Registro Oficial. OCTUBRE19 de OCTUBRE del 2001

Viernes, 19 de octubre de 2001

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE OCTUBRE DEL 2001
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 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
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Viernes 19 de Octubre del 2001

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REGISTRO OFICIAL No. 436

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

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FUNCION\n LEGISLATIVA
\n LEY REFORMATORIA:

\n\n

2001-48\n Ley Reformatoria\n a  la Ley de  Deducción al impuesto a la renta\n a  las personas naturales o  jurídicas que hagan\n donaciones y  subvenciones a la Fundación Malecón\n 2000.
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\n
FUNCION\n EJECUTIVA
\n DECRETO:
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\n
1952 Dispónese que en la\n comercialización de gas licuado de petróleo a nivel\n nacional, deberá utilizarse una sola válvula que\n cumpla las características de confiabilidad y seguridad\n que establezca el Ministro de Energía y Minas y cuente\n con el certificado de conformidad que para el caso expida el\n Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN.
\n  
\n TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL
\n RESOLUCIONES:
\n
 
\n 006-AA-01-IS Deséchase\n la acción de inconstitucionalidad presentada por el señor\n Lcdo. Buster Gerardo Maldonado Vergara y otro.

\n\n

007-AA-01-IS Deséchase la demanda\n de inconstitucionalidad presentada por el señor Marcos\n Agustin Fernández Sánchez.

\n\n

018-HD-01-IS Confirmase la resolución\n del señor Juez Quinto de lo Civil de Pichincha y niégase\n la acción de hábeas data propuesta por el señor\n Walter Gilbert Ricaurte Patajalo.

\n\n

025-HC-01-IS Niégase el recurso  de hábeas\n corpus formulado por el señor  Oscar Molina Vivanco.

\n\n

202-RA-01-IS Ratificase  la resolución\n venida en grado e  inadmítase la acción de\n amparo propuesta por el ingeniero Marcelo  Eduardo Romero \n Ruales.

\n\n

243-RA-01-IS Confirmase  la resolución\n venida en  grado y  deséchase la acción\n de  amparo propuesta por  la señora Leonor \n Barcia Anchundia.

\n\n

246-RA-01-IS Ratificase la resolución\n venida en grado y deséchase la acción de amparo\n constitucional propuesta por el ingeniero Teodoro Gallegos Salem.

\n\n

262-RA-01-IS Confirmase  la resolución\n venida en grado y deséchase  la acción de\n amparo constitucional formulada por el licenciado Luis Hernán\n Muñoz Pasquel.

\n\n

270-RA-01-IS Revócase la resolución\n venida en grado y admítese la acción de amparo\n constitucional propuesta por el señor Juan Espinoza Ramón\n y otros.

\n\n

282-RA-01-IS Confirmase  la resolución\n venida  en grado y  deséchase la acción\n de  amparo constitucional propuesta por el señor\n Virgilio  Rafael Rodríguez Bermeo.

\n\n

300-01-RA-IS Confirmase la resolución\n venida en grado y recházase la acción de amparo\n propuesta por el señor Juan Bernardo Puente Villafuerte.

\n\n

425-RA-01-IS Revócase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por Yolanda Aracely Bejeguen Bacillo.

\n\n

446-RA-01-IS Niégase la acción\n de amparo propuesta por la señora Maria Esther Correa\n e hijos y confirmase la resolución subida en grado.

\n\n

452-RA-01-I.S Confirmase la resolución\n subida en grado y por consiguiente deséchase la acción\n de amparo constitucional propuesta por la señora Raquel\n Coral Soria, por improcedente.

\n\n

455-RA-01-I.S Revócase la reeolución\n subida en grado, en consecuencia niégase la acción\n de amparo propuesta por el Ing. Marco Gary Cruz Hinojosa, por\n improcedente.

\n\n

456-RA-01-IS Revócase la resolución\n venida en grado y por tanto acéptase la acción\n de amparo propuesta por la señora Carmen Valeriana Méndez\n Morlás.

\n\n

461-RA-01-I.S Deniégase por improcedente\n el amparo interpuesto por el señor Carlos Olmedo Paredes\n Acevedo, y confirmase la resolución subida en grado.

\n\n

462-RA-01-IS Revócase  la resolución\n venida en grado y por tanto  niégase la  acción\n de amparo propuesta por el señor  Juan Pablo Vintimilla\n Vinueza como  Presidente de la Cámara de Comercio \n de Cuenca.

\n\n

464-RA-01-IS Revócase  la resolución \n dictada por el Juez Octavo de lo Civil  de Pichincha; en\n consecuencia, niégase  la acción de amparo\n propuesta por el  ciudadano José Alfredo Calvachi\n Badillo, por  improcedente.

\n\n

465-RA-01-IS Confirmase  la resolución \n subida en grado, y por tanto  niégase la acción \n de amparo  propuesta por el señor Javier Eduardo\n Portilla Charvet.

\n\n

467-RA-01-I.S Deniégase por improcedente,\n el amparo interpuesto por los señores Ney Ramiro Navas\n Altamirano y José Cáceres Villacís, y confirmase\n la resolución de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso\n Administrativo, Distrito de Quito.

\n\n

471-RA-01-IS Revócase la resolución\n venida en grado y por tanto niégase la acción de\n amparo propuesta por los señores Pablo Puente Páez,\n Gonzalo Medina y Mario Marín Lascano en representación\n de sus hijos.

\n\n

473-RA-01-IS Revócase la resolución\n subida en grado y acéptase el recurso de amparo interpuesto\n por el señor Medardo Eudoro Maldonado Larrea, en su calidad\n de Presidente de la Hermandad de Ferroviarios Jubilados del Ecuador,\n en cuanto a que tienen derecho a que se lee pague los rubros\n reclamados.

