las personas jurídicas\n de derecho privado están llamadas a dar cumplimiento de\n las resoluciones que concedan el hábeas data, quienes,\n de incumplirlas están sujetos a sanción por lo\n que las acciones de hábeas data deben estar dirigidas\n contra los representantes legales. En el presente caso la demandada\n se ha excepcionado manifestando que no ostenta la calidad de\n Gerenta General y por tanto representante legal de Mastercard:\n el demandante no ha probado que la accionada ostenta tales calidades,\n como tampoco ésta ha probado que otra persona ostente\n las mismas;

\n\n

CUARTA. - El actor pretende, mediante esta acción,\n la exhibición de documentos que prueben el hecho de haber\n efectuado el retiro de valores de las tarjetas que mantiene en\n Mastercard mas, la exhibición de documentos es una diligencia\n previa, preparatoria, que permitirá fundamentar una demanda,\n por lo tanto, es de distinta naturaleza que la acción\n de hábeas data que permite acceder a la información\n que sobre las personas o sus bienes poseen personas naturales\n o jurídicas, públicas o privadas. con el objeto\n de verificar la misma, solicitar su rectificación si existen\n errores, conocer el uso que se le de impedir la difusión\n de información errada, etc., por lo que no puede confundirse\n estas dos instituciones de carácter procesal civil la\n primera y constitucional, la segunda:

\n\n

Por las consideraciones que anteceden, la Tercera Sala del\n Tribunal Constitucional,

\n\n

Resuelve:

\n\n

1.- Confirmar la resolución del Juez Séptimo\n de lo Civil de Pichincha y, en consecuencia, negar el hábeas\n data solicitado: y,

\n\n

2.- Devolver el expediente al inferior para los fines consiguientes.\n - Notifíquese y publíquese.

\n\n

f) Dr. Hernán Rivadeneira Játiva, Presidente\n de la Tercera Sala.

\n\n

f) Dr. René de la Torre Alcívar, Vocal.

\n\n

f) Dr. Oswaldo Cevallos Bueno, Vocal.

\n\n

RAZÓN: Siento por tal que la resolución que\n antecede se aprobó el día veinte y seis de octubre\n del dos mil uno.- Lo certifico.

\n\n

f) Dra. Carmen Estrella Cahueñas, Secretaria de Sala\n (E).

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- TERCERA SALA.- E fiel copia del\n original.- Quito, a 12 de noviembre del 2001.-f) Ilegible.- Secretario\n de la Sala.

\n\n

 

\n\n

No. 365-2001-III-SALA-RA

\n\n

CASO No. 108-2001-RA

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
\n TERCERA SALA

\n\n

Quito, noviembre 1 del 2001.- Las 10h00.

\n\n

ANTECEDENTES:

\n\n

Liliana Balbina Samaniego Ojeda, por sus propios derechos,\n interpone acción de amparo constitucional en contra del\n Ministro de Agricultura y Ganadería,