\n\n

476-RA-01-LS Deniégase por improcedente,\n el amparo interpuesto por el señor Luis Arturo Rosero\n Espinoza, y confirmase la resolución de la Primera Sala\n del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito.

\n\n

519-RA01-IS Revócase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por el señor Jorge Hernán Clavijo Torres

\n\n

539-RA-01-IS Revócase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por los señores Juan Teodoro Toro Lucas y Domingo Ramón\n Pérez Torres a nombre de la Precooperativa Nueva Generación.\n

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\n

 

\n\n

N0\n 2001-48

\n\n

CONGRESO NACIONAL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que en el Segundo Suplemento\n del Registro Oficial No. 173 de 15 de octubre de 1997, se promulgó\n la Ley No. 26, la cual dispone que las donaciones y subvenciones\n que hicieren las personas naturales o jurídicas a favor\n de la Fundación Malecón 2000, destinadas a financiar\n el proyecto de ampliación, construcción, restauración,\n administración y mantenimiento del Malecón sobre\n el río Guayas de la ciudad de Guayaquil, podrán\n ser deducidas anualmente, hasta en un 25% del monto del impuesto\n a la renta causado que los donantes deban como contribuyentes\n por las utilidades que obtengan durante los ejercicios económicos\n de los años 1997 al 2002, inclusive

\n\n

Que los estatutos de la Fundación\n Malecón 2000, en su artículo 3, no limitan la acción\n de la fundación exclusivamente al Malecón del río\n Guayas, sino que le permiten hacer otras obras de similar magnitud\n e importancia, relacionadas con el aspecto fluvial y marítimo\n de Guayaquil, en otros sitios como las riberas del estero Salado

\n\n

Que la I. Municipalidad de Guayaquil\n contratará la ejecución de los trabajos para la\n descontaminación del estero Salado, con recursos provenientes\n de un préstamo que le otorgará la Corporación\n Andina de Fomento;

\n\n

Que en la ciudad de Guayaquil\n el concepto de Malecón no puede aplicarse exclusivamente\n al río Guayas sino también al estero Salado, cuyo\n Malecón debe ser desarrollado;

\n\n

Que es imperativo que la tradición\n marítima y fluvial de Guayaquil y su relación con\n la Armada Nacional se perennicen con la construcción del\n Museo Naval de la
\n Armada Nacional en el cerro Santa Ana, a la orilla del río\n Guayas;

\n\n

Que sin modificar el porcentaje\n de las donaciones y subvenciones que se fijó a favor de\n la Fundación Malecón 2000, y sin alterar el plazo\n establecido en la Ley No. 26, para su percepción, es conveniente\n disponer que la Fundación Malecón 2000 también\n pueda emplear los recursos provenientes de tales donaciones y\n subvenciones, en la misma cuantía y durante el mismo plazo\n originariamente establecidos, para financiar el proyecto de construcción,\n restauración, administración y mantenimiento del\n Malecón del estero Salado de la ciudad de Guayaquil y\n el Museo Naval de la Armada Nacional a orillas del río\n Guayas; y,

\n\n

En ejercicio de sus facultades\n constitucionales y legales, expide la siguiente:

\n\n

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE\n DEDUCCIÓN AL IMPUESTO A LA RENTA A LAS PERSONAS NATURALES\n O JURÍDICAS QUE HAGAN DONACIONES Y SUBVENCIONES A LA FUNDACIÓN\n MALECÓN 2000.

\n\n

Art. 1.- Sustitúyase el\n artículo 1 de la citada ley, por el siguiente:

\n\n

"Art. 1.- Las donaciones\n y subvenciones que se hubieren hecho o que hagan las personas\n naturales o jurídicas a favor de la Fundación Malecón\n 2000, destinadas a financiar exclusivamente los proyectos de\n ampliación, construcción, restauración,\n administración y mantenimiento del Malecón sobre\n el río Guayas de la ciudad de Guayaquil, del Malecón\n sobre el estero Salado de dicha ciudad y del Museo Naval de la\n Armada Nacional, podrán ser deducidas anualmente hasta\n en un 25% del monto del impuesto a la renta causado, que los\n donantes deban como contribuyentes por las utilidades obtenidas\n y que obtengan de los ejercicios económicos durante los\n años 1997 al 2002, inclusive".

\n\n

Art. 2.- La presente Ley, por\n tener el carácter de especial, prevalecerá sobre\n cualquier otra de igual o menor jerarquía que se le oponga\n y entrará en vigencia a partir de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Dada, en el Salón de Honor\n de la M. 1. Municipalidad de la ciudad de Santiago de Guayaquil,\n a los 8 días del mes de octubre del año dos mil\n uno.

\n\n

f.) H. José Cordero Acosta,\n Presidente.

\n\n

f.) Andrés Aguilar Moscoso,\n Secretario General.

\n\n

Palacio Nacional, en Quito, a\n once de octubre del dos mil uno.

\n\n

Promúlguese.
\n f.) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la República.

\n\n

Es fiel copia del original.-\n Lo certifico:

\n\n

f) Marcelo Santos Vera, Secretario\n General de la Administración Pública.