\n\n

Manifiesta que en enero de 1995, previo el cumplimiento de\n los requisitos legales y reglamentarios, se le designa como Ing.\n Agrónomo Jefe, en la Dirección Agropecuaria de\n Galápagos. Que por el nivel del puesto y la función\n asignada se le reconoce los correspondientes gastos de representación\n y residencia, los mismos que ha venido percibiendo hasta el mes\n de junio del presente año, en que se le concede el traslado\n administrativo de la Agencia de Servicios Agropecuarios del Cantón\n San Cristóbal de la Provincia de Galápagos, a la\n Dirección Nacional Agropecuaria en la ciudad de Quito.\n Que el Director Nacional Agropecuario a través de Memorándum.\n No. 00251-DNA de 9 de agosto del 2000 en conocimiento de que\n por efecto del traslado no se le reconocería los gastos\n de representación y residencia, solícita al Subsecretario\n Técnico Administrativo, disponga que la Dirección\n de Recursos Humanos emita el dictamen respectivo previo el reconocimiento\n y pago de dichos rubros. Dicha Dirección a través\n de Memorándum No. 583 DRH/AS de 23 de agosto, manifiesta\n que el pedido no procede, ya que dicha profesional no está\n dirigiendo ninguna unidad contemplada en la estructura orgánica\n funcional - de la Dirección Nacional Agropecuaria. Posteriormente\n el señor Ministro de Agricultura, a través del\n Subsecretario Técnico Administrativo con oficio No. 0538-DRH/AS,\n ratifica la negativa de atender favorablemente la petición.\n Que dicho acto viola los artículos 119, 120 y 124 de la\n Constitución Política, así como también,\n el inciso segundo del numeral 9 del artículo 35, letra\n a) del articulo 59 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa;\n los artículos 1 y 6 de la Ley de Remuneraciones de los\n Servidores Públicos; articulo 15 del Reglamento de Aplicación\n de dicha Ley. Que en su oportunidad el Ministerio de Finanzas\n a través del Acuerdo No. 054, reguló el reconocimiento\n y pago de los gastos de representación y residencia. Que\n el CONAREM, mediante Resolución No. 013 determinó\n que los gastos de representación y residencia se aplicarán\n exclusivamente a cargos directivos, así también,\n los directivos cuyos puestos se encuentran ubicados en los grados\n 15, 16 y 17, que no dispongan del dictamen correspondiente, deberán\n obtenerlo del Ministerio de Economía. Que la negativa\n de disponer se le continúe reconociendo dichos rubros\n viola los numerales 3, 23 y 26 del artículo 23 de la Constitución\n Política y los dispuestos en los numerales 3, 4 y 6 del\n artículo 35 ibídem. Solícita suspender el\n oficio No. 0538 DRH/AS de 17 de octubre del 2000 y se ordene\n la liquidación y el pago de los gastos de representación\n y residencia.

\n\n

A fojas siete y vuelta, consta la razón sentada por\n el Secretario de la Primera Sala del Tribunal Contencioso Administrativo\n de Quito, que da cuenta, que se llevó a cabo la audiencia\n pública.

\n\n

Dicho Tribunal, resuelve conceder el amparo solicitado. Decisión\n que es apelada para ante el Tribunal Constitucional.

\n\n

Radicada la competencia en la Tercera Sala, para resolver\n se hacen las siguientes.

\n\n

Consideraciones:

\n\n

PRIMERA.- El Tribunal Constitucional, de acuerdo con el numeral\n 3 del artículo 276 de la Constitución Política\n de la República, es competente para conocer y resolver\n en este caso.

\n\n

SEGUNDA.- La acción de amparo procede con el objeto\n de adoptar medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión\n o remediar inmediatamente las consecuencias de un acto u omisión\n ilegítimos de autoridad pública que viole cualquier\n derecho consagrado en la Constitución o en un tratado\n o convenio internacional vigente y que de modo inminente amenace\n con causar un daño grave. También se podrá\n interponer contra los particulares cuando su conducta afecte\n grave y directamente un interés comunitario, colectivo\n o un derecho difuso.

\n\n

TERCERA.- Afirma la recurrente, desde que desempeñaba\n las funciones de Ingeniera Agrónoma Jefa en San Cristóbal\n hasta que fue trasladada a la Dirección Nacional Agropecuaria\n de la ciudad de Quito, se le pagaba los gastos de representación\n y residencia, sin embargo, en virtud del cambio de partida presupuestaria,\n estos rubros han sido suspendidos.

\n\n

CUARTA.- El Acuerdo 054 emitido por el Ministerio de Finanzas\n y Crédito Público estableció la Escala de\n Gastos de Representación y Residencia y reguló\n su reconocimiento y pago, así, su articulo 2 señala:\n "Que los funcionarios ubicados en los grados 15, 16 y 17\n que no han obtenido con anterioridad el dictamen, requerirán\n previo a su aplicación los dictámenes de la Dirección\n Nacional de Personal y Ministerio de Finanzas". A su vez,\n el articulo 3 señala que los funcionarios que percibían\n gastos de representación y residencia continuarán\n percibiéndolos, esto es, consagra los derechos adquiridos\n por los servidores.