\n\n

 

\n\n

N0\n 1952

\n\n

Gustavo Noboa\n Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el articulo 244, numeral\n 1 de la Constitución Política de la República,\n establece que al Estado le corresponde garantizar el desarrollo\n de las actividades económicas, mediante un orden jurídico\n e instituciones que las promuevan, fomenten y generen confianza;

\n\n

Que el Capitulo I de las disposiciones\n fundamentales, de la Ley de Hidrocarburos reformada por el artículo\n 31 de la Ley para la Promoción de la Inversión\n y la Participación Ciudadana, publicada en el Suplemento\n del Registro Oficial 144 de 18 de agosto del 2000, en su artículo\n 1-A, prohíbe prácticas o regulaciones que impidan\n o distorsionen la libre competencia por parte del sector privado\n o público;

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo\n 3989, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 1002 de\n 2 de agosto de 1996, se expidió el Reglamento para la\n Comercialización del Gas Licuado de Petróleo (GLP),\n en cuyo artículo 5, literal g) se establece como requisito\n para la calificación de las comercializadoras la propuesta\n del tipo de válvula a utilizarse en la comercialización\n del OLP; y, el articulo 10 numerales 11 y 13, obliga a las comercializadoras\n envasar y expender el GLP en cilindros con el tipo de válvula\n registrado;

\n\n

Que la comercialización\n del Gas Licuado de Petróleo debe adecuarse a los principios\n de modernización y desmonopolización;

\n\n

Que el Estado debe asegurar al\n usuario del Gas Licuado de Petróleo el normal, oportuno\n y seguro abastecimiento en óptimas condiciones, para lo\n cual es indispensable normalizar los diferentes tipos de válvulas\n utilizadas actualmente por las comercializadoras; y,

\n\n

En ejercicio de las facultades\n que le confiere el numeral 5 del articulo 171 de la Constitución\n Política de la República,

\n\n

Decreta;

\n\n

Art. 1.- En la comercialización\n de Gas Licuado de Petróleo a nivel nacional, deberá\n utilizarse una sola válvula que cumpla las características\n de confiabilidad y seguridad que establezca el Ministro de Energía\n y Minas y cuente con el certificado de conformidad, que para\n el caso expida el Instituto Ecuatoriano de Normalización\n - INEN.

\n\n

Art. 2.- Las comercializadoras\n de Gas Licuado de Petróleo tendrán a su cargo y\n bajo su responsabilidad, el proceso de cambio de válvulas\n en los cilindros correspondientes a su razón social o\n marca. La sustitución de válvulas a nivel nacional\n deberá efectuarse dentro del plazo de un año a\n partir de la fecha que determine el Ministro de Energía\n y Minas, este plazo podrá ser ampliado por el propio Ministro\n de Energía y Minas, a pedido escrito de las comercializadoras\n solo por razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente\n justificadas. La inobservancia del plazo establecido, será\n causa de extinción de la calificación otorgada\n a las comercializadoras de GLP.

\n\n

Art. 3.- Las válvulas\n serán adquiridas por las comercializadoras de Gas Licuado\n de Petróleo, a los proveedores calificados y registrados\n en el Ministerio de Energía y Minas.

\n\n

Art. 4.- Los desembolsos realizados\n por las comercializadoras de Gas Licuado de Petróleo por\n la adquisición y reemplazo de las válvulas, serán\n reconocidos por la empresa estatal Petróleos del Ecuador\n PETROECUADOR a través de su filial PETROCOMERCIAL, previa\n la constatación de los gastos hechos y la verificación\n independiente del cambio de válvulas realizado, para lo\n cual se constituirá un fideicomiso específico.

\n\n

Art. 5.- De acuerdo con el artículo\n 9 de la Ley de Hidrocarburos, el Ministro de Energía y\n Minas regulará el proceso de unificación y reemplazo\n de las válvulas a nivel nacional.

\n\n

Art. 6.- Se derogan expresamente\n los artículos, numerales, literales e incisos del Decreto\n Ejecutivo No. 3989, publicado en el Suplemento del Registro Oficial\n No. 1002 de 6 de agosto de 1996, que haga diferenciación\n del tipo de válvula utilizado en los cilindros de GLP\n utilizados en la comercialización del GLP; y, demás\n normas legales de igual o menor valor que hagan referencia al\n mismo concepto.

\n\n

Art. 7.- De la ejecución\n del presente decreto ejecutivo, que entrará en vigencia\n a partir de su publicación en el Registro Oficial, encárguese\n el Ministro de Energía y Minas.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional,\n Quito, a 3 de octubre del 2001.

\n\n

f) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente\n Constitucional de la República.

\n\n

f) Pablo Terán Ribadeneira\n Ministro de Energía y Minas.

\n\n

Es fiel copia del original.-\n Lo certifico:

\n\n

f) Marcelo Santos Vera. Secretario\n General de la Administración Pública.

\n\n

No.\n 006-AA-01-IS

\n\n

"LA PRIMERA\n SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso signado\n con el No. 013-2001-AA:

\n\n

ANTECEDENTES:

\n\n

El Lcdo Busther Gerardo Maldonado\n Vergara y Dr. Luis Alfredo Posada Galvez, Presidente y Gerente\n de la Cooperativa de Transporte en Taxis EXXON, demandan la inconstitucionalidad\n del acto administrativo contenido en el Acuerdo Ministerial No.\n 1292, emitido por el Subsecretario General del Ministerio de\n Bienestar Social.

\n\n

Manifiestan que el acto que impugnan\n carece de motivación, y viola el Art. 24 numeral 13 de\n la Constitución, pues se fundamenta en una denuncia presetanda\n por tres ex-socios de la cooperativa el 15 de mayo del 2000;\n que tal falta de motivación ha producido indefensión.\n Tampoco se les dio oportunidad de ejercer el derecho de defensa,\n ya que se realizó un proceso en el que no se les dio oportunidad\n de presentar pruebas de descargo y tampoco se contestó\n a sus escritos, con lo que se violaron los numerales 10 y 12\n del Art. 24 de la Carta Política.