\n\n

QUINTA.- Por su parte el CONAREM, a través de Resolución\n No. 013, establece en su artículo 2: "Los gastos\n de representación y residencia se aplicará exclusivamente\n a cargos directivos... ", los directivos a su vez, que se\n encuentran ubicados en los grados 15, 16 y 17 que no dispongan\n del dictamen correspondiente, deberán obtenerlo del Ministerio\n de Economía.

\n\n

SEXTA.- La Acción de Personal de 9 de junio del 2000,\n que autoriza el traslado administrativo de la recurrente, se\n le tija el sueldo básico de cincuenta dólares,\n cantidad que de acuerdo a la resolución No. 013 del CONAREM,\n corresponde al grado quince. Vale destacar, que la recurrente\n al momento en que se posesionó del cargo de Ingeniera\n Agrónoma Jefa de la ASA, San Cristóbal, obtuvo\n el dictamen del Ministerio de Finanzas, por lo tanto, no existe\n necesidad de obtener un nuevo dictamen para tal efecto, en virtud\n del cargo que ostenta tiene derecho a percibir los gastos de\n representación y residencia.

\n\n

SÉPTIMA.- Sin duda, la suspensión en el cobro\n de los gastos de representación y residencia, ocasionan\n un daño económico a la recurrente y su familia\n y la pone en evidente desigualdad frente a aquellos funcionarios\n que ostenta similares cargos que se benefician de dichos rubros,\n esto último, va en contradicción de lo dispuesto\n en el numeral 3 del artículo 23 de la Constitución\n Política del Estado, atinente a la igualdad de las personas\n frente a la' ley. En suma, el acto de suspensión de los\n gastos de representación y residencia de Liliana Balbina\n Samaniego Ojeda, es ilegitimo.

\n\n

Por las consideraciones expuestas, LA TERCERA SALA DEL TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL,

\n\n

Resuelve:

\n\n

1.- Confirmar la resolución de la Primera Sala del\n Tribunal Contencioso Administrativo, Distrito de Quito; y, en\n consecuencia, conceder el amparo solicitado: y,

\n\n

2.- Devolver el expediente al inferior para los fines legales\n consiguientes.- Notifíquese y publíquese.

\n\n

f) Dr. Hernán Rivadeneira Játiva, Presidente\n de la Tercera Sala.

\n\n

f) Dr. René de la Torre Alcivar, Vocal.

\n\n

f) Dr. Oswaldo Cevallos Bueno, Vocal.

\n\n

RAZÓN Siento por tal que la resolución que antecede\n se aprobó el día uno de noviembre del dos mil uno.\n - Lo certifico.

\n\n

f.) Dra. Carmen Estrella Cahueñas, Secretaria de Sala\n (E).

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- TERCERA SALA.- Es fiel copia del\n original.- Quito, a 12 de noviembre del 2001.-f.) Ilegible.-\n Secretario de la Sala.

\n\n

 

\n\n

N°\n 366-2001-III-SALA-RA

\n\n

CASO N0 503-2001-RA

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
\n TERCERA SALA

\n\n

Quito, noviembre 7 del 2001-. Las 12h15.

\n\n

ANTECEDENTES:

\n\n

El seño Pedro Gabino Rodríguez Yagual, Segundo\n Julio Fuentes Méndez, José Aurelio Murillo Rodríguez\n y Mauro Villegas Merchán proponen acción de amparo\n constitucional en contra de el Presidente de la Asociación\n de Comerciantes Minoristas "Feria Libre" a fin de que\n se disponga que el Señor Juan Pingos Toabanda, Presidente\n de la Asociación de Comerciantes Minoristas "Feria\n Libre" lleve a efecto, el desalojo con auspicio de la Fuerza\n Pública.

\n\n

El actor manifiesta que el 11 de abril del presente año,\n presento un oficio de r

 

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