\n\n

Con estos antecedentes y fundamentados\n en el Art. 276 numeral 2, con el informe favorable del Defensor\n del Pueblo de acuerdo al Art. 277 numeral 5 de la Constitución,\n piden se declare la inconstitucionalidad del Acuerdo Ministerial\n 1292.

\n\n

En folios 15 y 16 consta el informe\n del Defensor del Pueblo en el que indica la procedencia de la\n demanda. La Primera Sala del Tribunal Constitucional avoca conocimiento\n del presente caso y corre traslado con la copia de la demanda\n al Subsecretario General del Ministerio de Bienestar Social concediéndole\n el término de 15 días para que conteste.

\n\n

El demandado contesta la demanda,\n y alega negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y\n de derecho de la misma, ilegitimidad de personería de\n los recurrentes pues no ostentan las calidades en que comparecen,\n inexistencia de acto administrativo impugnable, improcedencia\n de la acción pues no existe acto administrativo que lesione\n los derechos subjetivos de los accionantes. Manifiestan que los\n peticionarios presentaron en Guayaquil una acción de amparo\n constitucional contra el mismo acto, trámite que concluyó\n con la negativa a la misma por parte de la Segunda Sala del Tribunal\n Constitucional por lo que no se ha violado ninguna norma de la\n Constitución. Que en virtud de la Resolución del\n Tribunal Constitucional, la Dirección Nacional de Cooperativas\n emite la Resolución No. 64 con fecha 23 de mayo del 2001;\n acotan que nadie puede ser juzgado más de una vez por\n la misma causa conforme al Art. 24 numeral 16 de la Carta Magna,

\n\n

Considerando:

\n\n

Que la Sala es competente para\n conocer y resolver el presente caso conforme lo establece el\n numeral segundo del Art. 276 de la Constitución y lo que\n dispone el Art. 62 de la Ley del Control Constitucional;

\n\n

Que habiéndose observado\n todas las disposiciones constitucionales y legales determinados\n para la tramitación de esta demanda, la causa es válida,\n y así se la declara;

\n\n

Que la demanda de inconstitucionalidad\n de un acto administrativo dice relación a que la declaración\n de voluntad de la administración pública, mediante\n la cual se crea modifica a extingue un derecho del administrado\n ha sido expedido contrariando una expresa norma contenida en\n la Constitución;
\n Que el acto cuya inconstitucionalidad se solicita es el Acuerdo\n Ministerial No. 1292, suscrito por el Subsecretario General de\n Bienestar Social, el mismo que consta en folios 2 y 3 del expediente;

\n\n

Que los peticionarios aducen\n que tal acto viola la disposición contenida en el numeral\n 13 del Art. 24 de la Constitución, pues no se encuentra\n motivado. Dicha norma señala lo siguiente: "Las resoluciones\n de los poderes públicos que afecten a las personas, deberán\n ser motivadas. No habrá tal motivación si en la\n resolución no se enunciaren normas o principios jurídicos\n en que se haya fundado, y si no se explicare la pertinencia de\n su aplicación a los antecedentes de hecho...";

\n\n

Que respecto de la norma constitucional\n citada, cabe mencionar que la motivación de los actos\n de las autoridades públicas, es un requisito de control\n de tales actos, porque la motivación deja ver si la autoridad\n ha actuado con competencia, si ha existido debido proceso, si\n dentro del mismo se han realizado correctas valoraciones de los\n hechos y las pruebas;

\n\n

Que en cuanto a la forma de un\n acto, la motivación se cumple si se mencionan en él\n los documentos, informes u otros elementos en base a los cuales\n se tomó la decisión, los mismos que deben constar\n en el correspondiente expediente, y que sirven de contexto para\n la decisión de la autoridad;

\n\n

Que de la copia certificada del\n acto impugnado constante en el expediente, se observa que en\n los considerandos del mismo se establece la competencia de la\n autoridad que la emite de acuerdo al correspondiente Reglamento\n Orgánico Funcional; posteriormente se hace referencia\n a un informe constante en el Memorando I)J-DF de 21 de agosto\n del 2000, del cual, dice, se desprende que la cooperativa en\n cuestión infringió determinadas nominas tanto de\n la Ley de Cooperativas como de su Reglamento e incluso de su\n propio estatuto, por lo que de acuerdo a lo establecido para\n el caso particular en la ley, se ordena su intervención;

\n\n

 

\n\n

Que en el caso que nos ocupa,\n parte importante de la motivación es la mención\n del informe de 21 de agosto del 2000, pues en base a ese informe\n se concluye la violación a normas legales y reglamentarias\n que ha sido decisiva en la toma de la resolución de intervención.\n Ese documento es por tanto el que explica la pertinencia de la\n aplicación de las normas mencionadas en el acto impugnado\n al caso concreto, como establece el numeral 13 del Art. 24 de\n la Constitución;

\n\n

Que para establecer si existen\n violaciones al principio constitucional del debido proceso, hay\n que señalar que en el tercer considerando del Acuerdo\n 1292, se señala que el informe de Inspección Administrativa\n Contable fue realizado por funcionarias de la Dirección\n de Cooperativas, y que de mismo se desprende que la cooperativa\n se halla inmersa en e Art. 110 de la Ley de Cooperativas, el\n cual establece que en caso de violaciones a normas legales o\n reglamentarias las cooperativas podrán ser intervenidas\n por la Dirección Nacional de Cooperativas. En el último\n considerando s señala que el Director Nacional de Cooperativas\n mediante Memorando No. 083-DNC de 5 de septiembre del 2000 solicitó\n se suscriba el correspondiente acuerdo ministerial de intervención;

\n\n

Que ni en la Ley de Cooperativas\n ni en su Reglamento General existen normas claras sobre el procedimiento\n a seguir en caso de intervención a una cooperativa; el\n Art. 121 del Reglamento General a la Ley de Cooperativas señala\n entre las atribuciones del Consejo Nacional de Cooperativas,\n en su literal d) la siguiente: "Efectuar la disolución\n o liquidación de las organizaciones cooperativas, de acuerdo\n a la Ley, o intervenirlas cuando no haya posibilidad de arreglo\n o entendimiento entre los socios, o cuando funcione mal la organización";\n por lo que la Dirección Nacional de Cooperativas tiene\n amplias facultades para declarar la intervención de estas\n organizaciones, y se entiende que estas atribuciones debe cumplirlas\n efectuando las investigaciones necesarias y en base a ellas y\n a los informes emitidos puede declarar la intervención,\n como en el caso que nos ocupa;

\n\n

Que por lo dicho, el acto impugnado\n se encuentra debidamente motivado y no se observa que se hayan\n violado las disposiciones constitucionales relativas al debido\n proceso, contenidas en el Art. 24 de la Carta Suprema; además,\n se debe señalar que no existen en el expediente suficientes\n justificativos como para concluir que no se haya permitido a\n los peticionarios ejercer su derecho a la defensa, toda vez que,\n en folios 5 a 9, consta una comunicación dirigida por\n el Presidente y el Gerente de la Cooperativa de Taxis EXXON,\n al Director Nacional de Cooperativas del Ecuador, en cuyo párrafo\n primero se lee: "Con fecha 13 de julio del 2000, el señor\n Ab. Eduardo Puig Luna, Subdirector Regional de Cooperativas remitió\n a la Dirección Nacional de Cooperativas el expediente\n que tiene como referencia el informe de la Inspección\n Contable realizada a nuestra Cooperativa, por parte de la señora.\n Ing. Gloria Calderón de lo que se deduce que los peticionarios\n tuvieron la posibilidad de conocer, el informe técnico\n ordenado por la Dirección de Cooperativas, y que existió\n un procedimiento previo a la emisión de la Resolución\n de Intervención contenida en el Acuerdo impugnado; y,

\n\n

Por todo lo expuesto y en uso\n de sus atribuciones legales,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Desechar la acción de\n inconstitucionalidad presentada por los señores Lcdo.\n Busther Gerardo Maldonado Vergara y Dr. Luis Alfredo Posada Galvez,\n Presidente y
\n Gerente de la Cooperativa de Transportes de Taxis EXXON.

\n\n

2.- Publicar la presente resolución\n en el Registro Oficial. Notifíquese".

\n\n

f) Dr. Luis Chacón Calderón,\n Presidente Primera Sala.

\n\n

f.) Dr. Marco Morales Tobar,\n Vocal Primera Sala.

\n\n

f.) Dr. Hernán Salgado\n Pesantes, Vocal Primera Sala.

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA\n SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 11 de octubre del\n 2001.- f.) Secretario de la Sala.

\n\n

 

\n\n

No.\n 007-AA-01-IS

\n\n

LA PRIMERA SALA\n DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso signado\n con el No. 002-2001-AA.

\n\n

ANTECEDENTES

\n\n

El Sub-Oficial 2do. Marcos Agustín\n Fernández Sánchez, previo informe de procedibilidad\n emitido por el Defensor del Pueblo, demanda la inconstitucionalidad\n y, consecuente-mente, la revocatoria del acto administrativo\n emitido por el Directorio de la Comisión de Tránsito\n del Guayas el día 13 de diciembre de 1995, así\n como el que fue dictado el 7 de diciembre del mismo año\n por la Comisión de Estudios, Becas y Sanciones, en virtud\n de los cuales se le dio de baja de la institución. El\n demandante expone:

\n\n

Que el 31 de octubre de 1972\n ingresó a la Comisión de Tránsito del Guayas\n con el alta respectiva, y laboró en dicha institución\n hasta el 13 de diciembre de 1995, fecha en la que demandante\n y el señor Alfredo Bonifacio Rosado Plaza, fueron dados\n de baja, con fundamento en lo que dispone el articulo 79 literal\n d) de la Ley de Personal de la Comisión de Tránsito\n del Guayas;

\n\n

Que en su calidad de Presidente\n del Club de Tropa "Jorge Balón Peñafiel",\n conjuntamente con el señor Alfredo Bonifacio Rosado, en\n su calidad de Tesorero de dicho Club, giraron el cheque No. 00148\n contra la cuenta corriente 0501021786 del Banco Rumiñahui,\n por la suma de $. 17345.355,00. Dicho cheque fue posfechado para\n ser cobrado el 10 de agosto de 1995, con el fin de cancelar una\n deuda contraída con SNALME por la adquisición de\n materiales escolares para los hijos del personal de Tropa de\n la Institución;

\n\n

Que al producirse el cambio de\n Directiva del Club, hubo problemas con el contrato de concesión\n de créditos para la adquisición de útiles\n escolares, y en el mes de julio de 1995 se cerró la cuenta\n corriente antes referida, por lo cual no se pagó el cheque\n ya aludido;

\n\n

Que al haberse cerrado la cuenta\n y sin considerar que se hallaban auditando los fondos y bienes\n del Club de Tropa, la portadora de tal cheque presentó\n acusación particular contra el demandante y el señor\n Alfredo Bonifacio Rosado, y obtuvo orden de prisión preventiva;

\n\n

Que en palabras del demandante,\n "{...} esta acusación particular era maliciosa y\n temeraria cuando se afirmaba que el 10 de agosto de 1995 habíamos\n concurrido al almacén de las calles Boyacá y Junín\n de la ciudad de Guayaquil, para comprar materiales escolares,\n ya que el cheque era posfechado y por el referido contrato de\n concesión de crédito entre la acusadora y el Club\n de Tropa";

\n\n

Que por esta situación\n de fuerza mayor, se produjo una orden de prisión preventiva\n contra el actor, y se solicitó al Presidente de la Comisión\n de Tránsito del Guayas la transitoria; para poder ejercer\n el derecho de defensa en forma libre y sin presión;

\n\n

Que dicha solicitud no fue tramitada\n y peor aceptada, lo cual motivó la ausencia del demandante\n de su lugar de trabajo en la Comisión de Tránsito\n del Guayas, desde el 26 de octubre de 1995 hasta el 3 de noviembre\n del mismo año;

\n\n

Que sin considerar la fuerza\n mayor, y con el argumento de que habían transcurrido 11\n días de ausencia o de subsiste, aplicando el literal d)\n del artículo 79 de la Ley de Personal de la Comisión\n es dado de baja, lo cual le ocasionó un grave deterioro\n de su salud, que le impidió ejercer los recursos correspondientes\n para impugnar su baja;

\n\n

Que nunca subsistió los\n presuntos 11 días y por lo mismo, el artículo 79\n literal d) de la Ley de Personal de la Comisión de Tránsito\n del Guayas fue indebidamente aplicado, pues desde el 26 de octubre\n de 1995 hasta el 3 de noviembre del mismo alío en que\n presentó la solicitud de transitoria, apenas habían\n transcurrido 8 días, ya que por la referida solicitud,\n mientras no se resolvía aceptándola o negándola\n no operaba la condición de subsiste del servicio;

\n\n

Que la orden de prisión\n preventiva dictada en su contra era una situación de fuerza\n mayor, que por el legítimo derecho de la libertad no podía\n generar falta o insubsistencia del servicio por lo que no se\n le debió dar la baja; más aun cuando estaba pendiente\n la transitoria;

\n\n

Que no siendo por una obligación\n personal la causa del giro del cheque posfechado, sino para cubrir\n créditos que tema el Club de Tropa con la acusadora, en\n sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte Superior de\n Justicia del Guayas revocó el auto de llamamiento al plenario\n y en su lugar se dictó auto de sobreseimiento definitivo\n del proceso y de los sindicados Marcos Agustín Fernández\n y Alfredo Bonifacio Rosado;

\n\n

Que con la baja dada se transgredió\n el artículo 186 de la Constitución que garantiza\n la estabilidad de los miembros de las Fuerzas Armadas y que consecuentemente\n ampara a los miembros de la Comisión de Tránsito\n del Guayas. Además, se afirma, haber violado los artículos\n 23 y 24 de la Constitución vigente, anteriormente, artículos\n 19 y 22 de la Constitución codificada, referentes al derecho\n a la defensa. Por último se aduce que se infringió\n el artículo 47 de la Ley de Personal de la Comisión\n de Tránsito del Guayas;

\n\n

Que el artículo 79 de\n la antedicha ley, el mismo que se aplicó para darle de\n baja, dispone que los miembros del cuerpo de vigilancia de la\n Comisión de Tránsito del Guayas serán dados\n de baja de acuerdo al reglamento de disciplina, el cual a diciembre\n de 1995 todavía no había sido dictado, y por ello\n no se le podía dar de baja en virtud dcl principio universal\n de legalidad de los delitos y las penas;

\n\n

Que también el acto administrativo\n tachado de inconstitucional atenta contra el principio de iii\n dubio pro reo, porque al existir solicitud de transitoria por\n fuerza mayor, debió concedérsela;

\n\n

Mediante Providencia de 28 de\n febrero del 2001, las 10h48, esta Sala avoca conocimiento de\n la demanda del señor Suboficial 2do. Marcos Agustín\n Fernández Sánchez, y corre traslado de la misma\n al señor Presidente del Directorio de la Comisión\n de Tránsito del Guayas, sin que exista contestación\n alguna por parte del legitimo personero,
\n Considerando:

\n\n

Que esta Sala es competente para\n conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de los actos\n administrativos de toda autoridad pública, en virtud de\n lo dispuesto en los artículos 276 numeral 2 de la Constitución\n de la República, y los artículos 12 'numeral 2\n y 62 de la Ley del Control Constitucional;

\n\n

Que no se observa ninguna omisión\n de solemnidad sustancial que vicie el proceso, por lo cual se\n declara su validez;

\n\n

Que el accionante alega haberse\n violado los derechos de constitucionales que versan sobre la\n estabilidad de los miembros de la Fuerza Pública, y sobre\n el derecho de defensa por cuanto el Tribunal de Disciplina de\n la Comisión de Tránsito del Guayas nunca lo citó\n para poder ejercerlo. En tal virtud invoca a su favor los artículos\n 23, 24 y 186 de la Constitución de la Republica, que correspondían\n a los artículos 19, 22, 133 y 134 de la codificación\n vigente a la fecha de los hechos;

\n\n

Que tanto el articulo 129 de\n la codificación de la Constitución de la República\n vigente al momento de la baja del accionante, como el articulo\n 183 de la Norma Suprema actual, establecen que la Fuerza Publica\n está constituida por las Fuerzas Armadas y la Policía\n Nacional;

\n\n

Que de conformidad con el artículo\n 1 de la Ley de la Comisión de Tránsito del Guayas,\n ésta "[..] es una persona jurídica de derecho\n público, descentralizada, de duración indefinida,\n con patrimonio propio y con autonomía técnica funcional,\n administrativa, financiera y presupuestaría con domicilio\n en ¡a ciudad de Guayaquil y con jurisdicción en\n todo el territorio de la provincia del Guayas". Por su parte,\n el articulo 2 ibídem dispone que son fines de la Comisión\n de Tránsito del Guayas "[...] regular, dirigir y\n controlar ¡as actividades, operaciones y servicios de tránsito\n y el transporte terrestre en la jurisdicción de la provincia\n del Guayas";

\n\n

Que de la lectura de las nominas\n antes citadas y teniendo en cuenta, bien la autonomía\n técnica, funcional y administrativa de la Comisión\n de Tránsito del Guayas; bien las disposiciones constitucionales\n que no la incluyen dentro de la Fuerza Publica, puede concluirse\n que la susodicha institución no es parte de la Fuerza\n Pública y, en tal virtud, sus miembros no están\n amparados por las garantías que tienen las Fuerzas Armadas\n y la Policía Nacional, sino por la que brotan de las leyes\n especiales que rigen a la Comisión. De ahí que\n no cabe el acierto del accionante de que se ha violado el artículo\n 186 de la Constitución de la República, así\n como tampoco puede decirse que la sanción impuesta al\n recurrente sea un asunto de constitucionalidad, sino que por\n el contrario, se trata de un problema de legalidad, atinente\n a la aplicación de las leyes y reglamentos que regulan\n el régimen de personal de la Comisión de Tránsito\n del Guayas;

\n\n

Que en cuanto a la afirmación\n del accionante de que no se respetó su derecho de defensa\n porque el Segundo Tribunal de Disciplina no le citó para\n ejercerlo, cabe destacar que a fojas 6 de los autos consta el\n petitorio de transitoria y la explicación que hace el\n accionante sobre su ausencia, en donde se dice que se ha ausentado\n de la institución por tener una orden de privación\n de la libertad, de manera que resulta lógico que el Tribunal\n de Disciplina no haya podido citarle por encontrarse
\n prófugo; y,

\n\n

Por las consideraciones que anteceden\n y en uso de sus facultades constitucionales y legales,

\n\n

Resuelve:
\n 1.- Desechar la demanda de inconstitucionalidad presen-tada por\n el señor Marcos Agustín Fernández Sánchez.

\n\n

2.- Dejar a salvo los derechos\n y acciones que puedan asistir al demandante.

\n\n

3.- Publicar esta resolución\n en el Registro Oficial. Notifíquese.

\n\n

f) Dr. Luis Chacón Calderón,\n Presidente Primera Sala.

\n\n

t) Dr. Marco Morales Tobar, Vocal\n Primera Sala.

\n\n

f.) Dr. Hernán Salgado\n Pesantes, Vocal Primera Sala.

\n\n

RAZÓN.- Siento por tal\n que la resolución que antecede, fue aprobada por la Primera\n Sala del Tribunal Constitucional a los veintiséis días\n del mes de septiembre del año dos mil uno.- Lo certifico.

\n\n

f.) Yuri Alan Soto Intriago,\n Secretario.

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA\n SALA.- Es fiel copia del original.- Quitó, a 11 de octubre\n del 2001.- f) Secretario de la Sala.

\n\n

 

\n\n

No.\n 018-HD-01-IS.

\n\n

LA PRIMERA SALA\n DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso signado\n con el No. 040-2001-HD.

\n\n

ANTECEDENTES

\n\n

El señor Walter Gilbert\n Ricaurte Patajalo, comparece ante el Juez Quinto de lo Civil\n de Pichincha, e interpone acción de hábeas data\n en contra del periódico "LA HORA" de la ciudad\n de Quito, con el fin de que el obligado exhiba los siguientes\n requerimientos: Orden emanada de la autoridad competente para\n que se haya participado sus nombres y apellidos al periódico\n "La Hora" para realizar publicaciones los días\n 9 de marzo del 2001 y 1 de abril del 2001;

\n\n

Manifiesta el accionante que\n sobre esta información se le deberá conceder a\n su costo copias certificadas del Requerimiento para los fines\n legales consiguientes.

\n\n

En la audiencia pública\n convocada por el Juez Quinto de lo Civil de Pichincha, el demandado\n argumenta: Que la pretensión del actor en esta causa es\n solicitar la exhibición, hecho propio del Procedimiento\n Civil, por lo tanto existe violación de trámite.\n Que las informaciones dadas a conocer al público en general,\n han sido obtenidas por el periodista de las instituciones públicas.\n Que el Art. 81 de la Constitución Política de la\n República garantiza el derecho a acceder a fuentes de\n información, a buscar, recibir, conocer y difundir la\n información objetiva, veraz, plural, oportuna y sin censura\n previa de los acontecimientos de interés general, así\n como también se establece que no existirá reserva\n respecto de informaciones que reposen en los archivos públicos;\n a todo lo cual el periodista ha dado cumplimiento.

\n\n

El Juez Quinto de lo Civil de\n Pichincha rechaza el hábeas dala por considerar que el\n diario "La Hora" es un simple medio de comunicación\n y no constituye la fuente de información a la que debía\n recurrir el actor,

\n\n

Considerando:

\n\n

Que esta Sala es competente para\n conocer y resolver el presente, de conformidad con lo dispuesto\n en el articulo 276 numeral 3 de la Constitución de la\n República, y los artículos 12 numeral 3 y 62 de\n la Ley del Control Constitucional;

\n\n

Que habiéndose observado\n todas las normas constitucionales y legales previstas para la\n sustanciación del hábeas data, el proceso es válido\n y así se lo declara;

\n\n

Que el articulo 94 de la Constitución\n reconoce el derecho de toda persona para "[...] acceder\n a los documentos, banco de datos e informes que sobre si misma,\n o sus bienes consten en entidades públicas o privadas,\n así como conocer el uso que se haga de ellos y su propósito

\n\n

Que de conformidad con el artículo\n 35 de la Ley del Control Constitucional, la institución\n del hábeas data tiene por objeto: a) Obtener del poseedor\n de la información que éste la proporcione al recurrente,\n en forma completa, clara y verídica; b) Obtener el acceso\n directo a la información; c) Obtener de la persona que\n posee la información que la rectifique, elimine o no la\n divulgue a terceros; y, d) Obtener certificaciones o verificaciones\n sobre que la persona poseedora de la información la ha\n rectificado, eliminado, o no la ha divulgado;

\n\n

Que de acuerdo a las normas que\n regulan esta acción, toda persona puede acceder a los\n documentos, bancos de datos o informes que sobre si misma o sobre\n sus bienes se encontraren en una entidad pública o privada;\n en el presente caso, el accionante solícita se exhibe\n la orden emanada de autoridad competente para haber incluido\n sus nombres y apellidos en las publicaciones hechas en el diario\n La Hora los días 9 de marzo y 1 de abril del 2001, y menciona\n que tal requerimiento es "para los fines legales consiguientes".\n Por lo que se entiende que el accionante requiere lo solicitado\n como una diligencia previa para iniciar las acciones legales\n del caso;

\n\n

Que la acción de hábeas\n data no se encuentra prevista en la Constitución como\n un mecanismo que reemplace procedi-mientos y atribuciones establecidas\n en el ordenamiento jurídico. En el presente caso el peticionario\n puede acogerse al artículo 836 y siguientes del Código\n de Procedimiento Civil, para solicitar la exhibición de\n los documentos pedidos ya que el hábeas data no tiene\n ese objeto; y,

\n\n

Por los considerandos expuestos\n y en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

\n\n

Resuelve:

\n\n

1.- Confirmar la resolución\n del señor Juez Quinto de lo Civil de Pichincha, y en consecuencia,\n negar la acción de hábeas data propuesta por el\n señor Walter Gilbert Ricaurte Patajalo.

\n\n

2.- Devolver expediente al Juez\n de origen para su ejecución. Notifíquese".

\n\n

f) Dr. Luis Chacón Calderón,\n Presidente Primera Sala.

\n\n

f) Dr. Marco Morales Tobar, Vocal\n Primera Sala.

\n\n

f.) Dr. Hernán Salgado\n Pesantes, Vocal Primera Sala.

\n\n

RAZÓN: Siento por tal\n que la resolución que antecede fue aprobada por la Primera\n Sala del Tribunal Constitucional a los veintiséis días\n del mes de septiembre del año dos mil uno.- Lo certifico.

\n\n

f.) Yuri Alan Soto Intriago,\n Secretario.

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA\n SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 11 de octubre del\n 2001.- f) Secretario de la Sala.

\n\n

 

\n\n

No.\n 025-HC-01-IS

\n\n

LA PRIMERA SALA\n DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso signado\n con el No. 045-2001-HC.

\n\n

ANTECEDENTES

\n\n

Oscar Molina Vivanco comparece\n ante el señor Alcalde de la I. Municipalidad de Esmeraldas\n y formula recurso de hábeas corpus con base en los siguientes\n argumentos:

\n\n

Que se encuentra privado de su\n libertad por disposición del señor Juez Sexto de\n lo Penal de Esmeraldas, debido a un hecho que no constituye delito;

\n\n

Que su privación de la\n libertad se extiende por varios meses, y, en palabras del recurrente,\n «[. . .]el Juez que la ordenó se ha apoyado en un\n instrumento emitido por ¡a Dictadura de 1980, el mismo\n que se lo denominó Decreto Supremo y que contiene la mal\n llamada 'Ley de Fabricación, Importación y Exportación,\n Comercialización y 'Tenencia de Armas, Explosivos y Accesorios\n ' que fue derogada por la Constitución Política\n de la República [...]»;

\n\n

Que la ley en referencia fue\n dictada por la dictadura militar presidida por el Almirante Alfredo\n Poveda Burbano, y se la emitió mediante Decreto Supremo\n No. 3757, publicado en el Registro Oficial No. 311 de 7 de noviembre\n de 1980;

\n\n

Que el artículo 31 de\n dicho decreto tipifica una pena para quienes contravengan la\n anotada ley e incurran en el delito de fabricación, suministro,\n adquisición, sustracción, arrojo, uso, transporte\n o tenencia de armas, municiones, explosivos, accesorios o materia\n destinada a su fabricación;

\n\n

Que no existe una ley o precepto\n jurídico aplicable que tipifique la conducta que se le\n imputa como delito, sino que se está frente a un cuerpo\n dictatorial sin ningún valor e inexistente, si se considera\n que estamos en un estado de derecho, donde el único que\n puede tipificar infracciones es el Congreso Nacional, de conformidad\n con la Constitución de la República y la ley;

\n\n

Que el artículo 607 numeral\n 4 del Código Penal sanciona únicamente el caso\n de infracciones relacionadas con armas y municiones del Estado,\n lo cual no ocurre en el presente caso, ya que las municiones\n por las que se le inculpe son de caza. De igual manera, el artículo\n 621 ibídem sanciona el acto de usar y llevar consigo armas\n de cualquier clase sin permiso de la aut

 

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